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Aquel dólar 1 a 1 y sus consecuencias

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Esta es la ponencia que leerá el italiano Emiliano Brancaccio en el Forum Social Europeo en la primera mesa que debatirá sobre el liberalismo el próximo jueves 7 de noviembre en Firenze (Florencia) en la Fortezza di Basso.

Contra la tiranía de los mercados financieros: la taza Tobin y el control de los movimientos de capital (fragmento)

Por Ricardo Bellofiore y Emiliano Brancaccio

En 1998, a causa de la crisis de la rupia en Indonesia, en la periferia de Yakarta, empezaron a formarse, cada noche, largas procesiones de desheredados que se dirigían hacia la zona del mercado del arroz. Su intención era la de recoger los granos caídos en el piso durante el día de distribución, con el fin de juntar una cantidad de arroz necesaria para quitarse el hambre.

Más recientemente, apenas pocos meses atrás, la Argentina fue sacudida fuertemente por una trágica ola de saqueos y revueltas cuyas imágenes, trasmitidas en todo el mundo a través de los medios, están aún ahora vivas en nuestras mentes.

Hay, sin duda, algo de misterioso en la relación entre la oscilación del mercado de cambio y la exasperación en la vida cotidiana de millones de personas. La existencia de un nexo fue percibida por muchos, y en particular por quienes vivieron en primera persona la dramática experiencia de una crisis monetaria. Esto vale en parte también para nosotros, italianos, que tendemos a ligar espontáneamente el recuerdo de los ataques especulativos a la lira en 1992 con el comienzo de la «política de sacrificio» perteneciente al gobierno de Amato y Ciampi. Esta conexión se agrava además por la sensación de que, en circunstancias particulares, la estabilidad económica de un país puede depender de las decisiones de unos pocos, los grandes especuladores. En este sentido, George Soros escribió que en 1992 se abstuvo de especular contra el franco francés porque prefirió evitar convertirse en el responsable del «crack» definitivo del Sistema Monetario Europeo. (1). Una declaración inquietante, considerada creíble por muchos estudiosos notables, que tienden a valorar las percepciones comunes según las cuales, hoy quizá más que en el pasado, el destino de muchos puede depender de las decisiones anónimas de unos pocos.

Más allá de las simples percepciones, sin embargo, es siempre difícil entender. La comprensión de la precisa secuencia lógica que permite valorar la existencia de un nexo entre las decisiones de los especuladores y la vida cotidiana de millones de personas difícilmente pudo comprenderse más allá del entorno de los especialistas. Por lo tanto, justamente con el fin de hacer este nexo lo más explícito posible, el razonamiento que sigue propondrá un esquema simplificado en base al cual interpretar el fenómeno de la crisis de la moneda.

Por lo general, una crisis se origina a partir de las decisiones que toma un país al vincular la propia moneda a una tasa fija de cambio con el dólar o con cualquier otra moneda fuerte, aceptada como medio de pago internacional. La banca central argentina, por ejemplo, hasta hace pocos meses, se declaraba lista para comprar pesos a los privados y ceder en cambio dólares, según una relación fija de uno a uno. Las razones por las que un país decide engancharse a una moneda fuerte son muchas. Entre ellas, es frecuentemente citada la exigencia de estabilizar la moneda nacional con el objetivo de acrecentar la confianza de los inversores sobre la misma. Otra motivación para el enganche, menos citada pero no por eso menos importante, es que con esta medida se puede intentar vencer la inflación interna. En efecto, si un país se liga renunciando de este modo al instrumento de la devaluación, las industrias de exportación serán impulsadas a oponerse por todos los medios a los aumentos de los costos internos y en particular de los salarios, porque saben que tales aumentos, descargados sobre los precios del mercado, darían lugar a una pérdida de competitividad internacional. La paridad fija con una moneda fuerte constituye entonces un posible instrumento de disciplina contra las reivindicaciones salariales, lo que aclara uno de los motivos por los cuales, después del desenganche de la lira del Sistema Monetario Europeo en 1992, de varias partes de Italia empezó a tramarse la consolidación de un pacto social con los sindicatos, un pacto que permitiese frenar los salarios aún en ausencia del vínculo de la paridad fija con el marco o con otras monedas europeas.

De todos modos, cualquiera sea la motivación del enganche a una moneda fuerte, los problemas a los que esta situación puede fácilmente dar lugar son: la sobre valuación de la moneda nacional y una progresiva pérdida de la competitividad que traen aparejadas una peligrosa tendencia a importar demasiadas mercaderías y a exportar demasiado pocas.

La pérdida de la competitividad puede a veces verificarse a causa del hecho de que el enganche a la moneda fuerte (y la consecuente imposibilidad de devaluar), se vuelve inadecuada para garantizar la contención de las demandas salariales, de los costos y por lo tanto también de los precios de las mercaderías. Con frecuencia, sin embargo, la crisis de competitividad se dispara de fenómenos externos, mayormente generados o favorecidos por la dinámica especulativa: por ejemplo la moneda fuerte a la cual el país está enganchado tiende a subir, quizá justamente mientras los principales socios comerciales del país están devaluando, la pérdida de la competitividad, entonces, será inevitable. Un caso de este tipo es precisamente el argentino, que en los últimos años tuvo al peso obligado a seguir las alzas extraordinarias del dólar en el mismo momento en que el real brasileño se devaluaba, con la consiguiente caída de las exportaciones argentinas con respecto a las brasileñas. En circunstancias parecidas, para preservar la competitividad, la Argentina debería haber impuesto bajas de salarios tan rápidas e intensas como para compensar la inmensa alza del dólar y del peso respecto del real. Una receta tan violenta que toca lo absurdo, aunque no faltaron voces notables que se apuraron, más o menos explícitamente, a intentar llevarla adelante.

La sobre valoración de la moneda de una país y la consiguiente pérdida de competitividad, entonces, implican que este país no será capaz de reunir muchos dólares de las exportaciones de las mercaderías propias y que por fuerza tenderá a usar esos pocos dólares de los que dispone, y entonces podría, un día u otro, declararse incapaz de garantizar la conversión de la propia moneda en dólares según la paridad fija preestablecida. En otras palabras, el país podría más rápido o más tarde ser obligado a devaluar, desenganchándose de la moneda fuerte.

En teoría, aún en presencia de tales dificultades comerciales, la situación puede prolongarse si los prestamos en dólares siguen aumentando. El problema, entonces, es que la devaluación daña a los acreedores y entonces los préstamos aumentan solo si la probabilidad del daño es remota. Pero, paradojalmente, la probabilidad de una devaluación será tanto más remota cuando más aumenten los prestamos! Esta suerte de gato que se muerde la cola indica, en el fondo, que cada operador financiero continuará prestando dólares al país sólo si considera que los otros operadores harán otro tanto. La situación, en síntesis, se concentra toda en manos de los operadores financieros. Si estos se convencen de que la tendencia a abandonar el país es proclive a prevalecer, la misma tendencia se verificará efectivamente. Keynes hablaba de expectativas que se autorealizan, acumulándose unas con las otras.

2.Tobin (1997)

3.Dornbusch (2001)

4. La devaluación es temida por los acreedores en todos los casos. Ya sea que ellos reembolsen en la moneda local sujeta a la devaluación, ya sea que ellos reembolsen en dólares. En el primer caso, en efecto, a continuación de la devaluación los acreedores serán reembolsados con una moneda local que en términos de dólares valdrá mucho menos de lo previsto. En el segundo caso, el riesgo de los acreedores consiste en las declaraciones de quiebra de los deudores, o en el pedido de renegociación de las deudas. Así, cuando los deud
ores son obligados a pagar en dólares, todo el peso de la devaluación recae sobre ellos. En esta circunstancia, la historia nos enseña que los deudores, encontrándose con frecuencia imposibilitados de respetar sus obligaciones, piden una renegociación de los pagos. En función de estos hechos es significativo ver como, durante todo el transcurso de los años noventa, el Fondo Monetario Internacional, se tensaba si debía tutelar a los acreedores aún en las circunstancias más dramáticas, y no avalaba casi nunca los pedidos de renegociación provenientes de los deudores.

Los especuladores, en general, entran en juego justo en circunstancias de este tipo, cuando el país en dificultad y los acreedores, temiendo el fantasma de la devaluación, se predisponen a la fuga. En una situación de este tipo, operadores dotados de una enorme liquidez, están en condiciones de iniciar un asta de moneda local, con el fin de venderla pronto o rifarla más tarde. El banco central tailandés, por ejemplo, tuvo que afrontar en 1997 una ola de pedidos de cambio de bath a dólares que agotaron muy rápido sus reservas de dólares y lo obligaron así a devaluar. Naturalmente, una vez iniciado el ataque de los especuladores, es probable que a esto se sume el retiro de los acreedores, en base a la expectativa que tarde o temprano el país cederá a las presiones dejando caer la moneda propia.(5)

Es justamente en este punto que, además de alejar la tendencia de fugas masivas, la autoridad del país bajo presión inicia una sucesión suicida de sacrificios y execrables medidas macroeconómicas, todas orientadas a mejorar las cuentas con el exterior y a evitar así el agotamiento de las reservas en dólares. Las acciones de la autoridad, se concentran, en general, sobre dos frentes. De un lado, se decide aumentar las tasas de intereses internas para convencer a los acreedores de permanecer y evitar de este modo la salida de dólares del país. Por otra parte, se aumentan las tasas y se comprimen las compras internas con el fin de desencadenar una ola recesiva que determine los siguientes efectos: una caída de las importaciones, un aumento de la competitividad y de las exportaciones a través de la desocupación y la caída consecuente de los salarios y de los precios, un aumento de las tasa de interés reales y por consiguiente un incentivo posterior para que los acreedores no los abandonen.(6) Es de destacar el hecho de que estos objetivos que animan las políticas restrictivas de los gobiernos, tienen bien poco que ver con la necesidad de sanear las cuentas del Estado, lo que hace comprender por qué el pedido de «sacrificios» a la población ha estado convocado en presencia de balances públicos en perfecto orden! (7)

De cualquier manera, como dejó evidenciar el premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, tales medidas draconianas no llegan jamás ni a impedir la fuga del capital ni a impedir la devaluación.(8) La liberalización de los mercados financieros mundiales, de hecho, consiente hoy a los operadores privados, mover en poquísimo tiempo enormes cantidades de capital de un lugar a otro del mundo: masas cuya amplitud constituye un múltiplo de las reservas de los bancos centrales nacionales a causa de esto impotentes, y cuya velocidad banaliza las medidas autoflagelantes y grandiosas de cada país.

(5) Conviene aclarar que un acreedor puede ser al mismo tiempo un especulador por lo cual la distinción entre las dos categorías puede ser ficticia. Pro otra parte, un especulador no tiene necesidad de ser un acreedor, de este modo, la mayoría de las veces es él mismo un deudor, de naturaleza un poco particular: para atacar el bath tailandés, por ejemplo, un especulador puede hacerse prestar bath, venderlos hoy, esperar la caída, recomprarlos mañana a precios de remate, restituir la suma recibida en préstamo y quedarse con la diferencia derivada de haber vendido a valores altos y recomprado a valores bajos.

(6) Para un análisis teórico de los efectos que favorecen a los acreedores de la deflación y para una aplicación, en el caso italiano, cfr.- Brancaccio e Marconi. (2002 a)

(7) Se recuerda, en tal sentido, que en 2001, Argentina presentaba todavía, a pesar de la prolongada recesión, una deuda pública del 50 por ciento del PBI y un déficit del al 2,5 por ciento. Datos envidiables, teniendo en cuenta las cifras de los países europeos del Tratado de Maastricht.

Los únicos efectos ciertos de tales políticas consisten, entonces, en el deterioro aterrador de las condiciones de vida de los trabajadores, de los pensionados y de las franjas más débiles de la población, en general las más golpeadas por las medidas restrictivas de los gobiernos.

La secuencia descripta nos permite entonces individualizar, aunque más no sea a grandes rasgos, el nexo que atraviesa una serie de ventas veloces de rupias o de pesos en el mercado de cambio y los conflictos sociales y étnicos que estallaron en Indonesia durante los años 90 o las manifestaciones en Plaza de Mayo en enero pasado. La secuencia aclara algunas cuestiones políticas cruciales. Con esto, se evidencia que el enganche a una moneda fuerte, causa primaria de la crisis, puede depender ya sea del intento de un país de protegerse contra las oscilaciones de la propia moneda, ya sea por la voluntad de reprimir las reivindicaciones salariales y el conflicto social. La misma secuencia, en fin, muestra que la facilidad con la que hoy se puede verificar una fuga de capitales depende de la actual y absoluta liberalización de los mercados monetarios y financieros, una orientación política que ha dominado el curso de los últimos veinte años pero que ninguna región debe considerar irreversible.

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Histórico: el martes comenzará el nuevo juicio por el femicidio de Lucía Pérez

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El próximo martes 7 de febrero comienza el nuevo juicio por el femicidio de Lucía Pérez, asesinada en Mar del Plata en octubre de 2016. Tenía 16 años. Fue el caso que impulsó el primer Paro de Mujeres del país y que motivó un juicio escandaloso en 2018 cuyo fallo fue anulado por la Cámara de Casación de la provincia de Buenos Aires, que ordenó que el proceso se realice nuevamente. Uno de los argumentos de la anulación: “No olvidemos que en esta instancia no se está juzgando a la víctima (como pareciera estar ocurriendo) sino a los eventuales victimarios”.

En aquel juicio se condenó a los acusados por “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravado por ser en perjuicio de menores de edad y en inmediaciones de un establecimiento educativo”, y no por el crimen. Casación ratificó esa condena, pero ordenó que ahora se realice nuevamente el juicio por femicidio. Detalles sobre la jornada preparatoria del juicio.  

Esta nueva e histórica realización de un juicio por femicidio comenzará a las 9 de la mañana del martes 7 de febrero en el Tribunal en lo Criminal N° 2 de Mar del Plata, en Almirante Brown 2046. Los jueces a cargo del nuevo Tribunal son Roberto Falcone, Gustavo Fissore y Alexis Semaz. El fiscal del caso es Leonardo Arévalo. 

Los acusados son Matías Farías (28 años) y Juan Pablo Offidani (47 años), quienes el 8 de octubre de 2016 llevaron a Lucía a la sala de salud de Playa Serena: llegó muerta. Farías será defendido por la abogada oficial María Laura Solari; Offidani, por el abogado particular César Sivo. Se estima que las audiencias se extenderán hasta el 1º de marzo.

Imagen de los tres acusados durante el juicio de 2018, que ahora se realizará nuevamente. Maciel (de anteojos) falleció luego de ser absuelto. Offidani y Farías fueron condenados a 8 años por narcotraficar droga cerca de las escuelas, pero no por el femicidio. Fotos: Romina Elvira para lavaca

¿Por qué un nuevo juicio?

Farías y Offidani fueron apresados el 9 de octubre de 2016, un día después del femicidio. El tercer detenido fue Alejandro Maciel, 61 años, acusado de encubrimiento agravado por ayudar al lavado del cuerpo muerto.

En 2018 fueron juzgados ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Mar del Plata.  Farías y Offidani fueron condenados a ocho años de prisión y a pagar una multa de 135 mil pesos por el delito de “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravado por ser en perjuicio de menores de edad y en inmediaciones de un establecimiento educativo”. Desde entonces están detenidos. El tercer acusado, Maciel, fue sobreseído, y murió tiempo después de cáncer.  

Pero ninguno de los tres fue condenado por el femicidio. Como si Lucía y su muerte no hubieran existido.

Aquel juicio que tuvo un desarrollo vergonzoso, con jueces que parecían más empeñados en cuestionar a la niña asesinada que en juzgar a los autores del crimen. A eso se agregó el tono machista, misógino, indiferente hacia la víctima y la familia, y totalmente consistente con una mirada que históricamente ha relegado a las víctimas de femicidios y de actos de violencia contra las mujeres.

Por esa sentencia la familia de Lucía exigió dos cosas, que se lograron:

  1. El fallo por el juicio de 2018 se apeló y en agosto del 2020 la Sala IV de la Cámara de Casación de la Provincia de Buenos Aires resolvió anularlo. Confirmó la condena por la venta de drogas, pero ordenó que se haga este nuevo juicio por el femicidio.  
  • Además, en marzo se concretará un juicio político (jury) a los jueces del Tribunal: Pablo Viñas y Facundo Gómez Urso por “negligencia, incumplimiento del cargo y parcialidad manifiesta”. El tercer juez,Aldo Carnevale, quedará impune porque consiguió la jubilación anticipada del gobierno de María Eugenia Vidal para evitar el enjuiciamiento. El jury será llevado adelante por el parlamento bonaerense

Al anular el fallo del juicio de 2018 la Cámara de Casación bonaerense instaló un precedente histórico para que el Poder Judicial deje de ser parte del sistema que consagra la impunidad y la estigmatización de las mujeres.

Los jueces del fallo anulado. Aldo Carnevale (que logró a tiempo su jubilación por parte del gobierno de María Eugenia Vidal), Pablo Viñas y Facundo Gómez Urso. La Cámara de Casación anuló el fallo estigmatizante y vergonzoso que firmaron sobre el caso de Lucía Pérez, y en marzo Viñas y Gómez Urso serán sometidos a juicio político. Fotos: Romina Elvira para lavaca

¿A quién se juzga?

Uno de los fundamentos de esa anulación plantea: “No olvidemos que en esta instancia no se está juzgando a la víctima (como pareciera estar ocurriendo) sino a los eventuales victimarios”.

Además el Tribunal señala que el Estado se comprometió a prevenir y erradicar la violencia machista, y que “estas normas imponen a quienes tienen la tarea a su cargo, tener en consideración el contexto en el que ocurren los hechos, realizar un análisis de los mismos, determinar el encuadre jurídico apropiado, y valorar la prueba con perspectiva de género”.

En ese sentido pareció inexplicable que el Tribunal de Mar del Plata que juzgó en primera instancia el femicidio se haya enfocado en “indagar en la personalidad, actitudes y comportamientos anteriores de la víctima, su forma de relacionarse con los hombres, su vida social, su carácter, y en distinguir la conducta de los imputados, y a partir de allí, considerar si Lucía había consentido el acceso carnal”.

Describe la Cámara de Casación a ese foco estigmatizante puesto sobre la víctima como “un despropósito”.

Marta Montero y Guillermo Pérez: los padres de Lucía. Fotos: Romina Elvira para lavaca

La audiencia preparatoria

Durante la mañana de este jueves se desarrolló la audiencia preparatoria del juicio. Los padres de Lucía (Marta Montero y Guillermo Pérez) pidieron que el proceso sea transmitido por Youtube. Además solicitaron que el Tribunal no esté vallado, dado que el pedido de justicia será acompañado desde la calle por organizaciones sociales, sindicales y otras familias de víctimas de femicidios. Desde la Ciudad de Buenos Aires y La Plata está previsto que salgan grupos para acompañar el inicio de un proceso histórico.

Las defensas de los acusados se mostraron contrarias a ambos pedidos, que los jueces deberán resolver. Por su parte, los imputados pidieron no estar presentes en la sala.  

En este nuevo proceso no hay una nueva instrucción, por lo que no hay nuevas pruebas ni nuevos testigos (que serán alrededor de 50). La primera jornada, el martes 7 de febrero, se iniciará con la declaración de la familia de Lucía. Durante la primera semana que será corta (el viernes 10 no habrá audiencia) se espera que declaren alrededor de 20 personas. Lo que está en juego es la posibilidad de ver en la práctica si finalmente habrá justicia.

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Las cosas que hay que hacer para trabajar – Capítulo 2

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La nueva serie documental de lavaca: el mundo de la autogestión en Argentina a través de ocho capítulos sobre experiencias recientes de diferentes cooperativas que lograron recuperar empresas vaciadas o quebradas por las patronales. Con dirección de Patricio Escobar, autor de La crisis causó 2 nuevas muertes. Ya disponibles los capítulos 1 y 2

Capítulo 2

Aceitera La Matanza fue la primera fábrica recuperada visitada por un presidente argentino durante su mandato. Alberto Fernández reconoció que siempre vio a las cooperativas como parte de la “economía informal” sin comprender que involucra otros modos de producción: “Ahora soy yo uno de los que tiene que convencer al resto de la Argentina de que la economía popular existe, y que hay que darle las herramientas para que siga creciendo”, dijo ante 2.000 trabajadoras y trabajadores. Sin embargo, durante la pandemia, la asistencia del Estado no fue la misma que para las empresas privadas. ¿Qué dice sobre esto? ¿Y qué le responden quienes trabajan?

Capítulo 1

Dos mil personas que integran empresas recuperadas de toda la Argentina se reúnen en un acto histórico en la Aceitera La Matanza. ¿Qué buscan? Impulsar el proyecto de Ley de Recuperación de Unidades Productivas que facilite que cooperativas de trabajo pongan en marcha empresas quebradas o vaciadas por las patronales. El movimiento lleva 20 años sin ley, pero ha recuperado no sólo trabajo sino también dignidad y vida, con 400 fábricas en el país que dan trabajo en total a más de 14 mil obreras y obreros. Su lema: Ocupar, resistir y producir

Las cosas que hay que hacer para trabajar Dirección: Patricio Escobar.
Producción integral de Cooperativa de Trabajo Lavaca: Claudia Acuña, Sergio Ciancaglini, Anabella Arrascaeta, Lina Etchesuri, Sebastian Smok, María del Carmen Varela, Franco Ciancagini, Lucas Pedulla.
Fotografía: Lina Etchesuri y Sebastian Smok. Cámara: Patricio Escobar, Guillermo Guevara, Sebastian Smok.
Música: Guido Donato y Tomás Lobov.
Edición: Damián Finvarb.

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Todo se quema, nada se transforma

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Todas las provincias argentinas sufrieron incendios masivos en 2022, y el 95% de ellos son provocados por acciones humanas, según un reciente informe de Amnistía Internacional. El costo de recuperar ese desastre oscila entre 1.100 y 3.700 millones de dólares anuales. Adjudica los incendios al avance de negocios inmobiliarios, agrícolas y/o ganaderos, que buscan favorecerse a partir de una destrucción territorial.

Los daños y las consecuencias a largo plazo son incalculables, mientras el Congreso sigue en deuda y no trata la Ley de Humedales. Vecinos e integrantes de organizaciones de San Pedro, Rosario y Ramallo dan voz y cuerpo a lo que los números de Amnistía denuncian. El informe completo.

Por Anabella Arrascaeta y Francisco Pandolfi

Amnistía Internacional presentó un informe en el que reporta la gravedad de los incendios forestales en Argentina. El dato es alarmante: durante el 2022 todas las provincias del país estuvieron en llamas.  

El trabajo toma información del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, organismo dependiente del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Nación. Los datos son oficiales y arrojan un total de 561.164,89 hectáreas quemadas. Pero la propia organización da cuenta de la dificultad de obtener la radiografía completa de la situación y ofrece, en contraste con estas cifras, la información proporcionada por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuario (INTA), que contabilizó tan solo en Corrientes más de 1 millón de hectáreas devastadas por incendios. 

La provincia de Corrientes permite pensar todo el sistema de muerte y depredación que generan las llamas. Algunos datos: 

  • De acuerdo a la Dirección Nacional de Bosques, dentro de las miles de hectáreas afectadas en los incendios de la provincia, un 10% pertenece a una superficie de bosques quemados que son considerados de muy alto valor de conservación.
  • El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible reporta que en la provincia se documentaron desplazamientos de animales, entre ellos, mono carayá, yacarés y carpinchos.
  • En respuesta a un pedido de acceso a la información pública hecho por Amnistía Internacional Argentina, la Dirección Nacional de Planificación y Ordenamiento Ambiental del Territorio del ministerio informó que se sufrió una pérdida de cientos de miles de hectáreas de áreas protegidas en la provincia de Corrientes en el año 2022. El informe detalla que “las áreas naturales protegidas son relevantes por distintas razones: para la protección de suelos, cuencas hidrográficas, recursos y materias primas, para el control de plagas y enfermedades, para la investigación científica, proporcionar valores espirituales, emocionales y culturales, entre otras razones”. 
  • Entre las áreas más afectadas del país se encuentra la zona de humedales de Corrientes. En 2022 y solamente en dicha provincia se registró que más de 330 mil hectáreas en zonas de humedales fueron afectadas por los incendios.  

En este contexto el informe da cuenta de que la “restauración de áreas quemadas es lenta y requiere de recursos efectivos que permitan la recomposición de los ecosistemas y biodiversidad”. El costo es imposible de determinar. Dice el informe: “Se estima que la recuperación tras los incendios podría costarle a Argentina entre USD 1.100 y 3.700 millones por año”. 

A ese contexto se suma que en medio de la crisis económica, “los brigadistas y bomberos voluntarios han reclamado mayores recursos y apoyo para financiar los gastos a la par de mejores condiciones laborales, obra social y remuneración”. 

Pero hay consecuencias de largo impacto no pueden medirse en números ni plata, por ejemplo el impacto en el ecosistema, “la pérdida de ciertos árboles o vegetación puede tardar décadas en regenerarse, por lo que su recuperación no puede acelerarse ni resolverse rápidamente. Mientras que otro tipo de vegetación es incapaz de rebrotar luego de un incendio”, dice el informe. Agrega: “A su vez, la pérdida de flora a causa de los incendios afecta directamente a la fauna ya que ésta depende de ella para su alimentación o refugio. Esto no solo provoca la muerte de animales sino también su desplazamiento”.  

Otro caso: no había informes de incendios en Tierra del Fuego, pero en noviembre de 2020 se reportaron 9.000 hectáreas consumidas por el fuego (equivalentes a 9.000 manzanas de cualquier ciudad) en el área protegida de bosques nativos de Tolhuin.

Fotos: Pablo Sigismondi.

Quién prende el fuego

El informe de Amnistía Internacional da cuenta de que según el Servicio Nacional de Manejo del Fuego “las acciones humanas son responsables del 95% de los incendios”. 

Explica: “La negligencia, los fogones mal apagados y la quema intencional de pastizales, son algunas de las prácticas más riesgosas que inician los grandes incendios en el país. Con frecuencia los incendios intencionales están asociados a las prácticas de quema de pastizales para el avance de proyectos inmobiliarios y/o la agro-ganadería. Las principales causas de la pérdida de bosques nativos están asociadas a los cambios de uso de suelo que se realizan para desarrollar actividades agrícolas y ganaderas, así como los incendios. Por otro lado, la proliferación de los incendios forestales también se explica por el cambio climático: altas temperaturas, intensas sequías, bajos niveles hídricos”. 

Dato que aporta el informe: El Servicio Metrológico Nacional de octubre de 2022 reportó que más de 160 millones de hectáreas fueron afectadas por la sequía en el país. Otro: las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba y San Luis atraviesan una situación de sequía extrema sin precedentes. “Estas condiciones climáticas, combinadas con altas temperaturas y falta de lluvia, aumentan el riesgo de incendios. Asimismo, a medida que la temperatura global aumenta, eventos como éste serán cada vez más extremos y frecuentes”

Enrique Sierra, vecino de San Pedro, naturalista, activista ambiental, pone cuerpo y territorio a lo que los números y el informe exponen. Cuando atiende el teléfono a lavaca el termómetro registra en su casa 34 grados, y “llegamos a picos de 40 grados la semana pasada. En un año estamos cocinados”. 

¿Por qué?

Por las altas temperaturas, por la falta de lluvia, el Río Paraná está bajo. Desde principio de año llovieron solamente 8 milímetros. Y en agosto, septiembre, noviembre y diciembre del 2022 llovió por mes un promedio de 5 milímetros.

Si le tuvieras que hablar a una persona que no está metida en el tema, que escucha lejano lo del cambio climático pero ve que está padeciendo el calor y que hay incendios permanentes en distintos lugares del país, ¿cómo le explicarías lo que pasa?

Se lo explicaría simple: ¿cuántos cortes de luz tuvo en el año? La luz que tenemos, la mayor parte, viene de centrales hidroeléctricas que no están produciendo energía porque hay sequía en ríos y lagos. ¿Hace 20 años atrás usaba tanto protector solar? ¿Lo alertaban por los golpes de calor? ¿Se le corta el agua en la casa? Porque las autoridades dicen que en las napas casi no hay agua. Esa sería la manera de explicarle a la sociedad en general qué es el cambio climático. Pienso que se entiende más fácil así. Las altas temperaturas nos llevan a más costos. 

¿Por ejemplo?

Si tenés aire acondicionado o ventilador vas a gastar más energía eléctrica, si es que tenés energía eléctrica. Otro ejemplo: si tenés algún tipo de enfermedad, con el humo de los incendios te afectan por las partículas del aire, el dióxido de azufre, el monóxido de carbono, que son gases de efecto invernadero. Acá en San Pedro se está quemando la isla y la solución es que manden 19 brigadistas. No podés mandar esa cantidad a un lugar que tiene más de 1000 hectáreas quemándose. La gente todavía no asocia. Y lo que no asocia la gente tampoco lo asocian los representantes políticos. No se entiende la relación entre los temas ambientales con la vida cotidiana; si yo tengo calor en la vereda es porque no tengo árboles, por eso tengo tres grados más de temperatura. Si llegan a venir lluvias demasiado copiosas, yo no sé qué va a pasar con las ciudades cuando se inunden porque no nos preparamos para el cambio de clima. Hoy tenemos sequía, pero tal vez después de mayo tengamos inundaciones. Ante esa incertidumbre nosotros todavía no nos preparamos como sociedad, como país, para prevenir este tipo de cosas, pese a que muchos venimos advirtiendo del tema. 

Amnistía Internacional acaba de sacar un informe sobre los incendios, la pérdida de biodiversidad y áreas protegidas, de humedales, entre otros temas. Desde tu experiencia, ¿cuáles son las causas de los incendios sistemáticos en el país?

Pienso que en Argentina no ordenamos el territorio; el ordenamientos territorial se refiere a los usos que le damos al suelo, los usos pueden ser industriales, urbanos, agropecuarios, y de conservación como pueden llegar a ser las áreas de humedales, pero como no tenemos un orden de ordenamiento social, cada uno hace lo que quiere. Entonces, que no haya ordenamiento del territorio produce un caos. Todo esto se va agravando porque se van sumando pequeños caos de distintos lugares, provincias, municipios y esto se está haciendo demasiado grande, incontrolable, como los incendios. El clima está cambiando y todavía no reaccionamos, ni prevenimos. No hay lluvias, no se recargan las napas, escasea el agua en la ciudad. La sociedad todavía no relaciona que la falta de lluvias le puede afectar el consumo de agua. El río está bajo desde hace 3 años, los humedales no tienen agua, se queman. Sin que los que queman tengan conciencia que están convirtiendo su futuro en cenizas. 

Fotos: Pablo Sigismondi

La deuda del Congreso: la Ley de Humedales

En Argentina aproximadamente un 21% del territorio está compuesto por humedales, aunque no se sabe con exactitud cuántos hay, su extensión ni su estado de conservación y destrucción. 

Los incendios presentan un riesgo enorme a estos ecosistemas generando pérdidas ambientales que podrían ser irrecuperables. Los humedales ayudan a mitigar los efectos que provocan las sequías, previniendo los focos de fuego, son barreras naturales que ayudan a prevenir el avance de las llamas. Además los beneficios de los humedales son múltiples y su contribución al bienestar humano es invaluable.

El proyecto de ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de Humedales busca garantizar su conservación, protección y su uso sustentable. El proyecto lleva una década dormido en el Congreso de la Nación. Desde 2013 las sucesivas pérdidas de estado parlamentario son una constante, abonadas con la indiferencia de la clase política. 

En noviembre 2022 la Ley de Humedales tuvo dictamen en el plenario de las tres comisiones a las que el proyecto había sido girado, pero el dictamen de mayoría pertenece al interbloque Juntos por el Cambio con 53 firmas. El dictamen de minoría (un poco más cercano a lo que apoyan desde hace años las organizaciones científicas, sociales, ambientales y las comunidades afectadas) fue el del Frente de Todos, consiguió solamente 47 firmas dado que varios diputados y diputadas oficialistas no firmaron. 

El proyecto sigue sin ser tratado en el recinto y no fue incluido en las sesiones extraordinarias que acaban de iniciar. 

El informe de Amnistía Internacional exige: “El Congreso de la Nación debe dar urgente tratamiento al proyecto de Ley de Humedales y avanzar con acciones concretas que amplíen la protección de estos ecosistemas tan importantes para el mantenimiento y desarrollo de la vida en la Tierra”. 

Rodolfo Martínez, vecino de la ciudad de Rosario e integrante de la Multisectorial por la Ley de Humedales, explica a lavaca que el proyecto de ley fue “deliberadamente no incluido en las sesiones extraordinarias; no fue incluido ni por pedido de Alberto Fernández ni por pedido de legisladores”.

Sobre los dos dictámentes que se lograron aclara: “el de minoría del oficialismo es bastante más superador que el de mayoría, pero vemos que no hubo intenciones de que tenga debate. Vuelvo al punto: tiene que estar en el Congreso, se tiene que votar, a favor o en contra, de cara a la sociedad. Estamos de cara a un año electoral y todavía no sabemos qué piensan hacer los legisladores. Claramente la omisión de esto es una forma de ceder ante los intereses concentrados que están frenando esta ley”.

¿Quien tiene la responsabilidad de que no se esté tratando?

La responsabilidad de esto no la tienen los lobbies, como a veces intentan decirnos los legisladores. La responsabilidad la tiene cada nombre y apellido, diputado y diputada de todas las provincias que no se sitúan con lo que pasó en la calle, con tanto humo, tanta tragedia, no solo de animales, sino también la salud humana. No se quiere ponerle regulación, es más cómodo que sucedan los grises. 

¿Cómo está la situación en Rosario?

Hace dos fines de semana lamentablemente tuvimos fuego acá en la Isla de los Mástiles, al norte de Rosario, jurisdicción de la provincia de Santa Fe. Se tardó tres días en apagar el fuego y cuando estuvo todo el operativo se demostró que existen fuerzas, existen recursos, vinieron los brigadistas, fue la provincia la que se puso a mover las cosas a raíz del pedido también de las organizaciones. Pudieron apagar el fuego pero estamos hablando de que se repite una lógica, un patrón de fuego que es millonario. Es decir, vamos, apagamos el fuego con operativos que son carísimos y que llegan tarde porque el fuego ya quemó, por supuesto saludamos los esfuerzos pero me parece que hay que hay que invertir la lógica y lo que se tiene que garantizar es una tutela, un guardianazgo del territorio que al día de hoy no existe. En Entre Ríos por ejemplo es deliberadamente funcional que eso no exista. Santa Fe está accionando en estos territorios próximos que son más visibles por la ciudadanía, no así en los humedales del Norte donde están haciendo obras y que claramente van a afectar los territorios, pero por lo menos ante la prensa y ante la vergüenza algo están haciendo.

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Lo que el informe recomienda

El informe de Amnistia Internacional cierra con una serie de recomendaciones hacia el Estado. Son estas:

  • Generar condiciones políticas, legales, administrativas, económicas y financieras que permitan una gestión ambiental transversal a todas las políticas públicas, con un enfoque especial en acciones que se destinen a combatir los efectos de la crisis climática. 
  • Mejorar las estrategias de prevención de incendios forestales, reducción del riesgo y preparación de recursos, que debe estar acompañada de un sistema de monitoreo que garantice impactos efectivos en la reducción de los incendios. 
  • Garantizar el financiamiento y las condiciones necesarias para que todas las instituciones que dan respuesta a los incendios tengan los recursos materiales y humanos para responder con celeridad y de manera adecuada ante los focos de incendio forestales.
  • Asegurar una distribución de recursos eficiente y equitativa para que los distintos niveles del gobierno desarrollen los esfuerzos necesarios para informar los incendios, de manera periódica, así como informar el consecuente impacto socioambiental de los incendios forestales. 
  • Garantizar la restauración, rehabilitación y reforestación de las áreas afectadas y/o restauración de ecosistemas en beneficio de los territorios y población perjudicados; considerando la infraestructura natural, el cambio climático y el planeamiento que permita territorios más seguros y resilientes en el futuro. 
  • Garantizar investigaciones urgentes y eficaces para la identificación y sanción de los responsables de los incendios forestales y su debida condena. 
  • Avanzar con el tratamiento y aprobación urgente del proyecto de Ley de Humedales, priorizando aquel que ofrezca las mayores garantías posibles para la protección de los territorios.

Evangelina Romano, integrante de la Red Nacional de Docentes por los Humedales, y vecina de Ramallo, conversa con lavaca y aporta sus propias recomendaciones. Habla claro y dice así: “Despedimos al 2022 sin una Ley de Humedales y como era de esperar en llamas y tapados de humo. Y como pasó siempre, nadie accionó. Siempre esperamos a que el humo nos entre por la ventana. Una locura. Pedimos una Ley de Humedales que nos dé herramientas para terminar con el sufrimiento de las personas asmáticas, de los bichos, de los isleños, de los pescadores y de la vida misma. Todo sigue igual que hace 2 años, con gobernantes nacionales y provinciales inoperantes que se desbocan por zoom y no hacen cumplir las leyes; no es tiempo de debatir, de hablar, ya es tarde. Lo mismo sucede con municipios acéfalos que solo mandan cartas y se sientan a ver qué pasa desde la otra orilla. Armen un plan de contingencia, conversen con los propietarios y únanse para mitigar semejante devastación, poniendo recursos. Si no accionan, si no despiertan, esto no va a tener solución». 

Fotos: Pablo Sigismondi.
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