Sigamos en contacto

Nota

Primavera con florazos y verdurazos en Congreso para que el acceso a la tierra sea ley

Publicada

el

La Unión de Trabajadoras y Trabajadores de la Tierra (UTT) inauguró el primero de los dos días de acampe frente al Congreso de la Nación para exigir el tratamiento de la Ley de Acceso a la Tierra. Este 21 de septiembre vendrá con Florazo incluido. La norma, crucial desde el punto de vista de una alimentación más sana para la sociedad, fue presentada por tercera vez el año pasado (siempre pierde estado parlamentario por falta de tratamiento). No se trata de una reforma agraria sino que propone la creación de un Fondo Fiduciario para otorgar créditos a familias agricultoras para que compren su propia tierra, reformen sus viviendas y mejoren su infraestructura. El proyecto busca además que tierras del Estado en desuso se destinen a crear colonias de producción de alimentos agroecológicos, como ya está ocurriendo en diversos municipios del país. “La ley tiene que ver con algo estratégico, en medio de un mundo con pandemia, como el acceso a los alimentos. Ahora es cuando pensar un modelo agroalimentario que nos dé realmente de comer”, proponen. El proyecto completo.  

Eran las 11:52 de este lunes cuando el tractor rugió y el cielo de un día gris en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se coloreó de verde: cientos de puños elevaron al cielo lechugas, acelgas, espinacas, remolachas y rabanitos, entre otros alimentos agroecológicos y cooperativos, que la Unión de Trabajadoras y Trabajadores de la Tierra (UTT) destinó en un nuevo verdurazo, que inauguró el primero de los dos días de acampes previstos frente al Congreso de la Nación.

El motivo lo resumía una de las banderas que, junto al tractor y al canto de ‘alerta, alerta, alerta que camina / la lucha campesina por América Latina’, dieron la vuelta manzana al Palacio donde debe tratarse el proyecto que impulsa un sueño bajo el siguiente nombre:  

  • “Ley de Acceso a la Tierra”.

En medio de esa caminata, Agustín Suárez, uno de los referentes del gremio que representa a 20 mil familias campesinas, explica a lavaca la urgencia: “La ley es muy sencilla y está pensada para que pueda aprobarse sin tanta discusión. Establece un mecanismo que apunta hacia un PROCREAR, pero rural, donde pequeños productores, campesinos y cooperativas puedan acceder a créditos para comprar tierra e insumos, infraestructura, y con eso poder mejorar la producción. También pone en discusión las tierras del Estado, que hay muchas y sin uso, para que puedan ser destinadas a creación de colonias agroecológicas”.

La UTT explicó que el proyecto se presentó por tercera vez en octubre del año pasado, luego de perder estado parlamentario en 2016 y 2018. En mayo, las comisiones de Agricultura y Asuntos Legislativos de Diputados lo trataron pero no llegaron a ningún dictamen.

“Hay que dar un sacudón”, dice Rosalía Pellegrini, una de las fundadoras de la organización. “Tiene que ver con algo estratégico, en medio de un mundo con pandemia, como el acceso a los alimentos. Ahora es cuando pensar un modelo agroalimentario que nos dé de comer. Ahora es cuando, y con un Congreso así: si bien fueron unas PASO, vemos unas elecciones que dejan un saldo de un sector que no va a apoyar una Ley como esta. También nos sentimos defraudados, porque todas las fuerzas políticas te dicen que es justo, pero cada fin de año se da una dinámica que es perjudicial para avanzar en conquistas para el pueblo. Ahora es cuando y es urgente”.

No es reforma agraria

Luego de la marcha con el tractor alrededor del Congreso, la primera jornada de acampe continuó con un verdurazo y yerbatazo que, mientras descargaban cientos de cajones de verduras, congregó una cola de media cuadra. En otra mesa de madera había productos cooperativos y agroecológicos: talitas ($66), aceitunas ($287), dulce de leche ($50), yerba ($360 el kilo, uno de los hits del día). También hubo una asamblea de nodos y de la Red de Comedores por la ley, un taller de huerta a cargo del Consultorio Técnico Popular (CoTePo, un equipo de técnicos y técnicas conformados por propios productores y productoras).

El martes continuará con radio abierta, otro verdurazo, un florazo por el Día de la Primavera, otro taller a cargo del área de Alimentación y de la Red de Comedores, una charla sobre trigo transgénico que realizará Plataforma Socioambiental, y un cierre con festival en las músicas y voces de Eruca Sativa, Susy Shock y Sudor Marika, entre otros artistas.

“En Argentina, sólo el 13% de la tierra está en manos de pequeños productores que producen más del 60% de alimentos que circulan en el mercado interno, mientras que el 1% de las empresas agrarias controlan el 36% de la tierra cultivada en nuestro país”, explica la UTT en el texto de difusión de los acampes.

Desde el Congreso, otro de los referentes del gremio, Lucas Tedesco, amplía: “Ese modelo es el que genera que vayamos a la verdulería, a la panadería o al almacén y nos encontremos con los precios de hoy en día. Cada vez hay menos tierra para producir alimentos, y hay gobiernos que apuntan a que los dueños de la tierra sean justamente quienes generan los commodities, los que especulan, los que atentan contra este Gobierno. Los lock-out patronales vienen de ese sector, y si hay algo que se fortaleció en estos años fue el modelo agroindustrial, el mismo que te discute a ver si puede fumigar por arriba de una escuela mientras hay chicos en clase.  Nosotros venimos a pedir, dentro de los cánones del capitalismo, simplemente poder pagar un crédito accesible. A partir de ahí, concientizamos a la población de que esta ley favorece a todos: consumidores y productores”.

El artículo 1 de la Ley propone la constitución de un Fondo Fiduciario Público de Crédito para la Agricultura Familiar, administrado por el Banco Nación, como política rural de promoción del derecho a la vivienda, a un hábitat digno, al desarrollo económico y social.

Suárez plantea que la ley no propone ninguna reforma agraria, cuco que siempre atemoriza a todo ese sector concentrado: “Estamos lejos de eso. Nadie puede estar en contra: es un mecanismo de crédito para el sector. Sí puede haber un proceso de mayor discusión respecto a las tierras del Estado. Pero hoy parte de esas tierras están en uso con nuestras colonias agrícolas, mostramos que sirve, que da vida digna, y alimentos sanos para el pueblo. Si mejoramos el sector productivo, vamos a generar más alimentos sanos para la población”.

¿Dónde está la política?

Suárez y el impacto de la ley: “El 90% del sector campesino y pequeño productor es el que produce las verduras que están acá. Y más del 90% no tiene tierra propia. El impacto es alto, no sabemos cuánto porque depende del Fondo, pero es muy simbólico para el sector. Es algo estructural en Argentina: en un país con mucha tierra en pocas manos, hablás de redistribución, y que la tierra del Estado, en vez de ser vendida, pueda ser parte de colonias”.

Pellegrini apunta: “Imaginate lo que significa para todas estas familias, que pagan 15 mil pesos la hectárea todos los meses, poder acceder a la tierra propia, arriesgarse, poder tener una vivienda digna de material. Hoy se vive muy mal, en casillas precarias, y somos familias que no solo estamos garantizando alimentos a precios justos, sino también agroecológicos. Somos más de 20 mil familias organizadas demostrando que es posible, y sin embargo no hay ni una sola política pública que no sea de la boca para afuera”.

Un ejemplo: “Para tratar el tema de los precios se juntan con los grandes y lo único que hacen es desarrollar políticas de acuerdos con los supermercados para que bajen unos productos una semana y después vuelvan a subir”.

Desde el Covid, las elecciones y la actual crisis política e institucional, los factores que fueron retrasando el tratamiento de la ley –indican- son múltiples. Pellegrini: “Estamos viviendo una crisis de represión política muy grave, porque pareciera que la política está en otro lado. Cuando digo política me refiero a actos como este, que resuelvan los problemas de la gente, del ciudadano de a pie. La política, hoy, no está en lo que se debate. No vivimos solo con vacunas y hay una demora en resolver estas cuestiones”.

¿Fue la semana donde esa evaluación más que nunca quedó en evidencia?

“De alguna manera hay que escuchar. Es lo que te genera la democracia: poder escuchar a la gente. Hoy la mayoría del salario se va en combustible, en moverte y comer, cosas súper esenciales. Hoy resolver el precio de los alimentos es discutir el modelo agroalimentario: acceso a la tierra, agricultura sustentable, financiamiento a cooperativas, desarrollo de economía social en almacenes, venta directa y ferias. Todo lo que se ve que se habla de soberanía alimentaria es de cartón, detrás no tenés a las familias directamente vendiendo lo que se produce”.

El proyecto completo

Nota

Perú: racismo, criminalización y disciplinamiento como trasfondo de más de 60 muertes

Publicada

el

Lavaca habló con dirigentes sociales y campesinas, que analizan la represión desatada tras la crisis institucional que dejó al menos 60 muertos, miles de heridos y centenares de detenidos, con imágenes de tanques entrando a la universidad pública incluidas. El rol del Congreso, la figura de Dina Boluarte, la raíz histórica, racista y clasista de la derecha peruana. La ligazón con la agenda extractivista con la desestabilización actual que busca criminalizar y disciplinar a las voces de comunidades y organizaciones sociales que denuncian la situación como «dictadura cívico-militar».  

Dina Boluarte tiene más muertos en Perú por la violencia institucional, que días de gestión.

Según la Defensoría del Pueblo de Perú al momento son al menos 56 los muertos por la represión, miles de heridos, y centenares de detenidos. Organizaciones sociales reportan, por su parte, más de 60 muertes. Todo ocurrió en menos de cincuenta días: desde que la vice Dina Boluarte asumió el Ejecutivo el 7 de diciembre de 2022, cuando fue detenido el entonces presidente Pedro Castillo. 

Mientras tanto las calles siguen siendo un escenario de marchas y repudios contínuos: solamente el martes 24 de enero la Defensoría del Pueblo registró 85 cortes de rutas nacionales, además de movilizaciones y bloqueos en 39 vías provinciales. 

¿Cómo interpretar lo que está ocurriendo?

Melania Canales es dirigenta social de la región de Ayacucho; diez de los muertos pertenecen a esa localidad. Además, es ex presidenta de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú. Sintetiza así para lavaca los reclamos sociales de los cuales además fue protagonista: 

  • “Uno de los principales reclamos es que haya un referéndum para la Asamblea constituyente; existe hoy una Constitución de 1993, hecha por el dictador Fujimori, que ha privatizado todo en Perú: luz, agua, carreteras, pistas, empresas mineras. Esa es la Constitución que le da todo el poder al empresariado, es la peor Constitución de América Latina, el empresariado se lleva sus ganancias y no paga nada”.
  • ”Esta Constitución ha permitido que la salud y la educación sean un negocio. Prácticamente nos despoja de nuestros territorios colectivos de los pueblos y mujeres indígenas, y no nos permite la participación del pueblo organizado en espacios de poder de decisión. También nos criminaliza. Por eso exigimos referéndum y buscamos una nueva Constitución”.
  • “Pedimos también la renuncia de la traidora y asesina Dina Boluarte. Y la renuncia de la mesa directiva del Congreso”. 
  • “Y exigimos paz. Una paz con justicia. Eso exigimos en el Perú”. 

La Universidad atacada

A la cadena de violencia desde el gobierno se sumó la última semana la brutal represión en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) que incluyó el ingreso de 400 policías junto a fuerzas especiales con tanques que derribaron las puertas, disparos y gases lacrimógenos, y donde más de 205 estudiantes fueron detenidos.

Natali Durand es docente de antropología en la Universidad. Dos estudiantes de su clase fueron detenidos, y ella describe: “Ha sido un atropello a la autonomía de la Universidad. Los estudiantes habían abierto las puertas para alojar a las personas que estaban llegando de distintas regiones para marchar”. 

Desde todo el país llegaban delegaciones a lo que se denominó la Nueva Marcha de los Cuatro Suyos, y la Universidad funcionaba como alojamiento y espacio de encuentro y logística. Pero cuando entró la policía, explica Natali “quedaban pocos manifestantes, eran más los alumnos que se encontraban dentro de la Universidad, algunos en la toma, otros en la residencia universitaria, eso es muy preocupante porque entraron a la residencia universitaria”. Desde entonces parte de los docentes y estudiantes piden la destitución de la actual rectora Jeri Ramón. 

El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) condenó la represión y expresó que “la entrada de la policía a la sede universitaria es una violación flagrante de la autonomía”. Además rechazó la “decisión del gobierno de recurrir a la violencia para enfrentar la crisis en el país”. Y remató: “La actitud del gobierno del Perú se coloca al margen del respeto a los Derechos Humanos”.

La traición de Dina

¿Dónde se encuentra la semilla del actual conflicto?

Responde Natalí Durand: “Para entender la semilla de esto podríamos irnos hasta 200 años atrás, pero creo que ahorita lo más grave ha sido la descomposición política que tuvimos desde 2016 cuando el partido de la señora Keiko Fujimori (hija del ex dictador) ganó la mayoría absoluta en el Congreso. Desde 2016 lo que se generó fue un desbalance de poder a favor del Ejecutivo”.

Sin embargo (o tal vez por eso mismo) el profesor y político Pedro Castillo, con el partido Perú Libre, ganó las elecciones en segunda vuelta a la misma Fujimori, y gobernó desde el 28 de julio de 2021 hasta la declaración de su “permanente incapacidad moral” por parte del Congerso, el 7 de diciembre de 2022. Castillo fue docente de escuela primaria, presidente del Comité de Lucha del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Perú (SUTEP) y encabezó la huelga docente de 2017.

El 7 de diciembre de 2022 Castillo fue detenido y destituido luego de 16 meses de gobierno. Horas antes había anunciado el cierre temporal del Congreso, pero ante esto sus propios ministros comenzaron a renunciar y a calificar la situación como un autogolpe. Con las fuerzas armadas y la policía en contra, el Congreso trató, una vez más, la moción de vacancia contra el entonces presidente bajo la acusación de “incapacidad moral”. Castillo fue detenido y destituido; juró entonces quien era su vicepresidenta, Dina Boluarte quien, entre otras cosas, tenía en el propio Congreso denuncias por presunta infracción constitucional que fueron rápidamente archivadas. 

Dice Natalí Durand: “Si bien es legítima sucesora, se había dicho que iba a renunciar y pedir elecciones. A su asunción la gente la asume como una traición. A su vez, en la derecha no la ven como parte: en el momento en que no le sirva más la van a soltar. Ahora ella les sirve porque el presidente del Congreso no puede ejercer funciones de presidente, tiene que llamar a elecciones en un periodo de 3 a 9 meses como máximo. Ella no quiere renunciar porque sabe que, si renuncia, la van a dejar sola y le espera un proceso judicial fuertísimo”. 

La actual presidenta no tiene bancada propia en el Congreso ni un partido que la apoye.

La pregunta entonces es quién tiene el poder hoy en Perú.

La voz desde las calles

Melania Canale, dirigenta social de la región de Ayacucho, remarca que la situación actual puso luz sobre el “racismo y el clasismo en nuestro país”. Sigue: “Perú ha sido el centro del colonialismo: cuando se creó la república peruana hace 200 años se hizo con los descendientes de los españoles, los ‘mistis’ y los criollos, y los pueblos indígenas y afro estuvimos ausentes. Entonces lo que vino fue una dominación de una clase media alta privilegiada. Hay una desigualdad grande, que se ha agudizado, los derechos se convirtieron en negocios, como la educación, la salud, y la participación política”. 

Melania define a Pedro Castillo como el primer “marrón” (por el color de su piel) que llegó a la presidencia. Y define: “Hemos sentido que al marrón no lo aguantaban”. A la actual presidenta la llama “la usurpadora”. Dice: “En estos momentos, aunque ella ganó junto a Castillo, representa a la derecha. El Congreso ha sido un obstáculo que a Pedro Castillo no lo dejó gobernar, siempre estaba ahí promoviendo su vacancia. Dina tenía una denuncia, pero la archivaron en el Congreso. Realmente esto se veía venir. Acá, la derecha política del Perú es una derecha arrastrada, que siempre se entrega por completo a la oligarquía” 

¿Tiene relación el problema con las agendas extractivistas? 

Está muy ligado. Hace poco una funcionaria de Estados Unidos ha dicho que en Sudamérica están el agua dulce, los minerales, el litio. Aquí están paralizadas varias mineras por los reclamos de las comunidades. Hay también contaminación de los ríos, de la tierra, mucha gente con metales pesados en la sangre, y además estos empresarios no dejan nada…

¿A qué atribuís la actual represión? 

Es una caza de brujas. En Ayacucho hay 8 detenidos dirigentes y dirigentas de organizaciones, los han llevado hasta Lima, acusados de terroristas. No somos asesinos, no somos terroristas. Están buscando descabezar a las organizaciones, meter miedo, criminalizar y perseguirnos, inventando fantasmas. No hay libertad en este país: por eso decimos que estamos viviendo una dictadura cívico militar. 

Seguir leyendo

Nota

Las cosas que hay que hacer para trabajar – Capítulo 1

Publicada

el

La nueva serie documental de lavaca: El mundo de la autogestión en Argentina a través de ocho capítulos sobre experiencias recientes de diferentes cooperativas que lograron recuperar empresas vaciadas o quebradas por las patronales. Dirigida por Patricio Escobar, autor de La crisis causó 2 nuevas muertes.

Dos mil personas que integran empresas recuperadas de toda la Argentina se reúnen en un acto histórico en la Aceitera La Matanza. ¿Qué buscan? Impulsar el proyecto de Ley de Recuperación de Unidades Productivas que facilite que cooperativas de trabajo pongan en marcha empresas quebradas o vaciadas por las patronales. El movimiento lleva 20 años sin ley, pero ha recuperado no sólo trabajo sino también dignidad y vida, con 400 fábricas en el país que dan trabajo en total a más de 14 mil obreras y obreros. Su lema: Ocupar, resistir y producir.

Las cosas que hay que hacer para trabajar Dirección: Patricio Escobar.
Producción integral de Cooperativa de Trabajo Lavaca: Claudia Acuña, Sergio Ciancaglini, Anabella Arrascaeta, Lina Etchesuri, Sebastian Smok, María del Carmen Varela, Franco Ciancagini, Lucas Pedulla.
Fotografía: Lina Etchesuri y Sebastian Smok. Cámara: Patricio Escobar, Guillermo Guevara, Sebastian Smok.
Música: Guido Donato y Tomás Lobov.
Edición: Damián Finvarb.

Seguir leyendo

Nota

Cuatro años de in-justicia por el femicidio de Carla Soggiu       

Publicada

el

En la Plaza de la Memoria de Pompeya, junto a vecinos, vecinas, otras familias víctimas de femicidios y organismos de derechos humanos del barrio, se recordó este domingo a Carla Soggiu frente al mural que hizo el barrio, a cuatro años del femicidio. Estuvo presente Alfredo Soggiu (foto) el padre de Carla. Sin culpables por el crimen, y sin siquiera un fiscal que lleve adelante la causa, la familia se transformó en querellante e impulsa que se investigue la responsabilidad de Diego Santilli, por entonces Ministro de Seguridad porteño, por la falla en el sistema del botón antipánico que debía protegerla. El ex marido de Carla fue acusado por violación, pero el crimen sigue impune. La idea sobre quién cuida a lxs vecinxs.  

El acto en la Plaza de la Memoria de Pompeya (fotos: Ailín Soria)

“A pesar de que pasaron cuatro años cada día siento más injusta su partida, que le hayan quitado la vida. Tanto su pareja, como el gobierno de la Ciudad, como la justicia, todos la mataron un poco a mi hija”. 

Alfredo, papá de Carla Soggiu, está parado en la Plaza de la Memoria del barrio porteño de Pompeya, a cuadras de donde su hija murió. Desde ahí habla. Frente a él vecinos y vecinas que escuchan; a su lado, familiares de otras víctimas de femicidios; y en su espalda, el mural desde donde su hija mira al barrio junto a letras negras que dicen: verdad y justicia. 

Ni botón ni GPS

El 15 de enero de 2019, cuatro años atrás, Carla Soggiu pidió ayuda 5 veces apretando el botón antipánico que tenía después de haber denunciado a su pareja. Pese a que el sistema contaba con ubicación GPS, la empresa no pudo ubicarla. Carla estuvo desaparecida hasta que un barrendero encontró su cuerpo en el riachuelo. Según la autopsia, murió por “asfixia mecánica por sumersión”. 

Ella tenía un botón antipánico porque días antes, el 26 de diciembre de 2018, su ex pareja, Sergio Nicolás Fuentes, la secuestró, violó y golpeó brutalmente, con su hija menor como testigo. Carla tenía hidrocefalia, los golpes destrozaron la válvula. Cuando logró huir lo denunció ante la la Oficina de Violencia Doméstica, y le dieron el botón antipánico que días después no la protegió.  

Con el Poder Judicial en contra

Sergio Nicolás Fuentes fue condenado por la violación a seis años de prisión, pero la causa por el femicidio fue archivada, cuando la familia se enteró ya había pasado un año.

Pidieron entonces que la justicia porteña investigue por qué no funcionó el botón antipánico: el fiscal de primera instancia archivó el pedido.

Apelaron, el fiscal de Cámara también lo archivó.

Fue cuando alegaron que la Ley de Víctimas autoriza que se abra la investigación sin asistencia de un fiscal, y así lograron que se los acepte como querellantes.

En ese punto están ahora, sin fiscal el impulso de la causa depende de la familia. El objetivo es que se investigue la responsabilidad de Diego Santilli, por entonces Ministro de Seguridad porteño, por la falla en el sistema del botón antipánico que debía proteger a Carla.  

Dice Alfredo, papá de Carla: “Después de tanto tiempo de lucha, con el acompañamiento de un montón de gente incondicional, recién logramos meter una causa contra uno de los asesinos de mi hija. Más que nunca necesitamos el acompañamiento de todos, que nos ayuden a caminar. Por mis nietos, por mi señora, también por mí. Lo necesito, que me acompañen”. 

A su lado están Susana y Daniel, padres de Cecilia Basaldúa, víctima también de un femicidio y de un Poder Judicial que intenta garantizar impunidad en lugar de justicia. Susana explica: “Las familias sentimos mucha impotencia, esto no tiene que pasar más. Tenemos que luchar y acompañarnos porque es lo que nos hace fuertes”. Susana se detiene para nombrar a Roxana, mamá de Carla Soggiu que no está presente, se quedó cuidando a sus dos nietos, hijes de Carla, que hoy tienen 6 y 8 años. Sigue: “Nuestras hijas no pueden volver a la vida pero queremos que descansen en paz, y lo van a hacer cuando haya justicia”. 

Daniel (en el centro), y Susana, rodean a Alfredo, el padre de Carla Soggiu. (Fotos: Ailín Soria).

Vecinos cuidándose

Vecinos y vecinas del barrio forman un semicírculo para escuchar. Entre ellos están presentes los integrantes del Instituto de la Memoria de Pompeya, responsables de cuidar y crear la Plaza de la Memoria donde ocurre este ritual de abrazo hacia la familia. Además del de Carla hay murales dedicados a Ezequiel Demonty (el joven asesinado por la Policía en el Riachuelo), por la Noche de los Lápices, por Hebe de Bonafini, entre otros.

“La lucha se sostiene con amor, con alegría y con memoria”, dice Alberto, integrante del espacio, y cuenta que fue en 2006 cuando se propusieron visibilizar a les desaparecides del barrio, crearon la plaza, y empezaron a marchar juntos.

Pronto se dieron cuenta de cómo aparece la violencia institucional y estatal hoy, dice: “A veces reflota en estas formas: femicidios, travesticidios, desaparición de jóvenes en situación de calle. Los únicos que nos cuidamos somos los vecinos a los vecinos”. 

Luego, la foto de Carla se levanta alto y se grita presente, con su sonrisa y su mirada desde la pared.

Fotos: Ailín Soria.
Seguir leyendo

LA ÚLTIMA MU. Crecer, crear, cooperar

Publicidad
Publicidad
Publicidad

Lo más leido

Anticopyright lavaca. Todas nuestras notas pueden ser reproducidas libremente. Agradecemos la mención de la fuente.