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Caso Maldonado: por qué el Estado es responsable

Publicada

hace 8 años

30/08/2017

A casi un mes de la desaparición forzada de Santiago Maldonado, el Estado volvió a negar los hechos a través las declaraciones del jefe de gabinete Marcos Peña y del secretario de Derechos Humanos Claudio Avruj. La fiscal federal de Esquel, Silvina Ávila, cuestionó a la comunidad por no colaborar con la investigación pese a que la causa penal está en secreto de sumario. En el Día Internacional de las Víctimas de las Desapariciones Forzadas, lavaca habló con la abogada de la familia Maldonado, Verónica Heredia, quien replica que ese accionar es parte del andamiaje estatal que se pone en marcha ante cada caso de una desaparición forzada: “Lo que ocurrió el 1 de agosto forma parte de una práctica sistemática de represión por parte de Gendarmería al pueblo mapuche. Esto es una desaparición forzada anunciada: se da por una sistemática violación de derechos por las fuerzas policiales, con apoyo del poder político y el silencio del Poder Judicial”. La posibilidad de la conformación de un equipo de expertos independientes y la expectativa ante el secreto de sumario.
A 29 días de que Santiago Maldonado fuera visto por última vez, el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, sostuvo que “no hay elementos que comprueben con veracidad que Gendarmería está involucrada en el hecho”, pese a los testimonios de la comunidad, la familia, los organismos querellantes y la Defensoría Federal de Esquel. También puso en duda que Santiago haya estado en “la zona de conflicto”, pese al testimonio de la persona declaró haber llevado al joven a la Pu Lof durante la mañana del 31 de julio y los videos aportados por la familia que serán pericidiados por la Justicia. A su vez, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, sostuvo en su informe mensual en la Cámara de Diputados que “no hay elementos firmes en la causa que pueden confirmar una desaparición forzada”.
En tanto, la fiscal federal de Esquel, Silvina Ávila, que el jueves recaratuló el expediente penal que investiga los hechos del 1 de agosto como “desaparición forzada de persona”, presentó un reporte que el Estado enviará a la ONU en el que sostiene algunos cuestionamientos que, a su entender, surgieron durante la investigación:

“No puedo soslayar que, el factor tiempo ha sido una variable que ha atravesado toda la pesquisa y los esfuerzos no han generado las respuestas inmediatas que necesita el Señor Maldonado en pos de asegurar su integridad física, determinar su paradero y/o dar una expedita respuesta a la causa”.
Subraya que “no ha sido fácil recolectar” indicios.
Los relatos de la comunidad “no arrojaban un hilo conductor” para determinar “qué había acontecido y en qué circunstancias”.
“Los múltiples testimonios que se realizaron mediáticamente bajo el anonimato nunca pudieron ser judicializados fundados en un supuesto temor a ser incriminados u hostigados por autoridades judiciales”.
Señala que las prendas con las que se hicieron los rastrillajes (cuello, gorro y buzo) están “contaminadas” y que presentaron “inconsistencias”. Por eso se avanzó en el allanamiento de la casa de Santiago en El Bolsón.
Sostiene que el rastrillaje a la comunidad del 5 de agosto tuvo que ser suspendida por la “férrea oposición” de la comunidad mapuche que no dejó avanzar hacia el otro lado del río. Si bien este punto fue desmentido por los actores veedores (APDH y Defensoría Federal), resulta contradictorio ya que la propia Ávila remarca en su escrito que los buzos de Prefectura “explicaron las razones por las cuales el cuerpo del joven Maldonado no pudo haber realizado un largo recorrido” del río por sus caractéristicas: porca profundidad y una zona llena de ramas y malezas. Un segundo rastrillaje con 400 efectivos se realizó el 16 de agosto: los organismos querellantes sostuvieron a lavaca que fue el propio juez Otranto quien decidió no continuar del otro lado del río. Nada dice Ávila de esta medida.
Recordó los rastrillajes en los Escuadrones 35 (El Bolsón), 36 (Esquel) y 37 (José de San Martín). Los elementos encontrados en el escuadrón de El Bolsón (soga con una supesta mancha de sangre, pelos y un cono de señalización vial) fueron sometidos a peritaje, “a la fecha sin el resultado y/o conclusiones”.
Ávila instistió en destacar la “gravedad” del caso por tratarse de la desaparición de un joven en el marco de un procedimiento realizado por una fuerza federal”.

El reporte está dirigido a Ramiro Badía, coordinador de la Dirección Nacional de Asuntos Jurídicos en materia de derechos humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. “Lo primero que uno advierte es la preocupación de la fiscal de resguardar al juez en su accionar”, dice a lavaca Verónica Heredia, abogada de la familia Maldonado. Dato: la secretaria de la fiscal, Rafaella Riccono, es la esposa del juez federal que lleva la causa, Guido Otranto. “Se procuró más en avalar lo que hizo el juez que en informar qué se hizo durante 15 días de tener el expediente en secreto de sumario. No me sorprende precisamente por haber transitado ámbitos internacionales con la desaparición forzada de Iván Torres (desaparecido en 2003 en Comodoro Rivadavia) y haber observado durante años cómo jueces y el Ministerio Público Fiscal hacían un relato del expediente que nada tenía que ver con la realidad”.
-¿Y sobre los testimonios de la comunidad?
-Tampoco me sorprende. La causa de la desaparición forzada de Iván Torres comenzó con el testimonio de dos chicos de la calle: obvio que se pasaron todo el tiempo tratando de desvirtuar y de victimizar a esos jóvenes, que fueron los que estaban con Iván. ¿Con qué se sostuvo esa causa que se la fueron pasando año tras año? Negando y cuestionando los testimonios de esos chicos. De nuevo el centro de la cuestión era no sólo dudar en Iván, sino que se había fugado. Ahora pasa exactamente lo mismo: estamos hablando de cuestionamientos a testimonios que están en el lugar de la represión de la violencia institucional. Lo que ocurrió el 1 de agosto forma parte de una práctica sistemática de represión por parte de Gendarmería al pueblo mapuche. Esto es una desaparición forzada anunciada: se da por una sistemática violación de derechos por las fuerzas policiales con apoyo del poder político y el silencio del Poder Judicial. En un momento iba a suceder esto. Sólo hay que investigar la relación de hostigamiento de Gendarmería hacia el pueblo mapuche, como la represión de enero. Cuando realmente se pongan a investigar y dejen de mirar a Santiago, vamos a entender qué sucede.

Por qué el Estado es responsable

La familia de Santiago Maldonado dejó en claro a través de diversos comunicados qué significa la desaparición forzada:

“La desaparición forzada es un delito que comienza con la privación de la libertad de Santiago por personas del Estado –Gendarmería- seguida de la falta de información de su paradero y la negativa a reconocer su privación de la libertad por parte de las autoridades;
La desaparición forzada es un delito que solo lo comete el Estado;
Es un delito continuado: todos los días se comete desaparición forzada hasta que aparezca Santiago”.

En una reunión en la sede de la Defensoría de Casación de la Provincia de Buenos Aires, la abogada Heredia le exigió al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, que reconozca la desaparición forzada de Santiago y que pida la cooperación y la asistencia de la ONU a través de la Oficina Regional del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, con sede en Chile. Garavano no reconoció la desaparición forzada pero hizo lugar a las exigencias de la familia, entre las que se encuentra un pedido de conformación de un equipo de expertos independientes para que intervengan en el caso. “Es un gran avance pensando que hay que prepararse para desapariciones forzadas en democracia. Porque el Estado argentino ha tenido como modelo a México en el ámbito económico, y todo eso trae aparejado los femicidios, el narcotráfico y las desapariciones forzadas”.
-¿Qué percibe desde el caso de Iván Torres, que motivó una condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al Estado argentino en 2011, hasta hoy?
-Una de las preguntas que surgen es qué diferencia hay entre el caso de Iván Torres, ocurrido en 2003, y ahora. En la cuestión del Estado, la respuesta es la misma. En la cuestión de los medios de comunicación, también, con la diferencia de que ahora se amplió el espectro de los medios que pueden escuchar que hay una desaparición forzada porque es este gobierno. Sí hay una diferencia en el hacer de la gente. Por ejemplo, Julio Saquero (integrante de la Regional Noroeste del Chubut de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos) se presentó inmediatamente a hacer un habeas corpus y, luego, una denuncia penal. Ese conocimiento del habeas corpus como forma de buscar a Santiago junto a la certeza de que tiene que haber una denuncia penal por el delito de desaparición forzada, es una de las principales diferencias que veo respecto a 14 años, cuando fui denunciada en el Colegio de Abogados por desconocimiento del derecho por haber planteado una desaparición forzada. Hoy la gente ya hace una denuncia por ese delito.
-Sin embargo, puntualiza en la ausencia de un procedimiento. ¿Cuáles son los puntos que deberían quedar claros en la investigación de este delito?
-En primer lugar, la desaparición forzada debe ser investigada de forma independiente e imparcial, y eso no solamente implica a la fuerza de seguridad involucrada sino también al juez y al fiscal que permitieron el hacer de esa fuerza. ¿Por qué? Porque los fiscales no saben investigar sin la fuerza con la que investigan todos los delitos. Qué pasa: al fiscal le llega a su escritorio limpio los hechos que trae un oficial cansado que llega de la calle. El fiscal se encarga de sostener la acusación y los jueces de poner la condena o la sentencia. Quiere decir que el que comienza el camino es la fuerza de seguridad. La que sea. Por lo tanto, el fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no puede investigar sin la Policía Metropolitana, los fiscales federales llevan sus casos con investigaciones de la Policía Federal, Gendarmería o Prefectura, y los fiscales en las provincias con las policías provinciales. Por eso, para que una investigación sea imparcial, no sólo se debe apartar a la fuerza de seguridad sino al fiscal y al juez con el que naturalmente trabaja. Sobre todo, si ese accionar se da en el marco de alguna acción u orden que se haya dado. Por eso nuestra propuesta fue la conformación de un equipo con Mario Corioliano (defensor ante el Tribunal de Casación Penal bonaerense) y el doctor Alejandro Mejías Fonrouge (perito).
-¿Cuál es la propuesta?
–La propuesta es que el proceso sea llevado adelante por un conjunto de especialistas que piense no sólo quién realiza la investigación sino quién estructura y quién controla esa investigación de forma independiente de lo que haya generado esa fuerza con ese fiscal y ese juez. Es lo que planteábamos en 2004 cuando propusimos que la competencia pasara de la provincia de Chubut a la Federal, porque había que cambiar la lógica de un juez y un fiscal que trabajan con una policía. Por eso proponemos una estructura de personas que estén formadas y que haya una formación respecto a la desaparición forzada, que es una de las obligaciones que tiene el Estado previsto en la Convención Interamericana de Desapariciones Forzadas y es uno de los incumplimientos de la sentencia de la Corte IDH en el caso Iván Torres
-El Estado argentino promulgó la aprobación de la Convención Interamericana contra la Desaparición Forzada de Personas en 1995. La sentencia de la Corte IDH es del 2011. Pasaron muchos años sin la efectivización de un procedimiento. ¿Eso se lee en la tardanza de algunas medidas como los rastrillajes en los escuadrones?
-Todas las medidas fueron tardías. Todas. Lo único que hizo rápido fue dar una recompensa, poner alertas en los aeropuertos, pedir en las fronteras y en las terminales. ¿Esto es una lógica de qué? De una persona que se está fugando, que está huyendo, y no de una víctima de desaparición forzada.
-¿Y desde el Estado como Poder Ejecutivo?
-De forma activa, es decir, sin orden judicial, el Poder Ejecutivo negó. Todo lo que hizo fue a partir de una orden judicial. Allí sí: publicitó la recompensa, gestionó para que los perros de la policía de Santiago del Estero y Río Negro vinieran a hacer los rastrillajes. Pero fue a pedido del juez en el ámbito del habeas corpus. Lo que hizo sin orden fue negar. Cuando la ministra de Seguridad dice que ella no va a tirar a uno o dos gendarmes por la ventana, y que “yo me la banco”, lo que hace es sellar el pacto. ¿Con quién? Con el gendarme, desde el más abajo hasta el más arriba de la estructura piramidal y jerárquica que tiene el Poder Ejecutivo. Entones, cuando este “muro azul de impunidad”, tal como lo describió el doctor Mejías Fonrouge en el caso Iván Torres en 2004, que tiene la policía en un turno de una comisaría, subió y llegó hasta la ministra Bullrich cuando dijo “yo me la banco”. Ya no queda ese muro en un grupo de personas de un escuadrón puntual de Gendarmería: ese muro se eleva. En la medida en que se entraba pidiendo permiso en los rastrillajes a los Escuadrones y se rompía la puerta de la casa de Santiago en El Bolsón, ese muro se iba fortaleciendo. A medida que se le daba copia al expediente del habeas corpus a Gendarmería como parte y se decía que la familia no quería dar el ADN, el muro se fortalecía. El secreto de sumario se decidió para adoptar medidas tendientes a romper ese muro. Estamos expectantes.
-¿El pedido de informes de la CIDH puede cambiar algo?
–El 14 de noviembre de 2003 hicimos la denuncia a la CIDH por el caso Iván Torres. En febrero del 2004, la CIDH nos dijo que le iba a dar dos meses al Estado para que contestara. Nunca lo hizo. En abril del 2005 la Comisión declaró admisible la denuncia y convocó una audiencia de trabajo: el 6 de marzo de 2006 el Estado argentino negó la desaparición forzada de Iván Torres. Entonces, que el Estado argentino hoy no conteste una desaparición forzada ante la CIDH, no me sorprende. No sólo por el caso Iván Torres, sino también por el caso César Monsalve. El recorrido de esa denuncia condensa en qué situación estamos hoy: nosotros hacemos la denuncia en 2013, la CIDH corre traslado al Estado en 2015, el Estado contesta en 2016 que no se agoté los recursos internos, y la CIDH me corre traslado a mí el 7 de julio. Me dice que conteste en 30 días. ¿Cuándo y con qué le contesto entonces la Comisión por la desaparición forzada de Monsalve? El 7 de agosto de 2017, con la desaparición forzada de Santiago.

Temas:

Redada en Córdoba contra organizaciones que denuncian violencia institucional

Desaparición de Santiago Maldonado: pruebas contra la incoherencia

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Cómo como 2: Cuando las marcas nos compran a nosotros

Publicada

hace 2 días

28/10/2025

(Escuchá el podcast completo: 7 minutos) Coca Cola, Nestlé, Danone & afines nos hacen confiar en ellas como confiaríamos en nuestra abuela, nos cuenta Soledad Barruti. autora de los libros Malcomidos y Mala leche. En esta edición del podcast de lavaca, Soledad nos lleva a un paseíto por el infierno de cómo se produce, la cuestión de la comida de verdad, y la gran pregunta: ¿quiénes son los que realmente nos alimentan?

El podcast completo:

Cómo como 2: Cuando las marcas nos compran a nosotros

Con Sergio Ciancaglini y la edición de Mariano Randazzo.

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Elecciones: lo que ven y sienten los jubilados para el domingo y después

Publicada

hace 1 semana

22/10/2025

Otro miércoles de marcha al Congreso, y una encuesta: ¿cuál es el pronóstico para el domingo? Una pregunta que no solo apunta a lo electoral, sino a todo lo que rodea la política hoy, en medio de una economía que ahoga: la que come en el merendero; el que no puede comprar medicamentos; el que señala a Trump como responsable; la que lo lee en clave histórica; y los que aseguran que morirán luchando, aunque sean 4 gatos locos. Crónica y fotos al ritmo del marchódromo.

Francisco Pandolfi y Lucas Pedulla

Fotos Juan Valeiro

El domingo son las elecciones legislativas nacionales pero también es fin de mes, y Sara marchó con un cartel que no necesitaba preguntas ni explicación: “Soy jubilada y como en un merendero”.

Tiene 63 años, es del barrio Esperanza –Merlo, oeste bonaerense–, y para changuear algo más junta botellas y cartón, porque algunos meses no le alcanza para medicamentos: “El domingo espero que el país mejore, porque todos estamos iguales: que la cosa cambie”.

Elecciones: lo que ven y sienten los jubilados para el domingo y después — Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

El miércoles de jubilados y jubiladas previo a las elecciones nacionales de medio término –se renuevan 127 diputados y 24 senadores– tuvo, al menos, tres rondas distintas, en una Plaza de los Dos Congresos cerrada exclusivamente para manifestantes. Nuevamente el vallado cruzó de punta a punta la plazoleta, y los alrededores estuvieron custodiados por policías de la Ciudad para que la movilización no se desparramara ni tampoco avanzara por Avenida de Mayo, sino que se quedara en el perímetro denominado “marchódromo”. Un grupo encaró, de todas formas, por Solís, sobrepasó un cordón policial y dobló por Alsina, y se metió de nuevo a la plaza por Virrey Cevallos, como una forma de mostrar rebeldía.

Unos minutos antes, un jubilado resultaba herido. Se trata de Ramón Contreras, uno de los rostros icónicos de los miércoles que llegó al Congreso cuando aún no estaba vallado después de la marcha por el recorte en discapacidad, y mientras estaba dando la ronda alrededor del Palacio un oficial lo empujó con tanta fuerza que cayó al suelo. “Me tiraron como un misil –contó a los medios–. Me tienen que operar. Tengo una fractura. Me duele mucho”. La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presentó una denuncia penal por la agresión: “Contreras fue atacado sin razón y de manera imprevista”.

La violencia desmedida, otra vez, sobre los cuerpos más débiles y más ajustados por un Gobierno que medirá esa política nuevamente en las urnas. Jorge, de 69 años, dice que llega con la “billetera muerta”. Y Julio, a su lado, resume: “Necesito tener dos trabajos”.

Juan Manuel es uno de esos jubilados con presencia perfecta cada miércoles. Una presencia que ninguna semana pasa desapercibida. Por su humor y su creatividad. Tiene 61 años y cada movilización trae mínimo un cartel original, de esos que hacen reír para no llorar. Esta vez no sólo trae un cartel con una inscripción; viene acompañado de unas fotocopias donde se leen una debajo de la otra las 114 frases que creó como contraofensiva a la gestión oficialista.

La frase 115 es la de hoy: “Milei es el orificio por el que nos defeca Trump”.

Muestra la lista que arrancó previo a las elecciones de octubre de 2023. Sus primeras dos creaciones:

“Que no te vendan gato por león”.
“¿Salir de la grieta para tirarse al abismo?”.

Y elige sus dos favoritas de una nómina que seguirá creciendo:

Sobre el veto al aumento de las jubilaciones: “Milei, paparulo, metete el veto en el culo”.

Sobre el desfinanciamiento de las universidades: “Milei: la UBA también tiene las facultades alteradas”.

Juan Manuel le cuenta a lavaca lo que presagia para él después de las elecciones: “Se profundizará el desastre, sea porque pierda el gobierno o porque gane, de cualquier forma tienen la orden de hacer todo tipo de reformas. Como respuesta en la calle estamos siendo 4 gatos locos, algo que no me entra en la cabeza porque este es el peor gobierno de la historia”.

Sobre el cierre de la marcha, en uno de los varios actos que se armaron en esta plaza, Virginia, de Jubilados Insurgentes y megáfono en mano, describió que la crisis que el país está atravesando no es nueva: “Estuvo Krieger Vassena con Onganía, Martínez de Hoz con la última dictadura, Cavallo con Menem, Macri con Caputo y Sturzenegger, que son los mismos que ahora están con este energúmeno”. La línea de tiempo que hiló Virginia ubica ministros de economía con dictaduras y gobiernos constitucionales en épocas distintas, con un detalle que a su criterio sigue permaneciendo impune: “La economía neoliberal”.

Allí radica la lucha de estos miércoles, dice. Su sostenibilidad. Porque el miércoles que viene, pase lo que pase, seguirán viniendo a la plaza para continuar marchando. “Estar presente es estar activo, lo que significa estar lúcido”, define.

Carlos Dawlowfki tiene 75 años y se convirtió en un emblema de esa lucidez luego de ser reprimido por la Policía a principio de marzo. Llevaba una camiseta del club Chacarita y en solidaridad con él, una semana después la mayoría de las hinchadas del fútbol argentino organizaron un masivo acompañamiento. Ese 12 de marzo fue, justamente, la tarde en que el gendarme Héctor Guerrero hirió con una granada de gas lacrimógeno lanzada con total ilegalidad al fotógrafo Pablo Grillo (todavía en rehabilitación) y el prefecto Sebastián Martínez le disparó y le sacó un ojo a Jonathan Navarro, quien al igual que Carlos también llevaba la remera de Chaca.

Carlos es parte de la organización de jubilados autoconvocados “Los 12 Apóstoles” y habla con lavaca: “Hoy fui a acompañar a las personas con discapacidad y me di cuenta el dolor que hay internamente. Una tristeza total. Y entendí por qué estamos acá, cada miércoles. Y sentí un orgullo grande por la constancia que llevamos”.

La gente lo reconoce y le pide sacarse fotos con él. “Estás muy solicitado hoy”, lo jode un amigo. Carlos se ríe, antes de ponerse serio: “Hay que aceptarlo, hoy somos una colonia. Pasé el 76 y el 2001, y nunca vi una cosa igual en cuanto a pérdida de soberanía”. De repente, le brota la esperanza: “Pero después del 26, volveremos a ser patria. Esperemos que el pueblo argentino tenga un poquito de memoria y recapacite. Lo único que pido es el bienestar para los pibes del Garrahan y con discapacidad. A mí me quedarán 3, 4, 5 años; tengo un infarto, un stent, así que lucho por mis nietos, por mis hijos, por ustedes”.

Carlos hace crítica y también autocrítica. “Nosotros tenemos un país espectacular, pero nos equivocamos. Los mayores tenemos un poco de culpa sobre lo que ocurrió en las últimas elecciones: no asesoramos a nuestros nietos e hijos sobre lo que podía venir y finalmente llegó. Y en eso también tiene que ver la realidad económica. Antes nos juntábamos para comer los domingos, ahora ya no se puede. No le llegamos a la juventud, que votó a la derecha, a una persona que no está en sus cabales”.

Remata Carlos, antes de que le pidan una selfie: “Nosotros ya estamos jugados pero no rendidos. Estos viejos meados -como nos dicen- vamos a luchar hasta nuestra última gota. Y cuando pasen las elecciones, acá seguiremos estando: soñando lo mejor para nuestro país”.

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La Ley del Cáncer: avanza un proyecto que permite fumigaciones con agrotóxicos a 10 metros de viviendas

Publicada

hace 2 semanas

17/10/2025

Una Ley Nacional que proviene del sector del agronegocio avanza en la Cámara de Diputados, impulsada por la UCR y la Coalición Cívica. Se trata de la norma que regula, entre otras cosas, la aplicación de agrotóxicos. El punto clave de este proyecto legislativo figura en el artículo 9, donde se establecen distancias mínimas para fumigar desde los 10 metros para aplicaciones terrestres y con drones, y 45 metros para aplicaciones aéreas. La primera reunión informativa contó solo con oradores promotores de la iniciativa y solo dos voces críticas; crónica de esa reunión y la opinión del médico Damián Verzeñassi, la enfermera del Garrahan Meche Méndez, el abogado Marcos Filardi y Sabrina Ortíz, vecina fumigada y abogada que acaba de presentar un escrito para convocar a audiencias públicas y foros de debate para evitar que se apruebe esta Ley que prioriza el negocio a la salud social y medioambiental. FRANCISCO PANDOLFI

Esta semana se presentó en la Cámara de Diputados el proyecto de ley nacional “de presupuestos mínimos de protección ambiental para la aplicación de productos fitosanitarios”. Es decir, de agrotóxicos.

El proyecto fue escrito por la Red de Buenas Prácticas Agrícolas, integrada por más de 80 instituciones públicas y privadas vinculadas con el agronegocio, y dentro del recinto encabezan la iniciativa los diputados Atilio Benedetti (UCR – Entre Ríos), presidente de la Comisión de Agricultura en la Cámara de Diputados, y Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica). La nueva norma ya cuenta con el acompañamiento de 32 legisladores, entre un abanico variopinto que engloba a La Libertad Avanza, Unión por la Patria, UCR, PRO, Coalición Cívica, Encuentro Federal, entre otros partidos.

El punto clave de este proyecto legislativo figura en el artículo 9, donde se establecen distancias mínimas para fumigar desde los 10 metros para aplicaciones terrestres y con drones, y 45 metros para aplicaciones aéreas.

La Ley del Cáncer: avanza un proyecto que permite fumigaciones con agrotóxicos a 10 metros de viviendas — Atilio Benedetti, UCR-Entre Ríos, principal promotor del proyecto, expone en la reunión del pasado martes.

Exposiciones sin consenso

El martes pasado se llevó a cabo una primera reunión informativa en la cual las y los oradores sólo fueron personas, organismos y corporaciones a favor de la iniciativa.

En la comisión conjunta realizada entre Agricultura y Ganadería y Recursos Naturales y Conservación de Ambiente Humano hubo entidades gubernamentales, de productores, de ingenieros agrónomos, de acopiadores, de empresas de tecnología agropecuaria y ONG a favor de la ley. Maximiliano Ferraro expresó que “el proyecto no tiene una mirada sectorial”. Y que “nace de un diálogo. Un diálogo y consenso, que podemos ampliar”.

Sin embargo, se dijo, no hubo invitaciones a voces disonantes.

Las únicas dos ponencias que no se alinearon al lobby de la producción con plaguicidas fueron el diputado Juan Carlos Giordano (Izquierda Socialista – FIT Unidad) y su par Blanca Osuna (Unión por la Patria). Dijo Giordano: “Deben darle espacio a quienes estamos en contra de esta ley. Hay una lista de un montón de organizaciones que quieren venir a exponer las barbaridades que ocurren por el uso de agrotóxicos. Fumigar a 10 metros de ninguna manera puede ser una buena práctica agropecuaria”. Dijo Osuna: “Es indispensable escuchar voces de otros sectores, estamos en falta si no. Los expertos científicos deben estar acá, están ausentes en este proyecto. Primero debe estar la salud, luego la producción”.

La evidencia del modelo

Tras el encuentro del martes, distintos actores se manifestaron en contra del proyecto. Damián Verzeñassi es médico generalista y es el director del Instituto de Salud Socioambiental de la Universidad Nacional de Rosario, desde donde se hicieron desde 2010 a 2019 más de 40 campamentos sanitarios en diversos pueblos de Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba para relevar puerta a puerta la situación de la salud en localidades fumigadas. ¿Qué demostraron esos resultados? Que en las comunidades rurales se multiplicaban los trastornos endócrinos, los abortos espontáneos, las malformaciones y el cáncer. Opina Damián: “Si se aprueba esta ley permitiría que se fumigue a 10 metros con productos que pueden generar cáncer de mama, cáncer de tiroides, alteraciones endocrinas en las glándulas, disminución de la capacidad de nuestro sistema inmunológico de defendernos. Por ejemplo, el herbicida atrazina está prohibido en 37 países, pero en Argentina está autorizada. Este tipo de cosas avala la ley que quieren aprobar”.

Sin embargo, el diputado por la Libertad Avanza Pablo Ansaloni, que proviene de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) dijo en la reunión informativa: “Desde nuestra actividad, que la vengo ejerciendo durante 30 años, manipulamos el cereal y estamos en contacto todos los días con el fitosanitario. Podemos dar fe que no tenemos ningún enfermo”.

Meche Méndez es enfermera de Cuidados Paliativos del Hospital Garrahan y desde hace años viene dando una pelea (casi en soledad) para que exista una historia clínica ambiental que pueda demostrar la relación de los agrotóxicos con las enfermedades. Le dice a lavaca: “El sistema de salud sigue sin considerar el daño, en muchos casos irreparable, que los tóxicos utilizados desde hace décadas en el modelo extractivo están produciendo en el ambiente, los territorios y por ende en los cuerpos de quienes los habitamos, atendiendo los síntomas y/o la enfermedad una vez producida, pero sin asociarlo cómo posibles causa”.

Sobre el proyecto de ley, analiza Méndez: “Sólo puedo compartir mi absoluto rechazo. Ya está comprobadísimo por la ciencia sin conflicto de interés que la deriva (movimiento de plaguicidas en el aire) no tiene control, que los venenos enferman y matan. Necesitamos medidas aún más protectoras de las que tenemos actualmente y sobre todo dejar de usar esos tóxicos. Hago un llamado urgente a los profesionales de la salud, a las sociedades científicas supuestamente comprometidas con la salud y el ambiente a que se expidan y rechacen esta posibilidad criminal de echar venenos a 10 metros”. Remata: “Se sabe que produce cáncer, malformaciones, daños genéticos, un montón de enfermedades y síntomas. Esto no puede salir de la Cámara de Diputados”.

María Luisa Chomiak, de Chaco, es la única diputada de Unión por la Patria que acompañó con su firma este proyecto. Argumentó: “Lo suscribí porque se necesita tener esta discusión. Toda iniciativa es perfectible y no hay nada más importante que la salud. Si se prioriza esto, celebro que estemos discutiendo este tema”. Sin embargo, en el proyecto no figura que la reducción de las distancias va en sentido contrario al principio de «no regresión en materia ambiental» que establece la Ley General de Ambiente y tratados internacionales como el Acuerdo de Escazú. Ni tampoco informa las pruebas científicas ya demostradas sobre la consecuencia de los plaguicidas: desde los efectos letales del glifosato en embriones anfibios, constatado por el ex titular del Conicet Andrés Carrasco, hasta los estudios de Delia Aiassa en la Universidad de Río Cuarto sobre daño genético, que comprobaron el riesgo aumentado de contraer cáncer. A partir de estas investigaciones hubo fallos judiciales en distintos puntos del país prohibiendo las fumigaciones terrestres a menos de 1.095 metros y las aéreas a menos de 3.000.

Antecedentes que enferman

Una de esas localidades es Pergamino, al norte de la provincia de Buenos Aires. Allí vive Sabrina Ortiz, una de las tantas personas que se enfermó por agrotóxicos. Perdió un embarazo de casi 6 meses y tuvo dos ACV. Sabrina tiene una particularidad notable: como no encontraba abogados que la defendieran, estudió Derecho y se recibió. Fue amenazada; le mataron a su perro como amedrentamiento. Después de años de denuncias y estudios científicos, la Justicia federal confirmó que el 3 de diciembre de 2025 comenzará el juicio oral contra tres productores agroindustriales por delitos de contaminación ambiental, según la Ley de Residuos Peligrosos (N° 24.051). En la causa se documentaron daños a la salud vinculados a la exposición crónica a sustancias como glifosato, atrazina y clorpirifós.

Misión imposible: la ¿increíble? historia de Sabrina Ortiz

Sabrina, junto a varios colegas, acaba de presentar un escrito colectivo de abogadas y abogados de Pueblos Fumigados en donde solicitaron a las presidencias de las comisiones de Agricultura y Ganadería y de Recursos Naturales de la Cámara de Diputados de la Nación que convoquen audiencias públicas, foros y videochats de debate antes de tratar el proyecto de ley.

Marco Filardi es abogado especialista en derechos humanos y temas ambientales y es parte de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Facultad de Medicina de la UBA. Le dice a lavaca: “Esta norma manda un mensaje a todas las provincias de que este (10 metros fumigación terrestre y dron, y 45 metros aérea) es el estándar mínimo, el piso ambiental y eso no lo podemos aceptar. Gran parte de nuestra población está expuesta cotidiana, sistemática y estructuralmente a la aplicación de más de 7.000 formulados comerciales con autorización vigente por el Senasa (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria) en una cantidad de más o menos 500, 600 millones de litros de agrotóxicos al año. Tenemos el triste privilegio de ser el país que más agrotóxicos por persona y por año usa en el mundo y los resultados están en los cuerpos, están en los territorios”.

Desde los impulsores de la iniciativa no contactaron a científicos, ni profesionales de la salud, ni abogados, ni a ninguna de las organizaciones ambientales. Como por ejemplo la coordinadora “Por una vida sin agrotóxicos Basta es Basta”, de Entre Ríos, que se moviliza todos los martes desde 2018 frente a la Casa de Gobierno en Paraná. “La ley nacional es un ‘copy-paste’ de la que ya tenemos acá, aprobada a finales de 2024 y en la que habilitan fumigar a 5 metros de los cuerpos de agua, a 10 de las plantas urbanas y a 15 de las escuelas rurales. Ellos se amparan en las buenas prácticas agrícolas sin basarse en ninguna evidencia científica, a diferencia de todos los trabajos publicados en Argentina y en el mundo donde se demuestra el impacto que tiene el uso de los venenos sobre la salud y los ecosistemas, más allá de la dosis y la distancia. Lo que genera el daño es la presencia del veneno y si hay evidencia científica ya está: no hay más que hablar”.