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Córdoba: el reclamo de justicia tras el suicidio de Luana apunta a la violencia machista

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Familiares y amigos Luana Ludueña movilizaron por las calles de Pilar, en Córdoba, para exigir justica por la bombera que el 21 de enero se suicidó luego de haber denunciado por abuso sexual a Diego Concha, jefe de Defensa Civil de la provincia: quién era. La movilización partió desde la Casa de la Mujer de la localidad y reunió a más de 800 personas, convocada por el Colectivo de Mujeres y Disidencias local. La familia plantea que el crimen sea investigado como un «femicidio indirecto»: cuáles son los antecedentes.

Por Bernardina Rosini

El caso de Luana conmovió a toda la provincia. El 26 de noviembre, un día después de haber renunciado como Director de Protección Civil, Concha fue detenido por haberle puesto un arma de fuego en la cabeza a su ex pareja y amenazar con quemarle el auto. Con el ex funcionario imputado y detenido por «lesiones calificadas, amenazas calificadas reiteradas por uso de arma de fuego y coacción”, Luana, bombera voluntaria de 26 años, se sintió a salvo y, acompañada de su madre, se animó a denunciar que el pasado 14 de noviembre, domingo de elecciones legislativas, Concha, con la promesa de facilitarle el ingreso al exclusivo Equipo Técnico de Acción ante Catástrofes (ETAC), coordinó un encuentro en el cual abusó sexualmente de ella.

Tras la denuncia, la familia de Luana asegura que comenzaron loas persecuciones por parte de allegados al ex funcionario. La propia madre de la joven había denunciado que el funcionario “le arruinó la vida”, y que tras la tras la denuncia, cada día de Luana “fue un calvario”.

Córdoba: el reclamo de justicia tras el suicidio de Luana apunta a la violencia machista

Según su familia y sus amigues, Luana tenía clara vocación de servicio. Enfermera y bombera voluntaria, entrenó a su propio perro como animal de búsqueda y rescate y logró que sea reconocido por el Ministerio de Seguridad nacional. En una entrevista a fines de diciembre, Luana contó que tuvo dos intentos de suicidio, que estuvo más de 20 días internada en una clínica psiquiátrica: “Estoy con tratamiento y de carpeta médica en mi trabajo. Mi vida ya no es mi vida. No puedo volver a ejercer como bombero, escucho una sirena y lloro. No paro de llorar”. Así transitaba los días Luana, con un compañero bombero que tras su denuncia la buscó en varias ocasiones para hostigarla y exigirle que la retire. La buscó en la clínica psiquiátrica donde estuvo internada, en otra ocasión la encerró en un auto y por último la enfrentó en el centro vacunatorio donde Luana estaba trabajando. El abogado de la familia, Carlos Nayi, adelantó a CB24 que la fiscalía ya está investigando al hombre, que fue imputado por “privación ilegal de la libertad calificada”.

Luana estaba con botón antipánico producto de las amenazas de su compañero, con medicamentos. Días después, en terapia intensiva tras un tercer intento de quitarse la vida, le pidió a la familia que la deje ir. El 21 de enero, Luana murió.

“Yo sé que hay más chicas, porque él me lo dijo: varias chicas ingresaron de la misma manera y no le dijeron que no”, había declarado en una entrevista televisiva.” No se callen porque todo lo que nosotros no hablamos y no decimos, se transforma en nudos, en tristeza y en algún momento explota. Eso no se muere nunca”.

El estanque

A 44 kilométros de Córdoba capital se encuentra la ciudad de Pilar. “Tranquila como agua de estanque” la suelen definir, aunque la situación que señalan en la Casa de la Mujer es otra. Pilar es el primer municipio del país en declarar Emergencia Pública en Materia Social por Violencia De Género en junio del 2020. Desde entonces, las consultas crecieron en un 200%, y contabilizan unas 500 denuncias anuales. Para una localidad de 15 mil habitantes. A modo de referencia, el municipio de San Martin, en provincia de Buenos Aires, atiende unas 600 mujeres anualmente y cuenta con una población de más de 400 mil habitantes.

Laura Reuter es de la Campaña por la Emergencia Nacional por Violencia de Género y cuenta que la ordenanza que declara la emergencia le permitió a esta localidad abrir la Casa de la Mujer, contar con promotoras territoriales con sueldo y montar un refugio. Aún así, con las dimensiones de la demanda, no es suficiente. “Necesitamos mayores recursos y servicios que se presten en calidad para poder incidir, avanzar, sobre todo en materia de salud mental”, apunta. “Luana tenía asignado un encuentro al mes. En diciembre tuvimos otra joven de la zona que se quitó la vida en un contexto de abuso sexual. Hay mucho dolor que atender”.

La causa

Diego Concha (52) creció entre cuarteles: es hijo, hermano y padre de bomberos. Hace 25 años es el jefe del Cuerpo de Bomberos de Icho Cruz. Con 35 años de experiencia es el mayor referente en manejo del fuego en una provincia que cuenta con casi 5000 bomberas y bomberos voluntarios. Incluso el año pasado se presentó un proyecto en la Legislatura unicameral para que el Cuartel que encabeza lleve su nombre.

Los últimos 10 años ocupó el cargo de Director Provincial de Protección Civil. Fue designado por exgobernador José Manuel de la Sota en su tercer mandato y sostenido luego por el actual gobernador Juan Schiaretti. Firme en su rol, coordinó acciones desde entonces con la cúpula de la policía provincial. Discutido por los militantes por la defensa del medio ambiente de la zona, fue señalado como rostro cómplice de un gobierno sospechado de dejar avanzar múltiples incendios a los que, señalan los vecinos, siempre acudió a destiempo. También Concha desde Defensa Civil estuvo a cargo de la búsqueda de personas, entre ellas Mariela Natalí y Cecilia Basaldúa, quienes finalmente aparecieron muertas. En ambos casos se criticó su lentitud y escaso accionar.

Además de ambas denuncias en contra de Concha, hoy también empiezan a analizarse supuestas irregularidades en el manejo de fondos en Defensa Civil.

La primera denunciante de Concha fue su expareja, integrante del Equipo Técnico de Acción ante Catástrofes (ETAC) y parte del cuerpo de Bomberos, que depende de la Policía de Córdoba.  El fiscal Raymundo Barrera, de Cruz del Eje y subrogante de la fiscal de Cosquín Paula Kelm, indicó que se analizaron indicios de peligrosidad procesal o de entorpecimiento de la investigación debido a “que (Concha) era un funcionario público que trabajaba en un área cercana a la de esta señora resultando jefe de su ex pareja».

Bajo este fundamento lograron que Diego Concha quede detenido inmediatamente en la cárcel de Bouwer después de radicada esta primera denuncia. En el allanamiento en su casa la justicia secuestró una pistola Bersa nueve milímetros y un Fusil Automático Liviano (FAL).

El abogado defensor Luciano Mayer solicitó la liberación del ex funcionario, al aducir que tras la renuncia al cargo, se elimina el presunto peligro de intervención en las pruebas. Pero la situación se complicó rápidamente, ya que a cuatro días de su detención se sumó una nueva imputación por “abuso sexual con acceso carnal doblemente calificado, por violencia de género y por el desempeño de sus funciones”. Luana había logrado hablar. Tras sumarse esta nueva denuncia, Mayer renunció como representante del denunciado.

“Luana no pudo superar las secuelas psicológicas que le produjo este asalto sexual», aseguró Carlos Nayi, representante legal de la víctima, quien tras la muerte de la bombera solicitó que la causa cambie de carátula y sea investigada como «homicidio en ocasión de abuso sexual y perpetua, una sanción ejemplar para este hombre”, asegurando que la decisión está directamente relacionada con la violencia que sufrió. También pidió que se investigue como un “femicidio indirecto”.

Nayi, al solicitar el cambio de carátula cita como antecedente el caso Sathya Aldana, en el cual se dictó una sentencia ejemplar en julio del año pasado. Sathya se quitó la vida a los 19 años luego de haber sido sometida sexualmente durante varios años por su padre biológico. La Cámara 3ª del Crimen de la ciudad de Córdoba dictó la máxima pena para Walter Insaurralde al  encontrarlo «autor penalmente responsable de homicidio con motivo de abuso sexual con acceso carnal calificado por el vínculo y la convivencia preexistente, en concurso ideal con promoción a la corrupción de menores de 18 años, doblemente agravado por el vínculo y por el medio intimidatorio». Fue la primera vez a nivel nacional que se condenó por homicidio a un violador responsabilizándolo por el suicidio de su víctima.

En los movimientos feministas latinoamericanos se lo empieza a señalar como “suicidio femicida”,  y se reconocen tres inductores: el abuso sexual, la violencia de género extrema y la inducción a la prostitución o trata de personas.

El único país que hasta ahora lo incluyó en el Código Penal como delito es El Salvador.

“Quiero que se pudra en la cárcel», dijo Cristina, mamá de Luana, en declaraciones a Canal 12. «A mi hija no me la devuelven más. Mi alma está rota en mil pedazos, pero ella me da fuerzas. No tengo miedo”.

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Tucumán: condenan a un funcionario judicial y en el fallo recomiendan colgar placas en Tribunales que digan «un ambiente violento de trabajo afecta el servicio de justicia»

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Un funcionario judicial de Tucumán fue condenado por abuso sexual: 4 años, obligación de reparación económica, capacitación y placas en Tribunales. El hecho no es aislado: el Observatorio Lucía Pérez lleva adelante un registro que incluye 420 funcionarios (integrantes del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, de las cúpulas de las Fuerzas de Seguridad y de la Iglesia Católica) denunciados por violencia de género. Los argumentos e implicancias de un fallo ejemplar.

Jorge Edmundo Mistretta, exjefe de despacho de la Secretaría Electoral del Juzgado Federal N° 1 de Tucumán, jubilado desde 2019, fue condenado a cuatro años por abuso sexual contra dos de sus empleadas. Los abusos ocurrieron en 2013 y 2015: incluye tocarle los pechos a una de ellas y querer besarla, comentarios sexuales groseros, e intento de tocar a otra de las denunciantes. 

En el fallo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán, compuesto por la jueza María Noel Costa, y los jueces Carlos Enrique Jiménez Montilla y Enrique Lilljedhal, se ordenó: 

  • La inmediata detención, aunque cumplirá prisión domiciliaria por su estado de salud.
  • Una indemnización de $4.4 millones de pesos y 3.6 millones de pesos para cada una de las víctimas.
  • La realización de un programa de capacitación sobre perspectiva de género y en política de prevención, sanción y eliminación de la violencia contra la mujer.
  • Se solicitó a Recursos Humanos de la Corte Suprema de Justicia Nacional que “se arbitren los mecanismos administrativos necesarios por una medida restaurativa que contemple la incorporación a una de las oficinas judiciales de esa jurisdicción -de la Cámara o del Tribunal Oral -, debiendo garantizar la ‘no revictimización’ de una de las víctimas”.
  • Además se recomendó que se coloquen placas en tribunales donde sucedieron los hechos que digan: “Un ambiente violento de trabajo afecta el servicio de justicia. No a la violencia ni al acoso”.

Los fundamentos se conocerán el próximo 29 de septiembre.

El “caso” no es aislado. El Observatorio Lucía Pérez lleva adelante un registro de denuncias por violencia de género contra integrantes del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, de las Fuerzas de Seguridad y de la Iglesia Católicas. 

El registro incluye ya 420 funcionarios denunciados, entre intendentes, diputados, fiscales, sargento, jueces, asesores, concejales, cabos, decano, sacerdotes y un largo etcétera. De todos los denunciados 99 son del Poder Judicial, al igual que Jorge Edmundo Mistretta; 139 del Poder Ejecutivo; 62 del Poder Legislativo; 67 de la Iglesia Católica; y 53 de las cúpulas de las fuerzas de seguridad.  

El padrón de funcionarios denunciados se puede ver acá

Tucumán: condenan a un funcionario judicial y en el fallo recomiendan colgar placas en Tribunales que digan «un ambiente violento de trabajo afecta el servicio de justicia»
El Poder Judicial es el segundo del Estado con más denuncias. Datos de Observatorio Lucía Pérez.

El Estado argentino se comprometió en 2020 a llevar un registro público de funcionarios judiciales denunciados por violencia de género como parte de un acuerdo amistoso alcanzado en el marco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Hasta el momento lo hizo de forma incompleta y escasa, por ello comenzó a realizarlo, de manera autogestiva, el Observatorio Lucía Pérez que sumó además otros poderes para completarlo y con esa información reflexionar acerca de qué relación hay entre la ausencia de políticas públicas de contención y prevención y estas prácticas impunes.

Lo que se ve: la consigna “El Estado es responsable” se hace carne en la sistematización de esta información. No lo es solamente por omisión, o ineficaz: es un Estado violento. 

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Femicidio de Iara Rueda: sobreseimiento de policías en Jujuy, pero la familia y la comunidad vuelven a la calle reclamando justicia

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La familia de Iara Rueda, la joven de 16 años desaparecida y luego asesinada en Jujuy en septiembre de 2020, presentó un recurso de apelación contra sobreseimiento de los 8 policías imputados por no buscar a Iara en el momento de su desaparición según lo indican los protocolos vigentes en la provincia. Este año se logró la condena a prisión perpetua de dos de los responsables del crimen, pero la familia además reclama el juzgamiento de los policías ya que su inacción resultó clave para que Iara resultara asesinada. Mónica, la madre de la joven: «Si esos funcionarios policiales hubieran cumplido la ley y los protocolos de búsqueda, quizás Iara estaría aquí con nosotros. A Iara la mataron otros pero ellos también son responsables, estamos de pie como la familia y vamos a seguir cueste lo que cueste”. 

Por Natalia Aramayo desde San Salvador de Jujuy

La familia de Iara Rueda, la joven de 16 años desaparecida y luego asesinada en Jujuy en septiembre de 2020, presentó un recurso de apelación al sobreseimiento de los 8 policías imputados por no buscar a Iara en el momento de su desaparición según lo indican los protocolos vigentes en la provincia.

Mauro Cortez, Fabio Cruz, Hernán Vargas, Pablo López, Walter Ramos, Emanuel Valdiviezo, Daniel Ramírez y Laura Tapia, miembros de la policía y brigada de investigaciones de Palpalá, estaban imputados por “incumplimiento de los deberes de funcionario público” tras la denuncia de la familia de Iara. El 22 de julio del año pasado el Ministerio Público de la Acusación informó que la investigación se había dado por finalizada y el fiscal de la causa solicitó la citación de los acusados a juicio.

Desde entonces la familia espera la fecha de juicio, pero con lo que se acaban de encontrar es con el sobreseimiento dictado por el juez Rodolfo Nino Fernández, del Juzgado Especializado de Control en lo Penal Económico y Delitos contra la Administración Pública. 

Mónica Cunchila, mamá de Iara, expresó en conferencia de prensa en San Salvador: “Esta decisión nos dañó, nos lastimó demasiado, no podemos entender cómo trabaja la justicia”. Mónica llevaba en sus manos los fundamentos que dio el juez: el texto ocupa solamente media carilla. “Imprimí los fundamentos para leer y empaparme» expresó, “pero el fundamento del juez es media carilla, y no me dice por qué tomó esa decisión”. 

Femicidio de Iara Rueda: sobreseimiento de policías en Jujuy, pero la familia y la comunidad vuelven a la calle reclamando justicia
Mónica Cunchila junto a su marido Juan José Rueda (los padres de Iara) mostrando a la prensa la decisión del juez: «Si los policías hubieran cumplido la ley y los protocolos de búsqueda, quizás Iara estaría aquí con nosotros. A Iara la mataron otros pero ellos también son responsables, estamos de pie como la familia y vamos a seguir cueste lo que cueste”.

 El abogado de la familia, Julián Martín Palmieri, manifestó que tras entregar el recurso de apelación, el fiscal a cargo de la causa, Diego Funes, también se sumó a la presentación, y que además el propio fiscal general de la provincia, Lello Sánchez, se comunicó con la familia.  

«El día que nos enteramos de la decisión del juez Fernández fue sentir que nos mataron a Iara nuevamente», dijo Mónica tras conocer la decisión. El abogado de la familia, Julián Martín Palmieri, sostuvo: “Creemos que estos ocho policías tienen que estar sentados en el banquillo de acusados, porque claramente omitieron, no buscaron, no rastrillaron, dejaron a la deriva a Iara y la familia. No tenemos dudas que son responsables, junto a otras personas de lo que fue la pésima y paupérrima búsqueda y rastrillaje de Iara”.

Femicidio de Iara Rueda: sobreseimiento de policías en Jujuy, pero la familia y la comunidad vuelven a la calle reclamando justicia

La comunidad en la calle fue la garantía para que se descubriese a los culpables. Ahora el juez Rodolfo Nino Fernández sobreseyó a policías que con su inacción (¿o complicidad?) se dedicaron a no buscar a Iara, que tenía 16 años al desaparecer. El cuerpo fue encontrado por vecinas y vecinos que asumieron la búsqueda mientras la policía no hacía nada.

Iara Rueda: La negligencia policial mata

Iara Rueda tenía 16 años cuando el miércoles 23 de septiembre de 2020 salió de su casa para llevarle un trabajo práctico a un compañero de la escuela. Fue la última vez que su familia la vio con vida. Después de las 5 de la tarde no hay imágenes de ella: según las versiones oficiales las cámaras de seguridad no funcionaban por apagones de luz.  

Cuando esa tarde Mónica llegó a su casa y no vio la bicicleta de su hija supo que algo le había pasado. Fue a la comisaría: no le tomaron la denuncia. La policía evadió todos los protocolos de búsqueda.

Ante la inacción policial, los y las vecinas del barrio se autoconvocaron para ayudar a la familia Rueda a buscar a Iara, y lo hicieron en intensos rastrillajes, de noche, sin luz.

En distintos puntos de la provincia se replicaron los cortes de ruta (algunos fueron reprimidos) que exigían que la busquen.  

El cuerpo fue encontrado días después, el 28 de septiembre. Estaba atada de pies y manos. En ese lugar su familia construyó un altar. 

Femicidio de Iara Rueda: sobreseimiento de policías en Jujuy, pero la familia y la comunidad vuelven a la calle reclamando justicia

“La dejaron abandonada”

El juicio oral y público por el femicidio comenzó el 13 de abril y finalizó este 3 de mayo cuando el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 condenó a prisión perpetua a Raúl Arnaldo Cachizumba y Mauricio Esteban Abad como autores penalmente responsables de los delitos de “homicidio doblemente agravado por alevosía y de una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de género”.

El tercer acusado, Fernando Tomás Fernández, fue condenado por el mismo delito pero se consideró al crimen “triplemente agravado por el vínculo”. Dado que al momento del hecho era menor de edad se pidió remitir la copia de la sentencia al Juzgado de Menores que hasta el día de hoy, cuatro meses después, no fijó pena alguna.

Además del juicio por el femicidio, la familia de Iara impulsó desde el primer momento la denuncia contra los funcionarios policiales que no aplicaron los protocolos de búsqueda tal como la legislación lo establece. Sostiene el abogado de la familia: «Además, en el juicio llevado a cabo, donde se condenó a los tres imputados, se demostró que hubo negligencia por parte de la policía al no seguir los rastros que marcó uno de los canes de la policía en la casa de Tomás Fernández”, por lo cual cree incongruente la decisión del juez.

Femicidio de Iara Rueda: sobreseimiento de policías en Jujuy, pero la familia y la comunidad vuelven a la calle reclamando justicia

Volver a las marchas

“El caso de Iara marcó un antes y un después no solo en la justicia jujeña sino que también en la sociedad y no puede tener este triste final, con una resolución de un juez que desliga de responsabilidades a estos sujetos. Nadie la buscó, nadie respondió por ella, la dejaron abandonada a ella y a la familia, ¿y ahora nadie responde por eso?». 

Mónica es clara sobre cómo continúa la situación: “Volvemos a las marchas, a las calles, de manera pacífica, para exigir no solamente que el juez Fernández de marcha atrás con esta medida, sino que estas leyes se cumplan, para que no vuelva a suceder. Si esos funcionarios hubieran cumplido la ley y los protocolos de búsqueda, quizás Iara estaría aquí con nosotros. A Iara la mataron otros pero ellos también son responsables, estamos de pie como la familia y vamos a seguir cueste lo que cueste”. 

Femicidio de Iara Rueda: sobreseimiento de policías en Jujuy, pero la familia y la comunidad vuelven a la calle reclamando justicia
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216 femicidios y travesticidios en 8 meses de 2023

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Durante este agosto sangriento registramos en el Observatorio Lucía Pérez 32 femicidios.

Preocupa porque en agostos de años anteriores, el registro era en muchas ocasiones, menos de la mitad. Preocupa también porque es el mes de 2023 donde más crímenes machistas registramos.  

Este agosto Emma, la más pequeña, tenía 2 meses. No fue la única infancia asesinada: Thiago, asesinado junto a su madre María, tenía 13; Morena, 14; Nelsa, 15; y Magalí, también 15. En lo que va del año, son 15 las infancias asesinadas.

En el otro extremo etario de una línea que transversaliza la violencia de este mes está Susana, tenía 83 años. 

Las nombramos en el deseo de nombrar a todas. A cada una de las víctimas de los 216 femicidios y travesticidios de lo que va del año. Compañeras de colegio, hijas, amigas, vecinas, 71 de ellas eran madres, por lo que registramos a hoy 155 huerfanxs por la violencia femicida.

Este año registramos también 217 tentativas de femicidios y travesticidios, 27 ocurrieron en el mes de agosto. 

Marchamos exigiendo que paren de matarnos 263 veces en el año, este agosto salimos a la calle 33 veces a marchar. 

Nos preguntamos: ¿qué más hacer para ponerle freno a la violencia femicida?

Sobre el Observatorio Lucía Pérez:

El Observatorio Lucía Pérez es una herramienta de análisis, debate y acción creada por lavaca.org para erradicar la violencia patriarcal de nuestras vidas y nuestras sociedades. 

Realizamos una serie de padrones que compartimos en nuestra web de manera libre, los cuales los confeccionamos en talleres que realizamos con víctimas de violencias, familias sobrevivientes de femicidios, organizaciones sociales y activistas del movimiento trans. 

Los datos así recogidos, sumados al seguimiento de lo publicado en medios de todo el país, son luego chequeados y precisados con fuentes judiciales y periodísticas. Cada mes realizamos un resumen que es analizado con víctimas y familias sobrevivientes de femicidios. Anualmente realizamos un informe que compartimos con organizaciones sociales y referentes de la política y la cultura.

Todo la información que producimos es de público y libre acceso.

Agradecemos que si es de tu interés, cites la fuente.

Acá podes encontrar toda la información: www.observatorioluciaperez.org

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