Nota

Caso Maldonado: por qué el Estado es responsable

Publicada

hace 8 años

30/08/2017

A casi un mes de la desaparición forzada de Santiago Maldonado, el Estado volvió a negar los hechos a través las declaraciones del jefe de gabinete Marcos Peña y del secretario de Derechos Humanos Claudio Avruj. La fiscal federal de Esquel, Silvina Ávila, cuestionó a la comunidad por no colaborar con la investigación pese a que la causa penal está en secreto de sumario. En el Día Internacional de las Víctimas de las Desapariciones Forzadas, lavaca habló con la abogada de la familia Maldonado, Verónica Heredia, quien replica que ese accionar es parte del andamiaje estatal que se pone en marcha ante cada caso de una desaparición forzada: “Lo que ocurrió el 1 de agosto forma parte de una práctica sistemática de represión por parte de Gendarmería al pueblo mapuche. Esto es una desaparición forzada anunciada: se da por una sistemática violación de derechos por las fuerzas policiales, con apoyo del poder político y el silencio del Poder Judicial”. La posibilidad de la conformación de un equipo de expertos independientes y la expectativa ante el secreto de sumario.
A 29 días de que Santiago Maldonado fuera visto por última vez, el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, sostuvo que “no hay elementos que comprueben con veracidad que Gendarmería está involucrada en el hecho”, pese a los testimonios de la comunidad, la familia, los organismos querellantes y la Defensoría Federal de Esquel. También puso en duda que Santiago haya estado en “la zona de conflicto”, pese al testimonio de la persona declaró haber llevado al joven a la Pu Lof durante la mañana del 31 de julio y los videos aportados por la familia que serán pericidiados por la Justicia. A su vez, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, sostuvo en su informe mensual en la Cámara de Diputados que “no hay elementos firmes en la causa que pueden confirmar una desaparición forzada”.
En tanto, la fiscal federal de Esquel, Silvina Ávila, que el jueves recaratuló el expediente penal que investiga los hechos del 1 de agosto como “desaparición forzada de persona”, presentó un reporte que el Estado enviará a la ONU en el que sostiene algunos cuestionamientos que, a su entender, surgieron durante la investigación:

“No puedo soslayar que, el factor tiempo ha sido una variable que ha atravesado toda la pesquisa y los esfuerzos no han generado las respuestas inmediatas que necesita el Señor Maldonado en pos de asegurar su integridad física, determinar su paradero y/o dar una expedita respuesta a la causa”.
Subraya que “no ha sido fácil recolectar” indicios.
Los relatos de la comunidad “no arrojaban un hilo conductor” para determinar “qué había acontecido y en qué circunstancias”.
“Los múltiples testimonios que se realizaron mediáticamente bajo el anonimato nunca pudieron ser judicializados fundados en un supuesto temor a ser incriminados u hostigados por autoridades judiciales”.
Señala que las prendas con las que se hicieron los rastrillajes (cuello, gorro y buzo) están “contaminadas” y que presentaron “inconsistencias”. Por eso se avanzó en el allanamiento de la casa de Santiago en El Bolsón.
Sostiene que el rastrillaje a la comunidad del 5 de agosto tuvo que ser suspendida por la “férrea oposición” de la comunidad mapuche que no dejó avanzar hacia el otro lado del río. Si bien este punto fue desmentido por los actores veedores (APDH y Defensoría Federal), resulta contradictorio ya que la propia Ávila remarca en su escrito que los buzos de Prefectura “explicaron las razones por las cuales el cuerpo del joven Maldonado no pudo haber realizado un largo recorrido” del río por sus caractéristicas: porca profundidad y una zona llena de ramas y malezas. Un segundo rastrillaje con 400 efectivos se realizó el 16 de agosto: los organismos querellantes sostuvieron a lavaca que fue el propio juez Otranto quien decidió no continuar del otro lado del río. Nada dice Ávila de esta medida.
Recordó los rastrillajes en los Escuadrones 35 (El Bolsón), 36 (Esquel) y 37 (José de San Martín). Los elementos encontrados en el escuadrón de El Bolsón (soga con una supesta mancha de sangre, pelos y un cono de señalización vial) fueron sometidos a peritaje, “a la fecha sin el resultado y/o conclusiones”.
Ávila instistió en destacar la “gravedad” del caso por tratarse de la desaparición de un joven en el marco de un procedimiento realizado por una fuerza federal”.

El reporte está dirigido a Ramiro Badía, coordinador de la Dirección Nacional de Asuntos Jurídicos en materia de derechos humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. “Lo primero que uno advierte es la preocupación de la fiscal de resguardar al juez en su accionar”, dice a lavaca Verónica Heredia, abogada de la familia Maldonado. Dato: la secretaria de la fiscal, Rafaella Riccono, es la esposa del juez federal que lleva la causa, Guido Otranto. “Se procuró más en avalar lo que hizo el juez que en informar qué se hizo durante 15 días de tener el expediente en secreto de sumario. No me sorprende precisamente por haber transitado ámbitos internacionales con la desaparición forzada de Iván Torres (desaparecido en 2003 en Comodoro Rivadavia) y haber observado durante años cómo jueces y el Ministerio Público Fiscal hacían un relato del expediente que nada tenía que ver con la realidad”.
-¿Y sobre los testimonios de la comunidad?
-Tampoco me sorprende. La causa de la desaparición forzada de Iván Torres comenzó con el testimonio de dos chicos de la calle: obvio que se pasaron todo el tiempo tratando de desvirtuar y de victimizar a esos jóvenes, que fueron los que estaban con Iván. ¿Con qué se sostuvo esa causa que se la fueron pasando año tras año? Negando y cuestionando los testimonios de esos chicos. De nuevo el centro de la cuestión era no sólo dudar en Iván, sino que se había fugado. Ahora pasa exactamente lo mismo: estamos hablando de cuestionamientos a testimonios que están en el lugar de la represión de la violencia institucional. Lo que ocurrió el 1 de agosto forma parte de una práctica sistemática de represión por parte de Gendarmería al pueblo mapuche. Esto es una desaparición forzada anunciada: se da por una sistemática violación de derechos por las fuerzas policiales con apoyo del poder político y el silencio del Poder Judicial. En un momento iba a suceder esto. Sólo hay que investigar la relación de hostigamiento de Gendarmería hacia el pueblo mapuche, como la represión de enero. Cuando realmente se pongan a investigar y dejen de mirar a Santiago, vamos a entender qué sucede.

Por qué el Estado es responsable

La familia de Santiago Maldonado dejó en claro a través de diversos comunicados qué significa la desaparición forzada:

“La desaparición forzada es un delito que comienza con la privación de la libertad de Santiago por personas del Estado –Gendarmería- seguida de la falta de información de su paradero y la negativa a reconocer su privación de la libertad por parte de las autoridades;
La desaparición forzada es un delito que solo lo comete el Estado;
Es un delito continuado: todos los días se comete desaparición forzada hasta que aparezca Santiago”.

En una reunión en la sede de la Defensoría de Casación de la Provincia de Buenos Aires, la abogada Heredia le exigió al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, que reconozca la desaparición forzada de Santiago y que pida la cooperación y la asistencia de la ONU a través de la Oficina Regional del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, con sede en Chile. Garavano no reconoció la desaparición forzada pero hizo lugar a las exigencias de la familia, entre las que se encuentra un pedido de conformación de un equipo de expertos independientes para que intervengan en el caso. “Es un gran avance pensando que hay que prepararse para desapariciones forzadas en democracia. Porque el Estado argentino ha tenido como modelo a México en el ámbito económico, y todo eso trae aparejado los femicidios, el narcotráfico y las desapariciones forzadas”.
-¿Qué percibe desde el caso de Iván Torres, que motivó una condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al Estado argentino en 2011, hasta hoy?
-Una de las preguntas que surgen es qué diferencia hay entre el caso de Iván Torres, ocurrido en 2003, y ahora. En la cuestión del Estado, la respuesta es la misma. En la cuestión de los medios de comunicación, también, con la diferencia de que ahora se amplió el espectro de los medios que pueden escuchar que hay una desaparición forzada porque es este gobierno. Sí hay una diferencia en el hacer de la gente. Por ejemplo, Julio Saquero (integrante de la Regional Noroeste del Chubut de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos) se presentó inmediatamente a hacer un habeas corpus y, luego, una denuncia penal. Ese conocimiento del habeas corpus como forma de buscar a Santiago junto a la certeza de que tiene que haber una denuncia penal por el delito de desaparición forzada, es una de las principales diferencias que veo respecto a 14 años, cuando fui denunciada en el Colegio de Abogados por desconocimiento del derecho por haber planteado una desaparición forzada. Hoy la gente ya hace una denuncia por ese delito.
-Sin embargo, puntualiza en la ausencia de un procedimiento. ¿Cuáles son los puntos que deberían quedar claros en la investigación de este delito?
-En primer lugar, la desaparición forzada debe ser investigada de forma independiente e imparcial, y eso no solamente implica a la fuerza de seguridad involucrada sino también al juez y al fiscal que permitieron el hacer de esa fuerza. ¿Por qué? Porque los fiscales no saben investigar sin la fuerza con la que investigan todos los delitos. Qué pasa: al fiscal le llega a su escritorio limpio los hechos que trae un oficial cansado que llega de la calle. El fiscal se encarga de sostener la acusación y los jueces de poner la condena o la sentencia. Quiere decir que el que comienza el camino es la fuerza de seguridad. La que sea. Por lo tanto, el fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no puede investigar sin la Policía Metropolitana, los fiscales federales llevan sus casos con investigaciones de la Policía Federal, Gendarmería o Prefectura, y los fiscales en las provincias con las policías provinciales. Por eso, para que una investigación sea imparcial, no sólo se debe apartar a la fuerza de seguridad sino al fiscal y al juez con el que naturalmente trabaja. Sobre todo, si ese accionar se da en el marco de alguna acción u orden que se haya dado. Por eso nuestra propuesta fue la conformación de un equipo con Mario Corioliano (defensor ante el Tribunal de Casación Penal bonaerense) y el doctor Alejandro Mejías Fonrouge (perito).
-¿Cuál es la propuesta?
–La propuesta es que el proceso sea llevado adelante por un conjunto de especialistas que piense no sólo quién realiza la investigación sino quién estructura y quién controla esa investigación de forma independiente de lo que haya generado esa fuerza con ese fiscal y ese juez. Es lo que planteábamos en 2004 cuando propusimos que la competencia pasara de la provincia de Chubut a la Federal, porque había que cambiar la lógica de un juez y un fiscal que trabajan con una policía. Por eso proponemos una estructura de personas que estén formadas y que haya una formación respecto a la desaparición forzada, que es una de las obligaciones que tiene el Estado previsto en la Convención Interamericana de Desapariciones Forzadas y es uno de los incumplimientos de la sentencia de la Corte IDH en el caso Iván Torres
-El Estado argentino promulgó la aprobación de la Convención Interamericana contra la Desaparición Forzada de Personas en 1995. La sentencia de la Corte IDH es del 2011. Pasaron muchos años sin la efectivización de un procedimiento. ¿Eso se lee en la tardanza de algunas medidas como los rastrillajes en los escuadrones?
-Todas las medidas fueron tardías. Todas. Lo único que hizo rápido fue dar una recompensa, poner alertas en los aeropuertos, pedir en las fronteras y en las terminales. ¿Esto es una lógica de qué? De una persona que se está fugando, que está huyendo, y no de una víctima de desaparición forzada.
-¿Y desde el Estado como Poder Ejecutivo?
-De forma activa, es decir, sin orden judicial, el Poder Ejecutivo negó. Todo lo que hizo fue a partir de una orden judicial. Allí sí: publicitó la recompensa, gestionó para que los perros de la policía de Santiago del Estero y Río Negro vinieran a hacer los rastrillajes. Pero fue a pedido del juez en el ámbito del habeas corpus. Lo que hizo sin orden fue negar. Cuando la ministra de Seguridad dice que ella no va a tirar a uno o dos gendarmes por la ventana, y que “yo me la banco”, lo que hace es sellar el pacto. ¿Con quién? Con el gendarme, desde el más abajo hasta el más arriba de la estructura piramidal y jerárquica que tiene el Poder Ejecutivo. Entones, cuando este “muro azul de impunidad”, tal como lo describió el doctor Mejías Fonrouge en el caso Iván Torres en 2004, que tiene la policía en un turno de una comisaría, subió y llegó hasta la ministra Bullrich cuando dijo “yo me la banco”. Ya no queda ese muro en un grupo de personas de un escuadrón puntual de Gendarmería: ese muro se eleva. En la medida en que se entraba pidiendo permiso en los rastrillajes a los Escuadrones y se rompía la puerta de la casa de Santiago en El Bolsón, ese muro se iba fortaleciendo. A medida que se le daba copia al expediente del habeas corpus a Gendarmería como parte y se decía que la familia no quería dar el ADN, el muro se fortalecía. El secreto de sumario se decidió para adoptar medidas tendientes a romper ese muro. Estamos expectantes.
-¿El pedido de informes de la CIDH puede cambiar algo?
–El 14 de noviembre de 2003 hicimos la denuncia a la CIDH por el caso Iván Torres. En febrero del 2004, la CIDH nos dijo que le iba a dar dos meses al Estado para que contestara. Nunca lo hizo. En abril del 2005 la Comisión declaró admisible la denuncia y convocó una audiencia de trabajo: el 6 de marzo de 2006 el Estado argentino negó la desaparición forzada de Iván Torres. Entonces, que el Estado argentino hoy no conteste una desaparición forzada ante la CIDH, no me sorprende. No sólo por el caso Iván Torres, sino también por el caso César Monsalve. El recorrido de esa denuncia condensa en qué situación estamos hoy: nosotros hacemos la denuncia en 2013, la CIDH corre traslado al Estado en 2015, el Estado contesta en 2016 que no se agoté los recursos internos, y la CIDH me corre traslado a mí el 7 de julio. Me dice que conteste en 30 días. ¿Cuándo y con qué le contesto entonces la Comisión por la desaparición forzada de Monsalve? El 7 de agosto de 2017, con la desaparición forzada de Santiago.

Temas:

Redada en Córdoba contra organizaciones que denuncian violencia institucional

Desaparición de Santiago Maldonado: pruebas contra la incoherencia

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La muerte ocurre en vida: se fue Mary, jubilada que no recibía medicamentos oncológicos

Publicada

hace 2 días

22/07/2025

Este domingo a la madrugada murió María Teresa López, asambleísta contra la contaminación en su ciudad natal, Caleta Olivia, luego mudada a Capital Federal y parte del grupo Jubilados Insurgentes. Mary se enfermó de cáncer producto de la contaminación que ella misma denunciaba, y luego fue abandonada por el Estado en modo motosierra: el PAMI se negaba a entregarle medicamentos, pese a amparos judiciales a su favor. Una historia que genera bronca e impotencia, pero que a través del recuerdo de sus compañeras de lucha se revela como una lección de vida, en el más profundo sentido de la palabra: lo colectivo frente a lo personal, la idea de no perder el tiempo, la movilización permanente, la generosidad, la sabiduría, y qué es la muerte.

Por Franco Ciancaglini

Algunos dirán que Mary era bajita y otros que tenía el porte enorme de Nora Cortiñas.
Desde la pandemia solía esconder su sonrisa detrás de un barbijo, aunque sus motivos de alegría eran cada vez menos:

su salud era cada vez más delicada;
los medicamentos oncológicos no llegaban;
y la lucha que encaró desde siempre —primero en su Caleta Olivia natal contra la contaminación, luego contra el sistema de salud público y, al final, como parte del grupo Jubilados Insurgentes— cada vez implicaba poner más el cuerpo.

Fue su cuerpo lo que, este domingo 21 de julio, dijo basta.

Mary se convierte así en algo odioso: un símbolo. Un símbolo de la muerte sistemática que genera un sistema que enferma y abandona. Pero también en un símbolo de lucha por la vida, en el sentido más profundo de la palabra.

La muerte ocurre en vida: se fue Mary, jubilada que no recibía medicamentos oncológicos — Mary junto a Nora Cortiñas.

Contaminada

María Teresa López nació en 1959 en Caleta Olivia, Santa Cruz. Falleció el domingo pasado a sus jóvenes 67 años, en un hotel de la calle La Rioja, en Once, ciudad de Buenos Aires. Sí: vivía en un hotel. Sola, producto del desarraigo que le produjo tener que trasladarse para atenderse de un cáncer de hígado.

Ese fue el diagnóstico médico: una metástasis que avanzó en el último tiempo al ritmo frenético de una motosierra.

La causa que no figura en su partida de defunción es aquella que ella misma denunció hasta el final: a Mary le negaban medicamentos oncológicos indispensables para su tratamiento.

Lo que tampoco figura en su partida es que Mary fue arrancada de su Caleta Olivia natal porque se enfermó, al igual que decenas de personas de esa localidad, producto de la contaminación del agua por actividades extractivas en la zona.

Contaminada

La vida de Mary fue la de una militante social de una estirpe rara: austera, firme, silenciosa, estudiosa, imparable.

Sus compañeros reconstruyen sus historias: que de chica le hicieron un test de inteligencia y un profesional le dijo a su madre que ella era más o menos superdotada; que seguramente podría hacer dos carreras universitarias a la vez; que terminó la secundaria antes de tiempo y luego cursó dos carreras; que se enganchó con el ambientalismo muy joven y empezó a investigar cuando las empresas petroleras negaban la contaminación de las napas de agua.

Formó parte de la Asamblea Ambiental de Caleta Olivia, desde donde luchó sin descanso contra la contaminación provocada por el fracking. Mucho antes de enfermarse, denunciaba que el agua que llegaba a las casas estaba contaminada con petróleo. Lo sabía por la evidencia científica más contundente que tiene una comunidad contaminada: que sus vecinos, familiares y amigos enfermen y mueran.

Ante los medios Mary describía lo que vivía y veía alrededor: “La gente se muere o queda discapacitada”. En una entrevista para el programa Conciencia Solidaria, precisaba sobre su territorio:

“Caleta Olivia… tiene un problema grave: falta de agua potable, y encima está contaminada por la industria petrolera. Los muestreos de agua que hemos sacado y analizado han dado positivo: está contaminada el agua que estamos tomando.”
“La situación es muy grave, se está muriendo muchísima gente de esas 11 localidades, 9 están en terrible condición… además tuvimos un caso muy grande de gastroenteritis que afectó a 340 personas”.
También contextualizó el vínculo entre agua contaminada y salud pública: “Los metales pesados son cancerígenos, mutagénicos, van mutando de una generación en otra… nacen chiquitos con problemas… o fallecen de cáncer».

Denunciaba en Caleta Olivia la presencia de hidrocarburos, arsénico y metales pesados en el agua, además de enfermedades poco frecuentes que, como decía ella, “no tienen cura” y crecen en esa región patagónica. Alertaba con claridad: “No es solamente cáncer, sino Enfermedades Raras o Poco Frecuentes. Muchos pacientes no están bien atendidos… La situación se agrava cuando se trata de estas patologías: solo se ofrecen tratamientos paliativos.”

Un mal día le tocó a ella, ya con la certeza profunda de que la contaminación ambiental fue parte del combustible de su cáncer de hígado.

En agosto de 2015, en un foro en defensa del agua organizado en Comodoro Rivadavia, otras asambleístas como Lidia Campos, de la asamblea contra el fracking de Allen (Río Negro), la conocieron personalmente luego de años de tramar resistencia contra el extractivismo: “En el Foro en Comodoro había gente de todos lados… Y estaba Mary, que ya tenía problemas, como un problema en la boca del estómago… No se sabía bien… Uno tapa esas cosas y habla de la lucha, la salud quedaba en segundo plano. Mary no era de hablar de lo personal; siempre se preocupaba más por lo colectivo».

La describe así: “Era menuda, callada. Pasaba desapercibida. Pero cuando abría la boca, te dejaba con la boca abierta. Sabía muchísimo. Y tenía una convicción inquebrantable.”

Recuerda Lidia que, en 2019, Mary pasó de la denuncia mediática a la judicial: presentó un amparo colectivo ante la Corte Suprema contra la contaminación del agua con hidrocarburos, arsénico y metales pesados. Denunciaba así, ante el máximo tribunal argentino, el abandono del sistema cloacal, basurales a cielo abierto, y exigía la puesta en marcha de una planta de ósmosis inversa paralizada (actualidadjuridicaambiental.com). En ese expediente Mary detallaba:

“Frecuentes interrupciones en el suministro… agua contaminada con hidrocarburos totales y arsénico… napas freáticas contaminadas por fracking…”.
Solicitaba medidas cautelares urgentes: provisión gratuita de agua apta, saneamiento cloacal, cierre de basurales y puesta en funcionamiento de la planta de ósmosis inversa.

Esa presentación inédita, que firmó ella misma, reflejaba años de trabajo comunitario, denuncias y… enfermedades. Pero su denuncia fue ignorada, archivada y judicialmente ninguneada: tras seis años, la Corte se declaró “incompetente” y desestimó el recurso, sin resolver la situación de fondo.

Mary no se rindió: en 2020 fue caminando hasta Balcarce 50 para presentar a través de Mesa de Entradas de la Casa Rosada una carta firmada por una red de organizaciones en defensa del agua dirigida a Alberto Fernández, denunciando la contaminación del agua y relacionándola lúcidamente con argumentos que el ex Presidente daba como recomendaciones durante la pandemia.

Lidia Campos es la que recupera y comparte a lavaca este documento, y la que como asambleísta define su legado: “Lo que ella hizo fue histórico. Vale la pena hablarlo para las próximas generaciones… En esta época hemos perdido tanta humanidad que a nadie le importa. Pero acá hay alguien que dio su vida. Dio, literalmente, su vida.”

El último recuerdo que Lidia conserva data del 14 de julio de 2023, durante una jornada de lucha contra Mekorot, la empresa nacional de agua israelí que intentaba desembarcar en Argentina con intenciones sospechosas. Relata Lidia: “Ella estaba afuera del Anexo del Congreso con los Jubilados Insurgentes para protestar… Después fuimos a una confitería. Le pregunté si había comido al mediodía… no había comido nada. Le sugerí unos tostados o medialunas con queso. Pidió un té. Cuando llegó lo que pedimos, no lo pudo comer”. Igual, se sacaron esta hermosa foto compartiendo. Y ese mismo día, antes de despedirse, Mary le regaló una pashmina rosa a Lidia para protegerla del frío.

Abandonada

Cuando se enfermó y vio que su asamblea se desarmaba –entre otras cosas precisamente porque muchos enfermaban- Mary se trasladó a Buenos Aires. Pretendía resistir y atenderse bien, cosa que logró durante muchos años: su lucha logró que PAMI le asignara el Hospital Italiano para su tratamiento.

Tuvo un cáncer controlado que se descontroló al ritmo del deterioro del sistema de salud: primero Macri, luego Fernández, la pandemia y finalmente Milei como garrotazo final.

Desde 2023 su situación empeoró drásticamente. Su compañera Zulema, de Jubilados Insurgentes, relata: “El PAMI decía que tenían medicamentos para esa patología, pero no eran los que había indicado su médica… entonces no los aprobaban. A veces los recursos judiciales salían favorables, pero el PAMI tampoco los entregaba. La impotencia era terrible».

Sino miren este video.

María Teresa López dice claramente: “El mecanismo es simple: es eliminarnos, gastando menos… llegar al déficit cero… matándonos.”

El video la muestra junto a sus compañeros de Jubilados Insurgentes en un reclamo frente al PAMI por sus medicamentos.

Sigue: “Es más fácil eliminarnos de manera nefasta e inhumana… Para mí ustedes son asesinos, y les importa un bledo”.

Hoy, un año y mes después, Mary tenía razón.

Zulema continúa: “Ella no podía hacer la quimio porque la droga fundamental no estaba… íbamos al PAMI con compañeros, hacíamos reclamos, pero no facilitaban nada. Cuando le autorizaban un tratamiento de ocho sesiones, solo le entregaban dos dosis. Nos confesaron que no se molestaban en dar el tratamiento completo porque muchos morían antes… Pero Mary resistía, resistía… llegó un momento en que el cuerpo no resistió más».”

Una de las últimas veces de manifestación ante el PAMI, sin Mary, el personal de seguridad preguntó por ella en la puerta: “¿Cómo está Mary?”

La respuesta era obvia: mal.

Insurgente

Pese al deterioro físico, Mary se unió a los Jubilados Insurgentes. Entendió que el sistema no solo descarta a quienes enferma, sino también a los que ya no pueden “producir”.
Zulema recuerda: “¡Tenía un carácter! Ese carácter es el que la hizo resistir cuando muchos se daban por vencidos”.

Llegó a ese espacio dos años atrás, íntimamente vinculada con su enfermedad. “Se metió en todo lo legal… recursos, fiscalías, Comodoro Py… sabía de litigio ambiental”, dice Zulema.

El 12 de junio de 2024, durante la lucha contra la Ley de Bases, estuvo firme en Plaza los Dos Congresos. “Nosotros la cuidábamos porque estaba débil, pero se escapaba, quería seguir.” Conocía a todos. “Era muy luchadora. Y hablaba con energía. Siempre nos pedía que unamos las luchas».

Lo que posiblemente sea su último legado lúcido: unir las luchas del ambientalismo con las banderas de los jubilados.

Sobre su convicción, Zulema dice: “Cualquier cosita que ella hacía la asumía con total responsabilidad… vino con cartulina, se traía el cartel… Cuando asumió Milei hizo un cartel que decía ‘Toda la clase política es responsable de la debacle del país’, lo diseñó ella misma”.

Otra anécdota: “Una vez vino a una reunión, con anotador en mano, ya predispuesta. Algunos comenzaron a hablar de su vida personal, y se enojó. Se levantó, juntó sus notas y se fue. Dijo: ‘acá se pierde tiempo, no van a llegar a nada’. Pero volvió. Con dramas y todo, no quería perder el tiempo: estaba alerta. Era consciente de que la tarea era enorme, y le ponía ímpetu”.

Mary sabía que no le quedaba mucho tiempo y por eso nunca bajó la guardia.

Siguió yendo cada miércoles a las rondas frente al Congreso, siempre con barbijo, para cuidarse y cuidar. Participó del Malón de la Paz, llevó agua, militó con grupos ambientalistas, jubilados y religiosos. Organizó actos, escribió cartas, e insistía en que el 22 de marzo, Día Mundial del Agua, había que salir a las calles. Siempre. Aunque lloviera, aunque doliera.

Porque Mary enseló que la muerte no es algo que ocurre al final: es eso que va sucediendo en vida ante la indiferencia, el silencio de los tribunales, el apagón de las protestas, la descomposición del cuidado, la impunidad de los contaminadores y la complicidad del silencio.

La muerte es el abandono.

La muerte es el olvido.

Y en ese sentido, Mary sigue más viva que nunca.

odas las agrupaciones de jubilados que se juntan los miércoles a protestar en Congreso, preparan un homenaje a Mary y, a través de ella, “a todas las víctimas del sistema y de este plan siniestro de exterminio de los más vulnerables”.

Será mañana, después de la marcha, en un acto en Plaza de Mayo.

Mary: gracias.

Hasta mañana.

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Pablo Grillo: llaman a indagatoria al gendarme Guerrero a seis meses de un disparo criminal

Publicada

hace 4 días

21/07/2025

El 2 de septiembre el gendarme que disparó una granada de gas lacrimógeno por fuera de todos los protocolos de la fuerza deberá comparecer ante la justicia. La decisión la tomó la jueza María Servini de Cubría más de cuatro meses después del hecho. Pablo Grillo luchó por su vida, perdió masa encefálica y hoy se encuentra en plena rehabilitación. Todo lo que deberá explicar Héctor Guerrero y que implica a su principal defensora y la responsable de la violencia estatal: Patricia Bullrich.

Por Francisco Pandolfi y Lucas Pedulla. Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

Cuatro meses y una semana pasaron desde el miércoles 12 de marzo. Ese día, durante otra violenta represión a la marcha de jubilados y jubiladas, el Gendarme Héctor Guerrero le disparó fuera de toda legalidad una granada de gas lacrimógeno al reportero gráfico Pablo Grillo, cuyo impacto casi lo mata, y por el que perdió parte de la masa encefálica, estuvo casi tres meses internado en terapia intensiva en el Hospital Ramos Mejía y por el que hoy continúa en proceso de rehabilitación. Cuatro meses y una semana pasaron hasta hoy, lunes 21 de julio, en el que la jueza María Servini citó a indagatoria al gendarme, autor material de lanzamiento, para el próximo 2 de septiembre.

Es decir: entre la ejecución y la audiencia habrán pasado 131 días, casi seis meses, casi medio año.

El camino de la in-justicia

En un primer momento, la jueza había rechazado el expediente y el caso había pasado al Juzgado Federal N° 12, donde tramitaba otra denuncia por los mismos hechos. Como ese juzgado estaba vacante y subrogado por Ariel Lijo, quien también se declaró incompetente y declinó la competencia, el expediente regresó al Juzgado N° 1 el 28 de marzo y la jueza Servini lo tiene en sus manos desde el 10 de abril, a la vuelta de una licencia.

La cronología detalla el tiempo que una familia debe atravesar para exigir justicia por un hecho de violencia estatal: desde el 21 de marzo en que el papá, la mamá y el hermano de Pablo se presentaron en la causa como querellantes, solicitaron se llame a Guerrero a declarar “en calidad de imputado, por tentativa de homicidio agravado por abuso funcional, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público”. Pero no hubo respuesta. Por eso, el 6 de junio, reiteraron el pedido con estos argumentos: “Desde el inicio de la investigación, todas y cada una de las pruebas recabadas por el Juzgado corroboran lo que planteamos en nuestra querella del 21 de marzo: el cabo primero Héctor Jesús Guerrero de la Gendarmería Nacional Argentina fue el autor del disparo de la pistola lanzagases que hirió de gravedad a Pablo Grillo el 12 de marzo a las 17.18hs”. Y agregaron: “En el pedido que presentamos ante la jueza Servini ofrecemos una descripción de los hechos y un análisis pormenorizado de los elementos de prueba existentes hasta el momento”.

Y no hubo dos sin tres: el 15 de julio se le volvió a exigir al Juzgado que lo cite a Guerrero.

Y la tercera fue la vencida: este lunes, Servini citó a prestar declaración indagatoria al cabo Guerrero como autor del disparo con cartucho de gas lacrimógeno calibre 38mm que impactó en la cabeza de Pablo Grillo. La audiencia será el 2 de septiembre a las 10.

Guerrero es el primer efectivo formalmente imputado en la causa por el operativo policial del 12 de marzo.

Desde la querella informaron: “El juzgado ordenó la realización de una pericia balística a cargo de la División Balística de la Policía de la Ciudad para reconstruir con el mayor nivel de precisión técnica posible el disparo que hirió de gravedad a Pablo. Si bien la jueza consideró que ya existen elementos de prueba contundentes respecto de la responsabilidad de Guerrero para esta instancia, sostuvo que la pericia es necesaria para afianzar la reconstrucción de la dinámica del hecho”.

La pericia tendrá como objetivos precisar:

-La trayectoria y velocidad del proyectil que impactó en la cabeza de Pablo Grillo;

-La posición del arma al momento de efectuarse el disparo y el ángulo de salida del proyectil;

-Analizar si el proyectil impactó previamente contra otra superficie, y si eso alteró su dirección o energía.

-Las ubicaciones de Grillo y de Guerrero al momento del disparo.

El juzgado también ordenó, previo a la pericia, una inspección en el lugar del hecho (la esquina de Hipólito Yrigoyen y Solís) que incluirá un relevamiento fotográfico terrestre y aéreo y la elaboración de un croquis detallado de la escena.

Además, le prohibió a Guerrero la salida del país.

Compartimos el perfil de Pablo que realizamos en la edición 203 de MU.

Ojos bien abiertos: perfil del fotógrafo herido de muerte por la Gendarmería

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Publicada

hace 3 semanas

03/07/2025

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