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Feliz año viejo: el INTA amenaza con sancionar a un ingeniero por fomentar la agroecología

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César Gramaglia, ingeniero agrónomo y miembro del INTA de Villa Dolores, Córdoba, tiene abierto un sumario por el INTA cordobés en el que amenazan censurarlo suspenderlo por haber planteado en un programa radial que la agroecología permite producir cultivos sin aplicación de pesticidas agroquímicos. Una reacción anacrónica y con resonancias autoritarias de (se supone) viejos tiempos, por parte de la entidad regenteada por Juan Cruz Molina Hafford que nada parece tener que ver con la ciencia ni con la libertad ni con la producción. Lo que plantean las sociedades científicas y los gremios y la nota publicada en la revista MU sobre parte del trabajo de Gramaglia en Traslasierra. Por Francisco Pandolfi.

La Ciudad de Villa Dolores, al centro oeste de Córdoba, no le escapa a la general de la provincia en materia económica: el sector agropecuario es uno de sus motores. Tampoco este municipio –donde la papa es el cultivo más importante de la región–, con respecto al peso específico que tiene el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).

El ingeniero agrónomo Juan Cruz Molina Hafford es el director regional del INTA Córdoba, organismo denunciado por abrirle un sumario administrativo con intención de sancionar por al menos seis días y disciplinar y censurar a César Gramaglia, quien hace 15 días recibió una notificación del organismo que revela que su sumario se acerca a una resolución.

Gramaglia es técnico extensionista del INTA local y gran apoyo de proyectos agroecológicos en la zona de Traslasierra principalmente. Desde su casa en Villa Dolores narra a lavaca la crónica de un hostigamiento que no viene de ahora ni tampoco es unidireccional, sino que apunta a desprestigiar una idea, un modelo, un futuro distinto: “Todo comenzó cuando asumió el cargo Molina Hafford, a mediados del 2018. Al poco tiempo, me invitaron a integrar un comité técnico para brindar un intercambio internacional con Bolivia, con el objetivo de promover la agroecología y desde el Centro Regional de Córdoba me negaron la posibilidad, sin haber ningún motivo para impedirlo. Ahí ya empezó la censura y la persecución ideológica”.

Gramaglia plantea que esa situación no fue una excepción: “Existen también otros casos concretos, como en marzo de 2019, cuando el INTA lanzó un curso virtual de agroecología. Me invitaron a integrar el equipo de docentes y de nuevo la autoridad máxima del INTA se opuso. O sea, otro adoctrinamiento”.

Sigue: “Como corolario, a principio del 2020 se me inició un sumario administrativo a partir de una entrevista que di en una radio local, una FM de Traslasierra, donde manifesté que existen otras alternativas para el control de plagas –en ese caso de la langosta– además de utilizar insecticidas de síntesis química. Esa fue la frutilla del postre para que se profundizara el ataque, que no se trata de una discusión técnica productiva, sino política. Ese es el mar de fondo”.

¿Qué es lo que molesta?

–No hay que tomarlo como algo unipersonal, sino llevarlo a la pluralidad, hablar de nosotros, porque existen varios compañeros de esta institución y de otros organismos de ciencia digna que han sufrido las persecuciones políticas ideológicas de las autoridades de distintas instituciones públicas. Siempre es contra quienes promovemos un modelo de producción de alimento más sano, más seguro y más soberano. Acá estamos tocando intereses económicos y políticos porque lo que sostiene al actual modelo de agricultura, con un enfoque industrial, son importantes sumas de dinero vinculadas con la producción y la comercialización de insumos químicos. Como el mío, ha habido otros casos que se han traducido tal vez no en un sumario administrativo, sino que ante semejante persecución ideológica los técnicos toman la decisión de pedir el pase hacia otro centro regional de la Argentina para trabajar con libertad. Varios técnicos tomaron la decisión de la autocensura, de no hablar más del sistema agroecológico, por estar expuestos a recibir sanciones de las autoridades.

En el caso de Gramaglia se trató de una suspensión de 6 días. Si se observa con detenimiento, que un ingeniero agrónomo plantee que se puede producir sin utilizar pesticidas es algo que debería celebrar y promover una organización como el INTA. En este caso, además de la Sociedad Argentina de Agroecología o CLACSO, por nombrar a algunas entidades del ámbito científico, el sindicato ATE-INTA repudió el castigo impuesto y la calificó la sanción como “injusta, arbitraria, antidemocrática y persecutoria”. “Advertimos que la sanción a César Gramaglia representa de manera fiel el modo en que algunos pretenden censurar, amedrentar, disciplinar a quienes están comprometidos con la agroecología”

Cierran el comunicado: «Por el derecho a pensar y trabajar en libertad en una institución de prestigio mundial como es nuestro INTA».

Walter Pengue (Ingeniero Agrónomo con especialización en Mejoramiento Genético Vegetal y Magister en Políticas Ambientales y Territoriales, además de miembro de sociedades agroecológicas internacionales y de la Academia de Ciencias del Ambiente) escribió al INTA cuestionando «un bozal mediático que restrinja nuestro derecho a opinar y por lo tanto a pensar» y focaliza el caso como un ataque a «derechos humanos y democráticos que pudieran pretender conculcársele».

Un negocio que ataca a la naturaleza y a la alimentación

Antes de ser favorecido con el cargo de Director del Centro Regional Córdoba del INTA, desde el 2011 hasta enero de 2018 ocupó el cargo de Secretario de Agricultura, en el Ministerio de Agricultura y Ganadería de la provincia de Córdoba. Sobre sus antecedentes habla desde Córdoba el pediatra y neonatólogo Medardo Ávila Vázquez, integrante de Médicos de Pueblos Fumigados: «Pocos recuerdan que era funcionario de De la Sota. Es un lobista del agronegocio, de la Mesa de Enlace, todo lo que hizo fue de terror y ahora se hace el técnico del INTA. Cuando hicimos los estudios epidemiológicos en el pueblo agrícola de Monte Maíz (se detectó una elevada contaminación con glifosato en asociación con incremento de casos de cáncer), fue él quien trató de bloquear que el municipio dictara una ordenanza contra las fumigaciones, pero se la ganamos. Otras denuncias no prosperaron porque De la Sota y Schiaretti siempre controlaron la Justicia».

El abogado ambientalista que llevó a cabo las denuncias se llama Darío Ávila. Recuerda: “En mayo de 2015 Molina Hafford era el secretario de Agricultura y Ganadería de Córdoba y por lo tanto era la autoridad de aplicación de la ley provincial 9164, que regula la utilización de productos químicos y biológicos de uso agropecuario, es decir la ley de fitosanitarios provincial. En aquel entonces presentamos un reclamo administrativo solicitando que gestionara ante el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, el SENASA, la exclusión del glifosato de la nómina de productos autorizados. Tomamos como base fundamental y científica la publicación de la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer, dependiente de la Organización Mundial de la Salud, que en marzo de 2015 había reclasificado al glifosato como probable cancerígeno”.

Agrega: “A su vez, la ley provincial de fitosanitarios también dice que la autoridad de aplicaciones, en ese caso la Secretaría de Agricultura, podía adoptar en forma inmediata las medidas que considere necesarias para el resguardo y preservación de las personas, el medio ambiente, la flora, la fauna o los bienes de terceros. Por supuesto que no hubo respuesta ni ningún tipo de pronunciamiento”.

César Gramaglia lo padece desde hace cuatro años y también tiene mucho que decir: “El único antecedente laboral que ha tenido el actual jefe máximo del INTA Córdoba antes de su ingreso, fue haber ocupado el cargo de Secretario de Agricultura del gobierno provincial, cuando históricamente esa dirección se la designa a un profesional que ha hecho carrera interna en el INTA, que mamó desde chico la institución. Esto no ocurrió y uno se da cuenta que fue una jugada política de un gobierno ligado con la promoción del agronegocio, la prédica de las mal llamadas ‘buenas prácticas agrícolas’ y cercano a los miembros de la Mesa de Enlace; un gobierno que considera que aplicando de manera responsable el paquete de tecnologías de insumos químicos no produce ningún daño sobre la salud de los alimentos, las personas y el ambiente, cuando esto no es así. Por eso proponemos un cambio del actual modelo hegemónico de producción de alimentos basado casi exclusivamente en la incorporación externa de insumos químicos como fertilizantes, herbicidas insecticidas, fungicidas, que no solamente tienen un impacto negativo sobre el agro-ecosistema desde el punto de vista económico, porque se incrementan sus costos de producción. También se ha comprobado científicamente que genera externalidades negativas sobre el ambiente, además de impactos negativos socialmente, porque el actual sistema favorece sólo a las grandes escalas de producción, demostrado en los resultados que arrojó el Censo Nacional Agropecuario que dice que durante los últimos años han desaparecido el 25% de los pequeños y medianos productores”.

En julio pasado, Juan Cruz Molina Hafford fue designado por cuatro años más en el cargo.

Vivita y coleando

César Gramaglia nació hace 55 años en Vila, pueblo rural santafesino de 1200 habitantes. En 1991 se egresó como ingeniero agrónomo en la Universidad del Litoral y desde el año siguiente comenzó a formarse “hacia otro modelo de producir alimentos, con un enfoque orgánico, porque en ese momento se hablaba poco de Agroecología; la decisión fue transitar un camino alternativo”. En esa senda llegó al INTA de Villa Dolores en 2007, por la que hoy es hostigado.

¿Qué logran con este amedrentamiento?

–Es muy simple: buscan mantener el statu quo. Sostener la propuesta del agronegocio, aumentando la eficiencia de la aplicación de los agroquímicos. El objetivo de las políticas públicas que hoy se están tratando de implementar a través del INTA es que nada cambie. En este momento, a nivel nacional se está redactando una nueva tanda de proyectos para implementar durante los próximos cuatro años. Y el centro regional del INTA Córdoba en ninguno ha contemplado como eje temático a la agroecología. O sea, está desconociendo la demanda de un grupo de productores y de la sociedad civil que reclama por la transformación del actual modelo de producción de alimentos.

Gramaglia, quien lanzó un mensaje de fin de año promoviendo la agroecología y una alimentación sana, agrega una percepción: “Miles de personas reconocen que más allá de una sanción personal, se busca sancionar a la agroecología de manera global, lo que demuestra dos cosas: por un lado, que se trata de una ciencia que puede traer respuestas a las consecuencias negativas del actual sistema agroalimentario globalizado. Y por el otro, que la agroecología está vivita y coleando, más que nunca”.

Aquí podés leer la nota publicada en MU en julio de 2022, en la que se recorre el camino agroecológico en Traslasierra, en el que Gramaglia ha tenido un papel relevante, experiencia que incluye a comunidades y sus huertas orgánicas y también a importantes productores de papa y uvas.

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Desde que se inició este año desde el Observatorio de Violencia Patriarcal Lucía Pérez registramos 100 femicidios, casi 1 por día. 

La víctimas fueron desde mujeres de 83 años, como Ana Angélica Gareri, en Córdoba, a una adolescente como Pamela Romero, de 16, en Chaco; y una bebé de 3 años en González Catán. 

En este 2025 ya registramos 85 tentativas de femicidio.

En el 2025 registramos en todo el país 77 marchas y movilizaciones que se organizaron para exigir justicia por crímenes femicidas. 

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En nuestro padrón de funcionarios denunciados por violencia de género, podés encontrar el registro clasificado por institución estatal y provincia. Hasta la fecha, tenemos contabilizados 161 funcionarios del Poder Ejecutivo, 120 del Poder Judicial, 72 del Poder Legislativo, 71 de las fuerzas de seguridad y 71 de la Iglesia Católica. 

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En el padrón que compila datos oficiales sobre denuncias de violencia de género, podés encontrar datos sobre cantidad de denuncias por localidad y la frecuencia con que la recibimos. Un ejemplo: este mes la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de la Nación informó que durante el primer trimestre de este año recibió un promedio de 11 denuncias por día de violencia contra las infancias.

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Otro: el Ministerio Público Fiscal de Salta informó que no alcanzan al 1% las denuncias por violencia de género que son falsas.

En nuestro padrón de desaparecidas ya registramos 49 denuncias.

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Lo que revela toda esta información sistematizada y actualizada es el resultado que hoy se hace notorio con una cifra: 100.

Más información en www.observatorioluciaperez.org

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5 años sin Cecilia Gisela Basaldúa: crónica desde Cruz del Eje

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Pasaron cinco años del femicidio de Cecilia Basaldúa en Capilla del Monte. Tres años de un juicio que absolvió a un imputado sin pruebas. Cuatro fiscales, cuatro policías presos y numerosas movilizaciones, desde Buenos hasta Córdoba, para exigir la verdad, ese compromiso que aún es la certeza que falta.

Fotos y crónica de María Eugenia Morengo para cdmnoticias.com.ar

25 de abril. Cruz del Eje. El GPS calcula unos 2 kilómetros. La entrada a la ciudad está envuelta de un aire viscoso. Una avenida se extiende en silencio y después de atravesarla, la llegada a los Tribunales se convierte en un ritual: una reminiscencia de lo que fue, una promesa de lo que debe ser. El pedido por Verdad y Justicia, es una demanda que crece. Cada letra se ubica en el mismo lugar que ocuparon tres años atrás. Las escaleras de la justicia cruzdelejeña son de un cemento gastado. Raspan, duelen.

5 años sin Cecilia Gisela Basaldúa: crónica desde Cruz del Eje

¿Qué pasó en Capilla del Monte? El papá y la mamá de Cecilia, Daniel Basaldúa y Susana Reyes, están cargados de bolsas, llenas de carteles con el rostro de su hija, multiplicado. Son como una red que se estira a lo largo de esos 868 kilómetros que conectan a Buenos Aires con el noroeste de Córdoba. El camino recurrente que transitan para llegar a la verdad..

Sin previo aviso, adentro del edificio de Tribunales Daniel y Susana se anuncian. Quieren ver al todavía fiscal Nelson Lingua, quien aún está a cargo de la investigación de la causa, antes de que asuma como nueva fiscal, Sabrina Ardiles. Afuera todavía se respira la niebla. La espera alerta a los policías. Quieren saber si van a venir más personas.

      – Lo hacemos para cuidarlos –dice la mujer de uniforme.

Piden datos, intentan tomar nota de lo que es una rutina inventada.

–La policía a nosotros no nos cuida –reacciona Susana y en un intercambio sin sentido, se alejan.

Silvia Rivero es la prosecretaria de la fiscalía, se acerca afuera y los llama. El fiscal se hizo un lugar en la agenda del día viernes. Adentro, el reflejo del piso de tribunales es como un espejo que se extiende, entre mocasines, tacos, alpargatas y zapatillas.

La preocupación de la familia es evidente. El recibimiento del fiscal es cordial. Se explica ante los recientes cambios que pronostican para el mes de mayo a Sabrina Ardiles, como la persona que estará sentada en el mismo sillón inmenso de cuerina, desde donde ahora, les habla Lingua. La dra. Rivero, también explica, y confirma que nunca se dejó de investigar. La necesidad de la confianza es una tregua durante esa hora de reunión, los tecnicismos se suspenden y las palabras se abren en una cronología de datos, guardados en la memoria indeleble de Daniel Basaldúa.

5 años sin Cecilia Gisela Basaldúa: crónica desde Cruz del Eje

La medida del tiempo de la causa, son las fojas de expedientes que se acumulan. La inspección judicial realizada en el mes de agosto del año 2024, por los posibles lugares donde Cecilia pudo haber estado en Capilla del Monte antes de su muerte, dejó en evidencia la dudosa hipótesis de la anterior fiscal de Instrucción de Cosquín, Paula Kelm, quien había asegurado que Cecilia había llegado por sus propios medios al lugar donde apareció sin vida. Mientras que en el transcurso de estos años, cada vez son más los policías que estuvieron en la búsqueda e investigación, presos por violencia de género:

Adrián Luquez, ex sub comisario, detenido por amenazas con armas de fuego a su pareja. Hoy en libertad, se fue a vivir a San Luis. Ariel Zárate, ex sub comisario de la Brigada de Investigaciones de la Departamental Punilla Norte –preso por violencia de género.  Diego Concha, ex director de Defensa Civil, encargado de la búsqueda –condenado a prisión perpetua por el crimen de Luana Ludueña y por la causa de violencia de género hacia su ex mujer, y Diego Bracamonte, ex comisario departamental, a cargo del operativo de la búsqueda –preso por violencia de género.

El tiempo de la justicia es una curva enredada, en apariencia, inofensiva. El tiempo de la justicia es el de las burocracias que definen su forma de proceder. El tiempo, es de una lentitud que lastima. Las letras se vuelven a guardar.

Son las cuatro de la tarde y el sol avanza en la siesta de Capilla del Monte. En la plaza San Martín, alrededor del Jardín de la Memoria, se arman los gacebos, se pone un aguayo, se llena de flores. Rojas, amarillas, lilas, celestes, el monte aún está florecido. Contrayerba, lavanda, romero, palo amarillo, incayuyo, ruda, los sahúmos se arman. Una compañera comienza a preparar el fuego.

Más lejos, sobre la calle Pueyrredón, en la puerta de la Secretaría de Turismo, la concentración crece. Llegan de todas las direcciones. Con tambores y repiques, con banderas y ofrendas. Una combi estaciona, descienden vecinos y vecinas que subieron en Córdoba y en distintas partes del Valle de Punilla.

5 años sin Cecilia Gisela Basaldúa: crónica desde Cruz del Eje

La batucada suena, es un comienzo en cuenta regresiva. La marcha avanza a contramano. Hay una indignación que toma el ritmo de los tambores, trepa en el repique y todo se hace canción. La calle techada de Capilla del Monte es un anfiteatro de barricadas. Los sonidos viajan a través de la mejor acústica para el reclamo: ¡Vecino, vecina, no sea indiferente nos matan a Cecilia en la cara de la gente. Cecilia presente!

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“Este es un día especial y este lugar es especial porque tiene mucho que ver con lo que le pasó a Cecilia”, comienza Daniel en la puerta de la comisaría de Capilla del Monte, “hay muchos policías involucrados en el caso. Ya lo hemos denunciado muchas veces, pero parece que no alcanza”, dice mirando a los uniformados que permanecen parados como  granaderos.

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Daniel les recuerda que durante el año pasado, la policía de Capilla debió haber realizado  notificaciones a tres personas para declarar en los Tribunales de Cruz del Eje, pero no lo hicieron. Las testimoniales pudieron efectivizarse, porque intervinieron los abogados de la querella, Daniela Pavón y Gerardo Battistón. En ese mismo reclamo, la abogada Pavón  se acerca y también hace pública la falta de atención institucional que hay para las víctimas de violencia de género en la localidad.

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Susana, Daniel y Daniela Pavón

La familia de Ezequiel Castro, asesinado por la policía de Córdoba, se adelante y los abraza. Alguien grita que ahí mismo, en la comisaría, apareció ahorcado Jorgito Reyna, hace 12 años, atado con la manga de su campera a la reja de una ventana, pocos centímetros más alta que él. Que su causa, también sigue impune y que los golpes que tenía no fueron suficientes para demostrar  que lo habían torturado. Que a pesar de no bajar los brazos, las familias sienten que el duelo es un proceso tan profundo, como inacabado.

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Susana y Daniel permanecen frente a una multitud, observan hacia adelante y hacia atrás. Saben que la comisaría es señalar lo que siempre llega al mismo lugar: complicidad. “A las chicas les pedimos que no tengan miedo, que denuncien -acentúa Susana- que no se dejen asustar con los policías ni con nadie, nadie tiene derecho a venir a violentarnos”.

 El espacio público es un canal clave para recordar que los asesinos de Cecilia están libres, “y que muchos andan dando vueltas por acá”, dice Daniel y remarca que no dejarán de venir a Capilla del Monte, hasta que los responsables del femicidio de su hija, estén presos.

La llegada a la plaza San Martín es un círculo de candombe que la nombra. Hace cinco años que se insiste en las mismas palabras, como un tajo que se abre en el cemento, una cicatriz que se agranda en medio de la incertidumbre: ¿Qué pasó con Cecilia?

Tal es el encubrimiento que las responsabilidades se hacen obvias.

La ronda se acerca al altar. Es un asedio a la justicia que falta. Desde el micrófono se invita a dejar una ofrenda en memoria de Cecilia, a conjurar entre todas y todos ese momento, esa memoria. En el  centro de una plaza que se anochece, resuena una voz grabada -desde algún punto del Abya Yala- Lolita Chávez, lideresa maya de los pueblos K’iche de Guatemala, habla entre los yuyos que comienzan a perfumar lo que no se puede detener. Cada rama seca que se enciende se hace una intención, un pájaro que se dispara, restos del día que se van:

 “Hoy 25 de abril levantamos nuestra fuerza sagrada, y nuestro poder popular feminista. Reconociendo la memoria, la historia, el vientre en la sangre, de Cecilia Basaldúa. Ese femicidio no debe quedar en la impunidad (…). Con la fuerza de nuestras ancestras, con los fuegos sagrados que encendemos, levantamos nuestra expresión de indignación  y lo comunicamos a los cuatro puntos cardinales. Para que nunca más haya este tipo de violencias contra nuestras vidas”.

Las copleras y la poesía toman el escenario. Las y los músicos hacen de Cecilia esa canción y en el centro del caldero caliente, el humo abre el cielo: hay una memoria que se desprende y una vida que cambió de idioma.

5 años sin Cecilia Gisela Basaldúa: crónica desde Cruz del Eje

En medio del algarrobo que sostiene los carteles de Memoria, Verdad y Justicia, una placa de cerámica con el rostro de Cecilia, también observa. El día queda atrás y en el fondo de la noche, las palabras todavía están en suspenso, son un silencio que pronto dirá.


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