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Megaminería en Chubut: las comunidades movilizadas por una Iniciativa Popular, y la política oficial de golpear asambleístas

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Megaminería en Chubut: las comunidades movilizadas por una Iniciativa Popular, y la política oficial de golpear asambleístas

La policía chubutense golpeó y detuvo a dos asambleístas del movimiento que defiende la ley5001, que protege a la provincia contra la megaminería. Volvían de Rawson, de la movilización de miles de personas frente a la Legislatura para rechazar la instalación de la megaminería que intenta imponer el oficialismo personificado en el gobierno de Mariano Arcioni. El gobernador, que se definía contra la megaminería hasta que accedió al poder, choca con la falta de licencia social en una provincia que su propio gobierno fundió en base a un endeudamiento absurdo.

Las movilizaciones que se replicaron en toda la provincia exigen que se trate la Iniciativa Popular firmada por más de 30 mil personas (el doble de lo exigido por ley), un proyecto elaborado por 48 comunidades chubutenses, para reforzar la prohibición de la actividad.

En ese contexto, y con una escalada represiva que durante los últimos meses implicó hostigamientos, persecuciones y allanamientos ilegales, un móvil cruzó violentamente el auto de los asambleístas en la ruta con el pretexto de identificar a uno de ellos. “De casualidad no hubo un accidente”, dice a lavaca Iván Payllalaf, de la comunidad mapuche tehuelche y estudiante de historia. La arbitrariedad se reveló en las detenciones, justificadas en “presunta resistencia a la autoridad” y “presunta fuga”. Fueron liberados después del reclamo. Payllalaf no duda: “Así quieren instalar la megaminería contaminante. Pero saben que cada vez estamos más organizados”.

Lionel Delgado y Guadalupe Harris fueron quienes sufrieron las detenciones.

Megaminería en Chubut: las comunidades movilizadas por una Iniciativa Popular, y la política oficial de golpear asambleístas
Guadalupe, una de las detenidas por las llamadas fuerzas de seguridad. El delito: la libertad de expresión de las comunidades.

Iván Paillalaf (20 años) viajaba en el mismo auto. Volvían de la sesión en la Legislatura de Rawson, y explica a lavaca: “Estuvimos siguiendo la entrada de dos proyectos. Por un lado, la Ley de Zonificación minera. Por otro, nuestra Iniciativa Popular”.

Payllalaf cuenta que el proyecto de zonificación (que el gobierno busca para habilitar la megaminería en la zona de la meseta chubutense) fue girado a la Comisión de Ambiente, cuando tendría que haber pasado por otras dos comisiones más, en las que los diputados votaron en contra. En cambio, el proyecto de la Iniciativa fue a girado a tres comisiones distintas.

En qué medida eso es algo que puede beneficiar o perjudicar a la Iniciativa Popular es algo que se verá en los próximos días. Puede recordarse que la primera Iniciativa Popular presentada en 2014 fue tergiversada por la Legislatura, mientras se vio aquella vez al diputado Gustavo Muñiz (Frente para la Victoria) recibiendo ensu Blackberry instrucciones del gerente minero Gastón Berardi.

Megaminería en Chubut: las comunidades movilizadas por una Iniciativa Popular, y la política oficial de golpear asambleístas
El diputado Muñiz rFpV) recibiendo instrucciones del gerente de una de las mineas,en 2014. Ahora se presentó una nueva Iniciativa Popular para prohibir defiitivamente la minería.

En estas jornadas de movilización se observó mucha policía en los alrededores de los manifestantes. “Hicimos caravana desde Trelew a Rawson. Nos pararon en la ruta y hasta que no salimos a manifestarnos no nos dejaron salir. Marchamos hasta la Casa de Gobierno, después fuimos al Ministerio de Ambiente. Y luego, desconcentramos. Éramos más de 1000 personas. Fue una marcha muy familiar, pero todo el tiempo estuvo escoltada por la policía”.

Al desconcentrarse, las personas manifestantes buscaron también el regreso en caravana. “Nos estamos cuidando mucho porque la violencia ha escalado en el último tiempo. Ha habido allanamientos a casas, hostigamientos, y todo lo de hoy ocurrió cuando volvíamos con Guadalupe y Lionel en el mismo auto. Cuando llegamos a la ruta 7 se nos atravesó una patrulla, así intempestiva, de casualidad no hubo un accidente”.

-¿Qué pasó?

-Ahí nos detuvieron, nos gritaron que bajemos. El único que quedó en el auto fue Lionel. Lo agarraron de a dos, lo tiraron al piso, lo golpearon. Quedó sangrando. Es el de la foto. A Guadalupe también la agarraron y la tiraron contra el auto. A mí me agarraron del cuello, una persona que era de civil. Pedimos que se identifiquen porque ninguno tenía su placa. Ninguno se quiso identificar. Empezamos a llamar a organismos, a concejales, a los medios. Y a ellos dos se los llevaron detenidos, de una forma muy violenta. ¿Sabés por qué? A Lionel por “presunta resistencia a la autoridad” y a Guada por “presunta fuga”. Dijeron que querían identificarnos, tomarnos los datos porque uno de nosotros estaba sospechado de “presunto daño” en las marchas.

Luego supieron que uno de los oficiales era un comisario de apellido Carrasco, del área de Investigaciones de la provincia. A Lionel y Guadalupe los llevaron a la comisaría de Rawson. “Fuimos a acompañar porque la policía tiene un tremendo historial de golpear gente en la comisaría de Rawson. Ahí nos enteramos que la Fiscalía había dicho que solo debía haber identificación y liberación inmediata. Pero al menos una hora estuvieron allá. Los dos están bien, pero Lionel contó que en la comisaría lo golpearon”.

Este miércoles las leyes seguirán su curso en las comisiones parlamentarias. La Legislatura sesionará de nuevo el jueves. “Aprovechan la pandemia para seguir reprimiendo y violentando. Se toman en cuenta la voz de diputados, de empresarios, pero nunca la de los pueblos” dice Iván.

-¿A qué atribuyen la violencia estatal?

-Acá nos quieren imponer la megaminería contaminante. La zonificacion es violencia contra los cuerpos y territorios porque saben que el pueblo se está organizando y saben que está oponiendo una resistencia fuerte. La única manera de imponernos la megamineria es así, porque saben que no tienen licencia social. Y somos más fuertes. Y así vamos a seguir defendiendo nuestra agua, nuestro territorio y nuestra vida.

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De la idea al audio: taller de creación de podcast 

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Todos los jueves de agosto, presencial o virtual. Más info e inscripción en [email protected]

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Aprendé a crear y producir tu podcast desde cero, con herramientas concretas para llevar adelante tu proyecto de manera independiente.

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Darío y Maxi: el presente del pasado (video)

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Hoy se cumplen 23 años de los asesinatos de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki que estaban movilizándose en Puente Pueyrredón, en el municipio bonaerense de Avellaneda. No eran terroristas, sino militantes sociales y barriales que reclamaban una mejor calidad de vida para los barrios arrasados por la decadencia neoliberal que estalló en 2001 en Argentina.

Aquel gobierno, con Eduardo Duhalde en la presidencia y Felipe Solá en la gobernación de la provincia de Buenos Aires, operó a través de los medios planteando que esas muertes habían sido consecuencia de un enfrentamiento entre grupos de manifestantes (en aquel momento «piqueteros»), como suele intentar hacerlo hoy el gobierno en casos de represión de sectores sociales agredidos por las medidas económicas. Con el diario Clarín a la cabeza, los medios mintieron y distorsionaron la información. Tenía las imágenes de lo ocurrido, obtenidas por sus propios fotógrafos, pero el título de Clarín fue: “La crisis causó 2 nuevas muertes”, como si los crímenes hubieran sido responsabilidad de una entidad etérea e inasible: la crisis.

Darío y Maxi: el presente del pasado (video)

Darío Santillán.

Darío y Maxi: el presente del pasado (video)

Maximiliano Kosteki

Del mismo modo suelen mentir los medios hoy.

El trabajo de los fotorreporteros fue crucial en 2002 para desenmascarar esa mentira, como también ocurre por nuestros días. Por aquel crimen fueron condenados el comisario de la bonaerense Alfredo Franchiotti y el cabo Alejandro Acosta, quien hoy goza de libertad condicional.

Siguen faltando los responsables políticos.

Toda semejanza con personajes y situaciones actuales queda a cargo del público.   

Compartimos el documental La crisis causó 2 nuevas muertes, de Patricio Escobar y Damián Finvarb, de Artó Cine, que puede verse como una película de suspenso (que lo es) y resulta el mejor trabajo periodístico sobre el caso, tanto por su calidad como por el cúmulo de historias y situaciones que desnudan las metodologías represivas y mediáticas frente a los reclamos sociales.

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83 días después, Pablo Grillo salió de terapia intensiva

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Pablo Grillo
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83 días.

Pasaron 83 días desde que a Pablo Grillo le dispararon a matar un cartucho de gas lacrimógeno en la cabeza que lo dejó peleando por su vida.

83 días desde que el fotógrafo de 35 años se tomó el ferrocarril Roca, de su Remedios de Escalada a Constitución, para cubrir la marcha de jubilados del 12 de marzo.

83 días desde que entró a la guardia del Hospital Ramos Mejía, con un pronóstico durísimo: muerte cerebral y de zafar la primera operación de urgencia la noche del disparo, un desenlace en estado vegetativo.

83 días y seis intervenciones quirúrgicas.

83 días de fuerza, de lucha, de garra y de muchísimo amor, en su barrio y en todo el mundo. 

83 días hasta hoy. 

Son las 10 y 10 de la mañana, 83 días después, y ahí está Pablito, vivito y sonriendo, arriba de una camilla, vivito y peleándola, saliendo de terapia intensiva del Hospital Ramos Mejía para iniciar su recuperación en el Hospital de Rehabilitación Manuel Rocca, en el barrio porteño de Monte Castro. 

Ahí está Pablo, con un gorro de lana de Independiente, escuchando como su gente lo vitorea y le canta: “Que vuelva Pablo al barrio, que vuelva Pablo al barrio, para seguir luchando, para seguir luchando”. 

Su papá, Fabián, le acaricia la mejilla izquierda. Lo mima. Pablo sonríe, de punta a punta, muestra todos los dientes antes de que lo suban a la ambulancia. Cuando cierran la puerta de atrás su gente, emocionada, le sigue cantando, saltan, golpean la puerta para que sepa que no está solo (ya lo sabe) y que no lo estará (también lo sabe).

Su familia y sus amigos rebalsan de emoción. Se abrazan, lloran, cantan. Emi, su hermano, respira, con los ojos empapados. Dice: “Por fin llegó el día, ya está”, aunque sepa que falta un largo camino, sabe que lo peor ya pasó, y que lo peor no sucedió pese a haber estado tan (tan) cerca. 

El subdirector del Ramos Mejía Juan Pablo Rossini confirma lo que ya sabíamos quienes estuvimos aquella noche del 12 de marzo en la puerta del hospital: “La gravedad fue mucho más allá de lo que decían los medios. Pablo estuvo cerca de la muerte”. Su viejo ya lloró demasiado estos casi tres meses y ahora le deja espacio a la tranquilidad. Y a la alegría: “Es increíble. Es un renacer, parimos de nuevo”. 

La China, una amiga del barrio y de toda la vida, recoge el pasacalle que estuvo durante más de dos meses colgado en las rejas del Ramos Mejía exigiendo «Justicia por Pablo Grillo». Cuenta, con una tenacidad que le desborda: «Me lo llevo para colgarlo en el Rocca. No vamos a dejar de pedir justicia».

La ambulancia arranca y Pablo allá va, para continuar su rehabilitación después del cartucho de gas lanzado por la Gendarmería. 

Pablo está vivo y hoy salió de terapia intensiva, 83 días después.

Esta es parte de la vida que no pudieron matar:

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