Diez organizaciones de derechos humanos se presentaron como amicus curiae ante la Corte Suprema de Justicia de Tucumán en favor de la liberación de la joven tucumana condenada por un aborto espontáneo. El caso, un escándalo que expone el entramado de violencia institucional contra las mujeres, llegó hasta la ONU: el Comité de Derechos Humanos exigió al Estado argentino la “inmediata liberación” de la mujer de 27 años. De fondo, un grito urgente: aborto legal ya.
Marta Alanís, de la Asociación Católicas por el Derecho a Decidir, dijo que tenía una carta que Belén, la joven tucumana condenada a 8 años de prisión sin pruebas tras sufrir un aborto espontáneo en el Hospital Avellaneda de esa provincia, había escrito días atrás.
Y la leyó:
“San Miguel de Tucumán, 17 de julio. A todas las mujeres que luchan por mi libertad y a las organizaciones que piden por mí, quiero agradecer de todo corazón lo que están haciendo. Estuve mucho tiempo sola, muy sola, y ahora siento la fuerza de mucha gente que me acompaña. Tengo fe en que pronto se va a hacer justicia para mí. Me enteré por mi defensora que las Naciones Unidas están pídiendo que me dejen libre y eso me da mas esperanzas. Hace 2 años y 4 meses que no puedo estar con mi familia. Eso es lo que más lamento, que me hayan separado de ellos. Extraño mi casa y mi vida de antes. Pero siento que ya falta menos. Me llegan los mensajes de la gente y todas las cosas que están haciendo desde afuera para que yo este libre. De todo corazón. muchas gracias por hacer que mi lucha sea la de ustedes”.
Alanís leyó la carta en la sede de la Asociación de Abogados de Buenos Aires (AABA), donde diez organizaciones de derechos humanos anunciaron que se presentaron como amicus curiae ante la Corte Suprema de Justicia de Tucumán en favor de la liberación de Belén, a quien tres jueces sentenciaron por «homicidio agravado por el vínculo» y la Sala III de la Cámara Penal provincial le rechazó el pedido de cese de la prisión preventiva.
Hace dos años que está presa.
Todo comenzó el 21 de marzo de 2014, cuando llegó al Hospital para que la atendieran de un dolor de panza. El sistema de salud, la policía y la justicia le adjudicaron un feto al que nunca pudieron extraerle ADN “por el avanzado estado de descomposición”.
Tres magistrados –Dante Ibañez, Néstor Mascaritto y Fabián Fracejos- la condenaron igual.
Hoy Belén está en la Unidad Penitenciaria N°4, y su caso fue motivo de denuncia del propio Comité de Derechos Humanos de la ONU, que exigió su “inmediata liberación”.
El recorrido es otro caso que revela la violencia institucional que sufren las mujeres en Argentina.
El caso
Belén llegó con fuerte dolores abdominales. Según reconstruye el portal de la Agenda de Prensa Alternativa (APA!): “Tenía antecedentes médicos de malestares vesiculares y peritonitis. Estaba con miedo. Le administraron un calmante por vía oral y fue derivada por el doctor Jorge Molina al Servicio de Ginecología, a causa del abundante sangrado”. Belén cuenta, entrevistada en la cárcel, que “desde el momento de su derivación empezaron las sospechas, los rumores, las llamadas a la guardia policial, miradas feas y acusaciones sobre “qué se había hecho”. Empezó a sentirse maltratada.
Una vez en el Servicio de Ginecología del Hospital Avellaneda fue atendida por la enfermera Verónica Ledesma, quien le hizo un interrogatorio bastante insistente y acusatorio sobre su hemorragia: “Me preguntó si me puse algo porque no era normal el sangrado”. Belén, según comenta a APA, le volvió a responder que había ido al baño con un poco de sangre. Allí, el médico José Daniel Martín le informó en un primer momento que estaba teniendo un aborto espontáneo de un feto de aproximadamente 20 semanas. Belén le informó que desconocía estar embarazada,  posición que repitió en todas sus declaraciones.
Luego, la jefa de parteras, Marta Monje, por orden del doctor Martín acudió con la agente policial Marcela Sueldo a los baños “a la búsqueda del producto que habría expulsado” la paciente. En un baño del hospital encontraron un feto, automáticamente nombrado por médicos/as, policías y funcionarios judiciales como “hijo” de Belén, sin tener ninguna prueba sobre ello. Así consta en el expediente judicial. Marta Monjes declaró que cuando acudió al baño donde encontró el feto estaba dentro el personal de limpieza del servicio sanitario”.
La defensora oficial, sin tiempo para preparar su alegato, argumentó la inimputabilidad de Belén, producto de un trauma post parto. Los jueces tomaron esa defensa como una admisión del aborto que Belén siempre negó: “No sabía que estaba embarazada” declaró desde el primer día.
Hoy Belén es defendida por la abogada Soledad Deza, de la asociación Católicas por el Derecho a Decidir.
“Un fallo sin pruebas”
Las diez organizaciones que se presentaron como amicus para exigir su liberación son:

• Abogados y Abogadas del NOA en DDHH y Estudios Sociales (ANDHES).
• Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH).
• Asociación de Abogados de Buenos Aires (AABA).
• Asociación de Derecho Penal (APP).
• Amnistía Internacional (AI).
• Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
• Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM).
• Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA).
• Innocence Project Argentina (IP Argentina).
• La diputada nacional del Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT) Soledad Sosa, en representación de referentes políticos, sindicales y de derechos humanos.

“Las pruebas fueron escasas y contradictorias”, resumió Marta Alanís, de la Asociación Católicas por el Derecho a Decidir, en la sede de la AABA, donde se realizó la conferencia para anunciar esta presentación. “Por un lado consignan que el feto es masculino, pero líneas más abajo dicen que es femenino. También, que ella ingresó al Hospital después de que el feto fuera encontrado”.
No es la única irregularidad. La abogada Soledad Deza había explicado cuáles son los derechos que habían sido violentados: “Toda mujer que llega con un aborto en curso o que –como Belén- tiene un aborto en un hospital, sea provocado o espontáneo, está protegida por la confidencialidad de la relación médico-paciente que impide a todo el equipo de salud denunciarla”.
La historia clínica de Belén registra todas las intervenciones policiales y judiciales dentro de la relación médico paciente. “Son múltiples las fuentes jurídicas que ratifican que el derecho que asistía a Belén en marzo de 2014 fue violado”, citó la doctora Deza:

• En 1966 en el Plenario de Cámaras Penales en Argentina que se conoce como Natividad Frías, el Poder Judicial indicó que el secreto profesional prevalece por sobre la obligación de denunciar delitos que tienen los profesionales de la salud.
• En 2010, el fallo Baldivieso de la Corte Suprema de la Nación indicó que los datos que se obtienen en el marco de una relación médico paciente no pueden ser revelados y usados contra el paciente.
• En octubre de 2015, el juez de Instrucción de la III Nominación del Poder Judicial de la provincia de Tucumán, Francisco Pisa, determinó que no puede usarse la historia clínica en contra de la paciente precisamente por la obligación de guardar secreto en el caso local conocido como María Magdalena y sobreseyó a la acusada porque fueron sus médicos quienes la denunciaron.

En un debate convocado por la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja, Deza había descrito la violencia que sufrió Belén desde todos los ámbitos del Estado: la salud pública, la policía, la Fiscalía, la Defensa Pública y, finalmente, los jueces. La abogada subrayó la violación al secreto profesional de los profesionales de la salud que, ante la pregunta de la policía, entregaron la historia clínica de la joven. A su vez, sostuvo que los jueces reprodujeron esta violación al citar a los médicos a declarar sin que hayan sido relevados por la chica de su secreto profesional. Deza también puntualizó en la falta de defensa técnica: mientras Belén siempre sostuvo que nunca supo de su embarazo, la defensora pública designada por el Estado alegó inimputabilidad por el estado puerperal.
Alanís: “Fue un fallo sin pruebas”.
“Inmediata liberación”
El director ejecutivo del CELS, Gastón Chillier, valoró la articulación de las diversas organizaciones de derechos humanos en la presentación de amicus. “Es un caso de violencia institucional a la mujer”, remarcó, y citó las observaciones finales del Comité de Derechos Humanos de la ONU, que incluyó el caso de Belén como uno de los “principales motivos de preocupación”ante diversos problemas estructurales y medidas recientes del Estado argentino que considera de “impacto regresivo”.
Uno de ellos es el caso de esta mujer violentada por todos los estamentos. Dice la ONU: “El Estado debe revisar el ´caso de Belén´, a la luz de los estándares internacionales en la materia, con miras a su inmediata liberación, y a la luz de este caso, considerar la descrimininalización del aborto”.
Además, el Comité exige al Estado:

• “Revisar su legislación sobre el aborto, incluyendo su legislación criminal, en particular mediante la introducción de excepciones adicionales a la prohibición del aborto, inclusive cuando el embarazo es producto de una violación sexual, sin importar la capacidad intelectual o psicosocial de la mujer”.
• “Asegurar que todas las mujeres y niñas puedan acceder a los servicios de salud reproductiva en todas las regiones del país y que las barreras legales, el ejercicio de objeción de conciencia por parte de los trabajadores de la salud y la falta de protocolos médicos no obliguen a las mujeres a recurrir al aborto clandestino que pone su vida y su sald en riesgo”
• “Multiplicar y asegurar la aplicación de programas de educación y sensibilización a nivel formal (escuelas y colegios públicos y privados) e informal (medios de comunicación y otros) sobre la importancia del uso de anticonceptivos y los derechos a la salud sexual y reproductiva”.

Si bien el Comité destaca el fallo FAL de la Corte Suprema (que reafirmó el derecho de las mujeres a interrumpir su embarazo de acuerdo a todas las circunstancias previstas por la ley), advierte que su aplicación “no es uniforme” en el Estado (por ejemplo, Tucumán no adhirió al protocolo) y expresa su preocupación “por los altos índices de abortos clandestinos que han resultado en mortalidad materna”.
Además, el Comité “lamenta la persistencia de las deficiencias en la aplicacicación de la Ley Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, la insuficiencia de presupuesto asignado para su implementación y la falta de implementación del Plan Nacional que allí se establece”.
La condena moral
Natalia Gherardi, directora ejecutiva del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, subrayó que la violencia que sufrió –sufre- Belén “no es un caso aislado, sino que es parte de un sistema estructural” de violencia hacia las mujeres. Paola García Rey, de Amnistía Internacional Argentina, puntualizó sobre la “responsabilidad de los médicos” y “el miedo de acudir al servicio de salud” que genera sobre las mujeres la violación del secreto profesional: “Además, ¿qué hace la policía dentro del hospital?”.
La diputada nacional del FIT Soledad Sosa contó que pudo visitar a Belén en la cárcel, quien agradecía la difusión de la causa. “Hay una diferencia de dos meses hacia acá respecto a ella: tiene otra actitud ante la vida. Dice que que cuando salga quiere ir a las guardias nocturas para que a ninguna otra chica le pase esta condena. Ella es una chica que trabaja desde los 14 años y lo primero que tuvo en el hospital fue una condena moral”. Sosa remarcó la incidencia del clero en Tucumán, y dijo que Belén tuvo la visita de un cura a los cinco días de estar presa: “La llevó a una charla en una sala de neonatología”.
Adrián Martín, de Pensamiento Penal, focalizó en la selectividad penal de la justicia: “Encarcela a los mismos y a las mismas de siempre”. Alanís profundizó: “Hay un pacto patriarcal: justicia, policía y salud”. Todas las organizaciones convocaron a una conferencia de prensa en Tucumán para el 28 de julio: ese mismo día se reunirá allí el Consejo Federal de Derechos Humanos. Desde el CELS, sostuvieron: “La política penal del Estado argentino mantiene una matriz discriminatoria que condiciona el acceso a los derechos humanos de las mujeres jóvenes y pobres. En la Argentina el aborto inseguro es un grave problema de salud pública, que implica riesgos para la salud y la vida. En los últimos treinta años, las complicaciones derivadas de abortos inseguros son la primera causa de mortalidad materna. En base a estas desigualdades, insistimos en la necesidad de aborto legal, seguro y gratuito”. El proyecto fue presentado por sexta vez el 30 de junio con 34 firmas de diputadas y diputados de la mayoría de los bloques parlamentarios (https://www.lavaca.org/notas/aborto-primera-parada-legislacion-general/).
“Muchas gracias por hacer que mi lucha sea la de ustedes”
Durante el juicio oral, Belén le había dicho a los jueces:
“Antes que nada les quiero decir que yo no sabía que estaba embarazada. No me pueden decir semejante atrocidad. ¿Cómo pueden decir que corté el cordón? Es imposible cortar un cordón: yo presencié el parto de mi sobrino. ¿Dónde hay un ADN que diga que es mi hijo? ¿Y dicen que hice eso? Yo no hice daño a nadie. ¿Dónde están las pruebas que digan que soy una asesina? Me acusan sin pruebas. Yo no maté a nadie. Estoy mal, destrozada, pido que me tengan piedad. Es injusto lo que están haciendo. Es injusto lo que dicen de mí. No me pueden acusar de semejante cosa. Denme la oportunidad de estar con mi familia. No aguanto más. No doy más”.
Al término de la presentación de los amicus, Marta Alanís leyó una carta que la propia Belén escribió desde la cárcel:
“San miguel de tucuman, 17 de julio. A todas las mujeres que luchan por mi libertad y a las organizaciones que piden por mí, quiero agradecer de todo corazón lo que están haciendo. Estuve mucho tiempo sola, muy sola, y ahora siento la fuerza de mucha gente que me acompaña. Tengo fe en que pronto se va a hacer justicia para mí. Me enteré por mi defensora que las Naciones Unidas están pídiendo que me dejen libre y eso me da mas esperanzas. Hace 2 años y 4 meses que no puedo estar con mi familia. Eso es lo que más lamento, que me hayan separado de ellos. Extraño mi casa y mi vida de antes. Pero siento que ya falta menos. Me llegan los mensajes de la gente y todas las cosas que están haciendo desde afuera para que yo este libre. De todo corazón. muchas gracias por hacer que mi lucha sea la de ustedes”.