Nota
Comunidades mapuche en días de cuarentena: la realidad más acá de las medidas
La antropóloga de CONICET Mariel Bleger recopila en este artículo voces de distintas comunidades mapuche de la norpatagonia, varadas y sin alimento. Cuáles son las dificultades para llevar a cabo el aislamiento, y las estrategias para aferrarse a la vida: la tierra, los animales, la naturaleza. Cómo es la atención en hospitales sin recursos, en una provincia que viene incumpliendo pagos a estatales, entre ellos personal médico. La conexión con el planeta, la autonomía alimentaria y la resistencia ancestral, más acá de los hashtags.

Por Mariel Bleger. Antropológa. CONICET. Equipo de Comunicacion Al Margen.
En los últimos días distintos grupos de investigación del país comenzaron a relevar cómo se veían afectadas las comunidades indígenas con las que vienen trabajando y caminando a partir del decreto presidencial de aislamientos social. La posibilidad de pensar otras realidades a las que salen en los medios, con problemáticas concretas y palpables en el devenir cotidiano se volvió urgente. Nuevamente las naciones indígenas y sus comunidades se disputan un lugar en una agenda social que históricamente tiende a invisibilizarlos.
Desde hace unas semanas el Coronavirus y sus consecuencias han ido permeando todas las columnas periodísticas de los diarios del mundo, así como los de nuestro país. La construcción de un modo de aislamiento se ha instalado en el imaginario nacional. Definiendo qué es una casa, cuáles son las problemáticas de los sectores más vulnerables a esta economía en crisis, problematizando la educación a distancia y hasta habilitando líneas telefónicas en caso de efectuarse la violencia machista. Es decir que, frente a la supuesta condición que nos igualaba por el aislamiento, distintos relatos comenzaron a cuestionar ese estado como un privilegio de clase y género.
Fue el momento en que esas narrativas aparecieron en el centro de la escena (a partir de fotos de personas en situación de calle, o mujeres viviendo en condiciones de hacinamiento, incluso evidenciando la cantidad de personas que no cuentan con acceso a agua potable) donde cierta idea de confort se vio retrucada por realidades adversas. A medida que estas imágenes circularon pareció que el abanico de personas que conforman la sociedad estuvo representado por distintas voces y crónicas periodísticas. Sin embargo, la historia se vuelve a repetir: muchas mujeres, hombres y niñes pertenecientes a naciones originarias no parecen entrar en un hashtag y tampoco en la construcción de alteridad.
¿Será en parte porque esa casa incluye, en el mejor de los casos, un territorio recuperado, el cuidado de animales, la provisión de alimentos para ellos y para las familias que viven en la comunidad y la posibilidad de incluir en un territorio muchas naciones de una vez por todas?
“Las personas con las que conversamos coinciden, en general, en que la vida cotidiana de sus rutinas y trabajos no se ve mayormente modificada por la cuarentena. Dentro de los territorios familiares, las personas siguen llevando a cabo sus tareas y actividades rurales. Todas informaron estar cumpliendo la cuarentena por unidad familiar, estableciendo mínimos contactos con otras personas. Todas las comunidades se informan por Radio Nacional, y algunas por televisión o por redes vía celular. Los centros de salud están cumpliendo una función central en la comunicación”, cuenta una de las Antropólogas del grupo GEMAS, uno de los equipos que llevó a cabo este relevamiento entre más de 20 comunidades mapuche-tehuelche en las provincias de Río Negro y Chubut.
Si bien el informe se planteó para que las comunidades pudiesen contar sus preocupaciones en el marco del panorama presentado por el coronavirus, los contextos no son fotografías de un momento, sino más bien resultado de distintos procesos. En este sentido, son varias las comunidades de Río Negro y Chubut las que han venido soportando -con efectos directos en sus economías- situaciones extraordinarias o excepcionales los meses anteriores a la pandemia.
Este es el caso de la invasión de la plaga de tucuras en la zona de Cushamen –afectando a varias comunidades de Colonia Cushamen–, el florecimiento de la caña colihue en la zona de Villa La Angostura que afectó a los Quintupuray, la sequía del río Lepa en los alrededores de Gualjaina, la represión policial en la Lof Lafken Winkul, el hostigamiento de privados en la Comunidades de Costa de Lepa, Buenuleo y Quijada, las amenazas de las represas hidroeléctricas en Pillan Mahuiza, el corrimiento de alambres en favor de estancieros en la comunidad Pichiñan entre otros.

Autonomía alimentaria, en peligro
Como contrapunto de las largas filas en los supermercados, las comunidades rurales se organizan teniendo en cuenta los tiempos de siembra, las invernadas y veraneadas. En este panorama de cuarentena las divisiones sociales y económicas de las tareas se ven afectadas. En los meses de marzo y abril las mismas consisten, por un lado, en ir cerrando las ventas de sus frutos, en aprovechar las últimas semanas del turismo y concentrar las actividades productivas que se irán restringiendo a medida que llegan los meses más fríos. Por el otro, en invertir lo ganado en el verano para proveerse para el invierno.
“Nosotros seguimos teniendo las costumbres de antes, entonces en estas épocas es acopiar, acopiar y acopiar y sobre todo en la comida, si se llegara a extender tendríamos que ver cómo hacemos…” (mujer mapuche de comunidad Ranquehue, Río Negro)
La mayor parte de las comunidades rurales están sobrellevando estos días con el autoconsumo de sus huertas y muchas menos, con el ganado ovino. Algunas de las comunidades cercanas a Esquel, en Chubut, plantean el abastecimiento de alimentos como su principal dificultad para sobrellevar la cuarentena. Explican que la circulación limitada de camiones por las rutas está dejando sin reservas a los locales de la región. Las personas de las comunidades deben movilizarse hasta Esquel para comprar alimentos, y estos traslados están cada vez más controlados. “Hay familias nuestras que dependen de lo que cosechamos en nuestros campos, y si nos cierran los pasos no podemos llevar el alimento a nuestros parientes en las ciudades”. Otra preocupación es la atención de animales: “Muchos de los accesos a las comunidades están cerrados. En unas semanas, la imposibilidad de conseguir forraje para los animales nos va a traer consecuencias más serias.” Por la zona más cercana a Bariloche una de las mujeres pertenecientes a una recuperación territorial cuenta: “Nosotros nos manejamos a dedo muchas veces para ir desde el campo a la ciudad, comprar alimentos o hacer algunos trámites impostergables. Con esta situación quedamos aislados del todo porque no circulan autos y los pocos que hay no quieren levantarnos por miedo a que los paren”.

El no acceso a la salud
Según el informe realizado entre las comunidades de Chubut respecto al acceso a la salud, varios de los integrantes de las comunidades identificaron dos problemas: por un lado, luego del decreto presidencial que dictó la cuarentena, los agentes de salud dejaron de salir a terreno (se atiende en el hospital), por lo que algunos miembros de las comunidades expresaron que, por la falta de ingresos para abastecerse de nafta, no estaban pudieron ser atendidos (en todos los casos son varios kilómetros de distancia). Por el otro, en los hospitales también están escaseando los medicamentos, aun cuando estos suelen ser encargados con días de anticipación.
Si bien desde los canales de difusión se está llamando al lavado e higiene permanente, la mayor parte de las comunidades dijo que no hay disponibilidad –en los locales de comercio de la región—de termómetros, lavandina, alcohol en gel, jabón y bidones de agua; elementos que, frente a la pandemia, consideran imprescindibles en el territorio de sus comunidades. La cuarentena se vive con más agravantes económicos en las zonas donde no pudo llevarse a cabo el abastecimiento acostumbrado para el inicio del otoño. Frente a esta situación distintos agentes estatales reflexionan: “La provincia de Chubut viene incumpliendo pagos de salarios desde hace muchos meses, lo que agrava profundamente la situación para quienes reciben ingresos de la provincia. Al mismo tiempo al no estar cobrando, los médicos y otros empleados provinciales de la salud están afrontando la pandemia con sus esfuerzos personales.”
Propuestas y realidades
Respecto a los planes y estrategias de sustento económico que desde el gobierno en las comunidades hay dificultades concretas para sobrellevar el aislamiento.
En épocas de crisis productivas, como la que está generando la cuarentena, las jubilaciones, los planes sociales y los trabajos informales funcionan como sostén familiar; entran dentro de la organización económica a largo plazo para poder seguir viviendo de trabajar la tierra. Por esta razón, muchas comunidades expresan preocupación por no poder trasladarse al banco a cobrar. Por un lado porque no todos tienen tarjeta para cobrar en cajero, por otro porque las distancias kilométricas implican controles policiales y presencia de caminos cerrados.
En distintos lugares del mundo se llama a la conciencia por el cambio visible en la naturaleza a partir de la reclusión humana; se invita a conectar con la tierra y sus posibilidades de producción autónoma; se hace un llamamiento a la reflexión sobre nuestro accionar, a hablar con quienes se comparte el proyecto familiar.
Todas cosas que las comunidades mapuche y tehuelche de norpatagonia vienen haciendo hace más de 500 años.
Solo que desde allí no se viralizan los hashtags.

Nota
Cuatro años sin Tehuel: ¿dónde está?

El 11 de marzo de 2021 Tehuel de la Torre, un joven trans de 21 años que soñaba con un trabajo para construir su hogar y formar una familia, salió de su casa de San Vicente, a 51 kilómetros al sur de la ciudad de Buenos Aires, a la dirección de una persona que le había ofrecido empleo. Fue la última vez que se lo vio.
La transformación de una identidad, de un cuerpo, y la búsqueda de trabajo, chocaron con el odio, el crimen y una desaparición más en democracia. El año pasado hubo un juicio con condena a prisión perpetua para uno de los acusados. Las reflexiones de Norma, la mamá de Tehuel, y los detalles de un fallo tremendo que explica el caso y brinda a la vez una lección sobre el presente: “¿Cómo te lo puedo decir? Llegó el juicio pero no tengo cuerpo. No tengo a mi hijo. Y es más duro que si vos tenés el cuerpo porque sabés que por lo menos le podés llevar una flor. Llorar ahí. Yo no. Hasta a veces pienso que va a entrar por esa puerta. Y no. Toda la prueba dio que lo mató, ¿pero dónde busco ese cuerpo?”.
Por Lucas Pedulla
Foto: Juan Valeiro / lavaca.org

Los perros cachorros y saltones saludan del otro lado de la cerca –unas cañas con alambre– moviendo la cola. Una gatita flaca y negra con ojos vivos se asoma a través del umbral de una puerta que se abre ni bien un auto que no es del barrio se estaciona sobre la calle de tierra. Del lado izquierdo, las paredes son de madera. Del lado derecho, ladrillo grueso. El techo es de chapa con planchas de telgopor en el interior, y alrededor hay cientos de plantas porque Norma Nahuelcura, la mamá de Tehuel, dice que las colecciona.
“Antes tenía muchas más”, sonríe. En el patio hay materiales de obra y dentro de la casilla hay bolsas de cemento apiladas debajo de un cuadro que le regaló un vecino que trabaja en la Quinta de Perón. Hace unos días empezaron los albañiles, lo que quiere decir que Norma hace tres años está luchando en estas condiciones.
El 11 de marzo de 2021, su hijo Tehuel de la Torre, un joven trans de 21 años que soñaba con un trabajo para construir su hogar y formar una familia, salió de esta casa de San Vicente, a 51 kilómetros al sur de la ciudad de Buenos Aires, a la casa de una persona que le había ofrecido empleo. Fue la última vez que lo vio.
Desde entonces, Tehuel de la Torre es un desaparecido.
Su sonrisa –en fotos, en murales– se convirtió en bandera. Norma, acompañada de organizaciones sociales, a través de Familiares y Amigos de Tehuel en el Frente Orgullo y Lucha, encabezó el pedido de justicia, que el año pasado tuvo una sentencia histórica. El 30 de agosto del 2024, el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 2 de La Plata condenó a prisión perpetua a Luis Ramos por homicidio calificado por haber sido cometido por odio a la identidad de género. Dos días antes el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, había dicho que “la diversidad de identidades sexuales que no se alinean con la biología son inventos subjetivos”.
El fallo fue contundente: no solo fue el primero en el país que incorporó el odio a la identidad de género, sino que tomó como agravante la desaparición del cuerpo.
Entender qué significa es lo que explica Norma, entre plantas y materiales de una casa que está empezando a construir, mientras sigue buscando a su hijo.
Estallido
«No es que estoy contenta, pero el fallo sí fue un alivio para mí”, ubica Norma. A su lado está Mónica Galván, la persona que la acompañó a todos lados y fue clave para tejer la red de afecto y militancia con la que se bordó el juicio: “A Tehuel lo asesinan en un contexto de extrema vulneración y lo desaparecen cuando lo que intentaba es ir a buscar trabajo. Al Estado le estalla en la cara esa desaparición. La fuerza de las organizaciones fue lo que permitió cristalizar el reclamo. Sin ellas, no hubiéramos llegado”.
Norma coincide: “Necesitábamos una condena fuerte, no que cumplan nueve años y salgan. Las pruebas fueron contundentes. Le dieron la condena porque realmente lo mató. Y por odio”.
Ramos fue el único acusado en este juicio. Su amigo Oscar Montes también está acusado, pero tendrá un juicio por jurados, aún sin fecha. “Es una revictimización para Norma –apunta Mónica–. Hay que aclarar que este juicio, además, tenía fecha para 2027, pero reclamamos y logramos que se adelante, en plena feria judicial. Fue una respuesta contundente”.
El veredicto tiene 83 páginas.
Los indicios
La defensora de Ramos planteó en el juicio que sin cuerpo no podía acreditarse la muerte porque no existían pruebas “directas e inmediatas” de ello.
El presidente del tribunal, Claudio Joaquín Bernard, que lideró el voto del fallo (acompañado por el juez Ramiro Lorenzo y la jueza Silvia Hoerr), no lo compartió y argumentó:
- “No debe confundirse ‘cuerpo del delito’ con la prueba del mismo, pues aquel es objeto y no medio de prueba. De allí, por ejemplo, que los rastros o vestigios en sí mismos no deben probarse, pues ellos son justamente los medios con que se acredita el cuerpo del delito”.
- “Por ello es que, tratándose de un homicidio, el cuerpo del delito no es el cadáver, ni los instrumentos, rastros, huellas, etc., ni las piezas de convicción, sino el hecho de que alguien haya sido muerto por obra de otro, esto es la acción consumada de matar a un hombre, con todos los elementos constitutivos: acción u omisión, nexo causal y resultado típico. El resto, concierne a la prueba”.
- “Lamentablemente, al día de hoy el cuerpo de Tehuel de la Torre no ha aparecido, pero existen indicios precisos y contundentes que permiten tener por acreditado no solo que lo mataron entre las últimas horas del día 11 y las primeras del día 12 del mes de marzo del año 2021 en la casa ubicada en la calle Mansilla N° 1203 de la localidad de Alejandro Korn, sino que Luis Alberto Ramos es uno de sus autores penalmente responsables”.
¿Qué valoraron los jueces para sostener esta argumentación?
Geolocalización del crimen
El juez enumera:
- La acreditación de que Tehuel el 11 de marzo de 2021 salió de su casa para dirigirse a la de Ramos, quien lo había convocado para participar como mozo en un evento conociendo su necesidad de trabajo. Toma como “incuestionables” las declaraciones de la pareja y la tía del joven, la visualización de las cámaras del colectivo de la empresa San Vicente, y el informe de la tarjeta SUBE (que ubica a Tehuel en la línea 435, pasadas las 19 horas, sin movimientos posteriores).
- La geolocalización del celular, que apareció entre las 19.49 y las 00.24 del día siguiente a muy pocos metros de la vivienda de Ramos, en Alejando Korn, donde dejó de funcionar. Del móvil de Ramos se extrajo además una selfie en la que se lo ve con Tehuel y Montes (el otro acusado) alrededor de una mesa. Para la justicia, esto prueba que Ramos mintió cuando dijo que solo había visto unos minutos al joven para decirle que el evento se había cancelado. Luego, en otras imágenes, Ramos aparece bailando frente a “una persona que continúa sentada que no puede ser otra que Tehuel”, por su vestimenta.
- En la ligustrina que rodea la casa de Ramos, la justicia encontró restos calcinados de la campera que llevaba puesta Tehuel. En una zanja de la vereda hallaron también la carcasa quemada de su celular. La pareja los reconoció como elementos pertenecientes al joven.
- El juez estimó “de indubitable contundencia probatoria” una muestra de manchas hemáticas halladas en las paredes de la vivienda de Ramos. El informe estableció que se trataba de sangre humana y las pericias determinaron que correspondía en un 99,99% a un hijo de Norma y Félix, mamá y papá de Tehuel: “Adviértase que ninguna explicación, fuera de la muerte violenta de la víctima, resulta plausible para justificar la existencia de tales manchas hemáticas, que observables a simple vista, en forma de gota y a una altura aproximada de un metro cincuenta, se encontraban en la pared interior de la casa que habitaba Luis Ramos”.
- La “actitud de fuga” asumida por Ramos después de la desaparición.
- Finalmente, el juez destaca que luego de salir de su casa en dirección a lo de Ramos, Tehuel nunca más volvió a ser visto.
Ramos había integrado el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) local. Tehuel lo conocía y habían coincidido en marchas. Una integrante de la organización declaró como testigo en el juicio que había pedido que apartaran a Ramos porque le había llegado el rumor de que vendía cocaína. A su vez, la ex de Ramos declaró que había abusado de su hijo y que perdió a su bebé “como consecuencia de los golpes que le propinó”. Al tribunal tampoco se le escapó un antecedente: Ramos tenía otra condena por homicidio en 2009.
Odio
Los jueces no tienen dudas: “El hecho descripto en el veredicto constituye el delito de homicidio calificado por haber sido perpetrado por odio a la identidad de género en los términos del art. 80 inciso 4° del Código Penal”.
Citan jurisprudencia internacional:
- “La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte I.D.H.) ha analizado en profundidad en diferentes fallos el concepto de violencia por prejuicio contra las orientaciones sexuales e identidades de género diversas y las personas cuyos cuerpos no se ajustan a los estándares sociales de corporalidad femenina o masculina. Muchas manifestaciones de estas violencias se presentan en el deseo del perpetrador de castigar dichas expresiones o comportamientos que difieren de los ‘estándares tradicionales’ o que son contrarios al sistema binario hombre–mujer”.
- “El informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (C.I.D.H.) hace especial énfasis en que la mayoría de las personas trans se encuentran inmersas en un ciclo de violencia, discriminación y criminalización que comienza desde muy temprana edad, por la violencia y exclusión sufrida desde sus hogares, centros educativos y dentro de las comunidades en donde desarrollan sus actividades”. El juez cita las dificultades que tenía Tehuel para encontrar trabajo. Su pareja declaró: “Fuimos a un supermercado, fue a pedir trabajo y le dijeron que no porque se podía arrepentir de su orientación sexual y podía quedar embarazada”.
- El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha señalado que la violencia contra las personas LGBTIQ+ constituye “el deseo de castigar a quienes se considera que desafían las normas de género”.
- Los jueces agregan que la discriminación por razones de orientación e identidad sexuales pueden contribuir a “deshumanizar” a la víctima. Entendieron en este punto de “vital relevancia” la declaración de la militante del MST que señaló lo que Ramos dijo sobre la identidad sexual adoptada por Tehuel: “Qué desperdicio de mujer”. La frase “no pasó desapercibida” al tribunal, explican, como tampoco que la mujer le dijo a Tehuel que se cuidara de Ramos.
- Los jueces entienden que este “desprecio” no es exclusivo de nuestra sociedad, y citan un fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos contra Georgia por un ataque homofóbico en el Día Internacional contra la Homofobia, bajo la anuencia de la policía local, en un aviso por elevación de que los estados son responsables.
- Recuerdan además los magistrados el Principio N° 24 de Yogyakarta, que “reconoce el derecho de toda persona a formar una familia con independencia de su orientación sexual o identidad de género, y que ninguna de ellas puede ser sometida a discriminación basada en la orientación sexual o identidad de género de sus integrantes”.
Llegan así a la dimensión del horror: “Ramos no se quedó con la retórica de las palabras ofensivas hacia Tehuel sino que llevó su odio al acto de provocarle la muerte. Y aun más allá, pues hizo desaparecer su cuerpo, impidiendo de tal modo el duelo de su familia y amigos ante tan dolorosa pérdida, procurando borrar todo vestigio de su accionar delictivo”.
El engaño
¿Por qué es un agravante? Explica la sentencia:
“Los hechos de la vida, lamentablemente, nos muestran que es posible la comisión de un homicidio de las características apuntadas pero acompañado de circunstancias que reflejan una gravedad tal que supera la captada por el tipo. Ramos no sólo le quitó la vida a Tehuel motivado por el odio a su identidad de género, sino que hizo desaparecer lo único tangible que queda de un ser humano cuando muere, impidiendo de este modo que sus seres queridos puedan tener su cuerpo para vestirlo por última vez, velarlo y despedirlo, tener sus restos sepultados o las cenizas de su cremación que simbolizan su presencia en este mundo. Pero, además, la imposibilidad de que la familia pueda certificar con sus sentidos que Tehuel fue efectivamente asesinado crea la ilusión –apoyada en la irracionalidad del sentimiento y la fe– de que puede estar vivo en algún lugar, de modo tal que impide a cada uno de sus seres queridos –en mayor o menor medida– alcanzar esa paz que solo se logra cuando la razón nos muestra que las cosas ya no pueden cambiar y que no hay nada que se pueda hacer al respecto. Este ocultamiento se transforma en un engaño para quienes lo buscaron y lo siguen buscando, al punto tal que se extendió al poder político del Estado provincial que siguió ofreciendo recompensa por su hallazgo tras varios años de su desaparición”.
Vida de psicópata
Norma se mira las manos: “¿Cómo te lo puedo decir? Llegó el juicio pero no tengo cuerpo. No tengo a mi hijo. Y es más duro que si vos tenés el cuerpo porque sabés que por lo menos le podés llevar una flor. Llorar ahí. Yo no. Hasta a veces pienso que va a entrar por esa puerta. Y no. Toda la prueba dio que lo mató, ¿pero dónde busco ese cuerpo?”.
Afuera, el canto de los pájaros acompaña este silencio. Mónica piensa: “Esto no es solo un asesinato, es mucho más profundo. Acá hay personas que van a quedar sufriendo de por vida porque no saben dónde está su ser querido. Tenemos asumida la muerte desde que nacemos, pero la desaparición es lo más antinatural que puede haber”.
Ramos no habló en todo el juicio. “Y no va a hablar –dice Norma–. Ya los expertos dijeron cómo es”. Norma se refiere a los peritos que declararon en las audiencias. Uno manifestó que “no podría hablar de sentimientos” en la actitud de Ramos. Sobre la “estructura psíquica” del asesino, los jueces ponderaron este fragmento: “No es neurótica para mí. (…) no se angustiaba. Y el que no se angustia, no se angustia, ante el dolor ni ante nada. La vida de un psicópata es una vida interesante, porque si le dicen: ‘vas a estar veinte años preso’, no va a llorar (…) no es afectivo, es manipulador. Se pone por encima de otro, tratando de mostrar una fachada, de mostrarse superador”.
Norma dice: “El único que esperemos que diga algo es Montes”.
¿Esperás eso?
–Ojalá. Es un pálpito que tengo siempre: que algo va a decir.
¿Qué pasaba si buscaban?
Mónica ubica el peso del fallo: “Es un contexto de odio, de discriminación. Nos quieren desmantelar. Fue un mensaje enorme para revalidar las conquistas y las decisiones disruptivas desde un DNI hasta el matrimonio igualitario en una sociedad pacata. El mensaje de la justicia fue superador”.
Destaca la amplitud que tuvo el proceso al escuchar los reclamos, los enfoques y la perspectiva que construyó todo el movimiento. Ambas ponderan el trabajo del fiscal Juan Pablo Caniggia y de su equipo de abogadas.
Sobre la organización desde la comunidad: “Estamos en un pueblo lejos de todo. La desaparición fue una explosión. Casi no hay organizaciones sociales. Rompió la quietud. Empezó a moverse todo”. Todos los 11 de cada mes, desde 2021, hacen bocinazos en las calles principales.
El valor de sostener, porque hay un momento en que las cámaras se apagan: “Hicimos mucha movida con pocos recursos y cero plata. Viajábamos en tren, lo preferíamos, porque no queríamos deberle nada a nadie. Ahora al gobierno le interesa que estemos porque Norma es una bandera de triunfo. Nosotros no lo tomamos así porque siempre lo que hubo fue una búsqueda de justicia. Pero cuando se ganó el juicio todos querían a Norma. Antes no. Norma necesitaba más respuesta, en sus necesidades económicas diarias. Vos, Estado, por inoperancia hacés que desaparezca un hijo; bueno, resolveme otras cosas, porque así no vas a tener un Tehuel, vas a tener muchos más. Estoy un poco enojada porque no estuvieron a la altura de una mamá que busca a su hijo”.
En el fallo, el Tribunal le corrió al Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires las medidas de reparación integral que peticionó el fiscal:
1) la creación de un protocolo específico de búsqueda de personas LGBTIQ+ desaparecidas, con enfoque de diversidad sexual y de géneros;
2) la declaración de la emergencia social sobre violencia por prejuicios hacia las personas travesti trans.
Hubo reuniones para motorizar estos pedidos. Mónica: “Queremos la Ley Tehuel de búsqueda de personas. Porque a Tehuel lo buscaron después de cuatro días desaparecido. No es un dato menor. ¿Qué pasaba si lo buscaban inmediatamente?”.
Miguel Bru. Iván Torres. Luciano Arruga. Santiago Maldonado.
La misma pregunta, que siempre continúa sin respuesta.
El ministerio no respondió los pedidos de entrevista de MU.
Para adelante
Norma actualmente está sin trabajo. “Yo tengo que meterle para adelante. Tengo hijos, tengo nietos y tengo que hacerlo por Tehuel. La lucha la voy a seguir –dice y repite–. Se lo extraña. Pero no quiero dejarme estar. Por lo menos seguir estudiando”.
¿Qué estudiás?
–Estoy terminando la secundaria para adultos.
También es sostén de otras mamás que se le acercan. “Me dicen que no quieren saber más nada, que están cansadas. Les digo que no, que cuando se levanten a la mañana piensen en su hijo. Yo tampoco quiero levantarme a veces, pero tengo que hacerlo. Por Tehuel. Hay mamás que me dicen que no quieren seguir. Pero hay que hacerlo”.
El juicio a Oscar Montes aún no tiene fecha. Mientras tanto, continúa la búsqueda: “A Tehuel lo seguimos buscando. La causa sigue abierta”.
Norma saluda del otro lado de las cañas, los cachorros, las plantas, los materiales y la gatita. Y anuncia: “Donde haya novedades, ahí estaremos”.
Nota
Continúa el destierro mapuche: Desalojan a otra comunidad para favorecer a un empresario forestal

La lof Quemquemtrew, en Cuesta del Ternero, El Bolsón, fue desalojada tras la denuncia del empresario Rocco, que ocupa esas tierras fiscales y goza de impunidad judicial, con aval político. El fallo que da la razón a la comunidad, versus las presiones que reconoció la fiscalía local a la comunidad mapuche. El testimonio de sus integrantes, y la relación con los recientes incendios. La voz de la abogada que desmiente las relaciones con la RAM y el «circo» montado para justificar el despojo con argumentos racistas. El post del gobernador Weretilneck, alineado a la bajada de Nación, y las amenazas a los pobladores locales. Una de terror que sucede en la Patagonia, donde las comunidades originarias se encuentran sin ley y sin derechos, y con cada vez menos territorios. «Vamos a presentar una medida cautelar para volver a nuestro territorio lo antes posible”.
Por Francisco Pandolfi
El 10 de diciembre pasado, Javier Milei derogó la ley de Emergencia Territorial Indígena dando así vía libre a los desalojos de las comunidades originarias y allanando el terreno para el destierro, sobre todo del pueblo mapuche y sobre todo en la Patagonia. Ayer, el Gobierno de Río Negro, mediante un despliegue de más de 150 agentes de la Policía provincial, dio un nuevo paso en ese sentido: desalojó de sus tierras a la comunidad Quemquemtrew, en el paraje Cuesta del Ternero, El Bolsón.
El operativo se realizó por orden judicial tras una denuncia del empresario forestal Rolando Rocco, que ocupa esas tierras fiscales desde hace años, gozando de beneficios tanto por parte del Ejecutivo como de la Justicia. En noviembre de 2021, dos empleados de Rocco atacaron a la comunidad y asesinaron a Elías Garay e hirieron de gravedad a Gonzalo Cabrera, dos de sus integrantes.
La voz de la comunidad
Romina Jones es integrante del lof Quemquemtrew, pero no habla con lavaca desde ahí. “Nos dejaron sin nada”, comienza.
¿Qué hay detrás de este despojo?
Los intereses de un empresario forestal, Rolando Rocco, a quien la provincia prácticamente le regaló más de 2500 hectáreas en Cuesta del Ternero, en un proceso de muchísimas irregularidades. A un fiscalero (quien ocupa tierras fiscales) se lo obliga a vivir en el lugar, pero él vive incluso en otra provincia (Chubut); a un fiscalero se le otorga un terreno único, pero a él le dieron diferentes porciones de la Cuesta, un montón de parcelas. A un fiscalero también se le exige que tenga buena relación con sus vecinos, pero él tiene denuncias de varios por amenazarlos con armas de fuego y armas blancas. Y ni hablar que él fue quien contrató a las dos personas que entraron al territorio a matar a Elías (Garay, asesinado en noviembre de 2021). La Justicia lo eximió, pero la vinculación es evidente, no sólo por sus amenazas previas de que lo iba a hacer, sino que su abogado es el mismo que defiende a uno de los asesinos de Elías. En ese crimen también estuvo involucrado el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio de Seguridad provincial, ya que los autores materiales eludieron, portando armas de fuego, varios retenes policiales, en un momento donde nadie podía pasar. Hubo una cadena de responsabilidades que nadie las paga, como las hay ahora también con el desalojo de ayer. Hicimos varios reclamos a la Dirección de Tierra de Río Negro, pero es un organismo que ha venido regalando grandes extensiones a distintos empresarios, como es el caso de Joe lewis (el magnate británico que tiene la llave de Lago Escondido). Nosotros teníamos todas las de ganar, pero sin embargo nos desalojaron.
¿Por qué tenían todas las de ganar?
Porque estamos en territorio mapuche y eso fue reconocido por la jueza Romina Martini en la sentencia del juicio. Habló de nuestra ancestralidad, nos reconoció como comunidad mapuche, el derecho a reagruparnos, la necesidad de desarrollar la espiritualidad, pero ni eso alcanzó. El fallo que ordena el desalojo es una gran ironía, que se explica por los aprietes que hay hacia el Poder Judicial, que no es autónomo, sino que se inclina según las presiones políticas. Desde la propia fiscalía nos reconocieron las presiones del gobernador y de su partido Juntos Somos Río Negro.
Circo y mentiras
Andrea Raile integra la Liga Argentina por los Derechos Humanos y es la abogada que representa a la comunidad Quemquemtrew. Dice que le gustaría que algo quede bien claro: “Tiene que dejar de hablarse de desalojo porque aunque la sentencia de la jueza sí ordenó la desocupación del predio, lo que hizo la lof fue un cumplimiento voluntario de la sentencia”. Se pregunta y se responde: “¿Qué significa esto? Significa que tanto el operativo que hizo ayer la provincia de Río Negro llevando tantos policías, así como sus discursos que hablan de una vinculación con la RAM, es todo circo y pura mentira. No hay ninguna vinculación con la RAM y lo único que encontraron en la comunidad fueron banderas mapuche y cartelería de Eíias Garay, recordando su asesinato”.
El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, ayer hizo una publicación en sus redes sociales en la que se jacta del magnífico operativo (cuando ya sabían que no habría nadie) y endilga a la comunidad de violenta y desobediencia judicial, así como de ser un sector radicalizado “que pretende imponer sus propios términos, desafiando al Estado y a la Justicia”.
Andrea tiene muchísima bronca. Dice que la provincia siempre se escuda en un privado, pero es la que “tiene que dar la cara, porque es la dueña de la propiedad de la tierra”. Y aclara: “Esta comunidad siempre estuvo abierta al diálogo, aún después de que entraran en la comunidad y asesinaran a uno de sus integrantes, burlando dos retenes policiales. Lof Quemquemtrew siempre estuvo a derecho y cuando quedó firme la sentencia, la comunidad la cumplió y dejó su tierra, sin violencia. El circo que hicieron ayer no sé quién lo pagará, no era necesario”.
Patagonia en venta
El desalojo de ayer se da en un contexto de persecución general al pueblo mapuche. A principios de este año el gobierno provincial desalojó a la comunidad Paillako; hace dos semanas comenzó el juicio a lof Lafken Winkul Mapu; todo en medio de monumentales incendios que desde el poder político buscaron culpabilizar al pueblo ancestral:
Romina Jones cuenta lo que percibe que sucede en la Patagonia: “Se están vendiendo todos los recursos naturales que todavía existen, a capitales extranjeros israelitas, cataríes, yanquis, a los amigos del poder. Y se va contra quienes defendemos estos bienes, sean del pueblo mapuche o no. Hace un mes, en el incendio de Mallín Ahogado, detuvieron a brigadistas a partir de mentiras, ensuciándolos, diciendo que en vez de apagar los incendios los prendían. Hoy sale a la luz, a punto de empezar las clases, que una escuela arranca con cuatro hectáreas menos en su predio, por habérselo vendido a terceros. El empresario Rocco tiene una plantación de pino, y justamente el pino es uno de los factores de incendios, porque además de secar la tierra, al prenderse el lugar se expande la pinocha, que vuela y genera distintos focos en poco tiempo. Entonces, el trasfondo de todo es la entrega de la tierra y para eso valen todos los hostigamientos, vale toda la campaña mediática que nos tilda de terroristas e incendiarios. Y esto se está extendiendo a cualquiera que nos acompañe”.
Romper el silencio
Daniela tiene 32 años y desde hace seis que se mudó de Buenos Aires a la Comarca Andina. Es productora hortícola y vive en Mallín Ahogado, paraje rural de El Bolsón. Integra la red de apoyo al lof Quemquemtrew. Daniela, anteayer, no dio más, y necesitó decir. Escribió un comunicado, en el que denunció:
“Cómo es de público conocimiento, hoy jueves 6 de marzo 2025, durante la mañana se llevó adelante el nefasto operativo de desalojo en dicha Lof. Hoy también, alrededor de las 12hs, mientras el ministro de seguridad de la provincia (Daniel Jara) y el jefe de la policía de Río Negro (Daniel Bertazzo) daban una conferencia de prensa en la Comisaría N°12, se presentaron frente a la casa donde vivo junto a una amiga, un móvil y una 4×4, ambos de la policía de Río Negro. Desde hace un mes, en distintos momentos, venimos siendo amedrentadas por la policía. Empezó el 6 de febrero, cuando agentes subidos en tres motos señalaron nuestra casa desde el camino”.
Horas después, Daniela habla con lavaca: “Desde que fue el desalojo a la comunidad Paillako, en el Parque Nacional Los Alerces, comenzó una campaña mediática acusando al pueblo mapuche de terrorista. Empezaron los incendios en Epuyén (noroeste de Chubut) e inmediatamente militarizaron la Cuesta del Ternero, donde está el territorio del Lof Quemquemtrew. Luego se prendió fuego Mallín y la solidaridad que empezó a gestarse entre la comunidad fue impresionante, para gestionar donaciones, armado de viandas. Eso molesta mucho al poder, lo pone en jaque, así que en respuesta arrancó una embestida de medios de comunicación demonizándonos, se escrachó a gente que estaba ayudando a apagar el fuego para generar pánico y divisiones, que detonó en detenciones al voleo y una patota (de Joe Lewis) golpeándonos a quienes reclamábamos por las liberaciones. Ese circo que se armaba era alrededor de un montón de vecinos de a pie que pedían el linchamiento y la muerte de todos los que estábamos ahí. Desde ese día empiezo a notar el hostigamiento policial hacia mí y a otras personas”.
¿Qué tipo de hostigamiento?
Al día siguiente, tres motos de las fuerzas especiales de la Policía rionegrina se apostaron frente a mi casa a señalarla. Yo estaba adentro. Me asusté, me paralicé; sabía que no era algo individual, sino un un mensaje para el conjunto. Para resguardarme, decidí apagar el celular, y a los diez días aproximadamente se me prendió. Estaba muy caliente y tenía la fecha cambiada: decía 24 de marzo, una fecha lo suficientemente sugerente para nuestro país. Una semana después, volviendo a mi casa una noche, me apuntaron con un láser hasta que me perdieron de vista. Y ayer fue el detonante, tras el desalojo de la comunidad, el apostarse en la puerta de mi casa. Primero le resté importancia, pero después uní todo y decidí salir a hablar, y en las próximas horas presentar un hábeas corpus para averiguar qué pasa, qué están haciendo realmente conmigo y por qué merodean mi casa”.
Cuando le pregunto a Daniela cómo está, cómo se siente, su primera respuesta es en llanto. Y después le sale la voz, un poco entrecortada pero le sale, porque decidió decir: “Tengo mucha bronca, mucha impotencia y si estoy así de mal es por mi vieja, que vive en Buenos Aires; ella fue presa en la dictadura, estuvo un año y tres meses detenida en Chaco y todavía no he podido contarle la situación para no asustarla. El llanto, en realidad, es porque no sé cómo abordar la situación con mi mamá. Pero otra enseñanza que nos dejó el periodo de la dictadura es que hay que decir, que si me llega a pasar algo, se sepa el por qué”.
Quemquemtrew, en mapudungún, significa el sonido que se produce con la corriente de un río y las piedras. Romina Jones, integrante de la comunidad, adelanta que presentarán una medida cautelar en resguardo al sitio ceremonial y al rewe (sitio sagrado) y para que la machi (guía sanadora y espiritual) pueda volver al territorio: “Como pueblo originario lo que reclamamos es recuperar nuestros sitios ceremoniales, que son de suma importancia para nuestro físico, para lo espiritual, lo emocional. Entendemos que gran parte de la sociedad no llega a comprenderlo, porque hay un trabajo muy fino del discurso oficial, con expresiones racistas de distintos gobiernos, que reforzado por los medios hegemónicos da como resultado que no haya ni un pequeño interés en nuestra cosmovisión, al punto de banalizarla. Pero quienes menos respeto nos tienen son los que toman las decisiones, y que en realidad están obligados a proteger nuestras creencias, como lo establece la Constitución Nacional. Porque si bien hay leyes que protegían nuestros derechos y que Javier Milei ha derogado, siguen vigentes la Constitución y varios convenios internacionales que nos amparan. Vamos a presionar, porque el objetivo es claro: volver a nuestro territorio lo antes posible”.
Nota
Alerta Lugano: a espaldas de la comunidad, AUSA y el GCBA avanzan con el Máster Plan

La obra que pretende modificar al barrio sin ningún beneficio vecinal, para colocar entre otras cosas un nuevo peaje, se estima que acabará con 70 mil metros cuadrados de espacio verde. Ayer la empresa concesionaria de la autopista Dellepiane comenzó con la tala, pese a que se había pactado una “mesa de trabajo” previo al inicio de las obras, que la comunidad rechaza. La voz de las y los vecinos, el silencio del gobierno porteño y la postura de AUSA: no dar entrevistas “en on”. Hoy por la tarde el barrio se autoconvoca a una ceremonia de reflexión y concientización: 18.30, en Cañada de Gómez y Riestra.
Por Francisco Pandolfi
Ni el gobierno porteño ni la empresa AUSA (Autopistas Urbanas Sociedad Anónima) cumplieron lo que habían prometido: ayer, con la luz verde del Gobierno de la Ciudad, la empresa concesionaria de la Autopista Dellepiane empezó con la tala indiscriminada de árboles, incumpliendo la promesa de no comenzar la obra del Máster Plan Autopista Dellepiane hasta iniciar una mesa de trabajo conjunta con las y los vecinos autoconvocados de Lugano, que la vienen exigiendo desde noviembre pasado.
Silencios y engaños
El pedido de diálogo primero fue en una audiencia pública. Ante el silencio como respuesta, se exigió por escrito un pedido de información pública a AUSA, a APRA (Agencia de Protección Ambiental), al Ministerio de Infraestructura y a la Secretaría de Gobierno y Vínculo Ciudadano porteño. No hubo ninguna respuesta hasta el pasado jueves 20 de febrero, cuando en una reunión en la Junta Histórica de Lugano, el Gobierno de la Ciudad se comprometió a iniciar las mesas de trabajo previo al inicio de la obra. Los representantes gubernamentales en la reunión fueron Facundo Echeverría, de la Secretaría de Gobierno y Vínculo Ciudadano de la Ciudad, y Jorge Fiorentino, asesor de la secretaría de Ambiente y Espacios Arbolados. “La obra empezó y de las mesas de trabajo no hubo noticias, hasta que hoy vinieron y arrasaron con los primeros siete árboles”, denuncia la comunidad.
Desde AUSA, la semana pasada habían informado que hoy harían la extracción y posterior trasplante de cuatro especies (dos ceibos y dos aguaribay) en Dellepiane Sur, pero el accionar fue otro: no hubo trasplante, sino tala directa, tanto en Dellepiane Sur como en Dellepiane Norte.
Sin beneficios
En esta nota publicada la semana pasada (https://lavaca.org/actualidad/lugano-resiste-al-master-plan-que-quiere-imponer-macri/), contamos los pormenores de una obra que modificará al barrio sin ningún beneficio vecinal, y de la que no está enterada (como figura por ley) la mayoría de los frentistas a la Dellepiane. Allí, a metros de la General Paz, el gobierno porteño pretende colocar un nuevo peaje, a sólo 4 kilómetros del ya existente en avenida Lacarra.
El “Máster Plan Autopista Parque Dellepiane” se emplazará sobre la traza de la autopista Dellepiane, desde el cruce de la avenida General Paz hasta el Peaje de Lacarra, y abarcará 4,6 km. La comunidad afirma que en ese tramo se talarán cientos de árboles, entre los cuales hay álamos, ceibos, ombúes, aguaribay, algunos de más de 100 años, que ahora están marcados con una cruz, como señal de la muerte anunciada. Dice Silvina Cammarotta, vecina: “Según un ingeniero de AUSA, 121 árboles los van a arrasar con una máquina y triturar, hasta convertirlos en aserrín”.
El rediseño de la autopista incorporará dos carrilles exclusivos para metrobús y la terminación de las colectoras, por lo que se eliminarán de cada lado diez metros de espacio verde. Dice Néstor Muñoz, vecino de Villa Lugano: “El Gobierno de la Ciudad presentó esta obra de modernización de la autopista para poder cobrar un nuevo peaje, y para hacerlo, la ley obliga que cada camino con peaje debe tener un camino alternativo. La ampliación de las colectoras significa más asfalto, y la destrucción de 70 mil metros cuadrados de espacio verde”.
Policías y más policías
A sabiendas de la extracción que devino en tala, los vecinos autoconvocados fuera de toda bandera partidaria, se convocaron este miércoles a las 6 de la mañana, de manera pacífica, para registrar los movimientos de la empresa. Presagiaban que podía pasar lo que finalmente ocurrió: el aniquilamiento de los árboles. Cuando arribaron –todavía de noche–, ya había una camioneta de la Policía de Ciudad esperándolos. Luego llegó otra. Y luego otra. Y luego una más. 12 agentes uniformados y otros de civil se apostaron frente a la autopista, para garantizar que se llevara a cabo la tala, sin inconvenientes.
Enzo es frentista de la Dellepiane. Le dicen el Tano. Mira la situación, con una docena de efectivos de un lado, con máquinas del otro. Y dice: “Es lamentable que destruyan, en vez de construir”.
Recurso de amparo
Hace dos semanas, los vecinos y vecinas de Villa Lugano presentaron un amparo solicitando que el Gobierno porteño y AUSA detuvieran la obra hasta que se iniciaran las mesas de trabajo conjuntas. El amparo cuenta con el patrocinio del Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad de Buenos Aires y lo presentó la Defensora Oficial, Giselle Furlong Pader, que exigió convocar a un proceso participativo institucional y vinculante, previo al desarrollo de la primera etapa de la obra.
Eso ya no se cumplió.
La Defensoría también exhortó a que el gobierno porteño convoque a una audiencia “para facilitar el diálogo entre las distintas partes del proceso judicial”. Y solicita suspender la extracción de los árboles hasta que no se dé cumplimiento “con la obligación de brindar información pública y se otorgue la debida participación en asuntos ambientales”.
Esto tampoco se cumplió.

Qué democracia
Silvina tiene una angustia que se le nota en los ojos. Y en la voz: “Nos mintieron en todo y en la cara. No hicieron nada de lo que dijeron. Talaron en vez de trasplantar; dejaron los troncos al ras. Vamos a hacer una denuncia penal. Llamamos a Facundo Echeverría, de Vínculo Ciudadano de la Ciudad y nos re boludeó; dijo que la obra se iba a hacer igual y que nosotros éramos unos subversivos. Siento mucha impotencia, dolor, un nudo en el pecho, se manejan con muchísima impunidad. Hicimos todo lo que había que hacer, sin violencia, buscando todos los canales de diálogo y nada. No parece un gobierno democrático, sino una tiranía”.
Néstor: “Seguiremos exigiendo al gobierno un plan integral de ciudad, donde se contemplen espacios verdes necesarios de mantener. Internacionalmente se busca que las ciudades tengan un 12% por ciento de espacios verdes, y nosotros con suerte pasamos los 6. Nosotros no tomamos un camino de violencia para reclamar, pero en cambio, la violencia la está generando este gobierno, vallando los caminos, no conformando las mesas de trabajo y ahora talando los árboles. El artículo 1 de la Constitución lo dice muy claro, y parece que este gobierno no lo sabe: el sistema que desarrollemos en la Ciudad de Buenos Aires debe ser democrativo y participativo”
Cecilia, también vecina: “Esperamos que el Jefe de Gobierno, Jorge Macri, entre en razón; lo que hicieron hoy es de sinvergüenzas. Hoy se llevaron puestos siete árboles. Hoy asesinaron siete árboles”.
Que en esta nota hablen sólo vecinas y vecinos tiene un por qué. O dos, en realidad. Comunicarse a la Secretaría de Gobierno y Vínculo Ciudadano es una tarea titánica, que no da resultado. Nadie atiende.
Con AUSA la cosa es distinta, aunque parecida: el prensa de la empresa le dice a lavaca que la política interna es “no dar entrevistas en ON, que con los medios se manejan así”.
Los vecindad organizada sigue en pie y para mañana jueves por la tarde (18.30, en Cañada de Gómez y Riestra) convoca a una ceremonia de reflexión y concientización ante el ombú centenario de Lugano. Es una más de las decenas de movidas que la comunidad viene haciendo desde noviembre, cuando se enteró del Máster Plan. Como la convocatoria casa por casa a los frentistas desinformados; como la repartición de volantes en los corsos de carnaval; como la juntada de firmas en los centros comerciales; como las innumerables reuniones presenciales y virtuales para organizarse; y hasta la creación de dos ideas fuera de lo común, pero bien dentro de lo comunitario: una cumbia que cuenta y canta la problemática (subir video) y un concurso donde se premiará (con una semana en San Clemente del Tuyú, gracias a una vecina que prestará su casa) a la pancarta más llamativa y original. Hay una en donde vuelan dólares, con el lema “Una obra que de verde, sólo tiene los billetes”; otra que muestra una topadora llevándose puesta un árbol; y hay otra que es una cartulina celeste, con letras rojas y negras, que dice:
No hay peor
Jorge Macri
que el que
no quiere ver.

Silvina y Néstor, dos de los guardianes de los árboles. / Foto: Elena Gorocito.
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