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Aborto: organizaciones de DDHH exigen la “inmediata liberación” de Belén

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Diez organizaciones de derechos humanos se presentaron como amicus curiae ante la Corte Suprema de Justicia de Tucumán en favor de la liberación de la joven tucumana condenada por un aborto espontáneo. El caso, un escándalo que expone el entramado de violencia institucional contra las mujeres, llegó hasta la ONU: el Comité de Derechos Humanos exigió al Estado argentino la “inmediata liberación” de la mujer de 27 años. De fondo, un grito urgente: aborto legal ya.
Marta Alanís, de la Asociación Católicas por el Derecho a Decidir, dijo que tenía una carta que Belén, la joven tucumana condenada a 8 años de prisión sin pruebas tras sufrir un aborto espontáneo en el Hospital Avellaneda de esa provincia, había escrito días atrás.
Y la leyó:
“San Miguel de Tucumán, 17 de julio. A todas las mujeres que luchan por mi libertad y a las organizaciones que piden por mí, quiero agradecer de todo corazón lo que están haciendo. Estuve mucho tiempo sola, muy sola, y ahora siento la fuerza de mucha gente que me acompaña. Tengo fe en que pronto se va a hacer justicia para mí. Me enteré por mi defensora que las Naciones Unidas están pídiendo que me dejen libre y eso me da mas esperanzas. Hace 2 años y 4 meses que no puedo estar con mi familia. Eso es lo que más lamento, que me hayan separado de ellos. Extraño mi casa y mi vida de antes. Pero siento que ya falta menos. Me llegan los mensajes de la gente y todas las cosas que están haciendo desde afuera para que yo este libre. De todo corazón. muchas gracias por hacer que mi lucha sea la de ustedes”.
Alanís leyó la carta en la sede de la Asociación de Abogados de Buenos Aires (AABA), donde diez organizaciones de derechos humanos anunciaron que se presentaron como amicus curiae ante la Corte Suprema de Justicia de Tucumán en favor de la liberación de Belén, a quien tres jueces sentenciaron por «homicidio agravado por el vínculo» y la Sala III de la Cámara Penal provincial le rechazó el pedido de cese de la prisión preventiva.
Hace dos años que está presa.
Todo comenzó el 21 de marzo de 2014, cuando llegó al Hospital para que la atendieran de un dolor de panza. El sistema de salud, la policía y la justicia le adjudicaron un feto al que nunca pudieron extraerle ADN “por el avanzado estado de descomposición”.
Tres magistrados –Dante Ibañez, Néstor Mascaritto y Fabián Fracejos- la condenaron igual.
Hoy Belén está en la Unidad Penitenciaria N°4, y su caso fue motivo de denuncia del propio Comité de Derechos Humanos de la ONU, que exigió su “inmediata liberación”.
El recorrido es otro caso que revela la violencia institucional que sufren las mujeres en Argentina.
El caso
Belén llegó con fuerte dolores abdominales. Según reconstruye el portal de la Agenda de Prensa Alternativa (APA!): “Tenía antecedentes médicos de malestares vesiculares y peritonitis. Estaba con miedo. Le administraron un calmante por vía oral y fue derivada por el doctor Jorge Molina al Servicio de Ginecología, a causa del abundante sangrado”. Belén cuenta, entrevistada en la cárcel, que “desde el momento de su derivación empezaron las sospechas, los rumores, las llamadas a la guardia policial, miradas feas y acusaciones sobre “qué se había hecho”. Empezó a sentirse maltratada.
Una vez en el Servicio de Ginecología del Hospital Avellaneda fue atendida por la enfermera Verónica Ledesma, quien le hizo un interrogatorio bastante insistente y acusatorio sobre su hemorragia: “Me preguntó si me puse algo porque no era normal el sangrado”. Belén, según comenta a APA, le volvió a responder que había ido al baño con un poco de sangre. Allí, el médico José Daniel Martín le informó en un primer momento que estaba teniendo un aborto espontáneo de un feto de aproximadamente 20 semanas. Belén le informó que desconocía estar embarazada,  posición que repitió en todas sus declaraciones.
Luego, la jefa de parteras, Marta Monje, por orden del doctor Martín acudió con la agente policial Marcela Sueldo a los baños “a la búsqueda del producto que habría expulsado” la paciente. En un baño del hospital encontraron un feto, automáticamente nombrado por médicos/as, policías y funcionarios judiciales como “hijo” de Belén, sin tener ninguna prueba sobre ello. Así consta en el expediente judicial. Marta Monjes declaró que cuando acudió al baño donde encontró el feto estaba dentro el personal de limpieza del servicio sanitario”.
La defensora oficial, sin tiempo para preparar su alegato, argumentó la inimputabilidad de Belén, producto de un trauma post parto. Los jueces tomaron esa defensa como una admisión del aborto que Belén siempre negó: “No sabía que estaba embarazada” declaró desde el primer día.
Hoy Belén es defendida por la abogada Soledad Deza, de la asociación Católicas por el Derecho a Decidir.
“Un fallo sin pruebas”
Las diez organizaciones que se presentaron como amicus para exigir su liberación son:

  • Abogados y Abogadas del NOA en DDHH y Estudios Sociales (ANDHES).
  • Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH).
  • Asociación de Abogados de Buenos Aires (AABA).
  • Asociación de Derecho Penal (APP).
  • Amnistía Internacional (AI).
  • Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
  • Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM).
  • Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA).
  • Innocence Project Argentina (IP Argentina).
  • La diputada nacional del Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT) Soledad Sosa, en representación de referentes políticos, sindicales y de derechos humanos.

“Las pruebas fueron escasas y contradictorias”, resumió Marta Alanís, de la Asociación Católicas por el Derecho a Decidir, en la sede de la AABA, donde se realizó la conferencia para anunciar esta presentación. “Por un lado consignan que el feto es masculino, pero líneas más abajo dicen que es femenino. También, que ella ingresó al Hospital después de que el feto fuera encontrado”.
No es la única irregularidad. La abogada Soledad Deza había explicado cuáles son los derechos que habían sido violentados: “Toda mujer que llega con un aborto en curso o que –como Belén- tiene un aborto en un hospital, sea provocado o espontáneo, está protegida por la confidencialidad de la relación médico-paciente que impide a todo el equipo de salud denunciarla”.
La historia clínica de Belén registra todas las intervenciones policiales y judiciales dentro de la relación médico paciente. “Son múltiples las fuentes jurídicas que ratifican que el derecho que asistía a Belén en marzo de 2014 fue violado”, citó la doctora Deza:

  • En 1966 en el Plenario de Cámaras Penales en Argentina que se conoce como Natividad Frías, el Poder Judicial indicó que el secreto profesional prevalece por sobre la obligación de denunciar delitos que tienen los profesionales de la salud.
  • En 2010, el fallo Baldivieso de la Corte Suprema de la Nación indicó que los datos que se obtienen en el marco de una relación médico paciente no pueden ser revelados y usados contra el paciente.
  • En octubre de 2015, el juez de Instrucción de la III Nominación del Poder Judicial de la provincia de Tucumán, Francisco Pisa, determinó que no puede usarse la historia clínica en contra de la paciente precisamente por la obligación de guardar secreto en el caso local conocido como María Magdalena y sobreseyó a la acusada porque fueron sus médicos quienes la denunciaron.

En un debate convocado por la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja, Deza había descrito la violencia que sufrió Belén desde todos los ámbitos del Estado: la salud pública, la policía, la Fiscalía, la Defensa Pública y, finalmente, los jueces. La abogada subrayó la violación al secreto profesional de los profesionales de la salud que, ante la pregunta de la policía, entregaron la historia clínica de la joven. A su vez, sostuvo que los jueces reprodujeron esta violación al citar a los médicos a declarar sin que hayan sido relevados por la chica de su secreto profesional. Deza también puntualizó en la falta de defensa técnica: mientras Belén siempre sostuvo que nunca supo de su embarazo, la defensora pública designada por el Estado alegó inimputabilidad por el estado puerperal.
Alanís: “Fue un fallo sin pruebas”.
“Inmediata liberación”
El director ejecutivo del CELS, Gastón Chillier, valoró la articulación de las diversas organizaciones de derechos humanos en la presentación de amicus. “Es un caso de violencia institucional a la mujer”, remarcó, y citó las observaciones finales del Comité de Derechos Humanos de la ONU, que incluyó el caso de Belén como uno de los “principales motivos de preocupación”ante diversos problemas estructurales y medidas recientes del Estado argentino que considera de “impacto regresivo”.
Uno de ellos es el caso de esta mujer violentada por todos los estamentos. Dice la ONU: “El Estado debe revisar el ´caso de Belén´, a la luz de los estándares internacionales en la materia, con miras a su inmediata liberación, y a la luz de este caso, considerar la descrimininalización del aborto”.
Además, el Comité exige al Estado:

  • “Revisar su legislación sobre el aborto, incluyendo su legislación criminal, en particular mediante la introducción de excepciones adicionales a la prohibición del aborto, inclusive cuando el embarazo es producto de una violación sexual, sin importar la capacidad intelectual o psicosocial de la mujer”.
  • “Asegurar que todas las mujeres y niñas puedan acceder a los servicios de salud reproductiva en todas las regiones del país y que las barreras legales, el ejercicio de objeción de conciencia por parte de los trabajadores de la salud y la falta de protocolos médicos no obliguen a las mujeres a recurrir al aborto clandestino que pone su vida y su sald en riesgo”
  • “Multiplicar y asegurar la aplicación de programas de educación y sensibilización a nivel formal (escuelas y colegios públicos y privados) e informal (medios de comunicación y otros) sobre la importancia del uso de anticonceptivos y los derechos a la salud sexual y reproductiva”.

Si bien el Comité destaca el fallo FAL de la Corte Suprema (que reafirmó el derecho de las mujeres a interrumpir su embarazo de acuerdo a todas las circunstancias previstas por la ley), advierte que su aplicación “no es uniforme” en el Estado (por ejemplo, Tucumán no adhirió al protocolo) y expresa su preocupación “por los altos índices de abortos clandestinos que han resultado en mortalidad materna”.
Además, el Comité “lamenta la persistencia de las deficiencias en la aplicacicación de la Ley Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, la insuficiencia de presupuesto asignado para su implementación y la falta de implementación del Plan Nacional que allí se establece”.
La condena moral
Natalia Gherardi, directora ejecutiva del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, subrayó que la violencia que sufrió –sufre- Belén “no es un caso aislado, sino que es parte de un sistema estructural” de violencia hacia las mujeres. Paola García Rey, de Amnistía Internacional Argentina, puntualizó sobre la “responsabilidad de los médicos” y “el miedo de acudir al servicio de salud” que genera sobre las mujeres la violación del secreto profesional: “Además, ¿qué hace la policía dentro del hospital?”.
La diputada nacional del FIT Soledad Sosa contó que pudo visitar a Belén en la cárcel, quien agradecía la difusión de la causa. “Hay una diferencia de dos meses hacia acá respecto a ella: tiene otra actitud ante la vida. Dice que que cuando salga quiere ir a las guardias nocturas para que a ninguna otra chica le pase esta condena. Ella es una chica que trabaja desde los 14 años y lo primero que tuvo en el hospital fue una condena moral”. Sosa remarcó la incidencia del clero en Tucumán, y dijo que Belén tuvo la visita de un cura a los cinco días de estar presa: “La llevó a una charla en una sala de neonatología”.
Adrián Martín, de Pensamiento Penal, focalizó en la selectividad penal de la justicia: “Encarcela a los mismos y a las mismas de siempre”. Alanís profundizó: “Hay un pacto patriarcal: justicia, policía y salud”. Todas las organizaciones convocaron a una conferencia de prensa en Tucumán para el 28 de julio: ese mismo día se reunirá allí el Consejo Federal de Derechos Humanos. Desde el CELS, sostuvieron: “La política penal del Estado argentino mantiene una matriz discriminatoria que condiciona el acceso a los derechos humanos de las mujeres jóvenes y pobres. En la Argentina el aborto inseguro es un grave problema de salud pública, que implica riesgos para la salud y la vida. En los últimos treinta años, las complicaciones derivadas de abortos inseguros son la primera causa de mortalidad materna. En base a estas desigualdades, insistimos en la necesidad de aborto legal, seguro y gratuito”. El proyecto fue presentado por sexta vez el 30 de junio con 34 firmas de diputadas y diputados de la mayoría de los bloques parlamentarios (https://www.lavaca.org/notas/aborto-primera-parada-legislacion-general/).
“Muchas gracias por hacer que mi lucha sea la de ustedes”
Durante el juicio oral, Belén le había dicho a los jueces:
“Antes que nada les quiero decir que yo no sabía que estaba embarazada. No me pueden decir semejante atrocidad. ¿Cómo pueden decir que corté el cordón? Es imposible cortar un cordón: yo presencié el parto de mi sobrino. ¿Dónde hay un ADN que diga que es mi hijo? ¿Y dicen que hice eso? Yo no hice daño a nadie. ¿Dónde están las pruebas que digan que soy una asesina? Me acusan sin pruebas. Yo no maté a nadie. Estoy mal, destrozada, pido que me tengan piedad. Es injusto lo que están haciendo. Es injusto lo que dicen de mí. No me pueden acusar de semejante cosa. Denme la oportunidad de estar con mi familia. No aguanto más. No doy más”.
Al término de la presentación de los amicus, Marta Alanís leyó una carta que la propia Belén escribió desde la cárcel:
“San miguel de tucuman, 17 de julio. A todas las mujeres que luchan por mi libertad y a las organizaciones que piden por mí, quiero agradecer de todo corazón lo que están haciendo. Estuve mucho tiempo sola, muy sola, y ahora siento la fuerza de mucha gente que me acompaña. Tengo fe en que pronto se va a hacer justicia para mí. Me enteré por mi defensora que las Naciones Unidas están pídiendo que me dejen libre y eso me da mas esperanzas. Hace 2 años y 4 meses que no puedo estar con mi familia. Eso es lo que más lamento, que me hayan separado de ellos. Extraño mi casa y mi vida de antes. Pero siento que ya falta menos. Me llegan los mensajes de la gente y todas las cosas que están haciendo desde afuera para que yo este libre. De todo corazón. muchas gracias por hacer que mi lucha sea la de ustedes”.

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Bloqueo a Vaca Muerta de comunidades mapuche y pobladores de Añelo que buscan dos cosas: derechos y agua

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Esta semana hubo cinco cortes a los principales yacimientos de fracking, organizados por el pueblo mapuche de Vaca Muerta en reclamo de relevamientos territoriales ya acordados que permitirían además el reconocimiento de 14 comunidades. El bloqueo se agregó a los cortes de ruta de pobladores de Añelo (localidad central en el área de explotación) que reclamaban por la ausencia de agua. Jorge Nawel, de la Confederación Mapuche de Neuquén dice a lavaca: “Estamos contra la fractura hidráulica porque sabemos lo que genera, como lo saben los países la prohibieron como Francia, Inglaterra, varios estados de los Estados Unidos, que sin embargo mandan sus empresas para que hagan el fracking aquí”. Los efectos reales de la “inversión extranjera” y el negocio de las empresas que solo son rentables si tienen subsidios estatales.

Esta semana las comunidades mapuche de la zona de Vaca Muerta bloquearon los cinco principales yacimientos de fractura hidráulica. A ese conflicto se sumaron los cortes de rutas protagonizados por vecinas y vecinos de la ciudad de Añelo, desesperados por la ausencia de agua, entre otras cosas.

Jorge Nawel, logko (autoridad política) de la Confederación Mapuche de Neuquén planteó a lavaca el panorma y derribó los mitos publicitarios sobre los supuestos beneficios del fracking.

“La situación empieza por tres grandes temas pendientes. Por un lado la obligación de Consulta Libre e Informada a los pueblos originarios, tema refrendado por Argentina en los tratados internacionales. Estamos todavía discutiendo un articulado que es el que le dará forma al proceso de consulta sobre cualquier actividad que se haga en territorio indígena”.  

“Por otra parte la necesidad de las personerías jurídicas de las comunidades, que no tienen ese reconocimiento por parte del Estado. Es una deuda que el Estado no termina de resolver”.

“Y el tercer tema es el relevamiento de las tierras, porque si no tenemos delimitados los territorios, ¿a quién van a reconocer?”.

¿Un pueblo originario es un club?

Sostiene Nawel que el tema de la consulta está cerca de poder resolverse tras cuatro meses de negociaciones para el establecimiento de un protocolo de 15 puntos ante cada proyecto que pretenda realizarse en territorio indígena. “Posiblemente la semana próxima podamos dar buenas noticias”.

Le da especial importancia, también, a la cuestión del registro “porque saca a las comunidades de la órbita de una simple asociación y les da el estatus que corresponde, con una personería que es carácter público, no privado. Eso significa que una comunidad no tiene control del Estado ni es tratada como como si fuese un club o una asociación, sino que se trata de un pueblo. No es parte de la órbita privada sino de la pública”.

¿Y por qué el bloqueo? “Principalmente por el tercer tema, el del relevamiento territorial. Se formó un equipo técnico, jurídico y catastral hace más de un año para concretarlo, pero notamos animosidad oficial contra las comunidades de Vaca Muerta porque somos las que protestamos y nos movilizamos. Ese mismo equipo existe como respuesta a una de las acciones directas que hicimos en 2021. El equipo lo forman Nación y Provincia, pero nunca funcionó como corresponde y en más de un año no hubo relevamiento de una sola de nuestras 14 comunidades en esa zona. Por eso decidimos bloquear Vaca Muerta”.

Llamar la atención vs embarrar la cancha   

El bloqueo se concretó el lunes pasado, 28 de noviembre. “Cerramos el acceso a los cinco yacimientos más importantes en los que trabajan empresas como Techint, YPF, Shell, Tecpetrol y Pluspetrol, entre otras. Eso significa ingresar a las 5 de la mañana antes del turno que empieza a las 6. Se arman colas de 200 camiones y máquinas de la industria, o más, que no dejamos que circulen”.

El fondo del tema, según Nawel: “Es la única manera de llamar la atención de un gobierno al que la protesta social no le va ni le viene, y te lo digo porque hay protestas y reclamos todos los días, y una total indiferencia oficial frene a eso”.

“Lo único que hace que te presten atención es cuando le tocas la matriz económica que es la explotación de Vaca Muerta. Somos conscientes de eso y cada vez que queremos ponernos en una posición firme tenemos que bloquear la producción”.

La acción mapuche logró llamar la atención: “Convocaron a un diálogo y se planteó crear un equipo especial que resuelva la cuestión del relevamiento territorial. Hay que ver si el gobierno cumple su palabra. Lo que estamos reclamando es que se cumplan las leyes”.

Funcionarios y medios, sin embargo, plantean que el trasfondo del reclamo mapuche es la búsqueda de un beneficio económico. Responde Jorge Nawel: “Es el argumento cuando el Estado quiere confundir las cosas. Plantea un trasfondo económico, peero vos ves las demandas que hacemos, ninguna tiene carácter económico sino de derechos. Carácter político y de respeto a los derechos”.

“La Consulta es algo que está normado desde 2001. Que se reconozca a las comunidades es algo que está escrito en las constituciones de Nación y Provincia. El relevamiento de tierras está ordenado por la Ley 21.160. O sea que estamos reiterando viejas demandas que jamás se responden. Una forma de ensuciar y embarrar la cancha es darle a lo que reclamamos un carácter económico, cuando en realidad les estamos diciendo que cumplan las leyes: cumplan con lo que ustedes mismos aprobaron”.

Progresismo y felicidad extractiva

El debate sobre el modelo extractivo del cual el fracking es apenas una muestra, incluye de modo cada vez más entusiasta a sectores que se autoperciben progresistas que pregonan avanzar con un tipo de modelo que lleva más de 500 años no excesivamente exitosos en el continente.

Reconoce Jorge: “Vaca Muerta es sin duda una salvación económica, pero ¿de quién? Para nosotros, para la sociedad, es una fuente de saqueo de recursos naturales, de empobrecimiento social y de contaminación de todo tipo”.

“Sin embargo es cierto que es una salvación económica para las corporaciones, que pueden derivar a sus casas centrales millonadas de dólares de manera permanente. Argentina lo único que hace es darles prebendas, subsidios, beneficios impositivos, para que el señor inversor no se vaya y siga explotando la meseta y la tierra mapuche”.

Nawel advierte: “Todo ese contagio de felicidad y bienaventuranza para nosotros es una absoluta farsa. El fracking solo les da ganancias a las empresas. La propia industria del fracking ha planteado en distintos informes que la actividad no es rentable sin la cantidad de subsidios y prebendas que le da el Estado. Lo más grave para nosotros –y debería serlo para la sociedad– todo se hace a costa del ambiente, la salud y la seguridad de la población”.

La descripción: “El fracking genera un enorme impacto ambiental por las toneladas de basura que genera, por el tema de los sismos (debidos a las excavaciones), por los millones de litros de agua que consume en una zona árida como la nuestra. La industria no se ocupa no responde porque si tuviera que hacerse cargo de los costos ambientales y sociales, ya no sería rentable. Por eso es una farsa”.

Lo prohibido y la deuda

El rechazo mapuche, según Nawel: “Rechazamos el fracking desde el primer día porque sabemos las consecuencias que genera. Es el mismo conocimiento que tienen los países del primer mundo que por eso lo prohíben, como Francia, Gran Bretaña, varios estados de los Estados Unidos, y Colombia también se sumó a una moratoria”. La moratoria es el modo de dejar en suspenso cualquier aprobación a la actividad, un modo elegante de prohibición. De todos modos en Europa se sumaron Alemania, Bulgaria, Italia, Suiza y República Checa.  

“El fracking solo es rentable si los Estados subordinados, empobrecidos, entregados, renunciando a su soberanía permiten que esas multinacionales ingresen”.

¿Y cómo ven a los funcionarios? “Lo que pasa es que esto es un cúmulo de errores de políticos cortoplacistas que al subir solo pensaron en terminar su mandato y ganar reelecciones en lo posible, y para eso capturaron el recurso era el petróleo y lo dilapidaron. Neuquén es una provincia petrodependiente desde hace décadas”.  

“Los políticos piensan siempre en el corto plazo, nunca pensar en la sociedad, en el futuro, en las nuevas generaciones. Pero es increíbe: ya en 1956 la constitución de Neuquén decía que toda la renta petrolera que se obtuviera no debía ser utilizada en gastos comunes, que es lo que hoy se hace para sostener el aparato del Estado y el empleo púbico. La renta debía reinvertirse en la búsqueda de energías alternativas para romper la dependencia del petróleo, que ya en ese momento se veía que era una industria con impacto ambiental y no sustentable. Esa inversión de renta en la búsqueda de energías alternativas nunca se hizo. Nunca”.

Jorge relaciona el tema con el de la deuda externa: “El país, por sus políticos, queda preso de una deuda escandalosa que exige acumular dólares para pagarla. Pero la última beneficiada de todo esto va a ser la población Y los primeros benericiados van a ser los dueños de la deuda externa y las empresas que obtienen ganancias vergonzosas que giran al exterior, a sus casas centrales. Las migajas quedan para la población y sobre todo queda un impacto que va a convertir a a estas tierras en un cementerio si todo sigue así”.

¿Agua o petróleo?

La tremenda propaganda alrededor de Vaca Muerta, sus inversiones, sus ganancias, podría inducir a pensar que la provincia, o al menos las localidades cercanas a la explotación, están pasando épocas de bonanza (sea lo que sea que tal cosa signifique).

Nawel informa: “Cuando hicimos el bloqueo se sumó el propio pueblo de Añelo que hace días no tiene una gota de agua en la canilla. Es más. Nosotros levanamos el bloqueo cuando empezamos a obtener respuesta, pero ellos siguieron hasta el miércoles. Y solo reclamaban agua, ¿te das cuenta? Están planteando obras que permiten llevar agua desde el río Neuquén para las empresas, y el pueblo supuestamente beneficiado no tiene ni agua. Esa es la realidad. Neuquén es una provincia endeudada con la banca internacional y el Estado nacional, y nos venden todos los días titulares hablando de un ritmo acelerado de Vaca Muerta o de aumento de la producción”.

La contracara: “Lo que se ve en la práctica es que lo que aumentó es la pobreza, el endeudamiento de la provincia, y Añelo, que era la Dubai argentina, no tiene ni agua”.

La situación: “Hacen tanta propaganda y hay una crisis tan grande, que todos los los días llegan familias a Neuquén con la expectativa de conseguir un trabajo digno en esta supuesta gran gallina de los huevos de oro. Como no lo logran, porque la industria es muy selectiva, se van incrementando las periferias urbanas con familias empobrecidas. Si esa es la salvación del país, estamos en problemas”.

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16va Marcha de la Gorra: “Ocupar las calles: Libres o nada”

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Ayer, martes 29 de noviembre se llevó a cabo la 16va edición de la Marcha de la Gorra en la ciudad de Córdoba. La reconocida marcha contra el gatillo fácil y la violencia institucional sucede a dos semanas de conocerse públicamente -en el marco del juicio por la muerte del adolescente Blas Correa- los mensajes intercambiados por Whatsapp entre el ex Ministro de Seguridad Alfonso Mosquera y el ex comisario Gonzalo Cumplido en el que manifestaban su preocupación por las repercusiones que provocaría la muerte de “un rubito” “de clase media”. Conversación mantenida a primera mañana de los 6 disparos de la noche de agosto del 2020.

Por Bernardina Rosini

desde Córdoba

Tal vez resuene fuerte fuera de la provincia, pero en la calle no causó ningún escozor.

Soledad Aciar, la madre de Blas, ausente en la marcha, hace unos días refirió sobre los policías locales «disparan sus armas como si estuvieran jugando en la Play”.

No se mencionó el indignante intercambio entre los ex funcionarios en la tarde de ayer, pero sí se mencionaron las 9 horas que estuvo encadenada la mamá de Rodrigo Sánchez en las rejas de Tribunales. Ella, Gabriela Sanso, tomó el micrófono y fue dura contra la justicia y los uniformados azules. “7 años sin que avance la causa, sin respuestas, sin que me digan nada», dijo. «No puede ser que nos tengamos que encadenar para ser escuchados. Mataron a mi hijo por la espalda, 17 años. Ellos sueltos mientras que a mi hijo no le dieron oportunidad. No dan oportunidad de vivir, fusilan”. Sólo tras haberse encadenado, la Fiscalía General la recibió y se comprometió con la resolución de la causa.

Se suceden madres en el micrófono que relatan y enumeran, una vez más, todas las atrocidades del mecanismo de impunidad: disparos por la espalda, fiscalías inertes, investigaciones nunca iniciadas, encubrimientos, argumentos y declaraciones tan burdas, tan contradictorias, tan absurdas. Dolor y nudos de bronca.

Unxs pibes con la cabeza cubierta escalan por el frente de un edificio y hacen la primera intervención de la marcha: pincel en mano y pegamento, dejan el rostro y nombres de algunos los muertos Franco Amaya, Sergio Cuello, Juan Alarcón, Pichón Escobay. Podrían cubrir todo el frente. Sólo en los últimos dos años se contabilizan 10 casos fatales en manos de la Policía de Córdoba. Con esta preocupación la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Córdoba (APDH Córdoba) solicitó al Gobernador Juan Schiaretti una audiencia con “carácter de urgente” en el mes de agosto. Entrando en diciembre, con el expediente dormido, el gobernador no se da por notificado.

Difícil eludir la sucesión de los casos, y la crisis de la institución policial. En los primeros seis meses de 2022 un total de 218 uniformados fueron apartados de sus trabajos debido a que quedaron bajo la lupa del Tribunal de Control Disciplinario de las Fuerzas de Seguridad de Córdoba. El 88,2% corresponden específicamente a efectivos de la Policía de la Provincia, y según el Tribunal en la gran mayoría de los casos, los desplazamientos de personal fueron por sumarios motivados por denuncias de violencia de género, seguidos de mal desempeño y violencia institucional.

Casos que han logrado relevancia y aparecer en las agendas de los medios nacionales: Blas Correa es uno, el femicidio de Cecilia Basaldúa es otro. Este último  tiene policías señalados por la familia, confesiones logradas mediante aprietes, encubrimiento y un juicio forzado contra un joven inocente. Pero aún sin dar con el autor material.

Difícil desentenderse también de la fuerza y el sentido que moviliza la Marcha de la Gorra en Córdoba. No atender a los fuegos, la danza y la ceremonia a metros de la Legislatura, rodeada de vallas y un puñado de policías. Las familias prenden velas dispuestas en la calle formando una figura hecha de bidones de agua, flores de santa rita, naranjas y manzanas. 

 “Libertad para ocupar las calles y habitar y circular por nuestros montes”. Se escucha en los parlantes, ampliando los límites del transitar urbano pero también señalando que las políticas violentas, extractivistas, excluyentes son comunes. Acá y un poco más allá. Que son múltiples los derechos arrebatados. “Que no nos quiten crecer en las calles, ni las noches en la plaza ni las tardes de río”. El final de la marcha es un abrazo, la canción que la cantante Sara Hebe escribió inspirada en la marcha, sintetiza el deseo:

“No encuentro mejor manera de aguantar este embretao

Que imaginarme suelto, vivo y enamorao”.

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#NiUnaMás

Hoy es el día para luchar contra las violencias, y mañana también

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Este informe del Observatorio Lucía Pérez dimensiona la cartografía de la violencia patriarcal, con la esperanza de encontrar una forma de prevenirla y erradicarla. Los pies en la calle contra las violencias. Y lo que hay que cuidar: la vida. 

300 femicidios y travesticidios: uno cada 26 horas
339 marchas para exigir justicia: una por día
211 infancias huérfanas: no hay forma de dimensionar lo que esto significa.
En los padrones públicos y de libre acceso de nuestro Observatorio podés encontrar toda la información que hay detrás de estos números. Está actualizada diariamente e incluye hasta la fuente de donde surgen los datos, que permanentemente chequeamos y renovamos caso por caso. En total, el padrón de femicidios y travesticidios ya suma 4.177.
También llevamos padrones públicos de tentativas de femicidios, desaparecidas, violaciones, denuncias registradas por provincia y funcionarios denunciados por violencia de género.
Día a día y desde hace más de una década bordamos así esta cartografía de la violencia patriarcal con la esperanza de encontrar una forma de prevenirla y erradicarla.
Periódicamente junto a las familias víctimas de estas violencia analizamos lo que esta información representa hasta descubrir algunas claves. Por ejemplo, aprendimos a diferenciar los femicidios y travesticidios generados por las violencias parentales de aquellos generados por la impunidad territorial, donde el dominio narco genera las condiciones necesarias para arrasar con la vida de mujeres y trans. El ejemplo más cruel es Rosario, que este año ya suma 50 mujeres asesinadas por una violencia territorial que cuenta con la necesaria complicidad de policías y servicios penitenciarios, es decir el Estado. Obtener justicia en estas condiciones es algo negado de por sí y precisamente por ello, lo que alienta la continuidad de estos crímenes.
La forma de construir justicia, entonces, sigue siendo la que nos legaron Madres y Abuelas: con los pies en la calle. Los datos son claros: este año hubo una marcha por día gritando “Ni una más”.
Lo que representan estas movilizaciones que sacuden las periferias en todo el país no es fácil percibirlo desde la centralidad porteña, capturada por la parálisis y el vaciamiento que los kioscos de género ejercen sobre el movimiento para contenerlo y disciplinarlo. Advertimos entonces: cuidado con “los cuidados”. Con esa etiqueta se vienen ahora los recursos, los discursos y los programas que pretenden catalizar las energías sociales hacia tareas de reparación de lo que precisamente el sistema enferma y rompe.
Nosotras no vamos a cuidar este sistema.
Nosotras no vamos a sanarlo, ni a alimentarlo ni a criarlo.
Nosotras vamos a sacudirlo hasta que caiga.
Y lo vamos a hacer bailando, gritando y conspirando el 25 de noviembre, día internacional de lucha contra la violencia patriarcal, y también al día siguiente, y al siguiente, y más.
Nosotras nos organizamos y reunimos para cuidar lo que hoy está en riesgo: la vida.

Los padrones públicos y de libre acceso se pueden ver en www.observatorioluciaperez.org

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