Nota
Un Corte a esta justicia: la impunidad, desde abajo
La convocatoria a marchar contra la Corte Suprema surgió desde distintas agrupaciones políticas y sindicales pero tuvo como protagonista a familiares de víctimas, los principales afectados por la impunidad y la corrupción judicial. Sus voces se hicieron escuchar desde arriba y abajo del escenario: madres y padres de Lucía Pérez y de Cecilia Basaldúa dijeron presente, además del hermano de Santiago Maldonado y Nora Cortiñas. Qué dijeron, por qué marcharon contra este poder que denuncian hace años, y los ejemplos cotidianos de las consignas «fuera Corte», hoy mezclado con otro grito: «Fuera FMI». El contexto, lo político, la política, y la otra agenda de la impunidad, más acá del lawfare: femicidios y travesticidios, desapariciones forzadas, gatillo fácil, delitos económicos, ambientales y más.
Una hoja A4 pegada sobre el vallado de Tribunales recuerda que se cumplen 4 años del asesinato del joven mapuche Rafael Nahuel y que los responsables siguen impunes. Al lado, otro cartel clama que “es hora de democratizar a un poder judicial oligárquico, elitista, sexista, patriarcal, racista, xenófobo”, y pide basta de presos políticos. Sobre el escenario ubicado en Talcahuano y Tucumán las actrices Cristina Banegas y Luisa Kuliok leen un extenso documento que enumera más de una decena de razones por las que “esta Corte se tiene que ir”, frente a una Plaza de Tribunales repleta, mientras la Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora Nora Cortiñas escucha con atención, y dice a lavaca: “Concuerdo en que hay que modificar la justicia en Argentina, que trabajen para el pueblo y por el pueblo. Basta de esta justicia corrupta”.
La convocatoria al llamado 1F frente a la Corte Suprema, y que se replicó en más de 30 ciudades de todo el país, llegaba cubierta con un aura oficialista a partir de sus principales consignas -democratización de la justicia, repudio al desempeño de los miembros de la Corte, “el fin del lawfare”- y sus convocantes -organizaciones políticas, sindicales, judiciales y sociales, en su mayoría, cercanas al Frente de Todos-, pero muchos de las familias presentes expresaban algo más complejo y amplio, con reclamos que no eran consignas, sino el urgente grito que arrastran hace años en sus cuerpos.
Allí están -por ejemplo- Marta Montero y Guillermo Pérez, mamá y papá de Lucía Pérez, que desde 2016 exigen respuestas por el femicidio de su hija de 16 años, y que sólo a base de movilización social lograron un freno a la justicia machista: los jueces que dejaron impune el femicidio, Facundo Goméz Urso y Pablo Viñas, fueron separados preventivamente de sus cargos y serán juzgados por su fallo misógino. El tercer juez, Aldo Carnevale, eludió todo cargo ya que el macrismo le concedió la jubilación anticipada. “Puede ser que el kirchnerismo haga más fuerte el reclamo, o no, pero no creo que la Justicia tenga que tener un color político”, dicen Marta y Guillermo, que llegaron desde Mar del Plata para participar. Recuerdan que el actual presidente de la Corte, Horacio Rosatti, fue denunciado por intentar frenar una causa de violencia machista contra su hijo Emilio, que a su vez es secretario de un tribunal oral y concursa a cargos para la justicia federal, por lo que aclaran: “No es ajena a la violencia machista la composición de esta Corte”. Marta y Guillermo se subieron al palco en la Plaza de Tribunales con sus características pecheras blancas con el rostro de Lucía.
Allí está -por ejemplo- Sergio Maldonado, que desde el 1 de agosto de 2017 exige una investigación imparcial e independiente sobre la desaparición forzada seguida de muerte de su hermano Santiago. La familia aún espera una resolución de la Corte Suprema que designe un nuevo juez en la causa y otra que se expida sobre el espionaje ilegal que sufrió mientras denunciaban al Estado hasta en tribunales internacionales. “Tengo dos causas paralizadas acá: una 2 años y la otra, 3”, cuenta a lavaca. “Necesitamos imperiosamente que la causa se mueva y para eso hace falta voluntad política, que no está habiendo desde este Gobierno. Por más que hagamos manifestaciones y le pidamos a la Corte Suprema, si no hay voluntad política esto no va a avanzar. Esto es algo que abarca a todas las víctimas, no sólo del lawfare, y también a muchas causas particulares que no son contra el Estado y no tienen tanta visibilidad. Me hubiera gustado que estuvieran los movimientos de izquierda, también. En esto no hay algo partidario. Cuando es el FMI, marcha un sector, y cuando es la justicia, otro.
Se tiene que cortar eso. En las marchas por Santiago no hubo ninguna diferencia partidaria, y esto tiene que ser lo mismo. Contra el FMI y la Corte tiene que abarcar a todas y todos. Sin color”.
Allí están -por ejemplo- esas otras causas que no salen en los medios de comunicación. Elsa Suárez es una mujer de Caballito que cuenta que a su hija Laura la condenaron a 8 años por la muerte de Carla Maidana, en Once. “Le hacen cargo a ella, pero no tuvo nada que ver. En abril van a ser dos años que está detenida en Ezeiza. La condena no está firme y nosotros pedimos que busquen al verdadero asesino, pero por lo menos pedimos urgente que le puedan dar arresto domiciliario, porque tiene cinco hijos de 14, 12, 9, 4 y 2 años. Queremos que los derechos humanos y los de la niñez se acerquen. Estamos con defensor público, con lo que implica, como que no te atiendan personalmente por Covid, que todo sea por teléfono, que desde el penal mi hija no se pueda comunicar con el abogado porque no entienden, y así. Todo es imposible”.
Allí están también Daniel Basaldúa y Susana Reyes, papá y mamá de Cecilia Basaldúa: encontraron el cuerpo de su hija el 25 de abril de 2020 en Capilla del Monte, Córdoba, luego de 20 dias de rastrillajes por la zona, con signos de abuso sexual y estrangulamiento. Daniel: “Teníamos el deber de estar porque estamos reclamando que haya justicia para la gente humilde y para el pueblo. Tendría que haber más gente. Es muy importante que esto prenda y sea el comienzo del fin de esta casta de jueces corruptos porque es eso lo que estoy viendo en Córdoba ahora: son una asociación ilícita que mete preso a pibes perejiles y deja a los verdaderos responsables afuera. Un ejemplo: el director de Defensa Civil de Córdoba encargado de buscar a Cecilia está preso por violento y violador mientras metieron preso a un pibe del pueblo que nada que ver. Esa es la justicia patriarcal que tenemos”. El funcionario del que habla Basaldúa es Diego Concha y la denuncia que pesa sobre él es concreta: la bombera Luana Ludueña, de 21 años, se suicidó hace poco más de una semana luego de denunciar a Concha por abuso sexual.
Daniel y Susana, junto a Marta y Guillermo, integran Familiares Sobrevivientes de Femicidios, un colectivo que se reúne cada segundo miércoles de cada mes en Plaza de Mayo para pedir una audiencia al presidente Alberto Fernández. Horas antes de la marcha, Marta recibió un llamado de Daniel Caresani, psicólogo en la Subsecretaría de Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Le preguntó qué era lo que querían.
Marta le explicó sencillamente que querían que las recibiera el presidente: no a ella sola, sino al colectivo completo. El funcionario quedó en mandarle un escrito al Presidente. Cabe recordar que las familias ya llevan 16 cartas presentadas.
La información sobre el funcionario Caresani la completa el Alfredo Soggiu, papá de Carla, asesinada el 26 de diciembre de 2018: su cuerpo apareció flotando en el Riachuelo, cuatro días después de activar dos veces el botón antipánico. Cuenta que se acercó a su casa cuando encontraron el cuerpo de Carla, como funcionario del Centro de Asistencia a la Víctimas de Delito (CENAVID, dentro del Ministerio de Justicia). Desde el centro le dijeron que estaban a su disposición, pero la directora le dejó en claro que si hacía cualquier tipo de litigio contra la Ciudad esa ayuda “podía desaparecer”. En esa conversación, tres años atrás, Alfredo cuenta que estaba Caresani.
Toda la conversación sucedió el propio 1F.
En la plaza, mientras tanto, el documento está finalizando: mencionan el cajoneno por parte de la Corte sobre la liberación de Milagros Sala, recuerdan el 2×1 a favor de los genocidas, la convalidación de políticas neoliberales, entre otros puntos.
Del escenario baja otro de los oradores y principales convocantes del acto, el juez del Tribunal Oral Criminal Nº29 Juan María Ramos Padilla, quien se dio un sentido abrazo con Nora Cortiñas, y dijo a lavaca sobre el acto: “Es empezar una nueva república con un servicio de justicia. Esto no es un cambio: es empezar con lo que nunca tuvimos”.
Eso mismo, con esos cuerpos que llevan años batallando contra jueces, fiscales y cortes supremas, es lo que expresan familias, víctimas y sobrevivientes.
No es color partidario.
Son gritos urgentes, desde abajo, contra la impunidad de arriba.
Nota
Crece el reclamo docente en Chubut: “El sueldo no alcanza ni para comer”
Desde hace dos semanas la comunidad educativa autoconvocada está en las calles de toda la provincia exigiendo una suba salarial (el sueldo básico está apenas por encima de los 300 mil) y no “migajas”. Las mesas paritarias, las subas insignificantes y las palabras del ministro de Educación que colmaron la paciencia. El pan y el té que simula una cena, la falta de escucha de los sindicatos a las bases y un aviso: “Seguiremos en las calles hasta que el salario digno sea una realidad”.
Por Francisco Pandolfi. Fotos de Aníbal Aguaisol
–El sueldo no alcanza ni para comer.
Dora Palacios es profesora de Historia, preceptora y referente escolar en Trelew.
También es una de las –y los– miles de docentes chubutenses autoconvocados desde hace dos semanas en las calles de toda la provincia por un reclamo salarial que aún no tiene la respuesta esperada.
Un maestro de jornada simple, un preceptor, un profesor con 20 horas cátedras semanales tiene un sueldo básico de 304 mil pesos, que con los adicionales llega a 700 mil (con los aumentos prometidos en las últimas horas rondarán los 800). “Los alquileres en la Patagonia son altísimos, arriba de los 600 mil, y a eso hay que sumarle unos impuestos carísimos”, le cuenta a lavaca.
Enumera con la cadencia de quien tiene una carga enorme en la voz: luz, gas, agua, comida, vestimenta. De lo general va a lo particular: “Muchos docentes cuentan en las asambleas que no tienen un plato de comida en la mesa, que la cena es un pedazo de pan y un té, que les han cortado los servicios, que no tienen teléfono, que ya no pueden pagar el alquiler”. Y de lo particular a lo propio: “Otros estamos bicicleteando con la tarjeta, cobramos, pagamos, cobramos, pagamos, nos estamos endeudando permanentemente porque el sueldo no alcanza para comer”.
Fotos de Aníbal Aguaisol /lavaca.org
Salir a la calle
El salario docente de Chubut es el peor de la Patagonia y uno de los más bajos del país, junto a Buenos Aires, Mendoza, Entre Ríos, Misiones, La Rioja y Catamarca.
La primera manifestación surgió como surgen las cosas en Chubut, de forma exprés y cuando no se aguanta más. “Desde diciembre pasado la conducción de ATECh –la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut, el sindicato más grande– se arrogó el triunfo de la paritaria permanente, que para las y los trabajadores no significó ningún logro. Se reunieron varias veces con el gobierno pero no nos ofrecieron nada”.
La gota que rebalsó el vaso –o una cristalería completa– fue la reunión del 29 de abril en la que el gobierno provincial –al mando de Ignacio Torres y cuyo ministro de Educación es José Luis Punta– ofreció un incremento del 1,3%. Dora estaba en la vereda, esperando junto a cientos de docentes: “Quienes estábamos afuera solicitamos la renuncia de las conducciones sindicales por aceptar un aumento insignificante, tuvieron que huir del lugar. A partir de ahí salimos a la calle todos los días con diferentes acciones”.
Marcha de antorchas, festivales, ruidazos, ollas populares, feria de emprendedores, asambleas y movilizaciones masivas que tienen en vilo a la provincia y al gobierno. “El 23 de abril realizamos un hito histórico: un faltazo masivo sin que los gremios llamaran al paro”. El 29, en la reunión de conciliación obligatoria dictada por la secretaría de Trabajo, la concentración masiva fue reprimida con gases lacrimógenos por la Policía. ¿La respuesta popular? Otra movilización. Y carteles, muchos carteles:
- Docentes con sueldos indecentes.
- Al que miente le crece la nariz (con la imagen –retocada– del gobernador Torres)
- Basta de mentiras, amenazas y presión.
- Se busca por precarizar al docente (con la cara del ministro Punta).
- Salud mental es llegar a fin de mes.
- Ratas.
Fotos de Aníbal Aguaisol /lavaca.org
Migajas
Las protestas no sólo suceden en la capital, sino en toda la provincia: Trelew, Puerto Madryn, en la meseta, en Chacay Oeste, Gan Gan, Las Plumas, Paso de Indios. Otro mojón que colmó la paciencia fueron las palabras del ministro Punta: “Buscamos que ningún docente cobre menos de 800 mil, de una manera solidaria, casi”, dijo balbuceando una frase que la comunidad educativa lo tomó como una burla.
–No vamos a aceptar migajas. Mientras a los docentes nos ofrecieron un 1,3%, le aumentaron a su planta política un 200%. No hay dudas: plata hay, pero no quieren ponerla donde corresponde” –dice Dora, que hace 48 años nació en La Pampa y desde hace 45 fue adoptada por Chubut.
Fotos de Aníbal Aguaisol /lavaca.org
Ante la masividad del reclamo, este miércoles 6 de mayo hubo una nueva reunión paritaria donde el gobierno ofreció un 3,4% –valor del Índice de Precio al Consumidor (IPC) del mes pasado, más un 4%: o sea, una suba del 7,4%. En junio, un punto más y en julio otro punto más.
–No satisface nuestra demanda para nada, es un aumento en el bolsillo de entre 60 y 70 mil pesos que terminaríamos de cobrar en agosto. Es una tomada de pelo. Siento mucha bronca contra los sindicatos que nos dejaron sin respaldo y sin escucha; mucha bronca contra un gobierno que nos dice violentos, cuando violencia es tener un sueldo básico de 300 mil pesos.
Los sindicatos cuestionados que se sientan en la mesa paritaria son ATECh, SITRAED –sindicato paralelo alineado al gobierno–, UDA –Unión Docentes Argentinos–, SADOP –docentes privados– y AMET –magisterio de enseñanza técnica–.
Fotos de Aníbal Aguaisol /lavaca.org
Tres escuelas, tres turnos, muchas deudas
-Queremos estar en las aulas con nuestros estudiantes, pero no con sueldos de hambre.
Reafirma Dora, que estudió en la Universidad Nacional de la Patagonia y desde hace 17 años es profesora de Historia del nivel secundario, además de preceptora. Trabaja en tres escuelas y en los tres turnos, mañana, tarde y noche. Dice que volvería a elegir esta profesión, pese al salario que no alcanza y otros condicionantes: falta de insumos, condiciones dignas para trabajar, escuelas sin calefacción donde llueve adentro. Otro ejemplo que lo dice todo: “Usamos manuales de la provincia de Buenos Aires, no tenemos un diseño de currícula propia”.
¿Cómo sigue el curso de esta historia?
Organizados de manera autoconvocada, decidiendo en asamblea. No vamos a bajar los brazos hasta lograr un aumento del 100% del básico como mínimo y un sueldo de bolsillo de un millón y medio. Desde hace quince días exigimos paro por tiempo indeterminado y acá seguiremos: hasta que el salario digno sea una realidad.
Fotos de Aníbal Aguaisol /lavaca.org
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MU 212: El fin de un mundo
MU en Tierra del Fuego: todo lo que se ve desde el sur del sur y nos ayuda a entender qué representa Argentina en el mapa geopolítico mundial. Un puerto intervenido, importaciones que matan a la industria, explotación sin control de recursos naturales. La puerta a la Antártida y el significado de Malvinas: lo que está en juego en tiempos de guerra.
El principio de todo: MU en Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
Javier Milei intervino el puerto de Ushuaia sin provocar un rechazo opositor visible. Un sitio clave en la geopolítica y a la vez una caja de 30.000 millones de pesos anuales que mezcla industria marítima, turismo, y la puerta a la Antártida. Los testimonios sobre la falta de control . Hablan el gobernador, funcionarios, trabajadores, ex combatientes. Trump y el misterioso avión, China y los acuerdos, Gran Bretaña adentro, la forma de la crisis y la resistencia contra el vaciamiento de un país.
POR FRANCISCO PANDOLFI
El industricidio: Crónica desde el polo fabril de Río Grande
Un predio lleno de fábricas vaciadas. Trabajadores organizados resistiendo al desempleo, la apertura de las importaciones y la reducción de aranceles de promoción en una provincia que de 16.000 obreros pasó a tener 6.400. Una política que golpea a empresas de todos los tamaños y rubros: tecnológicas, textiles, metalúrgicas, electrodomésticas y electrónicas. Y todo esto sin que todavía se aplique la reforma laboral. Las propuestas para que los propios trabajadores se hagan cargo de las empresas en crisis. Los gestos de solidaridad, las donaciones de quienes todavía tienen empleo, el bingo provincial y cómo se va recuperando desde abajo una idea de hermandad para enfrentar estos tiempos.
POR FRANCISCO PANDOLFI
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De espaldas a la sociedad y bajo presión del gobierno nacional, la Legislatura fueguina (la misma que en 2021 votó en contra) aprobó un proyecto que permite la instalación de megafactorías marítimas del salmón, uno de los productos que más se exportan al mundo. El impacto ambiental es conocido y hay un ejemplo cercano en la vecina Chile: peces hacinados, contaminación por antibióticos y heces, destrucción de otras especies, y una precarización total de las condiciones de trabajo. El cuadro de situación ante un “pescado químico”, la lucha de la asamblea, y el gobernador que responde sobre los principales contrapuntos.
POR FRANCISCO PANDOLFI
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