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19 y 20: un juicio para el futuro

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El clima en la sala durante la primera audiencia. Los raros comentarios de los abogados de los acusados, lo que dicen los familiares. Funcionarios políticos y policías en el banquillo. Cómo comprender lo que se juzga.

“Por fin” era la frase con que familiares de las víctimas de la represión del 19 y 20 se unían en un abrazo, con más sonrisas que caras largas. A 12 años de la revuelta que cambió el país, comenzó este lunes 24 de febrero el juicio que investiga cinco homicidios, y las heridas y lesiones provocadas a 117 personas, todo ocurrido en Capital Federal durante la madrugada del 19 y el día 20 de diciembre de 2001. La causa principal involucra a responsables del Ejecutivo y altos mandos policiales, algo inédito en la justicia argentina; y otras causas conexas buscan determinar la responsabilidad de 11 efectivos policiales como autores materiales.
Se estima que el juicio – que tiene más de 550 testigos- durará todo el 2014 y parte del año que viene, a un ritmo de dos jornadas semanales: los miércoles y viernes desde las 9 hasta las 17.
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“La responsabilidad política también es penal”

La jornada arrancó con una hora y 22 minutos de retraso, a la espera de que se organizaran las acreditaciones y la sala se llenara. “Si esperamos 12 años, una hora más no es nada”, ironizaba Verónica Cárdenas, la hija de Jorge Cárdenas, el primer asesinado de la secuencia represiva, un caso clave –se verá- aunque su muerte no se juzga en estas audiencias.
Ya antes, en los pasillos de Comodoro Py, el director ejecutivo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Gastón Chillier, adelantaba a lavaca la estrategia de la querella: “Se busca juzgar a los responsables políticos de quienes dieron las órdenes del operativo, quienes tenían el deber de controlar y monitorear el desempeño de las fuerzas de seguridad. La responsabilidad no se debe cortar por el hilo más delgado, que son los policías que apretaron el gatillo. La responsabilidad política también es penal”.
La frase describe la situación del ex Secretario de Seguridad, Enrique Mathov, el ex jefe de la Policía Federal, Rubén Santos, el entonces Superintendente de Seguridad Metropolitana, Raúl Andreotti, y el director general de operaciones Norberto Gaudiero, acusados de homicidio culposo. Las muertes que se investigan son las de Diego Lamagna (27), Gastón Riva (31), Carlos Almirón (23) y Gustavo Benedetto (23), Alberto Márquez (58) y de 117 lesiones culposas (traducción: 80 heridos por balas de plomo).
Es la primera vez en la historia argentina que se va a juzgar a funcionarios políticos por delitos que cometió la policía en el marco de una represión. “Pero sigue siendo un problema que el juicio se produzca 12 años después”, dice Chillier. “Eso habla que todavía hay mucho por hacer en materia de justicia cuando se trata de investigar a poderosos”.
El gran ausente de la lista de juzgados, señalado unánimemente por los familiares en la sala, es el ex presidente Fernando de la Rúa, sobreseído por el juez federal Claudio Bonadio en marzo de 2012; si la Corte Suprema de Justicia no decide lo contrario (el trámite fue apelado por la querella) sólo comparecerá para declarar como uno más de los 580 testigos. Si decide lo contrario, De la Rúa podrá ser uno de los acusados.

Enrique Mathov

Enrique Mathov

La acusación

Los argumentos que conectan las muertes con los responsables del operativo se basa en el abuso de autoridad, la violación de los deberes de funcionario público y la ruptura del principio de confianza: no se podía confiar el día 20 en una policía que ya el 19 había matado al menos a una persona (Jorge Cárdenas) con bala de plomo. Para ello, durante la lectura de los requerimientos de elevación a juicio se citaron una serie de testigos – muchos propios efectivos de la fuerza- que identificaron, en líneas generales, las siguientes responsabilidades:

  • Enrique Mathov: según los testimonios mantuvo una reunión el día 19 de diciembre de 2001 con el Ministro del Interior, Ramón Mestre (el otro funcionario del Ejecutivo en la causa, fallecido en 2003), el jefe de la Policía Santos, el subjefe Andreozzi, Raúl Andreotti y los jefes de Prefectura y Gendarmería. Los testigos señalaron su “persistencia” en la orden de desalojar la Plaza de Mayo “a cualquier precio” y caracterizaron su “dureza”.
  • El entonces jefe de la Policía Federal, Rubén Santos, también formó parte de esa reunión y habría sido uno de los más activos impulsores para concreción del operativo en esos términos. Si Mathov estaba encargado de la coordinación y supervisión, Santos era el brazo ejecutor. Según las pruebas reunidas fue quien dio la orden de desalojar la Plaza de Mayo el 20 de diciembre. Se consideró su conducta “imprudente”, ya que sólo “incrementó riesgos”.
  • Raúl Andreotti, en aquel momento Superintendente de Seguridad Metropolitana, al igual que el director general de operaciones Norberto Gaudiero son señalados por haber coordinado el operativo desde la Sala de Operaciones, ordenando “envíos de personal” a determinados puntos de la ciudad, de un modo que provocó más violencia, heridos y muerte.

Homicidios

Las acusaciones más graves caen sobre cuatro ex integrantes de Asuntos Internos de la Policía Federal, acusados como coautores de homicidio simple por la muerte de Alberto Márquez y de homicidio en grado de tentativa por las heridas a Paula Simonetti y Martín Galli. Martín aún tiene una bala alojada en la cabeza. Los acusados son Carlos José López, Eugenio Figueroa, Roberto Juárez y Orlando Oliveiro, quienes aquel 20 de diciembre a las 19 horas bajaron de tres autómoviles – una camioneta Ford Ranger gris, un Fiat Palio colorado y un Peugeot 504 blanco-y efectuaron disparos de escopeta 1270 con munición de plomo hacia un grupo de manifestantes que estaba descansando en la plazoleta entre Cerrito, Sarmiento y Perón.
Las otras causas conexas elevadas a juicio investigan al policía federal Omar Bellante de encubrir el crimen de Gustavo Benedetto, asesinado por un disparo que provino desde el interior del banco HSBC de Avenida de Mayo y Maipú, cuyo autor sería el jefe seguridad del banco, teniente coronel Jorge Varando, quien fue absuelto anteriormente; y el accionar de otros ocho policías hoy presentes en distintas causas, por lesiones, vejaciones o encubrimientos: Jorge Daniel Toma, Carlos Alberto Loforte, Víctor Manuel Belloni, Sebastián Leoneardo Saporitti, Mario Andrés Seia, Ariel Gonzalo Firpo Castro y Horacio Bautista Berardi.

Las madres juntas

“Acá estamos todas las madres juntas”, abrazó la madre de Plaza de Mayo Tati Almeida a la madre de Gastón Riva, en las vísperas de la audiencia. Todo transcurrió en la sala más grande del Tribunal, conocida como Sala AMIA por haber sido construida para aquel juicio, a cargo del Tribunal Oral Federal N° 6.
Como Tati, muchos de los presentes en el subsuelo de la sala no sólo eran familiares sino protagonistas de las jornadas del 19 y 20: muchos jóvenes de entre 30 y 35 años. Entre ellos se mezclaron los padres y madres, gente de la agrupación HIJOS, políticos como Pablo Ferreyra y Luis D´Elia, el periodista y presidente del CELS Horacio Verbitstky, el director ejecutivo de dicha entidad Gastón Chillier, Leonardo Santillán (hermano de Darío, el piquetero asesinado el 20 de junio de 2002), Pablo Pimentel de la Asamblea por los Derechos Humanos (APDH) de La Matanza, entre otros.

Muerte en el Congreso

Antes del comienzo de la audiencia tuvieron lugar una serie de reencuentros en forma de abrazos entre los distintos familiares de las víctimas. “¡Tanto tiempo!”, saludaba la familia de Jorge Cárdenas a los Lamagna, los Benedetto o los Riva. El caso de Cárdenas, si bien no estaba siendo juzgado, fue uno de los pilares argumentativos para la causa que investiga a los mandos jerárquicos: Jorge murió en las escalinatas del Congreso la madrugada del 19 de diciembre, un día antes de la represión sistemática que provocó la mayoría de las muertes. Las querellas y los fiscales argumentaron que este hecho es suficiente para determinar el cese del “principio de confianza” en los efectivos policiales. Es decir: la policía había actuado con armas de fuego un día antes de impartir las órdenes para un violento operativo. La viuda de Jorge, Blanca, recuerda de aquel domingo: “Ese día salimos en auto a recorrer Merlo, a ver qué estaba pasando. Llorabas. Estaba todo vaciado, la gente como loca. Cuando volvimos nos pusimos a mirar la tele, los saqueos… Entonces mi marido dice: ‘¿qué hago acá sentado?’ y salió con uno de los chicos”.
El chico mide metro ochenta y pico y su contextura supera a la de los gendarmes de la sala. Juan Manuel Cárdenas tiene una remera blanca con una foto de su padre asesinado, el cuerpo tirado en las escalinatas del Congreso Nacional. “Por más justicia que haya, a mi marido no lo tengo más”, dice Blanca. “Pero estoy hoy con esta gente para que esto no vuelva a ocurrir”.
Verónica Cárdenas, hija de Jorge, aquel 19 se quedó cuidando una farmacia por el temor a los saqueos. Dice que la audiencia de hoy es “muy emocionante” y que cree en la justicia a pesar de todo. Su pie no deja de golpetear el suelo: está nerviosa. La audiencia está por empezar y pide una pastilla para aguantar la presión. Son las 11:18 de la mañana.
Se sienta el Tribunal representado por José Martínez Sobrino, Javier Anzoátegui y Rodrigo Giménez Uriburu. La fiscalía está compuesta por los fiscales Mauricio Viera y los ayudantes Fernando Fiszer y Santiago Vismara.
Primero se realizó la lectura del requerimiento de elevación a juicio de la causa que investiga a Mathov, Santos, Andreotti y Gaudiero, en el cual los fiscales Horacio Comparatore – ya fallecido- y Patricio Evers explicaron la conexión entre la orden del Poder Ejecutivo de desalojar Plaza de Mayo y el recrudecimiento de la violencia del accionar policial. Luego de esto se leyeron parte de los requerimientos realizados por las dos querellas en la causa de Mathov: la del CELS que patrocina a las familias de Diego Lamagna y Gastón Riva, a cargo de Rodrigo Borda, y la que representa el abogado de derechos humanos Rodolfo Yanzón.

El perdigón y el tachito

Si bien hoy se leyeron los requerimientos de elevación a juicio, en alguno de ellos – y en los pasillos también- se hizo referencia a los argumentos de la defensa de los funcionarios acusados. La estrategia trata de separar el “qué” y el “cómo”: plantear que el alcance de una orden no puede tener consecuencias penales. Sobre esto, lavaca pudo escuchar a uno de los abogados defensores explicándole gráficamente a otro hombre durante el cuarto intermedio: “Es como si estás acá sentado y te acusan de algo que pasa allá afuera a 80 cuadras”. Este abogado mencionaba además detalles técnicos de las pruebas aportadas por la querella: “Vos sabés que el perdigón cuando sale…”.
Otro comentario informal escuchado: “El tiro está en dirección descendente. ¿Qué tenían un tachito para subirse y tirar desde ahí?”, frase acompañada de un gesto que señala a un edificio imaginario, como si el tiro hubiese provenido desde otro lado y no desde el cordón policial.
Más allá de esta informalidad, según relató el abogado Borda, del CELS, las defensas efectivamente se dirigen al “cómo”: dicen que las muertes son hechos no esclarecidos (quién fue, en qué momento) y que no hay pruebas suficientes para determinar quién dio las órdenes.

Mientras hablaba De la Rúa

Otro de los abogados querellantes, Maximiliano Medina rebate la tesis de la defensa en diálogo con lavaca: “Hay un cúmulo importantísimo de pruebas que tienen que ver con testimoniales, con pericias, con cruces de llamadas, con documentos, videos, que dan cuenta no sólo de la represión sino del circuito de las órdenes políticas y jerárquicas de la policía, para poder probar la responsabilidad no sólo de quienes dispararon, sino de quienes dieron las órdenes”.
Por ejemplo: un peritaje audiovisual estableció que entre las 16 y las 16:30 fueron baleados Gastón Riva, Diego Lamagna, Carlos Almirón y Gustavo Benedetto en las inmediaciones de Plaza de Mayo; ese intervalo coincide con un mensaje televisivo de De la Rúa que ocupó las transmisiones de televisión.

El Estado y la protesta social

Pero además de las posibles condenas, ¿qué lecturas se pueden de hacer del juicio que acaba de comenzar hoy? Así como la crisis de 2001 fue un motor de cambios en materia democrática, el sello penal a la represión estatal de la protesta social más grande de este siglo no puede sino dejar antecedentes.
Dice Chillier: “Acá llegamos y aún tanto tiempo después, la idea es resignificar lo que sucedió en aquel momento, que fue un punto de inflexión en materia de protesta social, de cómo el Estado actúa frente a la protesta social, del rol de la sociedad frente a decisiones ilegítimas como fue la declaración del Estado de Sitio… Durante la gestión del presidente Kirchner se decidieron nuevas reglas sobre cómo debían actuar las fuerzas de seguridad, pero lamentablemente hace algunos años empezaron a perforarse esas políticas. De hecho en los últimos años todavía hay muertos en distintos contextos de protesta, por lo cual me parece que todo este juicio sirve para poner sobre la mesa las responsabilidades de los funcionarios, pero también cómo debe actuar el Estado frente a la protesta social. Para discutir las políticas represivas que consideramos violatorias de reglas democráticas y de derechos humanos, hacen falta condenas. Y discutir la responsabilidad penal de los funcionarios que dan esas órdenes”.

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Bloqueo a Vaca Muerta de comunidades mapuche y pobladores de Añelo que buscan dos cosas: derechos y agua

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Esta semana hubo cinco cortes a los principales yacimientos de fracking, organizados por el pueblo mapuche de Vaca Muerta en reclamo de relevamientos territoriales ya acordados que permitirían además el reconocimiento de 14 comunidades. El bloqueo se agregó a los cortes de ruta de pobladores de Añelo (localidad central en el área de explotación) que reclamaban por la ausencia de agua. Jorge Nawel, de la Confederación Mapuche de Neuquén dice a lavaca: “Estamos contra la fractura hidráulica porque sabemos lo que genera, como lo saben los países la prohibieron como Francia, Inglaterra, varios estados de los Estados Unidos, que sin embargo mandan sus empresas para que hagan el fracking aquí”. Los efectos reales de la “inversión extranjera” y el negocio de las empresas que solo son rentables si tienen subsidios estatales.

Esta semana las comunidades mapuche de la zona de Vaca Muerta bloquearon los cinco principales yacimientos de fractura hidráulica. A ese conflicto se sumaron los cortes de rutas protagonizados por vecinas y vecinos de la ciudad de Añelo, desesperados por la ausencia de agua, entre otras cosas.

Jorge Nawel, logko (autoridad política) de la Confederación Mapuche de Neuquén planteó a lavaca el panorma y derribó los mitos publicitarios sobre los supuestos beneficios del fracking.

“La situación empieza por tres grandes temas pendientes. Por un lado la obligación de Consulta Libre e Informada a los pueblos originarios, tema refrendado por Argentina en los tratados internacionales. Estamos todavía discutiendo un articulado que es el que le dará forma al proceso de consulta sobre cualquier actividad que se haga en territorio indígena”.  

“Por otra parte la necesidad de las personerías jurídicas de las comunidades, que no tienen ese reconocimiento por parte del Estado. Es una deuda que el Estado no termina de resolver”.

“Y el tercer tema es el relevamiento de las tierras, porque si no tenemos delimitados los territorios, ¿a quién van a reconocer?”.

¿Un pueblo originario es un club?

Sostiene Nawel que el tema de la consulta está cerca de poder resolverse tras cuatro meses de negociaciones para el establecimiento de un protocolo de 15 puntos ante cada proyecto que pretenda realizarse en territorio indígena. “Posiblemente la semana próxima podamos dar buenas noticias”.

Le da especial importancia, también, a la cuestión del registro “porque saca a las comunidades de la órbita de una simple asociación y les da el estatus que corresponde, con una personería que es carácter público, no privado. Eso significa que una comunidad no tiene control del Estado ni es tratada como como si fuese un club o una asociación, sino que se trata de un pueblo. No es parte de la órbita privada sino de la pública”.

¿Y por qué el bloqueo? “Principalmente por el tercer tema, el del relevamiento territorial. Se formó un equipo técnico, jurídico y catastral hace más de un año para concretarlo, pero notamos animosidad oficial contra las comunidades de Vaca Muerta porque somos las que protestamos y nos movilizamos. Ese mismo equipo existe como respuesta a una de las acciones directas que hicimos en 2021. El equipo lo forman Nación y Provincia, pero nunca funcionó como corresponde y en más de un año no hubo relevamiento de una sola de nuestras 14 comunidades en esa zona. Por eso decidimos bloquear Vaca Muerta”.

Llamar la atención vs embarrar la cancha   

El bloqueo se concretó el lunes pasado, 28 de noviembre. “Cerramos el acceso a los cinco yacimientos más importantes en los que trabajan empresas como Techint, YPF, Shell, Tecpetrol y Pluspetrol, entre otras. Eso significa ingresar a las 5 de la mañana antes del turno que empieza a las 6. Se arman colas de 200 camiones y máquinas de la industria, o más, que no dejamos que circulen”.

El fondo del tema, según Nawel: “Es la única manera de llamar la atención de un gobierno al que la protesta social no le va ni le viene, y te lo digo porque hay protestas y reclamos todos los días, y una total indiferencia oficial frene a eso”.

“Lo único que hace que te presten atención es cuando le tocas la matriz económica que es la explotación de Vaca Muerta. Somos conscientes de eso y cada vez que queremos ponernos en una posición firme tenemos que bloquear la producción”.

La acción mapuche logró llamar la atención: “Convocaron a un diálogo y se planteó crear un equipo especial que resuelva la cuestión del relevamiento territorial. Hay que ver si el gobierno cumple su palabra. Lo que estamos reclamando es que se cumplan las leyes”.

Funcionarios y medios, sin embargo, plantean que el trasfondo del reclamo mapuche es la búsqueda de un beneficio económico. Responde Jorge Nawel: “Es el argumento cuando el Estado quiere confundir las cosas. Plantea un trasfondo económico, peero vos ves las demandas que hacemos, ninguna tiene carácter económico sino de derechos. Carácter político y de respeto a los derechos”.

“La Consulta es algo que está normado desde 2001. Que se reconozca a las comunidades es algo que está escrito en las constituciones de Nación y Provincia. El relevamiento de tierras está ordenado por la Ley 21.160. O sea que estamos reiterando viejas demandas que jamás se responden. Una forma de ensuciar y embarrar la cancha es darle a lo que reclamamos un carácter económico, cuando en realidad les estamos diciendo que cumplan las leyes: cumplan con lo que ustedes mismos aprobaron”.

Progresismo y felicidad extractiva

El debate sobre el modelo extractivo del cual el fracking es apenas una muestra, incluye de modo cada vez más entusiasta a sectores que se autoperciben progresistas que pregonan avanzar con un tipo de modelo que lleva más de 500 años no excesivamente exitosos en el continente.

Reconoce Jorge: “Vaca Muerta es sin duda una salvación económica, pero ¿de quién? Para nosotros, para la sociedad, es una fuente de saqueo de recursos naturales, de empobrecimiento social y de contaminación de todo tipo”.

“Sin embargo es cierto que es una salvación económica para las corporaciones, que pueden derivar a sus casas centrales millonadas de dólares de manera permanente. Argentina lo único que hace es darles prebendas, subsidios, beneficios impositivos, para que el señor inversor no se vaya y siga explotando la meseta y la tierra mapuche”.

Nawel advierte: “Todo ese contagio de felicidad y bienaventuranza para nosotros es una absoluta farsa. El fracking solo les da ganancias a las empresas. La propia industria del fracking ha planteado en distintos informes que la actividad no es rentable sin la cantidad de subsidios y prebendas que le da el Estado. Lo más grave para nosotros –y debería serlo para la sociedad– todo se hace a costa del ambiente, la salud y la seguridad de la población”.

La descripción: “El fracking genera un enorme impacto ambiental por las toneladas de basura que genera, por el tema de los sismos (debidos a las excavaciones), por los millones de litros de agua que consume en una zona árida como la nuestra. La industria no se ocupa no responde porque si tuviera que hacerse cargo de los costos ambientales y sociales, ya no sería rentable. Por eso es una farsa”.

Lo prohibido y la deuda

El rechazo mapuche, según Nawel: “Rechazamos el fracking desde el primer día porque sabemos las consecuencias que genera. Es el mismo conocimiento que tienen los países del primer mundo que por eso lo prohíben, como Francia, Gran Bretaña, varios estados de los Estados Unidos, y Colombia también se sumó a una moratoria”. La moratoria es el modo de dejar en suspenso cualquier aprobación a la actividad, un modo elegante de prohibición. De todos modos en Europa se sumaron Alemania, Bulgaria, Italia, Suiza y República Checa.  

“El fracking solo es rentable si los Estados subordinados, empobrecidos, entregados, renunciando a su soberanía permiten que esas multinacionales ingresen”.

¿Y cómo ven a los funcionarios? “Lo que pasa es que esto es un cúmulo de errores de políticos cortoplacistas que al subir solo pensaron en terminar su mandato y ganar reelecciones en lo posible, y para eso capturaron el recurso era el petróleo y lo dilapidaron. Neuquén es una provincia petrodependiente desde hace décadas”.  

“Los políticos piensan siempre en el corto plazo, nunca pensar en la sociedad, en el futuro, en las nuevas generaciones. Pero es increíbe: ya en 1956 la constitución de Neuquén decía que toda la renta petrolera que se obtuviera no debía ser utilizada en gastos comunes, que es lo que hoy se hace para sostener el aparato del Estado y el empleo púbico. La renta debía reinvertirse en la búsqueda de energías alternativas para romper la dependencia del petróleo, que ya en ese momento se veía que era una industria con impacto ambiental y no sustentable. Esa inversión de renta en la búsqueda de energías alternativas nunca se hizo. Nunca”.

Jorge relaciona el tema con el de la deuda externa: “El país, por sus políticos, queda preso de una deuda escandalosa que exige acumular dólares para pagarla. Pero la última beneficiada de todo esto va a ser la población Y los primeros benericiados van a ser los dueños de la deuda externa y las empresas que obtienen ganancias vergonzosas que giran al exterior, a sus casas centrales. Las migajas quedan para la población y sobre todo queda un impacto que va a convertir a a estas tierras en un cementerio si todo sigue así”.

¿Agua o petróleo?

La tremenda propaganda alrededor de Vaca Muerta, sus inversiones, sus ganancias, podría inducir a pensar que la provincia, o al menos las localidades cercanas a la explotación, están pasando épocas de bonanza (sea lo que sea que tal cosa signifique).

Nawel informa: “Cuando hicimos el bloqueo se sumó el propio pueblo de Añelo que hace días no tiene una gota de agua en la canilla. Es más. Nosotros levanamos el bloqueo cuando empezamos a obtener respuesta, pero ellos siguieron hasta el miércoles. Y solo reclamaban agua, ¿te das cuenta? Están planteando obras que permiten llevar agua desde el río Neuquén para las empresas, y el pueblo supuestamente beneficiado no tiene ni agua. Esa es la realidad. Neuquén es una provincia endeudada con la banca internacional y el Estado nacional, y nos venden todos los días titulares hablando de un ritmo acelerado de Vaca Muerta o de aumento de la producción”.

La contracara: “Lo que se ve en la práctica es que lo que aumentó es la pobreza, el endeudamiento de la provincia, y Añelo, que era la Dubai argentina, no tiene ni agua”.

La situación: “Hacen tanta propaganda y hay una crisis tan grande, que todos los los días llegan familias a Neuquén con la expectativa de conseguir un trabajo digno en esta supuesta gran gallina de los huevos de oro. Como no lo logran, porque la industria es muy selectiva, se van incrementando las periferias urbanas con familias empobrecidas. Si esa es la salvación del país, estamos en problemas”.

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16va Marcha de la Gorra: “Ocupar las calles: Libres o nada”

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Ayer, martes 29 de noviembre se llevó a cabo la 16va edición de la Marcha de la Gorra en la ciudad de Córdoba. La reconocida marcha contra el gatillo fácil y la violencia institucional sucede a dos semanas de conocerse públicamente -en el marco del juicio por la muerte del adolescente Blas Correa- los mensajes intercambiados por Whatsapp entre el ex Ministro de Seguridad Alfonso Mosquera y el ex comisario Gonzalo Cumplido en el que manifestaban su preocupación por las repercusiones que provocaría la muerte de “un rubito” “de clase media”. Conversación mantenida a primera mañana de los 6 disparos de la noche de agosto del 2020.

Por Bernardina Rosini

desde Córdoba

Tal vez resuene fuerte fuera de la provincia, pero en la calle no causó ningún escozor.

Soledad Aciar, la madre de Blas, ausente en la marcha, hace unos días refirió sobre los policías locales «disparan sus armas como si estuvieran jugando en la Play”.

No se mencionó el indignante intercambio entre los ex funcionarios en la tarde de ayer, pero sí se mencionaron las 9 horas que estuvo encadenada la mamá de Rodrigo Sánchez en las rejas de Tribunales. Ella, Gabriela Sanso, tomó el micrófono y fue dura contra la justicia y los uniformados azules. “7 años sin que avance la causa, sin respuestas, sin que me digan nada», dijo. «No puede ser que nos tengamos que encadenar para ser escuchados. Mataron a mi hijo por la espalda, 17 años. Ellos sueltos mientras que a mi hijo no le dieron oportunidad. No dan oportunidad de vivir, fusilan”. Sólo tras haberse encadenado, la Fiscalía General la recibió y se comprometió con la resolución de la causa.

Se suceden madres en el micrófono que relatan y enumeran, una vez más, todas las atrocidades del mecanismo de impunidad: disparos por la espalda, fiscalías inertes, investigaciones nunca iniciadas, encubrimientos, argumentos y declaraciones tan burdas, tan contradictorias, tan absurdas. Dolor y nudos de bronca.

Unxs pibes con la cabeza cubierta escalan por el frente de un edificio y hacen la primera intervención de la marcha: pincel en mano y pegamento, dejan el rostro y nombres de algunos los muertos Franco Amaya, Sergio Cuello, Juan Alarcón, Pichón Escobay. Podrían cubrir todo el frente. Sólo en los últimos dos años se contabilizan 10 casos fatales en manos de la Policía de Córdoba. Con esta preocupación la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Córdoba (APDH Córdoba) solicitó al Gobernador Juan Schiaretti una audiencia con “carácter de urgente” en el mes de agosto. Entrando en diciembre, con el expediente dormido, el gobernador no se da por notificado.

Difícil eludir la sucesión de los casos, y la crisis de la institución policial. En los primeros seis meses de 2022 un total de 218 uniformados fueron apartados de sus trabajos debido a que quedaron bajo la lupa del Tribunal de Control Disciplinario de las Fuerzas de Seguridad de Córdoba. El 88,2% corresponden específicamente a efectivos de la Policía de la Provincia, y según el Tribunal en la gran mayoría de los casos, los desplazamientos de personal fueron por sumarios motivados por denuncias de violencia de género, seguidos de mal desempeño y violencia institucional.

Casos que han logrado relevancia y aparecer en las agendas de los medios nacionales: Blas Correa es uno, el femicidio de Cecilia Basaldúa es otro. Este último  tiene policías señalados por la familia, confesiones logradas mediante aprietes, encubrimiento y un juicio forzado contra un joven inocente. Pero aún sin dar con el autor material.

Difícil desentenderse también de la fuerza y el sentido que moviliza la Marcha de la Gorra en Córdoba. No atender a los fuegos, la danza y la ceremonia a metros de la Legislatura, rodeada de vallas y un puñado de policías. Las familias prenden velas dispuestas en la calle formando una figura hecha de bidones de agua, flores de santa rita, naranjas y manzanas. 

 “Libertad para ocupar las calles y habitar y circular por nuestros montes”. Se escucha en los parlantes, ampliando los límites del transitar urbano pero también señalando que las políticas violentas, extractivistas, excluyentes son comunes. Acá y un poco más allá. Que son múltiples los derechos arrebatados. “Que no nos quiten crecer en las calles, ni las noches en la plaza ni las tardes de río”. El final de la marcha es un abrazo, la canción que la cantante Sara Hebe escribió inspirada en la marcha, sintetiza el deseo:

“No encuentro mejor manera de aguantar este embretao

Que imaginarme suelto, vivo y enamorao”.

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#NiUnaMás

Hoy es el día para luchar contra las violencias, y mañana también

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Este informe del Observatorio Lucía Pérez dimensiona la cartografía de la violencia patriarcal, con la esperanza de encontrar una forma de prevenirla y erradicarla. Los pies en la calle contra las violencias. Y lo que hay que cuidar: la vida. 

300 femicidios y travesticidios: uno cada 26 horas
339 marchas para exigir justicia: una por día
211 infancias huérfanas: no hay forma de dimensionar lo que esto significa.
En los padrones públicos y de libre acceso de nuestro Observatorio podés encontrar toda la información que hay detrás de estos números. Está actualizada diariamente e incluye hasta la fuente de donde surgen los datos, que permanentemente chequeamos y renovamos caso por caso. En total, el padrón de femicidios y travesticidios ya suma 4.177.
También llevamos padrones públicos de tentativas de femicidios, desaparecidas, violaciones, denuncias registradas por provincia y funcionarios denunciados por violencia de género.
Día a día y desde hace más de una década bordamos así esta cartografía de la violencia patriarcal con la esperanza de encontrar una forma de prevenirla y erradicarla.
Periódicamente junto a las familias víctimas de estas violencia analizamos lo que esta información representa hasta descubrir algunas claves. Por ejemplo, aprendimos a diferenciar los femicidios y travesticidios generados por las violencias parentales de aquellos generados por la impunidad territorial, donde el dominio narco genera las condiciones necesarias para arrasar con la vida de mujeres y trans. El ejemplo más cruel es Rosario, que este año ya suma 50 mujeres asesinadas por una violencia territorial que cuenta con la necesaria complicidad de policías y servicios penitenciarios, es decir el Estado. Obtener justicia en estas condiciones es algo negado de por sí y precisamente por ello, lo que alienta la continuidad de estos crímenes.
La forma de construir justicia, entonces, sigue siendo la que nos legaron Madres y Abuelas: con los pies en la calle. Los datos son claros: este año hubo una marcha por día gritando “Ni una más”.
Lo que representan estas movilizaciones que sacuden las periferias en todo el país no es fácil percibirlo desde la centralidad porteña, capturada por la parálisis y el vaciamiento que los kioscos de género ejercen sobre el movimiento para contenerlo y disciplinarlo. Advertimos entonces: cuidado con “los cuidados”. Con esa etiqueta se vienen ahora los recursos, los discursos y los programas que pretenden catalizar las energías sociales hacia tareas de reparación de lo que precisamente el sistema enferma y rompe.
Nosotras no vamos a cuidar este sistema.
Nosotras no vamos a sanarlo, ni a alimentarlo ni a criarlo.
Nosotras vamos a sacudirlo hasta que caiga.
Y lo vamos a hacer bailando, gritando y conspirando el 25 de noviembre, día internacional de lucha contra la violencia patriarcal, y también al día siguiente, y al siguiente, y más.
Nosotras nos organizamos y reunimos para cuidar lo que hoy está en riesgo: la vida.

Los padrones públicos y de libre acceso se pueden ver en www.observatorioluciaperez.org

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