lavaca accedió en exclusiva a un dictamen de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas del Ministerio Público Fiscal que invalida la investigación que el Ministerio de Seguridad entregó a la Justicia Federal con las “actuaciones administrativas” a los efectivos de Gendarmería que participaron de la represión que culminó con la desaparición forzada de Santiago Maldonado. El dictamen denuncia el direccionamiento de las entrevistas y los diálogos actuados.  Describe algunas preguntas como de una “superficialidad análoga a una encuesta casera sobre algún producto alimenticio en un supermercado”. Cuestiona que no hace foco sobre el rol de Pablo Noceti, el funcionario de Bullrich presente en el lugar de los hechos.  Describe el uso que hizo el Gobierno de esta investigación, que presentó en los medios como si resolviera el caso. Y define como “chapucera” la forma en que el Estado eludió su responsabilidad de responder ¿dónde está Santiago Maldonado? Concluye el dictamen: “El erróneo cauce administrativo iniciado por el Ministerio de Seguridad, y la comunicación equívoca que la autoridad administrativa ha realizado a la comunidad respecto de esta actividad, atenta justamente contra la respuesta eficaz, regular, objetiva y oportuna que se pretende de la investigación de los hechos, reflejada en la forma chapucera en que el Ministerio de Justicia se ha referido reiteradamente a las actuaciones analizadas, como si se tratara justamente de la investigación regular, bajo la forma de sumario administrativo que, como se ve, aún no se ha dispuesto iniciar”.

El titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), fiscal nacional Sergio Rodríguez, solicitó el 18 de agosto a la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, que le remita “a la brevedad” todas las actuaciones administrativas que se hubieran realizado con motivo de la desaparición de Santiago Maldonado. Ante la falta de respuesta por parte del Ministerio, el organismo reiteró el pedido el 24 de agosto, mismo día que la fiscal federal de Esquel, Silvina Ávila, caratuló la causa como desaparición forzada. El Ministerio recién respondió el 28 de agosto con una carpeta confeccionada por la Dirección de Seguimiento de Causas de Violencia Institucional y Delitos de Interés Federal. Es la misma carpeta que entregó el 3 de septiembre al titular del Juzgado Federal de Esquel, Guido Otranto. Son las “actuaciones administrativas” realizadas por la cartera y filtradas generosamente a los medios para construir la nueva hipótesis oficial: un grupo de gendarmes podrían haber cometido “excesos” en la bajada del río de la Pu Lof. La carpeta sirvió de base para que el jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña, manifestara que la investigación está avanzando y rechazara así la conformación de un grupo de expertos internacionales encabezados por el Alto Comisionado de la ONU para investigar de forma independiente la desaparición de Santiago.
El manojo de papeles
El dictamen fiscal cuestiona la investigación realizada por Bullrich y el ministerio de Seguridad y resalta sus graves defectos de forma y contenido. Advierte: “Lo remitido por el Ministerio de Seguridad en forma tardía, a simple vista se advierte que el manojo de papeles acompañado no responde a las formalidades previstas para la sustanciación de una investigación administrativa”. Lo que sigue es una descripción que denuncia la forma, el contenido y el uso de esta investigación, que  el Gobierno nacional convirtió en una operación de prensa para eludir que el delito de desaparición forzada sea debidamente investigado:

• “Su informalidad es tal que aparecen múltiples entrevistas al personal que participó del operativo sin ningún tipo de resguardo legal, llegándose al extremo de producirse diálogos donde el entrevistador le recuerda al entrevistado que debe decirle la verdad y, en algún caso, describiéndole incluso una supuesta conducta ilícita en la que el entrevistado habría tomado parte, que el entrevistado niega”.
• “En algunas de esas entrevistas, que se encuentran grabadas, la reproducción de los audios permite advertir que hubo diálogo previo sobre aspectos del caso entre entrevistado y entrevistador que no han quedado registrados”.
•  Califica las entrevistas como un material “contaminado y sin resguardos legales; puede agregarse que ciertos pasajes de las entrevistas se asemejan más a un diálogo actuado, cercano al ridículo”.
•  “Las preguntas formuladas no exhiben, por otra parte, ninguna sofisticación, más bien una superficialidad análoga a una encuesta casera sobre algún producto alimenticio en un supermercado”.
• “No hace foco en ningún momento en las circunstancias que rodearon la presencia del Dr. Pablo Noceti en el lugar, cuando no puede soslayarse, a juicio de esta Unidad, dicha circunstancia. El Dr. Noceti es el Jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad, su presencia en el lugar lo convirtió automáticamente en la referencia de quienes allí estaban, y resulta ineludible como así también inexplicable que no se busque deslindar correctamente el alcance de su presencia allí”.

Las conclusiones
Las conclusiones del dictamen fiscal sobre lo realizado por la ministra Bullrich para esclarecer la desaparición forzada de Santiago Maldonado:

• “A la fecha no se ha iniciado una investigación administrativa conforme las reglas previstas para la sustanciación de sumarios administrativos. La carpeta autodenominada ‘investigación preliminar’, no constituye ni podría serlo una actuación regular ajustada a las reglas establecidas por el Estado para este tipo de actuaciones”.
• “El cuestionamiento a la validez de lo actuado se extiende a lo actuado bajo la forma de entrevistas, de las cuales se aprecia, a primera vista, se han efectuado sin mínimos recaudos legales, y en algunos casos, con exteriorización de interrogatorios que vulnerarían garantías esenciales de las personas sometidas a esas llamadas ´entrevistas´”.
• “Se aprecia que la forma emprendida por el Ministerio de Seguridad para formar opinión acerca de las circunstancias que rodearon los hechos acaecidos el día 1 de agosto pasado, no resulta ni adecuada ni proporcional a la gravedad de la imputación que se formula a distintos agentes que revisten bajo la órbita del Ministerio de Seguridad”.
• “Es deber del Estado argentino de investigar y esclarecer el caso, en la rama administrativa de gobierno, no puede enmascararse bajo formas de actuación informales y poco transparentes, sujetas al único control discrecional de la autoridad política, sino que por el contrario debe llevarse adelante con las mejores herramientas legales disponibles”.
• “El erróneo cauce administrativo iniciado por el Ministerio de Seguridad, y la comunicación equívoca que la autoridad administrativa ha realizado a la comunidad respecto de esta actividad, atenta justamente contra la respuesta eficaz, regular, objetiva y oportuna que se pretende de la investigación de los hechos, reflejada en la forma chapucera en que el Ministerio de Justicia se ha referido reiteradamente a las actuaciones analizadas, como si se tratara justamente de la investigación regular, bajo la forma de sumario administrativo que, como se ve, aún no se ha dispuesto iniciar”.