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Chile tiene su Gualeguaychú

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Piquetes en el mar, pescadores y mapuches resistiendo, desconfianza en el Estado y en los «estudios de impacto ambiental» donde la contaminación jamás existe. La Armada defendiendo a una pastera y atacando a la comunidad a balazos. Caleta de Mehuín, Chile: un caso testigo sobre cómo una población rechaza que le contaminen la vida .
Desde hace cuatro meses, los vecinos de la Caleta de Mehuín, en Chile, impiden a la pastera Arauco y Constitución realizar estudios para construir un ducto destinado a volcar al mar sus desechos industriales. El movimiento contra el ducto ha cambiado completamente la vida de la Caleta, donde hay un centro de poco tamaño, de unos tres mil habitantes, que llegan a cinco mil si se les suman las cuatro o cinco pequeñas poblaciones que lo rodean. La mayoría de la gente se dedica a la pesca. Pegada al mar hay una cooperativa de pescadores que debe ser de peso en la zona, si se toma en cuenta que es propietaria del único teléfono de la caleta.
Del otro lado de la línea, Eliano Vigueira responde las preguntas de lavaca sobre el conflicto con la pastera de Arauco y Constitución, también conocida por su sigla Celco. Vigueira cuenta que están organizados en grupos de vigilancia que patrullan la costa. Cada vez que avistan a uno de los barcos de la pastera le salen al cruce con sus botes y no dejan que los técnicos realicen los trabajos. «Es lo que nos ha dado resultado: no dejar que se hagan los estudios de impacto ambiental que la empresa tiene la obligación de entregar para construir el ducto».
Vigueira es integrante del Comité de defensa del Mar, una organización de pescadores, mapuches y asociaciones comunitarias de la costa. El comité nació del rechazo a la pastera, una historia que empezó hace diez años, cuando Arauco y Constitución llegó a Chile con el proyecto de instalarse en Valdivia (a 82 kilómetros de distancia) y hacer el ducto hasta Mehuín. La gente de la Caleta fue la primera en oponérsele, y la única, porque quedaron rápidamente en soledad, cuenta Vigueira, «sin el apoyo del resto de la ciudadanía». Arauco había llegado con la promesa de abrir nuevas fuentes de trabajo. «Fuimos muy criticados, nosotros éramos ‘los que no queríamos el progreso'», recuerda. Aislados, decidieron desentenderse de la construcción de la planta y centrar sus esfuerzos en evitar que se hiciera el ducto. A eso lo consiguieron y cada cual tuvo la suyo, porque la papelera se construyó en Valdivia. En lugar de volcar sus desechos al mar los comenzó a verter al río Cruces.

Cisnes con daño neurológico
Ahora hay que mudarse los 82 kilómetros que separan a la Caleta de Mehuín de Valdivia. La planta de celulosa se terminó de construir a principios del 2004, como una de las mayores de Sudamérica, con una capacidad de producción es de 550 mil toneladas de celulosa tipo kraft por año.
La Universidad Austral de Chile hizo una investigación sobre lo que ocurrió a partir de entonces. Sus resultados fueron volcados al documental Santuario del río Cruces, un desastre ecológico, dirigido por Germán Ovando y con guión de Pablo Villaroel. El trabajo muestra al humedal del río Cruces, una gran extensión de verde y agua donde había una fauna con más de cien especies, entre ellas el cisne de cuello negro, una especie migratoria que por su belleza se convirtió en símbolo de la ciudad de Valdivia.
Cada año llegaban al humedal para tener sus crías quinientas parejas de cisnes. El sitio, libre de depredadores, era un gran centro de reproducción de la especie. Luego de unos años, los cisnes jóvenes volvían para empollar.
El lugar fue categorizado en 1981 por el estado chileno como santuario de la naturaleza, para resguardar su valor. Quedaron protegidas así 4877 hectáreas, que se transformaron en un polo de actividad turística para el avistamiento de aves. Pero todo cambiaría con Arauco y Constitución, que se instaló 20 kilómetros aguas arriba. La planta entró en funcionamiento en febrero del 2004; comenzó a verter 77 millones de litros diarios de residuos industriales líquidos directamente al río Cruces
El documental reseña que Arauco contaba con un permiso ambiental de la Comision de Nacional de Medio Ambiente de Chile, que aseguraba que los residuos ambientales no producirían «impactos negativos apreciables» en el ecosistema del humedal. Pero en apenas 3 meses comenzaron a observarse signos de alteración.
Las aves comenzaron a emigrar. En agosto 2004 aparecieron decenas de cisnes muertos, atropellados en las cercanías del santuario o con signos de daño neurológico. «Por octubre se vio que no había reproducción: cero huevos, cero crías», cuenta a los documentalistas Daniel Boroschek, veterinario especialista en fauna. «Se comenzaron a ver cisnes muertos en los pajonales, que quedaban como bolsas blancas flotando en el agua. Encontramos cisnes que no podían volar, que estaban realmente flacos, con sus músculos pectorales atrofiados, sus pechos de color café por el agua, después cisnes con problemas neurológicos, que nadaban en círculos, que caían en pleno vuelo, que se retorcían sobre las mesa de exámen clínico y que eran incapaces de mantener el equilibrio».
Esos fueron los primeros síntomas. Nueve meses después de la entrada en funcionamiento de Arauco y Constitución, centenares de cisnes de comenzaron a morir en el humedal. En su intento por abandonar el lugar, muchos cisnes comenzaron a caer sobre los techos y patios de la ciudad de Valdivia.
Ante las protestas de la comunidad, el gobierno encargó a la Universidad Austral una investigación. Un equipo de veinte especialistas trabajó durante seis meses en el tema. Dieron a conocer sus conclusiones en abril del 2005: la principal causa de mortandad de los cisnes había sido la pérdida de su fuente de alimentación, una planta acuática abundante que había desaparecido por la contaminación del agua. En segundo lugar, la aves se habían intoxicado.
El agua del humedal estaba cargada de tóxicos de origen industrial atribuibles a Celco Arauco. La gran sorpresa fue que los desechos industrialesde la planta contenían compuestos que no habían sido declarados por la empresa, como aluminio, manganeso, sulfato y cloruros.
A comienzos del 2006 el gobierno autorizó a Celco Arauco a seguir con su producción. Se solicitó a la empresa que estudiara una alternativa para sacar sus residuos fuera del rio, pero no se le exigió que detuviera su funcionamiento ni modificara el vertido. La empresa desempolvó entonces su viejo proyecto de hacer el ducto al mar.
Piquetes en el mar
En la Caleta, los pescadores no tienen mayores ingresos, pero consiguieron apoyos solidarios que los proveyeron de equipos de radio para hacer el patrullaje y de combustible. En tierra tienen 20 aparatos de radio repartidos entre los grupos de vigilancia; las mujeres se han organizado para mantener el abastecimiento de alimentos, porque con el conflicto ya no se puede trabajar como antes. Cuando alguien da la alarma de que un barco se acerca, hacen sonar la sirena de los bomberos y la gente de la caleta sale a la calle. Vigueira dice en condiciones de mar normales, demoran entre 18 y 20 minutos en llegarles al cruce, porque sus botes son livianos. También han cortado la ruta ante la llegada de los carabineros.
El Comité de Defensa no ha iniciado ninguna demanda legal contra el ducto. «No tenemos confianza en el estado chileno», explica Vigueira. «El estado ha demostrado que está dispuesto a aprobar los proyectos de Arauco. Las decisiones no se toman por lo estudios técnicos, sino que van por lado político. Ya están tomadas, lo que digan los técnicos no tiene mayor importancia. Entonces no nos queda otra que enfrentarnos con la legalidad».
En agosto, Celco Arauco y el gobierno hicieron una apuesta de máxima. Como el barco de la empresa no podía hacer las mediciones, volvió a la caleta con el apoyo de la Armada. Los pescadores igual llegaron hasta la embarcación e intentaron dañar con sus cuchillos los gomones de Celco. Los efectivos de la marina dispararon contra los pescadores. Se dijo que incluso los pobladores respondieron el fuego y hubo un tiroteo, pero esto no pudo ser demostrado. Los videos del episodio sólo muestran con armas a los marinos.
Desde entonces, los barcos de la empresa no han vuelto a aparecer. En la Caleta tienen la información de que volverían en enero. El patrullaje de las costas, para evitar sorpresas contaminantes, se mantiene las 24 horas.

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Perú: racismo, criminalización y disciplinamiento como trasfondo de más de 60 muertes

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Lavaca habló con dirigentes sociales y campesinas, que analizan la represión desatada tras la crisis institucional que dejó al menos 60 muertos, miles de heridos y centenares de detenidos, con imágenes de tanques entrando a la universidad pública incluidas. El rol del Congreso, la figura de Dina Boluarte, la raíz histórica, racista y clasista de la derecha peruana. La ligazón con la agenda extractivista con la desestabilización actual que busca criminalizar y disciplinar a las voces de comunidades y organizaciones sociales que denuncian la situación como «dictadura cívico-militar».  

Dina Boluarte tiene más muertos en Perú por la violencia institucional, que días de gestión.

Según la Defensoría del Pueblo de Perú al momento son al menos 56 los muertos por la represión, miles de heridos, y centenares de detenidos. Organizaciones sociales reportan, por su parte, más de 60 muertes. Todo ocurrió en menos de cincuenta días: desde que la vice Dina Boluarte asumió el Ejecutivo el 7 de diciembre de 2022, cuando fue detenido el entonces presidente Pedro Castillo. 

Mientras tanto las calles siguen siendo un escenario de marchas y repudios contínuos: solamente el martes 24 de enero la Defensoría del Pueblo registró 85 cortes de rutas nacionales, además de movilizaciones y bloqueos en 39 vías provinciales. 

¿Cómo interpretar lo que está ocurriendo?

Melania Canales es dirigenta social de la región de Ayacucho; diez de los muertos pertenecen a esa localidad. Además, es ex presidenta de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú. Sintetiza así para lavaca los reclamos sociales de los cuales además fue protagonista: 

  • “Uno de los principales reclamos es que haya un referéndum para la Asamblea constituyente; existe hoy una Constitución de 1993, hecha por el dictador Fujimori, que ha privatizado todo en Perú: luz, agua, carreteras, pistas, empresas mineras. Esa es la Constitución que le da todo el poder al empresariado, es la peor Constitución de América Latina, el empresariado se lleva sus ganancias y no paga nada”.
  • ”Esta Constitución ha permitido que la salud y la educación sean un negocio. Prácticamente nos despoja de nuestros territorios colectivos de los pueblos y mujeres indígenas, y no nos permite la participación del pueblo organizado en espacios de poder de decisión. También nos criminaliza. Por eso exigimos referéndum y buscamos una nueva Constitución”.
  • “Pedimos también la renuncia de la traidora y asesina Dina Boluarte. Y la renuncia de la mesa directiva del Congreso”. 
  • “Y exigimos paz. Una paz con justicia. Eso exigimos en el Perú”. 

La Universidad atacada

A la cadena de violencia desde el gobierno se sumó la última semana la brutal represión en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) que incluyó el ingreso de 400 policías junto a fuerzas especiales con tanques que derribaron las puertas, disparos y gases lacrimógenos, y donde más de 205 estudiantes fueron detenidos.

Natali Durand es docente de antropología en la Universidad. Dos estudiantes de su clase fueron detenidos, y ella describe: “Ha sido un atropello a la autonomía de la Universidad. Los estudiantes habían abierto las puertas para alojar a las personas que estaban llegando de distintas regiones para marchar”. 

Desde todo el país llegaban delegaciones a lo que se denominó la Nueva Marcha de los Cuatro Suyos, y la Universidad funcionaba como alojamiento y espacio de encuentro y logística. Pero cuando entró la policía, explica Natali “quedaban pocos manifestantes, eran más los alumnos que se encontraban dentro de la Universidad, algunos en la toma, otros en la residencia universitaria, eso es muy preocupante porque entraron a la residencia universitaria”. Desde entonces parte de los docentes y estudiantes piden la destitución de la actual rectora Jeri Ramón. 

El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) condenó la represión y expresó que “la entrada de la policía a la sede universitaria es una violación flagrante de la autonomía”. Además rechazó la “decisión del gobierno de recurrir a la violencia para enfrentar la crisis en el país”. Y remató: “La actitud del gobierno del Perú se coloca al margen del respeto a los Derechos Humanos”.

La traición de Dina

¿Dónde se encuentra la semilla del actual conflicto?

Responde Natalí Durand: “Para entender la semilla de esto podríamos irnos hasta 200 años atrás, pero creo que ahorita lo más grave ha sido la descomposición política que tuvimos desde 2016 cuando el partido de la señora Keiko Fujimori (hija del ex dictador) ganó la mayoría absoluta en el Congreso. Desde 2016 lo que se generó fue un desbalance de poder a favor del Ejecutivo”.

Sin embargo (o tal vez por eso mismo) el profesor y político Pedro Castillo, con el partido Perú Libre, ganó las elecciones en segunda vuelta a la misma Fujimori, y gobernó desde el 28 de julio de 2021 hasta la declaración de su “permanente incapacidad moral” por parte del Congerso, el 7 de diciembre de 2022. Castillo fue docente de escuela primaria, presidente del Comité de Lucha del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Perú (SUTEP) y encabezó la huelga docente de 2017.

El 7 de diciembre de 2022 Castillo fue detenido y destituido luego de 16 meses de gobierno. Horas antes había anunciado el cierre temporal del Congreso, pero ante esto sus propios ministros comenzaron a renunciar y a calificar la situación como un autogolpe. Con las fuerzas armadas y la policía en contra, el Congreso trató, una vez más, la moción de vacancia contra el entonces presidente bajo la acusación de “incapacidad moral”. Castillo fue detenido y destituido; juró entonces quien era su vicepresidenta, Dina Boluarte quien, entre otras cosas, tenía en el propio Congreso denuncias por presunta infracción constitucional que fueron rápidamente archivadas. 

Dice Natalí Durand: “Si bien es legítima sucesora, se había dicho que iba a renunciar y pedir elecciones. A su asunción la gente la asume como una traición. A su vez, en la derecha no la ven como parte: en el momento en que no le sirva más la van a soltar. Ahora ella les sirve porque el presidente del Congreso no puede ejercer funciones de presidente, tiene que llamar a elecciones en un periodo de 3 a 9 meses como máximo. Ella no quiere renunciar porque sabe que, si renuncia, la van a dejar sola y le espera un proceso judicial fuertísimo”. 

La actual presidenta no tiene bancada propia en el Congreso ni un partido que la apoye.

La pregunta entonces es quién tiene el poder hoy en Perú.

La voz desde las calles

Melania Canale, dirigenta social de la región de Ayacucho, remarca que la situación actual puso luz sobre el “racismo y el clasismo en nuestro país”. Sigue: “Perú ha sido el centro del colonialismo: cuando se creó la república peruana hace 200 años se hizo con los descendientes de los españoles, los ‘mistis’ y los criollos, y los pueblos indígenas y afro estuvimos ausentes. Entonces lo que vino fue una dominación de una clase media alta privilegiada. Hay una desigualdad grande, que se ha agudizado, los derechos se convirtieron en negocios, como la educación, la salud, y la participación política”. 

Melania define a Pedro Castillo como el primer “marrón” (por el color de su piel) que llegó a la presidencia. Y define: “Hemos sentido que al marrón no lo aguantaban”. A la actual presidenta la llama “la usurpadora”. Dice: “En estos momentos, aunque ella ganó junto a Castillo, representa a la derecha. El Congreso ha sido un obstáculo que a Pedro Castillo no lo dejó gobernar, siempre estaba ahí promoviendo su vacancia. Dina tenía una denuncia, pero la archivaron en el Congreso. Realmente esto se veía venir. Acá, la derecha política del Perú es una derecha arrastrada, que siempre se entrega por completo a la oligarquía” 

¿Tiene relación el problema con las agendas extractivistas? 

Está muy ligado. Hace poco una funcionaria de Estados Unidos ha dicho que en Sudamérica están el agua dulce, los minerales, el litio. Aquí están paralizadas varias mineras por los reclamos de las comunidades. Hay también contaminación de los ríos, de la tierra, mucha gente con metales pesados en la sangre, y además estos empresarios no dejan nada…

¿A qué atribuís la actual represión? 

Es una caza de brujas. En Ayacucho hay 8 detenidos dirigentes y dirigentas de organizaciones, los han llevado hasta Lima, acusados de terroristas. No somos asesinos, no somos terroristas. Están buscando descabezar a las organizaciones, meter miedo, criminalizar y perseguirnos, inventando fantasmas. No hay libertad en este país: por eso decimos que estamos viviendo una dictadura cívico militar. 

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Las cosas que hay que hacer para trabajar – Capítulo 1

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La nueva serie documental de lavaca: El mundo de la autogestión en Argentina a través de ocho capítulos sobre experiencias recientes de diferentes cooperativas que lograron recuperar empresas vaciadas o quebradas por las patronales. Dirigida por Patricio Escobar, autor de La crisis causó 2 nuevas muertes.

Dos mil personas que integran empresas recuperadas de toda la Argentina se reúnen en un acto histórico en la Aceitera La Matanza. ¿Qué buscan? Impulsar el proyecto de Ley de Recuperación de Unidades Productivas que facilite que cooperativas de trabajo pongan en marcha empresas quebradas o vaciadas por las patronales. El movimiento lleva 20 años sin ley, pero ha recuperado no sólo trabajo sino también dignidad y vida, con 400 fábricas en el país que dan trabajo en total a más de 14 mil obreras y obreros. Su lema: Ocupar, resistir y producir.

Las cosas que hay que hacer para trabajar Dirección: Patricio Escobar.
Producción integral de Cooperativa de Trabajo Lavaca: Claudia Acuña, Sergio Ciancaglini, Anabella Arrascaeta, Lina Etchesuri, Sebastian Smok, María del Carmen Varela, Franco Ciancagini, Lucas Pedulla.
Fotografía: Lina Etchesuri y Sebastian Smok. Cámara: Patricio Escobar, Guillermo Guevara, Sebastian Smok.
Música: Guido Donato y Tomás Lobov.
Edición: Damián Finvarb.

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Cuatro años de in-justicia por el femicidio de Carla Soggiu       

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En la Plaza de la Memoria de Pompeya, junto a vecinos, vecinas, otras familias víctimas de femicidios y organismos de derechos humanos del barrio, se recordó este domingo a Carla Soggiu frente al mural que hizo el barrio, a cuatro años del femicidio. Estuvo presente Alfredo Soggiu (foto) el padre de Carla. Sin culpables por el crimen, y sin siquiera un fiscal que lleve adelante la causa, la familia se transformó en querellante e impulsa que se investigue la responsabilidad de Diego Santilli, por entonces Ministro de Seguridad porteño, por la falla en el sistema del botón antipánico que debía protegerla. El ex marido de Carla fue acusado por violación, pero el crimen sigue impune. La idea sobre quién cuida a lxs vecinxs.  

El acto en la Plaza de la Memoria de Pompeya (fotos: Ailín Soria)

“A pesar de que pasaron cuatro años cada día siento más injusta su partida, que le hayan quitado la vida. Tanto su pareja, como el gobierno de la Ciudad, como la justicia, todos la mataron un poco a mi hija”. 

Alfredo, papá de Carla Soggiu, está parado en la Plaza de la Memoria del barrio porteño de Pompeya, a cuadras de donde su hija murió. Desde ahí habla. Frente a él vecinos y vecinas que escuchan; a su lado, familiares de otras víctimas de femicidios; y en su espalda, el mural desde donde su hija mira al barrio junto a letras negras que dicen: verdad y justicia. 

Ni botón ni GPS

El 15 de enero de 2019, cuatro años atrás, Carla Soggiu pidió ayuda 5 veces apretando el botón antipánico que tenía después de haber denunciado a su pareja. Pese a que el sistema contaba con ubicación GPS, la empresa no pudo ubicarla. Carla estuvo desaparecida hasta que un barrendero encontró su cuerpo en el riachuelo. Según la autopsia, murió por “asfixia mecánica por sumersión”. 

Ella tenía un botón antipánico porque días antes, el 26 de diciembre de 2018, su ex pareja, Sergio Nicolás Fuentes, la secuestró, violó y golpeó brutalmente, con su hija menor como testigo. Carla tenía hidrocefalia, los golpes destrozaron la válvula. Cuando logró huir lo denunció ante la la Oficina de Violencia Doméstica, y le dieron el botón antipánico que días después no la protegió.  

Con el Poder Judicial en contra

Sergio Nicolás Fuentes fue condenado por la violación a seis años de prisión, pero la causa por el femicidio fue archivada, cuando la familia se enteró ya había pasado un año.

Pidieron entonces que la justicia porteña investigue por qué no funcionó el botón antipánico: el fiscal de primera instancia archivó el pedido.

Apelaron, el fiscal de Cámara también lo archivó.

Fue cuando alegaron que la Ley de Víctimas autoriza que se abra la investigación sin asistencia de un fiscal, y así lograron que se los acepte como querellantes.

En ese punto están ahora, sin fiscal el impulso de la causa depende de la familia. El objetivo es que se investigue la responsabilidad de Diego Santilli, por entonces Ministro de Seguridad porteño, por la falla en el sistema del botón antipánico que debía proteger a Carla.  

Dice Alfredo, papá de Carla: “Después de tanto tiempo de lucha, con el acompañamiento de un montón de gente incondicional, recién logramos meter una causa contra uno de los asesinos de mi hija. Más que nunca necesitamos el acompañamiento de todos, que nos ayuden a caminar. Por mis nietos, por mi señora, también por mí. Lo necesito, que me acompañen”. 

A su lado están Susana y Daniel, padres de Cecilia Basaldúa, víctima también de un femicidio y de un Poder Judicial que intenta garantizar impunidad en lugar de justicia. Susana explica: “Las familias sentimos mucha impotencia, esto no tiene que pasar más. Tenemos que luchar y acompañarnos porque es lo que nos hace fuertes”. Susana se detiene para nombrar a Roxana, mamá de Carla Soggiu que no está presente, se quedó cuidando a sus dos nietos, hijes de Carla, que hoy tienen 6 y 8 años. Sigue: “Nuestras hijas no pueden volver a la vida pero queremos que descansen en paz, y lo van a hacer cuando haya justicia”. 

Daniel (en el centro), y Susana, rodean a Alfredo, el padre de Carla Soggiu. (Fotos: Ailín Soria).

Vecinos cuidándose

Vecinos y vecinas del barrio forman un semicírculo para escuchar. Entre ellos están presentes los integrantes del Instituto de la Memoria de Pompeya, responsables de cuidar y crear la Plaza de la Memoria donde ocurre este ritual de abrazo hacia la familia. Además del de Carla hay murales dedicados a Ezequiel Demonty (el joven asesinado por la Policía en el Riachuelo), por la Noche de los Lápices, por Hebe de Bonafini, entre otros.

“La lucha se sostiene con amor, con alegría y con memoria”, dice Alberto, integrante del espacio, y cuenta que fue en 2006 cuando se propusieron visibilizar a les desaparecides del barrio, crearon la plaza, y empezaron a marchar juntos.

Pronto se dieron cuenta de cómo aparece la violencia institucional y estatal hoy, dice: “A veces reflota en estas formas: femicidios, travesticidios, desaparición de jóvenes en situación de calle. Los únicos que nos cuidamos somos los vecinos a los vecinos”. 

Luego, la foto de Carla se levanta alto y se grita presente, con su sonrisa y su mirada desde la pared.

Fotos: Ailín Soria.
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