Se cumple el segundo aniversario de la masacre en la que fueron asesinados Aníbal Suárez (22), Camila López (13), Danilo Sansone (13) y Gonzalo Domínguez (14) tras una brutal balacera de efectivos de la Bonaerense en San Miguel del Monte. La única sobreviviente fue Rocío Quagliarello, después de estar 25 días internada. La causa por la persecución, el homicidio y el encubrimiento fue elevada a juicio en marzo, y ahora el Tribunal Oral en lo Criminal N°4 de La Plata debe fijar la fecha de inicio del proceso. Serán juzgados 23 policías y el exsecretario de Seguridad del municipio, Carlos Martínez. En el pueblo, las familias abrirán una casa de derechos humanos para acompañar y orientar a familias que sufren la violencia policial. Yanina Zarzoso, mamá de Camila, dice a lavaca: “Toda la justicia depende de la lucha de las familias”.

“Arderá la memoria. Arderá el amor. Hasta que todo sea como lo soñamos, como en realidad pudo haber sido”. El afiche está en el centro de la Plaza de Lxs Pibxs, en San Miguel del Monte, en medio de dos recipientes que cobijan un fuego desde las ocho de la mañana hasta las ocho de la noche. “Sin poder convocar a una marcha por la pandemia, prendimos un fuego que simboliza la importancia de mantener encendida la memoria”, dice Yanina Zarzoso, a dos años de una masacre cuya noción no termina de reflejar el horror de lo que significó el 20 de mayo de 2019.         

Yanina es la mamá de Camila López (13). Hace dos años, su hija viajaba en el Fiat 147 Spazio que conducía Aníbal Suárez (22) y en el que también viajaban Danilo Sansone (13), Gonzalo Domínguez (14) y Rocío Quagliarello (15), que chocó contra un camión en la colectora de entrada de la Ruta 3, tras una brutal balacera de efectivos de la Policía Bonaerense, en una “persecusión inmotivada”, como la describió el propio juez de la causa, Eduardo Silva Pelossi. Rocío fue la única sobreviviente: pasó 24 días internada en el Hospital El Cruce, de Florencio Varela.

“Es muy triste y muy difícil”, dice Yanina, en diálogo con lavaca. “Si bien todos los días cuestan y el dolor está presente, lo particular de esta fecha es que revive todo ese momento, esa madrugada, y duele muchísimo, pero también entendemos que tenemos que tener fuerza, como venimos haciendo todo este tiempo, porque toda justicia depende de nosotros y de nuestra lucha”.

Yanina subraya que la causa judicial no dejó de moverse nunca. En marzo, el juez Silva Pelossi elevó a juicio oral la causa: serán juzgados 23 efectivos y el exfuncionario Carlos Martínez, expolicía, que se desempeñaba como secretario de Seguridad del municipio al momento de la masacre. El debate estará a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°4, que aún debe fijar la fecha del proceso. Yanina: “La justicia es lenta en sí, y con la pandemia más todavía, no sabemos cuándo puede llegar a ser el juicio. Esperamos que pueda ser este año, o principios del que viene, pero sabemos que es un avance comparándola con otras causas que tardan en llegar. Para mí dos años es un montón, pero es un paso enorme”.

Por el tramo central de la causa (la persecución, el asesinato y el encubrimiento), hay 24 imputados:

• Por homicidio agravado: el capitán Rubén Alberto García y los oficiales Manuel Monreal, Leonardo Ecilape y Mariano Alejandro Ibáñez. Son los policías que iban en los patrulleros que persiguieron y dispararon contra el Fiat 147. Enferentan la acusación de «homicidio agravado por abuso de función como miembro de las fuerzas policiales calificado por el empleo de armas de fuego, y violación de los deberes de funcionario público».
• Por falsedad ideológica de instrumento público, encubrimiento agravado, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público: Marcelo Idarreta, José Domínguez, Melina Bianco, José Durán, Maia Valiente, Cristian Alberto Righero, Juan Manuel Gutiérrez, Julio Micucci y Nadia Genaro.
• Por encubrimiento agravado, incumplimiento y violación de los deberes de funcionario público: Florencia Stankevicius, Mario Mistretta, Evelin Van Monleghey, Camila Galarza, Marisol Rizzo, Sergio Servia y Héctor Enrique Ángel, además del ex secretario de Seguridad de San Miguel del Monte, Claudio Martínez.
• Por violación de los deberes de funcionario público:  Julieta Aguilera Rearte, Nelson Rodríguez y Raúl Mauregui.

Aún hay otras causas pendientes, como el expediente que investiga la responsabilidad de la exintendenta Sandra Mayol, acusada de encubrimiento, que tramita en la Unidad Funcional de Instrucción N°3 de La Plata. “Más allá de ese retraso, las familias seguimos denunciando su responsabilidad política”, dice Yanina.

Sobre la causa principal, las familias apuntan que la celeridad en el proceso de instrucción y elevación a juicio se debe a varios factores: “Por un lado se debe a que eran chicos muy chicos. La repercusión que tuvo en los medios colaboró un montón. Y, fundamentalmente, nuestra lucha. No podemos permitirnos el detener un solo día sin lucha, porque del no parar de moverse y de seguir reclamando depende el movimiento de la justicia. Y vuelvo a que eran nenes: eso impactó mucho, porque casos así pasan todos los días. No hay casos aislados. Hoy sigue muriendo gente en manos de la policía, y lamentablemente muchos no salen a la luz”.

Las familias subrayan en todas las conversaciones que la celeridad también se debe al pueblo de Monte, donde el rápido accionar de los vecinos permitió que la trama de encubrimiento que empezaba a cubrir al caso desde las primeras horas -con el aval político de los principales funcionarios de la intendencia de entonces- quedara al descubierto:

• Un vecino encontró los casquillos de los disparos y se los dio a un familiar.
• El camionero contra el que impactó el auto se negó a firmar el acta de la declaración porque los policías escribieron “estruendos” cuando él había dicho disparos, por lo que fue a declarar a sede fiscal.
• En las primeras semanas, más de 38 vecinos se acercaron a testimoniar.
• Y el empleado municipal del Centro de Monitoreo difundió los videos de las cámaras de seguridad que demostraban la persecución a los tiros, sin ningún motivo, hecho por el cual fue suspendido por la Municipalidad.

Dice Yanina: “Con el pueblo voy a estar siempre agradecida, porque llegamos a esta instancia, también, gracias a los testimonios de la gente del propio pueblo. En relación a la policía, es parte de nuestra lucha ir apaciguando el dolor, y estamos por inaugurar una Casa de Derechos Humanos, llamada Madres del Pueblo, porque desde que pasó todo esto recibimos nuevas denuncias de violencia”.

Como en su momento reflejó MU (ver la nota Operación Masacre, publicada en la edición 136 de nuestra revista), la Masacre fue el corolario brutal de un accionar sistemático de abusos y hostigamientos de la Bonaerense sobre los jóvenes en Monte, que se traducían en golpizas, detenciones arbitrarias, amenazas y torturas, en un contexto de saturación policial en el municipio que las familias cuestionaban por innecesario, y que sólo fue aprovechado por la exintendenta Mayol para campaña política. Las denuncias también fueron constatadas por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM).

Concluye Yanina: “En Monte es sumamente necesario. Desde que pasó todo, me cansé de recibir gente que dicen que le pasan cosas con la policía. A las nuevas familias nosotros las orientamos, las acompañamos, con organizaciones que también nos acompañan. Las orientamos desde el amor y la experiencia, para que no vuelva a pasar. La casa es para eso: vamos a llevarla adelante las familias para apoyar a otros familiares. No queremos que esto pase nunca más”.