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Call center: explotación y marketing

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Los call centers ya emplean a 50.000 personas, sobre todo jóvenes, en condiciones de presión y precariedad enfermantes, como resultado de un trabajo donde lo que vale es la obediencia más que la productividad, mientras se le miente a los clientes para garantizar ventas. De las promesas de marketing internacional a la realidad de garaje. Los modos de organización, incluido un sindicato horizontal, narrados a lavaca por algunos de los que no se resignan al cerebro teleperforado.
Primer acto: Lucas, 21 años, está feliz. Logró ingresar en un call center de Buenos Aires llamado Sprayette (en el aviso figuraba como un contact center internacional, suena mejor) y va a ganar 650 pesos vendiéndoles a lectores españoles, en castellano neutro, la suscripción para el diario El País de Madrid. El País contrató a un call center español, que subcontrató a Sprayette de Argentina, que subcontrató a una agencia de colocaciones bonaerense, que convocó a Lucas. Tal vez logre convertirse en un team leader o en un supervisor.
Segundo acto: Lucas descubre que las posibilidades de vender una suscripción son de 1 contra 80, pero se esfuerza en castellano neutro. Sus jefes lo rodean cada vez que hace un contacto, gesticulan a su alrededor y le piden que mienta para convencer a los españoles. Lucas obedece, y miente. Ellos celebran. Luego le hacen pagar, como a todos los demás, parte del regalo de cumpleaños para un supervisor: un equipo de DVD. Que los cumpla feliz. Lucas al menos aquí no vio lo que cuenta Sebastián, de Atento: una rubia hermosa, estudiante universitaria, metódica y cumplidora, haciéndose pis encima para no perder una llamada, por miedo a pedir ir al baño.
Intermedio: Al mes siguiente Lucas y sus compañeros reciben una pequeña sorpresa al cobrar su primer salario. Descubren que los 650 pesos se transformaron en 490.
Tercer acto: Lucas va a reclamar por el salario. Le contestan: “¿De qué te quejás? Por lo menos te pagamos en fecha”. Lucas, 21 años, no está feliz.
Break: Lucas y sus compañeros comienzan a hacer cosas impropias, como no querer participar en los cumpleaños de los supervisores, ni comer la torta que les convidan durante el “break”, el descanso de 15 minutos. Peor aún, empiezan a no festejar las ventas (actividad que suele ser acompañada con un griterío y aplausos agitados por los jefes y supervisores).
Cuarto acto: Sprayette decide presionar a una empleada para que se vaya, por su “poca onda”. El truco consiste en cambiarle el turno a esa joven que tiene un niño de 3 años y vive en Ituzaingó. Ella no puede cambiar de turno, la presionan hasta que renuncia. Lucas se indigna, se enoja, y toma una decisión que hace que la jefa de plataforma (la jefa de los supervisores) lo mire sonriendo y le diga en un castellano no precisamente neutro: “Andate, pendejo”.
Para comprender esta historia que Lucas relató a lavca y la evolución que tuvo luego, tal vez convenga repasar algo de lo que ocurre en el oficio con más crecimiento de la Argentina: el de operadores de call centers, o telemarketers (6.000 en el 2004, casi 50.000 actualmente). Ellos en una de sus páginas web prefieren autodenominarse Teleperforados, mientras otros están creando un Sindicato de Teleoperadores como para poder decidir, entre otras cosas, qué cumpleaños celebrar y cuál es la torta que quieren comer.
Por lo pronto, conviene aclarar que Lucas tiene 21 años pero no se llama Lucas, y que prefiere reservar su verdadera identidad, para evitar represalias.
Outsourcing, multiculturalismo y capacitación
Los avisos son impactantes: «Cubecorp Argentina incorporará a su Contact Center, candidatos para desempeñarse en sus funciones de representantes de Venta Telefónica. Formará parte de campañas de venta al mercado español para servicios de luz y gas. Requisitos: – Manejo de PC – Experiencia en posiciones similares (no excluyente) – Excelente manejo de relaciones interpersonales Ofrecemos: – Excelentes condiciones de contratación – Capacitación y desarrollo personal – Horarios part y full time – Ambiente de trabajo multicultural y profesional Zona de trabajo: Zona Norte de Buenos Aires, Pacheco Argentina, Buenos Aires Somos una compañía dedicada a proveer servicios de outsourcing informático a empresas en la Argentina y demás países de Latinoamérica».
Anuncios como este se encuentran por decenas en los sitios de búsqueda de empleo, o en los clasificados de los diarios. Algunos están directamente escritos en inglés. Las empresas se comenzaron a autodenominar «contact center» para escaparle al nombre call center (centro de llamados). Pertenecer a un centro internacional de contactos tiene ostensiblemente más glamour que ser un vendedor telefónico. De paso, la denominación tiene un costado sindical: los telefónicos tienen un mejor convenio que los empleados de comercio, donde en general encuadran a los teleoperadores. De todos modos, ninguno de estos marcos legales contemplan debidamente enfermedades típicas del oficio, como tendinitis, fuertes dolores de espalda y de cabeza, pérdida de la vista y la audición, agotamiento, o lo que los trabajadores de call centers definen como trituración cerebral.
¿Qué vende un call center?
Lucas, antes de Sprayette, trabajó en lo que llaman “un call center de garaje”, que se define por ser una pieza, sótano o literalmente un garaje “que ni luz tiene a veces”, con una sala con computadoras. “Y un vivo que descubrió el negocio” refiere Lucas.
Negocio poco iluminado, oscuro. «Era mi primer call center, me entusiasmé un montón: primero la entrevista, después la capacitación, y hacían mucho énfasis en la calidad de los productos, en la seriedad de la empresa, en el rol de los gerentes, en la capacitación permanente. Los que te capacitaban te decían ‘yo empecé como vendedor y ahora estoy en recursos humanos, nunca pensé que iba a hacer algo así, capacitándolos a ustedes’. Te daba una sensación de movimiento, de ascenso, de calidad», recuerda Lucas mientras su hija de un año le habla en un raro idioma que él parece comprender.
American Lab decía ser una empresa de laboratorios estéticos de California con sede en Florida, Estados Unidos. En 2001 abrió su primer call center en Buenos Aires. El negocio era fantástico porque, según decían, habían descubierto que los argentinos eran muy buenos para vender. Abrieron otro.
«En la entrevista nos decían que estaban muy felices trabajando en una casa antigua y reciclada de la zona norte de Belgrano. Que los productos eran maravillosos porque eran todos naturales. Que el público eran latinos de los Estados Unidos, muy simpáticos y amables, que te hacías amigo de ellos y que después te llamaban para comprarte, con lo cual, hacías mucha plata». Lucas pronto decodificó es que la primer venta se la habían realizado a él mismo: «El primer producto que vende un call center es su propia imagen», describe.
Al poco tiempo descubrió la verdad: American Lab no tiene ningún laboratorio en California, ni un call center en Florida, ni productos maravillosos y naturales. «Lo segundo que me vendieron son las condiciones de trabajo: me dijeron que iba a estar en blanco a los tres meses pero después se tardaron seis y muy poca gente llegaba a ese tiempo, la mayoría se iba o lo echaban a los 3 o 4 meses».
Según lo que vio Lucas en American Lab y luego en Sprayette, las personas que trabajan en call centers son:
* Estudiantes que ingresan porque las seis horas de trabajo que les proponen les dejan tiempo suficiente para estudiar, y no les piden experiencia previa. La mayoría son estudiantes de las carreras de Marketing, Publicidad, Ciencias de la Comunicación, Economía, e incluso Filosofía, Sociología y Derecho, a quienes les prometen que podrán ganar experiencia en lo de ellos y ascender a puestos mejores.
* Madres solteras, mujeres divorciadas, promedio de 30 años, que toman este trabajo con la idea de tener tiempo y dinero para cuidar y criar a sus hijos. “Trabajé también con mujeres profesionales, incluso abogadas que necesitaban más ingresos”.
* Inmigrantes que ingresan en los call centers de venta a España o a países latinoamericanos. Peruanos, bolivianos, colombianos o paraguayos que, por no tener papeles o por pura discriminación, no tienen otra chance. Completan el mapa los adultos que quedaron fuera del mercado laboral y ven esta posibilidad como último recurso.
Elecciones
¿Por qué se elige un call center como lugar donde buscar empleo? Porque justamente no hay mucha elección. Lucas: «Lo peor es que todos vamos a trabajar el primer día con la satisfacción de que estamos en algo serio, importante, digno. Por lo menos los inmigrantes no están en un taller esclavo 16 horas, las madres no están en un bar de mala muerte doce horas, donde las manosean y las explotan, el estudiante no esta en Mc Donalds, y así».
Agrega: «Mientras tanto tu familia piensa que trabajás para Telefónica, que estás en un lugar de futuro que progresa al ritmo de las telecomunicaciones. Lo que termina pasando es que también vos le vendés a tu familia y a tus amigos la imagen que el call center te vende a vos», concluye Lucas.
Tal vez forma parte de un mapa sociológico. Los trabajadores de call centers se criaron con las promesas primermundistas sobre la globalización, la competitividad, ganadores y perdedores en la sociedad de la información, el flujo veloz de datos y mercancías, trabajadores del conocimiento conectados en red, más libres, calificados y bien pagos, y demás balbuceos que tuvieron su momento de éxtasis –localmente- durante el menemismo.
Las familias invirtieron lo que pudieron en preparar a sus hijos, agendarlos y formatearlos para esa lógica, que termina mostrando esta faceta del outosourcing y el marketing internacional, desde un garaje oscuro, en negro, tercerizado y sin cobertura legal.
“Y aunque el lugar sea lindo, lo que ves es un desfasaje entre el lugar supuestamente internacional e importante, y lo sordo y extenuado que quedás por un sueldo ínfimo”, dice Lucas.
Pis encima
Atento Argentina es una empresa creada por el Grupo Telefónica para que funcione como call center (curiosidades de la época de la concentración: Sprayette también pertenece a dicho grupo). La necesidad de este tipo de sub empresas puede explicarse con un argumento obvio: «Atento fue creada por Telefónica con el único objetivo de precarizar las condiciones laborales de los trabajadores. Crearon un fraude para no contratarnos directamente», denuncian los trabajadores.
Sebastián trabaja en Atento, tiene 29 años y estudió para ser docente. Su relato echa luz sobre las condiciones de trabajo: «Tuve muchos oficios en mi vida: limpié baños, fui docente en escuelas en donde los pibes más que aprender matemáticas necesitaban afecto, vendí revistas en el tren y hasta fui personal trainer. Así y todo podía estudiar y rendir bien. El cansancio era físico y natural. El único trabajo que me quebró fue este», dice con la mirada perdida.
«Me quebró la cantidad de llamadas que hay que atender en pocos segundos –si no lo hacés la empresa te descuenta 50 pesos-, me quebró esa presión y también ver a otros compañeros mal. Por ejemplo una chica de 20 años, estudiante, muy bonita, muy inteligente, la típica niña prodigio, me tocó verla hacerse pis en el lugar de trabajo por miedo de ir al baño…», cuenta con angustia.
Atento inició una lucha hace casi tres años por mejores condiciones y para defender a los trabajadores que sistemáticamente son despedidos sin causa. Antes de 2003 trabajan 4.500 personas divididas en las sedes de Atento Martínez, Barracas y Mar del Plata. Según explica Carolina, compañera de Sebastián, la empresa empezó a ‘arreglar’ con trabajadores por sueldos de mil pesos. A los de Barracas, en su mayoría jóvenes de la zona sur, les ofrecían ir a trabar a Martínez, con lo que los obligaban a renunciar. Así quedaron apenas 500 trabajadores. El vaciamiento se efectivizó en junio de 2003. Un mes después Atento ya empezaba nuevamente a contratar pero con nuevas condiciones: 200 pesos menos de salario básico. Para la inauguración de esa nueva etapa, la empresa invitó a Néstor Kirchner y decoró con plantas, flores y alfombras el edificio. Sin embargo, ni bien terminó el acto, quitaron toda la escenografía: “Ni las flores dejaron”, cuentan los chicos.
Según explican, es política de la empresa cambiar, rotar, renovar a los trabajadores y sobre todo a los que tengan más potencial de organizar alguna revuelta. En esta empresa, los trabajadores llevan en su haber tres tomas del edificio y siguen de pie ahora no solo contra la opresión de la empresa sino también tratando de huir de partidos políticos de izquierda que intentan regimentar al resto (en esta lógica, se sabe, los que no quieren ser regimentados son acusados por los partidos como “oficialistas”, “contrarrevolucionarios” y floridos adjetivos de ese tipo).
Sebastián cuenta una de sus teorías: “En Atento nunca estás en paz y nunca estás en conflicto. En otros lugares trabajás hasta que llega el conflicto, hay paro, dura un día o dos. Negociás con el patrón, termina el conflicto y volvés a trabajar bien. Acá nunca estás en conflicto salvo cuando hay despidos masivos: se organiza la pelea por la reincorporación pero cuando termina no estás en paz, seguís presionado, siempre en conflicto con este trabajo”.
Carolina cuenta que la reprobaron en un parcial que rindió justo cuando fue la última toma de Atento de la que ella participó hace casi un mes. Razones del bochazo: “No pude pensar bien, estaba saliendo de una situación de encierro y de violencia y pienso, pucha yo quiero que acá mejoren las cosas pero también me quiero recibir…”.
Puse mucho de mi vida
El trabajo implica una presión enferma física y mental, y un dilema referido a la propia identidad: “Tenemos otras vocaciones e intereses y estamos peleando por ser telefónicos. Y la verdad es que nadie quiere ser telefónico por deseo propio”, confiesa Carolina. Agrega: “Muchas veces me preguntan ¿de qué trabajas? Y aunque no me da vergüenza, no puedo sentirme orgullosa de mi trabajo. Además soy millones de cosas antes de trabajar en un call center”.
Sebastián se suma: “No sé si quiero ser telefónico, pero es la herramienta que veo como para que mi ahijado no trabaje en un call center así. Que sea un oficio como el de carpintero. Por mí, que desaparezcan, pero como no va a pasar, nos queda pelear”.
Según las estimaciones oficiosas en estos lugares cerca del 70% de los trabajadores padecen desde problemas psiquiátricos, pérdida de la audición, nódulos en la garganta, tendinitis, hasta enfermedades de la espalda y de la vista, entre otras, donde ya ni enumeran lo que parece natural: el estrés, el agotamiento. Lucas: “Las propias empresas pusieron el límite de 6 horas no por solidarias ni por bondadosas, sino porque saben que más allá la persona ya no sirve para nada, y su rendimiento cae totalmente”.
El último caso que sucedió en Atento le tocó a una joven asmática: “Pusieron el aire acondicionado muy caliente y despidió unas partículas tóxicas: se le cerraron los bronquios, se desmayó, no podía respirar bien y se la llevó una ambulancia que tardó media hora en llegar. Estuvo dos días internada porque no se le cortaba eso que había respirado. Todos los que nos quedamos teníamos un dolor de cabeza terrible por ese olor que estuvimos respirando”, recuerda Cristina.
Sebastián responde por qué vale la pena quedarse y no renunciar: “Yo puse mucho de mi vida acá. Quiero que esto sea un trabajo digno”.
Último acto
Detalles de la vida de Lucas en Sprayette:
* La diferencia entre el sueldo prometido y el real se debe a que era muy difícil la campaña de suscribir a españoles al diario El País. “Al hablarte de 650 pesos metían gente. Cuando nos encontramos con 490, los de Sprayette nos mandaron a la agencia, y viceversa”.
* Lucas calcula la proporción en contra de 80 a 1 para encontrar a un lector de El País. “Pese a que es el diario más leído, con 500.000 ejemplares, hay 40 millones de españoles. Cuando encontrábamos a un lector del diario, los supervisores se nos venían encima para que les dijéramos cualquier cosa con tal de asegurar la venta. Nos pedían que mintiéramos. Les decíamos que por el diario de 1 euro les íbamos a descontar 70 céntimos por día de su cuenta bancaria. En realidad, se les iba a cobrar todo junto, pero era un modo de engatusarlos. Si lo lograbas, los supervisores empezaban a gritar y aplaudir: ¡grande, puto, hicimos la venta!
* De la venta por un total de 100 euros (400 pesos aproximadamente) al teleoperador le quedan, limpios, 3 pesos.
 El mal humor de muchos teleoperadores los alejó de tales festejos. Durante el cumpleaños del supervisor al que le regalaron el DVD con el dinero que obligaron a poner a todos, los encerraron en la plataforma para obligarlos a celebrar y no tener su break aparte.
* Comenzó la presión con una de las jovenes teleoperadoras, obligándola a cambiar de turno, cosa que ella no podía hacer. Sus compañeros la incitaron a seguir trabajando en su turno hasta que ella dijo: “Basta, no quiero pelearla más”, y se dio por renunciada.
* La jefa de plataforma apareció sonriendo “como sobrándonos” cuenta Lucas, para borrar de la pizarra el nombre de esa joven y de otra que en realidad había pedido día de estudio. Lucas discutió con esta mujer, y finalmente él mismo se borró de la pizarra. “Estaba perdiendo mi propio trabajo, pero no pude aguantar el modo en que se reía de nosotros, cómo nos estaba sobrando”.
* “Le dije que alguna vez se iba a acordar de toda la gente que estaba jodiendo. Me contestó: Andate, pendejo”.
Algo está pasando
El fin de la historia es paradójico. Lucas consiguió trabajo en Atento, donde ha confirmado que la lógica de estas empresas responde a un molde nuevo: “La productividad no está medida en relación a las ventas, sino a la obediencia del operador. Lo importante para ellos es que cumplas el tiempo de entrada, de salida, el tiempo del break. No se valoran tus ventas, sino tu nivel de conexión a la máquina y de docilidad. Me cuesta encontrarle explicación, pero se ve que la productividad para ellos es que después de un tiempo te destruyeron el cerebro, y directamente te conectás todo el tiempo, levantás llamadas al ritmo que ellos quieren, y la ventaja es que no tenés otra cosa en la cabeza”.
Más detalles. Atento, para evitar los conflictos con los empleados que piden el pase al convenio de telefónicos, está transfiriendo sus propias tareas de call center de las telefónicas, a Action Line, por ejemplo, mientras recibe campañas de otro tipo de empresas (lo cual evitaría que se la considere una subsididaria de una “empresa telefónica”).
El negocio promete seguir adelante. Lucas cuenta que el Banco Río, con 40 operadores propios, logró la venta del 40% de sus productos bancarios. “Ahora hacen la apuesta de contratar a Action Line, para poner 100 telemarketers”.

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Agrotóxicos: la Corte Suprema avaló las fumigaciones que sufren 1.021 escuelas rurales en Entre Ríos

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La prohibición de fumigar a menos de 1.000 metros de escuelas fue reducida a 100 metros por decreto del gobernador de Entre Ríos, y ahora la Corte avaló esa decisión. La apelación de vecinas y vecinos fue rechazada por sus cuatro integrantes basándose en el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial, que admite el rechazo de la Corte “cuando las cuestiones planteadas resultaren insustanciales o carentes de trascendencia”. La fumigación con productos cancerígenos sobre niños y docentes quedan en ese ámbito según el fallo que será apelado esta vez ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La falta de acceso a la justicia, la burla al derecho, el desamparo de las comunidades en una provincia donde reinan el lobby del agronegocio, la contaminación y el ambiente tóxico, en la voz de las y los afectados.

Por Francisco Pandolfi

El 28 de febrero pasado el máximo tribunal del país falló en contra de las 1.021 escuelas rurales de toda la provincia de Entre Ríos. Hasta el momento, tenían un resguardo de las fumigaciones de agrotóxicos a una distancia de 1.000 metros en aplicaciones terrestres y de 3.000 en aéreas. Ahora la resolución posibilita el uso de venenos a sólo 100 y 500 metros respectivamente, límites establecidos por el decreto del Poder Ejecutivo impulsado por el gobernador Gustavo Bordet, alineado con el agronegocio.

¿Qué es lo “insustancial”?

La Corte, conformada por los jueces Horacio Rosatti –presidente–, Carlos Rosenkrantz –vicepresidente–, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, se tomó desde febrero de 2020 –cuando se elevó la apelación– hasta febrero de 2023 para responder un puñado de palabras: “El recurso extraordinario, cuya denegación origina la presente queja, es inadmisible (art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Por ello, se desestima la presentación directa. Notifíquese y archívese”.

El artículo 280 aclara el porqué de la negativa al amparo presentado por el Foro Ecologista de Paraná y la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER): “La Corte, según su sana discreción, y con la sola invocación de esta norma, podrá rechazar el recurso extraordinario, por falta de agravio federal suficiente o cuando las cuestiones planteadas resultaren insustanciales o carentes de trascendencia”.

A esta última instancia se llegó luego de varios años de denuncias, enfermedades, resistencias y muertes. Aldana Sasia es abogada especialista en lo ambiental, integrante de la Coordinadora Basta es Basta y del Foro Ecologista, y quien presentó el recurso de queja. El panorama: “Es una lucha que viene desde hace muchos años; antes del proceso judicial, desde distintas organizaciones y a través del gremio docente AGMER, se había iniciado la campaña Paren de Fumigar las Escuelas, porque había muchos casos en que se pulverizaba al lado, en horario de clase. Hubo un montón de sintomatologías en los niños y situaciones en las que tuvieron que suspender las clases. Las organizaciones nos unimos y acudimos a la Justicia en 2017, cuando presentamos el primer amparo para que se establezca una distancia de resguardo, ya que no había ninguna legislación que protegiera a las escuelas. Así obtuvimos la primera sentencia que fijó una distancia de 1.000 metros terrestres y de 3.000 aéreos, fundados a partir de estudios científicos que acompañamos en el reclamo. Ese fallo fue confirmado en todas las instancias, hasta que en enero 2018 el gobernador provincial Gustavo Bordet sacó un decreto reduciendo esas distancias a 100 y 500 metros”.

¿En qué se basó el decreto para reducir las distancias? “No se fundó en ningún estudio científico, ni en investigaciones epidemiológicas, así que pedimos su anulación y la Justicia nos dio la razón”.

En aquel momento, abril de 2019, el entonces presidente Mauricio Macri visitó la provincia y –con evidente desconocimiento de lo que decía– planteó que el fallo judicial era “una ley absurda que no se basa en ningún rigor científico”. Mezcló fallo judicial con ley, con una única intención intención obvia: favorecer el agronegocio.

Continúa la abogada: “Sin embargo, a mediados de 2019 Bordet sacó otro decreto en el que volvió a reducir las distancias, presentando investigaciones científicas que se basaban en la volatilidad de la gota, o sea, hasta dónde puede llegar, cuyos ensayos no eran con veneno sino con agua, cuando la volatilidad es otra”. (Las partículas de los agrotóxicos tienen una capacidad de dispersión mucho mayor que las del agua y su grado de permanencia en distintos sistemas es enorme, por lo que se ha llegado a detectar este tipo de venenos hasta en la Antártida, o impregnando productos comerciales como pañales y tampones en el caso del algodón).

“Esas mediciones de volatilidad para nosotros son nulas, no tienen ningún sentido porque ni siquiera las hicieron con los productos que se usan realmente para fumigar, que no es lo mismo que rociar con agua. Además, el 80% de lo que se fumiga no cae en el sembradío, sino que va para otros lados, porque depende de la temperatura ambiente, de los vientos, del producto que se aplica. Es imposible calcular hasta dónde va a llegar cada fumigación”.

Agrega Aldana Sasia: “En medio de ese proceso, el gobierno provincial sancionó una ley que modificó la composición del Superior Tribunal de Justicia, cambió la conformación de la sala que venía tratando el tema y nos fallaron en contra, confirmando el decreto 2239 del Poder Ejecutivo. Ante esa sentencia, elevamos el amparo a la Corte Suprema, que acaba de resolver que las fumigaciones a las escuelas rurales no son una cuestión trascendente. Esto deja claro que el acceso a la justicia ambiental en nuestro país no existe”.

–¿Cómo puede explicarse que la Corte se expida de esta manera, en cinco renglones y después de tres años?

–Veo dos fundamentos en esa decisión. Por un lado, que resolver sobre instancias de fumigaciones de agrotóxicos en Argentina es sumamente complejo y podría llegar a debilitar toda una matriz productiva que tiene el Estado, que es la única salida que hoy avizora para sacar adelante un país o para pagar y arreglar con el Fondo Monetario Internacional. El otro fundamento es el burocrático: la Corte está llena de causas, todo se apela a la Corte Suprema de Justicia, sus miembros no saben lo que firman porque sacan cientos de sentencias. Deben ser muchos más, es lamentable la composición del órgano máximo con sólo cuatro miembros: hoy deben resolver alrededor de una sentencia cada 30 minutos. De esta manera, el acceso a la Justicia es limitado y acotado, y la Corte Suprema se convierte sólo en una caja recaudadora, ya que para acceder a ella hay que pagar un monto considerable. Esto también influye en que la trascendencia que tienen este tipo de causas no sean valoradas del modo que amerita.

¿Docentes centinelas?

El decreto 2239 que rige en toda la provincia de Entre Ríos, además de achicar las distancias de resguardo, creó un órgano de control de las fumigaciones con el nombre de “Unidad de Centinela”, integrado por un ingeniero agrónomo y por cada director de la escuela rural fumigada.

Estela Lemes es desde hace 23 años la directora de la escuela rural N° 66 Bartolito Mitre, de la localidad de Costa Uruguay Sur, departamento de Gualeguaychú. Tiene 58 años y se presenta como maestra rural, no como directora. Por la exposición a los agrotóxicos, se le detectó glifosato en el cuerpo, una atrofia muscular y un deterioro neuronal «que no tiene vuelta atrás», le dice a lavaca desde una de las aulas “rodeada de campo”.

¿Los obligan a cumplir la función de centinela? “Cuando a los directores nos llamaron para adoctrinarnos acerca de eso, yo les dije que no pensaba participar. Es una locura por donde se lo vea. Le hacemos el trabajo a quienes nos fumigan, analizando si están bien tomadas las medidas desde dónde se va a fumigar, como si los docentes no tuviéramos trabajo; nos quieren agregar más y encima ese. Lo rechazo y lo repudio; un trabajo gratis y nefasto, mientras ellos nos siguen envenenando”.

Estela habla con dulzura que más allá de la angustia que le genera el tema del que habla: “Yo pensé que iba a salir favorable la sentencia, porque quién puede querer que fumiguen a los gurises en una escuela. Si vos les preguntás a la gente común, nadie quiere eso, no hay licencia social, pero hay un trasfondo: por culpa de muchos años de malas políticas económicas, hoy se depende de un modelo productivo que tira veneno sobre los gurises. No les importa que sus plantaciones están rodeando las escuelas rurales. Hay mucho dinero en juego para el lobby y hay una estructura judicial a favor de que fumiguen con veneno, sino no hay manera de que hayan fallado en contra”.

Hace una pausa, y suma: “Encima tardaron tres años para escribir cinco renglones y con tanta liviandad nos dicen que nuestro reclamo no tiene trascendencia. Tengo mucha bronca, indignación, vulneran los derechos de mis gurises y del ambiente. Es muy doloroso; no me había pronunciado hasta ahora porque termino llorando y no me hace bien”.

–En lo cotidiano, ¿qué significa que puedan fumigar a 100 metros de las escuelas?

–Nuestra escuela está rodeada de campos; el alambrado está pegado a uno donde, gracias a la lucha que dimos desde hace cuatro años, ahora se dedican a la ganadería porque no querían que los siguiéramos denunciando. Pero hay campos muy cercanos que sí siembran y fumigan. Para que se entienda: que tiren venenos a cien metros es como que vos estás en tu casa y te fumiguen en tu patio o en tu vereda, porque la deriva llega a kilómetros. Este fallo de la Corte les abrió la tranquera a estos señores para que apliquen cuando quieran. De hecho, hace unos pocos días lo hicieron en una escuela de Gualeguay, sin receta y en horario de clase, lo que no está permitido. La decisión del tribunal minimiza el problema y así van a aparecer más casos… muchos más casos.

La Corte y el lobby sojero

En Gualeguay vive Ramón Velázquez, docente de primaria desde hace 15 años, referente del Foro Ambiental, coordinador del proyecto de forestación Gualeguay Te Quiero Verde e integrante del colectivo Humedales en Red. Es maestro de la escuela Nº 3 “Marcos Sastre”, tiene 45 años y mucho por decir: “El fallo de la Corte es la cara del lobby sojero, del agronegocio; después de tanto tiempo esperábamos otra resolución. Tanto la Corte Suprema de Justicia como el gobierno provincial tienen responsabilidades directas con este modelo agroexportador perverso y dañino, que deja fumigar a la gurisada”.

La pulverización sin receta agronómica y en horario de clases se llevó a cabo el pasado 9 de marzo en la Escuela Nº 51 “Sofía Clotilde Fernández”. Explica Ramón: “De la escuela no quieren hablar, porque sucede que los mismos peones mandan a sus hijos a estudiar; es algo muy complejo y nos pasa siempre. Hace tiempo, junto a Estela Lemes fuimos a dar una charla a una escuela y nos esperaba una patota sojera. Había montones de padres de los gurises, gente de la Sociedad Rural, de algunas federaciones, todas dependientes de este modelo. Cuando terminamos de hablar tuvimos algunos altercados. Podrán argumentar lo que quieran, pero me pregunto, ¿se necesitan más pruebas que el veneno encontrado en el cuerpo de Estela? Hace poquito se encontraron agrotóxicos en la cuenca del Río Uruguay, uno de los más importantes de la provincia; tenemos el veneno en el agua, en el suelo, en el aire y en tantos cuerpos por lo que ingerimos permanentemente”.

El Derecho, analizado a los 12 años

Hay muchas coincidencias en lo que denuncian Estela y Ramón. En el fondo del problema, en las formas del problema, y también en donde hacen foco principal: la niñez; las y los gurises.

Constantino tiene 12 años y es nieto de Estela. Vive en la ruralidad, en el municipio de Costa Uruguay Sur. Nació con problemas respiratorios porque su mamá, en el embarazo, estuvo expuesta a los pesticidas. Tiene pelo largo, sonrisa ancha y una timidez que no le impide contarle a lavaca sobre sus convicciones, deseos y sueños de un futuro distinto: “Es importante resguardar la salud del ambiente y de los niños y maestros de escuelas rurales. Es un derecho que tenemos y que no debe ser vulnerado”.

Habla con firmeza : “Es necesario el cuidado del ambiente porque es nuestra casa común y si seguimos permitiendo su destrucción no habrá nada que dejarle a los niños del futuro. Mi abuela me contó lo que decidió la Corte Suprema y no me gustó; no quiero que fumiguen más niños y niñas de las escuelas rurales”.

El año pasado, Constantino junto a dos compañeros fueron los únicos representantes de la provincia en la Consulta Regional del Comité de los Derechos del Niño de la ONU, sobre el cambio climático y sus consecuencias. “Participé con dos amigos, Bauti y Candy. Fue una linda experiencia donde nos expresamos sobre el tema; estuvo genial, porque había niños y niñas de toda América Latina y del Caribe. Además. En esa visita a Buenos Aires también hicimos la ronda con las Madres de Plaza de Mayo”.

Lorenzetti y Bordet no responden

En el Hospital Garrahan, reconocido centro pediátrico de la Ciudad de Buenos Aires donde llegan a atenderse infancias de todo el país, trabaja Mercedes “Mechi” Méndez, enfermera comprometida desde hace más de una década en la denuncia de los efectos de los agrotóxicos. No habla representando a la institución, con la cual lleva adelante una lucha interna por la negación de la problemática concreta, por no tener una historia clínica ambiental, por no contar con un laboratorio para pesquisar los tóxicos que las niñeces llevan en sus cuerpos.

Habla desde su labor, en el sector de Cuidados Paliativos. Lo que la moviliza es no no ver morir a más infancias de los pueblos fumigados: “El día que salió el fallo de la Corte justo estaba en Paraná, acompañando ‘La ronda de los martes’ (actividad que desde el 2017 organiza la Coordinadora Basta es Basta, rodeando la casa de Gobierno de Entre Ríos para exigir el fin de las fumigaciones).

La de la Corte es una decisión inexplicable, totalmente perversa que da una libertad absoluta para continuar envenenando. Tuve la posibilidad de visitar escuelas rurales, alumnos, y de escuchar sus relatos, de ver sus dibujos sobre el tema. Me acuerdo de uno en que una nena sangraba con los ojos hinchados; otro en que los animales vomitaban. A los niños no sólo los fumigan en la escuela, también mientras van o vuelven de las clases. Es un modelo de exterminio”.

Para acompañar la apelación de las organizaciones ambientales, la Defensoría de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Nación también hizo una presentación a la Corte Suprema exigiendo su resguardo.

“Tampoco les importó ese pedido. Ni que en la causa nosotros presentamos estudios sobre la composición del agua, el aire, la tierra, que daba cuenta de la presencia de sustancias peligrosas, así como en la sangre de muchos niños”, afirma la abogada Aldana Sasia. “La Corte dejó mucho que desear. El juez Ricardo Lorenzetti en sus conferencias, en sus libros, habla de la importancia del cuidado del ambiente, pero borra con el codo lo que escribe con la mano. Nada de lo que viene diciendo en tantos papeles escritos se está aplicando”.

Tanto el pedido de entrevista a la vocera de Lorenzetti, como al propio gobernador Bordet, no fueron respondidos a lavaca, actitud recurrente y antidemocrática de los funcionarios implicados en estos temas.

Denuncia en la CIDH

¿Cómo se sigue, tras la sentencia del máximo tribunal nacional?

Aldana: “Por un lado, queda acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para proteger a los más vulnerables, que son los niños y niñas que van a la escuela. Por el otro, interponer un amparo porque el decreto del Poder Ejecutivo no se cumple: los monitoreos de las fumigaciones se iban a hacer a través de GPS en cada una de las máquinas fumigadoras, toda una proyección tecnológica que no se hizo a la fecha. También prometieron la forestación de barreras arbóreas y no lo cumplieron”.

Estela: “Tenemos que ir a diferentes instancias judiciales para seguir explicando que no deben tirar veneno. Que debamos insistir en esto, habla de la insensatez que vivimos como pueblo. Sin embargo, estoy convencida de que no debemos abandonar la lucha por las presentes y las generaciones que vienen. Vivir en el campo es un privilegio, mientras no te fumiguen”.

Ramón: “Este fallo de la Corte Suprema no nos va a hacer bajar los brazos. Vamos a seguir trabajando, generando encuentros, conversaciones, acompañándonos, con escucha, con abrazos, con amor por el otro. Todo eso que no está en el modelo agrotóxico”.

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Mía: Cuando el arte abraza

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Mía es una obra de teatro que podríamos encuadrar dentro del biodrama o autoficción. Y es mucho más: es grito, es abrazo y, también es un espejo. La actriz y médica psquiatra Mercedes Bertuzzi expone en escena su propia historia: una situación de violencia machista que sufrió por parte de una ex pareja. Este sábado 18 de marzo y en el marco del 8M, esta obra testimonial se presenta en MU Trinchera Boutique a las 21 hs, entradas a la gorra.

“Los primeros años, luego de salir, fueron de mucha confusión, angustia y mucha bronca. Escribir me permitía depositar esas emociones en el texto. El primer objetivo fue descargar. Siempre estuvo el deseo de poder denunciar a través de ese texto que iba escribiendo, pero no estaba segura de si iba a encontrarle la forma. En el proceso empecé a entrenar con Marina Otero, ella hace autoficción, y ahí algo se destrabó, la vi, vi la obra”, cuenta Mercedes. Al terminar de escribir el texto, tomó conciencia de que no era exclusivamente autorreferencial sino que involucraba la historia de muchas otras. Así tomó coraje para llevarla a la escena. “En cada función se me acercan decenas de mujeres emocionadas a abrazarme diciéndome ‘somos muchas’. Todas pasaron por una situación de violencia o acompañaron a otra mujer que la pasó. Siempre termino la función con ganas de gritar cada vez más fuerte el texto de esta obra. Siento que estoy entregando mi historia al colectivo y eso hace que ya no me pese, ya no lucho contra ella. Cada mujer que se identifica con la historia se la apropia un poquito y le va dando más cuerpo al personaje de Mía”.

Con sus herramientas artísticas, Mercedes logró una obra poética, sin golpes bajos, con ironía y momentos muy divertidos.

En una escena, dos niñas juegan a ser actrices, prueban vestuario y declaman en nombre del amor. Las palabras son extraídas de las típicas canciones románticas de cantantes famosos, las que hemos aprendido y cantado a lo largo de los años. “Para quienes fueron víctimas, no es fácil hablar. La violencia nos deja mudas, vacías, solas, no hay palabras que alcancen para explicar. El arte nos habilita un lenguaje a través del cual poder decir lo indecible, nos devuelve la voz, en la forma que cada una elija expresarse. Y para quienes son público, adentrarse a la temática desde una propuesta artística creo que les permite hacerlo sin tantas resistencias. Te permite escuchar con otra disponibilidad. El relato atravesado por la dramaturgia, la música, los cuerpos. Mantiene su fuerza y su crudeza, pero es amortiguado de ternura, poesía, risa. Y eso permite que hablemos de violencia con personas que quizás no se acercarían de otras formas”. 

Cada vez que Mía fue presentada en distintos teatros —Mercedes quiere que la obra circule y abra a la reflexión— los comentarios de personas del publico se multiplican: “Presencié ese mismo diálogo”, “sentí exactamente eso”, “estuve en pareja con un tipo igual”. No solo es reparador para ella sino para muchas. “Romper el silencio es imprescindible. Me sigue sorprendiendo la cantidad de mujeres que se acercan después de la función a abrazarme emocionadas por haber ‘contado su historia’, estuvieron ahí mismo o acompañaron a otra. De todas las edades, todas las clases sociales. Es escalofriante, es triste. Pero es también esperanzador encontrarnos. Ya no nos estamos quedando calladas, estamos denunciando y estamos convencidas de cambiar esa realidad. El haber sido víctima de violencia ya no queda solo como una herida que duele y mejor callar y olvidar. Hoy somos víctimas enojadas, creativas y sobre todo, en red. Compartir Mía me abrió los ojos a eso… Es mi historia, es la de muchas otras y, por suerte, es parte de la historia que estamos modificando”.

MU Trinchera Boutique, Riobamba 143

Sábado 18 de marzo a las 21 hs

Actúan: Mercedes Bertuzzi, Juliana Gotta, Gonzalo Pungitore, María Tibi

Entradas “a la olla”.

Podés reservar en este link:

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Punitivismo y feminismo en el caso de Lucía Pérez: una mirada sobre esa falsa dicotomía

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La abogada trans Cristina Montserrat Hendrickse analiza por qué es falsa la dicotomía que pretenden instalar sectores que siempre trabajan para categorizar las divisiones del movimiento feminista. Así crean grietas sociales que les permiten alentar congresos, investigaciones y polémicas de las cuales viven.

Por Cristina Montserrat Hendrickse

Una corriente muy minoritaria de los feminismos entiende que reclamar la sanción penal del femicidio es una actitud punitivista.

Llegan a tal conclusión partiendo del concepto de que el castigo refuerza la violencia.

Evidentemente la idea de la que se parte es correcta, pero el error de la conclusión reside en asociar pena a castigo. En no distinguir la finalidad de la pena que impone nuestro Derecho de la triste realidad de castigo que significa la ejecución efectiva de las penas privativas de libertad.

Los feminismos en nuestro país se encuentran justificados jurídicamente en la Convención Contra Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) incorporada a nuestra Constitución en 1994; la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra La Mujer (Convención de Belem do Pará) que es un tratado internacional de jerarquía superior a las leyes; y las leyes nacionales y provinciales que reglamentan a estos tratados.

Nótese que la convención de Belem do Pará obliga a los Estados a “sancionar” la violencia de género, además de prevenirla y erradicarla. El marco jurídico “sancionatorio” por excelencia es el Derecho Penal.

De allí que en nuestro sistema de derecho pretender eludir o abolir la punición de la violencia de género resulta jurídicamente anticonvencional, y por tanto anticonstitucional.

No por ello se deja de valorar el aporte del antipunitivismo feminista en cuanto sostiene que el castigo refuerza la violencia. Pero el problema del antipunitivismo reside en cuestionar al sistema (de origen convencional interamericano) de sanción de la violencia de género, y no al sistema de castigo que en los hechos (y apartándose del Derecho) sucede con la aplicación de la pena.

En efecto, la finalidad esencial de las penas privativas de la libertad es la reforma y la readaptación social de los condenados (art. 5.6. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también incorporada a nuestra Constitución en 1994), sin olvidar el mandato de que “…Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas…” (artículo 18 de la Constitución Nacional). De ambas reglas de jerarquía superior surge que la finalidad jurídica de las penas no es el castigo, como erradamente lo entiende cierta expresión del feminismo antipunitivista, sino la resocialización.

De allí que se impone una diferenciación entre “antipunitivismo” y “abolicionismo” que permita distinguir: si se pretende que la pena no se constituya en castigo sino como resocialización (antipunitivismo); o si se pretende abolir todo tipo de pena (abolicionismo penal).

La primera debería hacer foco en una reforma penitenciaria feminista, que lejos de reforzar el patriarcado lo deconstruya, no aboliendo las penas, sino modificando su ejecución a la finalidad que el impone el Derecho.

La segunda implicaría la abolición de todas las prisiones; y además, el desafío de construir respuestas ante los crímenes o lo que cada sociedad considera crímenes.

Evidentemente el castigo refuerza la violencia. Por lo que el mismo debe ser eliminado del sistema de ejecución penal, pero no el sistema de sanción; salvo que se sostenga el abolicionismo, teoría también respetable, pero que resulta anticonstitucional en nuestro sistema de Derecho, al menos en materia de violencia de género ya que la República Argentina se obligó ante la comunidad interamericana a sancionarla.

Toda decisión que se aparte de ese compromiso violentaría el sistema jurídico argentino y comprometería a nuestra Nación frente a la Comunidad Interamericana exponiéndonos a ser destinatarios de reclamos, cuando no de sentencias condenatorias, ante el sistema interamericano de Derechos Humanos.

En resumen: debatamos sobre las cárceles, no sobre las penas.

Cristina Montserrat Hendrickse

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LA NUEVA MU. Lo que está en juego

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