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El Derecho, al revés: Mara Puntano, abogada de la UTD-Mosconi

Publicada

hace 19 años

11/05/2004

Los jueces, los legisladores, los partidos políticos de cualquier signo y ciertos organismos de derechos humanos: conversar con Mara Puntano equivale a comprender de qué lado está la justicia en la Argentina. Desde Salta, una entrevista a una abogada que cree que evitaría homicidios y torturas en las cárceles si lograra tener una notebook. Dice la doctora Puntano: “Es un deber moral defender a todo luchador social. No solamente a los muertos hace 28 años, sino al que muere día a día, al que está en peligro en este mismo momento. Hay compañeros que resisten hoy. Y ante el mínimo conocimiento de que alguien ha caído detenido por una lucha social, es imprescindible actuar porque eso puede salvarle la vida”.

Mara Puntano es una abogada laboralista y penalista nacida en Orán, recibida en Corrientes y regresada a Salta.
Llegó al mundo con una carga genética de vocación por las causas complicadas, y actualmente enfrenta casi a solas al gobierno, a las petroleras y a la justicia de Salta. Defiende a los trabajadores de Mosconi acosados por la justicia a través de cientos de causas que se les abren cada vez que reclaman lo que es suyo: el trabajo, y las deudas asumidas ante ellos hace más de una década, cuando se cometieron las privatizaciones.
«Cuando me recibí trabajé con sindicatos. Vengo del peronismo. Primero trabajé gratuitamente en la CGT». *
(* Referencia arqueológica: la Confederación General del Trabajo fue una central gremial que, según algunos estudiosos, sigue existiendo en forma larvada, aunque tal hipótesis no ha podido verificarse).
«Pensaba que dentro del peronismo la parte más rescatable era la parte obrera. Hasta que empecé a ver que todo era una mugre, en los años 80. Me alejé y no estuve en ningún otro partido político. Defendí a gente del PC, del PCR, el PO, la CCC, la CTA (Partidos Comunista, Comunista Revolucionario y Obrero, Corriente Clasista y Combativa, Confederación de Trabajadores Argentinos)».
Eso fue durante los años 90. Mara también se dedicó -carga genética mediante- a los temas de derechos humanos. «No sólo por lo ocurrido durante la dictadura. Empecé a intervenir también en causas de apremios ilegales de la policía contra todo tipo de luchador social».
En el 2000, la realidad le cambió el juego: «La lucha de los piqueteros ya había comenzado, pero después empezaron las detenciones, la represión feroz. Yo me presentaba en los juzgados y decía que quería ejercer la defensa de los detenidos, de los que no sabía ni el nombre».
Encrucijada: Mara comenzó a defender a los piqueteros, pero las sedes salteñas de los organismos de derechos humanos con las que ella trabajaba -cuenta- no estaban de acuerdo.
Es sencillamente impresionante escuchar cada cosa que dice con una tonada salteña llena de suavidad. Engañosa suavidad.
-¿Por qué los organismos no estaban de acuerdo?
-No querían hacerse cargo de esos casos. La UTD fue la más castigada, y la que presentaba mayor resistencia. No aceptaba pasivamente las cosas. Acá se resiste en serio. Se pelea cuerpo a cuerpo con la policía, con la gendarmería. Bueno, hay gente que no está de acuerdo con eso, y entonces yo tampoco estoy de acuerdo con esas organizaciones de derechos humanos. Para mí es una actitud política decir: defiendo a esta gente.
-Perdón, Mara, pero si bien es crucial la lucha por los derechos humanos orientada al pasado, lo que se vivía era la violación de esos derechos en el presente. No se entiende por qué no lo asumían.
-Yo tampoco. Yo también creo que es muy noble y reivindico toda la lucha de los 70. Admiro y respeto a los 30.000 desaparecidos. Tanto, que yo también presenté aquí en Salta el juicio por la verdad, y sigo siendo abogada de varios familiares en ese juicio. Pero aparte, creo que es un deber moral defender a todo luchador social. No solamente a los muertos hace 28 años, sino al que muere día a día, al que está en peligro en este mismo momento. Hay compañeros que resisten hoy. Y ante el mínimo conocimiento de que alguien ha caído detenido por una lucha social, es imprescindible actuar porque eso puede salvarle la vida.
-¿De qué modo?
-Mire, en el trayecto desde que alguien es detenido hasta llegar a la comisaría o el juzgado, puede morir. Puede morir. Es obligatorio moralmente intervenir, y me parece inmoral no hacerlo. Y más, si los que no lo hacen son organizaciones que tienen estructura, gente capacitada y dinero para ejercer la defensa de los derechos humanos. Pero se vuelven burocráticos y no hacen nada. Yo estoy en contra.
-¿De quién estamos hablando?
-Prefiero hablar en general. No sé: es peor el que no quiere ver que el ciego. El compañero que está en esos organismos y no quiere ver, me parece tremendo. Yo soy muy frontal, pero no me importa y lo digo como es: hay instituciones con la estructura, la gente y los recursos para dedicarse a estos temas, y no lo hacen.

Hoy en día Mara tiene a su cargo la situación de más de 300 encausados (sólo en Salta figura el 10 por ciento de los criminalizados por protestar del país). «Encausado es toda persona a la que se le inicia una causa penal imputándole un delito común. Nosotros decimos que es un delito político, porque se trata de una lucha social determinada. Sea por ocupar vivienda, reclamar una tierra, reclamar condiciones dignas de vida».

La definición sobre la provincia: «Esto es un feudo. Estamos en el siglo XXI pero eso es cronológicamente. Políticamente, Salta sigue estando en el Medioevo. Siguen existiendo amos y esclavos. Sigue existiendo un temor reverencial hacia los señores, las familias, que estando en democracia utilizan a las instituciones como botín de guerra. Tenemos el poder judicial, el ejecutivo, el legislativo incluso, que están en manos siempre de las mismas familias, lo mismo que pasa en Santiago, en Catamarca. Nunca cambia nada. Cambian las instituciones pero siguen siendo las mimas familias y los mismos intereses».
Mara describe situaciones inconcebibles, pero que no lo son. «En los ingenios los obreros siguen siendo tan esclavos como en la época de la conquista. Son dueños de vidas y de personas. Se sigue utilizando el derecho del patrón de violar a la hija del obrero. Eso es tabú. Está y no se dice. Pero existe».
Para comprende el grado de violencia de la que son capaces quienes ejercen el poder de la zona, Mara recuerda el caso del Ingenio Ledesma, propiedad de la familia Blaquier, y el apagón ocurrido el 27 de junio de 1976, a las 22. En aquel momento, las fuerzas de seguridad cortaron el suministro de energía a la ciudad de Libertador General San Martín y la localidad de Calilegua, que fueron sitiadas por la Policía de la provincia de Jujuy, la Policía Federal, el Ejército y la Gendarmería Nacional.
La oscuridad permitió el secuestro de 400 obreros, estudiantes secundarios y universitarios, amas de casa. Todos fueron llevados -en vehículos de la empresa- a centros clandestinos, donde permanecieron semanas y meses, sometidos a la rutina de tortura sistemática generalizada en aquellos tiempos.
Treinta de esas personas nunca volvieron a aparecer.
(Más recientemente, las protestas y escraches a la señora Nelly Arrieta de Blaquier, presidenta de la Asociación de Amigos del Museo de Bellas Artes, fueron calificados por el diario La Nación como metodología nazi, adjetivación que jamás merecieron en dicho periódico hechos como el apagón en Ledesma).

Dice Mara: «Así desaparecieron todos los que dirigían el sindicato del azúcar, y todos los maestros que eran considerados subversivos. Esa es una realidad que hay en todo el noroeste argentino, que es un feudo. Los jueces responden a esos patrones de estancia, y por eso criminalizan la protesta. Y están acostumbrados tanto a actuar como patrones de estancia, que prescinden incluso del derecho vigente, incluso el derecho injusto que rige en este sistema y que responde a una clase dominante. Ni ese tipo de derecho respetan».
La frase de Mara podría pronunciarse en una desmesurada cantidad de juzgados argentinos: «Están tan acostumbrado a la impunidad, que ni siquiera se toman el trabajo de elaborar sus sentencias y por lo menos ser prolijos».
Mara Puntano informa de paso que muchos jueces son o han sido efectivamente empleados de las empresas multinacionales. «El juez Aramayo, por ejemplo. Y el ex secretario de Derechos Humanos de la provincia, el doctor Reston, es actualmente abogado de Tecpetrol».

La abogada considera que ya se ha naturalizado la criminalización de la protesta social. «Es algo tan cotidiano y a la vez tan bruto que no puede explicarse. Aquí la gente está metida para adentro, es silenciosa, más pasiva. Y parece acostumbrada o resignada a la sumisión y el aplastamiento. Parecería que no creen que tienen derechos. Y entonces todo el que se levante, así sea un maestro que enseñe un librito raro, ya comete un delito. Y para eso te vuelcan todo el peso de la ley. No importa qué delito, pero así te tratan. Esa es la historia de este pueblo. La gente de la UTD está procesada por sedición, instigación a cometer delitos, incendio, por daños, por obstrucción y entorpecimiento de los medios de transporte. Están procesados como partícipes de asociación ilícita. Se consiguió sacar la imputacón de «organizadores» de la asociación ilícita, que no era excarcelable».

En el caso de José Pepino Fernández (que suma -sólo él- un total de más de 70 causas, de las cuales 58 son federales) «ya le hacen causas porque sí. Sin razón que valga. El otro día fue a declarar a tres que le iniciaron últimamente».
Mara es la abogada de todas las causas. Tiene que moverse en distintos fueros y localidades. De Salta capital hay más de 350 kilómetros hasta Mosconi, que está en jurisdicción de Tartagal. Para colmo, se abrió otro juzgado federal en Orán, a donde van las causas de Mosconi, lo que complica aún más los trámites y el recorrido de la abogada.
«En realidad todos son ataques judiciales para controlar la protesta social».

-¿No está muy sola, ante tal volumen y dificultades judiciales?
-Estoy sola para llevar todas las causas, pero estoy muy acompañada. Después de los muertos del año 2000, en mayo Matías Gómez y Orlando Justiniano, y en noviembre Aníbal Verón, cuando vimos que la represión seguía siendo inminente, ya en el 2001, descubrí el recurso de Internet. Pedí ayuda el 15 de junio de ese año. El 17 mataron a Carlos Santillán y a Oscar Valle. Creo que ahí muchos vieron que yo no mentía. Vino una delegación de 40 organismos, gente de sindicatos y partidos, le invadieron el despacho al juez Cornejo. Entraron en tropel, y se sintió por primera vez desnudo en su impunidad frente a la monstruosidad de lo que estaba haciendo. Hubo casos de muertes, pero también de heridos como Iván Dorado que tenía 17 años y quedó parapléjico por las balas de guerra, prohibidas por convenciones internacionales. Iván tiene esas municiones en su columna vertebral. Pero decía que me siento acompañada porque se empezó a entender lo que pasaba aquí. Eso sirvió para que los jueces se sintieran un poco más observados, y cuidan un poco más las torturas y las muertes. No hubo más muertes en las rutas. Si hay en las comisarías, y las catalogan como suicidio. Pero bueno, me siento acompañada por mucha gente, por el Foro que se hizo en Mosconi, y porque así se va armando una red que sirve para estar en contacto y actuar.
-¿Qué se puede hacer concretamente?
-Cuando detienen a alguien y circula rápido la noticia, se puede llamar al juzgado, mandar mails, un fax, todo sirve para que el juez sepa que alguien, en algún lugar del planeta, sabe que ese compañero está detenido. Eso es de vida o muerte. Y no hay peor cosa para un asesino que quitarle el manto de impunidad.
-¿Cuál es la mejor salida para evitar que los encausados sigan estándolo?
-(Se indigna) Para mí tienen que actuar… otra vez lo mismo. Las instituciones, ¿para qué diablos están las instituciones, los partidos políticos que ganaron elecciones y tienen diputados, senadores y concejales, metidos en esas instituciones que pagamos todos nosotros? ¿Qué hacen? Ganaron elecciones hablando de solidaridad. Entonces, ahora que peleen. Que hagan las leyes que tienen que hacer. Que hagan su trabajo. Creo que, por ejemplo, tendría que reformarse el Código Penal.
-¿Qué habría que cambiarle?
-Que no se castigue la protesta social, ni lo que hace la gente en estado de indefensión, o la que exige trabajo y por eso corta una ruta. No puede ser un delito, porque hay una causa de justificación. Ya que hay tanto cráneo cobrando sueldo de nuestros impuestos, que lo cambien.
-Pero Mara, con las actuales leyes sobra para no criminalizar la protesta. Como se dijo Roberto Gargarella en el Foro Mosconi, el problema es que los jueces son brutos y brutales.
-Son brutos cuando quieren. Para que sean un poco menos brutos, todo esto tendría que estar explícitamente incluido en el Código Penal. Y lo otro que tendría que salir es una ley de amnistía a todos los luchadores sociales que han sido procesados. Soluciones hay dentro del sistema. De última, la solución es el cambio del sistema que es totalmente injusto, y tiene un derecho igualmente injusto. Pero bueno, para eso falta mucho.
El proyecto de amnistía está presentado hace mucho, y no se trata. Si se logró el tratamiento de las leyes de obediencia debida y punto final, también tendría que lograrse con esto. ¿Qué están esperando? ¿Qué todos los luchadores sociales salgan a la calle? ¿Qué los maten a todos en la cárcel? ¿Qué pretenden? ¿Para qué están en esos cargos legislativos si no hacen nada?
-¿Qué colaboraciones concretas necesitaría para ejercer su trabajo?
-Una notebook para hacer ahí nomás un escrito y presentarlo, esté donde esté. Una cámara de fotos.
-¿…?
-Una chiquita, para meter en las cárceles. Se podrían mostrar y hacer tantas cosas, se podría mostrar el hacinamiento, las injusticias, y a los torturadores. Los abogados deberíamos, todos, devolver a la sociedad lo que la sociedad nos dio. Si somos profesionales, se lo debemos al pueblo y tenemos que estar al servicio del pueblo. Entonces, no podemos permitir que a un detenido se lo torture. Los abogados podemos ir a las comisarías, exigir revisarlas. Vos entrás a cualquier comisaría y se escuchan los gritos. O las radios a todo volumen. ¿No sabemos desde la época de la dictadura para qué ponen las radios a todo volumen? ¿O nos hacemos los boludos?
Hay muchísimos organismos de derechos humanos que tienen el cartoncito para poder entrar a las cárceles y no lo hacen. Los defensores oficiales, los fiscales y procuradores, hay una cantidad de instituciones y funcionarios que cobran, tienen capacidad y terminan siendo cómplices de los asesinatos: por todo lo que no hacen. ¿Cobran 4.000 pesos y nunca tienen media hora para ir a una cárcel a ver lo que pasa? Para colmo, yo creo que nada es casual. El sistema se encarga de que no tengamos estructura jurídica, que desconozcamos cuáles son nuestros derechos. Y los colegios de abogados y las corporaciones gozan con hacer del derecho y la abogacía algo inaccesible a la población, porque eso significa poder.

Mara Puntano asegura que no necesita cosas para ella, «tengo pocas ambiciones personales, aunque hay peleas porque no se llega bien a fin de mes». Dice: «Si una persona sola y sin recursos puede defender a toda esta gente, ¿cuánto más podría lograrse con medios técnicos y algo de colaboración?»
La pregunta no tiene respuesta. Todavía.

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Mujeres trabajadoras en la calle: “Juntas, llegamos a todo”

Publicada

hace 1 día

28/09/2023

Los feminismos siguen siendo el único movimiento que tiene la capacidad de transversalizar la unidad, amplia, y poner en Avenida de Mayo, de cara a Plaza Congreso, cuadras y cuadras de columnas que van desde el sindicalismo, a los movimientos sociales, a la izquierda, al kirchnerismo.

Aún cuando por Hipólito Yrigoyen ingrese la enorme columna de la intersindical feminista seguida por poco del oficialismo; y por el otro costado, por Avenida de Mayo, ingrese la izquierda; todos los espacios comparten plaza a menos de un mes de elecciones generales que definen quién presidirá el país.

Esa es la noticia: seguimos transversalmente en la calle.

Video: Sebastián Smok.

De la economía popular a la formal

“Creían que el movimiento había desaparecido porque no estaba en la calle, pero estábamos en cada uno de nuestros territorios, ahí también damos la batalla y la lucha”, dice Leonor Cruz, Secretaria de Géneros y Diversidad de la CTA Autónoma, frente a la enorme columna de trabajadoras que son protagonistas de esta marcha. Las tres banderas que encabezan: UTEP, CTA y CTA Autónoma. De la economía popular a la economía formal, todas adentro.

Mujeres trabajadoras en la calle: “Juntas, llegamos a todo” — La cabeza de la marcha de este 28 S. (Foto: Sol Tunni).

Junto a ellas también marchan familias de víctimas de femicidios: Marta y Guillermo, mamá y papá de Lucía Pérez; y Daniel y Susana, papá y mamá de Cecilia Basaldúa, que salieron desde la sede de MU junto a un grupo de mujeres que les siguen con los pañuelos blancos que bordan dos palabras: Nunca Más.

No con el FMI

Dice Leonor: “La derecha más fascista de nuestro país tiene una agenda muy clara contra el feminismo, quieren ir contra cada uno de los derechos que hemos conquistado con sangre y a fuerza de lucha; pero no lo vamos a permitir. Estamos en la más amplia y diversa unidad de vuelta en la calle porque a la derecha la vamos a enfrentar, pero también vamos a decir: no es con el FMI, porque somos las trabajadoras, las precarizadas, las compañeras del barrio, las que más sufren el ajuste”.

Leonor llegó a Plaza Congreso desde Tucumán, trayendo lo que se ve fuera del centro porteño: “En nuestra Argentina profunda lo que se ve es la pobreza, en todas sus dimensiones, pero el movimiento feminista en la provincia es lo más fuerte que hay, es donde está la unidad y donde nosotras resistimos”.

Sobre la transversalidad habla también Silvia León, referente de ATE Nacional: “Hoy el objetivo tiene que ser que las derechas no avancen en nuestro país. Los 30 mil compañeros desaparecidos y muertos no murieron en vano, y las víctimas de femicidio tampoco”.

Silvia, rodeada de pañuelos verdes, sostiene junto a las familias de víctimas de femicidios, que tienen las fotos de sus hijas colgando en el pecho, los pañuelos blancos. Los feminismos honran el legado que los derechos humanos construyeron en la calle, con los pies. Dice Silvia: “Nosotras peleamos por soberanía, por educación, por salud, y también seguimos el camino de las Madres, las Abuelas, de los 30 mil, pero también de los familiares. Hay un tiempo que se termina, el de la verticalidad, el del verticalismo y del patriarcado, ahora toca construir transversal y federalmente”

Significado de la libertad

Marta y Guillermo, llegaron desde Mar del Plata a las siete de la mañana; junto a Susana y Daniel, se colgaron las fotos de sus hijas en el pecho: Lucía Pérez y Cecilia Basaldúa, dos femicidios territoriales emblemáticos, donde las tramas narco barriales marcaron como alerta una emergencia que traen las periferias.

¿Por qué recorrer la Ruta 2 durante toda la noche para marchar? Contesta Marta Montero, mamá de Lucía: “Para gritar que no vamos a permitir perder nuestros derechos, lo que hemos conquistado en este tiempo de lucha que no es solo el reciente, me voy más lejos: en este tiempo de democracia que es el tiempo en el que podemos salir, podemos luchar, y también decir lo que pensamos. Todo esto está en peligro, no podemos permitir que venga alguien a decirnos lo que tenemos o lo que podemos hacer, que corten nuestros derechos y lo conseguido: por ejemplo un ministerio. Todas las mujeres no tenemos la suerte de que nos acompañen los gremios, las organizaciones; hay muchas mujeres que están solas, pero vos sabés que hay una puerta que podés golpear y que se va a abrir. Ahora corremos el peligro de que todo eso se termine».

Marta Montero y Guillermo Pérez, los padres de Lucía (Foto: Sebastián Smok)

¿Por qué creés que quieren que se termine?

Porque somos muchas, hemos tomado la calle, hemos salido, y nuestra palabra se ha hecho escuchar. Y así hemos logrado cambios: el más importante fue el aborto legal. Es imposible no pensar hoy en día que una mujer no tiene derecho de poder decidir sobre su vida.Yo soy una persona de fe, creo en dios, en la virgen, pero no creo en que alguien pueda decirnos que esto tiene que ser de una sola manera porque creo en la libertad de las personas, y si alguien no quiere tener un hijo es respetable.

Libertad es una palabra hoy disputada, ¿qué significa?

Libertad significa levantarme, salir a la calle y decir lo que pienso sin censura de nadie, poder acompañar a alguien, poder hablar, poder estar. El libertario es otra cosa: son los que nos quieren vender que vamos a estar mejor por cosas que no terminamos ni de entender, es un juego de palabras siniestro que termina en opresión.

Foto: Sol Tunni.

¿Qué tienen que hacer los movimientos feministas?

No los tenemos que dejar avanzar. A mí no me representa una persona que esté con una agresividad tal que se le nota, en su manera de hablar, de moverse, a mi no me representa esa violencia, pero estamos viviendo en un momento muy difícil que hoy todo es violencia. El enojo hoy está peor que nunca, o tal vez tenga otra visibilidad, antes se tapaba más, hoy lo ves en un medio, en una red social, es más visible, por eso parece que pasa más.

¿Cómo volvemos para volver a ser marea?

Es muy importante creer en nosotras mismas, en el valor que nosotras tenemos, valorar quienes somos. Es muy importante no tener miedo, no tener miedo al ridículo, estar seguras de lo que hacemos, de lo que queremos y si tenemos que salir a defender a una compañera, a una hermana, salir y hacerlo con convicción propia. Lo más libre que una puede hacer es salir. Si no es con cada una de nosotras, hasta acá no se hubiese llegado, sin las mujeres luchando por su propia vida, las más grandes ayudando a las más chicas, y las más chicas, por ellas mismas. Esa es la hermandad, todas nos necesitamos, yo sola no puedo, te necesito a vos, a otra, a la hermana, sola es imposible. Necesitamos la confianza en nosotras mismas, evitar la competencia. Nosotras luchamos por la vida, por eso luchamos por todas. Solas no llegamos a nada, pero juntas llegamos a todo.

Daniel y Susana (padres de Cecilia Basaldúa), Guillermo y Marta. Foto Sebastián Smok.

Foto Sol Tunni.

Foto: Sol Tunni

Foto: Sebastián Smok

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Resultados en la Cumbre Científica de Naciones Unidas: Argentina con agrotóxicos al 100%

Publicada

hace 2 días

27/09/2023

El total (100%) de participantes argentinos en una investigación internacional sobre agrotóxicos “presentó un rango de 6 a 13 plaguicidas en orina, un rango de 2 a 10 plaguicidas en sangre y un rango de 0 a 18 plaguicidas en materia fecal”. El problema incluye a personas que viven lejos de las fumigaciones, por lo que se consideró a estos plaguicidas como «omnipresentes». Se encontraron además los venenos en los alimentos, el polvo del hogar, los granos de cultivos, animales, alimentos para animales, suelos y agua.

A través de una conferencia virtual desde Nueva York, durante más de 3 horas, el proyecto SPRINT reveló este miércoles 27 -Día de la Salud Ambiental- los resultados del estudio realizado en Europa y en la provincia de Buenos Aires (como principal exportadora de soja para alimentación animal).

Entre los venenos detectados están obviamente el glifosato (genotóxico y probable cancerígeno) y el clorpirifos (que pese a estar prohibido en Argentina se sigue vendiendo hasta en los supermercados). El informe señala además los “cócteles”, que mezclan químicos para aumentar la potencia de cada veneno, reuniendo hasta 120 plaguicidas.

La dirección del INTA prohibió a la doctora Virgina Aparicio (que integró en la investigación) participar en cualquier instancia actual del proyecto, y hablar con la prensa, siendo que se trata de un tema de salud pública.

Algunos de los datos que, pese al silencio y a la mordaza oficial, se revelaron en el marco de la Cumbre Científica de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

En alimentos: “el total de participantes argentinos presentó un rango de 6 a 22 plaguicidas en la muestra de alimentos”.

En el polvo del hogar: “el total de muestras analizados en Argentina presentó un rango de 43 a 86 plaguicidas en polvo del hogar”.

Granos de cultivos: “el total de muestras analizadas en Argentina presentó un rango de 0 a 8 plaguicidas en grano”.

En animales: “el total de animales analizados en Argentina presentó un rango de 1 a 12 plaguicidas en orina, un rango de 0 a 16 plaguicidas en materia fecal”. (Los de sangre continúan pendientes).

En alimento para animales: “un rango de 5 a 25 plaguicidas en alimento animal”.

En suelos: “el total de muestras analizados en Argentina presentó un rango de 0 a 12 plaguicidas en suelo”.

Agua superficial: en “el total de muestras analizadas presentó un rango de 10 a 28 plaguicidas en agua superficial”.

Por Anabel Pomar

Resultado global presentado sobre las concentraciones de glifosato en seres humanos. Argentina lidera esa tabla con absoluta comodidad.

En el día de la celebración del día de la salud ambiental, miércoles 27 de septiembre, en Nueva York, EE. UU., en el marco de la Cumbre Científica de la Asamblea General de las Naciones Unidas (UNGA78) por primera vez para grandes audiencias pudieron conocerse parte de los resultados del proyecto europeo SPRINT (siglas en inglés de Transición Sostenible de Protección Vegetal: Un Enfoque de Salud Global 2020/2025).

¿Qué es el SPRINT? Es un proyecto financiado por La Unión Europea (UE) que busca identificar los residuos de los agrotóxicos, en ecosistemas y en humanos, y analizar el peligro de la sinergia (la combinación o mezcla) entre los plaguicidas hallados. Esto último, algo jamás contemplado a la hora de aprobar esos peligrosos venenos en el mercado, ni en el llamado “viejo continente”, ni en nuestro país.

En 2021 los muestreos en el marco de ese proyecto además de realizarse en los 10 países europeos participantes se ampliaron a la provincia de Buenos Aires.

¿Por qué se incluyó a nuestro país? Por ser el principal exportador de soja para alimentación animal al mercado europeo.

Entre las principales conclusiones del evento de este miércoles en NY, pudieron escucharse las voces de expertas y académicos participantes de ese proyecto. Contaron, basados en rigurosa información, cómo los agrotóxicos usados en la agricultura veneno-dependiente están contaminándolo todo. Cuerpos, comida y ambientes. Una de las palabras que más se repitió en las presentaciones, fue “omnipresente”. Los agrotóxicos están en todos lados: incluso en donde no son utilizados.

Entre los cuadros con centenares de nombres de moléculas químicas usadas en la agricultura, destacan algunos de los agrotóxicos más fumigados en nuestro país. El herbicida glifosato, y su metabolito AMPA, en los primeros puestos. Y para los muestreos en Argentina, en cantidades hasta tres veces superiores en algunas matrices. También el clorpirifos, recientemente prohibido en el país pero que se puede seguir comprando en cualquier góndola de supermercado en el sector de insecticidas.

Resultados de plaguicidas en las muestras en orina.

El momento de la presentación es importante ya que este próximo 13 de octubre la Unión Europea deberá votar si decide re-autorizar el uso del glifosato. Desde la coordinación del SPRINT aseguraron que a la brevedad la información –que ya fue presentada en la euro-cámara– será publicada y distribuida al público general para lograr mayor difusión. También aseguraron que esperan que tales resultados impidan que se concrete la renovación del peligroso herbicida.

Omnipresentes

Ver la presentación de esos estudios que respaldan una afirmación que muestra la magnitud del daño, estremece. Hasta las personas que consumen o producen alimentos sin usar agrotóxicos tienen sus cuerpos contaminados. Y aquellas que consumen alimentos libres de agrotóxicos, también. El cuadro completo muestra que la exposición ambiental llega a todas las personas, no solo a quienes producen con venenos o viven en zonas rurales. Y por todas las rutas de exposición.

Los resultados de los venenos en materia fecal.

En los hogares

Como ejemplo se puede mencionar lo que se encontró al medir el polvo de hogares, presentado por Daniel M. Figueiredo, de la Universidad de Utrecht de Países Bajos. Los resultados indican que los agrotóxicos llegan a impactar en los organismos más por los ambientes que por la dieta misma: también son una ruta de exposición directa. El más detectado es el glifosato y su metabolito AMPA, en un cóctel de sustancias químicas peligrosas en un rango de entre 25 y 120 plaguicidas.

Otra constante: los cócteles de agroquímicos. No hay una sola sustancia sino decenas o cientos, mezcladas para aumentar la potencia del veneno. En el caso presentado impactaban tanto a los vecinos de producciones convencionales cómo orgánicas.

A su turno, Hans Mol de la Universidad de Wageningen de Países Bajos, en la presentación de lo hallado en muestras de fluidos humanos –en los que el glifosato vuelve a estar entre lo más detectado. Los resultados señalan que hay presencia del herbicida genotóxico y probable cancerígeno en orina en el 86,1% de los argentinos muestreados y en el 35,2% de los europeos, mientras al analizar las heces humanas se detecta ese plaguicida en el 70,5% de las personas residentes en Europa y en el 100% de los bonaerenses.

Para el caso del clorpirifos, el 3,7% de europeos tiene en sus heces ese tóxico, mientras que para la Argentina el número asciende a 37,7%. Nuevamente salimos campeones, esta vez de otro podio tóxico.

La mordaza

En la conferencia virtual –toda en inglés– que duró tres horas y a la que asistió lavaca y aproximadamente un centenar de personas conectadas desde distintas partes del mundo, no estuvo la investigadora a cargo del proyecto en Argentina, la doctora Virginia Aparicio.

Lavaca consultó a la investigadora del INTA el porqué de su ausencia que para la decena de personas conectadas desde Argentina no pasó desapercibida. Aparicio no tiene autorizado por orden directa de la dirección de ese organismo estatal participar de ninguna instancia del SPRINT, ni hablar con la prensa.

Lavaca se comunicó con el INTA (socio número 16 identificado como CSS11-Buenos Aires dentro del proyecto SPRINT) pero nuevamente, como sucede desde hace meses, no hubo respuesta oficial.

El organismo público impidió que hasta el día de hoy los resultados de lo muestreado en nuestro país se difunda. En julio de este año, pese a esa censura oficial, la vaca pudo conocer los resultados de ese muestreo en territorio y población bonaerense y publicarlo.

Del muestreo en Argentina participaron 73 personas. De las 73, 1/3 consumidoras, 1/3 habitantes de pueblos pequeños y “vecinos de productores”. Y 1/3 productores agropecuarios de los cuales la mitad usa plaguicidas y la otra mitad trabaja agroecológicamente. También se incluyó un monitoreo en 14 establecimientos rurales. Se tomaron pruebas en ambiente, alimentos, grano y muestras biológicas en animales.

“El total de participantes argentinos presentó un rango de 6 a 13 plaguicidas en orina, un rango de 2 a 10 plaguicidas en sangre y un rango de 0 a 18 plaguicidas en materia fecal” es una de las revelaciones de la investigación.

En los ambientes en los que esas personas se mueven a diario, “el total de participantes argentinos presentó un rango de 7 a 53 plaguicidas en las pulseras” de detección.

La vida cotidiana asediada

En las consideraciones preliminares de esos estudios personales que trascendieron se consigna: “Las mezclas de residuos de plaguicidas están presentes en los cuerpos humanos. Las personas se exponen a los plaguicidas en su vida cotidiana (datos de pulseras). La mayoría de los residuos son peligrosos para el ecosistema y los humanos”.

En alimentos, “el total de participantes argentinos presentó un rango de 6 a 22 plaguicidas en la muestra de alimentos”.

En el polvo del hogar, en “el total de muestras analizados en Argentina presentó un rango de 43 a 86 plaguicidas en polvo del hogar”.

Granos de cultivos, en “el total de muestras analizadas en Argentina presentó un rango de 0 a 8 plaguicidas en grano”.

En animales, en “el total de animales analizados en Argentina presentó un rango de 1 a 12 plaguicidas en orina, un rango de 0 a 16 plaguicidas en materia fecal”. (Los de sangre continúan pendientes).

En alimento para animales, en “un rango de 5 a 25 plaguicidas en alimento animal”.

En suelos, “el total de muestras analizados en Argentina presentó un rango de 0 a 12 plaguicidas en suelo”.

Agua superficial (en la zona de trabajo de SPRINT) en “el total de muestras analizadas presentó un rango de 10 a 28 plaguicidas en agua superficial”.

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Tucumán: condenan a un funcionario judicial y en el fallo recomiendan colgar placas en Tribunales que digan «un ambiente violento de trabajo afecta el servicio de justicia»

Publicada

hace 4 días

25/09/2023

Un funcionario judicial de Tucumán fue condenado por abuso sexual: 4 años, obligación de reparación económica, capacitación y placas en Tribunales. El hecho no es aislado: el Observatorio Lucía Pérez lleva adelante un registro que incluye 420 funcionarios (integrantes del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, de las cúpulas de las Fuerzas de Seguridad y de la Iglesia Católica) denunciados por violencia de género. Los argumentos e implicancias de un fallo ejemplar.

Jorge Edmundo Mistretta, exjefe de despacho de la Secretaría Electoral del Juzgado Federal N° 1 de Tucumán, jubilado desde 2019, fue condenado a cuatro años por abuso sexual contra dos de sus empleadas. Los abusos ocurrieron en 2013 y 2015: incluye tocarle los pechos a una de ellas y querer besarla, comentarios sexuales groseros, e intento de tocar a otra de las denunciantes.

En el fallo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán, compuesto por la jueza María Noel Costa, y los jueces Carlos Enrique Jiménez Montilla y Enrique Lilljedhal, se ordenó:

La inmediata detención, aunque cumplirá prisión domiciliaria por su estado de salud.
Una indemnización de $4.4 millones de pesos y 3.6 millones de pesos para cada una de las víctimas.
La realización de un programa de capacitación sobre perspectiva de género y en política de prevención, sanción y eliminación de la violencia contra la mujer.
Se solicitó a Recursos Humanos de la Corte Suprema de Justicia Nacional que “se arbitren los mecanismos administrativos necesarios por una medida restaurativa que contemple la incorporación a una de las oficinas judiciales de esa jurisdicción -de la Cámara o del Tribunal Oral -, debiendo garantizar la ‘no revictimización’ de una de las víctimas”.
Además se recomendó que se coloquen placas en tribunales donde sucedieron los hechos que digan: “Un ambiente violento de trabajo afecta el servicio de justicia. No a la violencia ni al acoso”.

Los fundamentos se conocerán el próximo 29 de septiembre.

El “caso” no es aislado. El Observatorio Lucía Pérez lleva adelante un registro de denuncias por violencia de género contra integrantes del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, de las Fuerzas de Seguridad y de la Iglesia Católicas.

El registro incluye ya 420 funcionarios denunciados, entre intendentes, diputados, fiscales, sargento, jueces, asesores, concejales, cabos, decano, sacerdotes y un largo etcétera. De todos los denunciados 99 son del Poder Judicial, al igual que Jorge Edmundo Mistretta; 139 del Poder Ejecutivo; 62 del Poder Legislativo; 67 de la Iglesia Católica; y 53 de las cúpulas de las fuerzas de seguridad.

El padrón de funcionarios denunciados se puede ver acá

Tucumán: condenan a un funcionario judicial y en el fallo recomiendan colgar placas en Tribunales que digan «un ambiente violento de trabajo afecta el servicio de justicia» — El Poder Judicial es el segundo del Estado con más denuncias. Datos de Observatorio Lucía Pérez.

El Estado argentino se comprometió en 2020 a llevar un registro público de funcionarios judiciales denunciados por violencia de género como parte de un acuerdo amistoso alcanzado en el marco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Hasta el momento lo hizo de forma incompleta y escasa, por ello comenzó a realizarlo, de manera autogestiva, el Observatorio Lucía Pérez que sumó además otros poderes para completarlo y con esa información reflexionar acerca de qué relación hay entre la ausencia de políticas públicas de contención y prevención y estas prácticas impunes.

Lo que se ve: la consigna “El Estado es responsable” se hace carne en la sistematización de esta información. No lo es solamente por omisión, o ineficaz: es un Estado violento.

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Tucumán: condenan a un funcionario judicial y en el fallo recomiendan colgar placas en Tribunales que digan «un ambiente violento de trabajo afecta el servicio de justicia»