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Feriazo en el Garrahan contra un modelo que enferma a la niñez

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La UTT realizará este miércoles 17 un feriazo en el Hospital de Pediatría Juan Garrahan, junto a profesionales de la salud de esa institución, para denunciar el “daño ambiental y las graves enfermedades que provocan los agrotóxicos entre la población infantil”. El contexto es importante porque allí llegan niños y niñas de todo el país atravesados por las fumigaciones en sus pueblos.

“Hay que tomar conciencia de una vez por todas que este modelo nos está matando”. Lucas Tedesco es uno de los voceros de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra (UTT) y así grafica a lavaca una actividad urgente que realizarán este miércoles: un feriazo en el Hospital Garraham, junto al personal médico de esa institución, para “exponer datos alarmantes sobre el impacto de los agroquímicos en la salud infantil”, comunicaron.

“En Argentina el asma es un problema de salud que ocasiona más de 400 muertes y más de 15.000 hospitalizaciones por año”, alertaron. “Y en los pueblos de los territorios fumigados el asma es la enfermedad crónica infantil más frecuente. Los neonatólogos de zonas agrícolas que reciben derivaciones de esas distintas regiones observan un aumento de la frecuencia de niños que nacen con malformaciones congénitas. La tasa habitual de anomalías congénitas es siempre inferior al 2% de los nacimientos. Sin embargo, muchos profesionales de la salud, obstetras y pediatras de Santa Fe, Chaco, Tucumán, Misiones, Córdoba y Bs.As. refieren tener tasas mucho más altas, y que incluso en algunos años triplican esa prevalencia”.

Las actividades se realizarán en la explanada del Hospital e incluirán:

  • A las 11:45 hs, un panel sobre los “Efectos de los agrotóxicos en la Salud Infantil”. En julio, la Sociedad Argentina de Pediatría publicó por primera vez en su historia un informe con ese título en el que despliega pruebas, explicaciones e hipótesis sobre lo que llaman “desastre ambiental” y el modo en el que los “agros tóxicos” (así los nombran en varios pasajes) impactan en la infancia, definida como población de mayor vulnerabilidad frente a la exposición a los pesticidas de diverso tipo. En este panel, la UTT presentaría su propuesta de agroecología.
  • A las 13:30 hs: un feriazo de producción agroecológica (venderán bolsones de verdura a $250) y una radio abierta.

Argentina lidera el ranking mundial por la cantidad de glifosato que usa el campo: el promedio actual es de 15 litros por hectárea por año. Lo novedoso de esta acción es el contexto, ya que el Hospital Garraham es la institución que recibe a niños y niñas de todo el país con infecciones y enfermedades terminales, la mayoría de ellos con una característica común: viven en pueblos atravesados por las fumigaciones con agrotóxicos.

El paquete tóxico

“Lo que venimos alertando como organización es que este modelo agroindustrial y agroexportador es un modelo de muerte”, describe Tedesco. La UTT ya estaba en diálogo con diferentes trabajadoras y trabajadores de sindicatos como ATE y CTA por las acciones que venían realizando (la última fue frente al INDEC en protesta por los aumentos de precios de los alimentos), y surgió la idea de accionar frente a la salud de las infancias. “La Sociedad Argentina de Pediatría informó sobre los enormes niveles de contaminación ante la exposición a los agrotóxicos de niños que están cerca de zona de producción del paquete tecnológico. Nos alertaban, por ejemplo, que la capacidad de absorción del cuerpo de un niño es de más del 50%. Los datos son estremecedores, y son los que buscaremos visibilizar mañana”.

Tedesco subraya: “Este modelo que contamina el agua, el aire y los alimentos de la mano de multinacionales como Bayer-Monsanto, viene instalando que la única manera de producir alimentos es a través de este paquete tecnológico. Y eso es mentira. Ese el campo que pedia fumigar con las avionetas mientras los chicos estaban en la escuela. Es el agronegocio que sólo busca la renta y poco le importa la salud de quienes están en el campo, que cada vez son menos: ese modelo genera un campo sin campesinos y con ciudades abarrotadas”.

A este esquema se suma ahora que la agencia de bioseguridad de Brasil aprobó la compra del trigo transgénico argentino fabricado por Bioceres: “Nos alarma mucho y nos causa tristeza. Si bien desde Argentina todavía no hay señales claras de si se va a permitir la producción a gran escala, ya hay sembradas más de 50 mil hectáreas. Y también viene de la mano del paquete tóxico, porque este trigo es resistente al glufosinato de amonio, 15 veces más nocivo que el glifosato. Y hablamos de la contaminación de nuestra harina: los fideos, la pizza, el pan”.

La UTT, además, viene de realizar dos acampes frente al Congreso para exigir la Ley de Acceso a la Tierra, que otorgaría créditos para comprar tierra, insumos y materiales. Aún no fue tratada: “Sin embargo, hoy se está hablando de una Ley de Fomento Agroindustrial para darle más herramientas al campo que contamina. Por eso, la ecuación nos alarma muchísimo, y creo que el Gobierno tiene que tomar nota de esta situación”.

Compartimos el comunicado completo

Este miércoles 17 de noviembre la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra (UTT) llevará adelante un “Feriazo” junto al personal del Hospital Pediátrico Garrahan nucleado en la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT), de esa institución, para denunciar el daño ambiental y las graves enfermedades que provoca el uso de glifosato entre la población infantil, entre otros temas. La actividad que se desarrollará desde las 11:45 hs tendrá lugar en una de las aulas del Centro de Salud y en la explanada del mismo, en Combate de los Pozos al 1800 en el barrio porteño de Constitución.

La cantidad de agroquímicos que se aplican en el país aumenta y crece permanentemente, por la extensión de cultivos de semillas genéticamente modificadas. En la actualidad esos cultivos cubren 30 millones de hectáreas de un territorio donde viven más de 12 millones de personas y tres millones de niños y niñas. Justamente, esta es la población más expuesta a la contaminación ambiental por el uso excesivo de pesticidas. El perjuicio se agudiza en la salud infantil por los productos mayormente utilizados en los campos como clorpirifos, atrazina, imidacloprid, 2-4D, Paraquat, carbofuran y glifosato.

“Nuestras vidas están en riesgo permanente, el modelo de producción agroindustrial pone los intereses económicos por encima de la salud, y las grandes corporaciones del agronegocio que son las que sostienen el modelo agroexportador están dispuestas a todo. El ecocidio ya está en marcha y viene destruyendo la diversidad en los campos. Por eso debemos denunciar sus consecuencias para impulsar un nuevo modelo agroalimentario basado en la agroecología para cuidar la salud de quienes producen y quienes consumen”, expresó Lucas Tedesco, referente nacional de la UTT.

Por su parte, la Lic. Norma Lezana, secretaria general de la Asociación de Profesionales y Técnicos del Garrahan, señaló: “Nuestra organización está comprometida con la defensa de los derechos laborales de las y los trabajadores del equipo de salud, pero esa posición conecta con la defensa global de la salud pública como derecho amenazada por un sistema alimentario atravesado por la lógica de la ganancia de grandes corporaciones que transforma la comida en un bien de mercado. Los profesionales de la salud, tenemos que denunciar esta situación y a la vez contribuir a que gane peso en la agenda social la construcción de una matriz alternativa. Ese es también nuestro compromiso”.

Argentina lidera el ranking mundial por la cantidad de glifosato que usa el campo. Actualmente el promedio es de 15 litros de este agrotóxico utilizado por hectárea por año, cifra que ubica a la Argentina en el primer puesto a nivel global. Distintos informes señalan que muchos pesticidas analizados por la Agencia Internacional de Investigación en Cáncer (IARC) de la OMS han sido clasificados como cancerígenos con distintos niveles de evidencia. El glifosato, el pesticida más utilizado en Argentina, está clasificado en el segundo nivel de riesgo de cáncer.

En Argentina el asma es un problema de salud que ocasiona más de 400 muertes y más de 15.000 hospitalizaciones por año. Y en los pueblos de los territorios fumigados el asma es la enfermedad crónica infantil más frecuente. Los neonatólogos de zonas agrícolas que reciben derivaciones de esas distintas regiones observan un aumento de la frecuencia de niños que nacen con malformaciones congénitas. La tasa habitual de anomalías congénitas es siempre inferior al 2% de los nacimientos. Sin embargo, muchos profesionales de la salud, obstetras y pediatras de Santa Fe, Chaco, Tucumán, Misiones, Córdoba y Bs.As. refieren tener tasas mucho más altas, y que incluso en algunos años triplican esa prevalencia.

📌 11:45 hs. Panel– “Efectos de los Agrotóxicos en la Salud Infantil” y presentación de la propuesta de agroecología de la UTT

📌13:30 hs. Feriazo de producción agroecológica / Radio Abierta

📍 Explanada del Hospital (Combate de los Pozos 1881, CABA)

Contactos de prensa

Lucas Tedesco 11 2860-4533

Lic. Norma Lezana 11 3856-0617

Maritsa Puma 221 565 4434

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Memoria, verdad y un nuevo reclamo de justicia a 3 años sin Carla Soggiu

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A 3 años del femicidio de Carla Soggiu su familia realizó un ritual junto a un mural con la cara de la mujer asesinada por su ex pareja, que no fue juzgada por el crimen por decisión del fiscal César Troncoso. Recordaron así y ahí, en Nueva Pompeya, los alertas que Carla le hizo a un Estado que no la protegió de la violencia machista ni la encontró cuando se encontraba desaparecida. La causa por el femicidio fue investigada recientemente por MU: lo que el expediente oculta y tergiversa, y lo que devela sobre la falta de funcionamiento del sistema de botón antipánico. Una historia que demuestra paso a paso cómo lo judicial puede encubrir la responsabilidad estatal y archivar procesos, convalidando la impunidad.

En uno de los límites de esta ciudad infinita está el mural que recuerda a Carla Soggiu sonriendo. “Madre, hija y vecina del barrio Nueva Pompeya” proclama con delicadas letras esta pared pintada que hoy da lugar a una ceremonia de dolor y memoria. “A esta hora empezó el infierno” dirá Roxana, la mamá, en este sábado de calor asfixiante. Señala entonces la esquina para marcar el lugar donde Carla activó por primera vez el botón antipánico que el Poder Judicial le entregó para protegerla. No funcionaba.

Aquel 15 de enero de hace ya tres años Carla pidió ayuda cinco veces y cada vez el patrullero policial llegó a la casa de la familia Soggiu preguntando dónde estaba. Comprendieron así, cruelmente, que Carla estaba en peligro y que nadie podía ayudarla. Cuatro días después un trabajador de limpieza encontró su cuerpo en el Riachuelo, que en ese límite es apenas unas cuadras.

Días antes Carla había sido torturada y violada por su pareja, con su hija de 2 años como testigo. Cuando logró escapar presentó una denuncia: fue la que originó la entrega del botón, una medida de protección que en esta ciudad portan tres mil mujeres al año.

La pareja de Carla fue condenada por esos delitos, pero la causa por su femicidio fue archivada: el fiscal César Troncoso consideró que no había delito alguno que investigar. Haber sido golpeada y violada días antes, soportar golpes en la válvula que calmaba su hidrocefalia, pedir ayuda a través de un dispositivo inútil, entre otras tantas de violencias, no son considerados por el fiscal como indicios de una trama que une ambas causas. La familia de Carla se enteró del archivo hace apenas unos días y de casualidad y ahí está ahora, parada frente al mural, clamando ayuda porque contra tanta injustica “solos no podemos”.

A su lado están Susana y Daniel, padres de Cecilia Basaldúa, víctima también de un femicidio y de un Poder Judicial cómplice de la impunidad. Está su tía y su primo y una vecina con su hijita y en ese abrazo la familia de Carla encuentra la fuerza para recordar sin lágrimas lo que necesitan: justicia. La exigen por sus nietos que todavía no accedieron a la pensión a la que tienen derecho según la Ley Brisa. Tras reclamos y trámites solo tuvieron una Asignación Universal por Hijo. Un abogado les cobró 40 mil pesos para renovarla, pero el trámite no lo completó y quedó nulo. De eso también se enteraron hace apenas unos días y de casualidad, cuando acudieron a la Defensoría General a pedir ayuda y se encontraron allí con la abogada que asistió a Carla en su primera denuncia. Ella los ayudó a solicitar la renovación del subsidio, pero en esta tarde de infierno Roxana cuenta que ya pasaron los 10 días previstos y la asistente social que debía visitarlos para darles la aprobación nunca llegó, así que tendrán que seguir esperando a ese Godot que es la justicia en Argentina. Mientras, el sustento sigue dependiendo de la espalda de Alfredo, que hace años trabaja en la misma empresa cumpliendo tareas de carga y descarga. Lo ayudan dándole horas extras: más peso.

En esta tarde de dolor y memoria hay flores y globos violetas, el color preferido de Carla, que su madre suelta para que rueden por las calles silenciosas del barrio de Nueva Pompeya. Docenas de globos mecidos por la brisa ardiente que anticipa una tormenta. Ahí quedan, en ese límite y a la espera.

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Lo que falta: 16va Carta al Presidente de Familiares Sobrevivientes de femicidios

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A plena luz del sol y en un centro desolado, las familias que componen el grupo Familiares Sobrevivientes de Femicidios se reunieron en Plaza de Mayo para dejar por vez número 16 una carta al Presidente Alberto Fernández, pidiendo que los reciba, exigiendo justicia por sus hijas y acercando medidas concretas para que eso suceda.

En la jornada de hoy estuvieron presentes Daniel y Susana, papá y mamá de Cecilia Basaldúa, asesinada en Capilla del Monte, Córdoba; Marta y Guillermo, padre y madre de Lucía Pérez, asesinada en Mar del Plata; y Analía Romero, mamá de Camila Flores, asesinada en Santa Fe.

En todos los casos estas familias debieron trasladarse hasta Plaza de Mayo; recorrido que significa a la vez que las causas que se tramitan por las muertes de sus hijas distan muchos kilómetros de la Casa Rosada; distancia que garantiza la impunidad, ya que facilita las trabas judiciales y las tramas territoriales; y complica el acceso a la justicia como un derecho para familias que no cuentan con recursos para viajar ni para sostener abogados ni peritos.

Así lo denuncia la mamá de Camila Reyes:

Así reclama Guillermo Pérez, papá de Lucía, que Alberto Fernández los reciba:

Estas son las fotos de algunas de las jóvenes asesinadas por la violencia machista, cuyas causas siguen impunes:

Estas son las cartas que entregan las familias al Presidente cada segundo miércoles del mes:

Esta es el informe que junto a las cartas las familias entregaron en la Rosada, un diagnóstico y una muestra de lo que falta para lograr un Nunca Más de la violencia patriarcal, de la que el Estado es parte:

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Infeliz año nuevo: trabajadores de alfajores La Nirva con orden de desalojo

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“Resuelvo: disponer el lanzamiento de los ocupantes de la planta fabril deudora ubicada en laa calle Dorrego Nº854, Lomas del Mirador, La Matanza, Provincia de Buenos Aires y restituir la posesión de la misma a la concursada”.

El fallo lleva la firma del juez nacional en lo Comercial Fernando D’Alessandro, está fechado el 30 de diciembre, y precisa dos aclaraciones: cuando se lee “lanzamiento” debe entenderse “desalojo” y “ocupantes” a 57 familias de la tradicional fábrica de alfajores La Nirva que recuperaron sus fuentes de trabajo en plena pandemia después de la estafa de los exdueños Matías Paradiso y Marcelo Iribarren. Las familias pusieron las máquinas a producir nuevamente luego de conformarse en una cooperativa de trabajo, y así trabajaron este año y medio pandémico hasta recibir el fallo previo al año nuevo.

“Estamos laburando muy bien”, dice a lavaca Marcelo Cáceres, presidente de la cooperativa. “En este último tiempo estábamos con pan dulces y muchos proyectos de ampliar la máquina de galletitas y alfajores, de inaugurar una línea más: estamos en crecimiento. El síndico ya había venido a revisar la fábrica y quedó sorprendido de lo bien que estaba. La decisión nos lleva a pensar que hubo un arreglo político con plata de por el medio, porque el juez no se fijó en esto, y directamente decretó el desalojo”.

La decisión, por ahora, no tiene fecha, pero las familias sí están en alerta y la noche de año nuevo reforzarán la presencia de guardia en la fábrica.

Dice Cáceres: “Vamos a aguantar la que se venga”.

Compartimos la nota de MU sobre la recuperación de la empresa.

Triple sabor: La Nirva, recuperada por sus trabajadorxs

Luego de estafas patronales, amenazas de la Bonaerense y dos meses en la calle durante la pandemia, la popular fábrica de alfajores de La Matanza se hace cooperativa. La autogestión como salida ante la crisis. Por Lucas Pedulla.

(publicada en julio 2020)

Después de trabajar 20 de sus 42 años en el control de la máquina de chocolate de La Nirva, Lorena Pereyra se encontró en pleno aislamiento social, preventivo y obligatorio enviándole al dueño una foto de su tupper en la olla popular que cocinaban al frente de la empresa, con un mensaje: “Mirá a lo que llegué”. La foto era la misma para cada una de las 65 familias que desde el comienzo de la cuarentena tuvieron que desoír el consejo de quedarse en casa, con los riesgos que eso implicaba, e instalar una carpa frente a la fábrica de alfajores en el partido bonaerense de La Matanza para reclamar por sus fuentes de trabajo.

Allí permanecieron durante casi dos meses con venta de torta fritas y budines para el fondo de lucha, y con carteles que explicaban la necesidad preventiva, social y obligatoria de otro virus:

  • “Nuestro virus tiene nombre: Matías Paradiso y Marcelo Iribarren (los dueños)”.
  • “Nos dieron cheques sin fondo en diciembre. Nos estafaron”.
  • “Si nos quedamos en casa nadie escucha que pasamos hambre. Queremos recuperar nuestro trabajo y vivir dignamente”.
  • “Queremos cobrar”.

Con cuatro hijos y su marido que había sido despedido de la misma empresa años atrás, Lorena nunca imaginó que atravesaría la lucha en medio de una crisis sanitaria sin precedentes. “La patronal cambió hace tres años y vimos cómo empezaron a irse compañeros. De 120 pasamos a 65. Hace dos años que no tenemos aportes, mientras vemos cómo en la ANSES figura que cobramos sueldos de 70 mil y 80 mil pesos, cuando hace nueve meses que no cobramos nada. Pero ante la necesidad te hacés fuerte, quieras o no”.

Lorena ya no habla desde la olla popular en la calle, sino desde adentro de la fábrica, donde permanece de forma pacífica junto a sus compañeros y compañeras en resguardo de las maquinarias y su fuente de trabajo que hoy toma una forma que augura un futuro pospandemia sanitaria y laboral: la forma cooperativa.

Foto: Ramiro Dominguéz

Conflicto grandote

La popular fábrica La Nirva es la encargada de hacer los famosos alfajores Grandote y La Recoleta, entre otros productos como cubanitos y copitos de chocolate y dulce de leche. El 80 por ciento de su personal son mujeres. “Mi pareja trabajó 31 años acá: lo echaron el año pasado pagándole una sola cuota de 51 mil pesos como indemnización”, contaba María de los Ángeles Santillán, 46 años, 23 en la empresa, cuando MU se acercó a la fábrica una semana después de iniciado el acampe. “No tiene nada fijo. Y la plata no alcanza, las boletas aumentan, tenemos mamás enfermas que tenemos que dejar para venir acá. Se complica todo: no tenemos ni para cargar la SUBE, por eso estamos vendiendo tortas fritas”. 

Marcelo Cáceres (34 años, 12 en la fábrica) pasó de ser delegado sindical a presidente de la futura cooperativa. Desde esa transformación recuerda que la caída  comenzó en 2018, cuando la firma cambió de dueños. “Se vendió al grupo Blend. Durante dos meses seguimos con el ritmo de trabajo que teníamos. Al tercer mes, el salario empezó a retrasarse. De a poco, se fueron cerrando líneas. Al tiempo, nos cortaron todos los servicios: agua, gas y luz. Nos quedamos literalmente a oscuras”.

Empezaron los despidos de personal administrativo: de más de 120 trabajadorxs quedó la actual planta de 65 personas. Y como en la pandemia, se contagió el miedo. Santillán: “Había miedo a hablar porque si alguien criticaba, al día siguiente era despedido”.

Cáceres aclara que el problema no era la producción. “Por quincena, y laburando una sola línea, hacíamos un millón 200 mil alfajores. En 2001, año de la peor crisis, ni se sintió: hasta horas extras se hacían. Fue un mal manejo. No sabemos lo que es cobrar un sueldo completo. Eran puchitos: de 2.000, 3.000 pesos. De octubre a hoy, solo en salarios la deuda con nosotros es de 18 millones de pesos”.

Hay más: “En diciembre nos dieron cheques a 60 y 90 días. El dueño nos dijo que vayamos a cobrarlo a una financiera, que nos iban a sacar un porcentaje, pero que lo íbamos a poder cobrar. Nadie vio un peso”.

Cáceres tuvo que vender su auto para poder pagar deudas. El 24 de diciembre llamaron al dueño para que les diera algo de efectivo para pasar las fiestas: “Nos dieron 3.000 pesos”. Y el 2020 arrancó con más promesas. “El primer día de febrero nos prometieron 40 mil pesos para arrancar y que, mientras producíamos, iban a abonar la totalidad de la deuda. Trabajamos una semana: nos dieron 20 mil. Hay buena predisposición, pensamos. Trabajamos otra semana más, pero ahí ya dijeron que no había efectivo. Como veníamos de dos años de mentiras, decidimos dejar de trabajar hasta que nos pagaran”.

Así llegó marzo, la pandemia agudizó todas las crisis y la situación  de los trabajadores era desesperante. Al combo se sumó que un vecino les avisó que un camión había ingresado de madrugada a la fábrica a llevarse cosas. No dudaron: estaba en juego la fábrica y sus fuentes de trabajo. 

Y votaron la instalación de la carpa.

Foto: Ramiro Dominguéz

Unión & galleta

Cuando el acampe cumplió una semana, recibieron una visita inesperada. Cáceres: “Apareció la policía, con la excusa de que no podíamos estar en la calle por la pandemia, cuando hacía siete días que estábamos ahí. Y nos corrieron por todo el barrio: un grupo terminó en la plaza, otro cerca de la ruta”. El efecto se vio al otro día: entre vecinos, vecinas y movimientos sociales hubo 200 personas apoyando a las familias en la puerta con olla popular. Y la policía no volvió más.

Ante la evidencia del apoyo, los dueños firmaron un acta en la que se comprometieron a cumplir el 100 por ciento de los salarios adeudados. Pero esta promesa tampoco se cumplió. “Agotamos todas las instancias legales que había. Primero, el dueño nos tomó el pelo a nosotros. Segundo, al sindicato. Y tercero, al Ministerio de Trabajo: hicimos cinco audiencias y no cumplieron ninguna, hasta que con los abogados del sindicato decidimos cerrar el acto y quedarnos en asamblea permanente, pero ya adentro de la fábrica”.

Lorena Pereyra hace una lectura de todo el proceso: “20 años son toda una vida. Tuvimos un mes en la puerta sin la ayuda de nuestro sindicato, con la ayuda de los vecinos. Ahí te das cuenta de que tu lucha vale, y que tiene un poder. Antes, con un pago mínimo entrábamos y desistíamos, pero ahora la pandemia terminó de desatar todo. Fui aprendiendo mis derechos. Uno viene acá, exponiéndose a todo, cuando lo que más queremos es estar en casa, pero lo valió”.

Mientras los trabajadores y trabajadoras buscan volver a la producción, Cáceres fue denunciado por “usurpación” por los exdueños, causa que tramita en los tribunales matanceros. “Por ahora el fiscal actuó bien. Y entre nosotros tenemos mucha unión. Sin eso, no hubiéramos llegado a nada. Esa es la base: la unión y la convicción que tenemos”.

Paula Rojas, 30 años, fue una de las últimas trabajadoras que entraron, hace cuatro años, en el área donde se colocan las galletas y empieza el proceso del alfajor. Sus compañeros la eligieron para que sea la tesorera de la futura cooperativa. “Me gusta y es una responsabilidad, porque si nos hubiéramos quedado en casa no habríamos conseguido nada. Mucha gente va a quedar desocupada después de todo esto, y si no recuperábamos también nos íbamos a quedar sin nada. Por eso tampoco podíamos quedarnos en casa. En casa estábamos todos separados, cada uno en su vida, aislados. Acá es distinto, estamos apostando a un mismo objetivo: recuperar nuestras fuentes laborales”.

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