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Córdoba: el reclamo de justicia tras el suicidio de Luana apunta a la violencia machista

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Familiares y amigos Luana Ludueña movilizaron por las calles de Pilar, en Córdoba, para exigir justica por la bombera que el 21 de enero se suicidó luego de haber denunciado por abuso sexual a Diego Concha, jefe de Defensa Civil de la provincia: quién era. La movilización partió desde la Casa de la Mujer de la localidad y reunió a más de 800 personas, convocada por el Colectivo de Mujeres y Disidencias local. La familia plantea que el crimen sea investigado como un «femicidio indirecto»: cuáles son los antecedentes.

Por Bernardina Rosini

El caso de Luana conmovió a toda la provincia. El 26 de noviembre, un día después de haber renunciado como Director de Protección Civil, Concha fue detenido por haberle puesto un arma de fuego en la cabeza a su ex pareja y amenazar con quemarle el auto. Con el ex funcionario imputado y detenido por «lesiones calificadas, amenazas calificadas reiteradas por uso de arma de fuego y coacción”, Luana, bombera voluntaria de 26 años, se sintió a salvo y, acompañada de su madre, se animó a denunciar que el pasado 14 de noviembre, domingo de elecciones legislativas, Concha, con la promesa de facilitarle el ingreso al exclusivo Equipo Técnico de Acción ante Catástrofes (ETAC), coordinó un encuentro en el cual abusó sexualmente de ella.

Tras la denuncia, la familia de Luana asegura que comenzaron loas persecuciones por parte de allegados al ex funcionario. La propia madre de la joven había denunciado que el funcionario “le arruinó la vida”, y que tras la tras la denuncia, cada día de Luana “fue un calvario”.

Según su familia y sus amigues, Luana tenía clara vocación de servicio. Enfermera y bombera voluntaria, entrenó a su propio perro como animal de búsqueda y rescate y logró que sea reconocido por el Ministerio de Seguridad nacional. En una entrevista a fines de diciembre, Luana contó que tuvo dos intentos de suicidio, que estuvo más de 20 días internada en una clínica psiquiátrica: “Estoy con tratamiento y de carpeta médica en mi trabajo. Mi vida ya no es mi vida. No puedo volver a ejercer como bombero, escucho una sirena y lloro. No paro de llorar”. Así transitaba los días Luana, con un compañero bombero que tras su denuncia la buscó en varias ocasiones para hostigarla y exigirle que la retire. La buscó en la clínica psiquiátrica donde estuvo internada, en otra ocasión la encerró en un auto y por último la enfrentó en el centro vacunatorio donde Luana estaba trabajando. El abogado de la familia, Carlos Nayi, adelantó a CB24 que la fiscalía ya está investigando al hombre, que fue imputado por “privación ilegal de la libertad calificada”.

Luana estaba con botón antipánico producto de las amenazas de su compañero, con medicamentos. Días después, en terapia intensiva tras un tercer intento de quitarse la vida, le pidió a la familia que la deje ir. El 21 de enero, Luana murió.

“Yo sé que hay más chicas, porque él me lo dijo: varias chicas ingresaron de la misma manera y no le dijeron que no”, había declarado en una entrevista televisiva.” No se callen porque todo lo que nosotros no hablamos y no decimos, se transforma en nudos, en tristeza y en algún momento explota. Eso no se muere nunca”.

El estanque

A 44 kilométros de Córdoba capital se encuentra la ciudad de Pilar. “Tranquila como agua de estanque” la suelen definir, aunque la situación que señalan en la Casa de la Mujer es otra. Pilar es el primer municipio del país en declarar Emergencia Pública en Materia Social por Violencia De Género en junio del 2020. Desde entonces, las consultas crecieron en un 200%, y contabilizan unas 500 denuncias anuales. Para una localidad de 15 mil habitantes. A modo de referencia, el municipio de San Martin, en provincia de Buenos Aires, atiende unas 600 mujeres anualmente y cuenta con una población de más de 400 mil habitantes.

Laura Reuter es de la Campaña por la Emergencia Nacional por Violencia de Género y cuenta que la ordenanza que declara la emergencia le permitió a esta localidad abrir la Casa de la Mujer, contar con promotoras territoriales con sueldo y montar un refugio. Aún así, con las dimensiones de la demanda, no es suficiente. “Necesitamos mayores recursos y servicios que se presten en calidad para poder incidir, avanzar, sobre todo en materia de salud mental”, apunta. “Luana tenía asignado un encuentro al mes. En diciembre tuvimos otra joven de la zona que se quitó la vida en un contexto de abuso sexual. Hay mucho dolor que atender”.

La causa

Diego Concha (52) creció entre cuarteles: es hijo, hermano y padre de bomberos. Hace 25 años es el jefe del Cuerpo de Bomberos de Icho Cruz. Con 35 años de experiencia es el mayor referente en manejo del fuego en una provincia que cuenta con casi 5000 bomberas y bomberos voluntarios. Incluso el año pasado se presentó un proyecto en la Legislatura unicameral para que el Cuartel que encabeza lleve su nombre.

Los últimos 10 años ocupó el cargo de Director Provincial de Protección Civil. Fue designado por exgobernador José Manuel de la Sota en su tercer mandato y sostenido luego por el actual gobernador Juan Schiaretti. Firme en su rol, coordinó acciones desde entonces con la cúpula de la policía provincial. Discutido por los militantes por la defensa del medio ambiente de la zona, fue señalado como rostro cómplice de un gobierno sospechado de dejar avanzar múltiples incendios a los que, señalan los vecinos, siempre acudió a destiempo. También Concha desde Defensa Civil estuvo a cargo de la búsqueda de personas, entre ellas Mariela Natalí y Cecilia Basaldúa, quienes finalmente aparecieron muertas. En ambos casos se criticó su lentitud y escaso accionar.

Además de ambas denuncias en contra de Concha, hoy también empiezan a analizarse supuestas irregularidades en el manejo de fondos en Defensa Civil.

La primera denunciante de Concha fue su expareja, integrante del Equipo Técnico de Acción ante Catástrofes (ETAC) y parte del cuerpo de Bomberos, que depende de la Policía de Córdoba.  El fiscal Raymundo Barrera, de Cruz del Eje y subrogante de la fiscal de Cosquín Paula Kelm, indicó que se analizaron indicios de peligrosidad procesal o de entorpecimiento de la investigación debido a “que (Concha) era un funcionario público que trabajaba en un área cercana a la de esta señora resultando jefe de su ex pareja».

Bajo este fundamento lograron que Diego Concha quede detenido inmediatamente en la cárcel de Bouwer después de radicada esta primera denuncia. En el allanamiento en su casa la justicia secuestró una pistola Bersa nueve milímetros y un Fusil Automático Liviano (FAL).

El abogado defensor Luciano Mayer solicitó la liberación del ex funcionario, al aducir que tras la renuncia al cargo, se elimina el presunto peligro de intervención en las pruebas. Pero la situación se complicó rápidamente, ya que a cuatro días de su detención se sumó una nueva imputación por “abuso sexual con acceso carnal doblemente calificado, por violencia de género y por el desempeño de sus funciones”. Luana había logrado hablar. Tras sumarse esta nueva denuncia, Mayer renunció como representante del denunciado.

“Luana no pudo superar las secuelas psicológicas que le produjo este asalto sexual», aseguró Carlos Nayi, representante legal de la víctima, quien tras la muerte de la bombera solicitó que la causa cambie de carátula y sea investigada como «homicidio en ocasión de abuso sexual y perpetua, una sanción ejemplar para este hombre”, asegurando que la decisión está directamente relacionada con la violencia que sufrió. También pidió que se investigue como un “femicidio indirecto”.

Nayi, al solicitar el cambio de carátula cita como antecedente el caso Sathya Aldana, en el cual se dictó una sentencia ejemplar en julio del año pasado. Sathya se quitó la vida a los 19 años luego de haber sido sometida sexualmente durante varios años por su padre biológico. La Cámara 3ª del Crimen de la ciudad de Córdoba dictó la máxima pena para Walter Insaurralde al  encontrarlo «autor penalmente responsable de homicidio con motivo de abuso sexual con acceso carnal calificado por el vínculo y la convivencia preexistente, en concurso ideal con promoción a la corrupción de menores de 18 años, doblemente agravado por el vínculo y por el medio intimidatorio». Fue la primera vez a nivel nacional que se condenó por homicidio a un violador responsabilizándolo por el suicidio de su víctima.

En los movimientos feministas latinoamericanos se lo empieza a señalar como “suicidio femicida”,  y se reconocen tres inductores: el abuso sexual, la violencia de género extrema y la inducción a la prostitución o trata de personas.

El único país que hasta ahora lo incluyó en el Código Penal como delito es El Salvador.

“Quiero que se pudra en la cárcel», dijo Cristina, mamá de Luana, en declaraciones a Canal 12. «A mi hija no me la devuelven más. Mi alma está rota en mil pedazos, pero ella me da fuerzas. No tengo miedo”.

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Travesticidios: un crimen social

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Este mes el foco está puesto en el padrón de travesticidios, crímenes de odio contra personas travesti, trans y no binarias, que el Observatorio lleva adelante. Este año se registraron ya 8 travesticidios: muertes crueles, violentas y deshumanizantes. “Son muertes que no pueden entenderse sino como encadenadas a vidas de vulneraciones de derechos, estigma y criminalización”, analiza la antropóloga e investigadora Florencia Paz Landeira. Recordamos sus nombres, distinguimos la singularidad de sus crímenes respecto de los femicidios y damos cuenta de las violencias estructurales, cotidianas y persistentes que traman sus experiencias de vida y de muerte, para desarmar también la invisibilización.expresa en el informe la antropóloga Florencia Paz Landeira.

En lo que va del año ya se registraron ocho travesticidios, cuatro de los cuales tuvieron lugar en agosto, un mes de escalada de la violencia transodiante. Alddana, Giaccobi, Fernanda, Sofía, Pancha, Victoria, Carina y Nicol. Nombres que deberían estar escritos en calles y banderas. Nombres que sintetizan una lucha y una gesta, para rememorar el libro de Lohana Berkins. Nombres que evocan vidas de injusticias y exclusiones y, lo peor, muertes crueles, violentas y deshumanizantes. Y, aun así, nombres que no llegan a la tapa de los diarios ni convocan marchas masivas en la capital del país, nombres que apenas se cuelan en las secciones de policiales disputando dignidad -aun desde la muerte- a un periodismo rancio y discriminador que a diez años de la ley de identidad de género todavía no ha aprendido nada sobre el trato digno.
Travesticidio es la categoría política que desde el activismo se acuñó para nombrar los asesinatos de personas trans y travestis motivados en la discriminación por identidad de género, para distinguir la singularidad de estos crímenes respecto de los femicidios y también para dar cuenta de las violencias estructurales, cotidianas y persistentes que traman sus experiencias de vida y de muerte. Porque son muertes que no pueden entenderse sino como encadenadas a vidas de vulneraciones de derechos, estigma y criminalización.
La singularidad de estas muertes suele también entramparse en sistemáticos mecanismos de invisibilización. Por eso, el Observatorio Lucía Pérez desde su creación se presentó como un padrón de femicidios y travesticidios, exhibiendo los patrones comunes de la violencia patriarcal sin perder de vista la especificidad y la enseñanza de Lohana: las muertes de las personas trans tienen que considerarse travesticidios porque se trata de vidas sin derechos. La categoría de travesticidio entonces procura sintetizar los efectos materiales y simbólicos que se derivan del mero hecho de ser trans o travesti en una sociedad que subordina, patologiza y excluye aquellas identidades que no se corresponden con el sexo asignado al nacer. Como dijo Marlene Wayar a lavaca hace unos años: “las travas estamos condenadas a caminar en el riesgo” y a cada paso, en cada interacción, una pregunta, “¿Me va a matar o no me va a matar?”.

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En enero de este año, a Alddana Lorens la mataron de un golpe en la cabeza en su propia casa. El sospechoso y detenido -después de estar ocho meses prófugo- es su hermano. La madre de ambos también está acusada por abandono de persona, porque permitió que Alddana estuviera dos días en el piso, sin posibilidad de levantarse sola. Su salud estaba deteriorada porque meses antes había sido atacada por un prostituyente: le tiró el auto encima cuando ella estaba en una esquina. Al hospital llegó gracias a la ayuda de una tía, pero no fue hasta después de su muerte que pidieron intervención policial y judicial para investigar lo que había pasado. ¿Se ve la trama de violencias y abandonos?
En agosto, A Alejandra Ironici la encontraron en su casa con quemaduras en su cuerpo y sobre un charco de sangre. Alejandra era referente del movimiento trans en Santa Fe y había sido la primera en la provincia en obtener el DNI con la rectificación de su nombre y género autopercibido. La autopsia reveló 46 puñaladas que habrían sido perpetradas por su ex pareja, único sospechoso y detenido. ¿Se siente la crueldad?

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Hacer un repaso por los rasgos comunes y salientes de las trayectorias de las personas trans en nuestro país y en la región, supone reconstruir una historia atravesada por la exclusión. Las diversas formas de discriminación, opresión y segregación a las que trans y travestis están expuestas constituyen un cuadro de sinergia de vulnerabilidades. Así, no pueden pensarse los travesticidios sino como el vértice atroz de un entramado de exclusión y vulneración de derechos, que nos habla de una violencia estructural, que se fortalece en la ausencia de políticas públicas que contemplen sus derechos humanos fundamentales y sus necesidades básicas. De allí la necesidad de incorporar estos nombres en una genealogía, en una historia colectiva atravesada por la persecución, marginación y, primordialmente, de privación de derechos. En base a esta discriminación sistemática, se funda una realidad de exclusión: las personas trans no gozan de igualdad de oportunidades y de trato en ningún ámbito de la vida social e institucional; la mayoría de ellas vive en extrema pobreza, privadas de derechos económicos, políticos, sociales y culturales.

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En la marcha producida por el grito Ni Una Menos en 2015, Diana Sacayán participó de la primera salida al espacio público del padrón de femicidios y travesticidios, cuando dejamos las huellas de nuestras manos con pintura roja sobre una tela negra y los nombres y edades de nuestras muertas. Meses después fue asesinada brutalmente en su casa por dos hombres, uno de ellos, Gabriel Marino, pareja ocasional de Diana. Murió apuñalada con ensañamiento. La condena estableció la prisión perpetua para Marino por “homicidio agravado por odio a la identidad de género”, en referencia al inciso 4 del artículo 80 del Código Penal en el que se incluye al odio de género o de orientación sexual, identidad de género o su expresión como agravante de un homicidio. Gracias a la lucha travesti, los fundamentos de la sentencia incorporaron de manera explícita por primera vez la categoría de travesticidio, con el objetivo de evidenciar que la violencia estuvo motivada en el odio por su identidad de género travesti y su activismo y trabajo por la diversidad sexual y los derechos de la población trans.
Sin embargo, la Sala 1 de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal confirmó en 2020 la condena a prisión perpetua de Marino, pero excluyó el agravante de “odio a la identidad de género”. El fiscal Ariel Yapur y la fiscal Mariela Labozzetta, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), presentaron un recurso extraordinario contra el fallo y familiares de Diana solicitarán a la Corte Suprema de Justicia de la Nación la apertura a amicus curiae (amigos del tribunal) de la causa sobre el crimen. Para que no se niegue su identidad y su historia de vida. A su vez, demandan por la incorporación de figura del travesticidio y del transfemicidio dentro del Código Penal. La teoría travesti revolucionando el mundo jurídico incluso desde la muerte.
El activismo travesti se ha visto forzado a darle un giro político a tanta muerte y desde el dolor construir sus trincheras de imaginación, de pensamiento y de vida. Marlene recuerda que a Lohana le decían que ella empezaba cada discusión tirando las muertas sobre el escritorio. “Pero es así. Ustedes primero nos mataron”. Es desde esta realidad insoportable y cruenta que el colectivo travesti hoy exige reparación, políticas de resarcimiento que expresen la responsabilidad estatal en el exterminio sistemático de la personas trans, una ley que las saque “del barro que crea la heterosexualidad”.
Diez años de la ley de identidad de género y todavía las vidas trans parecen valer menos. Diez años de discursos y campañas de “Argentina Igualitaria” y todavía las personas trans y travestis tienen una expectativa de vida medieval. Años de conquistas, de luchas y de muertes. Y todavía nos falta Tehuel.

Por Florencia Paz Landeira. Doctora en Antropología Social. Becaria posdoctoral del LICH-CONICET. Integrante del Programa de Estudios Sociales en Género, Infancia y Juventud (UNSAM).

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Funcionarios denunciados: entre la violencia de género y la violencia institucional

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Presentamos el informe de agosto 2022 del Observatorio de Violencia Patriarcal Lucía Pérez. Este mes el foco está puesto en el padrón de funcionarios denunciados por violencia de género que el Observatorio lleva adelante. Lo que se ve: un sistema que expresa la mutua imbricación entre la violencia patriarcal y la violencia institucional, con la impunidad como puente. El Observatorio Lucía Pérez lleva registrados 345 los funcionarios denunciados, “ya no hablamos solo de un Estado ausente o ineficaz, sino de un Estado violento”, expresa en el informe la antropóloga Florencia Paz Landeira.

A mediados de agosto, Marcelo Guzmán, funcionario judicial de Tierra del Fuego, fue separado de su cargo luego de la denuncia pública y judicial por violencia de género realizada por su esposa, Carla Kirstein. El juez Javier De Gamas Soler dictó el procesamiento de Guzmán por los delitos de “lesiones graves agravadas por haber sido cometidas contra su pareja en el marco de una situación de violencia de género” (en un hecho) y “lesiones leves” (en otros dos) y ordenó una prohibición de acercamiento. Carla decidió hacer la denuncia por redes sociales, movida por el miedo y la impotencia no solo por la recurrencia de la violencia y la situación de dependencia en que se encontraba, sino también por las barreras en el acceso a la justicia: “Fui a ver a varios abogados para que me representaran y cuando se enteraban quién era mi marido y para quién trabajaba, ponían cualquier excusa para no tomar el caso”. Su historia habla de entramados de poder institucionales que silencian, encubren, obstruyen y que, en definitiva, avalan y perpetúan la violencia.  

Es la historia de Carla, pero no es un “caso”, es un sistema que expresa la mutua imbricación entre la violencia patriarcal y la violencia institucional, con la impunidad como puente. El Observatorio Lucía Pérez registra en su padrón 345 denuncias por violencia de género contra integrantes del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, de las Fuerzas de Seguridad y de la Iglesia Católicas. El registro -que formalmente le corresponde al Estado argentino, en función de los compromisos asumidos ante la CIDH y que hasta hoy incumple- se basa, a su vez, en la hipótesis de que estas denuncias encarnan la persistencia de sentidos y prácticas machistas y misóginas en las burocracias estatales y la resistencia a la transversalización de la perspectiva de género que, en concreto, resultan en la ausencia o debilidad de las políticas públicas para prevenir y contener la violencia contra mujeres y trans.

Cuando reiteramos la consigna “El Estado es responsable”, solemos referirnos a formas sistemáticas de complicidad, omisión y/o insuficiencia en las políticas para erradicar la violencia de género. La responsabilidad estatal encuentra en este registro de funcionarios denunciados su rostro más grotesco y encarnado. El poder político que el puesto les confiere aparece reforzando e incrementando posiciones de privilegio y dominio fundadas en estructuras de género desiguales. Ya no hablamos solo de un Estado ausente o ineficaz, sino de un Estado violento. Las denuncias alcanzan a jueces civiles y de familia, fiscales, comisarios, jefes de policía, es decir, agentes estatales que deberían estar implicados en prevenir las violencias, sancionar a quienes las ejercen y proteger a las víctimas.

Observatorio Lucía Pérez

El Estado ¿por fuera de la ley?

Es sabido que el Estado no es un bloque homogéneo y coherente, sino que está habitado y atravesado por tensiones, contradicciones y balances de poder. Este mismo Estado que denunciamos como responsable de la violencia patriarcal, ha instrumentado leyes y políticas tendientes a reconocer y combatir las desigualdades de género, movido por las luchas y demandas de los movimientos feministas.

La ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, sancionada en 2009, incluye en su definición y caracterización de la violencia a la violencia institucional, definida como: “aquella realizada por las/los funcionarias/os, profesionales, personal y agentes pertenecientes a cualquier órgano, ente o institución pública, que tenga como fin retardar, obstaculizar o impedir que las mujeres tengan acceso a las políticas públicas y ejerzan los derechos previstos en esta ley. Quedan comprendidas, además, las que se ejercen en los partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales, deportivas y de la sociedad civil” (Artículo 6, b). Ya en 1996, el Estado argentino ratificó la Convención de Belém do Pará, en la que los estados acordaron “abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar por que las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e instituciones se comporten de conformidad con esta obligación” (Artículo 7, a).

En esta misma línea, en 2010, el Comité de la CEDAW instó a velar por que jueces, abogados, fiscales y defensores públicos conocieran los derechos de las mujeres y las obligaciones del Estado para garantizarlos y alentó a que se impartan capacitaciones sobre género a quienes integran el sistema de justicia. Recién ocho años después, en el país se sancionó la ley 27.499, que establece la capacitación obligatoria en temáticas de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñan en la función pública. Esta ley es conocida como Ley Micaela, en homenaje a Micaela García, militante feminista y víctima de femicidio en abril de 2017.

En este contexto de avances en términos legislativos y en la asunción de compromisos por parte del Estado, ¿qué implica pensar a la violencia de género ejercida por funcionarios públicos como violenta institucional? La investigadora María Pita[i] propone pensar a la violencia institucional como categoría política local, construida progresivamente como resultado de la articulación entre la reflexión y la acción de la militancia del campo de los derechos humanos. Aunque su sentido más restringido remite a la violencia policial y penitenciaria, se ha convertido en una herramienta para la lucha política de uso cada vez más amplio y extendido por diversos colectivos de víctimas y de demanda de justicia con foco en denunciar la recurrencia y la sistematicidad de la implicación de agentes estatales en el ejercicio de las violencias. Implicación que se traduce en hechos de violencia concretos, pero también en formas rutinarias y sedimentadas de construcción de poder e impunidad. Al denunciar la violencia de género ejercida por funcionarios como violenta institucional apuntamos a evidenciar el encubrimiento corporativo y la persistencia sistemática de estereotipos, prejuicios y patrones discriminatorios por género en las prácticas estatales y judiciales. Implica también seguir insistiendo en que la violencia de género es un asunto de derechos humanos.

Poder policial y violencia de género

El 5 de junio, Daiana Abregú, de 26 años, apareció muerta en la celda de una comisaría de Laprida, provincia de Buenos Aires, tras ser demorada por una contravención. Desde el inicio, la policía sostuvo que Daiana se suicidó, pero nada cierra en esa hipótesis. La última autopsia evidencia asfixia por sofocación y lesiones de autodefensa. Lo que sí quedó expuesto es la trama de encubrimientos y complicidad entre la fuerza de seguridad y las áreas de justicia.

El Observatorio Lucía Pérez tiene registradas 41 denuncias a altos mandos de las fuerzas de seguridad. Los femicidios policiales[ii], como el de Daiana, son la expresión más extrema de la vulneración de derechos de las mujeres dentro del universo de la violencia institucional. Como en muchos otros casos de uso ilegal de la fuerza policial, existen prácticas de encubrimiento que suelen consistir en falsear el relato de lo sucedido y manipular la escena para que coincida con su versión. En este sentido, la violencia de género ejercida por integrantes de las fuerzas de seguridad no puede pensarse como agresiones individuales y particulares, sino como parte de una institución con históricas prácticas de violencia encubierta y de reproducción de formas machistas de construcción de poder.

En muchos casos, las mujeres víctimas de la violencia de género ejercida por agentes policiales son también integrantes de las fuerzas de seguridad. A partir de una investigación con la Red Nacional de Mujeres Policías con Perspectiva de Género, Mariana Sirimarco[iii] señala que la regla en las fuerzas policiales es que los hombres denunciados son encubiertos, mientras que las mujeres denunciantes, son castigadas. Sirimarco afirma que la violencia de género -en particular, la  violencia  policial  contra  mujeres  policías- es  parte constitutiva del ejercicio del poder policial, porque éste se asienta en sentidos sobre lo territorial, lo violento y lo masculino avasallante. Ambas  estructuras  de  poder, la  policial y la masculina-patriarcal, se sostienen en lo mismo: en el ejercicio de dominio y pertenencia del otro-bajo-mando. De esta forma, la violencia de género ejercida por policías pone en evidencia rasgos comunes a todos los funcionarios denunciados: una forma de construir y ejercer el poder (político) fundada en la masculinidad violenta, autoritaria y avasallante.

Por Florencia Paz Landeira. Doctora en Antropología Social. Becaria posdoctoral del LICH-CONICET. Integrante del Programa de Estudios Sociales en Género, Infancia y Juventud (UNSAM).


[i] Pita, M. (2017). Pensar la Violencia Institucional: vox populi y categoría política local. Espacios de crítica y producción, 53(9), 33-42.

[ii] https://violenciapolicial.org.ar/violencia-policial/#!#femicidios

[iii] Sirimarco, M. (2021). Sexo, violencia y desigualdad. Mujeres en la policía. Delito y Sociedad, 30(51),

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Zona de peligro: femicidios en el norte del conurbano

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Causas mal caratuladas, que no investigan los contextos de las muertes y dejan libres a sus responsables. Jueces y fiscales que ningunean a las familias que son amenazadas en sus barrios. La culpabilización de las víctimas, las conexiones narco, las movilizaciones a través de las cuales se logran algunos avances. Y la pérdida de todo, hasta del miedo: tres familias cuentan a MU cómo soportan la impunidad de cada día. Por Delfina Pedelaq y Anabella Arrascaeta.

Plaza de General Pacheco, Tigre: las familias frente al cajoneo de las causas, contra la complicidad judicial y policial. Fotos: Gastón Stark
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La última Mu: Yo princesa

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