Nota
Crónica del Estado imbécil. Petróleo: entre la privatización y la desmovilización kirchnerista
Una conferencia sobre el petróleo y el saqueo de los recursos naturales en Latinoamérica reunió en el Instituto Goethe de Buenos Aires a la mexicana Ana Esther Ceceña (intelectual profundamente ligada al zapatismo), el boliviano Oscar Olivera (vocero de las coordinadoras para la Defensa del Agua y la Recuperación de los Hidrocarburos), y a los argentinos José Pepino Fernández (UTD-Mosconi), Fernando ‘Pino’ Solanas (ex diputado, cineasta) y Eduardo Basualdo (economista). Se trazó un panorama -¿asombroso?- sobre los resultados de la privatización petrolera y su viscosa continuidad en el gobierno de Kirchner. Qué se dijo en ese encuentro, la definición sobre “el sistema argentino”, y la inquietante sensación de que la sociedad mantiene –frente a demasiados temas- una resignación levemente suicida.
“Lo que hace la Argentina es igual que decirle a los empresarios: entren a los bancos, bajen a los tesoros, lleven las divisas que necesitan ustedes, ciudadanos tan honrados como nuestros petroleros, que siempre han sido honestos y pacíficos, y digan por declaración jurada cuánto se llevaron. Nadie los va a controlar. Ese es el sistema argentino. Una vergüenza” dijo Fernando “Pino” Solanas indignado, y siguió:
“Y esto lo sabe el señor Kirchner (presidente argentino) que mantiene a un conjunto de funcionarios que vienen del riñón de las privatizaciones. Es un escándalo, una inmoralidad. La energía es un bien social, un derecho humano. La energía debe democratizarse”.
Tal el tono de la conferencia El petróleo y los recursos naturales en la lucha emancipatoria, que se realizó en el Instituto Goethe, convocada por el propio instituto, Alerta Argentina, y el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Escuchando esa definición sobre “el sistema argentino” había unas 150 personas, y un panel fuerte:
Ana Esther Ceceña, intelectual mexicana profundamente ligada al zapatismo, Coordinadora del Grupo de Trabajo “Hegemonía y emancipaciones” de Clacso y directora de la revista Chiapas, de México.
El boliviano Oscar Olivera, secretario general de la Federación de Fabriles de Cochabamba, vocero de las coordinadoras para la Defensa del Agua y de la Vida, y por la Defensa y Recuperación de los hidrocarburos.
José “Pepino” Fernández, de la UTD de General Mosconi, Salta, piquetero y ex petrolero que acumula 76 procesos en su contra iniciados por jueces afines a las petroleras.
Eduardo Basualdo, director de la Maestría en Economía de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO).
Y el ya presentado Pino Solanas, autor de un documental clásico, La hora de los hornos, y uno reciente, Memorias del saqueo, además de ex diputado y fundador del Movimiento para la Recuperación de la Energía Nacional Orientadora (MORENO).
Como moderadora, Maristella Svampa, investigadora docente de la Universidad de General Sarmiento y del Conicet, miembro además de Alerta Argentina. Luego hablaron también Mario Rearte (de la coordinadora de ex ypefeanos de zona norte), Pablo Bertinat
(del Programa Desarrollo Sustentable y del Foro de Ecología política) y Ariel Ruiz, trabajador de Caleta Olivia -Santa Cruz- donde siguen detenidas seis personas por reclamar puestos de trabajo, acusadas de delitos absurdos, por lo que Ruiz pareció interpretar como una clarificación del estilo Kirchner frente al tema.
Pepino Fernández abrió la charla con una breve intervención en la que denunció por enésima vez -ante la indiferencia sorda de los gobiernos- que las petroleras contaminan, que el gobernador Romero es cómplice de las empresas, que no se controla nada y que a nadie parece importarle. Reivindicó al general Enrique Mosconi (1877-1940), por su defensa de los recursos naturales.
(Luego sería reivindicado Arturo Illia, presidente entre 1963 y 1966. Y se informó que incluso la mera aplicación de la actual ley de hidrocarburos, vigente desde tiempos de Juan Carlos Onganía y su ministro Adalbert Krieger Vasena, haría caer eso que Solanas llamó el sistema argentino).
Privatizar el agua de lluvia
Oscar Olivera describió cómo Bolivia no es un país pobre, sino rico, por su biodiversidad, sus ecosistemas, la producción forestal, la riqueza amazónica, el agua dulce y -obvio- el gas y el petróleo. Además hay producción de coca, minería (zinc, hierro, oro, plata, tungsteno, antimonio).
“Pero veamos quién se lleva esa riqueza” dijo mientras mostraba imágenes de los ex presidentes Jaime Paz Zamora y Gonzalo Sánchez de Losada, entre otros. Definió como un “contubernio” la relación entre gobernantes y petroleras, denunció como totalmente ilegals 75 contratos de extracción de recursos y explico que Bolivia ha perdido más de 5.000 millones de dólares. Mostró la imagen de un ejecutivo de Repsol que felicitaba a Bolivia por ser “muy rentable: por cada dólar de inversión, se ganan 10 dólares” (sic). Contó que a partir de una disposición del Banco Mundial se prohibió a los bolivianos acumular agua de lluvia.
Recordó que en Bolivia continúa “muy sutilmente” la prohibición promovida por el Banco Mundial de acumulación de agua de lluvia. (Todo empezó en Cochabamba, en el 2000. Se privatizó el servicio de agua a la norteamericana Bechtel Corporation que aplicó un tarifazo y llegó a querer cobrar a quienes acumulaban agua de lluvia, milenaria costumbre allí, lo que derivó en la llamada Guerra del agua, levantamiento popular reprimido con entusiasmo por las autoridades. Bechtel luego denunció a Bolivia -en el Banco Mundial- por no haber podido llevar adelante su proyecto).
La Guerra del Agua terminó con cinco muertos y más de cien heridos en el 2000. En el 2003 la represión contra los levantamientos para evitar la depredación del gas mató a 33 personas, y hubo casi 300 heridos.
“El 17 de octubre de 2003 el presidente Sánchez de Losada tuvo que huir del país, como antes lo había hecho Kirchner”, dijo Olivera, quien antes de aclarar sonriendo “De la Rúa” ya estaba recibiendo aplausos de la concurrencia de Goethe.
Aprovechó para explicar que el actual gobierno boliviano de Carlos Mesa “no es ni más ni menos que un paralelo del gobierno de Kirchner, porque genera desmovilización mientras continúa el saqueo”.
Para entender el saqueo
Ana Esther Ceceña relató de qué modo se convenció a los países latinoamericanos de algo incierto: que exportar petróleo es bueno. “Se convenció a nuestros países -donde se creía que el petróleo era un bien estratégico que podía dedicarse al desarrollo industrial- de que en realidad había que exportar petróleo para financiar el desarrollo. ¿En qué momento fue? El de la crisis de la OPEP” (En 1973 los países productores de petróleo se pusieron de acuerdo, frente a las grandes potencias, para fijar cuotas de producción y precios del crudo).
Ceceña explicó que en ese momento los Estados Unidos comprendieron que necesitaban productores alternativos. Los más cercanos, accesibles y fáciles de controlar fueron los países latinoamericanos, donde no se sabía ni cuánto petróleo había. Se produjo entonces la siguiente secuencia.
“Se dijo que si había mucho petróleo, y se lo exportaba, íbamos a ser más ricos. Pero para eso había que hacer inversiones en exploración”.
Para invertir, había que endeudarse. Dijo Ceceña: “En poco tiempo la deuda se triplicó, y además el precio del petróleo cayó”. El endeudamiento para enriquecerse terminó siendo empobrecimiento al cuadrado.
Con la idea de la exportación aparece la de privatización. “El Estado entrega los recursos que tiene, y ya no tiene de dónde generar riqueza”. (Salida típica para obtener recursos: endeudarse más aún).
Siguió Ana Esther: “Se generó un círculo vicioso. No para Estados Unidos que así puede mantener sus propias reservas petroleras intactas durante mucho tiempo, mientras usa el petróleo de nuestros países”.
Estados Unidos tiene el 6% de las reservas mundiales de petróleo, pero consume más del 25%. Se está previendo el agotamiento del crudo, razonó Ceceña, pero todavía no aparecieron fuentes alternativas. Los dos elementos básicos para producir electricidad son petróleo y agua.
“La lógica de privatización de cada uno de nuestros países no es una lógica propia. Aunque digan que el gas de Bolivia se exporta para ayudar a la Argentina, tiene una ruta muy precisa: sale por Argentina o chile rumbo al norte de México, y de ahí se traslada directamente al área industrial de California”.
Las mismas empresas que están en Bolivia aparecen en los proyectos gasíferos mexicanos, donde el petróleo no ha sido formalmente privatizado: “Pero se lo está haciendo con un esquema de contratitos. Para la exploración en un caso, para explotación en otro, para alguna cuenca de gas, o una plataforma petrolera, o el Golfo de México. Ahí perforan Repsol y Esso”. Los “contratitos” son una privatización de hecho.
Ceceña dijo que las tres grandes zonas petroleras del mundo son Medio Oriente, América Latina (hasta la Antártida) y toda el área alrededor de Nigeria, en África. “El ejército norteamericano ha entrado a todas esas regiones, de diferentes maneras”.
Explicó que a veces no parece entenderse que el petróleo mueve el mundo, imponiendo toda clase de condiciones. “Impone modos de producir y de consumir, impone patrones tecnológicos y modos de apropiación del territorio. No se trata sólo de un recurso. Es todo un patrón de organización de la producción, del comercio y de la vida, que se nos impone a través del saqueo de estos recursos”.
Recursos, además, como los minerales y el agua -la de lluvia incluso.
Sobre los resultados de la asociación comercial entre México y los Estados Unidos, Ceceña informó: “En diez años de tratado de libre comercio, el número de obres se duplicó. Los tratados favorecieron a los empresarios pero no a los pueblos, que están empobrecidos y degradados”.
Propuso entonces pensar que “la defensa de nuestros recursos es la defensa de nuestras vidas y nuestro futuro. La lucha es por el territorio y por la vida. Es la única alternativa que tenemos, y una necesidad para detener la carrera armamentista y la carrera económica de ocupación de nuestros territorios que han emprendido los grandes poderes, principalmente los que están en los Estados Unidos”.
¿Cómo industrializar el país?
Eduardo Basualdo recordó cuál era el fundamento racional para que existiera un monopolio estatal:
1) “Asegurar al país la oferta de un bien estratégico y buscar el autoabastecimiento porque estaba claro, hace ya muchas décadas, que la posibilidad de industrialización dependía de la posibilidad de disponer de petróleo”.
2) “Garantizar la apropiación social de la renta, y no la privada ni la oligopólica”.
3) “Asegurar la preservación ambiental y el uso racional de los recursos”.
Aclaró Basualdo que las ofensivas sobre estos recursos no han sido solo del capital extranjero sino también del capital oligopólico local. “Hubo muchos momentos de avance a través de la concesión de contratos durante la última etapa del peronismo, el desarrollismo, las concesiones durante la dictadura, el Plan Houston” (en gobierno radical de Alfonsín).
Agregó, pensando en el futuro, que la posibilidad de industrialización futura del país no depende sólo de que exista una empresa estatal sino una regulación estatal del mercado petrolero.
“El Estado fijaba desde el precio en boca de pozo hasta el precio final de los combustibles, los impuestos, los márgenes de distribución. Los privados y contratistas no disponían del petróleo”.
A partir de los 90, dijo Basualdo, ocurrieron dos cuestiones concatenadas:
La transferencia de YPF a manos privadas. “Un proceso gradual y violento al mismo tiempo, ya que primero el Estado se reserva el 51% de las acciones, luego el 20% y finalmente Repsol compra el 100% de YPF”.”
“La desregulación, que consistió en correr al Estado de la regulación. Se transfirió la capacidad regulatoria al monopolio privado, y así se permitió la convergencia entre el precio interno con el internacional. Es una clave para entender el proceso de desindustrialización del país. Se desvinculó a la producción petrolera de la creación de una industria.
Dijo al terminar: “Quiero ratificar la imposibilidad de plasmar un proyecto alternativo de carácter popular sin revertir la situación de la renta (se refería básicamente a la renta agropecuaria y a la petrolera). No hay posibilidades de industrialización. No hay posibilidades de superar lo primario (campo, minerales, petróleo), sin utilizar lo primario para generar industrias”.
La mayor chatura cultural
Pino Solanas dijo que estamos en una civilización del petróleo. “Es un recurso importantísimo. No diría que el único porque seríamos esclavos de lo irreversible, dado que el recurso parece ser que se acabará en 50 o 60 años”. El crecimiento demográfico mundial y el aumento de consumo de Estados Unidos y China, marcan ese medio siglo hasta que se llegue a un mundo sin petróleo.
Sostuvo Solanas: “Lo que nos sorprende es la ineptitud, la ignorancia o la complicidad militante de quienes nos han gobernado, y de quienes están también al frente de los organismos técnicos, incluso en el gobierno actual. La Secretaría de Energía está en manos de los mismos funcionarios y personajes que fueron ejecutivos activos en los peores momentos de la privatización del menemato”.
Explicaciones para que ocurra lo que ocurre:
“Aquí reina la imbecilidad. Pocas veces hemos vivido un momento de tanta chatura intelectual y cultural. Somos víctimas de la derrota cultural que nos provocó el neoliberalismo y el posmodernismo en la década del 90, empezando por el Consenso de Washington, donde nada podía cambiarse, y cualquier y cualquier idea de defender valores sociales o de lo público era anacrónica”.
“Digo derrota cultural, que es más profunda que la política, porque es la derrota en las convicciones y en el sentimiento”.
Solanas expresó que la sensación que quedó fue la de que no había cambio posible, y que sólo existía la posibilidad de subirse al supuesto tren de la historia: “En realidad, al último vagón de este tren carguero destrozado, penoso, corrupto e inmoral, pero que todos suponían que era el último que pasaba”.
Dijo que revertir esa noción es una tarea colectiva a la que, siguiendo su razonamiento, no se dedica casi nadie. “Hasta hace poco en ninguna de nuestras universidades había un solo trabajo que explicara cuáles fueron las consecuencias sociales que tuvo una de las mayores bestialidades cometidas en la Argentina, además de la privatización del petróleo: la aniquilación del ferrocarril. Ninguna nación culta del mundo destruye su ferrocarril. Aquí, de 36.000 kilómetros de vías quedaron 8.000. Pagamos más subsidios que antes. Cerraron 800 estaciones, dejando 800 pueblos fantasmas, y miles de personas que se mudaron a la periferia de las grandes ciudades”.
Solanas detalló que todo eso se hizo con el aval de casi todos los medios de prensa, y que aún hoy el diario La Nación se indigna con cualquier cosa que se parezca a la reestatización ferroviaria: “Hasta qué punto va el cinismo del diario del señor Escribano (Claudio Escribano, en realidad, no es el dueño aunque lo parece) que se cuida de informar que los ingleses renacionalizaron sus propios trenes”.
La renta que dejaba el petróleo al fisco, según Solana, es idéntica a la que aportaban las provincias de Buenos Aires, La Pampa, y todas las de la Patagonia. “Es como si una guerra nos hubiera cortado el territorio por la mitad. Pero ocurrió alegremente. Acá no hubo guerra. Acá hubo una acción corruptora de las petroleras. Y silencio, porque todo lo que pasó también fue por el bombardeo de los medios, en manos de comunicadores canallas y traidores que no eran ni periodistas, sino empresarios”.
Mencionó el caso del conductor de A dos voces, Marcelo Bonelli, que escribió en 1984 el libro “Un volcán en llamas”. “Ahí denunciaba todos los contubernios de las coroporaciones argentinas premiadas por la dictadura con contratos y concesiones tan canallas, que obligaban a YPF a comprarles la producción del petróleo que sacaba la misma YPF, pero pagándolo a precio internacional. Así se construyó la fortuna de los Pérez Companc, que no tenían nada que ver con el petróleo porque eran navieras. De los Rocca, que estaban en la construcción, los Bulgheroni, grupos de acción y vaciamiento del aparato del Estado que vivieron de grandes subsidios, créditos y sobreprecios, y de la condonación de todas las multas que se merecían sus incumplimientos”.
¿Cómo creció la deuda externa?
Según Pino Solanas esta situación, que llamó “Petrocracia”, es la que explica el fenómeno Menem, y una clave para entender parte sustancial del endeudamiento externo.
“En el menemato se traspasó una renta de 8.000 millones de dólares, que dejaba YPF. Como no existía ese dinero, que era el combustible que aceitaba y compensaba gran parte del desarrollo nacional, ¿qué hicieron? Pidieron deuda externa. El faltante de 8.000 millones, multiplicado por 10 ó 12 años, más el 10% de interés anual de la deuda, da 130 mil o 140 mil millones de dólares, buena parte de nuestra deuda externa”.
Agregó que la estafa actual consiste en que el precio del barril, en la Argentina, tiene como costo de producción 3 dólares pero por el acuerdo de las petroleras con el gobierno de Kirchner, lo hacen valer 28 ó 30. El consumidor argentino paga precio internacional. “ESTAFA: ese debería ser el título de todos los diarios” se ilusionó Solanas. “El producto es enteramente nacional y no hay relación entre el costo y el precio, en un mercado que fuera realmente desregulado y competitivo, y no un oligopolio”. Los salarios que pagan Repsol, Tecpetrol, y las otras petroleras, en cambio, no son de nivel internacional, con lo que la estafa se multiplica.
¿Cómo fue posible todo esto? Por la desinformación, según Solanas:
“Tenemos un pueblo que posa de saber mucho, sobre todo nuestra capa intelectual universitaria. Pero saben de lo que pasa afuera. Es un pueblo que no sabe lo que tiene, que no conoce el valor de su patrimonio. Confunde el patrimonio nacional con un conjunto de escuela, unos bueyes y un monumento histórico. Confunde lo que es público, patrimonio y tesoro nacional, con el Estado. Y al Estado lo confunde con el gobierno. Y al gobierno, con el partido gobernante.
Frente a la creación de ENARSA (Empresa Nacional de Energía Sociedad Anónima), Solanas reconoce haber reaccionado positivamente: “Era un paso importante, frente a la nada de un Estado imbécil, hijo de los pavotes, que no sabía ni cuánto petróleo tenía”.
Explicó que la desconfianza no puede ser el patrón único de relación “porque no se puede creer que nadie en la vida va a corregir sus acciones; si pensáramos así seríamos unos autoritarios espantosos”.
Dicho esto, y reconociendo que su agrupación MORENO quiso confiar en el gobierno, aclaró: “Sin embargo, las señales son negativas. El primer contacto de ENARSA es con una empresa de Angola que en realidad es de China y a la cual le vamos a ceder parte del territorio marítimo. De esto no se sabe nada porque la desinformación sigue siendo brutal”.
Rechazó la idea de que no es posible efectuar cambios y puso como ejemplo al propio gobierno de Kirchner, que logró derrumbar las leyes de impunidad por los actos de terrorismo de Estado.
“Pero la realidad se corta en dos o tres cuestiones. Decime, hermano, fuera del verso, ¿estás o no por recuperar la renta petrolera? Somos dueños virtuales, pero queremos recuperar la renta real. ¿Estás de acuerdo, dirigente político, social o lo que sea? Si no, no perdamos el tiempo en hablar de otra cosa”.
De Illia a Onganía
Puso otro ejemplo de posibilidad real de recuperación. “El petróleo puede recuperarse. Primero, hace falta decisión política. El presidente Illia (Arturo Illia, radical, gobernó entre 1963 y 1966) lo recuperó enseguida. Desde el Congreso pidió por razones de emergencia, desarrollo, económicas, jurídicas y demás, anular todos los contratos de Frondizi (Arturo, radical intransigente, había gobernado entre 1958 y 1962)”. Solanas informó que las regalías que cobra la Argentina, 12% son las más bajas del continente (más bajas aún que las que indignan al boliviano Olivera).
“Pero además lo que hace la Argentina es igual que decirle a los empresarios: entren a los bancos, bajen a los tesoros, lleven las divisas que necesitan ustedes, ciudadanos tan honrados como nuestros petroleros, que siempre han sido honestos y pacíficos, y digan por declaración jurada cuánto se llevaron. Nadie los va a controlar. Ese es el sistema argentino. Una vergüenza. Y esto lo sabe el señor Kirchner (presidente argentino) que mantiene a un conjunto de funcionarios que vienen del riñón de las privatizaciones. Es un escándalo, una inmoralidad. La energía es un bien social, un derecho humano. La energía debe democratizarse”.
Demostró entonces que en este momento ni siquiera haría falta apelar a la voluntad política o a los discursos soberanos: “Si hoy se aplicara la ley vigente de hidrocarburos, (la 17.319) que viene de la época de Onganía (Juan Carlos, general, ex dictador que sucedió en el poder justamente a Arturo Illia, derrocado por la llamada Revolución Argentina) y Krieger Vasena (Adalbert, ministro de Economía de Onganía), ley que en aquel momento calificábamos como horrorosa y hoy está a la izquierda de todo lo que vino después… si se aplicara esa ley las dos terceras partes de las concesiones petroleras se caerían”.
Que una ley de aquel gobierno hoy resulte casi revolucionaria, describe el estado de las cosas.
Solanas relató una urgencia, la de los procesamientos contra la UTD de Mosconi, y en particular Pepino Fernández. “En General Mosconi, la 2º cuenca de gas del país, el 70% de la población no tiene gas. Miles de hombre y mujeres enfrentaron a la gendarmería, y vencieron es esas puebladas. Han sido jornadas de las más importantes en defensa del petróleo y de los desocupados. Y este señor (Fernández) tiene 76 causas llevadas por dos jueces que vienen de la dictadura y permanecen en la mafiocracia de Salta, uno de los gobiernos más ligados al narcotráfico. El del señor Juan Carlos Romero, ex candidato a vicepresidente de Menem. Y hay 600 procesados en Salta, y ahora también en Santa Cruz, donde hay compañeros que han sido torturados (Karina Zauco, de Las Heras, perdió su embarazo, por ejemplo, como consecuencia de la golpiza recibida). Pero como estas luchas ocurren lejos de buenos Aires, y en los diarios no puede leerse una sola noticia de lo que pasa en las provincias, nadie se entera de lo que pasa. Digo: acá hay que rodear a los trabajadores que protagonizan estas luchas en defensa de una ética nacional y de una ética social”.
Concluyó: “O somos solidarios, o lo nuestro es de la boca para afuera. Hay que ser solidarios y correr la misma suerte de estos compañeros que nos enorgullecen”.
¿Volver al Estado?
El ingeniero Pablo Bertinat, miembro del Programa Desarrollo Sustentables y del Foro de Ecología política fue invitado también a hablar y agregó algo crucial: “Hay que incluir alguna idea más en este debate sobre lo público y lo privado. Es indispensable avanzar sobre el control público de los bienes energéticos, que no deben ser mercancías sino bienes sociales, pero tenemos que discutir el carácter de las empresas que vamos a tener porque en Latinoamérica también tenemos innumerables empresas del Estado que no garantizan la distribución de la renta ni que se eviten los daños ambientales, ni la exclusión de poblaciones”.
El punto es fuerte. El diagnóstico sobre los males de la privatización y el traspaso de la regulación y las rentas a los privados no deja claro, por ahora, cuál es la contrapropuesta. ¿Volver a lo estatal? El mismo Solanas recordó cómo Bonelli denunciaba en su libro los saqueos ocurridos con el petróleo estatizado, por mencionar sólo un ejemplo a mano.
Bertinat anunció que es posible otro modelo energético y de desarrollo, para lo cual habrá una serie de reuniones incluso en el Foro Social de Porto Alegre (enero 2005) buscando combinar los conceptos de energía, democracia, paz, derechos humanos, sustentabilidad ambiental, descentralización, creación de empleo, soberanía e integración, entre otros. “Tenemos que definir qué tipo de integración buscamos, si la de las ganancias de las multinacionales, o la de los pueblos desde la solidaridad”.
Los empresarios pinguinos
Daniel Ruiz, del Frente de Trabajadores Combativos de Caleta Olivia, explicó luego que la vida de la población depende del petróleo y la pesca, dos recursos que se están depredando sistemáticamente. “Los responsables, en el caso del petróleo, son Repsol, Panamerican, Tecpetrol, Astra, Petrobrás. Han contaminado pueblos enteros, y aparecen casos de cáncer que está estudiando la Universidad de la Patagonia”.
Narró que las petroleras utilizan agua potable para los trabajos de recuperación secundaria de pozos (para el libro Guinness de los desperdicios) y preguntó: “¿Saben cuántos empleados tiene Repsol en toda la Patagonia? Setenta. El resto son contratistas bajo convenios como el de la construcción”. Contó que cada día salen cinco millones de dólares de petróleo desde Caleta Córdoba, en Comodoro Rivadavia, y otros cinco millones desde Caleta Olivia: “Y nosotros estamos todos sin trabajo. Con hambre, muerte, prostitución. Eso hizo la privatización”.
Viendo los camiones que iban a cargar los barcos comprendieron que “ahí estaba el dinero y el poder. Nos cansamos de ir al municipio a pedir, o a la gobernación, antes con Kirchner y ahora con (Sergio) Acevedo. Vimos que la única forma de conseguir trabajo era pararles la producción controlando el acceso a la planta. Desde 2002 hasta ahora se han conseguido más de 2.200 puestos de trabajo”.
Contó de la represión del 3 de septiembre: “Fueron por las casas buscando a los compañeros. Actualmente quedan 6 detenidos, con cargos que vienen de laley de evasión económica de los años 70, con hasta 16 años de prisión. Les quitaron los subsidios que cobraban, o perdieron su trabajo”.
Consideró que la única forma de revertir este problema es la unidad. “Cada vez que venimos vemos que los movimientos están más divididos, y esa es una de las debilidades nuestras. Si no nos logramos unir, va a ser difícil combatir”.
Las petroleras, según el relato de Ruiz, han contratado policía privada, además de contar con las fuerzas estatales. “Acá se habló de ENARSA. Karina Zauco perdió su embarazo producto de la represión. Es la primera víctima fatal. La empresa en conflicto es Oil, contratista de Repsol, a cargo de Cristóbal López (un hombre que se jacta de su supuesta amistad con Kirchner, ver en lavaca “A los golpes, Karina perdió su embarazo”). Y uno de los socios de López es Ezequiel Espinosa, hoy titular de ENARSA. Así es que en Santa Cruz hay usurpación, hambre y represión, y millones de ganancias para las petroleras, las pesqueras y las mineras. Eso es Kirchner en Santa Cruz, y es lo que va a ser a nivel nacional”.
Recuerdos de la lechuga
Mario Rearte (coordinadora de ex ypefeanos Zona Norte) recordó que al comenzar su lucha tras la privatización y los despidos, los trabajadores fueron al Congreso. “Nos recibió un senador por Santa Cruz llamado Ludueña. Íbamos solos porque la burocracia sindical estaba entregada al poder político del menemismo. Nos dijo: lamentablemente muchachos, no se va a poder hacer nada, porque acá corrió la lechuga. La lechuga eran los dólares”.
Cuando se hablaba de privatizaciones -historió Rearte- se decía que la deuda externa de 45.000 millones y el déficit estatal, eran culpa de las empresas estatales. “Y bueno, si esto de privatizar es una solución, capaz que nosotros estamos equivocados. Eso pensaron algunos en aquel momento. Pero hoy estamos sin empresas. El Estado perdió el control total. La deuda creció tres veces más, y tenemos 4.500 trabajadores en el norte bajo la indigencia”.
Denunció, además, que el Estado sigue sin pagarles a los ex trabajadores la cifra que los propios funcionarios salieron a anunciar el año pasado. “Con eso quisieron hacer quedar como que la deuda estaba saldada. Todo fue mentira. Jamás se cumplió ni siquiera con el compromiso que ellos anunciaron. Nosotros vamos a seguir luchando y quisiéramos que esta batalla contra la desocupación, la marginalidad y la desnutrición, sea acompañada en el orden nacional, y especialmente por el capitalino, para poder triunfar”.
Una mujer del público preguntó por el caso de Venezuela. Ana Esther Ceceña contestó que se mezclan dos cuestiones: el petróleo y la rebeldía de dicho país. “Venezuela y México, juntos, tienen tantas reservas como Irak. Estados Unidos tiene un déficit petrolero grande porque con el 6% de las reservas mundiales, consume el 25% del total, y por eso busca quedarse con el petróleo de Irak e Irán, y buscará quedarse con el de Venezuela y México”.
La conferencia, ya hacia el final, mostraba una característica de mucho diagnóstico (indispensable) y pocas propuestas concretas sobre cómo seguir adelante. ¿Estatizar? ¿Recuperar para el Estado un nuevo y supuesto poder regulatorio? ¿Con qué clase de control social sobre el Estado? ¿Lograr nuevas formas de rescate de lo público? ¿Incorporar a trabajadores y consumidores como protagonistas de la gestión?
Solanas lanzó una idea previa: “Hay que desarrollar el debate sobre cuál es el modelo de gestión que debe reemplazar al fracaso de las privatizadas. Ese es el tema de los temas. El gobierno no quiere abrir este debate como tampoco quiere apelar al instrumento enorme que ofrece la Constitución Nacional: el referéndum vinculante. Si en la Argentina se convocara al pueblo, si no se le temiera, se abriría la posibilidad de redemocratizar las instituciones y redistribuir con sentido social y democrático la renta que producimos”.
¿Se desarrollará ese debate, o la sociedad seguirá la secuencia de hechos a larga distancia, como si todo le ocurriera a otros? Es apenas uno de los grandes dilemas de los próximos tiempos, para entender el devenir de el sistema argentino.
Nota
Detienen a una integrante de la asamblea de Famatina por desplegar una bandera
La presión social hizo que la liberaran a las tres horas y sin ninguna causa. Su detención ocurrió ante la llegada del gobernador Quintela a un evento pro minero, cuando Jenny Luján, docente integrante de la asamblea de Famatina, intentó desplegar una bandera que decía “El Famatina no se toca”. La política detrás del intento de volver a instalar proyectos en la provincia. La postura de las asambleas. Cómo fue el episodio y cómo se organizan las y los vecinos que defienden el medioambiente y la vida, en medio de RIGI locales, tejes de corrupción y una política partidaria en contra del pueblo: “Estamos no solo resistiendo sino pensando qué queremos construir y cómo lo vamos a lograr. No es fácil, pero lo bueno es que seguimos y acá estamos y estaremos”. Hoy Jenny denunciará al gobierno por detención ilegal y vulneración del derecho a la libre expresión y protesta.
Por Anabella Arrascaeta
Jenny Luján era docente en Famatina, La Rioja, cuando en 2006 empezó a hablar con sus estudiantes y otras colegas sobre minería. Ese mismo año, ella junto a otras personas, crearon la Asamblea de Famatina que describe su eficacia hoy así: “Fue creciendo de tal manera que hace 18 años no tenemos minería en Famatina, la gente está muy orgullosa, aumentó el turismo en la zona y en el proceso recuperamos nuestras identidades ancestrales”.
Ayer, fue desde donde vive actualmente, Chilecito, hasta la localidad de Villa Castelli, departamento General Lamadrid, para protestar junto a otros asambleistas, vecinos y docentes en el acto que el gobierno difundió como Multisectorial Actores del sector minero en La Rioja, donde nueve empresas mineras proponían informar sobre proyectos en la provincia.
Cuando llegó el gobernador Ricardo Quintela, Jenny intentó desplegar una bandera que decía: “El Famatina no se toca”; pero la policía la rodeó para que no pueda hacerlo. Entonces ella gritó con fuerzas: “La cordillera no se toca, el agua es para los pueblos”. Automáticamente fue detenida, abrazada a su bandera, y llevada por tres horas a la comisaría local. El gobernador le dedicó unas palabras en el acto, cuenta ella: “(Quintela) dijo que me quede tranquila, que la minería que van a hacer es responsable, que se van a encargar de controlar todo. Pero nosotros sabemos que es un desastre”, cuenta hoy Jenny ya desde su casa, en libertad, gracias a la enorme presión que ejerció la asamblea, que sigue protestando.
“Nosotros ya estamos acostumbrados, y siempre que vamos y hacemos este tipo de actividades vamos preparados”, sigue Jenny. “Siempre digo: hay que llevar un calzón por si te detienen. Y sabemos además que cada vez que pasa esto es un efecto bumerán para el gobierno: tiene una repercusión a nivel de la gente que se le vuelve en contra”.
¿Qué fue lo que pasó?
Desde hace tiempo que el gobierno viene profundizando las políticas mineras, sobre todo de extracción de litio. En el último tiempo hubo presión de la Cámara Minera, de las empresas y de los medios que empezaron a fogonear el tema, todo en el contexto en el que Quintela quedó en el aire: se lleva mal con Milei y quedó afuera de la interna PJ. Entonces lo que hace es ver de dónde saca dinero para pagar deudas que tiene la provincia y por eso generaron este encuentro con la excusa de informar a las comunidades de que se trataban los proyectos de las nueve mineras. Se suponía que iba a ser abierto, todo un verso hermoso. El tema es que no fue un encuentro para eso, fue para visibilizar que en La Rioja se están haciendo cosas por la minería. Lo hicieron en un lugar que fue una provocación, un lugar ancestral, ahí se juntaron 500 más o menos entre mineros, funcionarios del gobierno provincial, local, y mucha policía. Nosotros éramos 15 personas, de asambleas, vecinos e integrantes de AMP, la Asociación de Maestros y Profesores de La Rioja. Lo que veíamos es que no había pueblo. Estaba todo ornamentado: pantalla, sillones, mesas, alfombras.
¿Ustedes iban a participar del evento?
No, nosotros no nos acreditamos, obviamente, porque no estamos de acuerdo. Desde que fuimos transitando en la ruta nos pararon varias veces, nos revisaron absolutamente todo, nos trataron con prepotencia. Llegamos al lugar, sacamos fotos, y nos quedamos afuera. Aunque es un centro ancestral, está en el medio del campo, alrededor hay piedras y nativas nada más. El estar afuera daba lo mismo: se veía absolutamente todo. Estábamos muy marcados por la policía, que había mucha, entonces teníamos como estrategia que cuando se baje el gobernador íbamos a despegar una bandera.
¿Y cuando llegó el gobernador qué pasó?
Se bajó el gobernador, se bajó la vice, la policía nos había dicho que no digamos nada, que no gritemos nada. Y cuando intento abrir la bandera me abrazan tres o cuatro policías, y no me lo permiten. Entonces, como la consigna tenía que estar, grito: la cordillera no se toca, el agua es para los pueblos. Eso puso muy furiosos no solo a los policías, sino también a los funcionarios que gritaban “llevenla de acá”.
¿El gobernador qué hizo?
El gobernador entró. Después dijo que no se enteró, que iba a interceder para que me liberen. Me dedicó un mensaje de discurso: dijo que esa “señora grande de edad”, quería decirme que me quede tranquila, que la minería que van a hacer es responsable, que se van a encargar de controlar todo. Cuando sabemos que es un desastre.
¿En ese momento te llevaron a la comisaría?
Me subieron a un patrullero, y no arrancaba. Así que me pasaron a otro. Mientras tanto, los gritos: “llevala rápido”. Llegué a la comisaría y me dijeron que estaba detenida. Me quisieron sacar la bandera, la cartera, dije “no, hasta que no tenga el acta de detención no entrego nada”. Después me dijeron: “no está detenida, está demorada”. El comisario estaba en el circo con el gobernador. Me hicieron el acta de contravención, cuando lo leyeron decía que era por resistencia a la autoridad policial y alteración del orden público; la hacían muy lenta, para tardar. La sanción era pagar una multa o hasta detención 30 días, yo le dije no voy a pagar ninguna multa, esos delitos no los cometí. Mientras, estaban saturados los teléfonos de compañeros y compañeras de todo el país. La gente se empezó a juntar afuera de la comisaría. Había presión. Y decidieron a último momento que dejaban sin efecto la contravención y que me vaya. Les avisé: voy a hacer una denuncia por detención ilegal, por vulneración del derecho a la libre expresión y protesta, y por violencia verbal de la policía. Estuve desde las 10 de la mañana hasta 13.30 de la tarde. Cuando bajé de ese pueblo a la fiscalía, ya eran las tres de la tarde y no había nadie, después vine a Chilecito. Mañana voy a ir a la fiscalía.
En clave de lo que pasó: ¿Cómo lees el panorama político de la provincia gobernada por la oposición nacional pero a su vez impulsando estos proyectos?
Quintela hace 2 años aprobó una ley declarando al litio “mineral estratégico”, y lo que dice es que él quiere explotar la minería dando un valor agregado a la provincia y que haya derrame para el pueblo. No adhirió al RIGI, pero tiene su propio RIGI. Él usó la lucha del Famatina para llegar al poder, para acumular partidariamente, como muchos: no es el único, lo hicieron de todos los partidos. Pero dentro de lo que hay de la provincia, es lo mejor, mirá lo que te digo: así de terrible es esto. Del otro lado está Beder Herrera, ex gobernador de la provincia que impulsó la minería desde 2006 en adelante, por eso nacimos nosotros como Asamblea; Martin Menem, que ya sabemos; Angel Maza, que es ex gobernador de la provincia y es uno de los asesores creadores de las leyes mineras que se impulsaron en la época que fue presidente Carlos Menem, cuando él estaba como Secretario de Minería. Ni hablar del radicalismo, que está totalmente mileinisado, derechosos, apoyan fuertemente las políticas de Milei. Y bueno, el PRO. Todo es terrible, no estamos teniendo dirigentes en la provincia que den otro horizonte. Hay un partido que viene tomando fuerza, trabajando con las organizaciones, pero es muy difícil en estas provincias donde el peronismo y el feudalismo tiene raíces profundas. Entonces es Quintela, que es terriblemente demagogo, llega a mucha gente y da soluciones que son muy pequeñas pero que resuelven cosas en lo cotidiano, mientras tanto la corrupción viene generando nuevos ricos políticos de manera bochornosa. Es obsceno. Tenemos funcionarios del gobierno que ya son dueños de pedazos enteros de la provincia.
Y en ese contexto, las Asambleas, ¿cómo están?
Las asambleas son muy respetadas y muy creíbles, porque vienen teniendo coherencia desde hace 18 años. A pesar de que hubo algunos referentes asamblearios que disputaron el poder partidariamente y lo hicieron desde el PRO y de La Libertad Avanza, lo que fue terrible para la asamblea, un terremoto… Pero no les fue bien. Y sabemos que el pueblo no se aparta de la lucha, está dispuesto a seguir defendiendo el territorio, y eso es muy bueno. La mayoría cree en las asambleas, apoya y siente que son un nudo coordinador de acciones y de formación: todos saben de qué se trata, y todos han recobrado el orgullo de ser de su lugar, y por eso lo defienden. Y sobre todo hemos perdido el miedo, lo que es muy importante en este contexto en el que hay mucha presión y miedo de perder el trabajo, donde todos estamos poniendo energía para ver cómo sobrevivimos cada día. Sin embargo hay espacios para seguir juntándonos, haciendo actividades, y sosteniéndonos solidariamente: tenemos por ejemplo ferias de todo tipo para ayudar a quienes la están pasando muy mal. Y seguimos tejiendo con organizaciones, porque creemos que lo único que nos va a hacer salir de este gobierno es unirnos por abajo, tejiendo la trama: estudiantes, jubilados, trabajadores, amas de casa, agricultores, defensores de la vida. Estamos no solo resistiendo sino pensando qué queremos construir y cómo lo vamos a lograr. No es fácil, pero lo bueno es que seguimos y acá estamos y estaremos.
Nota
Tres audiencias ante la CIDH: mujeres, derechos humanos y economía popular
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concedió tres audiencias temáticas a las organizaciones de la sociedad civil de Argentina para escuchar el impacto de las medidas regresivas que adoptó el Estado en políticas sociales, económicas y culturales. El gobierno de Javier Milei debió responder en Washington, sede de la Organización de Estados Americanos (OEA), ante las autoridades internacionales respecto a la vigencia de los derechos humanos en nuestro país. Hubo en total tres audiencias:
- Impacto de las políticas sociales en personas trabajadoras de la economía popular;
- Situación de las políticas de prevención, sanción y erradicación de las violencias de género;
- Impacto de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia en los derechos humanos.
En el caso de violencia contra las mujeres y niñas, la presidenta de la CIDH Roberta Clarke planteó que se trata de “delitos de lesa humanidad”. La actitud del gobierno argentino, y los detalles de cada una de las audiencias.
Por Lucrecia Raimondi
Las audiencias ante la CIDH que se llevaron a cabo el jueves 14 noviembre reunieron a organizaciones sociales y de derechos humanos en la sede de la Ex Esma, desde donde se realizó la conexión. Fueron solicitadas por entidades de derechos humanos, políticas, sindicales, feministas, sociales, académicas y religiosas.
Durante el 191º Período de Sesiones, en un hecho inédito, la CIDH otorgó a la Argentina el tratamiento de tres temas:
- El “Impacto de las políticas sociales en personas trabajadoras de la economía popular”;
- la “Situación de las políticas de prevención, sanción y erradicación de las violencias de género”;
- el “Impacto de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia en los derechos humanos”.
En 10 meses de gestión, el gobierno de Milei debió presentarse cuatro veces a la CIDH para dar respuesta ante los reclamos de la sociedad civil por la violación a los derechos humanos. La primera fue en julio de este año sobre la “Situación de la protesta social y el derecho a la libertad de expresión” a partir de la represión durante el tratamiento de la Ley Bases en el Congreso Nacional.
Los representantes del Estado argentino sostuvieron la postura ultraliberal del presidente Javier Milei en todos los ámbitos internacionales de derechos humanos. Ante la CIDH, las intervenciones del gobierno y de la sociedad civil mostraron un país con una profunda división. En la exposición de los funcionarios oficiales quedó explícita su postura en “concordancia con los principales lineamientos del gobierno” en relación a la “racionalización de la gestión de los recursos disponibles”, según ellos como consecuencia de “la herencia institucional, económica y social recibida por la actual administración”.
En las tres audiencias el ex juez Alberto Baños, a cargo de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, argumentó que “los recortes de las partidas presupuestarias y el cierre de organismos ineficientes y la reducción de personal ineficiente, tienen que ver con la búsqueda de saneamiento que permita un renacimiento de la economía”. Las intervenciones de Baños se vieron plagados de un tono entre irónico y agresivo hacia las políticas de derechos humanos, con la habitual retórica oficialista que justifica la regresión en materia social amparándose en la crisis económica.
Por su parte, las organizaciones de la sociedad civil presentaron informes detallados del impacto negativo de las políticas de ajuste y desregulación del Estado en tres áreas donde Argentina es un ejemplo para el mundo:
- la colaboración comunitaria contra la pobreza en los barrios vulnerables,
- la lucha social por la erradicación de la violencia de género,
- las políticas de memoria, verdad y justicia por la no repetición del terrorismo de Estado.
La sociedad civil peticionó a la CIDH una visita a la Argentina para monitorear la situación con el fin de impulsar al Estado a cumplir con sus obligaciones y respetar los estándares internacionales de derechos humanos.
Milei pretende diferenciarse de la Agenda 2030, consensuada en la ONU como el “Pacto del Futuro”, que reúne esfuerzos para garantizar derechos de tercera generación y de incidencia colectiva. “Aunque bienintencionado en sus metas, es un programa de gobierno supranacional de corte socialista, que pretende resolver los problemas de la modernidad con soluciones que atentan contra la soberanía de los Estados-nación y violentan el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad de las personas”, disertó el presidente de Argentina en septiembre ante la 79º Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. Al cierre de su discurso advirtió que “la Argentina no acompañará ninguna política que implique la restricción de las libertades individuales, del comercio, ni la violación de los derechos naturales de los individuos, no importa quién la promueva ni cuánto consenso tenga esa institución”. En esa línea fue la intervención de Baños, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La economía popular y el avance narco
La primera audiencia sobre el “Impacto de las políticas sociales en personas trabajadoras de la economía popular” fue solicitada por la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) junto con el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Mujeres en Empleo Informal Globalizando y Organizando (WIEGO).
La principal denuncia de este sector fue la falta de entrega de alimentos a los comedores comunitarios, el desmantelamiento de los programas de empleo social, la persecución y la estigmatización de las organizaciones sociales. Natalia Zarza, referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos e integrante de la UTEP describió la dramática situación de los barrios populares ante la falta de alimentos: “No llegamos a fin de mes, no tenemos a la noche un plato de comida todos los días. Los espacios que brindan los alimentos a los pibes se hacen de manera amorosa y con compromiso, son una herramienta fundamental de contención. Pero cuando el Estado se retira avanza el narcotráfico que le destruye el proyecto de vida a nuestros pibes. Estoy acá con mucha bronca, vengo para que me escuchen. No somos fantasmas, somos los que sostenemos los comedores comunitarios dándole de comer a los chicos y los ancianos de todos los barrios de la Argentina”.
Alejandro Gramajo, secretario general de la UTEP, explicó las consecuencias de la política de ajuste: “En nuestro país hay 10 millones de indigentes, hay más de 20 millones de compatriotas que están en la pobreza que no pueden comer todos los días, que saltean comida. El gobierno congeló el salario social complementario, implica que el Potenciar Trabajo, que percibían trabajadores y las trabajadoras de la economía popular producto de una tarea socio productiva, cayera en peores condiciones sociales de las que estaban en términos de pobreza. El gobierno tomó una decisión de avanzar en un proceso de ajuste, no solo en la política de economía popular, sino en muchas políticas. Nosotros hacemos mucho hincapié en que cuando se destruye la comunidad avanza el narcotráfico, se rompen las redes de contención social y de contención comunitaria”.
Además Gramajo detalló: “Lo que hemos planteado hasta acá es producto de las decisiones que ha tomado el gobierno. Los trabajadores de la economía popular y trabajadores formales van perdiendo su trabajo y su poder adquisitivo, los jubilados y jubiladas caen en la pobreza, millones de niños y niñas van todos los días a dormirse sin comer, más de 10.000 empresas han cerrado, privatizó las empresas del Estado. El gobierno decidió desfinanciar la educación y la salud pública” y concluyó que para la sociedad civil peticionante “esto representa un plan de miseria planificado, un plan de exterminio social y una gran crisis humanitaria que necesita el acompañamiento de los diferentes organismos internacionales. Porque el avance en el narcotráfico que se ve en el territorio argentino y también la gran tasa de suicidios que ha aumentado violentamente, son producto del deterioro económico y social que está viviendo nuestro pueblo”.
En respuesta a los planteos de las organizaciones, Baños acusó a Gramajo de tener un “discurso político”, habló de infiltrados en las manifestaciones, de comedores fantasmas y tildó a la militancia social de coercitiva. Además sostuvo que “las políticas de intermediación y asistencialismo clientelar llevaron al país años de pobreza estructural” y agregó que “durante épocas de pobreza estructural y asistencialismo clientelar, tampoco se presentó ningún pedido de audiencia pública”, cosa que en la Ex Esma fue interpretada como una chicana.
Ante la pregunta del comisionado Caballero sobre si era una proyección o un dato concreto que la pobreza disminuyera a la par de la baja de la inflación, Baños agitó el discurso libertario: “No es que en el segundo semestre del 2024 la pobreza bajó sino que en este segundo semestre estamos viendo que la pobreza empieza a bajar a partir de una sostenida baja en los índices de inflación”.
Al cierre de su intervención sobre este tema, Baños describió para quién gobierna el presidente: “La gestión encabezada por el presidente Milei es para mejorar la calidad de vida de los argentinos de todas las clases socioeconómicas, apuntar a lograr una vida en libertad y hacer de la propiedad de cada uno un fin en sí mismo”.
La voz de los marginados
Roberta Clarke, presidenta de la CIDH, se dirigió a los funcionarios en relación a las respuestas insuficientes del Estado y la evidente falta de diálogo ante los reclamos de los trabajadores de la economía popular: “Quiero invitarles a las dependencias del Estado a que básicamente reconozcan los derechos humanos y políticos en el marco de los derechos humanos. ¿Entienden esta lucha de poder que existe entre las instituciones y las personas? Por ejemplo, eso tiene que ver con la distribución de recursos. Cuando hay desigualdades muchos quedan afuera en sus necesidades, no son cumplidas. Esta es la historia que vive nuestra región, de arriba hacia abajo. Entonces, el marco de los derechos humanos dicta que los Estados tienen que proteger los derechos y los defensores de los derechos humanos y las organizaciones de la sociedad civil tienen el papel de monitorear lo que están haciendo los Estados para cumplir con los derechos humanos. La Comisión también tiene que ser la voz de los marginalizados”.
Además, se refirió a la denuncia por la estigmatización y las campañas de desprestigio al sector de la economía popular que sostiene los comedores en los barrios: “La sociedad civil y los defensores de derechos humanos no deben recibir ningún tipo de represalia. Deben en forma sustantiva ser esa voz, no solamente una voz desde afuera, sino una voz que puede sentarse a la mesa de negociaciones para que se vean sus perspectivas, para que se vea el monitoreo que han realizado en cuanto a las políticas. Los defensores de derechos humanos están trabajando con mucho valor en contra de los poderes que tiene el Estado y por supuesto esto lo vemos en toda nuestra región. Así que quiero honrar la integridad del trabajo que están haciendo ustedes y sus intenciones”.
“La violencia contra mujeres y niñas es un crimen de lesa humanidad”
En la segunda audiencia sobre la “Situación de las políticas de prevención, sanción y erradicación de las violencias de género” participaron como peticionantes Amnistía Internacional, el CELS, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), la Fundación Mujeres x Mujeres y la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables. Los principales ejes de denuncia fueron el cierre del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades y su posterior cartera disminuida en Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género, la reducción drástica de los Centros de Acceso a la Justicia, el desfinanciamiento de la línea telefónica 144, del Programa Acompañar y el Programa Acercar que brindaba asistencia integral a las víctimas de violencia de género.
Destacaron la falta de políticas de prevención del abuso sexual en la infancia, las barreras para el acceso al aborto legal, el cierre del Plan ENIA de prevención de embarazos no deseados en la adolescencia, más el desmantelamiento de programas que promovían la equidad de género en empresas y de ayuda económica para personas trans. La audiencia comenzó con un claro mensaje de Clarke: “Dediqué casi toda mi vida profesional a este tema y no se ha visto una disminución en las estadísticas. Tal vez no contemos con cifras exactas por subregistro, pero la violencia contra mujeres y niñas es un crimen de lesa humanidad”.
Natalia Gerardi, directora ejecutiva de ELA, puso en contexto a la CIDH: “Desde que asumió el 10 de diciembre de 2023, el actual gobierno ha atacado sistemáticamente los derechos de las mujeres, niñas, adolescentes y personas LGBT. Desmanteló políticas públicas exitosas, desprestigió sin evidencias las instituciones encargadas de garantizarlas, recortó de manera arbitraria las partidas presupuestarias y redujo el personal que sostenía la implementación de las políticas públicas mediante despidos masivos. Con estas acciones el Estado incumple pactos y tratados internacionales vigentes como la Convención de Belém do Pará y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW)”. Gerardi explicó que el desmantelamiento sistemático de estas políticas “se enmarca en un acelerado proceso de des responsabilización, el Estado Nacional abandona a las mujeres renunciando a su rol de rectoría en materia de política pública y garante de un piso mínimo de derechos en todo el país” y enfatizó en que “son medidas regresivas tomadas en manifiesto incumplimiento de los principios de progresividad y no regresividad en derechos humanos”.
Juliana Miranda, del Centro de Estudios Legales y Sociales, cuestionó ante la CIDH la actitud internacional del Estado argentino: “Nuestro país fue el único que se negó a firmar la Declaración sobre Igualdad de Género y Empoderamiento de las Mujeres del G20. Hoy mismo, hace unas horas, en la Asamblea General de Naciones Unidas, Argentina fue el único estado de 184 países que votó en contra de una resolución que llama a intensificar esfuerzos contra la violencia contra mujeres y niñas en el entorno digital. Estas acciones regresivas del Estado, en términos de protección del colectivo de mujeres y personas LGBT, es contraria a los estándares fijados por la normativa internacional y los antecedentes del sistema interamericano e incluso los compromisos que asumió en la emblemática solución amistosa por el intento de feminicidio y actuación estereotipada y discriminatoria en perjuicio de Ivana Rosales”.
En ese sentido, Miranda analizó lo discordante de esta posición en relación a los derechos adquiridos con que cuentan las niñas, mujeres y disidencias en Argentina: “Este giro en la política exterior alejó al país de sus alianzas en América Latina y de los foros multilaterales regionalistas en los que promovió el avance de la protección de este colectivo, con la excusa de considerar los derechos humanos como ineficaces e ideológicamente dirigidos. Argentina se está alejando de su rol de liderazgo histórico en la promoción de derechos de las mujeres, iniciativas contra la violencia de género y la promoción y protección de derechos sexuales y reproductivos”.
La respuesta de Baños fue la misma: la crisis económica y la ineficacia del Estado. “Los recortes de las partidas presupuestarias y el cierre de organismos ineficientes. La reducción de personal ineficiente tiene que ver con la búsqueda de saneamiento que permitan un renacimiento de la economía. Por la reestructuración total, los programas del ministerio fueron asumidos por la entonces Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género, donde se evaluaron oportunamente las estructuras organizativas. El análisis realizado puso en evidencia la superposición de tareas y duplicación de funciones con el consecuente exceso de personal, incluyendo coordinaciones y programas con objetivos similares. Se detectaron inconsistencias en materia patrimonial, incluyendo el incumplimiento de la aplicación de la normativa vigente en relación al seguimiento, supervisión y rendición de cuentas. Atento a eso, fue necesario llevar adelante un realineamiento de las acciones y programas provenientes de la ex subsecretaria”, justificó Baños.
Además, el Secretario de Derechos Humanos desacreditó y desconoció la especificidad de las políticas llevadas adelante hasta el momento, diseñadas y articuladas con actores sociales especializados en materia de género: “No existe, como pretenden las organizaciones peticionantes, un retroceso o proceso de desarme, desmantelamiento y el remanido y machacante uso de la violación al principio de progresividad y no regresividad porque son inexistentes las políticas orientadas a proteger, acompañar y asistir a la persona que se encuentra en situación de vulnerabilidad”.
Proyectos de vida y niñas violadas
Ante la falta de reconocimiento del Estado de Argentina a las políticas iniciadas contra la violencia de género y por la igualdad de las mujeres, el comisionado José Luis Caballero Ochoa apuntó: “Lo que no se nombra no existe. Esta es una convicción que me parece muy importante en el terreno del derecho de los derechos humanos. Si decían ustedes que la violencia no tiene género, si decimos que la violencia no tiene género, la protección del género no existe cuando hay discriminación estructural de años sobre grupos o colectivos tradicionalmente invisibilizados como las mujeres y el colectivo LGBTI, en violencia de género o en políticas de cuidado. Si no se protege, no existe. Este es un principio básico del derecho internacional de los derechos humanos, del derecho discriminatorio, de la igualdad. En ese sentido, debemos tener visiones muy claras desde la Comisión Interamericana”.
Amplió su llamado de atención dirigiéndose al Estado argentino luego de escuchar su postura: “El principio de progresividad es un principio que forma los derechos humanos. Los derechos humanos son universales, progresivos, interdependientes, indivisibles, inalienables. La prohibición de regresividad es un piso mínimo que tenemos en el patrimonio de la evolución del derecho internacional de los derechos humanos”.
En línea con su colega, la presidenta de la CIDH reforzó: “Me siento dando un sermón. A pesar de la ideología de igualdad de género, los actores estatales tienen que responder. Gran parte de la arquitectura del Estado comparte la cultura prevaleciente en donde se normaliza e invisibiliza esa violencia específica contra las mujeres. Entonces les pido como funcionarios del gobierno tener la conversación sobre por qué se tiene que nombrar, nombrar específicamente es importante porque tiene importancia simbólica”.
El secretario de Derechos Humanos cuestionó a las peticionantes respecto al acceso al aborto legal con una postura antiderechos: “La Convención Americana de Derechos Humanos protege la vida en general desde la concepción. La República Argentina es parte de la Convención sobre los Derechos del Niño que su preámbulo establece que la vida se debe proteger tanto antes como después del nacimiento. Seguramente los solicitantes están al tanto de que la Plataforma de Beijing y la del Cairo, no incluyen el aborto entre los derechos sexuales y reproductivos”.
Sobre el desmantelamiento del Plan ENIA, Baños sostuvo: “No es razonable exigir que se lleve adelante una política pública en donde les fallamos a las niñas y adolescentes”.
En respuesta, Clarke interpeló al Estado en relación a la violencia contra niñas, niños y adolescentes: “¿Dónde está la voluntad de proteger a los niños? ¿Cuál es el enfoque del Estado para darles a los niños y adolescentes lo necesario para protegerse? Los adultos tienen la responsabilidad de protegerse, pero se les pueden dar herramientas a los niños a través de la escuela, la educación sexual tiene relación. Doctor Baños, usted en la sesión anterior habló de darles autonomía a los niños para el proyecto de vida. Una niña de diez años que ha sido violada y quedó embarazada, ¿Cómo es su proyecto de vida en realidad? Pregunto para hacerme una idea de cuál es el enfoque de protección de los niños en tales situaciones”.
En su momento de réplica, Gerardi aseveró que “no hay una sola manera de garantizar la implementación de políticas públicas, pero sí hay una sola manera de garantizar su existencia y es con financiamiento en el presupuesto nacional. ¿De qué manera piensan que pueden implementar una política pública de atención y de distribución de recursos económicos para atención de violencia doméstica con cero presupuesto para el 2025? Al mismo tiempo, este presupuesto contiene una enorme cantidad de partidas dedicadas a exenciones tributarias y regímenes especiales como el régimen de minería”. También, contrapuso el cuestionamiento de Baños respecto al aumento de las denuncias a la Oficina de Violencia Doméstica: “Claro que aumentó a lo largo de los años la cantidad de consultas recibidas, porque aumentó el conocimiento y la percepción social de las mujeres, en particular de que hay algo que está mal en las formas de violencia que vivimos y que hay lugares donde podemos recurrir. Eso habla bien de la existencia de una política de conocimiento y difusión de derechos y de conocimiento y existencia de los lugares a los que se puede recurrir para conocer si aumenta o disminuye la incidencia de la violencia en el país”.
Estela de Carlotto: “Vengo a pedir su ayuda”
Estela Carlotto (Abuelas) junto a Taty Almeida (Madres Línea Fundadora) y, a su derecha, Carlos Pisoni, de H.I.J.O.S.
El auditorio de la Casa por la Identidad de Abuelas de Plaza de Mayo, en el Espacio por la Memoria Ex ESMA, estuvo repleto de movimientos sociales, organizaciones religiosas, sindicatos, universidades, equipos de investigación, organizaciones feministas, clubes y redes de comunicación comunitaria que acompañaron a los organismos de derechos humanos.
En conexión por videoconferencia expusieron sus opiniones Estela de Carlotto por Abuelas, Taty Almeida por Madres y Carlos Pisoni por H.I.J.O.S. De forma presencial en Washington, participó una comitiva de los organismos integrada por Paula Litvachky, directora ejecutiva del CELS; la nieta restituida Claudia Poblete, Carolina Vilella, integrante del equipo jurídico Abuelas de Plaza de Mayo; Verónica Torras, directora de Memoria Abierta, y el escritor Martín Kohan.
“Vinimos por primera vez a pedir su ayuda cuando en nuestro país nos cerraban todas las puertas y negaban las graves violaciones a los derechos humanos que estaban cometiendo. Desde ese entonces para nosotras y todos los organismos fue siempre fundamental y de gran importancia su acompañamiento. Ya con 94 años, vengo a pedir una vez más su ayuda ante todos los retrocesos que se viven en la Argentina en materia de derechos humanos y el Proceso histórico de Memoria, Verdad y Justicia. Todavía buscamos a 300 hombres y mujeres que hoy son padres y madres, por lo que también nos encontramos buscando a nuestros bisnietos”, expresó Estela de Carlotto como peticionante.
Durante la audiencia los organismos de derechos humanos expusieron el retroceso en las políticas públicas de memoria restaurativa. Explicaron cómo desde diciembre de 2023 el Poder Ejecutivo concretó sus promesas de campaña en la destrucción simbólica y material de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, de Reparación y No Repetición. A través del desfinanciamiento del Banco Nacional de Datos Genéticos y de las recompensas para la búsqueda de prófugos de delitos de lesa humanidad, el cierre de líneas de trabajo en la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CoNaDI) para la búsqueda de los nietos apropiados y del Equipo de Relevamiento y Análisis documental del Ministerio de Defensa orientado a la apertura de los archivos. En paralelo avanzó con despidos masivos de trabajadores, vaciamiento de instituciones y la puesta en venta de sitios de memoria.
El secretario de Asuntos Internacionales de la Defensa del Ministerio de Defensa, Juan Battaleme, volvió a justificar el ajuste por “la necesidad de optimizar recursos” frente a la crisis económica. A los trabajadores de los organismos de derechos humanos los acusó de que “actuaban como vengadores”, al Ente Público Espacio para la Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (ex ESMA) y sus representantes los definió como un “ente opaco e inorgánico que funcionaban sin un superior jerárquico que imponga los criterios de actuación” y que “la arbitrariedad en esta dependencia era moneda corriente”. Battaleme expresó la posición del Gobierno en relación a la apertura de los archivos de integrantes de las fuerzas armadas para identificar su participación en el terrorismo de Estado: “No podemos permitir bajo ninguna circunstancia indagaciones generales o excursiones de pesca. Quiero recordar que toda la información de los legajos personales de militares se encuentran clasificados como secreto militar”.
En el cierre de su exposición, Battaleme quiso dejar un mensaje: “La lucha por la justicia es para nosotros un compromiso con todos los argentinos, no debe ni puede transformarse en un terreno de venganza o abuso de poder. Avancemos juntos en la búsqueda de un futuro donde la justicia sea para todos y la memoria completa una base sólida de libertad”, aclaró el funcionario con sentimientos de “profundo deber y convicción”. Por su parte, Alberto Baños, reafirmó esta posición del gobierno de Milei: “El problema aquí es que se consideran dueños del relato. Hablan de negacionismo y que se abandona la política de memoria. Pero la memoria es para todas las víctimas. Sin excusas ni banderas. Por las señoras que hoy participaron en el video uno no puede tener sino empatía por la situación que han vivido y siguen viviendo. Pero eso no las puede convertir en directoras de las políticas públicas a más de 40 años de perpetrados los hechos. Nosotros seguimos respetando la memoria de quienes hayan perdido sus vidas y hayan sido víctimas. Pero también el Gobierno está respetando la memoria de aquellos que hayan sido víctimas del accionar terrorista. Hablan de negacionismo pero en realidad pretenden dirigir las políticas públicas en materia de derechos humanos de las que el Estado hace honra y no cede ante las presiones ideológicas”.
La indignación en el auditorio de Abuelas pesaba en el aire. Estela y Taty negaban con la cabeza, se agarraban la mano, resoplaban por el desagrado de escuchar a los funcionarios argentinos hablar de esa manera ante un organismo internacional de derechos humanos. Los participantes aguantaron las ganas de chiflar y putear. Cuando terminó la audiencia, pudieron descargar: “¡30 mil detenidos desaparecidos presentes, ahora y siempre!”, gritaron entre abrazos y dedos en V en alto, con la convicción de no bajar jamás los brazos.
El representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Arif Bulkan, transmitió por videollamada la opinión de la ONU respecto a la Argentina: “La Oficina que represento comparte las preocupaciones de diversos actores sobre el cambio de narrativa de políticas y de institucionalidad en torno al proceso de memoria, verdad y justicia desde la recuperación de la democracia argentina”. Bulkan reconoció el esfuerzo del Estado y de la sociedad “por enfrentarse al legado de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura cívico militar”. Destacó el trabajo de las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, puso en valor los museos y sitios de memoria, en particular la Ex ESMA como Patrimonio Mundial de la UNESCO.
Arif Bulkan fue categórico en remarcar que la situación económica no puede ser motivo de regresiones en materia de derechos humanos: “La existencia de una crisis económica no debería significar la limitación de recursos humanos y financieros para ciertas áreas de crucial importancia para los procesos de justicia transicional y reconciliación, como lo son las entidades dedicadas al esclarecimiento de crímenes de lesa humanidad durante la dictadura. La oficina expresa su preocupación por los riesgos que esto podría implicar para la garantía de los derechos a la verdad, justicia y reparación y garantías de no repetición”.
Además, expresó que en el Alto Comisionado de la ONU “preocupa la retórica de algunas autoridades que parecerían banalizar o relativizar los crímenes de la dictadura y cuestionar el proceso de juzgamiento de los responsables, lo que tiene un impacto real victimizante en las víctimas de la dictadura y además afecta al derecho a la memoria ante la sociedad en su conjunto. La Oficina quisiera alertar a la Comisión que todos estos cambios podrían contribuir a debilitar el proceso de justicia transicional que fue y es tan importante para nuestra región y al mundo”.
Taty Almeida valoró la postura de los organismos internacionales: “Las mentiras que hemos escuchado por parte del Gobierno es lamentable, pero fue muy buena la postura de la ONU y de la CIDH. Los invitamos a que nuevamente vengan para que comprueben personalmente que todo lo que se ha denunciado es la verdad”. Por su parte, Miguel “Tano” Santucho, hijo de desaparecidos y parte del directorio de Abuelas, también expresó a lavaca sentir vergüenza de los funcionarios argentinos: “Una vez más hablaron de revanchismo y de organismos militantes, que lo somos, de una justicia y una verdad histórica que estamos reconstruyendo. Los que niegan toda la información son justamente el Estado Nacional y en particular las Fuerzas Armadas. Ellos saben perfectamente dónde están los 300 hombres y mujeres que estamos buscando. Desde que perpetraron los crímenes de lesa humanidad nunca permitieron acceder ni dieron ninguna información. Y ahora, en una tribuna tan importante como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, nos injurian de esta manera”.
Uno de los comisionados habló de la reconciliación en relación a la justicia transicional, un tema sensible en la lucha por el esclarecimiento de los crímenes de la última dictadura, que fue utilizado para instalar la teoría de los dos demonios y evitar el juzgamiento de los responsables. “Desde los 90 que vengo escuchando la palabra reconciliación -siguió Santucho- y yo siempre dije que la reconciliación es posible en la medida que se pueda hacer justicia, que se puedan hablar, que se puedan aclarar los casos que pasaron, que se puedan recuperar los nietos. Pero no hay ningún tipo de colaboración de parte de los perpetradores del terrorismo de Estado, que no hay ninguna persona que haya abierto los archivos o la información. Es muy difícil plantear una reconciliación porque todavía nos falta mucho por reconstruir y mucha justicia por obtener. Mi postura particular es que cuando tengamos justicia y encontremos los 300 nietos, nos sentaremos a hablar de reconciliación”.
Nota
Rosario y el asesinato de Pillín Bracamonte: un corte de luz antes de las balas
En el atentado número 30 contra su vida, Andrés “Pillín” Bracamonte –líder de la barra brava de Rosario Central desde hace al menos 25 años– fue asesinado a balazos este sábado junto a su segundo, Daniel “Rana” Atardo. Ocurrió en el marco de un partido de Central contra San Lorenzo. Hubo una posible zona liberada, luces cortadas en la zona, y un crimen que se veía venir pese a la aparente calma de la violencia en Rosario en los últimos meses. Publicamos aquí las crónicas del medio cooperativo rosarino El Ciudadano, que dan cuenta del hecho, las primeras hipótesis, un perfil de Bracamonte y el contexto. Todo puede seguirse además en El Ciudadano (elciudadanoweb.com). Y agregamos una reflexión del periodista y diputado Carlos del Frade quien anticipa que estos asesinatos tendrán igual o mayores efectos que todo lo que ocurrió tras el crimen del “Pájaro” Cantero.
La muerte de Pillín: las hipótesis detrás del crimen que agita la pelea entre bandas y un sugestivo corte de luz antes de las balas
Quizás por haber sido víctima de 29 ataques a balazos, estaba regalado en una calle donde tampoco le llamo la atención que la luz estuviera cortada antes de que lo asesinaran. Por El Ciudadano (elciudadanoweb.com).
Con 29 ataques a balazos en el lomo, Andrés Bracamonte, único barrabrava capaz de sostenerse 25 años en el paravalancha canalla sabía que lo querían matar. Desde antes del último ataque, en agosto pasado, tenía esa certeza. Pero igual estaba regalado en la esquina de Avellaneda y Reconquista, con la luz cortada, sin sospechar lo que vendría. Algunos aseguran que contaba dinero de la recaudación.
El asesinato de Samuel Medina, el Gordo Samu, yerno del Guille Cantero abrió una serie de hipótesis que hoy desembocan en la muerte de Pillín. Una daba cuenta de una pelea entre Los Monos y Bracamonte que sus allegados desmienten. El Gordo Samu era allegado a Pillín, viajaban juntos y su muerte está orientada hacia una banda de un barrio periférico manejada desde Buenos Aires que la fiscalía tenía entre manos, según allegados a la investigación. Uno de los integrantes de esa banda fue golpeado personalmente por Pillín, algo que en la jerga se considera una especie de humillación. Pillín lo sabía, pero llama la atención que estuviera tan regalado en la esquina de Reconquista y Avellaneda. También llama la atención que un rato antes del ataque a balazos cortaran la luz de la calle en el marco de un partido de Central. Lo mataron a oscuras; a él y a su sucesor. Una versión da cuenta de que la pelea con el grupo del barrio periférico fue para evitar comercialización de sustancias en la cancha: Pillín no quería la Federal encima de ellos.
La escena del crimen, en las afueras del estadio de Rosario Central.
La banda señalada, que ya fue allanada, está vinculada directamente con una banda contraria a Los Monos. Si esta hipótesis se confirma habrá dos sectores en disputa, por un lado las dos grandes bandas que operan en Rosario y por otro lado la sucesión del paravalancha.
El perfil de un duro: a Pillín lo habían intentado matar 29 veces en los 25 años que estuvo al frente de la barra de Central
Andrés Bracamonte estuvo al frente de la barra canaya desde fines de siglo pasado, cuando era uno de los 7 jefes de fracciones internas y se quedó con todo. Desde entonces hubo plomos contra él: lo hirieron, lo rozaron, pero logró reponerse una y otra vez. Esta vez no pudo. Por El Ciudadano (elciudadanoweb.com).
—¿Es verdad que a Pillín lo balearon 29 veces?
—Sí, de locos, pero sí. Espero que podamos festejar las 30 con él sentado a mi lado.
Así confirmaba el número de gambetas a la muerte que llevaba Andrés Bracamonte un amigo que había ido a acompañar al hospital donde lo revisaban por heridas menores y roces de bala. Era el sábado 10 de agosto y Rosario Central acababa de vencer 1 a 0 en el Gigante de Arroyito a su archirrival Newell’s Old Boys. Y en medio de un torrente de personas a pie que caminaban por los bordes del parque Alem iba Pillin en su auto, despacio, junto a su pareja, y en avenida de los Trabajadores y José María Drago rociaron a ambos a balazos.
No habían ido a ver el partido, Pillín tenía restricción para entrar.
Según contaron testigos, un motociclista se acercó al auto y disparó ocho veces. Escapó. El entorno del jefe de la barra reaccionó rápido, pero no logró dar con el tirador. A Pillín una bala le entró en la espalda; también salió. No afectó ningún órgano, dijeron después en el hospital. A su pareja las balas le dieron en la zona costal derecha y en el codo derecho. También la atendieron sin que su vida estuviera en riesgo.
Pillín un cuarto de siglo al frente de la barra de Central. Había llegado a la cima antes del año 2000: era 1999 cuando quedó como jefe indiscutible de todas las fracciones. Y en los 25 años que se mantuvo fue acusado, condenado, detenido, liberado y baleado 29 veces.
De esos ataques, hay pocos registros en las crónicas policiales. Pero en el entorno del mandamás los tienen contados.
En julio de 2002, Pillín atacado por un desconocido que logró impactarle tres balas en el cuerpo. Fue en la puerta de un gimnasio ubicado en Ovidio Lagos al 1000. Pillín estaba en la puerta y vio a un desconocido cruzar la calle. Ese hombre extrajo un arma y le efectuó cuatro disparos, tras lo cual escapó a la carrera hacia la esquina donde al parecer lo aguardaba un auto.
Pillín recibió tres impactos de bala, dos en cada brazo y un tercero en la pierna derecha; el tirador falló el cuarto, que tenía como destino la otra pierna. Un balazo le provocó una fractura y el que recibió en el otro brazo le cortó una vena, lo que le produjo una importante pérdida de sangre.
En 2006 fue baleado por desconocidos en la puerta de su casa donde vivía entonces, en la zona norte. Recibió cuatro balazos: uno en el abdomen con orificio de salida, uno en cada pierna y otro en un tobillo. Rápidamente recibió el alta.
En febrero de este año, desconocidos balearon el frente de Los Álamos Club de Campo, el country de Ybarlucea donde vivía actualmente. Dejaron una nota amenazante contra el líder de la pesada.
Mediático
Pillín no pudo entrar a la cancha desde 2018. Antes del partido que Central disputó ante Talleres por la Copa Argentina, Bracamonte fue detenido mientras repartía entradas de protocolo, destinadas a dirigentes, en las inmediaciones del estadio de Lanús, donde se disputó el partido. Sólo quedó unas horas demorado. Pero la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide) dispuso su prohibición de ingreso a los estadios.
En junio de 2010 fue uno de los diez barrabravas argentinos que no pudieron ingresar a Sudáfrica y fue deportado a la Argentina. Bracamonte, quien tenía tres causas judiciales en trámite, había sido autorizado por la Justicia local a salir del país.
Tres años antes el programa Crónicas Extremas del canal América filmó desde adentro a Los Guerreros, la barra canalla, con Pillín como estrella principal. Eso incluyó una visita a La Carpita, que el capo de la pesada también administra.
Causas judiciales
En diciembre pasado, Pillín pasó una semana preso, pero recuperó la libertad antes de la Navidad. Fue por una causa que involucra a un dirigente de la Uocra local por asociación ilícita, pero finalmente logró que sólo pesara sobre él una causa por extorsión.
Esa causa contra el gremio de albañiles reflotó un caso por lavado de activos que pesaba sobre Bracamonte, a raíz de la incautación de un cheque por el pase de un futbolista en su vivienda de Ybarlucea. Tras la imputación cuatro años atrás la causa quedó congelada, pero en diciembre la Justicia local decidió pasarla al fuero federal. Ante la apelación, la Cámara definió, finalmente, que la causa debía seguir bajo la órbita provincial.
Parecía intocable desde cualquier arista. Pero la suerte, si de tal cosa se trataba, esta vez le falló.
Daniel “Rana” Atardo, segundo de Pillín. Ambos asesinados ayer en Rosario.
Vienen días bravos
Este es el texto que escribió y distribuyó el periodista y diputado provincial santafesino Carlos del Frade, que este domingo a las 21 organizará un vivo en su Instagram @defradecarlos sobre las causas y consecuencias del asesinato de Pillín.
Por Carlos Del Frade
El asesinato del Pillín corta en dos la historia del presente criminal en Rosario.
Tendrá la misma o una mayor profundidad de lo que sucedió después del asesinato del Pájaro Cantero.
Era el único jefe de una barrabrava de primera división que permaneció por treinta años liderando esos negocios que surgen desde la cancha chica del fútbol y se expanden en la cancha grande de la realidad.
Más allá de las primeras informaciones, es claro que los últimos tres atentados contra él y su gente en los partidos de Central como local exhibían una voluntad manifiesta de matarlo.
Vienen días bravos en la ex ciudad obrera.
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