CABA
Alegato frente a los Tribunales: cumplir y hacer cumplir la Constitución
«Exigir la Constitución no es delito», decían las pancartas que se alinearon al pie de las escalinatas del Palacio de Tribunales. Sobre ellas, dos decenas de personas se formaron como si se tratara de un grupo coral para leer un alegato contra la judicialización de lucha social. En la lectura se alternaron jóvenes de distintos movimientos sociales que tenían el rostro tapado y se lo descubrían antes de empezar a hablar. Cada uno de ellos llevaba en el pecho un cartel con un número y una leyenda: «Preso por luchar por la educación», «Preso por luchar por trabajo», «Preso por luchar por la salud». En la primera fila estaba José Pepino Fernández, miembro de la Unión de Trabajadores Desocupados de Mosconi, que acumula 76 causas procesales sobre sus espaldas. Al lado, se paró Marina Schifrin, la docente rionegrina condenada por cortar una ruta y cuyo caso se encuentra en la Corte Suprema de la Nación. Todos se mostraban detrás de rejas de las rejas de cartulina que junto a los cartelitos- fueron diseñadas por el Grupo de Arte Callejero. Parado atrás de los oradores, el cordón policial que custodiaba la entrada al edificio, parecía parte de una performance.
«Exigir la Constitución no es delito», decían las pancartas que se alinearon al pie de las escalinatas del Palacio de Tribunales. Sobre ellas, dos decenas de personas se formaron como si se tratara de un grupo coral para leer un alegato contra la judicialización de lucha social. En la lectura se alternaron jóvenes de distintos movimientos sociales que tenían el rostro tapado y se lo descubrían antes de empezar a hablar. Cada uno de ellos llevaba en el pecho un cartel con un número y una leyenda: «Preso por luchar por la educación», «Preso por luchar por trabajo», «Preso por luchar por la salud». En la primera fila estaba José Pepino Fernández, miembro de la Unión de Trabajadores Desocupados de Mosconi, que acumula 76 causas procesales sobre sus espaldas. Al lado, se paró Marina Schifrin, la docente rionegrina condenada por cortar una ruta y cuyo caso se encuentra en la Corte Suprema de la Nación. Todos se mostraban detrás de rejas de las rejas de cartulina que junto a los cartelitos- fueron diseñadas por el Grupo de Arte Callejero. Parado atrás de los oradores, el cordón policial que custodiaba la entrada al edificio, parecía parte de una performance
En esta acción participaron miembros de la UTD de Mosconi, el Movimiento Teresa Rodríguez, el MTD de Solano, el MTD Maximiliano Kosteki, el grupo de Educación Popular de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, la Asociación Madres Línea Fundadora, Red de Intelectuales, Artistas y Académicos por la defensa de los derechos, el Grupo de Arte Callejero, el colectivo de resistencia global Intergaláktica, la Comisión contra la Represión Policial y la Impunidad de Zona Norte y la Universidad Trahumante, entre otros. Después de la lectura del documento, todos marcharon hacia la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, donde entregaron el alegato que aquí se reproduce. Fue el cierre de la Semana contra la Criminalización de la Protesta, organizada por Alerta Salta.
Buenos Aires, 11 de junio de 2004,
Señores de la Corte Suprema de Justicia de la Nación:
Señor Secretario de Derechos Humanos de la Nación
Nos presentamos ante ustedes, nosotros, ciudadanas y ciudadanos argentinos, vecinos de buenos aires y de otros municipios del conurbano, así como de ciudades lejanas de nuestras provincias interiores, como General Mosconi, en Salta, Bariloche, en Río Negro, y otras comarcas, comunidades y vecindarios urbanos y rurales de nuestro extenso país. Lo hacemos a nombre propio, pero con la certeza de que la situación que describimos y venimos a denunciar afecta millones de compatriotas, más allá de orientaciones, tradiciones o pertenencias religiosas, ideológicas, partidarias, regionales o de cualquier otro tipo. Somos de las ciudades y del campo; trabajadores y creadores manuales o intelectuales; de sectores populares y de clases medias; del color de la tierra y del color de la nieve; mujeres y hombres, viejos y viejas, con nuestros niños y niñas. Somos, pues, y estamos aquí, no como partidarios u opositores de nada ni nadie, sino en tanto sencillos ciudadanos, para preguntar, interpelar y demandar de ustedes, que constituyen la magistratura suprema prevista por la Constitución Nacional, respuestas, de palabra y de actos, que ilustren nuestro entendimiento y satisfagan de modo eficaz la doliente necesidad que nos moviliza. Entendemos que este es su trabajo, el de interpretar, explicar y hacer cumplir las normas y reglas de nuestra común Constitución Nacional, y que ésa es la razón y objeto de sus funciones y de la suprema autoridad que la sociedad les reconoce.
Hechas las precisiones precedentes, entraremos de lleno en la cuestión de fondo.
1. La protesta social no es delito.
Hoy nos acompañan dos ciudadanos ejemplares de nuestro país, que son perseguidos por su tenaz y valiente acción de denuncia y demanda de justicia y de los derechos constitucionales avasallados: Marina Schifrin, docente de Bariloche, y Pepino Fernández, de Mosconi. Ellos, junto a más de 3.000 ciudadanas y ciudadanos están siendo criminalizados por sus acciones legítimas en defensa de los derechos y garantías básicos establecidos en la Constitución. Frente a esta situación de criminalización de la protesta social, que ha venido agravándose en los últimos meses, a través de diferentes fallos incriminatorios, es que exigimos que los jueces federales y provinciales cumplan con su prioritario deber de dar protección en lugar de perseguir- a quienes reclaman a las autoridades públicas por la violación de sus necesidades más elementales. En tal sentido, los jueces repugnan el deber que les compete cuando no sólo no asumen su compromiso constitucional sino que, por el contrario, lo niegan, para convertirse en verdugos de los mismos a quiénes deben resguardo.
En momentos en que se está repensando la legislación penal en materia de seguridad pública, demandamos una revisión íntegra del Código Penal, que elimine la inclusión de figuras delictivas en los casos del legítimo ejercicio del derecho de peticionar en reclamo de condiciones dignas de vida.
2. El valor es la vida. Y la vida es una, es indivisible y es hoy:
Es de pública notoriedad la situación de hambre, desnutrición infantil, enfermedades, pobreza extrema, carencias y privaciones de alimento, vestido, habitación, salud, educación, contención afectiva de millones de nosotros, adultos, viejos y especialmente niños, más allá de la situación de desempleo total o parcial, o aún de empleo. Las cifras son conocidas y no es necesario repetirlas. Aún cuando se exhiban algunas mejoras leves en esos índices, lo cual sin dudas es un dato loable, el valor en juego, aquello de lo que estamos hablando, es de la vida misma. Un valor que no es parcelable, ni postergable. La vida es una, es indivisible, y es hoy; y si no, no es. El «costo básico» de la vida, en la Argentina de hoy se estima en alrededor de 320/350$ por persona (no 150$ por familia!). Ese es el valor estimado de una canasta de insumos y servicios básicos para garantizar la reproducción cotidiana de la vida, y la Argentina está ya hace tiempo produciendo el equivalente a tres canastas o ingresos ciudadanos básicos para la totalidad de sus habitantes; o, si se prefiere, el producto interno del país alcanzaría para sostener las necesidades vitales del triple de población, si éste fuera equitativamente distribuido.
3. De la vida y de la ciudadanía conculcadas es que venimos a preguntar
¿Es posible (¿es justa?, ¿es gobernable?) una sociedad, un contrato social que no garantiza la vida de todos sus integrantes? ¿tiene sentido (práctico, político y ético) una sociedad en la cual la mitad o más de sus miembros corren riesgo de muerte por necesidades vitales insatisfechas; o se encuentran amenazados en su propia subsistencia y en la de su familia? ¿Por qué y para qué vivir en sociedad, construir y acatar reglas de convivencia, someterse a normas y autoridades, si de ello no resulta una garantía a la vida, a la producción y reproducción de la vida personal, familiar y de la especie?
4.No hay ciudadanía plena bajo un régimen de exclusión y desigualdad
¿Es posible una ciudadanía plena, cuando más de la mitad de la población resulta excluída del acceso a los bienes básicos, y queda rehén de sus necesidades insatisfechas? En otras palabras, en ese estado de cosas, ¿es posible un Estado de Derecho, una República; una Democracia? ¿Cómo se debe denominar a aquellos que ocupan las máximas magistraturas (ejecutivas, legislativas o, especialmente, judiciales) que establece la Constitución Nacional, cuando por acción u omisión permiten tal estado de inconstitucionalidad estructural? ¿Están incumpliendo sus deberes de funcionarios públicos? En ese caso, ¿Son autoridades ilegítimas, aún cuando legales?
Resulta evidente que un país como Argentina posee y produce bienes más que suficientes para sostener con dignidad la vida de toda su población, y aún de poblaciones mucho mayores. Si en cambio, una mayoría de su población padece penurias, y una minoría concentra en alta proporción el ingreso social producido; ¿No estamos ante una evidente situación de expropiación? ¿Puede esto ser tolerado? ¿Se puede convivir con la exacción, la explotación y el robo hacia grandes sectores de la población, y esperar que éstos acepten pasivamente tal violencia?
5.La Constitución Nacional se halla en estado de violación sistemática y estructural
La Constitución Nacional establece en forma explícita y taxativa todos los derechos que garantizan la existencia, la seguridad, la dignidad e integridad física, intelectual, moral y jurídica de todas las personas, y de ese modo las habilita como ciudadanos. Al hacerlo, funda de este modo la legitimidad de las leyes y las instituciones. Es evidente que esos derechos y garantías constitucionales no son cumplidas en nuestro país. No puede existir un cumplimiento «parcial» de la constitución, de algunas cosas sí, pero de los derechos vitales no. ¿No estamos en un estado de violación sistemática y estructural de nuestra Constitución Nacional? ¿ Cómo reclamar el acatamiento a la ley, cuando la ley fundamental es incumplida y desacatada de modo permanente; cuando una alta proporción de la población ha sido expulsada de las garantías establecidas en ella? Y si no es posible calificar esta situación sino como de inconstitucionalidad estructural, ¿No establece la propia Constitución el derecho y el deber de resistencia frente a sus violadores y usurpadores? ¿Porqué entonces, en lugar de actuar para restablecer la plena vigencia de la constitución, se persigue y judicializa de oficio a quienes reclaman, protestan, resisten la arbitrariedad, la injusticia y la inconstitucionalidad estructural?
6.La política de Derechos Humanos no debe orientarse sólo hacia el pasado, sino también hacia el presente y futuro
En momentos en que el poder público desarrolla una importante política de condena de la violación de los derechos humanos en relación con el terrorismo de Estado de los años ´70, nos preguntamos entonces, ¿porque las acciones del gobierno no se han orientado a sostener una política de defensa de los derechos humanos hoy, o del pasado reciente, cuando todo indica que existe una flagrante y sistemática violación de los derechos fundamentales?
¿No es acaso tarea de la Secretaria de Derechos Humanos de la Nación proponer políticas activas de defensa de los derechos de las personas? Exigimos al Señor Secretario de Derechos Humanos de la Nación que cumpla con sus obligaciones de funcionario público, y brinde las correspondientes explicaciones sobre el proyecto de amnistía elaborado por organismos de derechos humanos y presentado ante dicha secretaría. A dos años de la masacre del Puente Pueyrredón, exigimos al poder político nacional el juicio y condena de los responsables políticos y materiales de aquellos crímenes y la apertura de los archivos de la SIDE para profundizar la investigación, promesa realizada por el propio presidente y jamás cumplida.
7.Los deberes del poder judicial deben orientarse a cumplir y hacer cumplir la Constitución
Nos preguntamos nuevamente: el Poder Judicial; ¿No está facultado, y constituye su deber, actuar de oficio para restablecer el pleno cumplimiento de las garantías constitucionales? ¿Acaso no le compete a la Justicia, sino que es materia de los otros poderes? Y si los otros poderes, legislativo y ejecutivo, omiten actuar con la prestancia y decisión que la gravedad de la situación impone; ¿El poder judicial no está facultado y obligado a ordenar el inmediato acatamiento y eficaz reparación de esta situación de inconstitucionalidad? ¿Eso no implicaría ordenar medidas inmediatas para dar fin a dicha violación de los derechos fundamentales, que para el caso que nos ocupa debería atender a reparar la gravísima crisis social en forma integral, mediante el previsionamiento de medios y la redistribución equitativa y suficiente de los mismos?
Cumplir y hacer cumplir la Constitución Nacional, ¿ No implica, entonces, desincriminar a los ciudadanos que reclaman por el cumplimiento de los derechos fudamentales y, por ende, se hallan comprometidos con su pueblo y la constitución?; y a la inversa, ¿No es imprescindible la intervención judicial para investigar, castigar y reparar la injusticia? Porqué no cesa el Poder Judicial con esta persecución a las víctimas, y orienta su accionar a quienes expropiaron y robaron (y continúan haciéndolo) el trabajo, los ahorros, los bienes materiales, naturales y culturales de una gran mayoría de los argentinos? Y más aún, ¿No debe el poder judicial ordenar al ejecutivo la inmediata inclusión completa de toda la población garantizando el acceso universal a un ingreso o canasta de bienes básicos y suficientes? ¿No debe actuar contra la injusticia (el latrocinio, la expropiación) estructural, e imponer niveles aceptables de equidad?
Señores de la Corte,
Señor Secretario de Derechos Humanos
En sus manos está la respuesta a tantos dolorosos y urgentes interrogantes. Sentimos que nuestro país y nuestra gente han sido y continúan siendo confrontados a una guerra prolongada de baja intensidad. Una guerra que ha desmantelado el tejido social, productivo e institucional de lo que fuera un país potente e importante, y que ha arrojado a la miseria y desesperación a vastos sectores de la población. Cada quien en este país, cada persona, grupo e institución, deben definir de qué lado están. Nosotros, como creemos que la inmensa mayoría de nuestros conciudadanos, estamos del lado de la paz, de la dignidad, de la justicia, de los derechos humanos y sociales. ¿De qué lado está la Corte Suprema de Justicia de la Nación? ¿De qué ado están los funcionarios políticos consagrados a la defensa de los Derechos Humanos?
Esperamos una respuesta, en palabras, y sobre todo, en actos.
ALERTA SALTA
UTD de Gral Mosconi, Movimiento Teresa Rodriguez, MTD de Solano, MTD M. Kostecki de Guernica, Unión de Trabajadores Piqueteros, Equipo de Educación Popular de la Universidad de Madres de Plaza de Mayo; Dra Mara Puntano, abogada defensora de los trabajadores, Copenoa (Colectivo de Prensa Alternativa del Norte Argentin,)La Fogata, Agencia La Vaca, Juana Pimienta (FM La Tribu), Revista América Libre, Red de Intelectuales, Artistas y Académicos por la defensa de los derechos fundamentales (RIAA); Universidad Trashumante.
CABA
Festival ENTRÁ: Resistencia cultural contra el Decreto 345 que quedó ¡afuera! y un acto performático a 44 años del atentado a El Picadero

A 44 años del atentado en plena dictadura contra el Teatro El Picadero, ayer se juntaron en su puerta unas 200 personas para recordar ese triste episodio, pero también para recuperar el espíritu de la comunidad artística de entonces que no se dejó vencer por el desaliento. En defensa del Instituto Nacional del Teatro se organizó una lectura performática a cargo de reconocidas actrices de la escena independiente. El final fue a puro tambor con Talleres Batuka. Horas más tarde, la Cámara de Diputados dio media sanción a la derogación del Decreto 345 que desfinancia al Instituto Nacional del Teatro, entre otros organismos de la Cultura.
Por María del Carmen Varela
Fotos Lina Etchesuri para lavaca
Homenaje a la resistencia cultural de Teatro Abierto. En plena dictadura señaló una esperanza.
Esto puede leerse en la placa ubicada en la puerta del Picadero, en el mítico pasaje Discépolo, inaugurado en julio de 1980, un año antes del incendio intencional que lo dejara arrasado y solo quedara en pie parte de la fachada y una grada de cemento. “Esa madrugada del 6 de agosto prendieron fuego el teatro hasta los cimientos. Había empezado Teatro Abierto de esa manera, con fuego. No lo apagaron nunca más. El teatro que quemaron goza de buena salud, está acá”, dijo la actriz Antonia De Michelis, quien junto a la dramaturga Ana Schimelman ofició de presentadoras.


Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.
La primera lectura estuvo a cargo de Mersi Sevares, Gradiva Rondano y Pilar Pacheco. “Tres compañeras —contó Ana Schimelman— que son parte de ENTRÁ (Encuentro Nacional de Teatro en Resistencia Activa) un grupo que hace dos meses se empezó a juntar los domingos a la tarde, a la hora de la siesta, ante la angustia de cosas que están pasando, decidimos responder así, juntándonos, mirándonos a las caras, no mirando más pantallas”. Escuchamos en estas jóvenes voces “Decir sí” —una de las 21 obras que participó de Teatro Abierto —de la emblemática dramaturga Griselda Gambaro. Una vez terminada la primera lectura de la tarde, Ana invitó a lxs presentes a concurrir a la audiencia abierta que se realizará en el Congreso de la Nación el próximo viernes 8 a las 16. “Van a exponer un montón de artistas referentes de la cultura. Hay que estar ahí”.


Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.
Las actrices Andrea Nussembaum, María Inés Sancerni y el actor Mariano Sayavedra, parte del elenco de la obra “Civilización”, con dramaturgia de Mariano Saba y dirección de Lorena Vega, interpretaron una escena de la obra, que transcurre en 1792 mientras arde el teatro de la Ranchería.
Elisa Carricajo y Laura Paredes, dos de las cuatro integrantes del colectivo teatral Piel de Lava, fueron las siguientes. Ambas sumaron un fragmento de su obra “Parlamento”. Para finalizar Lorena Vega y Valeria Lois interpretaron “El acompañamiento”, de Carlos Gorostiza.

Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.

Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.
Con dramaturgia actual y de los años ´80, el encuentro reunió a varias generaciones que pusieron en práctica el ejercicio de la memoria, abrazaron al teatro y bailaron al ritmo de los tambores de Talleres Batuka. “Acá está Bety, la jubilada patotera. Si ella está defendiendo sus derechos en la calle, cómo no vamos a estar nosotrxs”, dijo la directora de Batuka señalando a Beatriz Blanco, la jubilada de 81 años que cayó de nuca al ser gaseada y empujada por un policía durante la marcha de jubiladxs en marzo de este año y a quien la ministra Bullrich acusó de “señora patotera”.
Todxs la aplaudieron y Bety se emocionó.
El pasaje Santos Discépolo fue puro festejo.
Por la lucha, por el teatro, por estar juntxs.
Continuará.

Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.

Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.


Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.

Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.
CABA
La vida de dos mujeres en la Isla de la Paternal, entre la memoria y la lucha: una obra imperdible

Una obra única que recorre el barrio de Paternal a través de postas de memoria, de lucha y en actual riesgo: del Albergue Warnes que soñó Eva Perón, quedó inconcluso y luego se utilizó como centro clandestino de detención; al Siluetazo de los 80´, los restoranes notables, los murales de Maradona y el orfanato Garrigós, del cual las protagonistas son parte. Vanesa Weinberg y Laura Nevole nos llevan de la mano por un mapa que nos hace ver el territorio cotidiano en perspectiva y con arte. Una obra que integra la programación de Paraíso Club.
María del Carmen Varela
Las vías del tren San Martín, la avenida Warnes y las bodegas, el Instituto Garrigós y el cementerio de La Chacarita delimitan una pequeña geografía urbana conocida como La Isla de la Paternal. En este lugar de casas bajas, fábricas activas, otras cerradas o devenidas en sitios culturales sucede un hecho teatral que integra a Casa Gómez —espacio dedicado al arte—con las calles del barrio en una pintoresca caminata: Atlas de un mundo imaginado, obra integrante de la programación de Paraíso Club, que ofrece un estreno cada mes.
Sus protagonistas son Ana y Emilia (Vanesa Weinberg y Laura Nevole) y sus versiones con menos edad son interpretadas por Camila Blander y Valentina Werenkraut. Las hermanas crecieron en este rincón de la ciudad; Ana permaneció allí y Emilia salió al mundo con entusiasmo por conocer otras islas más lejanas. Cuenta el programa de mano que ambas “siempre se sintieron atraídas por esos puntos desperdigados por los mapas, que no se sabe si son manchas o islas”.


La historia
A fines de los ´90, Emilia partió de esta isla sin agua alrededor para conocer otras islas: algunas paradisíacas y calurosas, otras frías y remotas. En su intercambio epistolar, iremos conociendo las aventuras de Emilia en tierras no tan firmes…
Ana responde con las anécdotas de su cotidiano y el relato involucra mucho más que la narrativa puramente barrial. Se entrecruzan la propia historia, la del barrio, la del país. En la esquina de Baunes y Paz Soldán se encuentra su “barco”, anclado en plena isla, la casa familiar donde se criaron, en la que cada hermana tomó su decisión. Una, la de quedarse, otra la de marcharse: “Quien vive en una isla desea irse y también tiene miedo de salir”.
A dos cuadras de la casa, vemos el predio donde estaba el Albergue Warnes, un edificio de diez pisos que nunca terminó de construirse, para el que Eva Perón había soñado un destino de hospítal de niñxs y cuya enorme estructura inconclusa fue hogar de cientos de familias durante décadas, hasta su demolición en marzo de 1991. Quien escribe, creció en La Isla de La Paternal y vio caer la mole de cemento durante la implosión para la que se utilizó media tonelada de explosivos. Una enorme nube de polvo hizo que el aire se volviera irrespirable por un tiempo considerable para las miles de personas que contemplábamos el monumental estallido.
Emilia recuerda que el Warnes había sido utilizado como lugar de detención y tortura y menciona el Siluetazo, la acción artística iniciada en septiembre de 1983, poco tiempo antes de que finalizara la dictadura y Raúl Alfonsín asumiera la presidencia, que consistía en pintar siluetas de tamaño natural para visibilizar los cuerpos ausentes. El Albergue Warnes formó parte de esa intervención artística exhibida en su fachada. La caminata se detiene en la placita que parece una mini-isla de tamaño irregular, sobre la avenida Warnes frente a las bodegas. La placita a la que mi madre me llevaba casi a diario durante mi infancia, sin sospechar del horror que sucedía a pocos metros.
El siguiente lugar donde recala el grupo de caminantes en una tarde de sábado soleado es el Instituto Crescencia Boado de Garrigós, en Paz Soldán al 5200, que alojaba a niñas huérfanas o con situaciones familiares problemáticas. Las hermanas Ana y Emilia recuerdan a una interna de la que se habían hecho amigas a través de las rejas. “El Garrigós”, como se lo llama en el barrio, fue mucho más que un asilo para niñas. Para muchas, fue su refugio, su hogar. En una nota periodística del portal ANRed —impresa y exhibida en Casa Gómez en el marco de esta obra— las hermanas Sosa, Mónica y Aída, cuentan el rol que el “Garri” tuvo en sus vidas. Vivían con su madre y hermanos en situación de calle hasta que alguien les pasó la información del Consejo de Minoridad y de allí fueron trasladas hasta La Paternal. Aída: “Pasar de la calle a un lugar limpio, abrigado, con comida todos los días era impensable. Por un lado, el dolor de haber sido separadas de nuestra madre, pero al mismo tiempo la felicidad de estar en un lugar donde nos sentimos protegidas desde el primer momento”. Mónica afirma: “Somos hijas del Estado” .
De ser un instituto de minoridad, el Garrigós pasó a ser un espacio de promoción de derechos para las infancias dependiente de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia de Argentina (SENAF), pero en marzo de este año comenzó su desmantelamiento. Hubo trabajadorxs despedidxs y se sospecha que, dado el resurgimiento inmobiliario del barrio, el predio podría ser vendido al mejor postor.
El grupo continúa la caminata por un espacio libre de edificios. Pasa por la Asociación Vecinal Círculo La Paternal, donde Ana toma clases de salsa.
En la esquina de Bielsa (ex Morlote) y Paz Soldán está la farmacia donde trabajaba Ana. Las persianas bajas y los estantes despojados dan cuenta de que ahí ya no se venden remedios ni se toma la presión. Ana cuenta que post 2001 el local dejó de abrir, ya que la crisis económica provocó que varios locales de la zona se vieran obligados a cerrar sus puertas.
La Paternal, en especial La Isla, se convirtió en refugio de artistas, con una movida cultural y gastronómica creciente. Dejó de ser una zona barrial gris, barata y mal iluminada y desde hace unos años cotiza en alza en el mercado de compra-venta de inmuebles. Hay más color en el barrio, las paredes lucen murales con el rostro de Diego, siempre vistiendo la camiseta roja del Club Argentinos Juniors . Hay locales que mutaron, una pequeña fábrica ahora es cervecería, la carnicería se transformó en el restaurante de pastas Tita la Vedette, y la que era la casa que alquilaba la familia de mi compañera de escuela primaria Nancy allá por los ´80, ahora es la renovada y coqueta Casa Gómez, desde donde parte la caminata y a donde volveremos después de escuchar los relatos de Ana y Emilia.
Allí veremos cuatro edificios dibujados en tinta celeste, enmarcados y colgados sobre la pared. El Garrigós, la farmacia, el albergue Warnes y el MN Santa Inés, una antigua panadería que cerró al morir su dueño y que una década más tarde fuera alquilada y reacondicionada por la cheff Jazmín Marturet. El ahora restaurante fue reciente ganador de una estrella Michelín y agota las reservas cada fin de semana.
Lxs caminantes volvemos al lugar del que partimos y las hermanas Ana y Emilia nos dicen adiós.
Y así, quienes durante una hora caminamos juntxs, nos dispersamos, abadonamos La Isla y partimos hacia otras tierras, otros puntos geográficos donde también, como Ana y Emilia, tengamos la posibilidad de reconstruir nuestros propios mapas de vida.
Atlas de un mundo imaginado
Sábados 9 y 16 de agosto, domingos 10 y 17 de agosto. Domingo 14 de septiembre y sábado 20 de septiembre
Casa Gómez, Yeruá 4962, CABA.
Actualidad
Discapacidad: “Si la crueldad avanza, salimos a las plazas”

Se concretó este martes la marcha de personas con discapacidad y familiares, frente a quienes el gobierno hizo más de lo mismo: envió Policía y Gendarmería a amedrentarlos y amenazarlos, pese a que no estaban siquiera rompiendo el protocolo. Los gendarmes y policías tuvieron así la notable actitud de empujar y agredir a manifestantes con discapacidad que estaban reclamando pacíficamente por la motosierra aplicada a sus tratamientos, lo cual rompe toda frontera de la palabra «vulnerable».
Compartimos aquí la crónica realizada por el diario autogestivo Tiempo Argentino al respecto, reflejo de lo que está ocurriendo en el país.
Por Tiempo Argentino
Fotos: Antonio Becerra.
En protesta por el veto presidencial a la Ley de Emergencia, organizaciones de personas con discapacidad concentraron frente al Congreso, rodeado por policías y gendarmes. El reclamo se multiplicó en distintos puntos del país.
“Vallaron todo, nos rodearon de una manera exagerada. No es una movilización agresiva, nunca lo fue. No era necesaria tanta policía, tanta militarización”, criticaba Fernanda Abalde mientras emprendía la retirada de la masiva concentración frente al Congreso contra el veto de Javier Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad. Coordinadora de un centro de profesionales en neurodesarrollo y hermana de una persona con discapacidad a quien le recortaron las pensiones, sufre en carne propia el ajuste y el maltrato sobre el sector, que afecta tanto a prestadores como familias.
“Hay mucho maltrato del sistema a las familias, no es un sistema accesible. No solo en lo económico, es agresivo. Este año fue terrible. Hasta junio no estaban autorizados tratamientos presentados en noviembre del año pasado, por ejemplo. Siempre hubo un golpe a la discapacidad, pero este año fue muy atípico, recortaron muchos tratamientos, demoraron las autorizaciones, se planchó el nomenclador”, enumeró Abalde, coordinadora de Pulsar NeuroSocial y miembro del colectivo de Prestadores en Unidad CABA y GBA. “Es un sector con mucha demanda y se lo está desmantelando. Hay muchas familias que no pueden costear sus tratamientos”, lamentó en diálogo con Tiempo.

Represión como respuesta
La protesta había comenzado 11.30. Pasado el mediodía la concentración ya era masiva y comenzó el operativo represivo, con un número desproporcionado de efectivos de Policía Federal y Gendarmería que empujaban incluso a grupos de manifestantes entre los que había personas en silla de ruedas que gritaban contra el veto y solo portaban carteles por los derechos de las personas con discapacidad.

La Ley de Emergencia en Discapacidad busca revertir un panorama que por estos días es desolador. Según un informe reciente de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), la pensión por invalidez laboral está congelada en $217.000 y una maestra de integración en la escuela común cobra solo $3.000 la hora, con una demora de 180 días. Todo esto, mientras se recortaron pensiones por discapacidad y la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) proyecta recortar otros cientos de miles. Se trata de pensiones de 270 mil pesos, más un bono que lleva el total a poco más de 300 mil.
“Uno va pidiendo ayuda en la familia, se hace lo que se puede. Pero esperemos que este hombre recapacite”, pidió ante las cámaras Olga, una jubilada que marchó ante el Congreso, dirigiéndose a Milei. “Hay remedios que tuve que suspender. Hay muchas cosas que tienen que cambiar en la casa para poder subsistir. Para poder seguir adelante por mi hija”, dijo a C5N.

Un reclamo federal
La masiva protesta frente al Congreso se replicó también en distintos puntos del país. “Si la crueldad avanza, salimos a las plazas”, había anunciado la Asamblea De Trabajadores de Inclusión (ATI) al convocar para este martes a una Jornada Federal por la Ley de Emergencia en Discapacidad.
Córdoba fue escenario de las protestas más concurridas. Desde la Plaza San Martín de Córdoba Capital, Virginia Els –presidenta de la Cámara de Prestadores de Discapacidad de Córdoba (Capredis)- destacó el gran número de familias que se sumó a reclamar, junto a prestadores, transportistas y profesionales. “El veto incrementó el reclamo. Ahora estamos intentando alzar la voz para que los diputados escuchen el reclamo y vuelvan a votar la ley con los dos tercios necesarios para que se sostenga. Fue algo multitudinario, con mucha más participación de familias que antes”, resaltó.

Los motivos de protesta son varios, pero todos tienen que ver con frenar el maltrato y el ajuste sobre el sector, ante una política cruel que afecta a todos los actores del circuito. “Reclamamos que se actualicen los aranceles, que se contemplen otros criterios para las auditorías. El tema de las prestaciones está en una etapa crítica: las instituciones están cerrando”, advirtió.
El embate contra el sector es tal que está generando un nivel de unidad inédito: “En Córdoba, prestadores, instituciones, profesionales independientes, familias, personas con discapacidad, estamos todos muy unidos. Estamos todos trabajando a la par. Es algo que nunca había sucedido. Nos unió el espanto”, resumió Els.
Franco Muscio, terapista ocupacional al frente de un centro de día en la zona de Sierras Chicas, se acercó a la capital provincial para participar de la protesta. “El servicio es cada vez más precario, una situación alarmante y angustiante y un Estado nacional que no da respuesta. Este año es imposible sostener las prestaciones. Cada vez hay más recortes. No sé cómo vamos a seguir. Las familias son las más perjudicadas”, sentenció ante las cámaras. “Sin espacios como los nuestros, se pierde calidad de vida. Hace diez años que estoy en esto. Nunca había pasado algo así”.

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