La abogada Laura Ramos resume en este documento qué es, para qué sirve y para qué no sirve el Area de Libre Comercio impulsada por los Estados Unidos en Latinoamérica. Una didáctica nota que advierte sobre los peligros de este ofensiva política y comercial que se ha convertido en prioridad norteamericana, tras el atentado del 11 de setiembre.

El ALCA: lo que dice, lo que calla, lo que oculta

El ALCA, un proyecto norteamericano

El Área de Libre Comercio para las Américas o ALCA constituye la expresión económica del proyecto anexionista e intervencionismo que lleva adelante los Estado Unidos en el hemisferio occidental bajo los lineamientos de la Doctrina Monroe (1823), retomados en la era post-soviética por el presidente Bush padre y sus continuadores en la Casa Blanca, y cuya versión popular se inmortalizó bajo la consigna: América para los Americanos. Varios documentos de agentes del Estado norteamericano dan cuenta de esta aseveración. En 1997, Albert Coll, ex primer vicesecretario de Defensa para Operaciones Especiales norteamericano señalaba claramente que, en lo económico, EEUU está interesado en promover el desarrollo general de América Latina en direcciones que sean congruentes con sus intereses económicos; específicamente en la implementación de políticas que mantengan los mercados latinoamericanos abiertos a los productos y capitales norteamericanos (citado por Calloni, 2001). En 1999, el gobierno norteamericano reconoció en un documento del National Security Council (Washington) que en materia económica está dispuesto a hacer lo que sea necesario para defender sus intereses, incluso a usar su poder militar en forma unilateral y decisiva para derribar barreras comerciales en el extranjero y crear puestos de trabajo en su territorio (citado por Bilbao, 2001). La ultraderecha republicana recomienda en el Santa Fe IV «El futuro de las Américas: Temas para el nuevo Milenio» (2001), una nueva avanzada sobre Latinoamérica, reconoce que el hemisferio occidental es un premio estratégico sin par, y que América del Sur lo es en recursos naturales, puntos estratégicos y potencial humano. Además sostiene que entre los elementos geoestratégicos importantes para la seguridad nacional de EEUU, es imprescindible que los recursos naturales del hemisferio estén disponibles para responder a sus prioridades nacionales.

Los claros intereses norteamericanos en el conjunto de la región hemisférica expresados en los documentos mencionados, una aproximación al proceso de negociación del ALCA y la lectura de su primer texto borrador, no dejan dudas sobre lo que este proyecto de acuerdo continental representaría para los EEUU en caso de cerrarse. Teniendo en cuenta la potencialidad que encierra para el coloso del norte la unidad regional en la lucha intercapitalista que sostiene con Europa y Japón, el ALCA se trataría de un instrumento decisivo para consolidar su poder hegemónico en el continente, erradicando definitivamente de él cualquier proyecto de desarrollo autónomo. Esto es lo único que puede esperarse de una «integración» que, acordada bajo el fundamentalismo de mercado, carece de toda dimensión político-institucional y social que posibilite, mediante la libre circulación de mano de obra y políticas de apoyo a los Estados de menor desarrollo relativo, la paulatina homogenización y convergencia de las condiciones económico-sociales de todos sus países miembros, o que mínimamente permita morigerar el impacto económico y social consecuente de su implementación. Por el contrario, se rige por el principio de igualdad pero entre desiguales: si EEUU aporta dos tercios del PBI y la mitad del comercio, ¿qué «integración» puede esperarse cuando la única estrategia prevista para contrarrestar la evidente asimetría con el Tío Sam se limita a una cuestión de plazos? (Se prevén plazos más largos de liberalización comercial para las economías más débiles) .

El ALCA, lo que dice: tendencias y consecuencias

Fue el presidente norteamericano Bill Clinton, el ferozmente criticado por la oposición republicana por la laxitud y negligencia con la que se ocupaba de las políticas domésticas (incluida toda la América), el catalogado de incapaz de comprender la complejidad del mundo post-guerra-fría así como de reconocer la continuidad de sus enemigos seculares -al punto de identificarlo con un ideólogo de izquierda o gramsciano-, quien convocó en 1994 en la ciudad de Miami, la Primera Cumbre de las Américas. A ella concurrieron los Presidentes y Jefes de Estados de todos los países del hemisferio, a excepción de Cuba, y en ella se lanzó el proyecto del establecimiento del ALCA. Año 1994 que arrancó con la entrada en vigor del Tratado del Libre Comercio de América del Norte (NAFTA) que nucleaba en una única región comercial a EEUU, Canadá y México. Año 1994 que despertó con la irrupción en el escenario global del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, de componente fundamentalmente indígena, luego de 10 años de reflexión en silencio en la Selva Lacandona. Los Zapatistas intentaron en vano advertir sobre las nefastas consecuencias que acarrearía ese acuerdo regional para los pueblos y los ecosistemas involucrados. De cualquier modo provocaron esa aún vigente inquietud planetaria por una democracia real y estimularon el lanzamiento de un programa colectivo de repudio internacional contra este intento de re-estipular las reglas del mercado mundial en el marco de la re-estructuración de la relación capital/trabajo -en franco detrimento de este último- que posibilitó la implosión de la Unión Soviética y el desarrollo de una nueva etapa del sistema capitalista, desde entonces, sin lugar a dudas, de alcance global.

En aquella Primera Cumbre para las Américas celebrada, como ya se mencionó, en 1994, el Plan de Acción aprobado contemplaba el establecimiento de un Área de Libre Comercio para las Américas en el que se fueran eliminando progresivamente las barreras a la circulación de bienes, servicios y capitales bajo la convicción de que «la inversión constituye el principal motor del crecimiento en el Hemisferio», iniciándose las negociaciones de inmediato para concluirlas a mas tardar en el año 2005. Bajo el mandato de los Jefes de Estado y de Gobierno, la definición de los términos generales del ALCA quedó en manos de los Ministros de Economía y Finanzas de los países participantes.

Durante la Cuarta Reunión Ministerial (San José, 19 de marzo de 1998), los ministros iniciaron formalmente las transacciones, regularon su estructura y organización, establecieron 9 grupos de negociación sobre temas específicos y definieron los principios y objetivos generales que las guiarían. Estos últimos encierran claves hermenéuticas sobre el objetivo que viene a cumplir la suscripción de este acuerdo regional, entre los que queremos destacar:

1. El resultado de las negociaciones constituirá un compromiso único comprensivo de todas las áreas temáticas y de todos los derechos y obligaciones acordadas.
2. Será congruente con las reglas y disciplinas de la OMC e intentará mejorarlas cuando sea posible.
3. Los derechos y obligaciones deberán ser comunes a todos los países.
4. Todos los países deberán asegurar que sus leyes, reglamentos, y procedimientos administrativos estén conformes con las obligaciones del ALCA.

La primera versión de los borradores del ALCA fue presentada en la Sexta Reunión Ministerial (Buenos Aires, 2001) y una segunda versión se espera durante la Séptima Reunión Ministerial el 31 de octubre de 2002 en Quito. A continuación algunas de las tendencias y consecuencias que se pueden encontrar en los borradores.

Acceso a Mercados
Establece reglas para eliminar progresivamente toda barrera restrictiva al comercio (aranceles, barreras no arancelarias y medidas de efecto equivalente) en 10 años.
Limita la capacidad gubernamental de regular las relaciones económicas y sociales. Genera la desindustrialización nacional y la reprimarización de las economías industrialmente más débiles. Genera desempleo y precarización laboral.
Exige trato nacional y trato de nación más favorecida para productos extranjeros.
No contempla las diferentes capacidades relativas de negociación tanto en relación a los países intervinientes como en
relación a los pequeños y medianos agricultores y empresas.

Inversiones
Garantiza un clima de seguridad y estabilidad a las inversiones.
Posibilita la libre circulación del capital foráneo y su acceso al conjunto de los mercados en igualdad de condiciones con los capitales locales.
Permite exigir a los Estados compensaciones por cualquier acto de gobierno (expropiaciones directas, indirectas y medidas equivalentes), incluidas las leyes de interés público, que afecten sus ganancias potenciales.
Permite demandar a los Estados frente a paneles de arbitraje reunidos en secreto, pasando por alto los tribunales y las leyes nacionales.

Agricultura
Pone en peligro los programas que protegen la seguridad alimenticia nacional.
Estimula la concentración de tierras.
No respeta el derecho colectivo de los pueblos indígenas sobre sus territorios.
Pone en peligro la supervivencia de los campesinos. Genera migraciones rurales a las periferias de los grandes centros urbanos. Genera desocupación, baja de salarios urbanos (nominales y reales), marginalidad, pobreza y exclusión social.
Estimula la mega industria y la agricultura química intensiva.
Aumenta la dependencia de los productos agrícolas de Estados Unidos.
Pone en peligro las reservas de recursos naturales y la fertilidad de los campos.
Liberaliza en forma total y paulatina el mercado de productos agropecuarios. Las exclusiones se limitan a cuestiones de competitividad. No contempla el daño social.
Elimina progresivamente las tarifas agrícolas, las barreras no arancelarias y los subsidios a las exportaciones. Limita cualquier tipo de intervención estatal.

Derechos de Propiedad intelectual
Permite a las grandes corporaciones patentar materias orgánicas y monopolizar medicinas vitales.
No reconoce el derecho de los Pueblos indígenas a oponerse a que sus saberes colectivos sean convertidos en un artículo de consumo.
Restringe el derecho de los agricultores a guardar, usar y vender semillas tomadas de sus plantas.
No controla la producción y distribución de transgénicos.

Servicios
Asigna la prestación de servicios sociales tales como salud, educación, justicia, asistencia social, jubilaciones, telecomunicaciones, etc., al sector privado.
Recorta la facultad gubernamental de brindar prestaciones en forma gratuita. La prestación gratuita puede ser cuestionada como competencia desleal.
Liberaliza paulatinamente el comercio de estos servicios en toda la región.
Abre los mercados locales a empresas extranjeras.
Deja en manos de la rentabilidad la prestación de servicios básicos. La selección del prestador se rige por criterios estrictamente comerciales.
Pone en peligro la calidad y el acceso a los servicios sociales.
Atenta contra el derecho universal a acceder y gozar de los servicios considerados esenciales para el bienestar general. Genera exclusión social.

Compras del Sector Público
Abre los procedimientos de contratación del sector público (adquisiciones y obras) a firmas extranjeras en igualdad de condiciones con las locales.
Prohíbe la interferencia del gobierno para dar preferencia a una firma local.
Limita la evaluación de los proveedores a los criterios precio y calidad.
Restringe la capacidad de los gobiernos para usar los contratos públicos como instrumentos para promover metas sociales.

Solución de Controversias
Establece mecanismos de resolución supranacionales.
Excluye la participación de la sociedad civil.
Los procedimientos son secretos.
Los paneles son integrados totalmente por técnicos comerciales o financieros.
Se limita a controversias de carácter comercial y financiero. Excluye las contiendas laborales, sociales o medioambientales.

El ALCA, lo que calla: una ayudita para mis amigos

Sin embargo tres áreas claves de la vida de los pueblos no son tratadas en el marco de las negociaciones del ALCA: trabajo, medio ambiente y derechos humanos. La única mención relativa a estos temas es la recomendación (no obligatoria) a los países de no relajar los niveles laborales y medioambientales internos para atraer la inversión. Podría alegarse que existe tanto a nivel interno como a nivel internacional una profusa regulación en relación a estos temas, o que existen organismos regionales e internacionales que vigilan el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por los Estados en estas áreas. Sin embargo, frente al nuevo equilibrio Estado-Sociedad-Empresa que se verifica en esta etapa de transnacionalización de la economía a nivel mundial, todo el aparato jurídico vigente es obsoleto por ineficiente. Por un lado, el carácter transnacional de las empresas que lideran las inversiones y el comercio mundial y la volatilidad y ubicuidad de sus actividades genera serias dificultades para encuadrarlas en las normas y jurisdicciones nacionales, y, por otro, a pesar que existe una normatividad a nivel internacional, no existen en cambio jurisdicciones internacionales competentes para aplicar dichas normas directamente a las empresas (AAJ-CETIM, 2002). En otras palabras, la aplicación de las normas laborales, medioambientales y sobre derechos humanos en el marco jurídico vigente está en manos de la voluntad de los Estados o bajo su exclusiva responsabilidad directa o indirecta. La situación se torna muy difícil para los países dependientes de la inversión externa porque es el nivel de corruptibilidad (consentimiento por dinero) de los funcionarios uno de los mayores atractivos para la radicación de capitales. A nivel interno los tribunales locales son los que deben hacer prosperar las demandas contra las empresas transgresoras. Y los compromisos adoptados en los convenios o tratados multilaterales son asumidos por los Estados, por lo tanto las empresas no pueden ser demandadas, los Estados son los únicos que pueden ser juzgados. Es cierto que son responsables (tanto el Estado de origen como el receptor) por las transgresiones de las empresas radicadas o que operan en sus territorios (Deber de Garantía), pero será muy difícil alcanzar esas instancias, el tiempo juega a favor de estas empresas que están en permanente transformación ¿qué sucederá cuando finalmente un Estado sea encontrado responsable de una lesión laboral, social o medioambiental? En el mejor de los casos deberá indemnizar por los daños, lo que poco significa frente a esta clase de lesiones, muchas de las veces irreversibles. Mientras tanto la empresa ya recogió sus frutos y ya opera bajo otro nombre y en otra jurisdicción. Otro obstáculo se suma: el capacitado para demandar. Por lo general otro Estado o una comisión internacional que tenga esa función (así funciona a nivel hemisférico la Corte Interamericana de DDHH), así que el particular lesionado cuando finalmente alcanza instancias superiores tendrá que enfrentarse ahora con la corrupción internacional. Por ejemplo, en el marco de Naciones Unidas, por mandato de la Subcomisión de promoción y protección de los DDHH, actualmente sesiona el grupo de trabajo sobre las sociedades transnacionales con el objeto de hacer un seguimiento de la evidente proliferación de violaciones a los DDHH resultado de los métodos de trabajo y las actividades desarrolladas por este tipo de sociedades y de evaluar la impunidad de la que gozan, para, en base a ello, elaborar propuestas tendientes a controlar la situación. Hasta el momento el grupo de trabajo, en lugar de bregar por el encuadramiento de las empresas transnacionales en las normas internacionales y nacionales vigentes en materia de DDHH (civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, medioambientales, de desarrollo) y de lograr que respondan ante las jurisdicciones competentes en caso de transgresiones, se ha limitado a elaborar un proyecto de directrices para un código de conducta voluntario, el que establece que la auditoría y vigilancia de su cumplimiento quedaría a cargo de la misma empresa, para final
mente dejar en claro que todas sus cláusulas quedarían subordinadas a los intereses de las empresas. El proyecto significa legitimar y legalizar «un tratamiento de excepción, contrario a la igualdad ante la ley, a favor de la inmunidad e impunidad de las sociedades transnacionales y dar un paso atrás en la promoción y aplicación y desarrollo progresivo del derecho internacional de los DDHH» (AAJ-CETIM, 2002). Finalmente es importante mencionar que, sin poner en duda el avance significativo que representa la instalación de un Tribunal Internacional Penal (vigente desde el 1ro de julio de 2002 y al que EEUU ha negado sistemáticamente su adhesión) al permitir acusar y juzgar directamente a las personas por la consumación de ciertos crímenes (no a los Estados en calidad de garantes), su Estatuto sin embargo no contempla la posibilidad de establecer la responsabilidad penal de personas jurídicas privadas, como sería el caso de una empresa transnacional (Alejandro Teitelbaum, en AAJ-CETIM- FICAT, 2000). La omisión parece también significativa.

Ahora bien ¿quién frenará este poder dictatorial reconocido en el ALCA a las grandes empresas, cuando la flexibilización de las condiciones de inversión y la consecuente capacidad de moverse entre los diferentes países de la región sin otra restricción que la mayor o menor rentabilidad, enfrente a los trabajadores -ya bajo el poder disciplinador de la permanentemente en aumento tasa de desempleo y ya sumidos en la miseria- por un puesto de trabajo? En principio, en este sentido hay que destacar que la ausencia de normas relativas al medio ambiente y a los derechos laborales, responde a la resistencia de algunos países latinoamericanos los que, a diferencia de los EEUU más presionado por sus sindicatos y grupos conservacionistas, temen que el incumplimiento de las mismas pueda acarrearles sanciones comerciales. Estos países latinoamericanos encuentran fundamentos para su negativa en documentos elaborados por organizaciones con alto poder de influencia como el Banco Mundial, el que por ejemplo ha sugerido en uno de sus informes sobre las inversiones en México que se supriman los beneficios a los trabajadores (indemnización por despido, negociaciones colectivas, seguridad social, etc) porque impiden la radicación de capitales norteamericanos en el territorio, lo que obstaculiza la erradicación de la pobreza y de la inequidad (Arceo, 2002). En segundo término, los gobiernos serán flexibles en relación a las normas laborales y medioambientales porque corren el riesgo de que las empresas demanden al Estado por «expropiación» según la interpretación extensiva a medidas equivalentes prevista en los borradores. Nada exime a las regulaciones laborales, medioambientales y de DDHH del nuevo alcance hermenéutico del término.

En el caso de los sindicatos, tampoco es esperable una confrontación importante ya que justamente una de las condiciones más atractivas a la inversión es el aparato sindical integrado o con una dirigencia cooptada.

Con respecto a la OIT, debemos pensar que se trata de un organismo tripartito donde es de esperar que gobierno y sector empresario trabajen en colaboración en oposición a las demandas de los trabajadores. En segundo lugar, los mecanismos de vigilancia del cumplimiento de los tratados se despachan vía diplomática, esto es que no existen tribunales con capacidad para compeler a los Estados al cumplimiento de los compromisos asumidos, a lo que se suma que, en el caso de los procedimientos por violaciones, la cuestión adolece de la misma ineficacia que los mecanismos previstos para los DDHH, las empresas no pueden ser demandadas directamente. Y en definitiva, por qué deberíamos pensar que las empresas se ajustarán a las normas de la OIT, cuando no lo han hecho bajo condiciones menos permisivas?

El ALCA, lo que oculta: una negociación a espaldas de la sociedad

Si bien la decisión de establecer el ALCA fue tomada en 1994, recién en julio del 2001, luego de 7 años de conversaciones interestatales, los ciudadanos del continente accedieron al contenido de los debates y de los acuerdos ya alcanzados sobre los distintos tópicos negociados entre los países participantes. Hasta entonces el diseño de «integración» regional se había concertado a espaldas de la sociedad civil, sin su participación y sin siquiera su conocimiento, y en realidad así hubiera continuado si el Institute for Agriculture and Trade Policy, una ONG de Estados Unidos, no hubiera logrado «filtrar» el contenido del borrador del capítulo sobre inversiones y lo hubiera hecho público en su página web en abril del 2001. La publicación oficial del borrador de los nueve capítulos que componen el ALCA fue sorpresivamente decidida tres meses después. ¿Cómo negociar a todas luces un acuerdo que de ser implementado, evidentemente produciría profundos impactos negativos sobre los pueblos y ecosistemas en todo el continente? La confidencialidad de las negociaciones se explica si se consideran los principios rectores que las guiarían, que sus cláusulas sólo pueden igualar -o superar- los controvertidos compromisos globales ya alcanzados en la OMC (Organización Mundial del Comercio), y fundamentalmente, que sus prescripciones recogen e intentan expandir y profundizar las cláusulas más cuestionados del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA). El NAFTA encierra el germen de la transformación regional (y mundial) que se proyecta desde el país más poderoso del mundo cuando asume como propios intereses supranacionales: la legitimación y legalización de una nueva relación Estado/Sociedad-Empresa, donde el primer componente del binomio pasa a una posición de absoluta subordinación con respecto al segundo. Así, por ejemplo, según lo prevé el NAFTA (y reproduce el ALCA), los inversionistas extranjeros pueden demandar a los gobiernos nacionales una compensación a causa de leyes de interés público o regulaciones que puedan afectar sus ganancias por un innovador mecanismo de solución de controversias: los inversionistas pueden recurrir directamente a tribunales de arbitraje internacional que no gozan de legitimidad democrática dentro de cada uno de los países miembros, pasando por alto los procesos de jurisdicción interna. Este mecanismo es la herramienta mas poderosa con la que cuentan los intereses corporativos para eludir o evadir las políticas sociales, de desarrollo y de protección al medio ambiente vigentes a nivel interno (ASC, 2001C). Bajo la dictadura del NAFTA, los inversionistas ya han hecho un uso considerable de estos mecanismos para desafiar de manera agresiva una serie de leyes que interfieren con sus ganancias. Basta mencionar que la corporación Metalclad con asiento en EEUU, demandó exitosamente al gobierno mexicano una compensación cuando un gobierno municipal se rehusó a permitir que la empresa construyera un tiradero de deshechos tóxicos en la comunidad. El texto del borrador del capítulo de inversiones del ALCA incluye prácticamente los mismos lineamientos.

De hecho, hay evidencias para sostener que el ALCA es el proyecto de expansión y profundización de la experiencia del NAFTA a todo el continente. A pesar que durante sus ocho años de vigencia, el NAFTA ya ha probado las consecuencias negativas acarreadas a los trabajadores, la sociedad y el medio ambiente en México: la mitad de la población vive en la pobreza y el 20% en la indigencia; aumentó el índice de desempleo; subieron los precios; el trabajo informal corresponde al 50% del empleo actual; creció la deuda externa; aumentó el trabajo infantil; en la zona de las maquiladoras, el crecimiento de la polución y de los deshechos químicos ha aumentado dramáticamente las tasas de hepatitis y los defectos de nacimiento; la baja de impuestos a la importación de productos alimenticios provenientes de la industria agrícola norteamericana y canadiense, ha arrancado a miles de campesinos e indígenas de sus parcelas y tierras comunales para iniciar el camino hacia los Estados fronterizos del país del norte
y una vez allí asentarse en calidad de refugiados económicos, situación social (sin papeles o ilegal) que permite la sobreexplotación de su fuerza de trabajo. Aún así, los defensores del ALCA, basan sus argumentos en la ya evidentemente denostada «teoría del derrame», según la cual el empoderamiento de las corporaciones transnacionales para que operen cuándo y dónde quieran, bajo las condiciones que consideren más favorables, impulsaría por sí mismo y automáticamente el crecimiento económico y el desarrollo social de los pueblos de todo el continente (ASC, 2001C). Con estas conjeturas, lo que intentan encubrir es lo evidente: que los gobiernos se lanzarán a competir entre sí por las inversiones transnacionales, únicas portadoras de desarrollo, ofreciendo ventajas comparativas tales como: falta de sindicatos independientes, impuestos más bajos, vigencia laxa de leyes ambientales, funcionarios corruptos, control social «duro» y mano de obra barata. Ventajas comparativas para las corporaciones y los elencos políticos, sociales e intelectuales integrados.

El ALCA, en definitiva

El ALCA, en definitiva, significa un nuevo avance sobre la libre determinación de los pueblos comparable con la etapa de conformación de los estados nacionales, es el eufemismo que encubre la cristalización a nivel hemisférico de la subordinación de «la política» a la rentabilidad de las corporaciones transnacionales. El ALCA consagra la irreversibilidad de las políticas neoliberales sugeridas por el Consenso de Washington y consolida a favor de los grandes capitales la actual correlación de fuerzas con los sectores populares. En este nuevo escenario, las empresas transnacionales comportan el andamiaje de la económica internacional en tanto estructuras de propiedad y producción sobre las que reposa la globalización (mientras en 1970, el número de transnacionales no sobrepasaba las 7.000 en todo el globo, en la actualidad superan las 40.000 con más de 250.000 filiales), y en este nuevo campo de poder, la enorme masa de capital que concentran les confiere una autoridad a nivel mundial sin precedentes, lo que en el campo jurídico se traduce en una dimisión de las facultades públicas de los Estados de controlar el impacto de sus actividades (García Picola, en AAJ-CETIM- FICAT, 2000).

En estas circunstancias, la cúpula empresarial mundial está predominantemente conformada por capitales norteamericanos. Sin embargo, en materia de inversión directa sus competidores europeos han ganado terreno en Latinoamérica durante las dos últimas décadas (hay quienes sostienen que la división de territorios está claramente acordada, Sudamérica para Europa, Norte, Centro y Caribe para EEUU) y su brecha externa es en la actualidad altamente deficitaria (Arceo, 2002). El ALCA en manos norteamericanas revertiría estas dos situaciones al contar ese país con las ventajas en materia de comercio e inversión a lo largo de todo el hemisferio de las que carecerían los otros centros de poder. Además el PBI de un ALCA donde EEUU ejerciera su poder hegemónico superaría en porcentaje al de la UE y Japón juntos. En definitiva, el ALCA, dominado por EEUU, viabilizaría la consolidación de su liderazgo hegemónico a nivel mundial. Desde esta perspectiva, el ALCA constituye la expresión económica del proyecto anexionista e intervencionista de EEUU en el hemisferio occidental en su indiscutible carrera por el imperio mundial.

Bibliografía