Nota
19 y 20: un juicio para el futuro
El clima en la sala durante la primera audiencia. Los raros comentarios de los abogados de los acusados, lo que dicen los familiares. Funcionarios políticos y policías en el banquillo. Cómo comprender lo que se juzga.
“Por fin” era la frase con que familiares de las víctimas de la represión del 19 y 20 se unían en un abrazo, con más sonrisas que caras largas. A 12 años de la revuelta que cambió el país, comenzó este lunes 24 de febrero el juicio que investiga cinco homicidios, y las heridas y lesiones provocadas a 117 personas, todo ocurrido en Capital Federal durante la madrugada del 19 y el día 20 de diciembre de 2001. La causa principal involucra a responsables del Ejecutivo y altos mandos policiales, algo inédito en la justicia argentina; y otras causas conexas buscan determinar la responsabilidad de 11 efectivos policiales como autores materiales.
Se estima que el juicio – que tiene más de 550 testigos- durará todo el 2014 y parte del año que viene, a un ritmo de dos jornadas semanales: los miércoles y viernes desde las 9 hasta las 17.
“La responsabilidad política también es penal”
La jornada arrancó con una hora y 22 minutos de retraso, a la espera de que se organizaran las acreditaciones y la sala se llenara. “Si esperamos 12 años, una hora más no es nada”, ironizaba Verónica Cárdenas, la hija de Jorge Cárdenas, el primer asesinado de la secuencia represiva, un caso clave –se verá- aunque su muerte no se juzga en estas audiencias.
Ya antes, en los pasillos de Comodoro Py, el director ejecutivo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Gastón Chillier, adelantaba a lavaca la estrategia de la querella: “Se busca juzgar a los responsables políticos de quienes dieron las órdenes del operativo, quienes tenían el deber de controlar y monitorear el desempeño de las fuerzas de seguridad. La responsabilidad no se debe cortar por el hilo más delgado, que son los policías que apretaron el gatillo. La responsabilidad política también es penal”.
La frase describe la situación del ex Secretario de Seguridad, Enrique Mathov, el ex jefe de la Policía Federal, Rubén Santos, el entonces Superintendente de Seguridad Metropolitana, Raúl Andreotti, y el director general de operaciones Norberto Gaudiero, acusados de homicidio culposo. Las muertes que se investigan son las de Diego Lamagna (27), Gastón Riva (31), Carlos Almirón (23) y Gustavo Benedetto (23), Alberto Márquez (58) y de 117 lesiones culposas (traducción: 80 heridos por balas de plomo).
Es la primera vez en la historia argentina que se va a juzgar a funcionarios políticos por delitos que cometió la policía en el marco de una represión. “Pero sigue siendo un problema que el juicio se produzca 12 años después”, dice Chillier. “Eso habla que todavía hay mucho por hacer en materia de justicia cuando se trata de investigar a poderosos”.
El gran ausente de la lista de juzgados, señalado unánimemente por los familiares en la sala, es el ex presidente Fernando de la Rúa, sobreseído por el juez federal Claudio Bonadio en marzo de 2012; si la Corte Suprema de Justicia no decide lo contrario (el trámite fue apelado por la querella) sólo comparecerá para declarar como uno más de los 580 testigos. Si decide lo contrario, De la Rúa podrá ser uno de los acusados.
La acusación
Los argumentos que conectan las muertes con los responsables del operativo se basa en el abuso de autoridad, la violación de los deberes de funcionario público y la ruptura del principio de confianza: no se podía confiar el día 20 en una policía que ya el 19 había matado al menos a una persona (Jorge Cárdenas) con bala de plomo. Para ello, durante la lectura de los requerimientos de elevación a juicio se citaron una serie de testigos – muchos propios efectivos de la fuerza- que identificaron, en líneas generales, las siguientes responsabilidades:
- Enrique Mathov: según los testimonios mantuvo una reunión el día 19 de diciembre de 2001 con el Ministro del Interior, Ramón Mestre (el otro funcionario del Ejecutivo en la causa, fallecido en 2003), el jefe de la Policía Santos, el subjefe Andreozzi, Raúl Andreotti y los jefes de Prefectura y Gendarmería. Los testigos señalaron su “persistencia” en la orden de desalojar la Plaza de Mayo “a cualquier precio” y caracterizaron su “dureza”.
- El entonces jefe de la Policía Federal, Rubén Santos, también formó parte de esa reunión y habría sido uno de los más activos impulsores para concreción del operativo en esos términos. Si Mathov estaba encargado de la coordinación y supervisión, Santos era el brazo ejecutor. Según las pruebas reunidas fue quien dio la orden de desalojar la Plaza de Mayo el 20 de diciembre. Se consideró su conducta “imprudente”, ya que sólo “incrementó riesgos”.
- Raúl Andreotti, en aquel momento Superintendente de Seguridad Metropolitana, al igual que el director general de operaciones Norberto Gaudiero son señalados por haber coordinado el operativo desde la Sala de Operaciones, ordenando “envíos de personal” a determinados puntos de la ciudad, de un modo que provocó más violencia, heridos y muerte.
Homicidios
Las acusaciones más graves caen sobre cuatro ex integrantes de Asuntos Internos de la Policía Federal, acusados como coautores de homicidio simple por la muerte de Alberto Márquez y de homicidio en grado de tentativa por las heridas a Paula Simonetti y Martín Galli. Martín aún tiene una bala alojada en la cabeza. Los acusados son Carlos José López, Eugenio Figueroa, Roberto Juárez y Orlando Oliveiro, quienes aquel 20 de diciembre a las 19 horas bajaron de tres autómoviles – una camioneta Ford Ranger gris, un Fiat Palio colorado y un Peugeot 504 blanco-y efectuaron disparos de escopeta 1270 con munición de plomo hacia un grupo de manifestantes que estaba descansando en la plazoleta entre Cerrito, Sarmiento y Perón.
Las otras causas conexas elevadas a juicio investigan al policía federal Omar Bellante de encubrir el crimen de Gustavo Benedetto, asesinado por un disparo que provino desde el interior del banco HSBC de Avenida de Mayo y Maipú, cuyo autor sería el jefe seguridad del banco, teniente coronel Jorge Varando, quien fue absuelto anteriormente; y el accionar de otros ocho policías hoy presentes en distintas causas, por lesiones, vejaciones o encubrimientos: Jorge Daniel Toma, Carlos Alberto Loforte, Víctor Manuel Belloni, Sebastián Leoneardo Saporitti, Mario Andrés Seia, Ariel Gonzalo Firpo Castro y Horacio Bautista Berardi.
Las madres juntas
“Acá estamos todas las madres juntas”, abrazó la madre de Plaza de Mayo Tati Almeida a la madre de Gastón Riva, en las vísperas de la audiencia. Todo transcurrió en la sala más grande del Tribunal, conocida como Sala AMIA por haber sido construida para aquel juicio, a cargo del Tribunal Oral Federal N° 6.
Como Tati, muchos de los presentes en el subsuelo de la sala no sólo eran familiares sino protagonistas de las jornadas del 19 y 20: muchos jóvenes de entre 30 y 35 años. Entre ellos se mezclaron los padres y madres, gente de la agrupación HIJOS, políticos como Pablo Ferreyra y Luis D´Elia, el periodista y presidente del CELS Horacio Verbitstky, el director ejecutivo de dicha entidad Gastón Chillier, Leonardo Santillán (hermano de Darío, el piquetero asesinado el 20 de junio de 2002), Pablo Pimentel de la Asamblea por los Derechos Humanos (APDH) de La Matanza, entre otros.
Muerte en el Congreso
Antes del comienzo de la audiencia tuvieron lugar una serie de reencuentros en forma de abrazos entre los distintos familiares de las víctimas. “¡Tanto tiempo!”, saludaba la familia de Jorge Cárdenas a los Lamagna, los Benedetto o los Riva. El caso de Cárdenas, si bien no estaba siendo juzgado, fue uno de los pilares argumentativos para la causa que investiga a los mandos jerárquicos: Jorge murió en las escalinatas del Congreso la madrugada del 19 de diciembre, un día antes de la represión sistemática que provocó la mayoría de las muertes. Las querellas y los fiscales argumentaron que este hecho es suficiente para determinar el cese del “principio de confianza” en los efectivos policiales. Es decir: la policía había actuado con armas de fuego un día antes de impartir las órdenes para un violento operativo. La viuda de Jorge, Blanca, recuerda de aquel domingo: “Ese día salimos en auto a recorrer Merlo, a ver qué estaba pasando. Llorabas. Estaba todo vaciado, la gente como loca. Cuando volvimos nos pusimos a mirar la tele, los saqueos… Entonces mi marido dice: ‘¿qué hago acá sentado?’ y salió con uno de los chicos”.
El chico mide metro ochenta y pico y su contextura supera a la de los gendarmes de la sala. Juan Manuel Cárdenas tiene una remera blanca con una foto de su padre asesinado, el cuerpo tirado en las escalinatas del Congreso Nacional. “Por más justicia que haya, a mi marido no lo tengo más”, dice Blanca. “Pero estoy hoy con esta gente para que esto no vuelva a ocurrir”.
Verónica Cárdenas, hija de Jorge, aquel 19 se quedó cuidando una farmacia por el temor a los saqueos. Dice que la audiencia de hoy es “muy emocionante” y que cree en la justicia a pesar de todo. Su pie no deja de golpetear el suelo: está nerviosa. La audiencia está por empezar y pide una pastilla para aguantar la presión. Son las 11:18 de la mañana.
Se sienta el Tribunal representado por José Martínez Sobrino, Javier Anzoátegui y Rodrigo Giménez Uriburu. La fiscalía está compuesta por los fiscales Mauricio Viera y los ayudantes Fernando Fiszer y Santiago Vismara.
Primero se realizó la lectura del requerimiento de elevación a juicio de la causa que investiga a Mathov, Santos, Andreotti y Gaudiero, en el cual los fiscales Horacio Comparatore – ya fallecido- y Patricio Evers explicaron la conexión entre la orden del Poder Ejecutivo de desalojar Plaza de Mayo y el recrudecimiento de la violencia del accionar policial. Luego de esto se leyeron parte de los requerimientos realizados por las dos querellas en la causa de Mathov: la del CELS que patrocina a las familias de Diego Lamagna y Gastón Riva, a cargo de Rodrigo Borda, y la que representa el abogado de derechos humanos Rodolfo Yanzón.
El perdigón y el tachito
Si bien hoy se leyeron los requerimientos de elevación a juicio, en alguno de ellos – y en los pasillos también- se hizo referencia a los argumentos de la defensa de los funcionarios acusados. La estrategia trata de separar el “qué” y el “cómo”: plantear que el alcance de una orden no puede tener consecuencias penales. Sobre esto, lavaca pudo escuchar a uno de los abogados defensores explicándole gráficamente a otro hombre durante el cuarto intermedio: “Es como si estás acá sentado y te acusan de algo que pasa allá afuera a 80 cuadras”. Este abogado mencionaba además detalles técnicos de las pruebas aportadas por la querella: “Vos sabés que el perdigón cuando sale…”.
Otro comentario informal escuchado: “El tiro está en dirección descendente. ¿Qué tenían un tachito para subirse y tirar desde ahí?”, frase acompañada de un gesto que señala a un edificio imaginario, como si el tiro hubiese provenido desde otro lado y no desde el cordón policial.
Más allá de esta informalidad, según relató el abogado Borda, del CELS, las defensas efectivamente se dirigen al “cómo”: dicen que las muertes son hechos no esclarecidos (quién fue, en qué momento) y que no hay pruebas suficientes para determinar quién dio las órdenes.
Mientras hablaba De la Rúa
Otro de los abogados querellantes, Maximiliano Medina rebate la tesis de la defensa en diálogo con lavaca: “Hay un cúmulo importantísimo de pruebas que tienen que ver con testimoniales, con pericias, con cruces de llamadas, con documentos, videos, que dan cuenta no sólo de la represión sino del circuito de las órdenes políticas y jerárquicas de la policía, para poder probar la responsabilidad no sólo de quienes dispararon, sino de quienes dieron las órdenes”.
Por ejemplo: un peritaje audiovisual estableció que entre las 16 y las 16:30 fueron baleados Gastón Riva, Diego Lamagna, Carlos Almirón y Gustavo Benedetto en las inmediaciones de Plaza de Mayo; ese intervalo coincide con un mensaje televisivo de De la Rúa que ocupó las transmisiones de televisión.
El Estado y la protesta social
Pero además de las posibles condenas, ¿qué lecturas se pueden de hacer del juicio que acaba de comenzar hoy? Así como la crisis de 2001 fue un motor de cambios en materia democrática, el sello penal a la represión estatal de la protesta social más grande de este siglo no puede sino dejar antecedentes.
Dice Chillier: “Acá llegamos y aún tanto tiempo después, la idea es resignificar lo que sucedió en aquel momento, que fue un punto de inflexión en materia de protesta social, de cómo el Estado actúa frente a la protesta social, del rol de la sociedad frente a decisiones ilegítimas como fue la declaración del Estado de Sitio… Durante la gestión del presidente Kirchner se decidieron nuevas reglas sobre cómo debían actuar las fuerzas de seguridad, pero lamentablemente hace algunos años empezaron a perforarse esas políticas. De hecho en los últimos años todavía hay muertos en distintos contextos de protesta, por lo cual me parece que todo este juicio sirve para poner sobre la mesa las responsabilidades de los funcionarios, pero también cómo debe actuar el Estado frente a la protesta social. Para discutir las políticas represivas que consideramos violatorias de reglas democráticas y de derechos humanos, hacen falta condenas. Y discutir la responsabilidad penal de los funcionarios que dan esas órdenes”.
Nota
Mujeres trabajadoras en la calle: “Juntas, llegamos a todo”

Los feminismos siguen siendo el único movimiento que tiene la capacidad de transversalizar la unidad, amplia, y poner en Avenida de Mayo, de cara a Plaza Congreso, cuadras y cuadras de columnas que van desde el sindicalismo, a los movimientos sociales, a la izquierda, al kirchnerismo.
Aún cuando por Hipólito Yrigoyen ingrese la enorme columna de la intersindical feminista seguida por poco del oficialismo; y por el otro costado, por Avenida de Mayo, ingrese la izquierda; todos los espacios comparten plaza a menos de un mes de elecciones generales que definen quién presidirá el país.
Esa es la noticia: seguimos transversalmente en la calle.
Video: Sebastián Smok.
De la economía popular a la formal
“Creían que el movimiento había desaparecido porque no estaba en la calle, pero estábamos en cada uno de nuestros territorios, ahí también damos la batalla y la lucha”, dice Leonor Cruz, Secretaria de Géneros y Diversidad de la CTA Autónoma, frente a la enorme columna de trabajadoras que son protagonistas de esta marcha. Las tres banderas que encabezan: UTEP, CTA y CTA Autónoma. De la economía popular a la economía formal, todas adentro.

Junto a ellas también marchan familias de víctimas de femicidios: Marta y Guillermo, mamá y papá de Lucía Pérez; y Daniel y Susana, papá y mamá de Cecilia Basaldúa, que salieron desde la sede de MU junto a un grupo de mujeres que les siguen con los pañuelos blancos que bordan dos palabras: Nunca Más.

No con el FMI
Dice Leonor: “La derecha más fascista de nuestro país tiene una agenda muy clara contra el feminismo, quieren ir contra cada uno de los derechos que hemos conquistado con sangre y a fuerza de lucha; pero no lo vamos a permitir. Estamos en la más amplia y diversa unidad de vuelta en la calle porque a la derecha la vamos a enfrentar, pero también vamos a decir: no es con el FMI, porque somos las trabajadoras, las precarizadas, las compañeras del barrio, las que más sufren el ajuste”.
Leonor llegó a Plaza Congreso desde Tucumán, trayendo lo que se ve fuera del centro porteño: “En nuestra Argentina profunda lo que se ve es la pobreza, en todas sus dimensiones, pero el movimiento feminista en la provincia es lo más fuerte que hay, es donde está la unidad y donde nosotras resistimos”.
Sobre la transversalidad habla también Silvia León, referente de ATE Nacional: “Hoy el objetivo tiene que ser que las derechas no avancen en nuestro país. Los 30 mil compañeros desaparecidos y muertos no murieron en vano, y las víctimas de femicidio tampoco”.
Silvia, rodeada de pañuelos verdes, sostiene junto a las familias de víctimas de femicidios, que tienen las fotos de sus hijas colgando en el pecho, los pañuelos blancos. Los feminismos honran el legado que los derechos humanos construyeron en la calle, con los pies. Dice Silvia: “Nosotras peleamos por soberanía, por educación, por salud, y también seguimos el camino de las Madres, las Abuelas, de los 30 mil, pero también de los familiares. Hay un tiempo que se termina, el de la verticalidad, el del verticalismo y del patriarcado, ahora toca construir transversal y federalmente”

Significado de la libertad
Marta y Guillermo, llegaron desde Mar del Plata a las siete de la mañana; junto a Susana y Daniel, se colgaron las fotos de sus hijas en el pecho: Lucía Pérez y Cecilia Basaldúa, dos femicidios territoriales emblemáticos, donde las tramas narco barriales marcaron como alerta una emergencia que traen las periferias.
¿Por qué recorrer la Ruta 2 durante toda la noche para marchar? Contesta Marta Montero, mamá de Lucía: “Para gritar que no vamos a permitir perder nuestros derechos, lo que hemos conquistado en este tiempo de lucha que no es solo el reciente, me voy más lejos: en este tiempo de democracia que es el tiempo en el que podemos salir, podemos luchar, y también decir lo que pensamos. Todo esto está en peligro, no podemos permitir que venga alguien a decirnos lo que tenemos o lo que podemos hacer, que corten nuestros derechos y lo conseguido: por ejemplo un ministerio. Todas las mujeres no tenemos la suerte de que nos acompañen los gremios, las organizaciones; hay muchas mujeres que están solas, pero vos sabés que hay una puerta que podés golpear y que se va a abrir. Ahora corremos el peligro de que todo eso se termine».

Marta Montero y Guillermo Pérez, los padres de Lucía (Foto: Sebastián Smok)
¿Por qué creés que quieren que se termine?
Porque somos muchas, hemos tomado la calle, hemos salido, y nuestra palabra se ha hecho escuchar. Y así hemos logrado cambios: el más importante fue el aborto legal. Es imposible no pensar hoy en día que una mujer no tiene derecho de poder decidir sobre su vida.Yo soy una persona de fe, creo en dios, en la virgen, pero no creo en que alguien pueda decirnos que esto tiene que ser de una sola manera porque creo en la libertad de las personas, y si alguien no quiere tener un hijo es respetable.
Libertad es una palabra hoy disputada, ¿qué significa?
Libertad significa levantarme, salir a la calle y decir lo que pienso sin censura de nadie, poder acompañar a alguien, poder hablar, poder estar. El libertario es otra cosa: son los que nos quieren vender que vamos a estar mejor por cosas que no terminamos ni de entender, es un juego de palabras siniestro que termina en opresión.

Foto: Sol Tunni.
¿Qué tienen que hacer los movimientos feministas?
No los tenemos que dejar avanzar. A mí no me representa una persona que esté con una agresividad tal que se le nota, en su manera de hablar, de moverse, a mi no me representa esa violencia, pero estamos viviendo en un momento muy difícil que hoy todo es violencia. El enojo hoy está peor que nunca, o tal vez tenga otra visibilidad, antes se tapaba más, hoy lo ves en un medio, en una red social, es más visible, por eso parece que pasa más.
¿Cómo volvemos para volver a ser marea?
Es muy importante creer en nosotras mismas, en el valor que nosotras tenemos, valorar quienes somos. Es muy importante no tener miedo, no tener miedo al ridículo, estar seguras de lo que hacemos, de lo que queremos y si tenemos que salir a defender a una compañera, a una hermana, salir y hacerlo con convicción propia. Lo más libre que una puede hacer es salir. Si no es con cada una de nosotras, hasta acá no se hubiese llegado, sin las mujeres luchando por su propia vida, las más grandes ayudando a las más chicas, y las más chicas, por ellas mismas. Esa es la hermandad, todas nos necesitamos, yo sola no puedo, te necesito a vos, a otra, a la hermana, sola es imposible. Necesitamos la confianza en nosotras mismas, evitar la competencia. Nosotras luchamos por la vida, por eso luchamos por todas. Solas no llegamos a nada, pero juntas llegamos a todo.

Daniel y Susana (padres de Cecilia Basaldúa), Guillermo y Marta. Foto Sebastián Smok.



Foto Sol Tunni.

Foto: Sol Tunni

Foto: Sebastián Smok
Nota
Resultados en la Cumbre Científica de Naciones Unidas: Argentina con agrotóxicos al 100%

El total (100%) de participantes argentinos en una investigación internacional sobre agrotóxicos “presentó un rango de 6 a 13 plaguicidas en orina, un rango de 2 a 10 plaguicidas en sangre y un rango de 0 a 18 plaguicidas en materia fecal”. El problema incluye a personas que viven lejos de las fumigaciones, por lo que se consideró a estos plaguicidas como «omnipresentes». Se encontraron además los venenos en los alimentos, el polvo del hogar, los granos de cultivos, animales, alimentos para animales, suelos y agua.
A través de una conferencia virtual desde Nueva York, durante más de 3 horas, el proyecto SPRINT reveló este miércoles 27 -Día de la Salud Ambiental- los resultados del estudio realizado en Europa y en la provincia de Buenos Aires (como principal exportadora de soja para alimentación animal).
Entre los venenos detectados están obviamente el glifosato (genotóxico y probable cancerígeno) y el clorpirifos (que pese a estar prohibido en Argentina se sigue vendiendo hasta en los supermercados). El informe señala además los “cócteles”, que mezclan químicos para aumentar la potencia de cada veneno, reuniendo hasta 120 plaguicidas.
La dirección del INTA prohibió a la doctora Virgina Aparicio (que integró en la investigación) participar en cualquier instancia actual del proyecto, y hablar con la prensa, siendo que se trata de un tema de salud pública.
Algunos de los datos que, pese al silencio y a la mordaza oficial, se revelaron en el marco de la Cumbre Científica de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
En alimentos: “el total de participantes argentinos presentó un rango de 6 a 22 plaguicidas en la muestra de alimentos”.
En el polvo del hogar: “el total de muestras analizados en Argentina presentó un rango de 43 a 86 plaguicidas en polvo del hogar”.
Granos de cultivos: “el total de muestras analizadas en Argentina presentó un rango de 0 a 8 plaguicidas en grano”.
En animales: “el total de animales analizados en Argentina presentó un rango de 1 a 12 plaguicidas en orina, un rango de 0 a 16 plaguicidas en materia fecal”. (Los de sangre continúan pendientes).
En alimento para animales: “un rango de 5 a 25 plaguicidas en alimento animal”.
En suelos: “el total de muestras analizados en Argentina presentó un rango de 0 a 12 plaguicidas en suelo”.
Agua superficial: en “el total de muestras analizadas presentó un rango de 10 a 28 plaguicidas en agua superficial”.
Por Anabel Pomar

Resultado global presentado sobre las concentraciones de glifosato en seres humanos. Argentina lidera esa tabla con absoluta comodidad.
En el día de la celebración del día de la salud ambiental, miércoles 27 de septiembre, en Nueva York, EE. UU., en el marco de la Cumbre Científica de la Asamblea General de las Naciones Unidas (UNGA78) por primera vez para grandes audiencias pudieron conocerse parte de los resultados del proyecto europeo SPRINT (siglas en inglés de Transición Sostenible de Protección Vegetal: Un Enfoque de Salud Global 2020/2025).
¿Qué es el SPRINT? Es un proyecto financiado por La Unión Europea (UE) que busca identificar los residuos de los agrotóxicos, en ecosistemas y en humanos, y analizar el peligro de la sinergia (la combinación o mezcla) entre los plaguicidas hallados. Esto último, algo jamás contemplado a la hora de aprobar esos peligrosos venenos en el mercado, ni en el llamado “viejo continente”, ni en nuestro país.
En 2021 los muestreos en el marco de ese proyecto además de realizarse en los 10 países europeos participantes se ampliaron a la provincia de Buenos Aires.
¿Por qué se incluyó a nuestro país? Por ser el principal exportador de soja para alimentación animal al mercado europeo.
Entre las principales conclusiones del evento de este miércoles en NY, pudieron escucharse las voces de expertas y académicos participantes de ese proyecto. Contaron, basados en rigurosa información, cómo los agrotóxicos usados en la agricultura veneno-dependiente están contaminándolo todo. Cuerpos, comida y ambientes. Una de las palabras que más se repitió en las presentaciones, fue “omnipresente”. Los agrotóxicos están en todos lados: incluso en donde no son utilizados.
Entre los cuadros con centenares de nombres de moléculas químicas usadas en la agricultura, destacan algunos de los agrotóxicos más fumigados en nuestro país. El herbicida glifosato, y su metabolito AMPA, en los primeros puestos. Y para los muestreos en Argentina, en cantidades hasta tres veces superiores en algunas matrices. También el clorpirifos, recientemente prohibido en el país pero que se puede seguir comprando en cualquier góndola de supermercado en el sector de insecticidas.

Resultados de plaguicidas en las muestras en orina.
El momento de la presentación es importante ya que este próximo 13 de octubre la Unión Europea deberá votar si decide re-autorizar el uso del glifosato. Desde la coordinación del SPRINT aseguraron que a la brevedad la información –que ya fue presentada en la euro-cámara– será publicada y distribuida al público general para lograr mayor difusión. También aseguraron que esperan que tales resultados impidan que se concrete la renovación del peligroso herbicida.
Omnipresentes
Ver la presentación de esos estudios que respaldan una afirmación que muestra la magnitud del daño, estremece. Hasta las personas que consumen o producen alimentos sin usar agrotóxicos tienen sus cuerpos contaminados. Y aquellas que consumen alimentos libres de agrotóxicos, también. El cuadro completo muestra que la exposición ambiental llega a todas las personas, no solo a quienes producen con venenos o viven en zonas rurales. Y por todas las rutas de exposición.

Los resultados de los venenos en materia fecal.
En los hogares
Como ejemplo se puede mencionar lo que se encontró al medir el polvo de hogares, presentado por Daniel M. Figueiredo, de la Universidad de Utrecht de Países Bajos. Los resultados indican que los agrotóxicos llegan a impactar en los organismos más por los ambientes que por la dieta misma: también son una ruta de exposición directa. El más detectado es el glifosato y su metabolito AMPA, en un cóctel de sustancias químicas peligrosas en un rango de entre 25 y 120 plaguicidas.
Otra constante: los cócteles de agroquímicos. No hay una sola sustancia sino decenas o cientos, mezcladas para aumentar la potencia del veneno. En el caso presentado impactaban tanto a los vecinos de producciones convencionales cómo orgánicas.
A su turno, Hans Mol de la Universidad de Wageningen de Países Bajos, en la presentación de lo hallado en muestras de fluidos humanos –en los que el glifosato vuelve a estar entre lo más detectado. Los resultados señalan que hay presencia del herbicida genotóxico y probable cancerígeno en orina en el 86,1% de los argentinos muestreados y en el 35,2% de los europeos, mientras al analizar las heces humanas se detecta ese plaguicida en el 70,5% de las personas residentes en Europa y en el 100% de los bonaerenses.
Para el caso del clorpirifos, el 3,7% de europeos tiene en sus heces ese tóxico, mientras que para la Argentina el número asciende a 37,7%. Nuevamente salimos campeones, esta vez de otro podio tóxico.
La mordaza
En la conferencia virtual –toda en inglés– que duró tres horas y a la que asistió lavaca y aproximadamente un centenar de personas conectadas desde distintas partes del mundo, no estuvo la investigadora a cargo del proyecto en Argentina, la doctora Virginia Aparicio.
Lavaca consultó a la investigadora del INTA el porqué de su ausencia que para la decena de personas conectadas desde Argentina no pasó desapercibida. Aparicio no tiene autorizado por orden directa de la dirección de ese organismo estatal participar de ninguna instancia del SPRINT, ni hablar con la prensa.
Lavaca se comunicó con el INTA (socio número 16 identificado como CSS11-Buenos Aires dentro del proyecto SPRINT) pero nuevamente, como sucede desde hace meses, no hubo respuesta oficial.
El organismo público impidió que hasta el día de hoy los resultados de lo muestreado en nuestro país se difunda. En julio de este año, pese a esa censura oficial, la vaca pudo conocer los resultados de ese muestreo en territorio y población bonaerense y publicarlo.
Del muestreo en Argentina participaron 73 personas. De las 73, 1/3 consumidoras, 1/3 habitantes de pueblos pequeños y “vecinos de productores”. Y 1/3 productores agropecuarios de los cuales la mitad usa plaguicidas y la otra mitad trabaja agroecológicamente. También se incluyó un monitoreo en 14 establecimientos rurales. Se tomaron pruebas en ambiente, alimentos, grano y muestras biológicas en animales.
“El total de participantes argentinos presentó un rango de 6 a 13 plaguicidas en orina, un rango de 2 a 10 plaguicidas en sangre y un rango de 0 a 18 plaguicidas en materia fecal” es una de las revelaciones de la investigación.
En los ambientes en los que esas personas se mueven a diario, “el total de participantes argentinos presentó un rango de 7 a 53 plaguicidas en las pulseras” de detección.
La vida cotidiana asediada
En las consideraciones preliminares de esos estudios personales que trascendieron se consigna: “Las mezclas de residuos de plaguicidas están presentes en los cuerpos humanos. Las personas se exponen a los plaguicidas en su vida cotidiana (datos de pulseras). La mayoría de los residuos son peligrosos para el ecosistema y los humanos”.
En alimentos, “el total de participantes argentinos presentó un rango de 6 a 22 plaguicidas en la muestra de alimentos”.
En el polvo del hogar, en “el total de muestras analizados en Argentina presentó un rango de 43 a 86 plaguicidas en polvo del hogar”.
Granos de cultivos, en “el total de muestras analizadas en Argentina presentó un rango de 0 a 8 plaguicidas en grano”.
En animales, en “el total de animales analizados en Argentina presentó un rango de 1 a 12 plaguicidas en orina, un rango de 0 a 16 plaguicidas en materia fecal”. (Los de sangre continúan pendientes).
En alimento para animales, en “un rango de 5 a 25 plaguicidas en alimento animal”.
En suelos, “el total de muestras analizados en Argentina presentó un rango de 0 a 12 plaguicidas en suelo”.
Agua superficial (en la zona de trabajo de SPRINT) en “el total de muestras analizadas presentó un rango de 10 a 28 plaguicidas en agua superficial”.
Nota
Tucumán: condenan a un funcionario judicial y en el fallo recomiendan colgar placas en Tribunales que digan «un ambiente violento de trabajo afecta el servicio de justicia»
Un funcionario judicial de Tucumán fue condenado por abuso sexual: 4 años, obligación de reparación económica, capacitación y placas en Tribunales. El hecho no es aislado: el Observatorio Lucía Pérez lleva adelante un registro que incluye 420 funcionarios (integrantes del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, de las cúpulas de las Fuerzas de Seguridad y de la Iglesia Católica) denunciados por violencia de género. Los argumentos e implicancias de un fallo ejemplar.
Jorge Edmundo Mistretta, exjefe de despacho de la Secretaría Electoral del Juzgado Federal N° 1 de Tucumán, jubilado desde 2019, fue condenado a cuatro años por abuso sexual contra dos de sus empleadas. Los abusos ocurrieron en 2013 y 2015: incluye tocarle los pechos a una de ellas y querer besarla, comentarios sexuales groseros, e intento de tocar a otra de las denunciantes.
En el fallo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán, compuesto por la jueza María Noel Costa, y los jueces Carlos Enrique Jiménez Montilla y Enrique Lilljedhal, se ordenó:
- La inmediata detención, aunque cumplirá prisión domiciliaria por su estado de salud.
- Una indemnización de $4.4 millones de pesos y 3.6 millones de pesos para cada una de las víctimas.
- La realización de un programa de capacitación sobre perspectiva de género y en política de prevención, sanción y eliminación de la violencia contra la mujer.
- Se solicitó a Recursos Humanos de la Corte Suprema de Justicia Nacional que “se arbitren los mecanismos administrativos necesarios por una medida restaurativa que contemple la incorporación a una de las oficinas judiciales de esa jurisdicción -de la Cámara o del Tribunal Oral -, debiendo garantizar la ‘no revictimización’ de una de las víctimas”.
- Además se recomendó que se coloquen placas en tribunales donde sucedieron los hechos que digan: “Un ambiente violento de trabajo afecta el servicio de justicia. No a la violencia ni al acoso”.
Los fundamentos se conocerán el próximo 29 de septiembre.
El “caso” no es aislado. El Observatorio Lucía Pérez lleva adelante un registro de denuncias por violencia de género contra integrantes del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, de las Fuerzas de Seguridad y de la Iglesia Católicas.
El registro incluye ya 420 funcionarios denunciados, entre intendentes, diputados, fiscales, sargento, jueces, asesores, concejales, cabos, decano, sacerdotes y un largo etcétera. De todos los denunciados 99 son del Poder Judicial, al igual que Jorge Edmundo Mistretta; 139 del Poder Ejecutivo; 62 del Poder Legislativo; 67 de la Iglesia Católica; y 53 de las cúpulas de las fuerzas de seguridad.
El padrón de funcionarios denunciados se puede ver acá

El Estado argentino se comprometió en 2020 a llevar un registro público de funcionarios judiciales denunciados por violencia de género como parte de un acuerdo amistoso alcanzado en el marco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Hasta el momento lo hizo de forma incompleta y escasa, por ello comenzó a realizarlo, de manera autogestiva, el Observatorio Lucía Pérez que sumó además otros poderes para completarlo y con esa información reflexionar acerca de qué relación hay entre la ausencia de políticas públicas de contención y prevención y estas prácticas impunes.
Lo que se ve: la consigna “El Estado es responsable” se hace carne en la sistematización de esta información. No lo es solamente por omisión, o ineficaz: es un Estado violento.
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