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Correo: otra privatización ejemplar. La carta robada

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Nigeria, Burundi y Argentina son los únicos países del mundo que privatizaron su correo. Aquí el gobierno de Kirchner rescindió el contrato pero se quiere volver a privatizar, cosa que seguramente despertará la curiosidad de muchos africanos. Datos para entender cómo funcionan los grupos empresarios una vez que logran quedarse con los bienes de la comunidad.

El plazo de la actual intervención al Correo fue prorrogado por seis meses. Todo indica que el servicio será reprivatizado.
Hay dos versiones: que pasará a una sociedad entre el Estado y el grupo empresario que ofrezca mejor plan de negocios; o que será directamente entregado a manos privadas.
No aparece en debate alguno la posibilidad de crear una empresa genuinamente pública, controlada por los trabajadores y los usuarios.
Para recordar cómo son las privatizaciones: el grupo empresario encabezado por Macri pagó sólo dos semestres de canon, y acumuló entre el 98 y el 2001 un monto de canon impago de $ 207.028.509,20.
La empresa incluyó como «inversiones» a las indemnizaciones por despidos, además de incumplir con casi todo lo pactado.

En el mundo, el correo solo ha sido privatizado en Nigeria y en Burundí y en la Argentina. En el país, la concesión de este servicio, fue entregada durante el gobierno menemista y rescindida el noviembre pasado por el actual presidente Néstor Kirchner, que se encontró con una empresa por demás endeble: balances que dieron pérdida en los últimos años, falta de inversión, cánones adeudados… A mediados de mayo venció el plazo de la actual intervención pero fue prorrogada por otros seis meses.

Todo parece indicar que el servicio será reprivatizado: algunas versiones indican que pasará a cargo de una sociedad entre el Estado y el grupo empresario que ofrezca mejor plan de negocios; otros refieren que será directamente entregado a manos privadas, con pago de canon pero que a las autoridades les quedará la palabra final sobre las decisiones.

Dado este panorama, es oportuno revisar cómo resultó la concesión a cargo de Correo Argentino S.A. (CASA) -el grupo empresario encabezado por Franco Macri- así como alertar sobre lo que nunca se ha hecho: someter la privatización del correo a la discusión pública, para que sea la sociedad quien decida qué hacer con un servicio que es estatal en casi todos los países.

Invertir en despidos

Según fijó el contrato, era obligación de CASA pagar un canon de 51.600.000 pesos/dólares por semestre y depositar el equivalente al 30% de ese monto a la Anses (para solventar el sistema jubilatorio) y presentar una garantía de ejecución por 50.000.000 pesos/dólares.

El grupo empresario encabezado por Macri se hizo cargo del correo en 1997 y sólo pagó en tiempo y forma los dos primeros semestres. En septiembre del 98 se hizo evidente el conflicto de intereses: la empresa dejó impagos 31.044.718 pesos/dólares y solicitó que se compensara el monto con las deudas que el Estado mantenía con CASA. La Secretaría de Comunicaciones aceptó el argumento, de modo que el canon del tercer período quedó saldado.

Algo similar ocurrió en el cuarto semestre: si bien no existió depósito, constan por lo menos tres resoluciones que -en principio- aceptan la compensación, incluso con un saldo a favor de la empresa.

De este modo, la apelación a la compensación se volvió el modus operando del concesionario, solo que ya sin efectuar ningún tipo de pago. Dado este mecanismo, muchos especialistas coinciden en señalar que la magnitud de la deuda empresaria no es comparable a la estatal y que un incumplimiento no se justifica con el otro: en todo caso el concesionario debería haber pagado el canon y, a la par, haber iniciado acciones judiciales para reclamar lo adeudado.

Según los informes realizados por la Auditoría General de la Nación, Correo Argentino acumuló, entre septiembre del 98 y agosto de 2001, un monto de canon impago de $ 207.028.509,20 sin contar los intereses ni el dinero que no llegó a la Anses. (por lo tanto $ 61.920.000 no llegaron a la Anses). Si se le suma el tiempo transcurrido desde entonces hasta la rescisión del contrato, hoy, la concesionaria adeuda por lo menos 361 millones más.

«El dispendio económico provocado por CASA en postergar los pagos y argumentar fundamentos inconsistentes y dilatorios impone el resarcimiento del Estado (daños y perjuicios e intereses), no evaluado oportunamente»., sostienen los auditores.

Para justificar su incumplimiento la empresa argumentó invariablemente que:

«La falta de pago por parte del Estado (…) de sus obligaciones (…) pone al concesionario en una situación de imposibilidad de cumplimiento de sus propias obligaciones».
«No es procedente que el Estado pretenda que el concesionario cumpla puntualmente con sus obligaciones contractuales cuando el propio Estado incurre en grave incumplimiento de sus obligaciones de pago».
«En atención a que el Estado no paga sus deudas antes de las fechas de pago del canon semestral adelantado (la empresa) a fin de evitar mayores perjuicios económicos y financieros… se ha visto compelida a utilizar la compensación como medio extinto de su obligación de pago de canon».
A la vez, otro informe de la AGN (nº 195 de 2001) señala que fueron incluidas como inversiones -con la anuencia de los entes reguladores- «las indemnizaciones correspondientes al Plan de Retiros Voluntarios del Personal, imputadas contablemente como Bienes Tangibles en la Cuenta del Plan de Inversiones de la empresa» y que las auditorías sobre «inversiones» y «estándares de calidad» no fueron planificadas ni ejecutadas de conformidad con lo normado en el contrato.

Traducción: echar gente fue considerado una inversión.

¿Quién controla?

En las actuales propuestas de reprivatización, se pone énfasis en la función del Estado como contralor. También en este sentido es indispensable volver sobre la experiencia anterior.

La investigadora Andrea López enumera, en varios de sus trabajos, los requisitos esenciales en materia regulatoria, tomando en cuenta -justamente- lo ocurrido hasta ahora:

Definición de las normativas y organismos previamente al inicio de la privatización de empresas de servicios públicos.
Existencia de normas impersonales y directas, claramente definidas y técnicamente coherentes con la capacidad administrativa de los futuros reguladores.
Autonomía de los organismos reguladores respecto del poder político.
Establecimiento de un régimen que prohiba a los funcionarios de los organismos reguladores trabajar en el sector regulado, durante un lapso determinado, una vez concluidas sus funciones.
Existencia de un régimen de sanciones claras, prácticas y de severidad creciente en caso de incumplimiento empresario.
Interacción efectiva entre los organismos reguladores y los ciudadanos para asegurar la legitimidad de la regulación.
Si bien al inicio de la concesión del servicio postal, el organismo de contralor del sistema de correos era la Comisión Nacional de Comunicaciones, el decreto Nº 772, de septiembre de 2000, modificó la estructura organizativa y estableció a la Secretaría de Comunicaciones las funciones de:

Ejercer las facultades de contralor respecto de aquellos entes u organismos de control de las áreas privatizadas o concesionadas.
Hacer cumplir los marcos regulatorios correspondientes.
Ejercer las funciones de Autoridad de Aplicación de las leyes que regulan el ejercicio de las actividades de su competencia.
Esta normativa dio origen a una disputa de jurisdicciones con el siguiente final: ninguno de los organismos se encargó del control del correo. De modo que nadie se encargó de:

Exigir el pago del canon.
Ejecutar la garantía.
Sancionar a CASA por los aportes no realizados al sistema.
Verificar el cumplimiento de todas las obligaciones previsionales y sociales del personal.
Exigir al concesionario la presentación previa de un cronograma de las inversiones a realizar durante el primer año de la concesión, limitándose a controlar el respaldo contable de los montos de inversión informados por la empresa.
Estudiar el universo de los reclamos efectuados por los usuarios ante las oficinas comerciales de la empresa Correo Argentino.
Coordinar con la AFIP, para establecer el cumplimiento de exigencias establecidas a los prestadores del servicio.
Controlar el tenor de las certificaciones contables que presentaron los prestadores del servicio postal como comprobación del cumplimiento de sus obligaciones impositivas previsionales y sociales.
Exigir que las empresas cuenten con libros de quejas, así como de publicidad destinada a informar al usuario de la posibilidad de hacer reclamos.
Ni el libro de quejas

De hecho la participación dada a los usuarios en el proceso privatizador ha sido mínima. Si ni siquiera se les responden los reclamos presentados en los libros de quejas, es difícil pensar en la articulación de una participación más efectiva.

«En cierta medida podría considerarse que el espacio mayoritariamente aceptado para garantizar una participación más activa de los usuarios y/o de sus asociaciones ha sido el de las audiencias públicas. Pero el carácter no vinculante de las opiniones allí vertidas, la decisión de convocatoria unilateral a cargo de los entes, y la falta de uniformidad respecto de aquellas cuestiones que ameritan un tratamiento en este ámbito, coartan la posibilidad de utilizar a las audiencias como medio privilegiado para la concertación -sostiene López-. Por otra parte, y a juicio del conjunto de las asociaciones de usuarios entrevistadas, la instrumentación efectiva de este mecanismo pone al descubierto los problemas clave de la regulación: notorias asimetrías de información y desigualdad de recursos técnicos entre las partes junto a posibles situaciones de captura empresarial».

Promover la participación de la comunidad es una de las garantías necesarias para que -según las palabras de Martín Schorr, investigador de FLACSO- no terminemos repitiendo una `historia’ que, por cierto, no tuvo ningún `final feliz'».

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Mujeres trabajadoras en la calle: “Juntas, llegamos a todo”

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Los feminismos siguen siendo el único movimiento que tiene la capacidad de transversalizar la unidad, amplia, y poner en Avenida de Mayo, de cara a Plaza Congreso, cuadras y cuadras de columnas que van desde el sindicalismo, a los movimientos sociales, a la izquierda, al kirchnerismo. 

Aún cuando por Hipólito Yrigoyen ingrese la enorme columna de la intersindical feminista seguida por poco del oficialismo; y por el otro costado, por Avenida de Mayo, ingrese la izquierda; todos los espacios comparten plaza a menos de un mes de elecciones generales que definen quién presidirá el país. 

Esa es la noticia: seguimos transversalmente en la calle. 

Video: Sebastián Smok.

De la economía popular a la formal

“Creían que el movimiento había desaparecido porque no estaba en la calle, pero estábamos en cada uno de nuestros territorios, ahí también damos la batalla y la lucha”, dice Leonor Cruz, Secretaria de Géneros y Diversidad de la CTA Autónoma, frente a la enorme columna de trabajadoras que son protagonistas de esta marcha. Las tres banderas que encabezan: UTEP, CTA y CTA Autónoma. De la economía popular a la economía formal, todas adentro.

Mujeres trabajadoras en la calle: “Juntas, llegamos a todo”
La cabeza de la marcha de este 28 S. (Foto: Sol Tunni).

Junto a ellas también marchan familias de víctimas de femicidios: Marta y Guillermo, mamá y papá de Lucía Pérez; y Daniel y Susana, papá y mamá de Cecilia Basaldúa, que salieron desde la sede de MU junto a un grupo de mujeres que les siguen con los pañuelos blancos que bordan dos palabras: Nunca Más. 

Mujeres trabajadoras en la calle: “Juntas, llegamos a todo”
Foto: Sebastián Smok.

No con el FMI

Dice Leonor: “La derecha más fascista de nuestro país tiene una agenda muy clara contra el feminismo, quieren ir contra cada uno de los derechos que hemos conquistado con sangre y a fuerza de lucha; pero no lo vamos a permitir. Estamos en la más amplia y diversa unidad de vuelta en la calle porque a la derecha la vamos a enfrentar, pero también vamos a decir: no es con el FMI, porque somos las trabajadoras, las precarizadas, las compañeras del barrio, las que más sufren el ajuste”. 

Leonor llegó a Plaza Congreso desde Tucumán, trayendo lo que se ve fuera del centro porteño: “En nuestra Argentina profunda lo que se ve es la pobreza, en todas sus dimensiones, pero el movimiento feminista en la provincia es lo más fuerte que hay, es donde está la unidad y donde nosotras resistimos”.

Sobre la transversalidad habla también Silvia León, referente de ATE Nacional: “Hoy el objetivo tiene que ser que las derechas no avancen en nuestro país. Los 30 mil compañeros desaparecidos y muertos no murieron en vano, y las víctimas de femicidio tampoco”. 

Silvia, rodeada de pañuelos verdes, sostiene junto a las familias de víctimas de femicidios, que tienen las fotos de sus hijas colgando en el pecho, los pañuelos blancos. Los feminismos honran el legado que los derechos humanos construyeron en la calle, con los pies. Dice Silvia: “Nosotras peleamos por soberanía, por educación, por salud, y también seguimos el camino de las Madres, las Abuelas, de los 30 mil, pero también de los familiares. Hay un tiempo que se termina, el de la verticalidad, el del verticalismo y del patriarcado, ahora toca construir transversal y federalmente”

Mujeres trabajadoras en la calle: “Juntas, llegamos a todo”
Foto: Sol Tunni.

Significado de la libertad

Marta y Guillermo, llegaron desde Mar del Plata a las siete de la mañana; junto a Susana y Daniel, se colgaron las fotos de sus hijas en el pecho: Lucía Pérez y Cecilia Basaldúa, dos femicidios territoriales emblemáticos, donde las tramas narco barriales marcaron como alerta una emergencia que traen las periferias.  

¿Por qué recorrer la Ruta 2 durante toda la noche para marchar? Contesta Marta Montero, mamá de Lucía: “Para gritar que no vamos a permitir perder nuestros derechos, lo que hemos conquistado en este tiempo de lucha que no es solo el reciente, me voy más lejos: en este tiempo de democracia que es el tiempo en el que podemos salir, podemos luchar, y también decir lo que pensamos. Todo esto está en peligro, no podemos permitir que venga alguien a decirnos lo que tenemos o lo que podemos hacer, que corten nuestros derechos y lo conseguido: por ejemplo un ministerio. Todas las mujeres no tenemos la suerte de que nos acompañen los gremios, las organizaciones; hay muchas mujeres que están solas, pero vos sabés que hay una puerta que podés golpear y que se va a abrir. Ahora corremos el peligro de que todo eso se termine».

Mujeres trabajadoras en la calle: “Juntas, llegamos a todo”

Marta Montero y Guillermo Pérez, los padres de Lucía (Foto: Sebastián Smok)

¿Por qué creés que quieren que se termine?

Porque somos muchas, hemos tomado la calle, hemos salido, y nuestra palabra se ha hecho escuchar. Y así hemos logrado cambios: el más importante fue el aborto legal. Es imposible no pensar hoy en día que una mujer no tiene derecho de poder decidir sobre su vida.Yo soy una persona de fe, creo en dios, en la virgen, pero no creo en que alguien pueda decirnos que esto tiene que ser de una sola manera porque creo en la libertad de las personas, y si alguien no quiere tener un hijo es respetable. 

Libertad es una palabra hoy disputada, ¿qué significa?

Libertad significa levantarme, salir a la calle y decir lo que pienso sin censura de nadie, poder acompañar a alguien, poder hablar, poder estar. El libertario es otra cosa: son los que nos quieren vender que vamos a estar mejor por cosas que no terminamos ni de entender, es un juego de palabras siniestro que termina en opresión. 

Mujeres trabajadoras en la calle: “Juntas, llegamos a todo”

Foto: Sol Tunni.

¿Qué tienen que hacer los movimientos feministas?

No los tenemos que dejar avanzar. A mí no me representa una persona que esté con una agresividad tal que se le nota, en su manera de hablar, de moverse, a mi no me representa esa violencia, pero estamos viviendo en un momento muy difícil que hoy todo es violencia. El enojo hoy está peor que nunca, o tal vez tenga otra visibilidad, antes se tapaba más, hoy lo ves en un medio, en una red social, es más visible, por eso parece que pasa más. 

¿Cómo volvemos para volver a ser marea?

Es muy importante creer en nosotras mismas, en el valor que nosotras tenemos, valorar quienes somos. Es muy importante no tener miedo, no tener miedo al ridículo, estar seguras de lo que hacemos, de lo que queremos y si tenemos que salir a defender a una compañera, a una hermana, salir y hacerlo con convicción propia. Lo más libre que una puede hacer es salir. Si no es con cada una de nosotras, hasta acá no se hubiese llegado, sin las mujeres luchando por su propia vida, las más grandes ayudando a las más chicas, y las más chicas, por ellas mismas. Esa es la hermandad, todas nos necesitamos, yo sola no puedo, te necesito a vos, a otra, a la hermana, sola es imposible. Necesitamos la confianza en nosotras mismas, evitar la competencia. Nosotras luchamos por la vida, por eso luchamos por todas. Solas no llegamos a nada, pero juntas llegamos a todo.

Mujeres trabajadoras en la calle: “Juntas, llegamos a todo”

Daniel y Susana (padres de Cecilia Basaldúa), Guillermo y Marta. Foto Sebastián Smok.

Mujeres trabajadoras en la calle: “Juntas, llegamos a todo”
Foto: Sebastián Smok.
Mujeres trabajadoras en la calle: “Juntas, llegamos a todo”
Foto: Sebastián Smok.
Mujeres trabajadoras en la calle: “Juntas, llegamos a todo”

Foto Sol Tunni.

Mujeres trabajadoras en la calle: “Juntas, llegamos a todo”

Foto: Sol Tunni

Mujeres trabajadoras en la calle: “Juntas, llegamos a todo”

Foto: Sebastián Smok

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Resultados en la Cumbre Científica de Naciones Unidas: Argentina con agrotóxicos al 100%

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El total (100%) de participantes argentinos en una investigación internacional sobre agrotóxicos “presentó un rango de 6 a 13 plaguicidas en orina, un rango de 2 a 10 plaguicidas en sangre y un rango de 0 a 18 plaguicidas en materia fecal”. El problema incluye a personas que viven lejos de las fumigaciones, por lo que se consideró a estos plaguicidas como «omnipresentes». Se encontraron además los venenos en los alimentos, el polvo del hogar, los granos de cultivos, animales, alimentos para animales, suelos y agua.

A través de una conferencia virtual desde Nueva York, durante más de 3 horas, el proyecto SPRINT reveló este miércoles 27 -Día de la Salud Ambiental- los resultados del estudio realizado en Europa y en la provincia de Buenos Aires (como principal exportadora de soja para alimentación animal).

Entre los venenos detectados están obviamente el glifosato (genotóxico y probable cancerígeno) y el clorpirifos (que pese a estar prohibido en Argentina se sigue vendiendo hasta en los supermercados). El informe señala además los “cócteles”, que mezclan químicos para aumentar la potencia de cada veneno, reuniendo hasta 120 plaguicidas.

La dirección del INTA prohibió a la doctora Virgina Aparicio (que integró en la investigación) participar en cualquier instancia actual del proyecto, y hablar con la prensa, siendo que se trata de un tema de salud pública.

Algunos de los datos que, pese al silencio y a la mordaza oficial, se revelaron en el marco de la Cumbre Científica de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

En alimentos: “el total de participantes argentinos presentó un rango de 6 a 22 plaguicidas en la muestra de alimentos”.

En el polvo del hogar: “el total de muestras analizados en Argentina presentó un rango de 43 a 86 plaguicidas en polvo del hogar”.

Granos de cultivos: “el total de muestras analizadas en Argentina presentó un rango de 0 a 8 plaguicidas en grano”.

En animales: “el total de animales analizados en Argentina presentó un rango de 1 a 12 plaguicidas en orina, un rango de 0 a 16 plaguicidas en materia fecal”. (Los de sangre continúan pendientes).

En alimento para animales: “un rango de 5 a 25 plaguicidas en alimento animal”.

En suelos: “el total de muestras analizados en Argentina presentó un rango de 0 a 12 plaguicidas en suelo”.

Agua superficial: en “el total de muestras analizadas presentó un rango de 10 a 28 plaguicidas en agua superficial”.

Por Anabel Pomar

Resultados en la Cumbre Científica de Naciones Unidas: Argentina con agrotóxicos al 100%

Resultado global presentado sobre las concentraciones de glifosato en seres humanos. Argentina lidera esa tabla con absoluta comodidad.

En el día de la celebración del día de la salud ambiental, miércoles 27 de septiembre, en Nueva York, EE. UU., en el marco de la Cumbre Científica de la Asamblea General de las Naciones Unidas (UNGA78) por primera vez para grandes audiencias pudieron conocerse parte de los resultados del proyecto europeo SPRINT (siglas en inglés de Transición Sostenible de Protección Vegetal: Un Enfoque de Salud Global 2020/2025).

¿Qué es el SPRINT? Es un proyecto financiado por La Unión Europea (UE) que busca identificar los residuos de los agrotóxicos, en ecosistemas y en humanos, y analizar el peligro de la sinergia (la combinación o mezcla) entre los plaguicidas hallados. Esto último, algo jamás contemplado a la hora de aprobar esos peligrosos venenos en el mercado, ni en el llamado “viejo continente”, ni en nuestro país.

En 2021 los muestreos en el marco de ese proyecto además de realizarse en los 10 países europeos participantes se ampliaron a la provincia de Buenos Aires. 

¿Por qué se incluyó a nuestro país?  Por ser el principal exportador de soja para alimentación animal al mercado europeo.

Entre las principales conclusiones del evento de este miércoles en NY, pudieron escucharse las voces de expertas y académicos participantes de ese proyecto. Contaron, basados en rigurosa información, cómo los agrotóxicos usados en la agricultura veneno-dependiente están contaminándolo todo. Cuerpos, comida y ambientes. Una de las palabras que más se repitió en las presentaciones, fue “omnipresente”. Los agrotóxicos están en todos lados: incluso en donde no son utilizados.

Entre los cuadros con centenares de nombres de moléculas químicas usadas en la agricultura, destacan algunos de los agrotóxicos más fumigados en nuestro país. El herbicida glifosato, y su metabolito AMPA, en los primeros puestos. Y para los muestreos en Argentina, en cantidades hasta tres veces superiores en algunas matrices. También el clorpirifos, recientemente prohibido en el país pero que se puede seguir comprando en cualquier góndola de supermercado en el sector de insecticidas.

Resultados en la Cumbre Científica de Naciones Unidas: Argentina con agrotóxicos al 100%

Resultados de plaguicidas en las muestras en orina.

El momento de la presentación es importante ya que este próximo 13 de octubre la Unión Europea deberá votar si decide re-autorizar el uso del glifosato. Desde la coordinación del SPRINT aseguraron que a la brevedad la información –que ya fue presentada en la euro-cámara– será publicada y distribuida al público general para lograr mayor difusión. También aseguraron que esperan que tales resultados impidan que se concrete la renovación del peligroso herbicida.

Omnipresentes

 Ver la presentación de esos estudios que respaldan una afirmación que muestra la magnitud del daño, estremece. Hasta las personas que consumen o producen alimentos sin usar agrotóxicos tienen sus cuerpos contaminados. Y aquellas que consumen alimentos libres de agrotóxicos, también. El cuadro completo muestra que la exposición ambiental llega a todas las personas, no solo a quienes producen con venenos o viven en zonas rurales. Y por todas las rutas de exposición.

Resultados en la Cumbre Científica de Naciones Unidas: Argentina con agrotóxicos al 100%

Los resultados de los venenos en materia fecal.

En los hogares

Como ejemplo se puede mencionar lo que se encontró al medir el polvo de hogares, presentado por Daniel M. Figueiredo, de la Universidad de Utrecht de Países Bajos. Los resultados indican que los agrotóxicos llegan a impactar en los organismos más por los ambientes que por la dieta misma: también son una ruta de exposición directa. El más detectado es el glifosato y su metabolito AMPA, en un cóctel de sustancias químicas peligrosas en un rango de entre 25 y 120 plaguicidas.

Otra constante: los cócteles de agroquímicos. No hay una sola sustancia sino decenas o cientos, mezcladas para aumentar la  potencia del veneno. En el caso presentado impactaban tanto a los vecinos de producciones convencionales cómo orgánicas.

A su turno, Hans Mol de la Universidad de Wageningen de Países Bajos, en la presentación de lo hallado en muestras de fluidos humanos –en los que el glifosato vuelve a estar entre lo más detectado. Los resultados señalan que hay presencia del herbicida genotóxico y probable cancerígeno en orina en el 86,1% de los argentinos muestreados y en el 35,2% de los europeos, mientras al analizar las heces humanas se detecta ese plaguicida en el 70,5% de las personas residentes en Europa y en el 100% de los bonaerenses.

Para el caso del clorpirifos, el 3,7% de europeos tiene en sus heces ese tóxico, mientras que para la Argentina el número asciende a 37,7%. Nuevamente salimos campeones, esta vez de otro podio tóxico.

La mordaza

En la conferencia virtual –toda en inglés– que  duró tres horas y a la que asistió lavaca y aproximadamente un centenar de personas conectadas desde distintas partes del mundo, no estuvo la investigadora a cargo del proyecto en Argentina, la doctora Virginia Aparicio.

Lavaca consultó a la investigadora del INTA el porqué de su ausencia que para la decena de personas conectadas desde Argentina no pasó desapercibida. Aparicio no tiene autorizado por orden directa de la dirección de ese organismo estatal participar de ninguna instancia del SPRINT, ni hablar con la prensa.

Lavaca se comunicó con el INTA (socio número 16 identificado como CSS11-Buenos Aires dentro del proyecto SPRINT) pero nuevamente, como sucede desde hace meses, no hubo respuesta oficial.

El organismo público impidió que hasta el día de hoy los resultados de lo muestreado en nuestro país se difunda. En julio de este año, pese a esa censura oficial, la vaca pudo conocer los resultados de ese muestreo en territorio y población bonaerense y publicarlo.

Del muestreo en Argentina participaron 73 personas. De las 73, 1/3 consumidoras, 1/3 habitantes de pueblos pequeños y “vecinos de productores”. Y 1/3 productores agropecuarios de los cuales la mitad usa plaguicidas y la otra mitad trabaja agroecológicamente. También se incluyó un monitoreo en 14 establecimientos rurales. Se tomaron pruebas en ambiente, alimentos, grano y muestras biológicas en animales.

“El total de participantes argentinos presentó un rango de 6 a 13 plaguicidas en orina, un rango de 2 a 10 plaguicidas en sangre y un rango de 0 a 18 plaguicidas en materia fecal” es una de las revelaciones de la  investigación.   

En los ambientes en los que esas personas se mueven a diario, “el total de participantes argentinos presentó un rango de 7 a 53 plaguicidas en las pulseras” de detección.

La vida cotidiana asediada

En las consideraciones preliminares de esos estudios personales que trascendieron se consigna: “Las mezclas de residuos de plaguicidas están presentes en los cuerpos humanos. Las personas se exponen a los plaguicidas en su vida cotidiana (datos de pulseras). La mayoría de los residuos son peligrosos para el ecosistema y los humanos”.

En alimentos, “el total de participantes argentinos presentó un rango de 6 a 22 plaguicidas en la muestra de alimentos”.

En el polvo del hogar, en “el total de muestras analizados en Argentina presentó un rango de 43 a 86 plaguicidas en polvo del hogar”.

Granos de cultivos, en “el total de muestras analizadas en Argentina presentó un rango de 0 a 8 plaguicidas en grano”.

En animales, en “el total de animales analizados en Argentina presentó un rango de 1 a 12 plaguicidas en orina, un rango de 0 a 16 plaguicidas en materia fecal”. (Los de sangre continúan pendientes).

En alimento para animales, en “un rango de 5 a 25 plaguicidas en alimento animal”.

En suelos, “el total de muestras analizados en Argentina presentó un rango de 0 a 12 plaguicidas en suelo”.

Agua superficial (en la zona de trabajo de SPRINT) en “el total de muestras analizadas presentó un rango de 10 a 28 plaguicidas en agua superficial”.

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Tucumán: condenan a un funcionario judicial y en el fallo recomiendan colgar placas en Tribunales que digan «un ambiente violento de trabajo afecta el servicio de justicia»

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Un funcionario judicial de Tucumán fue condenado por abuso sexual: 4 años, obligación de reparación económica, capacitación y placas en Tribunales. El hecho no es aislado: el Observatorio Lucía Pérez lleva adelante un registro que incluye 420 funcionarios (integrantes del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, de las cúpulas de las Fuerzas de Seguridad y de la Iglesia Católica) denunciados por violencia de género. Los argumentos e implicancias de un fallo ejemplar.

Jorge Edmundo Mistretta, exjefe de despacho de la Secretaría Electoral del Juzgado Federal N° 1 de Tucumán, jubilado desde 2019, fue condenado a cuatro años por abuso sexual contra dos de sus empleadas. Los abusos ocurrieron en 2013 y 2015: incluye tocarle los pechos a una de ellas y querer besarla, comentarios sexuales groseros, e intento de tocar a otra de las denunciantes. 

En el fallo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán, compuesto por la jueza María Noel Costa, y los jueces Carlos Enrique Jiménez Montilla y Enrique Lilljedhal, se ordenó: 

  • La inmediata detención, aunque cumplirá prisión domiciliaria por su estado de salud.
  • Una indemnización de $4.4 millones de pesos y 3.6 millones de pesos para cada una de las víctimas.
  • La realización de un programa de capacitación sobre perspectiva de género y en política de prevención, sanción y eliminación de la violencia contra la mujer.
  • Se solicitó a Recursos Humanos de la Corte Suprema de Justicia Nacional que “se arbitren los mecanismos administrativos necesarios por una medida restaurativa que contemple la incorporación a una de las oficinas judiciales de esa jurisdicción -de la Cámara o del Tribunal Oral -, debiendo garantizar la ‘no revictimización’ de una de las víctimas”.
  • Además se recomendó que se coloquen placas en tribunales donde sucedieron los hechos que digan: “Un ambiente violento de trabajo afecta el servicio de justicia. No a la violencia ni al acoso”.

Los fundamentos se conocerán el próximo 29 de septiembre.

El “caso” no es aislado. El Observatorio Lucía Pérez lleva adelante un registro de denuncias por violencia de género contra integrantes del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, de las Fuerzas de Seguridad y de la Iglesia Católicas. 

El registro incluye ya 420 funcionarios denunciados, entre intendentes, diputados, fiscales, sargento, jueces, asesores, concejales, cabos, decano, sacerdotes y un largo etcétera. De todos los denunciados 99 son del Poder Judicial, al igual que Jorge Edmundo Mistretta; 139 del Poder Ejecutivo; 62 del Poder Legislativo; 67 de la Iglesia Católica; y 53 de las cúpulas de las fuerzas de seguridad.  

El padrón de funcionarios denunciados se puede ver acá

Tucumán: condenan a un funcionario judicial y en el fallo recomiendan colgar placas en Tribunales que digan «un ambiente violento de trabajo afecta el servicio de justicia»
El Poder Judicial es el segundo del Estado con más denuncias. Datos de Observatorio Lucía Pérez.

El Estado argentino se comprometió en 2020 a llevar un registro público de funcionarios judiciales denunciados por violencia de género como parte de un acuerdo amistoso alcanzado en el marco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Hasta el momento lo hizo de forma incompleta y escasa, por ello comenzó a realizarlo, de manera autogestiva, el Observatorio Lucía Pérez que sumó además otros poderes para completarlo y con esa información reflexionar acerca de qué relación hay entre la ausencia de políticas públicas de contención y prevención y estas prácticas impunes.

Lo que se ve: la consigna “El Estado es responsable” se hace carne en la sistematización de esta información. No lo es solamente por omisión, o ineficaz: es un Estado violento. 

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