Sigamos en contacto

Nota

Alca para principiantes

Publicada

el

La abogada Laura Ramos resume en este documento qué es, para qué sirve y para qué no sirve el Area de Libre Comercio impulsada por los Estados Unidos en Latinoamérica. Una didáctica nota que advierte sobre los peligros de este ofensiva política y comercial que se ha convertido en prioridad norteamericana, tras el atentado del 11 de setiembre.

El ALCA: lo que dice, lo que calla, lo que oculta

El ALCA, un proyecto norteamericano

El Área de Libre Comercio para las Américas o ALCA constituye la expresión económica del proyecto anexionista e intervencionismo que lleva adelante los Estado Unidos en el hemisferio occidental bajo los lineamientos de la Doctrina Monroe (1823), retomados en la era post-soviética por el presidente Bush padre y sus continuadores en la Casa Blanca, y cuya versión popular se inmortalizó bajo la consigna: América para los Americanos. Varios documentos de agentes del Estado norteamericano dan cuenta de esta aseveración. En 1997, Albert Coll, ex primer vicesecretario de Defensa para Operaciones Especiales norteamericano señalaba claramente que, en lo económico, EEUU está interesado en promover el desarrollo general de América Latina en direcciones que sean congruentes con sus intereses económicos; específicamente en la implementación de políticas que mantengan los mercados latinoamericanos abiertos a los productos y capitales norteamericanos (citado por Calloni, 2001). En 1999, el gobierno norteamericano reconoció en un documento del National Security Council (Washington) que en materia económica está dispuesto a hacer lo que sea necesario para defender sus intereses, incluso a usar su poder militar en forma unilateral y decisiva para derribar barreras comerciales en el extranjero y crear puestos de trabajo en su territorio (citado por Bilbao, 2001). La ultraderecha republicana recomienda en el Santa Fe IV «El futuro de las Américas: Temas para el nuevo Milenio» (2001), una nueva avanzada sobre Latinoamérica, reconoce que el hemisferio occidental es un premio estratégico sin par, y que América del Sur lo es en recursos naturales, puntos estratégicos y potencial humano. Además sostiene que entre los elementos geoestratégicos importantes para la seguridad nacional de EEUU, es imprescindible que los recursos naturales del hemisferio estén disponibles para responder a sus prioridades nacionales.

Los claros intereses norteamericanos en el conjunto de la región hemisférica expresados en los documentos mencionados, una aproximación al proceso de negociación del ALCA y la lectura de su primer texto borrador, no dejan dudas sobre lo que este proyecto de acuerdo continental representaría para los EEUU en caso de cerrarse. Teniendo en cuenta la potencialidad que encierra para el coloso del norte la unidad regional en la lucha intercapitalista que sostiene con Europa y Japón, el ALCA se trataría de un instrumento decisivo para consolidar su poder hegemónico en el continente, erradicando definitivamente de él cualquier proyecto de desarrollo autónomo. Esto es lo único que puede esperarse de una «integración» que, acordada bajo el fundamentalismo de mercado, carece de toda dimensión político-institucional y social que posibilite, mediante la libre circulación de mano de obra y políticas de apoyo a los Estados de menor desarrollo relativo, la paulatina homogenización y convergencia de las condiciones económico-sociales de todos sus países miembros, o que mínimamente permita morigerar el impacto económico y social consecuente de su implementación. Por el contrario, se rige por el principio de igualdad pero entre desiguales: si EEUU aporta dos tercios del PBI y la mitad del comercio, ¿qué «integración» puede esperarse cuando la única estrategia prevista para contrarrestar la evidente asimetría con el Tío Sam se limita a una cuestión de plazos? (Se prevén plazos más largos de liberalización comercial para las economías más débiles) .

El ALCA, lo que dice: tendencias y consecuencias

Fue el presidente norteamericano Bill Clinton, el ferozmente criticado por la oposición republicana por la laxitud y negligencia con la que se ocupaba de las políticas domésticas (incluida toda la América), el catalogado de incapaz de comprender la complejidad del mundo post-guerra-fría así como de reconocer la continuidad de sus enemigos seculares -al punto de identificarlo con un ideólogo de izquierda o gramsciano-, quien convocó en 1994 en la ciudad de Miami, la Primera Cumbre de las Américas. A ella concurrieron los Presidentes y Jefes de Estados de todos los países del hemisferio, a excepción de Cuba, y en ella se lanzó el proyecto del establecimiento del ALCA. Año 1994 que arrancó con la entrada en vigor del Tratado del Libre Comercio de América del Norte (NAFTA) que nucleaba en una única región comercial a EEUU, Canadá y México. Año 1994 que despertó con la irrupción en el escenario global del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, de componente fundamentalmente indígena, luego de 10 años de reflexión en silencio en la Selva Lacandona. Los Zapatistas intentaron en vano advertir sobre las nefastas consecuencias que acarrearía ese acuerdo regional para los pueblos y los ecosistemas involucrados. De cualquier modo provocaron esa aún vigente inquietud planetaria por una democracia real y estimularon el lanzamiento de un programa colectivo de repudio internacional contra este intento de re-estipular las reglas del mercado mundial en el marco de la re-estructuración de la relación capital/trabajo -en franco detrimento de este último- que posibilitó la implosión de la Unión Soviética y el desarrollo de una nueva etapa del sistema capitalista, desde entonces, sin lugar a dudas, de alcance global.

En aquella Primera Cumbre para las Américas celebrada, como ya se mencionó, en 1994, el Plan de Acción aprobado contemplaba el establecimiento de un Área de Libre Comercio para las Américas en el que se fueran eliminando progresivamente las barreras a la circulación de bienes, servicios y capitales bajo la convicción de que «la inversión constituye el principal motor del crecimiento en el Hemisferio», iniciándose las negociaciones de inmediato para concluirlas a mas tardar en el año 2005. Bajo el mandato de los Jefes de Estado y de Gobierno, la definición de los términos generales del ALCA quedó en manos de los Ministros de Economía y Finanzas de los países participantes.

Durante la Cuarta Reunión Ministerial (San José, 19 de marzo de 1998), los ministros iniciaron formalmente las transacciones, regularon su estructura y organización, establecieron 9 grupos de negociación sobre temas específicos y definieron los principios y objetivos generales que las guiarían. Estos últimos encierran claves hermenéuticas sobre el objetivo que viene a cumplir la suscripción de este acuerdo regional, entre los que queremos destacar:

  1. El resultado de las negociaciones constituirá un compromiso único comprensivo de todas las áreas temáticas y de todos los derechos y obligaciones acordadas.
  2. Será congruente con las reglas y disciplinas de la OMC e intentará mejorarlas cuando sea posible.
  3. Los derechos y obligaciones deberán ser comunes a todos los países.
  4. Todos los países deberán asegurar que sus leyes, reglamentos, y procedimientos administrativos estén conformes con las obligaciones del ALCA.

La primera versión de los borradores del ALCA fue presentada en la Sexta Reunión Ministerial (Buenos Aires, 2001) y una segunda versión se espera durante la Séptima Reunión Ministerial el 31 de octubre de 2002 en Quito. A continuación algunas de las tendencias y consecuencias que se pueden encontrar en los borradores.

Acceso a Mercados
Establece reglas para eliminar progresivamente toda barrera restrictiva al comercio (aranceles, barreras no arancelarias y medidas de efecto equivalente) en 10 años.
Limita la capacidad gubernamental de regular las relaciones económicas y sociales. Genera la desindustrialización nacional y la reprimarización de las economías industrialmente más débiles. Genera desempleo y precarización laboral.
Exige trato nacional y trato de nación más favorecida para productos extranjeros.
No contempla las diferentes capacidades relativas de negociación tanto en relación a los países intervinientes como en
relación a los pequeños y medianos agricultores y empresas.

Inversiones
Garantiza un clima de seguridad y estabilidad a las inversiones.
Posibilita la libre circulación del capital foráneo y su acceso al conjunto de los mercados en igualdad de condiciones con los capitales locales.
Permite exigir a los Estados compensaciones por cualquier acto de gobierno (expropiaciones directas, indirectas y medidas equivalentes), incluidas las leyes de interés público, que afecten sus ganancias potenciales.
Permite demandar a los Estados frente a paneles de arbitraje reunidos en secreto, pasando por alto los tribunales y las leyes nacionales.

Agricultura
Pone en peligro los programas que protegen la seguridad alimenticia nacional.
Estimula la concentración de tierras.
No respeta el derecho colectivo de los pueblos indígenas sobre sus territorios.
Pone en peligro la supervivencia de los campesinos. Genera migraciones rurales a las periferias de los grandes centros urbanos. Genera desocupación, baja de salarios urbanos (nominales y reales), marginalidad, pobreza y exclusión social.
Estimula la mega industria y la agricultura química intensiva.
Aumenta la dependencia de los productos agrícolas de Estados Unidos.
Pone en peligro las reservas de recursos naturales y la fertilidad de los campos.
Liberaliza en forma total y paulatina el mercado de productos agropecuarios. Las exclusiones se limitan a cuestiones de competitividad. No contempla el daño social.
Elimina progresivamente las tarifas agrícolas, las barreras no arancelarias y los subsidios a las exportaciones. Limita cualquier tipo de intervención estatal.

Derechos de Propiedad intelectual
Permite a las grandes corporaciones patentar materias orgánicas y monopolizar medicinas vitales.
No reconoce el derecho de los Pueblos indígenas a oponerse a que sus saberes colectivos sean convertidos en un artículo de consumo.
Restringe el derecho de los agricultores a guardar, usar y vender semillas tomadas de sus plantas.
No controla la producción y distribución de transgénicos.

Servicios
Asigna la prestación de servicios sociales tales como salud, educación, justicia, asistencia social, jubilaciones, telecomunicaciones, etc., al sector privado.
Recorta la facultad gubernamental de brindar prestaciones en forma gratuita. La prestación gratuita puede ser cuestionada como competencia desleal.
Liberaliza paulatinamente el comercio de estos servicios en toda la región.
Abre los mercados locales a empresas extranjeras.
Deja en manos de la rentabilidad la prestación de servicios básicos. La selección del prestador se rige por criterios estrictamente comerciales.
Pone en peligro la calidad y el acceso a los servicios sociales.
Atenta contra el derecho universal a acceder y gozar de los servicios considerados esenciales para el bienestar general. Genera exclusión social.

Compras del Sector Público
Abre los procedimientos de contratación del sector público (adquisiciones y obras) a firmas extranjeras en igualdad de condiciones con las locales.
Prohíbe la interferencia del gobierno para dar preferencia a una firma local.
Limita la evaluación de los proveedores a los criterios precio y calidad.
Restringe la capacidad de los gobiernos para usar los contratos públicos como instrumentos para promover metas sociales.

Solución de Controversias
Establece mecanismos de resolución supranacionales.
Excluye la participación de la sociedad civil.
Los procedimientos son secretos.
Los paneles son integrados totalmente por técnicos comerciales o financieros.
Se limita a controversias de carácter comercial y financiero. Excluye las contiendas laborales, sociales o medioambientales.

El ALCA, lo que calla: una ayudita para mis amigos

Sin embargo tres áreas claves de la vida de los pueblos no son tratadas en el marco de las negociaciones del ALCA: trabajo, medio ambiente y derechos humanos. La única mención relativa a estos temas es la recomendación (no obligatoria) a los países de no relajar los niveles laborales y medioambientales internos para atraer la inversión. Podría alegarse que existe tanto a nivel interno como a nivel internacional una profusa regulación en relación a estos temas, o que existen organismos regionales e internacionales que vigilan el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por los Estados en estas áreas. Sin embargo, frente al nuevo equilibrio Estado-Sociedad-Empresa que se verifica en esta etapa de transnacionalización de la economía a nivel mundial, todo el aparato jurídico vigente es obsoleto por ineficiente. Por un lado, el carácter transnacional de las empresas que lideran las inversiones y el comercio mundial y la volatilidad y ubicuidad de sus actividades genera serias dificultades para encuadrarlas en las normas y jurisdicciones nacionales, y, por otro, a pesar que existe una normatividad a nivel internacional, no existen en cambio jurisdicciones internacionales competentes para aplicar dichas normas directamente a las empresas (AAJ-CETIM, 2002). En otras palabras, la aplicación de las normas laborales, medioambientales y sobre derechos humanos en el marco jurídico vigente está en manos de la voluntad de los Estados o bajo su exclusiva responsabilidad directa o indirecta. La situación se torna muy difícil para los países dependientes de la inversión externa porque es el nivel de corruptibilidad (consentimiento por dinero) de los funcionarios uno de los mayores atractivos para la radicación de capitales. A nivel interno los tribunales locales son los que deben hacer prosperar las demandas contra las empresas transgresoras. Y los compromisos adoptados en los convenios o tratados multilaterales son asumidos por los Estados, por lo tanto las empresas no pueden ser demandadas, los Estados son los únicos que pueden ser juzgados. Es cierto que son responsables (tanto el Estado de origen como el receptor) por las transgresiones de las empresas radicadas o que operan en sus territorios (Deber de Garantía), pero será muy difícil alcanzar esas instancias, el tiempo juega a favor de estas empresas que están en permanente transformación ¿qué sucederá cuando finalmente un Estado sea encontrado responsable de una lesión laboral, social o medioambiental? En el mejor de los casos deberá indemnizar por los daños, lo que poco significa frente a esta clase de lesiones, muchas de las veces irreversibles. Mientras tanto la empresa ya recogió sus frutos y ya opera bajo otro nombre y en otra jurisdicción. Otro obstáculo se suma: el capacitado para demandar. Por lo general otro Estado o una comisión internacional que tenga esa función (así funciona a nivel hemisférico la Corte Interamericana de DDHH), así que el particular lesionado cuando finalmente alcanza instancias superiores tendrá que enfrentarse ahora con la corrupción internacional. Por ejemplo, en el marco de Naciones Unidas, por mandato de la Subcomisión de promoción y protección de los DDHH, actualmente sesiona el grupo de trabajo sobre las sociedades transnacionales con el objeto de hacer un seguimiento de la evidente proliferación de violaciones a los DDHH resultado de los métodos de trabajo y las actividades desarrolladas por este tipo de sociedades y de evaluar la impunidad de la que gozan, para, en base a ello, elaborar propuestas tendientes a controlar la situación. Hasta el momento el grupo de trabajo, en lugar de bregar por el encuadramiento de las empresas transnacionales en las normas internacionales y nacionales vigentes en materia de DDHH (civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, medioambientales, de desarrollo) y de lograr que respondan ante las jurisdicciones competentes en caso de transgresiones, se ha limitado a elaborar un proyecto de directrices para un código de conducta voluntario, el que establece que la auditoría y vigilancia de su cumplimiento quedaría a cargo de la misma empresa, para final
mente dejar en claro que todas sus cláusulas quedarían subordinadas a los intereses de las empresas. El proyecto significa legitimar y legalizar «un tratamiento de excepción, contrario a la igualdad ante la ley, a favor de la inmunidad e impunidad de las sociedades transnacionales y dar un paso atrás en la promoción y aplicación y desarrollo progresivo del derecho internacional de los DDHH» (AAJ-CETIM, 2002). Finalmente es importante mencionar que, sin poner en duda el avance significativo que representa la instalación de un Tribunal Internacional Penal (vigente desde el 1ro de julio de 2002 y al que EEUU ha negado sistemáticamente su adhesión) al permitir acusar y juzgar directamente a las personas por la consumación de ciertos crímenes (no a los Estados en calidad de garantes), su Estatuto sin embargo no contempla la posibilidad de establecer la responsabilidad penal de personas jurídicas privadas, como sería el caso de una empresa transnacional (Alejandro Teitelbaum, en AAJ-CETIM- FICAT, 2000). La omisión parece también significativa.

Ahora bien ¿quién frenará este poder dictatorial reconocido en el ALCA a las grandes empresas, cuando la flexibilización de las condiciones de inversión y la consecuente capacidad de moverse entre los diferentes países de la región sin otra restricción que la mayor o menor rentabilidad, enfrente a los trabajadores -ya bajo el poder disciplinador de la permanentemente en aumento tasa de desempleo y ya sumidos en la miseria- por un puesto de trabajo? En principio, en este sentido hay que destacar que la ausencia de normas relativas al medio ambiente y a los derechos laborales, responde a la resistencia de algunos países latinoamericanos los que, a diferencia de los EEUU más presionado por sus sindicatos y grupos conservacionistas, temen que el incumplimiento de las mismas pueda acarrearles sanciones comerciales. Estos países latinoamericanos encuentran fundamentos para su negativa en documentos elaborados por organizaciones con alto poder de influencia como el Banco Mundial, el que por ejemplo ha sugerido en uno de sus informes sobre las inversiones en México que se supriman los beneficios a los trabajadores (indemnización por despido, negociaciones colectivas, seguridad social, etc) porque impiden la radicación de capitales norteamericanos en el territorio, lo que obstaculiza la erradicación de la pobreza y de la inequidad (Arceo, 2002). En segundo término, los gobiernos serán flexibles en relación a las normas laborales y medioambientales porque corren el riesgo de que las empresas demanden al Estado por «expropiación» según la interpretación extensiva a medidas equivalentes prevista en los borradores. Nada exime a las regulaciones laborales, medioambientales y de DDHH del nuevo alcance hermenéutico del término.

En el caso de los sindicatos, tampoco es esperable una confrontación importante ya que justamente una de las condiciones más atractivas a la inversión es el aparato sindical integrado o con una dirigencia cooptada.

Con respecto a la OIT, debemos pensar que se trata de un organismo tripartito donde es de esperar que gobierno y sector empresario trabajen en colaboración en oposición a las demandas de los trabajadores. En segundo lugar, los mecanismos de vigilancia del cumplimiento de los tratados se despachan vía diplomática, esto es que no existen tribunales con capacidad para compeler a los Estados al cumplimiento de los compromisos asumidos, a lo que se suma que, en el caso de los procedimientos por violaciones, la cuestión adolece de la misma ineficacia que los mecanismos previstos para los DDHH, las empresas no pueden ser demandadas directamente. Y en definitiva, por qué deberíamos pensar que las empresas se ajustarán a las normas de la OIT, cuando no lo han hecho bajo condiciones menos permisivas?

El ALCA, lo que oculta: una negociación a espaldas de la sociedad

Si bien la decisión de establecer el ALCA fue tomada en 1994, recién en julio del 2001, luego de 7 años de conversaciones interestatales, los ciudadanos del continente accedieron al contenido de los debates y de los acuerdos ya alcanzados sobre los distintos tópicos negociados entre los países participantes. Hasta entonces el diseño de «integración» regional se había concertado a espaldas de la sociedad civil, sin su participación y sin siquiera su conocimiento, y en realidad así hubiera continuado si el Institute for Agriculture and Trade Policy, una ONG de Estados Unidos, no hubiera logrado «filtrar» el contenido del borrador del capítulo sobre inversiones y lo hubiera hecho público en su página web en abril del 2001. La publicación oficial del borrador de los nueve capítulos que componen el ALCA fue sorpresivamente decidida tres meses después. ¿Cómo negociar a todas luces un acuerdo que de ser implementado, evidentemente produciría profundos impactos negativos sobre los pueblos y ecosistemas en todo el continente? La confidencialidad de las negociaciones se explica si se consideran los principios rectores que las guiarían, que sus cláusulas sólo pueden igualar -o superar- los controvertidos compromisos globales ya alcanzados en la OMC (Organización Mundial del Comercio), y fundamentalmente, que sus prescripciones recogen e intentan expandir y profundizar las cláusulas más cuestionados del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA). El NAFTA encierra el germen de la transformación regional (y mundial) que se proyecta desde el país más poderoso del mundo cuando asume como propios intereses supranacionales: la legitimación y legalización de una nueva relación Estado/Sociedad-Empresa, donde el primer componente del binomio pasa a una posición de absoluta subordinación con respecto al segundo. Así, por ejemplo, según lo prevé el NAFTA (y reproduce el ALCA), los inversionistas extranjeros pueden demandar a los gobiernos nacionales una compensación a causa de leyes de interés público o regulaciones que puedan afectar sus ganancias por un innovador mecanismo de solución de controversias: los inversionistas pueden recurrir directamente a tribunales de arbitraje internacional que no gozan de legitimidad democrática dentro de cada uno de los países miembros, pasando por alto los procesos de jurisdicción interna. Este mecanismo es la herramienta mas poderosa con la que cuentan los intereses corporativos para eludir o evadir las políticas sociales, de desarrollo y de protección al medio ambiente vigentes a nivel interno (ASC, 2001C). Bajo la dictadura del NAFTA, los inversionistas ya han hecho un uso considerable de estos mecanismos para desafiar de manera agresiva una serie de leyes que interfieren con sus ganancias. Basta mencionar que la corporación Metalclad con asiento en EEUU, demandó exitosamente al gobierno mexicano una compensación cuando un gobierno municipal se rehusó a permitir que la empresa construyera un tiradero de deshechos tóxicos en la comunidad. El texto del borrador del capítulo de inversiones del ALCA incluye prácticamente los mismos lineamientos.

De hecho, hay evidencias para sostener que el ALCA es el proyecto de expansión y profundización de la experiencia del NAFTA a todo el continente. A pesar que durante sus ocho años de vigencia, el NAFTA ya ha probado las consecuencias negativas acarreadas a los trabajadores, la sociedad y el medio ambiente en México: la mitad de la población vive en la pobreza y el 20% en la indigencia; aumentó el índice de desempleo; subieron los precios; el trabajo informal corresponde al 50% del empleo actual; creció la deuda externa; aumentó el trabajo infantil; en la zona de las maquiladoras, el crecimiento de la polución y de los deshechos químicos ha aumentado dramáticamente las tasas de hepatitis y los defectos de nacimiento; la baja de impuestos a la importación de productos alimenticios provenientes de la industria agrícola norteamericana y canadiense, ha arrancado a miles de campesinos e indígenas de sus parcelas y tierras comunales para iniciar el camino hacia los Estados fronterizos del país del norte
y una vez allí asentarse en calidad de refugiados económicos, situación social (sin papeles o ilegal) que permite la sobreexplotación de su fuerza de trabajo. Aún así, los defensores del ALCA, basan sus argumentos en la ya evidentemente denostada «teoría del derrame», según la cual el empoderamiento de las corporaciones transnacionales para que operen cuándo y dónde quieran, bajo las condiciones que consideren más favorables, impulsaría por sí mismo y automáticamente el crecimiento económico y el desarrollo social de los pueblos de todo el continente (ASC, 2001C). Con estas conjeturas, lo que intentan encubrir es lo evidente: que los gobiernos se lanzarán a competir entre sí por las inversiones transnacionales, únicas portadoras de desarrollo, ofreciendo ventajas comparativas tales como: falta de sindicatos independientes, impuestos más bajos, vigencia laxa de leyes ambientales, funcionarios corruptos, control social «duro» y mano de obra barata. Ventajas comparativas para las corporaciones y los elencos políticos, sociales e intelectuales integrados.

El ALCA, en definitiva

El ALCA, en definitiva, significa un nuevo avance sobre la libre determinación de los pueblos comparable con la etapa de conformación de los estados nacionales, es el eufemismo que encubre la cristalización a nivel hemisférico de la subordinación de «la política» a la rentabilidad de las corporaciones transnacionales. El ALCA consagra la irreversibilidad de las políticas neoliberales sugeridas por el Consenso de Washington y consolida a favor de los grandes capitales la actual correlación de fuerzas con los sectores populares. En este nuevo escenario, las empresas transnacionales comportan el andamiaje de la económica internacional en tanto estructuras de propiedad y producción sobre las que reposa la globalización (mientras en 1970, el número de transnacionales no sobrepasaba las 7.000 en todo el globo, en la actualidad superan las 40.000 con más de 250.000 filiales), y en este nuevo campo de poder, la enorme masa de capital que concentran les confiere una autoridad a nivel mundial sin precedentes, lo que en el campo jurídico se traduce en una dimisión de las facultades públicas de los Estados de controlar el impacto de sus actividades (García Picola, en AAJ-CETIM- FICAT, 2000).

En estas circunstancias, la cúpula empresarial mundial está predominantemente conformada por capitales norteamericanos. Sin embargo, en materia de inversión directa sus competidores europeos han ganado terreno en Latinoamérica durante las dos últimas décadas (hay quienes sostienen que la división de territorios está claramente acordada, Sudamérica para Europa, Norte, Centro y Caribe para EEUU) y su brecha externa es en la actualidad altamente deficitaria (Arceo, 2002). El ALCA en manos norteamericanas revertiría estas dos situaciones al contar ese país con las ventajas en materia de comercio e inversión a lo largo de todo el hemisferio de las que carecerían los otros centros de poder. Además el PBI de un ALCA donde EEUU ejerciera su poder hegemónico superaría en porcentaje al de la UE y Japón juntos. En definitiva, el ALCA, dominado por EEUU, viabilizaría la consolidación de su liderazgo hegemónico a nivel mundial. Desde esta perspectiva, el ALCA constituye la expresión económica del proyecto anexionista e intervencionista de EEUU en el hemisferio occidental en su indiscutible carrera por el imperio mundial.

Bibliografía

  • AAJ-CETIM-FICAT, Empresas Transnacionales y Derechos Humanos, CETIM, Ginebra, 2000.
  • AAJ-CETIM, Sociedades Transnacionales y Derechos Humanos, exposición presentada por escrito a la Subcomisión de Prevención y Protección de los DDHH en su 54 período de sesiones, Ginebra, julio, 2002.
  • Alianza Social Continental, Visiones opuestas para el continente, enero del 2002, www.asc-hsa.org
  • Alianza Social Continental, Alternativas para las Américas, 2001A, www.asc-hsa.org
  • Alianza Social Continental, Diez Razones para decirle No al ALCA, 2001B, www.asc-hsa.org
  • Alianza Social Continental, El proyecto del ALCA y los derechos de los Inversionistas «un TLCAN Plus», 2001C, www.asc-hsa.org
  • Arceo, Enrique, ALCA. Neoliberalismo y nuevo pacto colonial, CTA, Buenos Aires, 2001.
  • ATTAC, Diez preguntas sobre el ALCA, Autoconvocatoria contra el ALCA, Buenos Aires, 2002.
  • Bilbao, Luis, «Estados Unidos alista un ejército para el ALCA» en Le Monde diplomatique, septiembre, 2001.
  • Calloni, Stella, «La Guerras de Baja Intensidad», en Le Monde diplomatique, septiembre, 2001
  • Gratius, Susanne «El proyecto del ALCA visto desde Europa», en Estudios sobre el ALCA, Santiago, Octubre de 2002, www.fes.cl
  • Santa Fe IV, «El futuro de las Américas: Temas para el nuevo Milenio», www.geocities.com/proyectoemancipacion/ documentossantafe/documentos_santa_fe.htm

  • Nota

    Histórico: el martes comenzará el nuevo juicio por el femicidio de Lucía Pérez

    Publicada

    el

    El próximo martes 7 de febrero comienza el nuevo juicio por el femicidio de Lucía Pérez, asesinada en Mar del Plata en octubre de 2016. Tenía 16 años. Fue el caso que impulsó el primer Paro de Mujeres del país y que motivó un juicio escandaloso en 2018 cuyo fallo fue anulado por la Cámara de Casación de la provincia de Buenos Aires, que ordenó que el proceso se realice nuevamente. Uno de los argumentos de la anulación: “No olvidemos que en esta instancia no se está juzgando a la víctima (como pareciera estar ocurriendo) sino a los eventuales victimarios”.

    En aquel juicio se condenó a los acusados por “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravado por ser en perjuicio de menores de edad y en inmediaciones de un establecimiento educativo”, y no por el crimen. Casación ratificó esa condena, pero ordenó que ahora se realice nuevamente el juicio por femicidio. Detalles sobre la jornada preparatoria del juicio.  

    Esta nueva e histórica realización de un juicio por femicidio comenzará a las 9 de la mañana del martes 7 de febrero en el Tribunal en lo Criminal N° 2 de Mar del Plata, en Almirante Brown 2046. Los jueces a cargo del nuevo Tribunal son Roberto Falcone, Gustavo Fissore y Alexis Semaz. El fiscal del caso es Leonardo Arévalo. 

    Los acusados son Matías Farías (28 años) y Juan Pablo Offidani (47 años), quienes el 8 de octubre de 2016 llevaron a Lucía a la sala de salud de Playa Serena: llegó muerta. Farías será defendido por la abogada oficial María Laura Solari; Offidani, por el abogado particular César Sivo. Se estima que las audiencias se extenderán hasta el 1º de marzo.

    Imagen de los tres acusados durante el juicio de 2018, que ahora se realizará nuevamente. Maciel (de anteojos) falleció luego de ser absuelto. Offidani y Farías fueron condenados a 8 años por narcotraficar droga cerca de las escuelas, pero no por el femicidio.

    ¿Por qué un nuevo juicio?

    Farías y Offidani fueron apresados el 9 de octubre de 2016, un día después del femicidio. El tercer detenido fue Alejandro Maciel, 61 años, acusado de encubrimiento agravado por ayudar al lavado del cuerpo muerto.

    En 2018 fueron juzgados ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Mar del Plata.  Farías y Offidani fueron condenados a ocho años de prisión y a pagar una multa de 135 mil pesos por el delito de “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravado por ser en perjuicio de menores de edad y en inmediaciones de un establecimiento educativo”. Desde entonces están detenidos. El tercer acusado, Maciel, fue sobreseído, y murió tiempo después de cáncer.  

    Pero ninguno de los tres fue condenado por el femicidio. Como si Lucía y su muerte no hubieran existido.

    Aquel juicio que tuvo un desarrollo vergonzoso, con jueces que parecían más empeñados en cuestionar a la niña asesinada que en juzgar a los autores del crimen. A eso se agregó el tono machista, misógino, indiferente hacia la víctima y la familia, y totalmente consistente con una mirada que históricamente ha relegado a las víctimas de femicidios y de actos de violencia contra las mujeres.

    Por esa sentencia la familia de Lucía exigió dos cosas, que se lograron:

    1. El fallo por el juicio de 2018 se apeló y en agosto del 2020 la Sala IV de la Cámara de Casación de la Provincia de Buenos Aires resolvió anularlo. Confirmó la condena por la venta de drogas, pero ordenó que se haga este nuevo juicio por el femicidio.  
    • Además, en marzo se concretará un juicio político (jury) a los jueces del Tribunal: Pablo Viñas y Facundo Gómez Urso por “negligencia, incumplimiento del cargo y parcialidad manifiesta”. El tercer juez,Aldo Carnevale, quedará impune porque consiguió la jubilación anticipada del gobierno de María Eugenia Vidal para evitar el enjuiciamiento. El jury será llevado adelante por el parlamento bonaerense

    Al anular el fallo del juicio de 2018 la Cámara de Casación bonaerense instaló un precedente histórico para que el Poder Judicial deje de ser parte del sistema que consagra la impunidad y la estigmatización de las mujeres.

    Los jueces del fallo anulado. Aldo Carnevale (que logró a tiempo su jubilación por parte del gobierno de María Eugenia Vidal), Pablo Viñas y Facundo Gómez Urso. La Cámara de Casación anuló el fallo estigmatizante y vergonzoso que firmaron sobre el caso de Lucía Pérez, y en marzo Viñas y Gómez Urso serán sometidos a juicio político.

    ¿A quién se juzga?

    Uno de los fundamentos de esa anulación plantea: “No olvidemos que en esta instancia no se está juzgando a la víctima (como pareciera estar ocurriendo) sino a los eventuales victimarios”.

    Además el Tribunal señala que el Estado se comprometió a prevenir y erradicar la violencia machista, y que “estas normas imponen a quienes tienen la tarea a su cargo, tener en consideración el contexto en el que ocurren los hechos, realizar un análisis de los mismos, determinar el encuadre jurídico apropiado, y valorar la prueba con perspectiva de género”.

    En ese sentido pareció inexplicable que el Tribunal de Mar del Plata que juzgó en primera instancia el femicidio se haya enfocado en “indagar en la personalidad, actitudes y comportamientos anteriores de la víctima, su forma de relacionarse con los hombres, su vida social, su carácter, y en distinguir la conducta de los imputados, y a partir de allí, considerar si Lucía había consentido el acceso carnal”.

    Describe la Cámara de Casación a ese foco estigmatizante puesto sobre la víctima como “un despropósito”.

    Marta Montero y Guillermo Pérez: los padres de Lucía.

    La audiencia preparatoria

    Durante la mañana de este jueves se desarrolló la audiencia preparatoria del juicio. Los padres de Lucía (Marta Montero y Guillermo Pérez) pidieron que el proceso sea transmitido por Youtube. Además solicitaron que el Tribunal no esté vallado, dado que el pedido de justicia será acompañado desde la calle por organizaciones sociales, sindicales y otras familias de víctimas de femicidios. Desde la Ciudad de Buenos Aires y La Plata está previsto que salgan grupos para acompañar el inicio de un proceso histórico.

    Las defensas de los acusados se mostraron contrarias a ambos pedidos, que los jueces deberán resolver. Por su parte, los imputados pidieron no estar presentes en la sala.  

    En este nuevo proceso no hay una nueva instrucción, por lo que no hay nuevas pruebas ni nuevos testigos (que serán alrededor de 50). La primera jornada, el martes 7 de febrero, se iniciará con la declaración de la familia de Lucía. Durante la primera semana que será corta (el viernes 10 no habrá audiencia) se espera que declaren alrededor de 20 personas. Lo que está en juego es la posibilidad de ver en la práctica si finalmente habrá justicia.

    Seguir leyendo

    lavacaTV

    Las cosas que hay que hacer para trabajar – Capítulo 2

    Publicada

    el

    La nueva serie documental de lavaca: el mundo de la autogestión en Argentina a través de ocho capítulos sobre experiencias recientes de diferentes cooperativas que lograron recuperar empresas vaciadas o quebradas por las patronales. Con dirección de Patricio Escobar, autor de La crisis causó 2 nuevas muertes. Ya disponibles los capítulos 1 y 2

    Capítulo 2

    Aceitera La Matanza fue la primera fábrica recuperada visitada por un presidente argentino durante su mandato. Alberto Fernández reconoció que siempre vio a las cooperativas como parte de la “economía informal” sin comprender que involucra otros modos de producción: “Ahora soy yo uno de los que tiene que convencer al resto de la Argentina de que la economía popular existe, y que hay que darle las herramientas para que siga creciendo”, dijo ante 2.000 trabajadoras y trabajadores. Sin embargo, durante la pandemia, la asistencia del Estado no fue la misma que para las empresas privadas. ¿Qué dice sobre esto? ¿Y qué le responden quienes trabajan?

    Capítulo 1

    Dos mil personas que integran empresas recuperadas de toda la Argentina se reúnen en un acto histórico en la Aceitera La Matanza. ¿Qué buscan? Impulsar el proyecto de Ley de Recuperación de Unidades Productivas que facilite que cooperativas de trabajo pongan en marcha empresas quebradas o vaciadas por las patronales. El movimiento lleva 20 años sin ley, pero ha recuperado no sólo trabajo sino también dignidad y vida, con 400 fábricas en el país que dan trabajo en total a más de 14 mil obreras y obreros. Su lema: Ocupar, resistir y producir

    Las cosas que hay que hacer para trabajar Dirección: Patricio Escobar.
    Producción integral de Cooperativa de Trabajo Lavaca: Claudia Acuña, Sergio Ciancaglini, Anabella Arrascaeta, Lina Etchesuri, Sebastian Smok, María del Carmen Varela, Franco Ciancagini, Lucas Pedulla.
    Fotografía: Lina Etchesuri y Sebastian Smok. Cámara: Patricio Escobar, Guillermo Guevara, Sebastian Smok.
    Música: Guido Donato y Tomás Lobov.
    Edición: Damián Finvarb.

    Seguir leyendo

    Nota

    Todo se quema, nada se transforma

    Publicada

    el

    Todas las provincias argentinas sufrieron incendios masivos en 2022, y el 95% de ellos son provocados por acciones humanas, según un reciente informe de Amnistía Internacional. El costo de recuperar ese desastre oscila entre 1.100 y 3.700 millones de dólares anuales. Adjudica los incendios al avance de negocios inmobiliarios, agrícolas y/o ganaderos, que buscan favorecerse a partir de una destrucción territorial.

    Los daños y las consecuencias a largo plazo son incalculables, mientras el Congreso sigue en deuda y no trata la Ley de Humedales. Vecinos e integrantes de organizaciones de San Pedro, Rosario y Ramallo dan voz y cuerpo a lo que los números de Amnistía denuncian. El informe completo.

    Por Anabella Arrascaeta y Francisco Pandolfi

    Amnistía Internacional presentó un informe en el que reporta la gravedad de los incendios forestales en Argentina. El dato es alarmante: durante el 2022 todas las provincias del país estuvieron en llamas.  

    El trabajo toma información del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, organismo dependiente del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Nación. Los datos son oficiales y arrojan un total de 561.164,89 hectáreas quemadas. Pero la propia organización da cuenta de la dificultad de obtener la radiografía completa de la situación y ofrece, en contraste con estas cifras, la información proporcionada por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuario (INTA), que contabilizó tan solo en Corrientes más de 1 millón de hectáreas devastadas por incendios. 

    La provincia de Corrientes permite pensar todo el sistema de muerte y depredación que generan las llamas. Algunos datos: 

    • De acuerdo a la Dirección Nacional de Bosques, dentro de las miles de hectáreas afectadas en los incendios de la provincia, un 10% pertenece a una superficie de bosques quemados que son considerados de muy alto valor de conservación.
    • El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible reporta que en la provincia se documentaron desplazamientos de animales, entre ellos, mono carayá, yacarés y carpinchos.
    • En respuesta a un pedido de acceso a la información pública hecho por Amnistía Internacional Argentina, la Dirección Nacional de Planificación y Ordenamiento Ambiental del Territorio del ministerio informó que se sufrió una pérdida de cientos de miles de hectáreas de áreas protegidas en la provincia de Corrientes en el año 2022. El informe detalla que “las áreas naturales protegidas son relevantes por distintas razones: para la protección de suelos, cuencas hidrográficas, recursos y materias primas, para el control de plagas y enfermedades, para la investigación científica, proporcionar valores espirituales, emocionales y culturales, entre otras razones”. 
    • Entre las áreas más afectadas del país se encuentra la zona de humedales de Corrientes. En 2022 y solamente en dicha provincia se registró que más de 330 mil hectáreas en zonas de humedales fueron afectadas por los incendios.  

    En este contexto el informe da cuenta de que la “restauración de áreas quemadas es lenta y requiere de recursos efectivos que permitan la recomposición de los ecosistemas y biodiversidad”. El costo es imposible de determinar. Dice el informe: “Se estima que la recuperación tras los incendios podría costarle a Argentina entre USD 1.100 y 3.700 millones por año”. 

    A ese contexto se suma que en medio de la crisis económica, “los brigadistas y bomberos voluntarios han reclamado mayores recursos y apoyo para financiar los gastos a la par de mejores condiciones laborales, obra social y remuneración”. 

    Pero hay consecuencias de largo impacto no pueden medirse en números ni plata, por ejemplo el impacto en el ecosistema, “la pérdida de ciertos árboles o vegetación puede tardar décadas en regenerarse, por lo que su recuperación no puede acelerarse ni resolverse rápidamente. Mientras que otro tipo de vegetación es incapaz de rebrotar luego de un incendio”, dice el informe. Agrega: “A su vez, la pérdida de flora a causa de los incendios afecta directamente a la fauna ya que ésta depende de ella para su alimentación o refugio. Esto no solo provoca la muerte de animales sino también su desplazamiento”.  

    Otro caso: no había informes de incendios en Tierra del Fuego, pero en noviembre de 2020 se reportaron 9.000 hectáreas consumidas por el fuego (equivalentes a 9.000 manzanas de cualquier ciudad) en el área protegida de bosques nativos de Tolhuin.

    Fotos: Pablo Sigismondi.

    Quién prende el fuego

    El informe de Amnistía Internacional da cuenta de que según el Servicio Nacional de Manejo del Fuego “las acciones humanas son responsables del 95% de los incendios”. 

    Explica: “La negligencia, los fogones mal apagados y la quema intencional de pastizales, son algunas de las prácticas más riesgosas que inician los grandes incendios en el país. Con frecuencia los incendios intencionales están asociados a las prácticas de quema de pastizales para el avance de proyectos inmobiliarios y/o la agro-ganadería. Las principales causas de la pérdida de bosques nativos están asociadas a los cambios de uso de suelo que se realizan para desarrollar actividades agrícolas y ganaderas, así como los incendios. Por otro lado, la proliferación de los incendios forestales también se explica por el cambio climático: altas temperaturas, intensas sequías, bajos niveles hídricos”. 

    Dato que aporta el informe: El Servicio Metrológico Nacional de octubre de 2022 reportó que más de 160 millones de hectáreas fueron afectadas por la sequía en el país. Otro: las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba y San Luis atraviesan una situación de sequía extrema sin precedentes. “Estas condiciones climáticas, combinadas con altas temperaturas y falta de lluvia, aumentan el riesgo de incendios. Asimismo, a medida que la temperatura global aumenta, eventos como éste serán cada vez más extremos y frecuentes”

    Enrique Sierra, vecino de San Pedro, naturalista, activista ambiental, pone cuerpo y territorio a lo que los números y el informe exponen. Cuando atiende el teléfono a lavaca el termómetro registra en su casa 34 grados, y “llegamos a picos de 40 grados la semana pasada. En un año estamos cocinados”. 

    ¿Por qué?

    Por las altas temperaturas, por la falta de lluvia, el Río Paraná está bajo. Desde principio de año llovieron solamente 8 milímetros. Y en agosto, septiembre, noviembre y diciembre del 2022 llovió por mes un promedio de 5 milímetros.

    Si le tuvieras que hablar a una persona que no está metida en el tema, que escucha lejano lo del cambio climático pero ve que está padeciendo el calor y que hay incendios permanentes en distintos lugares del país, ¿cómo le explicarías lo que pasa?

    Se lo explicaría simple: ¿cuántos cortes de luz tuvo en el año? La luz que tenemos, la mayor parte, viene de centrales hidroeléctricas que no están produciendo energía porque hay sequía en ríos y lagos. ¿Hace 20 años atrás usaba tanto protector solar? ¿Lo alertaban por los golpes de calor? ¿Se le corta el agua en la casa? Porque las autoridades dicen que en las napas casi no hay agua. Esa sería la manera de explicarle a la sociedad en general qué es el cambio climático. Pienso que se entiende más fácil así. Las altas temperaturas nos llevan a más costos. 

    ¿Por ejemplo?

    Si tenés aire acondicionado o ventilador vas a gastar más energía eléctrica, si es que tenés energía eléctrica. Otro ejemplo: si tenés algún tipo de enfermedad, con el humo de los incendios te afectan por las partículas del aire, el dióxido de azufre, el monóxido de carbono, que son gases de efecto invernadero. Acá en San Pedro se está quemando la isla y la solución es que manden 19 brigadistas. No podés mandar esa cantidad a un lugar que tiene más de 1000 hectáreas quemándose. La gente todavía no asocia. Y lo que no asocia la gente tampoco lo asocian los representantes políticos. No se entiende la relación entre los temas ambientales con la vida cotidiana; si yo tengo calor en la vereda es porque no tengo árboles, por eso tengo tres grados más de temperatura. Si llegan a venir lluvias demasiado copiosas, yo no sé qué va a pasar con las ciudades cuando se inunden porque no nos preparamos para el cambio de clima. Hoy tenemos sequía, pero tal vez después de mayo tengamos inundaciones. Ante esa incertidumbre nosotros todavía no nos preparamos como sociedad, como país, para prevenir este tipo de cosas, pese a que muchos venimos advirtiendo del tema. 

    Amnistía Internacional acaba de sacar un informe sobre los incendios, la pérdida de biodiversidad y áreas protegidas, de humedales, entre otros temas. Desde tu experiencia, ¿cuáles son las causas de los incendios sistemáticos en el país?

    Pienso que en Argentina no ordenamos el territorio; el ordenamientos territorial se refiere a los usos que le damos al suelo, los usos pueden ser industriales, urbanos, agropecuarios, y de conservación como pueden llegar a ser las áreas de humedales, pero como no tenemos un orden de ordenamiento social, cada uno hace lo que quiere. Entonces, que no haya ordenamiento del territorio produce un caos. Todo esto se va agravando porque se van sumando pequeños caos de distintos lugares, provincias, municipios y esto se está haciendo demasiado grande, incontrolable, como los incendios. El clima está cambiando y todavía no reaccionamos, ni prevenimos. No hay lluvias, no se recargan las napas, escasea el agua en la ciudad. La sociedad todavía no relaciona que la falta de lluvias le puede afectar el consumo de agua. El río está bajo desde hace 3 años, los humedales no tienen agua, se queman. Sin que los que queman tengan conciencia que están convirtiendo su futuro en cenizas. 

    Fotos: Pablo Sigismondi

    La deuda del Congreso: la Ley de Humedales

    En Argentina aproximadamente un 21% del territorio está compuesto por humedales, aunque no se sabe con exactitud cuántos hay, su extensión ni su estado de conservación y destrucción. 

    Los incendios presentan un riesgo enorme a estos ecosistemas generando pérdidas ambientales que podrían ser irrecuperables. Los humedales ayudan a mitigar los efectos que provocan las sequías, previniendo los focos de fuego, son barreras naturales que ayudan a prevenir el avance de las llamas. Además los beneficios de los humedales son múltiples y su contribución al bienestar humano es invaluable.

    El proyecto de ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de Humedales busca garantizar su conservación, protección y su uso sustentable. El proyecto lleva una década dormido en el Congreso de la Nación. Desde 2013 las sucesivas pérdidas de estado parlamentario son una constante, abonadas con la indiferencia de la clase política. 

    En noviembre 2022 la Ley de Humedales tuvo dictamen en el plenario de las tres comisiones a las que el proyecto había sido girado, pero el dictamen de mayoría pertenece al interbloque Juntos por el Cambio con 53 firmas. El dictamen de minoría (un poco más cercano a lo que apoyan desde hace años las organizaciones científicas, sociales, ambientales y las comunidades afectadas) fue el del Frente de Todos, consiguió solamente 47 firmas dado que varios diputados y diputadas oficialistas no firmaron. 

    El proyecto sigue sin ser tratado en el recinto y no fue incluido en las sesiones extraordinarias que acaban de iniciar. 

    El informe de Amnistía Internacional exige: “El Congreso de la Nación debe dar urgente tratamiento al proyecto de Ley de Humedales y avanzar con acciones concretas que amplíen la protección de estos ecosistemas tan importantes para el mantenimiento y desarrollo de la vida en la Tierra”. 

    Rodolfo Martínez, vecino de la ciudad de Rosario e integrante de la Multisectorial por la Ley de Humedales, explica a lavaca que el proyecto de ley fue “deliberadamente no incluido en las sesiones extraordinarias; no fue incluido ni por pedido de Alberto Fernández ni por pedido de legisladores”.

    Sobre los dos dictámentes que se lograron aclara: “el de minoría del oficialismo es bastante más superador que el de mayoría, pero vemos que no hubo intenciones de que tenga debate. Vuelvo al punto: tiene que estar en el Congreso, se tiene que votar, a favor o en contra, de cara a la sociedad. Estamos de cara a un año electoral y todavía no sabemos qué piensan hacer los legisladores. Claramente la omisión de esto es una forma de ceder ante los intereses concentrados que están frenando esta ley”.

    ¿Quien tiene la responsabilidad de que no se esté tratando?

    La responsabilidad de esto no la tienen los lobbies, como a veces intentan decirnos los legisladores. La responsabilidad la tiene cada nombre y apellido, diputado y diputada de todas las provincias que no se sitúan con lo que pasó en la calle, con tanto humo, tanta tragedia, no solo de animales, sino también la salud humana. No se quiere ponerle regulación, es más cómodo que sucedan los grises. 

    ¿Cómo está la situación en Rosario?

    Hace dos fines de semana lamentablemente tuvimos fuego acá en la Isla de los Mástiles, al norte de Rosario, jurisdicción de la provincia de Santa Fe. Se tardó tres días en apagar el fuego y cuando estuvo todo el operativo se demostró que existen fuerzas, existen recursos, vinieron los brigadistas, fue la provincia la que se puso a mover las cosas a raíz del pedido también de las organizaciones. Pudieron apagar el fuego pero estamos hablando de que se repite una lógica, un patrón de fuego que es millonario. Es decir, vamos, apagamos el fuego con operativos que son carísimos y que llegan tarde porque el fuego ya quemó, por supuesto saludamos los esfuerzos pero me parece que hay que hay que invertir la lógica y lo que se tiene que garantizar es una tutela, un guardianazgo del territorio que al día de hoy no existe. En Entre Ríos por ejemplo es deliberadamente funcional que eso no exista. Santa Fe está accionando en estos territorios próximos que son más visibles por la ciudadanía, no así en los humedales del Norte donde están haciendo obras y que claramente van a afectar los territorios, pero por lo menos ante la prensa y ante la vergüenza algo están haciendo.

    PDF Embedder requires a url attribute

    Lo que el informe recomienda

    El informe de Amnistia Internacional cierra con una serie de recomendaciones hacia el Estado. Son estas:

    • Generar condiciones políticas, legales, administrativas, económicas y financieras que permitan una gestión ambiental transversal a todas las políticas públicas, con un enfoque especial en acciones que se destinen a combatir los efectos de la crisis climática. 
    • Mejorar las estrategias de prevención de incendios forestales, reducción del riesgo y preparación de recursos, que debe estar acompañada de un sistema de monitoreo que garantice impactos efectivos en la reducción de los incendios. 
    • Garantizar el financiamiento y las condiciones necesarias para que todas las instituciones que dan respuesta a los incendios tengan los recursos materiales y humanos para responder con celeridad y de manera adecuada ante los focos de incendio forestales.
    • Asegurar una distribución de recursos eficiente y equitativa para que los distintos niveles del gobierno desarrollen los esfuerzos necesarios para informar los incendios, de manera periódica, así como informar el consecuente impacto socioambiental de los incendios forestales. 
    • Garantizar la restauración, rehabilitación y reforestación de las áreas afectadas y/o restauración de ecosistemas en beneficio de los territorios y población perjudicados; considerando la infraestructura natural, el cambio climático y el planeamiento que permita territorios más seguros y resilientes en el futuro. 
    • Garantizar investigaciones urgentes y eficaces para la identificación y sanción de los responsables de los incendios forestales y su debida condena. 
    • Avanzar con el tratamiento y aprobación urgente del proyecto de Ley de Humedales, priorizando aquel que ofrezca las mayores garantías posibles para la protección de los territorios.

    Evangelina Romano, integrante de la Red Nacional de Docentes por los Humedales, y vecina de Ramallo, conversa con lavaca y aporta sus propias recomendaciones. Habla claro y dice así: “Despedimos al 2022 sin una Ley de Humedales y como era de esperar en llamas y tapados de humo. Y como pasó siempre, nadie accionó. Siempre esperamos a que el humo nos entre por la ventana. Una locura. Pedimos una Ley de Humedales que nos dé herramientas para terminar con el sufrimiento de las personas asmáticas, de los bichos, de los isleños, de los pescadores y de la vida misma. Todo sigue igual que hace 2 años, con gobernantes nacionales y provinciales inoperantes que se desbocan por zoom y no hacen cumplir las leyes; no es tiempo de debatir, de hablar, ya es tarde. Lo mismo sucede con municipios acéfalos que solo mandan cartas y se sientan a ver qué pasa desde la otra orilla. Armen un plan de contingencia, conversen con los propietarios y únanse para mitigar semejante devastación, poniendo recursos. Si no accionan, si no despiertan, esto no va a tener solución». 

    Fotos: Pablo Sigismondi.
    Seguir leyendo

    LA ÚLTIMA MU. Crecer, crear, cooperar

    Publicidad
    Publicidad
    Publicidad

    Lo más leido

    Anticopyright lavaca. Todas nuestras notas pueden ser reproducidas libremente. Agradecemos la mención de la fuente.