Impulsado por el sindicato del subte Metrodelegados, con apoyo de otros gremios y diputados nacionales, se presentó hoy en el Congreso un proyecto de ley que busca detectar la presencia del asbesto en lugares de trabajo para proceder a su evaluación de riesgo y eliminación. La contaminación por ese mineral es la causa de distintas enfermedades y muertes que el sindicato de trabajadores de subte viene denunciando desde hace 5 años, frente al silencio del Gobierno de la Ciudad y el Poder Judicial: al día de hoy contabilizan 3 muertos, 6 enfermos de cáncer y 86 trabajadores afectados con neumoconiosis por exposición a asbesto. “En el mundo la mitad de las muertes por cáncer ocupacional son causadas por asbesto. En Argentina no tenemos estadísticas: es parte del objeto de la ley”, refirió el diputado Daniel Gollán, ex ministro de salud de la Nación, quien llevó la norma al recinto. Las palabras y las evidencias de las y los trabajadores, la historia de los vagones comprados por Macri, y la pregunta de siempre: ¿quién paga?

“El asbesto es el glifosato en la ciudad, convivimos con él y no nos damos cuenta. Estamos rodeados, estamos expuestos, y ni siquiera tenemos el control de nuestra salud”.

La frase resuena en la Cámara de Diputados. Pertenece a Alberto Beto Pianelli, Secretario General del Sindicato Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP, conocido como Metrodelegados), el último orador en el panel de cierre de la presentación de un proyecto de ley para sacar el asbesto de lugares de trabajo y registrar la dimensión de su daño.

La norma pretende establecer lo que hasta ahora tanto el Gobierno de la Ciudad como el Poder Judicial han ignorado: los requisitos y condiciones mínimas necesarias para buscar, detectar y registrar dónde hay asbesto, así como evaluar su riesgo.

El objetivo parece simple, pero pese a la lucha de las y los trabajadores del subte después de 5 años no se ha logrado: preservar y proteger la salud de la población y del medio ambiente de todo daño potencial de esta sustancia mineral contaminante.

Vagones envenenados

El asbesto es un mineral utilizado en distintas formas de construcción que, se descubrió luego, tiene un poder fuertemente contaminante. Su peligro es que sus partículas quedan en el aire, pudiendo ser inhaladas y provocando graves patologías en el cuerpo. 

Está prohibido en Argentina desde 2003 pero aún así miles de toneladas de ese material continúan instaladas en gran medida en los edificios así como en otras infraestructuras, comoen vehículos donde fue utilizado por sus propiedades ignífugas, aislantes de calor y de ruido. El subte fue otro de sus focos. 

Este material cancerígeno saltó a la agenda pública y mediática por la lucha de les trabajadorxs del subte. En 2011 la Ciudad de Buenos Aires, con Mauricio Macri como jefe de Gobierno, compró a España 36 vagones de subte para la Línea B que en ese país habían sido retirados de circulación once años antes. Pagó 13,7 millones de euros por esos vagones infectados.

En febrero de 2018, notas periodísticas del país europeo dieron a conocer que había un trabajador del Metro de Madrid enfermo de asbestosis por la inhalación de asbesto que desarrollaba tareas en una flota con los mismos vagones comprados para el subte de Buenos Aires. Trabajadores de la línea B manipulaban piezas de esos vagones para adaptarlos a la estructura porteña; en seguida al sindicato argentino se les prendió la alarma y gracias a ello, dos días más tarde, el 20 de febrero de 2018 Subterráneos de Buenos Aires (Sbase), dispuso sacarlos de servicio ante las sospechas. 

En marzo, la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP, conocida como Metrodelegados) convocó al primero de los cientos de paros (el sindicato los llama medidas de autodefensa) para denunciar la exposición a asbesto de los trabajadores y trabajadoras del subte.

Los trabajadores del subte fueron impulsados por la urgencia. “Lo aprendimos con el cuerpo”, describe Pianelli. Al día de hoy en el subte hay 3 trabajadores muertos, 6 trabajadores con cáncer y 86 trabajadores afectados con neumoconiosis por exposición a asbesto. Además 2.150 ingresados al Relevamiento de Agentes de Riesgos para que les realicen estudios. 

El diputado Hugo Yasky, también Secretario General de la CTA, reconoce que en la Cámara de Diputados no había conocimiento del tema “hasta que los compañeros del subte comenzaron a construir una política de denuncia, que fue también una política pedagógica”. 

Por eso dice Yasky: “Es necesaria la ley para convertir este tema en un tema de salud pública”. 

Entre quienes escuchan están diputados nacionales, representantes de otros gremios, y también muchos trabajadores. El proyecto fue ingresado a la Cámara por el diputado Daniel Gollán, ex Ministro de Salud bonaerense, que tomó la inquietud que llegó desde les trabajadores, especialmente del subte, pero no solo. La norma lleva además la firma de otros ocho diputados y diputadas oficialistas, ya en la Cámara de Diputados queda ahora esperar que se le designen comisiones que empiecen a trabajar para que se convierta en ley.  

Dice Gollán: “El asbesto es un problema de salud no solamente de Argentina: es un problema que tiene el mundo. Es un material que se usó durante décadas en el siglo 20, parecía maravilloso, pero en ese momento no se contempló que con la degradación se producen pequeñas partículas que están produciendo en este momento 107.000 muertes anuales a escala mundial”. Gollán da un dato que dimensiona el problema: “En el mundo la mitad de las muertes por cáncer ocupacional son causadas por asbesto. En Argentina no tenemos estadísticas: es parte del objeto de la ley”. 

El proyecto de ley propone la creación de una Comisión Nacional Intergubernamental de Gestión del Asbesto integrada por los Ministerios de Salud, Trabajo Empleo y Seguridad Social y Ambiente y Desarrollo Sustentable. Esta Comisión será la encargada de promover un Plan Marco de Gestión de Asbesto Instalado que contendrá el diagnóstico de la situación, la estrategia general y las alternativas de solución propuestas para su eliminación en el territorio nacional. 

Además se buscará establecer el Registro Nacional, de orden público, único y compartido, que permita conocer la ubicación, cantidad y estado del asbesto instalado, y elaborar políticas en la materia; y un Registro de Personas Expuestas al Asbesto para dar vigilancia médica  a toda persona considerada en riesgo, trabajador o no, formal o informal, expuesto actualmente o post-expuesto y haya tenido una exposición activa, pasiva o accidental. 

Lilian Capone, neumonologa especialista en salud laboral y coordinadora de la intersindical de salud, forma parte de un comité que cada lunes se dedica a chequear las radiografías de tórax de les trabajadorxs del subte para saber si hay enfermedad. “Tenemos más de 3000 trabajadores evaluados”, cuenta. “Una vez nos dijeron: de 3000 evaluados 6 con cáncer es poco. ¿Poco para quien?, me pregunto. No importa cuántos enfermos vemos, sino la potencialidad de esta fibra maligna”. Lilian recuerda que no hay tiempo de exposición segura ante un material cancerígeno, por lo que es importante “que se retire todo: hasta que no haya condiciones seguras, al menos que haya una reducción de jornada laboral de les trabajadorxs expuestos”.

Del panel también participó Eduardo Rodríguez, autor de la norma que prohibió este mineral en el país; el ingeniero Eduardo Chamorro; y otros representantes de sindicatos. 

Beto Pianelli cerró: “Si el Estado argentino tiene la capacidad de mostrar dónde está el asbesto instalado damos un paso gigante. Y la única forma de resolverlo es con los trabajadores organizados que lo viabilizan. Queremos ciudades desabestizadas para nuestros hijos, sino seguiremos engrosando muertes y enfermedades de compañeros y de poblaciones que se enferman si saben de qué se trata”. 

El proyecto de ley completo: