Nota

Alca para principiantes

Publicada

hace 22 años

25/10/2002

La abogada Laura Ramos resume en este documento qué es, para qué sirve y para qué no sirve el Area de Libre Comercio impulsada por los Estados Unidos en Latinoamérica. Una didáctica nota que advierte sobre los peligros de este ofensiva política y comercial que se ha convertido en prioridad norteamericana, tras el atentado del 11 de setiembre.

El ALCA: lo que dice, lo que calla, lo que oculta

El ALCA, un proyecto norteamericano

El Área de Libre Comercio para las Américas o ALCA constituye la expresión económica del proyecto anexionista e intervencionismo que lleva adelante los Estado Unidos en el hemisferio occidental bajo los lineamientos de la Doctrina Monroe (1823), retomados en la era post-soviética por el presidente Bush padre y sus continuadores en la Casa Blanca, y cuya versión popular se inmortalizó bajo la consigna: América para los Americanos. Varios documentos de agentes del Estado norteamericano dan cuenta de esta aseveración. En 1997, Albert Coll, ex primer vicesecretario de Defensa para Operaciones Especiales norteamericano señalaba claramente que, en lo económico, EEUU está interesado en promover el desarrollo general de América Latina en direcciones que sean congruentes con sus intereses económicos; específicamente en la implementación de políticas que mantengan los mercados latinoamericanos abiertos a los productos y capitales norteamericanos (citado por Calloni, 2001). En 1999, el gobierno norteamericano reconoció en un documento del National Security Council (Washington) que en materia económica está dispuesto a hacer lo que sea necesario para defender sus intereses, incluso a usar su poder militar en forma unilateral y decisiva para derribar barreras comerciales en el extranjero y crear puestos de trabajo en su territorio (citado por Bilbao, 2001). La ultraderecha republicana recomienda en el Santa Fe IV “El futuro de las Américas: Temas para el nuevo Milenio” (2001), una nueva avanzada sobre Latinoamérica, reconoce que el hemisferio occidental es un premio estratégico sin par, y que América del Sur lo es en recursos naturales, puntos estratégicos y potencial humano. Además sostiene que entre los elementos geoestratégicos importantes para la seguridad nacional de EEUU, es imprescindible que los recursos naturales del hemisferio estén disponibles para responder a sus prioridades nacionales.

Los claros intereses norteamericanos en el conjunto de la región hemisférica expresados en los documentos mencionados, una aproximación al proceso de negociación del ALCA y la lectura de su primer texto borrador, no dejan dudas sobre lo que este proyecto de acuerdo continental representaría para los EEUU en caso de cerrarse. Teniendo en cuenta la potencialidad que encierra para el coloso del norte la unidad regional en la lucha intercapitalista que sostiene con Europa y Japón, el ALCA se trataría de un instrumento decisivo para consolidar su poder hegemónico en el continente, erradicando definitivamente de él cualquier proyecto de desarrollo autónomo. Esto es lo único que puede esperarse de una “integración” que, acordada bajo el fundamentalismo de mercado, carece de toda dimensión político-institucional y social que posibilite, mediante la libre circulación de mano de obra y políticas de apoyo a los Estados de menor desarrollo relativo, la paulatina homogenización y convergencia de las condiciones económico-sociales de todos sus países miembros, o que mínimamente permita morigerar el impacto económico y social consecuente de su implementación. Por el contrario, se rige por el principio de igualdad pero entre desiguales: si EEUU aporta dos tercios del PBI y la mitad del comercio, ¿qué “integración” puede esperarse cuando la única estrategia prevista para contrarrestar la evidente asimetría con el Tío Sam se limita a una cuestión de plazos? (Se prevén plazos más largos de liberalización comercial para las economías más débiles) .

El ALCA, lo que dice: tendencias y consecuencias

Fue el presidente norteamericano Bill Clinton, el ferozmente criticado por la oposición republicana por la laxitud y negligencia con la que se ocupaba de las políticas domésticas (incluida toda la América), el catalogado de incapaz de comprender la complejidad del mundo post-guerra-fría así como de reconocer la continuidad de sus enemigos seculares -al punto de identificarlo con un ideólogo de izquierda o gramsciano-, quien convocó en 1994 en la ciudad de Miami, la Primera Cumbre de las Américas. A ella concurrieron los Presidentes y Jefes de Estados de todos los países del hemisferio, a excepción de Cuba, y en ella se lanzó el proyecto del establecimiento del ALCA. Año 1994 que arrancó con la entrada en vigor del Tratado del Libre Comercio de América del Norte (NAFTA) que nucleaba en una única región comercial a EEUU, Canadá y México. Año 1994 que despertó con la irrupción en el escenario global del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, de componente fundamentalmente indígena, luego de 10 años de reflexión en silencio en la Selva Lacandona. Los Zapatistas intentaron en vano advertir sobre las nefastas consecuencias que acarrearía ese acuerdo regional para los pueblos y los ecosistemas involucrados. De cualquier modo provocaron esa aún vigente inquietud planetaria por una democracia real y estimularon el lanzamiento de un programa colectivo de repudio internacional contra este intento de re-estipular las reglas del mercado mundial en el marco de la re-estructuración de la relación capital/trabajo -en franco detrimento de este último- que posibilitó la implosión de la Unión Soviética y el desarrollo de una nueva etapa del sistema capitalista, desde entonces, sin lugar a dudas, de alcance global.

En aquella Primera Cumbre para las Américas celebrada, como ya se mencionó, en 1994, el Plan de Acción aprobado contemplaba el establecimiento de un Área de Libre Comercio para las Américas en el que se fueran eliminando progresivamente las barreras a la circulación de bienes, servicios y capitales bajo la convicción de que “la inversión constituye el principal motor del crecimiento en el Hemisferio”, iniciándose las negociaciones de inmediato para concluirlas a mas tardar en el año 2005. Bajo el mandato de los Jefes de Estado y de Gobierno, la definición de los términos generales del ALCA quedó en manos de los Ministros de Economía y Finanzas de los países participantes.

Durante la Cuarta Reunión Ministerial (San José, 19 de marzo de 1998), los ministros iniciaron formalmente las transacciones, regularon su estructura y organización, establecieron 9 grupos de negociación sobre temas específicos y definieron los principios y objetivos generales que las guiarían. Estos últimos encierran claves hermenéuticas sobre el objetivo que viene a cumplir la suscripción de este acuerdo regional, entre los que queremos destacar:

El resultado de las negociaciones constituirá un compromiso único comprensivo de todas las áreas temáticas y de todos los derechos y obligaciones acordadas.
Será congruente con las reglas y disciplinas de la OMC e intentará mejorarlas cuando sea posible.
Los derechos y obligaciones deberán ser comunes a todos los países.
Todos los países deberán asegurar que sus leyes, reglamentos, y procedimientos administrativos estén conformes con las obligaciones del ALCA.

La primera versión de los borradores del ALCA fue presentada en la Sexta Reunión Ministerial (Buenos Aires, 2001) y una segunda versión se espera durante la Séptima Reunión Ministerial el 31 de octubre de 2002 en Quito. A continuación algunas de las tendencias y consecuencias que se pueden encontrar en los borradores.

Acceso a Mercados
Establece reglas para eliminar progresivamente toda barrera restrictiva al comercio (aranceles, barreras no arancelarias y medidas de efecto equivalente) en 10 años.
Limita la capacidad gubernamental de regular las relaciones económicas y sociales. Genera la desindustrialización nacional y la reprimarización de las economías industrialmente más débiles. Genera desempleo y precarización laboral.
Exige trato nacional y trato de nación más favorecida para productos extranjeros.
No contempla las diferentes capacidades relativas de negociación tanto en relación a los países intervinientes como en
relación a los pequeños y medianos agricultores y empresas.

Inversiones
Garantiza un clima de seguridad y estabilidad a las inversiones.
Posibilita la libre circulación del capital foráneo y su acceso al conjunto de los mercados en igualdad de condiciones con los capitales locales.
Permite exigir a los Estados compensaciones por cualquier acto de gobierno (expropiaciones directas, indirectas y medidas equivalentes), incluidas las leyes de interés público, que afecten sus ganancias potenciales.
Permite demandar a los Estados frente a paneles de arbitraje reunidos en secreto, pasando por alto los tribunales y las leyes nacionales.

Agricultura
Pone en peligro los programas que protegen la seguridad alimenticia nacional.
Estimula la concentración de tierras.
No respeta el derecho colectivo de los pueblos indígenas sobre sus territorios.
Pone en peligro la supervivencia de los campesinos. Genera migraciones rurales a las periferias de los grandes centros urbanos. Genera desocupación, baja de salarios urbanos (nominales y reales), marginalidad, pobreza y exclusión social.
Estimula la mega industria y la agricultura química intensiva.
Aumenta la dependencia de los productos agrícolas de Estados Unidos.
Pone en peligro las reservas de recursos naturales y la fertilidad de los campos.
Liberaliza en forma total y paulatina el mercado de productos agropecuarios. Las exclusiones se limitan a cuestiones de competitividad. No contempla el daño social.
Elimina progresivamente las tarifas agrícolas, las barreras no arancelarias y los subsidios a las exportaciones. Limita cualquier tipo de intervención estatal.

Derechos de Propiedad intelectual
Permite a las grandes corporaciones patentar materias orgánicas y monopolizar medicinas vitales.
No reconoce el derecho de los Pueblos indígenas a oponerse a que sus saberes colectivos sean convertidos en un artículo de consumo.
Restringe el derecho de los agricultores a guardar, usar y vender semillas tomadas de sus plantas.
No controla la producción y distribución de transgénicos.

Servicios
Asigna la prestación de servicios sociales tales como salud, educación, justicia, asistencia social, jubilaciones, telecomunicaciones, etc., al sector privado.
Recorta la facultad gubernamental de brindar prestaciones en forma gratuita. La prestación gratuita puede ser cuestionada como competencia desleal.
Liberaliza paulatinamente el comercio de estos servicios en toda la región.
Abre los mercados locales a empresas extranjeras.
Deja en manos de la rentabilidad la prestación de servicios básicos. La selección del prestador se rige por criterios estrictamente comerciales.
Pone en peligro la calidad y el acceso a los servicios sociales.
Atenta contra el derecho universal a acceder y gozar de los servicios considerados esenciales para el bienestar general. Genera exclusión social.

Compras del Sector Público
Abre los procedimientos de contratación del sector público (adquisiciones y obras) a firmas extranjeras en igualdad de condiciones con las locales.
Prohíbe la interferencia del gobierno para dar preferencia a una firma local.
Limita la evaluación de los proveedores a los criterios precio y calidad.
Restringe la capacidad de los gobiernos para usar los contratos públicos como instrumentos para promover metas sociales.

Solución de Controversias
Establece mecanismos de resolución supranacionales.
Excluye la participación de la sociedad civil.
Los procedimientos son secretos.
Los paneles son integrados totalmente por técnicos comerciales o financieros.
Se limita a controversias de carácter comercial y financiero. Excluye las contiendas laborales, sociales o medioambientales.

El ALCA, lo que calla: una ayudita para mis amigos

Sin embargo tres áreas claves de la vida de los pueblos no son tratadas en el marco de las negociaciones del ALCA: trabajo, medio ambiente y derechos humanos. La única mención relativa a estos temas es la recomendación (no obligatoria) a los países de no relajar los niveles laborales y medioambientales internos para atraer la inversión. Podría alegarse que existe tanto a nivel interno como a nivel internacional una profusa regulación en relación a estos temas, o que existen organismos regionales e internacionales que vigilan el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por los Estados en estas áreas. Sin embargo, frente al nuevo equilibrio Estado-Sociedad-Empresa que se verifica en esta etapa de transnacionalización de la economía a nivel mundial, todo el aparato jurídico vigente es obsoleto por ineficiente. Por un lado, el carácter transnacional de las empresas que lideran las inversiones y el comercio mundial y la volatilidad y ubicuidad de sus actividades genera serias dificultades para encuadrarlas en las normas y jurisdicciones nacionales, y, por otro, a pesar que existe una normatividad a nivel internacional, no existen en cambio jurisdicciones internacionales competentes para aplicar dichas normas directamente a las empresas (AAJ-CETIM, 2002). En otras palabras, la aplicación de las normas laborales, medioambientales y sobre derechos humanos en el marco jurídico vigente está en manos de la voluntad de los Estados o bajo su exclusiva responsabilidad directa o indirecta. La situación se torna muy difícil para los países dependientes de la inversión externa porque es el nivel de corruptibilidad (consentimiento por dinero) de los funcionarios uno de los mayores atractivos para la radicación de capitales. A nivel interno los tribunales locales son los que deben hacer prosperar las demandas contra las empresas transgresoras. Y los compromisos adoptados en los convenios o tratados multilaterales son asumidos por los Estados, por lo tanto las empresas no pueden ser demandadas, los Estados son los únicos que pueden ser juzgados. Es cierto que son responsables (tanto el Estado de origen como el receptor) por las transgresiones de las empresas radicadas o que operan en sus territorios (Deber de Garantía), pero será muy difícil alcanzar esas instancias, el tiempo juega a favor de estas empresas que están en permanente transformación ¿qué sucederá cuando finalmente un Estado sea encontrado responsable de una lesión laboral, social o medioambiental? En el mejor de los casos deberá indemnizar por los daños, lo que poco significa frente a esta clase de lesiones, muchas de las veces irreversibles. Mientras tanto la empresa ya recogió sus frutos y ya opera bajo otro nombre y en otra jurisdicción. Otro obstáculo se suma: el capacitado para demandar. Por lo general otro Estado o una comisión internacional que tenga esa función (así funciona a nivel hemisférico la Corte Interamericana de DDHH), así que el particular lesionado cuando finalmente alcanza instancias superiores tendrá que enfrentarse ahora con la corrupción internacional. Por ejemplo, en el marco de Naciones Unidas, por mandato de la Subcomisión de promoción y protección de los DDHH, actualmente sesiona el grupo de trabajo sobre las sociedades transnacionales con el objeto de hacer un seguimiento de la evidente proliferación de violaciones a los DDHH resultado de los métodos de trabajo y las actividades desarrolladas por este tipo de sociedades y de evaluar la impunidad de la que gozan, para, en base a ello, elaborar propuestas tendientes a controlar la situación. Hasta el momento el grupo de trabajo, en lugar de bregar por el encuadramiento de las empresas transnacionales en las normas internacionales y nacionales vigentes en materia de DDHH (civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, medioambientales, de desarrollo) y de lograr que respondan ante las jurisdicciones competentes en caso de transgresiones, se ha limitado a elaborar un proyecto de directrices para un código de conducta voluntario, el que establece que la auditoría y vigilancia de su cumplimiento quedaría a cargo de la misma empresa, para final
mente dejar en claro que todas sus cláusulas quedarían subordinadas a los intereses de las empresas. El proyecto significa legitimar y legalizar “un tratamiento de excepción, contrario a la igualdad ante la ley, a favor de la inmunidad e impunidad de las sociedades transnacionales y dar un paso atrás en la promoción y aplicación y desarrollo progresivo del derecho internacional de los DDHH” (AAJ-CETIM, 2002). Finalmente es importante mencionar que, sin poner en duda el avance significativo que representa la instalación de un Tribunal Internacional Penal (vigente desde el 1ro de julio de 2002 y al que EEUU ha negado sistemáticamente su adhesión) al permitir acusar y juzgar directamente a las personas por la consumación de ciertos crímenes (no a los Estados en calidad de garantes), su Estatuto sin embargo no contempla la posibilidad de establecer la responsabilidad penal de personas jurídicas privadas, como sería el caso de una empresa transnacional (Alejandro Teitelbaum, en AAJ-CETIM- FICAT, 2000). La omisión parece también significativa.

Ahora bien ¿quién frenará este poder dictatorial reconocido en el ALCA a las grandes empresas, cuando la flexibilización de las condiciones de inversión y la consecuente capacidad de moverse entre los diferentes países de la región sin otra restricción que la mayor o menor rentabilidad, enfrente a los trabajadores -ya bajo el poder disciplinador de la permanentemente en aumento tasa de desempleo y ya sumidos en la miseria- por un puesto de trabajo? En principio, en este sentido hay que destacar que la ausencia de normas relativas al medio ambiente y a los derechos laborales, responde a la resistencia de algunos países latinoamericanos los que, a diferencia de los EEUU más presionado por sus sindicatos y grupos conservacionistas, temen que el incumplimiento de las mismas pueda acarrearles sanciones comerciales. Estos países latinoamericanos encuentran fundamentos para su negativa en documentos elaborados por organizaciones con alto poder de influencia como el Banco Mundial, el que por ejemplo ha sugerido en uno de sus informes sobre las inversiones en México que se supriman los beneficios a los trabajadores (indemnización por despido, negociaciones colectivas, seguridad social, etc) porque impiden la radicación de capitales norteamericanos en el territorio, lo que obstaculiza la erradicación de la pobreza y de la inequidad (Arceo, 2002). En segundo término, los gobiernos serán flexibles en relación a las normas laborales y medioambientales porque corren el riesgo de que las empresas demanden al Estado por “expropiación” según la interpretación extensiva a medidas equivalentes prevista en los borradores. Nada exime a las regulaciones laborales, medioambientales y de DDHH del nuevo alcance hermenéutico del término.

En el caso de los sindicatos, tampoco es esperable una confrontación importante ya que justamente una de las condiciones más atractivas a la inversión es el aparato sindical integrado o con una dirigencia cooptada.

Con respecto a la OIT, debemos pensar que se trata de un organismo tripartito donde es de esperar que gobierno y sector empresario trabajen en colaboración en oposición a las demandas de los trabajadores. En segundo lugar, los mecanismos de vigilancia del cumplimiento de los tratados se despachan vía diplomática, esto es que no existen tribunales con capacidad para compeler a los Estados al cumplimiento de los compromisos asumidos, a lo que se suma que, en el caso de los procedimientos por violaciones, la cuestión adolece de la misma ineficacia que los mecanismos previstos para los DDHH, las empresas no pueden ser demandadas directamente. Y en definitiva, por qué deberíamos pensar que las empresas se ajustarán a las normas de la OIT, cuando no lo han hecho bajo condiciones menos permisivas?

El ALCA, lo que oculta: una negociación a espaldas de la sociedad

Si bien la decisión de establecer el ALCA fue tomada en 1994, recién en julio del 2001, luego de 7 años de conversaciones interestatales, los ciudadanos del continente accedieron al contenido de los debates y de los acuerdos ya alcanzados sobre los distintos tópicos negociados entre los países participantes. Hasta entonces el diseño de “integración” regional se había concertado a espaldas de la sociedad civil, sin su participación y sin siquiera su conocimiento, y en realidad así hubiera continuado si el Institute for Agriculture and Trade Policy, una ONG de Estados Unidos, no hubiera logrado “filtrar” el contenido del borrador del capítulo sobre inversiones y lo hubiera hecho público en su página web en abril del 2001. La publicación oficial del borrador de los nueve capítulos que componen el ALCA fue sorpresivamente decidida tres meses después. ¿Cómo negociar a todas luces un acuerdo que de ser implementado, evidentemente produciría profundos impactos negativos sobre los pueblos y ecosistemas en todo el continente? La confidencialidad de las negociaciones se explica si se consideran los principios rectores que las guiarían, que sus cláusulas sólo pueden igualar -o superar- los controvertidos compromisos globales ya alcanzados en la OMC (Organización Mundial del Comercio), y fundamentalmente, que sus prescripciones recogen e intentan expandir y profundizar las cláusulas más cuestionados del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA). El NAFTA encierra el germen de la transformación regional (y mundial) que se proyecta desde el país más poderoso del mundo cuando asume como propios intereses supranacionales: la legitimación y legalización de una nueva relación Estado/Sociedad-Empresa, donde el primer componente del binomio pasa a una posición de absoluta subordinación con respecto al segundo. Así, por ejemplo, según lo prevé el NAFTA (y reproduce el ALCA), los inversionistas extranjeros pueden demandar a los gobiernos nacionales una compensación a causa de leyes de interés público o regulaciones que puedan afectar sus ganancias por un innovador mecanismo de solución de controversias: los inversionistas pueden recurrir directamente a tribunales de arbitraje internacional que no gozan de legitimidad democrática dentro de cada uno de los países miembros, pasando por alto los procesos de jurisdicción interna. Este mecanismo es la herramienta mas poderosa con la que cuentan los intereses corporativos para eludir o evadir las políticas sociales, de desarrollo y de protección al medio ambiente vigentes a nivel interno (ASC, 2001C). Bajo la dictadura del NAFTA, los inversionistas ya han hecho un uso considerable de estos mecanismos para desafiar de manera agresiva una serie de leyes que interfieren con sus ganancias. Basta mencionar que la corporación Metalclad con asiento en EEUU, demandó exitosamente al gobierno mexicano una compensación cuando un gobierno municipal se rehusó a permitir que la empresa construyera un tiradero de deshechos tóxicos en la comunidad. El texto del borrador del capítulo de inversiones del ALCA incluye prácticamente los mismos lineamientos.

De hecho, hay evidencias para sostener que el ALCA es el proyecto de expansión y profundización de la experiencia del NAFTA a todo el continente. A pesar que durante sus ocho años de vigencia, el NAFTA ya ha probado las consecuencias negativas acarreadas a los trabajadores, la sociedad y el medio ambiente en México: la mitad de la población vive en la pobreza y el 20% en la indigencia; aumentó el índice de desempleo; subieron los precios; el trabajo informal corresponde al 50% del empleo actual; creció la deuda externa; aumentó el trabajo infantil; en la zona de las maquiladoras, el crecimiento de la polución y de los deshechos químicos ha aumentado dramáticamente las tasas de hepatitis y los defectos de nacimiento; la baja de impuestos a la importación de productos alimenticios provenientes de la industria agrícola norteamericana y canadiense, ha arrancado a miles de campesinos e indígenas de sus parcelas y tierras comunales para iniciar el camino hacia los Estados fronterizos del país del norte
y una vez allí asentarse en calidad de refugiados económicos, situación social (sin papeles o ilegal) que permite la sobreexplotación de su fuerza de trabajo. Aún así, los defensores del ALCA, basan sus argumentos en la ya evidentemente denostada “teoría del derrame”, según la cual el empoderamiento de las corporaciones transnacionales para que operen cuándo y dónde quieran, bajo las condiciones que consideren más favorables, impulsaría por sí mismo y automáticamente el crecimiento económico y el desarrollo social de los pueblos de todo el continente (ASC, 2001C). Con estas conjeturas, lo que intentan encubrir es lo evidente: que los gobiernos se lanzarán a competir entre sí por las inversiones transnacionales, únicas portadoras de desarrollo, ofreciendo ventajas comparativas tales como: falta de sindicatos independientes, impuestos más bajos, vigencia laxa de leyes ambientales, funcionarios corruptos, control social “duro” y mano de obra barata. Ventajas comparativas para las corporaciones y los elencos políticos, sociales e intelectuales integrados.

El ALCA, en definitiva

El ALCA, en definitiva, significa un nuevo avance sobre la libre determinación de los pueblos comparable con la etapa de conformación de los estados nacionales, es el eufemismo que encubre la cristalización a nivel hemisférico de la subordinación de “la política” a la rentabilidad de las corporaciones transnacionales. El ALCA consagra la irreversibilidad de las políticas neoliberales sugeridas por el Consenso de Washington y consolida a favor de los grandes capitales la actual correlación de fuerzas con los sectores populares. En este nuevo escenario, las empresas transnacionales comportan el andamiaje de la económica internacional en tanto estructuras de propiedad y producción sobre las que reposa la globalización (mientras en 1970, el número de transnacionales no sobrepasaba las 7.000 en todo el globo, en la actualidad superan las 40.000 con más de 250.000 filiales), y en este nuevo campo de poder, la enorme masa de capital que concentran les confiere una autoridad a nivel mundial sin precedentes, lo que en el campo jurídico se traduce en una dimisión de las facultades públicas de los Estados de controlar el impacto de sus actividades (García Picola, en AAJ-CETIM- FICAT, 2000).

En estas circunstancias, la cúpula empresarial mundial está predominantemente conformada por capitales norteamericanos. Sin embargo, en materia de inversión directa sus competidores europeos han ganado terreno en Latinoamérica durante las dos últimas décadas (hay quienes sostienen que la división de territorios está claramente acordada, Sudamérica para Europa, Norte, Centro y Caribe para EEUU) y su brecha externa es en la actualidad altamente deficitaria (Arceo, 2002). El ALCA en manos norteamericanas revertiría estas dos situaciones al contar ese país con las ventajas en materia de comercio e inversión a lo largo de todo el hemisferio de las que carecerían los otros centros de poder. Además el PBI de un ALCA donde EEUU ejerciera su poder hegemónico superaría en porcentaje al de la UE y Japón juntos. En definitiva, el ALCA, dominado por EEUU, viabilizaría la consolidación de su liderazgo hegemónico a nivel mundial. Desde esta perspectiva, el ALCA constituye la expresión económica del proyecto anexionista e intervencionista de EEUU en el hemisferio occidental en su indiscutible carrera por el imperio mundial.

Bibliografía

AAJ-CETIM-FICAT, Empresas Transnacionales y Derechos Humanos, CETIM, Ginebra, 2000.

AAJ-CETIM, Sociedades Transnacionales y Derechos Humanos, exposición presentada por escrito a la Subcomisión de Prevención y Protección de los DDHH en su 54 período de sesiones, Ginebra, julio, 2002.

Alianza Social Continental, Visiones opuestas para el continente, enero del 2002, www.asc-hsa.org

Alianza Social Continental, Alternativas para las Américas, 2001A, www.asc-hsa.org

Alianza Social Continental, Diez Razones para decirle No al ALCA, 2001B, www.asc-hsa.org

Alianza Social Continental, El proyecto del ALCA y los derechos de los Inversionistas “un TLCAN Plus”, 2001C, www.asc-hsa.org

Arceo, Enrique, ALCA. Neoliberalismo y nuevo pacto colonial, CTA, Buenos Aires, 2001.

ATTAC, Diez preguntas sobre el ALCA, Autoconvocatoria contra el ALCA, Buenos Aires, 2002.

Bilbao, Luis, “Estados Unidos alista un ejército para el ALCA” en Le Monde diplomatique, septiembre, 2001.

Calloni, Stella, “La Guerras de Baja Intensidad”, en Le Monde diplomatique, septiembre, 2001

Gratius, Susanne “El proyecto del ALCA visto desde Europa”, en Estudios sobre el ALCA, Santiago, Octubre de 2002, www.fes.cl

Santa Fe IV, “El futuro de las Américas: Temas para el nuevo Milenio”, www.geocities.com/proyectoemancipacion/ documentossantafe/documentos_santa_fe.htm

Temas:ALCA Economía Mercosur

Aquel dólar 1 a 1 y sus consecuencias

Vertbisky: Volver al futuro

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Detenciones injustificadas, golpes, humillaciones y persecución: la grave denuncia de las personas detenidas en la cacería de la Ley Bases

Publicada

hace 6 días

10/07/2024

Detenciones ilegales y acusaciones falsas. Patadas, palazos y balas de goma. Mujeres esposadas 15 horas en camionetas y pasillos, humilladas al ser desnudadas en celdas abiertas. Carceleros que tiran gas pimienta a los varones estando presos. Estas son algunas de las denuncias que exdetenidxs en la Ley Bases comunicaron en conferencia de prensa en el Serpaj, donde pidieron por la liberación de las cuatro personas detenidas, el rechazo a las apelaciones del fiscal federal Carlos Stornelli y el pedido de cierre de todas las causas. Además convocaron para este viernes una concentración con un festival en Plaza de Mayo, a un mes de la cacería, de 15 a 19.30 horas. Cómo viven hoy quienes estuvieron presos y qué dicen los abogados: “No hay elementos jurídicos para sostener esta barbaridad”. Y la voz de Emilia, pareja de Daniela, detenida: “Luchar no es un delito y estar organizados, tampoco”.

Por Lucas Pedulla

Gabriel Famulari tiene 41 años y está sin documentos. Saca de su bolsillo el papel que le dieron en los tribunales federales de Comodoro Py para su reemplazo: una hoja A4 doblada en cuatro partes que dice “Acta de excarcelación”. Hace casi un mes fue detenido en la cacería que el Gobierno desplegó con cinco fuerzas de seguridad distintas durante las protestas de la Ley Bases, y fue liberado por falta de mérito -es decir, por falta de pruebas- cinco días después por decisión de la jueza María Servini. Sin embargo, es una de las siete personas a quien el fiscal federal Carlos Stornelli apeló la excarcelación. No se enteró por su abogado -un letrado de la Defensoría oficial- sino por un mensaje de WhatsApp.

“Stornelli apeló mi libertad”, dice Gabriel a lavaca una vez concluida la conferencia que la Coordinadora Por La Libertad de lxs Presxs de la Ley Bases convocó en el Servicio Paz y Justicia (SERPAJ), para exigir la liberación de las cuatro personas que siguen detenidas: Daniela Calarco Arredondo, David Sica, Cristian Valiente y Roberto de la Cruz Gómez. Piensa Gabriel sobre esa apelación, que pesa sobre otras seis personas exdetenidas: “Somos nosotros como podría ser cualquiera, pero puntualmente somos gente que no está enrolada en organizaciones. Así hay más saña y por ahí piensan que, quizá, no tengas gente que salga a defenderte”.

Cuenta que, cuando lo llevaron al penal, en uno de los “interrogatorios ilegales” le preguntaron si estaba en alguna “orga”, de dónde era, en qué partido militaba. “Me rodearon un montón. Ese maltrato fue sistemático, porque te preguntaban siempre que podían. Y les dije: ‘Sabés que soy un perejil, porque si militara en algún lado ahora habría 500 personas afuera’”. Gabriel no milita en ninguna organización o partido, y el 12 de junio había ido tarde porque sabía que la ley se votaría de madrugada. “No estuve ni cuando tiraron los piedrazos. Sólo filmé una persona que estaban deteniendo en situación de calle. De hecho me subo a la vereda, tal como ordenaron los policías que estaban por la zona, y cuando me doy vuelta, sobre Callao, a media cuadra del Molino, escucho que dicen ‘ahora, ahora’, y me agarran por la espalda”.

Desde entonces no recuperó su DNI. En el penal le dijeron que estaba en la comisaría 28 y en la comisaría 28 le dijeron que estaba en el penal. “En la 28 protesté y, a los 10 minutos, vino alguien que me dio mi tarjeta de débito y mi SUBE, que estaba todo junto en la billetera junto con el documento. Ya no sé qué pensar”, dice, y es tan sólo una de las historias cuyas vidas cambiaron para siempre hace un mes, tras 33 detenciones al voleo.

Cuatro de ellas todavía siguen detenidas.

Detenciones injustificadas, golpes, humillaciones y persecución: la grave denuncia de las personas detenidas en la cacería de la Ley Bases — El flyer de convocatoria para el festival del viernes.

La barbaridad jurídica

La última persona liberada fue Facundo Gómez, el vendedor de cafés de Plaza Serrano (Palermo), a quien detuvieron mientras estaba hablando con su mamá. La noticia se conoció el jueves pasado, minutos antes de que comenzara la ronda de las Madres de Plaza de Mayo, que fue masiva. Al mismo tiempo las partes se notificaron de los rechazos de las otras cuatro excarcelaciones. La decisión la tomó la Cámara de Apelaciones con los votos en contra de Martín Irurzun y Eduardo Farah. “Los votos tienen nulo fundamento técnico-jurídico”, dice a lavaca Daniel Vázquez, abogado de Daniela. “El fallo dice, en líneas generales, que tanto ella como los que quedan presos podrían entorpecer la investigación estando libres. Planteamos que es una barbaridad. Los detenidos están en un penal, la totalidad de la prueba instrumental y documental son de cámaras del Gobierno de la Ciudad y medios masivos. No hay ningún elemento de prueba que pueda ser entorpecido por los detenidos”. El único juez que votó a favor fue Roberto José Boico.

Las partes tienen 10 días para apelar ante la Cámara de Casación Federal. “No hay elementos jurídicos para sostener esta barbaridad -sostiene Vázquez-. Es la expresión de un gobierno ultraderechista con prácticas violatorias de la Constitución y los tratados internacionales. Lo estamos afrontando en las calles y, jurídicamente, en los tribunales”. El abogado también defiende a Sofía Ottogali, la primera de las liberadas, otra de las apeladas por Stornelli. “La fiscalía no fundamentó absolutamente nada. No hubo ningún planteo nuevo, ni siquiera un adorno”. Todos los abogados ya presentaron los memoriales por sus represantados y representadas, que fueron elevados a la Cámara. “Podría y tendría que resolver hoy, pero tiene la potestad de tomarse cinco días”, dice Claudia Leaños, abogada de Sasha Lyardet, la joven estudiante de la UNSAM, otra de las apeladas.

Estos atropellos fueron presentados por familiares y exdetenidxs en el Serpaj, acompañados por organismos, legisladores y diputados de la izquierda y del peronismo. Otra de las que habló fue Emilia, pareja de Daniela y compañera en el MTR-Votemos Luchar (Movimiento Teresa Rodríguez): “Tuvimos la posibilidad de verla, y a pesar del contexto de mierda, la compañera está fuerte, entera, pero lo que principalmente la sostiene es que está organizada. Luchar no es un delito y estar organizados, tampoco”.

A Daniela la acusan de quemar bicicletas del gobierno de la Ciudad, aunque Emilia explicó a lavaca que esta acusación es falsa y dio su versión de los hechos. David Sica está en situación de calle, y lo acusan de pegarle a una policía, cargos que él negó. Roberto de la Cruz Gómez es empleado de una panadería, lo acusan de tirar piedras, delito que también negó. El último es Cristian Valiente, trabajador de una verdulería, a quien denunciaron por tener una granada de mano, pero en realidad era un aerosol químico de los que usan las fuerzas para gasear manifestantes. Su hermano Jonathan dijo a lavaca: “Lo acusan de terrorista pero carrea cajones de frutas y verduras 12 horas al día. Es una locura”.

Qué es la libertad: Ley Bases, detenciones y después

Las familias convocaron a una concentración con festival este viernes 12 de julio, a cumplirse un mes de las detenciones, en Plaza de Mayo. La cita es a las 15 horas y se extenderá hasta las 19.30. Habrá música en vivo con Sudor Marika, Paula Maffia, El príncipe idiota, La piba berreta, Saga.hfk, Flopa Lestani, Julio y Agosto (banda de Santiago Adano, uno de los exdetenidos) y La perra que los parió.

Compartimos el comunicado redactado por exdetenidxs y familiares, leído este miércoles en el Serpaj.

Somos un grupo de liberadxs de los 33 detenidxs el 12 de junio en la movilización en contra de la votación de la Ley Bases.

Nos detuvieron ilegalmente, mediante acusaciones falsas y violencia brutal de la policía, con patadas, palazos y balas de goma en algunos casos. Nos llevaron a distintas comisarías y alcaldías sin decir en ningún momento cuál era la causa de detención, sin poder hablar con un abogado/a, sin poder usar los celulares, sin ver a ningún familiar, mucho menos a un médico. Desoyendo pedidos de Habeas Corpus, vulnerando nuestros derechos más básicos.

Las mujeres estuvieron/estuvimos 15 horas en una camioneta y pasaron/pasamos la noche ahí esposadas, para luego pasar el segundo día en el pasillo de una comisaría sin agua y donde la policía no les/nos dio ni un plato de comida. Cuando la causa pasó a fuero federal, las/nos trasladaron a la Unidad 29 en el edificio de Comodoro Py, las/nos desnudaron una por una en una celda a puertas abiertas donde había tránsito de gente, en lo que fue una situación de humillación más para ellas/nosotras. Las que no fueron/fuimos excarceladas el viernes 14, terminamos en el Complejo Penitenciario de Mujeres de Ezeiza.

Los varones fuimos/fueron a tres cárceles de máxima seguridad: Devoto, Ezeiza y Marcos Paz. Algunos fueron puestos contra una pared y les tiraron gas pimienta en la cara. Convivimos con ratas, cables de electricidad sueltos en habitaciones inundadas habiendo riesgo de quedar electrocutados.

Cabe destacar que en todo momento, tanto en las comisarias como en los penales, se nos preguntaba insistentemente si formábamos parte de alguna agrupación política, que habíamos hecho o si tirábamos piedras, lo que constituye interrogatorios extrajudiciales que las fuerzas de seguridad tienen prohibido por ley hacer.

Queremos remarcar la situación de ilegalidad de todas las detenciones y el contexto de violencia institucional por el que pasamos porque creemos que tiene que ver directamente con una estrategia política de este gobierno, que no somos lxs primerxs ni vamos a ser lxs últimos, pero nos preocupa ver como la criminalizacion de la protesta está en escalada. Y al mismo tiempo que aumenta la represión, nos entristece ver como vacían los espacios de memoria y de DDHH tan necesarios para nuestra historia y el fortalecimiento de la democracia.

Desde que nos detuvieron sufrimos incontables delitos llevados a cabo por las fuerzas policiales y el personal del Servicio Penitenciario Federal pero ello no es nada comparado con el sentimiento indefensión que genera las irregularidades procesales de la causa por que:

No son peores las lesiones y amenazas, que los procesamientos que aún sufren David Sica, Cristian Valiente, Daniela Arredondo y Roberto De la Cruz Gomez, que siguen detenides después de casi un mes, y Facundo Gómez, excarcelado el pasado jueves.

No es peor ver las actas de detención ser llenadas horas después de las mismas y firmadas por el propio personal policial en lugar de ser firmadas por testigos, que las apelaciones de Fiscalía de las faltas de mérito de 7 personas de las que no hay ni una sola prueba.

No son peores los apremios ilegales, que la confirmación por parte de la sala del rechazo de las excarcelaciones de nuestros 4 compañeres. Todo este despliegue ilegal y antijurídico tiene un solo fin: amedrentarnos, hacernos creer que pueden hacer con nosotrxs lo que quieren.

Hoy en día toda esta estigmatización por parte del poder, desde que nos llamen terroristas que queríamos hacer un golpe de Estado hasta la privación de la libertad que aún continua en 4 casos, nos ha dejado secuelas. Muchxs de nosotrxs sufrimos persecución policial, política, laboral y mediática. Nos han amenazado y hostigado por redes sociales. Nos ha parado la policía para verdugearnos y hacernos requisa solo por mostrar el dni. Muchxs estamos con estrés post traumático que nos impide hacer nuestra vida normal, por lo que les pedimos que nos sigan acompañando hasta que se cierre este armado judicial.

Creemos que somos un ejemplo para mostrarle al pueblo que seas quien seas, hagas lo que hagas, si vas a protestar contra las políticas de hambre de este gobierno, sos un terrorista que puede terminar en un penal de máxima seguridad sin siquiera estar procesado. Tenemos claro que no fue contra nosotres, sino contra todes los que quieren seguir viviendo en libertad y democracia.

Por último, queremos agradecer la solidaridad de las redes humanas tejidas por distintas personas y organizaciones de todo el arco político, que se nuclearon en la Coordinadora por la libertad de los presxs de la Ley Bases. Aprovechamos para que se amplíe la convocatoria y se sumen más organizaciones porque entendemos, ahora más que nunca, que la unión hace la fuerza.

Vamos a seguir con solidaridad, amor, lucha y trabajo, mucho trabajo, teniendo el objetivo principal de la Liberación de Cristián, David, Roberto y Daniela y el sobreseimiento de lxs 33 imputadxs.

Como dijo nuestro compañero Facundo: nuestras convicciones están intactas y seguimos defendiendo el derecho a la protesta y luchando por nuestro lugar en las calles.

Para ello, queremos invitarlos el próximo viernes 12 de julio, a un mes de las detenciones, a concentrarnos en Plaza de Mayo a partir de las 15 y compartir el Festival Solidario #Faltan 4, organizado por la Coordinadora por la libertad de los presxs de la Ley Bases.

¡Libertad a todos lxs presxs politicxs!

¡Cierre de todas las causas !

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Nota

Télam: tras 130 días de acampe y lucha, los trabajadores vuelven a la agencia

Publicada

hace 6 días

10/07/2024

420 trabajadoras y trabajadores (de 700 al inicio del conflicto; alrededor de 300 tomaron retiros voluntarios) volverán a trabajar en una agencia dividida: el gobierno reconvirtió a Télam Sociedad del Estado en APE S.A.U., específicamente para el tema de la pauta oficial; y creó RTA Noticias bajo el paraguas de Radio y Televisión Argentina. “Claro que no es la empresa que queríamos, que no estamos de acuerdo con la división, pero volvemos a trabajar y eso se logró por la lucha colectiva y organizada”, dice a lavaca una de las delegadas del sindicato SiPreBA, que repasa la situación. El desgaste, las presiones, las y los compañeros que no están; la histórica agencia, que tampoco. Lo que se logró con la lucha: reconocimiento de antigüedad, del estatuto del periodista profesional, de los convenios colectivos y de la representación sindical. Y volver a trabajar. Lo que falta, y lo que empieza a partir de hoy.

Por Francisco Pandolfi

“Si se calla el periodismo, también se calla la vida”.

Esa inscripción pintada en un corazón de madera estuvo colgada durante cuatro meses en una de las carpas montadas en la puerta de la Agencia de Noticias Télam. Un medio público fundado el 14 de abril de 1945, que en sus 79 años intentó ser cerrado, privatizado y vaciado por gobiernos variopintos: peronistas, radicales, macristas y militares. Una agencia que se encargaba de dos actividades: por un lado la pata publicitaria, que distribuía la pauta oficial; por el otro la pata informativa, a través de una agencia de noticias federal con un alcance de punta a punta del país.

En la apertura de sesiones legislativas, el viernes 1º de marzo pasado, el presidente Javier Milei anunció por cadena nacional la promesa de “cerrar la agencia Télam”. Y cumplió, en un pestañear: el lunes 4, las dos sedes porteñas amanecieron valladas. Los trabajadores desde entonces no pudieron entrar a sus edificios y fueron “dispensados” de cumplir tareas.

Télam: tras 130 días de acampe y lucha, los trabajadores vuelven a la agencia — La postal del conflicto: la sede de Bolívar, vallada por la Policía. Al lado, los trabajadores montaron uno de los acampes. Foto: somostelam

Un paso importantísimo

La resistencia estuvo a la altura de los acontecimientos: ese mismo día, las y los trabajadores junto al Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), instalaron dos carpas en las puertas de los edificios de las calles Bolívar 531 y avenida Belgrano 347. La lucha colectiva se mantuvo, indeclinable. E instó a que cuatro meses después, el 1 de julio, el gobierno decretara la reconversión de Télam en APE S.A.U. (la Agencia de Publicidad Estatal Sociedad Anónima Unipersonal), que se encargará del eje publicitario. Las funciones periodísticas continuarán dentro de Radio y Televisión Argentina (RTA), en una agencia de noticias pública. Anteayer se sacaron las vallas y se levantó el acampe. El corazón de madera fue descolgado, cuidadosamente.

Hoy, 130 días después, los trabajadores de Télam vuelven a trabajar.

Un empleado de la agencia desde hace más de 15 años cuenta que el lunes, ni bien quitaron el vallado, entró al baño del edificio de Bolívar y se le “explotaron los ojos de tanto llorar”. Dice que prefiere no dar su nombre hasta firmar el nuevo contrato.

Andrea Delfino es una de las delegadas de Télam e integrante del SiPreBA. Le cuenta a lavaca que hace 34 años trabaja en la agencia, que es periodista en la sección economía. Ella fue una de las que anteayer ya firmó el nuevo contrato que la une a RTA Noticias. Detalla la situación: “Con la vigencia del DNU 70/2023, el gobierno reconvirtió a Télam Sociedad del Estado en APE S.A.U., que va a funcionar en el edificio de la calle Bolívar específicamente para el tema de la pauta oficial. Allí irán un centenar de compañeros, que ya trabajan en ese rubro. Cambia el nombre de la empresa, pero las condiciones laborales no se modifican”.

Sobre el eje informativo, explica: “Todos los demás, o sea periodistas, camarógrafos, reporteros gráficos, infografistas, empleados de administración, recursos humanos, comercialización, pasamos a formar parte de RTA Noticias, una nueva unidad de negocio que funcionará bajo el paraguas de Radio y Televisión Argentina, igual que Radio Nacional y la Televisión Pública. Nosotros trabajaremos en el edificio de Belgrano”. Al margen de los datos, abre el corazón: “Estamos dando un paso muy importante al volver a trabajar. Muy importante –remarca Andrea, con la u del “muy” extendiéndose en el aire por un par de segundos–. Claro que no es la empresa que queríamos, que no estamos de acuerdo con la división, pero volvemos a trabajar y eso se logró por la lucha colectiva y organizada”.

Radiografía de un vaciamiento

Como la relación de dependencia es con una nueva empresa, el lunes pasado se inició la firma de contratos, que continuará hoy y los próximos días. “Las condiciones son las mismas que teníamos hasta el 3 de marzo: se nos reconoce la antigüedad, el estatuto del periodista profesional, los convenios colectivos y la representación sindical de la Comisión Interna del SiPreBA para quienes somos delegados”.

Sin embargo, cambiaron muchos otros aspectos. Dice Andrea: “Dieron de baja el portal, la cablera y nos achicaron un montón en lo periodístico. En total éramos más de 700 trabajadores y quedamos 420 entre las dos empresas. O sea, hay 300 personas menos. Por lo tanto, habrá que hacer todo un reordenamiento de secciones, porque hay algunas que quedaron desmanteladas”.

Sergio Arboleya hace 30 años que trabaja en Télam, donde empezó como colaborador. Hace 15 que es editor de la sección Espectáculos. “Vengo usando la idea del milagro, porque en este contexto de ajuste salvaje, de recorte, de persecución en todo lo estatal, es una alegría haber sostenido el trabajo y en breve ya arrancaremos a producir noticias para la cablera de RTA. El aspecto milagroso se dio a partir de la resistencia, con tantos días de acampe, con una organización que realmente funcionó muy bien, con un manejo del SiPreBA que ha sido eficaz para lograr lo que parecía imposible: conservar los puestos de trabajo de aquellos que finalmente decidimos quedarnos”.

Respira profundo: “Esto resulta muy impresionante, pero no disimula la pérdida de un montón de colegas de enorme valor que se fueron un poco asustados por la política expulsiva de los retiros y que dejan un hueco enorme en la estructura periodística. Y también entender que la marca Télam, con esa simbología, con esa carga, ya no existe más. Hablábamos el otro día con un compañero sobre si podremos recuperar un poco el sentido de la agencia, en este nuevo lugar. Aún con las críticas que podía tener a sus gestiones y a nuestra propia falencia para plantarnos como colectivo de trabajadores a hacer realmente la agencia federal, plural, sabíamos que Télam funcionaba en una dimensión, con sus abonados en todo el país, con su red de corresponsalías que ahora han quedado prácticamente todas afuera”.

La gente que se fue lo hizo mediante retiros voluntarios que, semana tras semana, el gobierno nacional renovaba por decisión del ahora ex interventor de los medios públicos Diego Chaher (la semana pasada tomó su lugar el ingeniero aeronáutico y espacial Eduardo González). La delegada Delfino retoma: “Este conflicto tuvo mucho de psicológico, porque no hay nada peor que tener a la gente sin tareas; fue destructivo. Nos jugaron en contra muchas presiones, tanto externas como internas. En cuanto a las externas, la empresa extendió cada semana el programa de retiro voluntario, a la par que algunos medios publicaban notas que buscaban generar miedo: si no agarrabas el retiro, parecía que se venía el apocalipsis”.

Trabajar para volver a trabajar

Las presiones también las hubo internas y “bien intencionadas”. Describe un aspecto neurálgico de la resistencia: “Los fines de semana eran momentos clave y por eso los lunes o martes hacíamos las asambleas. En el fin de semana es común encontrarse con los seres queridos, que con la mejor intención te decían ‘pero te parece seguir yendo’; ‘hace frío y llueve’; ‘¿por qué estás haciendo una cobertura si en realidad estás dispensado de trabajar?’. Esa presión bien intencionada fue la más difícil de vencer y superar. Con el paso del tiempo, notamos que si nos hubiésemos quedado dispensados y tranquilos en nuestras casas viendo Netflix, esta resolución no hubiese pasado. Me parece importante resaltarlo, porque en una época en que se habla tanto del individualismo y que te hacen creer que solo te salvás por tu mérito, el resultado de esta lucha colectiva muestra lo contrario”.

Desde el 4 de marzo hasta la reconversión de Télam, cada semana se renovaba la dispensa a cada uno de las y los trabajadores. “El presidente que dice que en el Estado somos todos ñoquis, nos está haciendo ñoquis, porque nos está pagando sin trabajar”, solían repetir desde los acampes, como una manera de desarticular el relato oficial. Con la agencia fuera de funcionamiento, decidieron lanzar el sitio web somostelam.com.ar e informar desde ahí. Al frente del portal estuvo Andrea Delfino: “Decidimos arrancarlo con el fin de que la sociedad sepa que nosotros estábamos trabajando para volver a trabajar. Nos enfocamos mucho en cubrir los despidos en el sector público y en el privado. Era difícil mantener esperanza, pese a que en Télam finalmente no hubo despidos. Hubo días muy difíciles y las asambleas parecían terapias de grupo. Las reuniones nos contuvieron y nos organizaron; las conducciones de SiPreBA y de FATPren (Federación Argentina de Trabajadores de Prensa) siempre estuvieron poniendo el cuerpo, al igual que delegados de otros medios de comunicación. Cuando hablo de los lazos de la base, me refiero a los lazos sociales que se fortalecen en estas instancias, al contrario de lo que esperan quienes generan estas acciones para desorganizar a los trabajadores”.

¿Qué no pudo lograr el gobierno?

Andrea: Callarnos, cerrarnos. Nos silenciaron durante cuatro meses y hoy estamos volviendo a laburar. Si logramos un resultado positivo dentro de este contexto es porque fuimos muy tozudos. Y porque tuvimos bien claro lo que queríamos, que se resume en algo hermoso que dijo un compañero en una asamblea: “Yo no quiero ser el último que apague la luz; quiero ser el primero que prenda la computadora cuando volvamos”. Ese es el espíritu del colectivo Télam.

Hoy, algunas luces se volvieron a encender.

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Nota

Terrorismo de Estado: siguen detenidas 5 personas tras la represión de la Ley Bases

Publicada

hace 2 semanas

03/07/2024

“Lo acusan de terrorista pero carrea cajones de frutas y verduras 12 horas al día. Es una locura”, dice el hermano de Cristian Valiente. Familias de personas que continúan presas realizaron ayer un encuentro para organizarse y desarmar las mentiras con las que se sostienen sus acusaciones. El caso de Cristian y el de de Facundo Gómez, que hablaba con su mamá cuando lo detuvieron: la justicia no tiene filmado sus supuestos “disturbios”, pero lo encarceló igual. Las causas armadas sobre los más vulnerables, mientras nunca se detuvo a quienes causaron los destrozos, por ejemplo, del auto de Cadena 3. Además, el fiscal Stornelli insiste con meter presas a siete personas que ya fueron liberadas por la jueza Servini por falta de pruebas. El terror que continúa, los ataques de pánico, las condiciones de detención: se puede colaborar económicamente con las personas detenidas (el alias: LIBRESYA) y existen 5 puntos de acopio de mercadería detallados en esta nota. Qué necesitan: abrigo, frazadas, comida. Las familias llaman al 10 de julio a una nueva conferencia y al 12 a una concentración en Plaza de Mayo.

Por Lucas Pedulla

Jonathan dice que está un poco nervioso porque nunca habló en público, y ahora hay un aula llena de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, en el barrio porteño de Constitución, dispuesto a escucharlo. Tiene 34 años y es el hermano de Cristian Valiente, una de las cinco personas -junto a Daniela Calarco Arredondo, David Sica, Facundo Gómez y Roberto María De la Cruz Gómez– que sigue detenida en Ezeiza tras la cacería del Gobierno durante el tratamiento de la Ley Bases en el Senado, hace ya tres semanas.

Todavía no pudo ver a su hermano porque no tenía su documento; espera hacerlo el próximo fin de semana.

Vino con su compañera, su hija y un perrito desde Moreno, oeste profundo del conurbano, a pedir por favor que lo liberen: “No tiene justificación. La gran mayoría están detenidos solamente por protestar. Y mi hermano, mientras estuvo detenido, le hicieron un desalojo en la casa: cuando salga ahora no tiene dónde estar”.

El lugar de donde desalojaron a Cristian era una pieza de un hotel céntrico. Allí había trabajado tres años como portero: “Uno con todos los derechos y dos, en negro”, cuenta el hermano. Denunció la situación y fue a juicio, que determinó que debía vivir allí hasta que le pagaran lo que debían. Casualmente, un derecho que la Ley Bases barrió en su capítulo de reforma laboral.

A Cristian -41 años, dos hijos- lo acusan por provocar “disturbios”, “arrojando piedras y otros objetos contundentes” contra la policía, pero sobre todo por haberle “secuestrado entre sus pertenencias” una granada de mano. En su indagatoria, él aclaró que no se trataba de una granada sino de un aerosol químico de los que usan las fuerzas de seguridad para gasear en las manifestaciones; y que lo encontró en las propias inmediaciones del Congreso, y se lo guardó para mostrarlo a un canal de televisión porque había vencido en 2022. “Decían que lo vendía en el mercado negro -dice Jonathan a lavaca, y no lo puede creer-. Lo acusan de terrorista pero carrea cajones de frutas y verduras 12 horas al día. Es una locura”.

https://twitter.com/Lavacatuitera/status/1808269566549622911

Este encuentro, motorizado por la Comisión de Solidaridad de la coordinadora por la liberación de lxs detenidxs y el cierre de todas las causas, fue el ámbito para que Jonathan pueda, por primera vez, dimensionar esa locura.

También pudo hacerlo Elena, la mamá de Facundo Gómez, 31 años, cuyo trabajo era ir con su carrito por Plaza Serrano, en Palermo, vendiendo cafés: “Lo detuvieron mientras hablaba por teléfono conmigo -dice mientras muestra un cartel con el rostro de su hijo, sonriente-. La causa debería caerse porque lo ponen arriba de una valla, diciendo que arengaba y tiraba piedras, pero la comunicación con mi hijo se detiene en el momento en que lo están deteniendo. Intenté llamarlo, hasta que me atendió una persona que supongo que era un policía, y me dice que le estaban haciendo averiguación de antecedentes. Le pregunto por qué, y me dice porque estaba en un lugar que no debía estar. Mi hijo grita bien fuerte: ‘¡Yo no estaba ahí!’”.

https://twitter.com/Lavacatuitera/status/1808262187380588878

Elena remarca que no hay registro fotográfico ni fílmico de Facundo, y su otra hija, Micaela, dice a lavaca que al fotógrafo que registraba su detención le rompieron la cámara: “Lo presentamos como testigo. Dijo que le pidió a Facundo que gritara su nombre, y cuando iba a hablar le pegaron una piña en el estómago”.

Elena dice que su hijo no aparece en los videos: “Ellos (la justicia) dicen que han mirado 100 horas, pero Facundo no aparece”. Y agradece la convocatoria: “Es una causa totalmente ilegal y armada para amedrentar y que no salgamos a protestar para que aceptemos todo lo que ellos quieren. Quiero la libertad de los cinco”.

El aula, llena, la abraza con un aplauso.

Crueldad sin paz

Una mesa afuera del aula junta donaciones (galletitas, paquetes de yerba, azúcar, latas de arvejas, jugos en polvo, lavandina, shampoo, toallitas) mientras otras personas de la coordinadora pasan con una caja de cartón para juntar dinero. Adentro, sobre la pared, una gigantografía de Rodolfo Walsh recuerda su Carta abierta de un escritor a la junta militar.

En bancos de madera, mientras tanto, se van sentando, entre otras personas, exdetenidos como Gonzalo Duro, Fernando Leone, Sofía Ottogali y Santiago Adano -liberadxs en las primeras 17 excarcelaciones, el viernes 14 de junio-, o Juan Spinetto y Camila Juárez Oliva, liberadxs en una segunda tanda de 11 faltas de mérito dictadas por la jueza María Servini, el martes 18.

Es que, además de las causas abiertas y la solidaridad por las cinco personas que aún siguen presas, la alerta continúa, porque el fiscal federal Carlos Stornelli apeló y pidió nuevamente la prisión preventiva sobre siete personas: Ottogali, Spinetto, Juárez Oliva, Sasha Lyardet, Nicolás Mayorga, Gabriel Famulari y Brian Ortiz.

“Nos siguen criminalizando cuando la jueza ya dictó la falta de mérito”, dice Camila a lavaca. La falta de mérito se dicta cuando se considera que no hay elementos suficientes para acreditar el hecho que se imputa. La propia Servini habló de la “orfandad probatoria” en las acusaciones de Stornelli. Camila, junto a Sasha y Nicolás, es una de lxs tres estudiantes de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) detenidxs: “Es una crueldad, porque todos los días me acuesto y miro la ventana porque no sé si un policía va a venir a decirme ‘agarrá tus cosas’, y ya en mi cabeza pienso que no tengo que agarrar ropa oscura para entrar al penal. Así está funcionando mi cabeza. Hasta que la Cámara no se expida, no estoy en paz”.

La sala II de la Cámara de Apelaciones, conformada por Roberto Boico, Eduardo Farah y Martín Irurzun, tiene ahora la palabra.

El docente Spinetto, otro de los “apelados” por Stornelli, dice lavaca: “Es ridículo, porque no aporta nada nuevo para apelar e insiste sobre algo que jurídicamente está zanjado. Básicamente lo que está haciendo Stornelli es continuar con la maquinaria de armado de causa. No tiene ningún sostén jurídico”.

Donaciones, acopio y concentración

La Comisión de Solidaridad abre el encuentro. Sus integrantes recuerdan que hay un alias (LIBRESYA) para contribuir a un fondo solidario común con montos de $500, $1000 o $2000. También subrayan que lxs detenidxs necesitan ropa de abrigo clara (no gris, sin capucha), frazadas de una plaza, y elementos de almacén. Los puntos de acopio:

ATE / INCAA: Lima 319, 1er piso, oficina 101.
SUTEBA Tigre: Santa Fe 11028, General Pacheco.
Mutual Sentimiento: Av. Lacroze 4181.
ATE Sur – Lomas de Zamora: Boedo 120.
ATE Alte Brown – Pte Perón: Somellera 481.

Luego habla Gonzalo Duro, trabajador judicial, uno de los exdetenidos: “En ese pabellón éramos 15 personas desconocidas y ahora somos amigas. Es una realidad y habla de la transversalidad del problema”. A continuación, Camila recuerda a Daniela Calarco Arredondo: “Le estamos tratando de juntar plata porque tiene que pagar el alquiler. También para pagarles el transporte a sus padres, que viven en Mar del Plata”. Grisel, hermana de Sasha, suma la preocupación por las apelaciones de Stornelli, y pide asistencia psicológica porque muchxs continúan con ataques de pánico. Valora la importancia de estos encuentros y pide, también, monitorear las trabas que les están poniendo los penales a las visitas familiares, para que el Sistema Penitenciario no siga “vulnerando derechos”.

Libertad a Daniela

Luego, y por un largo rato, pasan voces de diversos partidos y agrupaciones que hacen caracterizaciones del Gobierno. Algunos traen reclamos urgentes, como los trabajadores despedidos del Hospital Posadas o de la fábrica de neumáticos FATE, pero otros gritan pedidos de paro a la CGT. El músico Santiago Adano, otro de los exdetenidos, agradece con sensibilidad la solidaridad y el acompañamiento, pero sugiere avanzar en lo operativo del encuentro. Algunos no parecen escucharlo, y siguen. Otros sí, y piden acompañar, por ejemplo, la ronda de las Madres de este jueves en Plaza de Mayo para continuar la visibilidad por los detenidos. La propuesta es aceptada.

Las familias y exdetenidos, a su vez, proponen una nueva conferencia de prensa en el Servicio Paz y Justicia (Serpaj) para informar sobre la situación de las detenciones y las causas. En asamblea votan realizarla el miércoles 10. También votan, para el viernes 12, a un mes de la protesta, realizar una nueva concentración en Plaza de Mayo, con posibilidad de festival, buscando la convocatoria del amplio abanico político que movilizó la última vez, el día de las últimas excarcelaciones. Silvia, la mamá de Camila, recuerda que la urgencia de esos días fue lo que juntó a sindicatos, organismos, referentes de la izquierda y del peronismo: “Vengo a reforzar la idea de unidad, como lo hice desde el día uno”.

Cerca de las diez de la noche, la asamblea concluye.

Los ejes que se refuerzan: