La convocatoria a marchar contra la Corte Suprema surgió desde distintas agrupaciones políticas y sindicales pero tuvo como protagonista a familiares de víctimas, los principales afectados por la impunidad y la corrupción judicial. Sus voces se hicieron escuchar desde arriba y abajo del escenario: madres y padres de Lucía Pérez y de Cecilia Basaldúa dijeron presente, además del hermano de Santiago Maldonado y Nora Cortiñas. Qué dijeron, por qué marcharon contra este poder que denuncian hace años, y los ejemplos cotidianos de las consignas «fuera Corte», hoy mezclado con otro grito: «Fuera FMI». El contexto, lo político, la política, y la otra agenda de la impunidad, más acá del lawfare: femicidios y travesticidios, desapariciones forzadas, gatillo fácil, delitos económicos, ambientales y más.

Una hoja A4 pegada sobre el vallado de Tribunales recuerda que se cumplen 4 años del asesinato del joven mapuche Rafael Nahuel y que los responsables siguen impunes. Al lado, otro cartel clama que “es hora de democratizar a un poder judicial oligárquico, elitista, sexista, patriarcal, racista, xenófobo”, y pide basta de presos políticos. Sobre el escenario ubicado en Talcahuano y Tucumán las actrices Cristina Banegas y Luisa Kuliok leen un extenso documento que enumera más de una decena de razones por las que “esta Corte se tiene que ir”, frente a una Plaza de Tribunales repleta, mientras la Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora Nora Cortiñas escucha con atención, y dice a lavaca: “Concuerdo en que hay que modificar la justicia en Argentina, que trabajen para el pueblo y por el pueblo. Basta de esta justicia corrupta”.

La convocatoria al llamado 1F frente a la Corte Suprema, y que se replicó en más de 30 ciudades de todo el país, llegaba cubierta con un aura oficialista a partir de sus principales consignas -democratización de la justicia, repudio al desempeño de los miembros de la Corte, “el fin del lawfare”- y sus convocantes -organizaciones políticas, sindicales, judiciales y sociales, en su mayoría, cercanas al Frente de Todos-, pero muchos de las familias presentes expresaban algo más complejo y amplio, con reclamos que no eran consignas, sino el urgente grito que arrastran hace años en sus cuerpos.

Allí están -por ejemplo- Marta Montero y Guillermo Pérez, mamá y papá de Lucía Pérez, que desde 2016 exigen respuestas por el femicidio de su hija de 16 años, y que sólo a base de movilización social lograron un freno a la justicia machista: los jueces que dejaron impune el femicidio, Facundo Goméz Urso y Pablo Viñas, fueron separados preventivamente de sus cargos y serán juzgados por su fallo misógino. El tercer juez, Aldo Carnevale, eludió todo cargo ya que el macrismo le concedió la jubilación anticipada. “Puede ser que el kirchnerismo haga más fuerte el reclamo, o no, pero no creo que la Justicia tenga que tener un color político”, dicen Marta y Guillermo, que llegaron desde Mar del Plata para participar. Recuerdan que el actual presidente de la Corte, Horacio Rosatti, fue denunciado por intentar frenar una causa de violencia machista contra su hijo Emilio, que a su vez es secretario de un tribunal oral y concursa a cargos para la justicia federal, por lo que aclaran: “No es ajena a la violencia machista la composición de esta Corte”. Marta y Guillermo se subieron al palco en la Plaza de Tribunales con sus características pecheras blancas con el rostro de Lucía.

Allí está -por ejemplo- Sergio Maldonado, que desde el 1 de agosto de 2017 exige una investigación imparcial e independiente sobre la desaparición forzada seguida de muerte de su hermano Santiago. La familia aún espera una resolución de la Corte Suprema que designe un nuevo juez en la causa y otra que se expida sobre el espionaje ilegal que sufrió mientras denunciaban al Estado hasta en tribunales internacionales. “Tengo dos causas paralizadas acá: una 2 años y la otra, 3”, cuenta a lavaca. “Necesitamos imperiosamente que la causa se mueva y para eso hace falta voluntad política, que no está habiendo desde este Gobierno. Por más que hagamos manifestaciones y le pidamos a la Corte Suprema, si no hay voluntad política esto no va a avanzar. Esto es algo que abarca a todas las víctimas, no sólo del lawfare, y también a muchas causas particulares que no son contra el Estado y no tienen tanta visibilidad. Me hubiera gustado que estuvieran los movimientos de izquierda, también. En esto no hay algo partidario. Cuando es el FMI, marcha un sector, y cuando es la justicia, otro.

Se tiene que cortar eso. En las marchas por Santiago no hubo ninguna diferencia partidaria, y esto tiene que ser lo mismo. Contra el FMI y la Corte tiene que abarcar a todas y todos. Sin color”.

Allí están -por ejemplo- esas otras causas que no salen en los medios de comunicación. Elsa Suárez es una mujer de Caballito que cuenta que a su hija Laura la condenaron a 8 años por la muerte de Carla Maidana, en Once. “Le hacen cargo a ella, pero no tuvo nada que ver. En abril van a ser dos años que está detenida en Ezeiza. La condena no está firme y nosotros pedimos que busquen al verdadero asesino, pero por lo menos pedimos urgente que le puedan dar arresto domiciliario, porque tiene cinco hijos de 14, 12, 9, 4 y 2 años. Queremos que los derechos humanos y los de la niñez se acerquen. Estamos con defensor público, con lo que implica, como que no te atiendan personalmente por Covid, que todo sea por teléfono, que desde el penal mi hija no se pueda comunicar con el abogado porque no entienden, y así. Todo es imposible”.

Allí están también Daniel Basaldúa y Susana Reyes, papá y mamá de Cecilia Basaldúa: encontraron el cuerpo de su hija el 25 de abril de 2020 en Capilla del Monte, Córdoba, luego de 20 dias de rastrillajes por la zona, con signos de abuso sexual y estrangulamiento. Daniel: “Teníamos el deber de estar porque estamos reclamando que haya justicia para la gente humilde y para el pueblo. Tendría que haber más gente. Es muy importante que esto prenda y sea el comienzo del fin de esta casta de jueces corruptos porque es eso lo que estoy viendo en Córdoba ahora: son una asociación ilícita que mete preso a pibes perejiles y deja a los verdaderos responsables afuera. Un ejemplo: el director de Defensa Civil de Córdoba encargado de buscar a Cecilia está preso por violento y violador mientras metieron preso a un pibe del pueblo que nada que ver. Esa es la justicia patriarcal que tenemos”. El funcionario del que habla Basaldúa es Diego Concha y la denuncia que pesa sobre él es concreta: la bombera Luana Ludueña, de 21 años, se suicidó hace poco más de una semana luego de denunciar a Concha por abuso sexual.

Daniel y Susana, junto a Marta y Guillermo, integran Familiares Sobrevivientes de Femicidios, un colectivo que se reúne cada segundo miércoles de cada mes en Plaza de Mayo para pedir una audiencia al presidente Alberto Fernández. Horas antes de la marcha, Marta recibió un llamado de Daniel Caresani, psicólogo en la Subsecretaría de Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Le preguntó qué era lo que querían.

Marta le explicó sencillamente que querían que las recibiera el presidente: no a ella sola, sino al colectivo completo. El funcionario quedó en mandarle un escrito al Presidente. Cabe recordar que las familias ya llevan 16 cartas presentadas.

La información sobre el funcionario Caresani la completa el Alfredo Soggiu, papá de Carla, asesinada el 26 de diciembre de 2018: su cuerpo apareció flotando en el Riachuelo, cuatro días después de activar dos veces el botón antipánico. Cuenta que se acercó a su casa cuando encontraron el cuerpo de Carla, como funcionario del Centro de Asistencia a la Víctimas de Delito (CENAVID, dentro del Ministerio de Justicia). Desde el centro le dijeron que estaban a su disposición, pero la directora le dejó en claro que si hacía cualquier tipo de litigio contra la Ciudad esa ayuda “podía desaparecer”. En esa conversación, tres años atrás, Alfredo cuenta que estaba Caresani.

Toda la conversación sucedió el propio 1F.

En la plaza, mientras tanto, el documento está finalizando: mencionan el cajoneno por parte de la Corte sobre la liberación de Milagros Sala, recuerdan el 2×1 a favor de los genocidas, la convalidación de políticas neoliberales, entre otros puntos.

Del escenario baja otro de los oradores y principales convocantes del acto, el juez del Tribunal Oral Criminal Nº29 Juan María Ramos Padilla, quien se dio un sentido abrazo con Nora Cortiñas, y dijo a lavaca sobre el acto: “Es empezar una nueva república con un servicio de justicia. Esto no es un cambio: es empezar con lo que nunca tuvimos”.

Eso mismo, con esos cuerpos que llevan años batallando contra jueces, fiscales y cortes supremas, es lo que expresan familias, víctimas y sobrevivientes.

No es color partidario.

Son gritos urgentes, desde abajo, contra la impunidad de arriba.