#NiUnaMás
Contar la verdad: sobre la cuestión de informar en el segundo juicio por el femicidio de Lucía Pérez
El Tribunal a cargo del nuevo juicio por el crimen de Lucía Pérez cuestionó el artículo de lavaca.org sobre la primera jornada del juicio publicado ayer por la periodista Anabella Arrascaeta. Por eso el comienzo de la audiencia se demoró este miércoles. Los jueces convocaron a periodistas acreditados y el presidente del mismo exhibía una copia de la nota y aclaró que se refería específicamente al trabajo de lavaca.org.
Aquí, nuestra enviada especial relata el hecho ocurrido hoy. ¿Qué fue lo que motivó el reclamo? El “problema” de que la crónica se haya apegado a lo dicho en la sala (la base del cuestionamiento). ¿Qué cosas “entorpecen” un proceso que ya tuvo que ser anulado en 2018 por su parcialidad manifiesta y por los prejuicios y estigmatización hacia la víctima, según lo plantearon la Cámara de Casación y la Corte Suprema bonaerense? ¿Qué es el “debido proceso”? ¿Qué significa la libertad de informar?
Por nuestra enviada especial a Mar del Plata, Anabella Arrascaeta.
“Estos hechos parecerán a muchos naturales y a otros, por el contrario, inverosímiles. Pero, después de todo, un cronista no puede tener en cuenta esas contradicciones. Su misión es únicamente decir: “Esto pasó”, cuando sabe que pasó en efecto, que interesó la vida de todo un pueblo y que por lo tanto hay miles de testigos que en el fondo de su corazón sabrán estimar la verdad de lo que dice”.
Albert Camus, La Peste.
En el segundo piso del Palacio de Tribunales de Mar del Plata está la sala desde donde amicus, familias, y tan solo seis periodistas, seguimos en vivo el segundo juicio por la violación y femicidio de Lucía Pérez. A través de una pantalla vemos lo que sucede cuatro pisos más arriba, en el sexto, donde la sala del Tribunal en lo Criminal N° 2 es tan pequeña que solamente caben las partes (abogados y fiscales).
Desde la sala del segundo piso escribí ayer esta crónica sobre la primera audiencia: https://lavaca.org/notas/lucia-perez-nuevo-juicio-nueva-tortura-para-la-familia-y-otra-vez-el-foco-en-la-victima/
Hoy, al ingresar a las 8:50 ya que a las 9:00 comienzan las audiencias, se acercó a nosotros un policía: recordó a los tres periodistas presentes que no se puede grabar, ni tomar fotos ni videos.
Lo sabemos, contestamos.
Luego fue más directo: dijo que la defensora oficial Maria Laura Solari se había quejado de la nota de lavaca.org. La describió como muy textual. Transcribimos rápido, contestamos, ante la duda sobre si estábamos grabando.
El policía se va, pero la audiencia tarda unos minutos en arrancar. Cuando empieza, los abogados defensores le piden a los jueces que componen el Tribunal (Roberto Falcone, Gustavo Fissore y Alexis Semaz) una reunión privada.
Se pausa la transmisión. Silencio.
Pasan unos minutos hasta que de pronto la secretaria del juzgado aparece en el segundo piso para pedirnos a quienes somos periodistas que la acompañemos; los jueces quieren hablarnos.
Subimos por ascensor hasta la pequeña sala donde transcurren las audiencias, donde nos sentamos y esperamos que los jueces aparezcan.
Delante del abogado y abogadas de los imputados, y las abogadas de la familia, los jueces piden que no se escriban, en las notas, las declaraciones de los testigos; piden que no haya textuales y hablan de usar el sentido común. Alegan que, caso contrario, se puede entorpecer el desarrollo del proceso.
No uso textuales o comillas… pero esos son los términos que emplearon.
En una mano, el presidente del Tribunal, Gustavo Fissora, tiene impresa la nota de lavaca; finalmente, lo hace explícito: los llamados de atención surgen tras la publicación de esa crónica que publicamos sobre la primera audiencia. Estaban presentes además colegas de Qué Digital, Telam, Infobae, La Capital de Mar del Plata y Clarín.
Esos colegas preguntan, desorientados, cuál es el límite que quiere marcar el Tribunal; qué se puede, qué no, hasta dónde; los más habituados a coberturas judiciales confesarán nunca haber vivido algo similar.
La zona queda en un gris que los jueces dibujan como un equilibrio entre la libertad de expresión y el proceso. Insisten en la posibilidad de que, caso contrario, se entorpezca el desarrollo del juicio, y advierten que si la situación se repite, tomarán alguna determinación.
De los abogados presentes sólo habla el abogado particular de Juan Pablo Offidani, César Sivo, quien nombra los códigos procesales para remarcar que se puede poner en juego la legalidad del proceso.
La abogada oficial de Matias Farías (según la policía del segundo piso era quien se había quejado de la nota) no habló; a su lado, su asesora le dijo, mirándome: “Es ella”.
No era muy difícil: soy la única periodista mujer acreditada para cubrir el juicio.
El derecho a informar
Vía sus abogadas, la familia de Lucía Pérez había pedido explícitamente que el juicio sea transmitido de forma completa y directa. El Tribunal, en cambio, autorizó que se transmitan por el canal de Youtube de la Corte Suprema bonaerense las jornadas de inicio del debate, los lineamientos de acusación de la defensa, los alegatos de clausura y la lectura del veredicto, pero no las declaraciones de testigos, bajo el argumento de que la visibilización de esas declaraciones podría alterar el curso del juicio. Y habilitó que tan solo seis periodistas pudieran estar presentes en una segunda sala, para seguir por videoconferencia lo que pasa en las audiencias, incluidas esas declaraciones vedadas para el público en general. Nos acreditamos rápidamente, para entrar en el cupo.
Hay otras partes que esos periodistas no podemos cubrir por decisión del Tribunal: por ejemplo, las declaraciones de los peritos; sólo las partes pueden escuchar esos informes y declaraciones, algo que también sucedió en el primer juicio por este mismo caso.
El martes, primer día, declaró la familia de Lucía: Marta Montero, Guillermo Pérez (sus padres) y Matías Pérez (su hermano). Un momento habilitado para que la prensa pudiera cubrir por videoconferencia. Entonces, desde lavaca nos propusimos acercar la mayor cantidad de información disponible para informar cómo actúa el Poder Judicial en un caso cuyo primer fallo fue anulado por la Cámara de Casación de la Provincia de Buenos Aires, decisión ratificada por la Corte Suprema bonaerense. La anulación del juicio califica aquel desarrollo como “subjetivo y tendencioso, prejuicioso, parcial y discriminatorio” y plantea, entre muchas otras cosas: “No olvidemos que en esta instancia no se está juzgando a la víctima (como pareciera estar ocurriendo) sino a los eventuales victimarios”.
El pedido de la familia de transmitir el juicio públicamente persigue el efecto de monitorear que el proceso sea transparente y no incurra en las irregularidades del anterior. Por eso además estuvieron presentes en la primera audiencia el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla, el Defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, Guido Lorenzino, la ministra de la Mujer bonaerense, Estela Díaz, Flavia Delmas, del mismo organismo, y Carolina Varsky por parte del Ministerio de Mujeres de la Nación.
Sin embargo, la decisión de los máximos tribunales no inhibió a la defensa de los acusados, que continuó con la estrategia de culpar a la víctima para salvar a los victimarios.
En este caso, más que la difusión de las respuestas de los testigos (lo que argumentó el Tribunal), lo que parece haber generado molestias es la revelación de las preguntas de los abogados defensores de los imputados, algo que no solo desde lavaca hemos narrado sobre el día de ayer.
- Quedigital: https://quedigital.com.ar/judiciales/lucia-perez-segundo-juicio-un-primer-dia-marcado-por-cruces-con-la-defensa/
- Infobae: https://www.infobae.com/sociedad/policiales/2023/02/07/el-dramatico-testimonio-de-la-madre-de-lucia-perez-en-la-comisaria-me-dijeron-que-murio-de-sobredosis/
Hacia adelante
Defendemos desde el primer día la realización del debido proceso, cosa que no ocurrió en 2018, por lo que hubo que anularlo. Eso sí ha tenido un profundo significado desde el punto de vista de entorpecer la causa.
Nada de lo publicado por lavaca en la cobertura periodística del martes atenta contra el debido proceso.
El juicio, además de oral, es público. Nuestro trabajo y el derecho a la libertad de expresión consagrado por la Constitución Nacional consiste justamente en poder informar a la opinión pública sobre un tema tan sensible, que está sentando un precedente importante sobre cómo actúa el Poder Judicial ante los femicidios.
Los datos de contexto para comprender la magnitud del problema, que hemos investigado y difundido debidamente:
- En 2022 hubo 328 femicidios que dejaron 234 huérfanos,
- 29 infancias asesinadas en femicidios,
- 319 mujeres desaparecidas,
- 369 funcionarios públicos denunciados.
En el primer mes de 2023 se mantuvo la tendencia, con 25 femicidios y un travesticidio, lo que implica un crimen de este tipo cada 28 horas. Esperamos que el nuevo proceso por el caso de Lucía Pérez sea un punto de inflexión para plasmar la necesidad de nuevos paradigmas judiciales frente a estos crímenes, y que se pueda desarrollar con toda normalidad, a la altura de las circunstancias. Y, que esta vez, se haga justicia.
#NiUnaMás
Tras diez años de impunidad, hubo condena por el femicidio de Nancy Fernández
El Tribunal Oral en lo Criminal Nº 7 de San Isidro condenó a Juan Carlos Corvalán como autor del asesinato de Nancy Fernández, perteneciente a la comunidad qom del Tigre. El hecho ocurrió hace diez años. Nancy reclamaba por el crimen de su hija Micaela, que aún sigue impune. Por Anabella Arrascaeta.
Hubo un gesto de justicia, diez años después. El Tribunal Oral de San Isidro anunció la condena de Juan Carlos Corvalán por el crimen de Nancy Fernández. El 1°de octubre se conocerá la resolución final, el tiempo de la condena, y los fundamentos. El fallo fue unánime, y los magistrados señalaron que para tomar la decisión tuvieron en cuenta la perspectiva de género y el derecho internacional. En la calle estaba Lisette, la hija de Nancy, quien agradeció el apoyo con el que contó y anunció que continuará la lucha por esclarecer el crimen de su hermana Micaela.
Nancy y su hija Micaela. La madre comenzó su lucha buscando esclarecer la verdad sobre el crimen de la niña de 14 años (caratulado como suicidio), y también fue asesinada.
Nancy tenía 36 años cuando el 2 de mayo de 2014 fue encontrada en su casa semidesnuda, violada y asfixiada. Venía reclamando justicia por su hija, Micaela Fernández (14), que un año antes había sido secuestrada, violada y asesinada. Ambas eran parte de la comunidad qom Yecthakay, de Tigre.
Pese a esta condena, el crimen de Micaela sigue impune porque fue caratulado como suicidio. Esta historia, se teje entonces entre muertes e impunidades. Y el entramado detrás de estas muertes sigue aún sin visibilizarse.
Los crímenes
En 2013, cuando Micaela Fernández desapareció, su madre Nancy fue a la Comisaría 6ª de Talar pero no le quisieron tomar la denuncia; había sido secuestrada y violada por varios hombres. Cuando su hija apareció días después, con golpes, cortes en la cara y el pelo cortado, Nancy insistió en denunciar lo sucedido y otra vez volvieron a negarle ese derecho. En una entrevista con la TV Pública, Nancy reveló que la policía la llevó a la comisaria, donde la ataron y golpearon. Cuenta Nancy en el video: “India de mierda, me dijeron, te callás la boca, no vas a hablar vos”.
El 17 de febrero de 2013 Micaela apareció asesinada en la casa de Dante “Pato” Cenizo. Tenía un tiro en la cabeza. La investigación de su muerte estuvo a cargo del fiscal Diego Molina Pico, de la Fiscalía de El Talar, que a los pocos meses archivó la causa caratulada como suicidio. Dante “Pato” Cenizo solo estuvo preso por venta de drogas.
Un año después, mientras Nancy, reclamaba justicia y denunciaba la complicidad policial en la trama, la encontraron en su casa semidesnuda, violada y asfixiada.
El reclamo de justicia
Nancy y su familia son parte de la comunidad Qom Yecthakay del partido de Tigre. Micaela tenía una hermana: Lisette Fernández, que tenía 12 años cuando asesinaron a su hermana, y 13 cuando asesinaron a su mamá. Cuando cumplió la mayoría de edad tomó el reclamo de justicia y se rodeó de las organizaciones que desde el territorio acompañan los reclamos por los femicidios locales.
La misma red que acompaña por ejemplo el reclamo de justicia por Luna Ortiz (asesinada en 2017 cuando tenía 19 años) estuvo presente en los Tribunales acompañando a Lisette.
“Es importante el acompañamiento porque es una causa fuerte. Esta red de mafia territorial se creía que al matar a Nancy y al morir su abuelo Eugenio de tristeza, Lisette no iba a hacer nada por su corta edad, pero cuando cumplió los 19 años decidió salir como particular damnificada, y es importante levantar junto a ella el pedido de justicia”, dice a lavaca Marisa Rodríguez, mamá de Luna Ortiz y miembro de la red que acompaña el pedido de justicia por Nancy y Micaela.
Esa red garantizó por ejemplo que durante esta semana Lisette tenga cómo trasladarse al juicio, y se quede a dormir cerca de Tribunales. También organizó que la joven tenga la comida para la semana y las actividades de acompañamiento que sucederán en la calle mientras el proceso transcurre, además del claro apoyo y contención.
La condena marca la posibilidad de empezar a desarmar el entramado de impunidad. Un primer paso en un largo camino que se inicia por juzgar como femicidio el crimen de Nancy, y que después pueda dar lugar a lo que todavía no se hizo increíblemente: vincular la muerte de Nancy con el crimen de su hija Micaela, y poder poner luz en la trama de responsabilidades y complicidades que mantuvieron durante 10 años sus femicidios sin justicia.
“Es gracias al apoyo que ustedes me dan que yo puedo seguir de pie, la lucha sigue; hoy se hizo justicia por mi madre pero todavía falta justicia por mi hermana”, dijo Lisette en la puerta de los Tribunales tras conocerse la sentencia de Nancy, que tal vez sea apenas el primer paso para desentrañar el fondo de esta historia.
Nota
Diez años después: comienza el juicio por el femicidio de Nancy Fernández
Comienza este martes el juicio por el asesinato de Nancy Fernández que se extenderá entre el 3 y el 6 de septiembre en el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 7 de San Isidro. Por Anabella Arrascaeta.
Nancy tenía 36 años cuando el 2 de mayo de 2014 fue encontrada en su casa semidesnuda, violada y asfixiada. Venía reclamando justicia por su hija, Micaela Fernández (14), que un año antes había sido secuestrada, violada y asesinada (ambas en la foto de portada). Sin embargo, se caratuló el caso de Micaela como suicidio. El acusado es Juan Carlos Corvalán, conocido narco de la zona. Nancy y Micaela eran parte de la comunidad qom Yecthakay, de Tigre.
Esta historia, situada en el Municipio de Tigre, se teje entre muertes e impunidades. El crimen de Micaela Fernández fue caratulado como suicidio, y sigue impune. Este martes comienza entonces el juicio por el asesinato de su madre, Nancy Fernández, que se extenderá hasta el viernes 6 de septiembre en el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 7 de San Isidro. Hay un solo imputado por el femicidio: Juan Carlos Corvalán, narco de la zona.
El entramado detrás de estas muertes sigue aún sin visibilizarse.
Nancy Fernández, de la comunidad qom del Tigre. La asesinaron porque seguía denunciando que el caso de su hija Micaela no había sido un suicidio, sino un asesinato (Foto de Canal Abierto)
Los crímenes
En 2013, cuando Micaela Fernández desapareció, su madre Nancy fue a la Comisaría 6ª de Talar pero no le quisieron tomar la denuncia; había sido secuestrada y violada por varios hombres. Cuando su hija apareció días después, con golpes, cortes en la cara y el pelo cortado, Nancy insistió en denunciar lo sucedido y otra vez volvieron a negarle ese derecho. En una entrevista con la TV Pública, Nancy reveló que la policía la llevó a la comisaria, donde la ataron y golpearon. Cuenta Nancy en el video: “India de mierda, me dijeron, te callás la boca, no vas a hablar vos”.
El 17 de febrero de 2013 Micaela apareció asesinada en la casa de Dante “Pato” Cenizo. Tenía un tiro en la cabeza. La investigación de su muerte estuvo a cargo del fiscal Diego Molina Pico, de la Fiscalía de El Talar, que a los pocos meses archivó la causa caratulada como suicidio. Dante “Pato” Cenizo solo estuvo preso por venta de drogas.
Un año después, mientras Nancy, reclamaba justicia y denunciaba la complicidad policial en la trama, la encontraron en su casa semidesnuda, violada y asfixiada. Ahora, diez años después, su muerte llega a Tribunales.
El reclamo de justicia
Nancy y su familia son parte de la comunidad Qom Yecthakay del partido de Tigre. Micaela tenía una hermana: Lisette Fernández, que tenía 12 años cuando asesinaron a su hermana, y 13 cuando asesinaron a su mamá. Cuando cumplió la mayoría de edad tomó el reclamo de justicia y se rodeó de las organizaciones que desde el territorio acompañan los reclamos por los femicidios locales.
La misma red que acompaña por ejemplo el reclamo de justicia por Luna Ortiz (asesinada en 2017 cuando tenía 19 años) estará presente en los Tribunales acompañando a Lisette.
“Es importante el acompañamiento porque es una causa fuerte. Esta red de mafia territorial se creía que al matar a Nancy y al morir su abuelo Eugenio de tristeza, Lisette no iba a hacer nada por su corta edad, pero cuando cumplió los 19 años decidió salir como particular damnificada, y es importante levantar junto a ella el pedido de justicia”, dice a lavaca Marisa Rodríguez, mamá de Luna Ortiz y miembro de la red que acompaña el pedido de justicia por Nancy y Micaela.
Marisa Rodríguez, la mamá de Luna Ortiz, junto a Lisette, hija de Nancy y hermana de Micaela que retomó el reclamo de justicia ante la audiencia que comenzará este martes 3.
Esa red garantiza por ejemplo que durante esta semana Lisette tenga cómo trasladarse al juicio, y se quede a dormir cerca de Tribunales. También organiza que la joven tenga la comida para la semana y las actividades de acompañamiento que sucederán en la calle mientras el proceso transcurre, además del claro apoyo y contención.
El juicio marca la posibilidad de empezar a desarmar el entramado de impunidad. Un primer paso en un largo camino que se inicia por juzgar como femicidio el crimen de Nancy, y que después pueda dar lugar a lo que todavía no se hizo increíblemente: vincular la muerte de Nancy con el crimen de su hija Micaela, y poder poner luz en la trama de responsabilidades y complicidades que mantuvieron durante 10 años sus femicidios sin justicia.
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201 femicidios y travesticidios en lo que va del año: datos del Observatorio Lucía Pérez
En los 244 días del año transcurridos hasta fin de agosto el Observatorio Lucía Pérez, primer padrón autogestionado y público de violencia patriarcal, registró 201 femicidios y travesticidios en todo el país. En el mes de agosto, además, se produjeron dos condenas históricas por los crímenes de Luana Ludueña en Córdoba y de Tehuel de la Torre en el gran Buenos Aires, que pueden conocerse en estos links.
De todos modos desde hace 1.297 días nos preguntamos ¿Dónde está Tehuel de la Torre? Su cuerpo sigue sin aparecer, aun cuando en un fallo histórico, Luis Alberto Ramos fue condenado a prisión perpetua por su crimen. Los jueces Claudio Joaquín Bernard, Ramiro Lorenzo y la jueza Silvia Hoerr, integrantes del Tribunal N° 2 en lo Criminal de La Plata, consideraron en el crimen el agravante de “odio a la identidad de género”, como lo planteaban la familia y la fiscalía. Es el primer juicio que incorpora esta mirada en el caso de un varón trans en nuestro país. Como el caso fue dividido, el otro imputado, Oscar Montes, tendrá un juicio por jurado popular sin fecha prevista aún.
Esos avances judiciales se producen mientras los números de la violencia siguen poniendo a la sociedad en la zona del horror.
Solo durante agosto hubo 25 femicidios. La más pequeña tenía 11 años, se llamaba Luján. Otro saldo estremecedor de lo que va del año es que ya hubo 18 infancias asesinadas como producto de esas situaciones de violencia criminal.
Se produjeron, además, 156 tentativas de femicidios en el año. Y 64 desapariciones que continúan sin respuesta y sin que se conozca el destino de esas desaparecidas.
Otro resultado que no suele tenerse presente como efecto de esa violencia sistémica: el número de huérfanos por femicidios ascendió, durante 2024, a 129.
Para seguir exigiendo justicia, se llevaron a cabo 226 marchas y movilizaciones contra la violencia patriarcal en todo el país.
El saldo actual arroja que hay 546 funcionarios denunciados. Es el registro de denuncias por violencia de género contra integrantes del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, Fuerzas de Seguridad e Iglesia Católicas. Actualizado diariamente, revisado mensualmente. El caso más difundido este mes fue el del ex presidente Alberto Fernández, al que se sumó el del diputado Germán Kiczka.
Estos números y estas situaciones no son cifras aisladas: representan la cartografía de la violencia patriarcal. Frente a esa realidad, el Observatorio Lucía Pérez es una herramienta de análisis, debate y acción creada por Cooperativa lavaca. Se elaboran de modo autogestivo una serie de padrones que compartimos de manera libre en la web del Observatorio, los cuales comenzaron a materializarse en talleres realizados con víctimas de violencias, familias sobrevivientes de femicidios, organizaciones sociales y activistas del movimiento trans. Los datos así recogidos, sumados al seguimiento de lo publicado en medios de todo el país, son luego chequeados y precisados con fuentes judiciales y periodísticas.
Todo la información producida es de público y libre acceso en www.observatorioluciaperez.org
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