A casi un mes de la desaparición forzada de Santiago Maldonado, el Estado volvió a negar los hechos a través las declaraciones del jefe de gabinete Marcos Peña y del secretario de Derechos Humanos Claudio Avruj. La fiscal federal de Esquel, Silvina Ávila, cuestionó a la comunidad por no colaborar con la investigación pese a que la causa penal está en secreto de sumario. En el Día Internacional de las Víctimas de las Desapariciones Forzadas, lavaca habló con la abogada de la familia Maldonado, Verónica Heredia, quien replica que ese accionar es parte del andamiaje estatal que se pone en marcha ante cada caso de una desaparición forzada: “Lo que ocurrió el 1 de agosto forma parte de una práctica sistemática de represión por parte de Gendarmería al pueblo mapuche. Esto es una desaparición forzada anunciada: se da por una sistemática violación de derechos por las fuerzas policiales, con apoyo del poder político y el silencio del Poder Judicial”. La posibilidad de la conformación de un equipo de expertos independientes y la expectativa ante el secreto de sumario.
A 29 días de que Santiago Maldonado fuera visto por última vez, el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, sostuvo que “no hay elementos que comprueben con veracidad que Gendarmería está involucrada en el hecho”, pese a los testimonios de la comunidad, la familia, los organismos querellantes y la Defensoría Federal de Esquel. También puso en duda que Santiago haya estado en “la zona de conflicto”, pese al testimonio de la persona declaró haber llevado al joven a la Pu Lof durante la mañana del 31 de julio y los videos aportados por la familia que serán pericidiados por la Justicia. A su vez, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, sostuvo en su informe mensual en la Cámara de Diputados que “no hay elementos firmes en la causa que pueden confirmar una desaparición forzada”.
En tanto, la fiscal federal de Esquel, Silvina Ávila, que el jueves recaratuló el expediente penal que investiga los hechos del 1 de agosto como “desaparición forzada de persona”, presentó un reporte que el Estado enviará a la ONU en el que sostiene algunos cuestionamientos que, a su entender, surgieron durante la investigación:

• “No puedo soslayar que, el factor tiempo ha sido una variable que ha atravesado toda la pesquisa y los esfuerzos no han generado las respuestas inmediatas que necesita el Señor Maldonado en pos de asegurar su integridad física, determinar su paradero y/o dar una expedita respuesta a la causa”.
• Subraya que “no ha sido fácil recolectar” indicios.
• Los relatos de la comunidad “no arrojaban un hilo conductor” para determinar “qué había acontecido y en qué circunstancias”.
• “Los múltiples testimonios que se realizaron mediáticamente bajo el anonimato nunca pudieron ser judicializados fundados en un supuesto temor a ser incriminados u hostigados por autoridades judiciales”.
• Señala que las prendas con las que se hicieron los rastrillajes (cuello, gorro y buzo) están “contaminadas” y que presentaron “inconsistencias”. Por eso se avanzó en el allanamiento de la casa de Santiago en El Bolsón.
• Sostiene que el rastrillaje a la comunidad del 5 de agosto tuvo que ser suspendida por la “férrea oposición” de la comunidad mapuche que no dejó avanzar hacia el otro lado del río. Si bien este punto fue desmentido por los actores veedores (APDH y Defensoría Federal), resulta contradictorio ya que la propia Ávila remarca en su escrito que los buzos de Prefectura “explicaron las razones por las cuales el cuerpo del joven Maldonado no pudo haber realizado un largo recorrido” del río por sus caractéristicas: porca profundidad y una zona llena de ramas y malezas. Un segundo rastrillaje con 400 efectivos se realizó el 16 de agosto: los organismos querellantes sostuvieron a lavaca que fue el propio juez Otranto quien decidió no continuar del otro lado del río. Nada dice Ávila de esta medida.
• Recordó los rastrillajes en los Escuadrones 35 (El Bolsón), 36 (Esquel) y 37 (José de San Martín). Los elementos encontrados en el escuadrón de El Bolsón (soga con una supesta mancha de sangre, pelos y un cono de señalización vial) fueron sometidos a peritaje, “a la fecha sin el resultado y/o conclusiones”.
• Ávila instistió en destacar la “gravedad” del caso por tratarse de la desaparición de un joven en el marco de un procedimiento realizado por una fuerza federal”.

El reporte está dirigido a Ramiro Badía, coordinador de la Dirección Nacional de Asuntos Jurídicos en materia de derechos humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. “Lo primero que uno advierte es la preocupación de la fiscal de resguardar al juez en su accionar”, dice a lavaca Verónica Heredia, abogada de la familia Maldonado. Dato: la secretaria de la fiscal, Rafaella Riccono, es la esposa del juez federal que lleva la causa, Guido Otranto. “Se procuró más en avalar lo que hizo el juez que en informar qué se hizo durante 15 días de tener el expediente en secreto de sumario. No me sorprende precisamente por haber transitado ámbitos internacionales con la desaparición forzada de Iván Torres (desaparecido en 2003 en Comodoro Rivadavia) y haber observado durante años cómo jueces y el Ministerio Público Fiscal hacían un relato del expediente que nada tenía que ver con la realidad”.
-¿Y sobre los testimonios de la comunidad?
-Tampoco me sorprende. La causa de la desaparición forzada de Iván Torres comenzó con el testimonio de dos chicos de la calle: obvio que se pasaron todo el tiempo tratando de desvirtuar y de victimizar a esos jóvenes, que fueron los que estaban con Iván. ¿Con qué se sostuvo esa causa que se la fueron pasando año tras año? Negando y cuestionando los testimonios de esos chicos. De nuevo el centro de la cuestión era no sólo dudar en Iván, sino que se había fugado. Ahora pasa exactamente lo mismo: estamos hablando de cuestionamientos a testimonios que están en el lugar de la represión de la violencia institucional. Lo que ocurrió el 1 de agosto forma parte de una práctica sistemática de represión por parte de Gendarmería al pueblo mapuche. Esto es una desaparición forzada anunciada: se da por una sistemática violación de derechos por las fuerzas policiales con apoyo del poder político y el silencio del Poder Judicial. En un momento iba a suceder esto. Sólo hay que investigar la relación de hostigamiento de Gendarmería hacia el pueblo mapuche, como la represión de enero. Cuando realmente se pongan a investigar y dejen de mirar a Santiago, vamos a entender qué sucede.

Por qué el Estado es responsable

La familia de Santiago Maldonado dejó en claro a través de diversos comunicados qué significa la desaparición forzada:

• “La desaparición forzada es un delito que comienza con la privación de la libertad de Santiago por personas del Estado –Gendarmería- seguida de la falta de información de su paradero y la negativa a reconocer su privación de la libertad por parte de las autoridades;
• La desaparición forzada es un delito que solo lo comete el Estado;
• Es un delito continuado: todos los días se comete desaparición forzada hasta que aparezca Santiago”.

En una reunión en la sede de la Defensoría de Casación de la Provincia de Buenos Aires, la abogada Heredia le exigió al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, que reconozca la desaparición forzada de Santiago y que pida la cooperación y la asistencia de la ONU a través de la Oficina Regional del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, con sede en Chile. Garavano no reconoció la desaparición forzada pero hizo lugar a las exigencias de la familia, entre las que se encuentra un pedido de conformación de un equipo de expertos independientes para que intervengan en el caso. “Es un gran avance pensando que hay que prepararse para desapariciones forzadas en democracia. Porque el Estado argentino ha tenido como modelo a México en el ámbito económico, y todo eso trae aparejado los femicidios, el narcotráfico y las desapariciones forzadas”.
-¿Qué percibe desde el caso de Iván Torres, que motivó una condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al Estado argentino en 2011, hasta hoy?
-Una de las preguntas que surgen es qué diferencia hay entre el caso de Iván Torres, ocurrido en 2003, y ahora. En la cuestión del Estado, la respuesta es la misma. En la cuestión de los medios de comunicación, también, con la diferencia de que ahora se amplió el espectro de los medios que pueden escuchar que hay una desaparición forzada porque es este gobierno. Sí hay una diferencia en el hacer de la gente. Por ejemplo, Julio Saquero (integrante de la Regional Noroeste del Chubut de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos) se presentó inmediatamente a hacer un habeas corpus y, luego, una denuncia penal. Ese conocimiento del habeas corpus como forma de buscar a Santiago junto a la certeza de que tiene que haber una denuncia penal por el delito de desaparición forzada, es una de las principales diferencias que veo respecto a 14 años, cuando fui denunciada en el Colegio de Abogados por desconocimiento del derecho por haber planteado una desaparición forzada. Hoy la gente ya hace una denuncia por ese delito.
-Sin embargo, puntualiza en la ausencia de un procedimiento. ¿Cuáles son los puntos que deberían quedar claros en la investigación de este delito?
-En primer lugar, la desaparición forzada debe ser investigada de forma independiente e imparcial, y eso no solamente implica a la fuerza de seguridad involucrada sino también al juez y al fiscal que permitieron el hacer de esa fuerza. ¿Por qué? Porque los fiscales no saben investigar sin la fuerza con la que investigan todos los delitos. Qué pasa: al fiscal le llega a su escritorio limpio los hechos que trae un oficial cansado que llega de la calle. El fiscal se encarga de sostener la acusación y los jueces de poner la condena o la sentencia. Quiere decir que el que comienza el camino es la fuerza de seguridad. La que sea. Por lo tanto, el fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no puede investigar sin la Policía Metropolitana, los fiscales federales llevan sus casos con investigaciones de la Policía Federal, Gendarmería o Prefectura, y los fiscales en las provincias con las policías provinciales. Por eso, para que una investigación sea imparcial, no sólo se debe apartar a la fuerza de seguridad sino al fiscal y al juez con el que naturalmente trabaja. Sobre todo, si ese accionar se da en el marco de alguna acción u orden que se haya dado. Por eso nuestra propuesta fue la conformación de un equipo con Mario Corioliano (defensor ante el Tribunal de Casación Penal bonaerense) y el  doctor Alejandro Mejías Fonrouge (perito).
-¿Cuál es la propuesta?
–La propuesta es que el proceso sea llevado adelante por un conjunto de especialistas que piense no sólo quién realiza la investigación sino quién estructura y quién controla esa investigación de forma independiente de lo que haya generado esa fuerza con ese fiscal y ese juez. Es lo que planteábamos en 2004 cuando propusimos que la competencia pasara de la provincia de Chubut a la Federal, porque había que cambiar la lógica de un juez y un fiscal que trabajan con una policía. Por eso proponemos una estructura de personas que estén formadas y que haya una formación respecto a la desaparición forzada, que es una de las obligaciones que tiene el Estado previsto en la Convención Interamericana de Desapariciones Forzadas y es uno de los incumplimientos de la sentencia de la Corte IDH en el caso Iván Torres
-El Estado argentino promulgó la aprobación de la Convención Interamericana contra la Desaparición Forzada de Personas en 1995. La sentencia de la Corte IDH es del 2011. Pasaron muchos años sin la efectivización de un procedimiento. ¿Eso se lee en la tardanza de algunas medidas como los rastrillajes en los escuadrones?
-Todas las medidas fueron tardías. Todas. Lo único que hizo rápido fue dar una recompensa, poner alertas en los aeropuertos, pedir en las fronteras y en las terminales. ¿Esto es una lógica de qué? De una persona que se está fugando, que está huyendo, y no de una víctima de desaparición forzada.
-¿Y desde el Estado como Poder Ejecutivo?
-De forma activa, es decir, sin orden judicial, el Poder Ejecutivo negó. Todo lo que hizo fue a partir de una orden judicial. Allí sí: publicitó la recompensa, gestionó para que los perros de la policía de Santiago del Estero y Río Negro vinieran a hacer los rastrillajes. Pero fue a pedido del juez en el ámbito del habeas corpus. Lo que hizo sin orden fue negar. Cuando la ministra de Seguridad dice que ella no va a tirar a uno o dos gendarmes por la ventana, y que “yo me la banco”, lo que hace es sellar el pacto. ¿Con quién? Con el gendarme, desde el más abajo hasta el más arriba de la estructura piramidal y jerárquica que tiene el Poder Ejecutivo. Entones, cuando este “muro azul de impunidad”, tal como lo describió el doctor Mejías Fonrouge en el caso Iván Torres en 2004, que tiene la policía en un turno de una comisaría, subió y llegó hasta la ministra Bullrich cuando dijo “yo me la banco”. Ya no queda ese muro en un grupo de personas de un escuadrón puntual de Gendarmería: ese muro se eleva. En la medida en que se entraba pidiendo permiso en los rastrillajes a los Escuadrones y se rompía la puerta de la casa de Santiago en El Bolsón, ese muro se iba fortaleciendo. A medida que se le daba copia al expediente del habeas corpus a Gendarmería como parte y se decía que la familia no quería dar el ADN, el muro se fortalecía. El secreto de sumario se decidió para adoptar medidas tendientes a romper ese muro. Estamos expectantes.
-¿El pedido de informes de la CIDH puede cambiar algo?
–El 14 de noviembre de 2003 hicimos la denuncia a la CIDH por el caso Iván Torres. En febrero del 2004, la CIDH nos dijo que le iba a dar dos meses al Estado para que contestara. Nunca lo hizo. En abril del 2005 la Comisión declaró admisible la denuncia y convocó una audiencia de trabajo: el 6 de marzo de 2006 el Estado argentino negó la desaparición forzada de Iván Torres. Entonces, que el Estado argentino hoy no conteste una desaparición forzada ante la CIDH, no me sorprende. No sólo por el caso Iván Torres, sino también por el caso César Monsalve. El recorrido de esa denuncia condensa en qué situación estamos hoy: nosotros hacemos la denuncia en 2013, la CIDH corre traslado al Estado en 2015, el Estado contesta en 2016 que no se agoté los recursos internos, y la CIDH me corre traslado a mí el 7 de julio. Me dice que conteste en 30 días. ¿Cuándo y con qué le contesto entonces la Comisión por la desaparición forzada de Monsalve? El 7 de agosto de 2017, con la desaparición forzada de Santiago.