Este artículo forma parte de una serie que pretende promover el debate y la reflexión acerca de la educación y la práctica docente, atravesada por la pandemia, los procesos privatizadores y la auto-organización.

Por Marisa Bolaña [1]

Docente de nivel superior. Integrante del Equipo organizador del Encuentro entre Docentes y Educadores Populares (ENDyEP) Integrante del Equipo de Didáctica General – UNSAM.

Punto de partida

La pandemia de la COVID-19 puso al descubierto las limitaciones y los grandes riesgos sociales que las políticas privatizadoras de los servicios esenciales de los últimos años producen, y expuso las profundas desigualdades del sistema, siendo los sectores sociales más empobrecidos los más afectados. Los sectores económicos dominantes encontraron una nueva oportunidad para avanzar en una redefinición de procesos y dinámicas, generando mayor exclusión. 

En el ámbito educativo, se cerraron las escuelas y se propusieron formas de trabajo remoto, virtual y a distancia de acuerdo con las condiciones de cada región. Se trasladaron las escuelas a los hogares; de este modo las familias tuvieron que asumir en parte las tareas escolares. Esto significó una profundización de los procesos privatizadores, descargando la responsabilidad de la educación en las familias y en lxs docentes. Éstos últimos tuvieron que hacerse cargo, no sólo de las tareas pedagógicas, sino también de los insumos necesarios para el sostenimiento de éstas. Situación que generó una sobrecarga de trabajo y de energía física, mental y psicológica que derivaron en fatiga y estrés, malestar. A su vez, este traslado favoreció a las empresas proveedoras de insumos digitales y servicios comunicacionales, profundizando procesos de exclusión, tanto de docentes como estudiantes. La lógica del capitalismo cognitivo de la 4° Revolución Industrial, signado por las sociedades del control y del cansancio, hace recaer las responsabilidades de los procesos sociales en las individualidades, produciendo un efecto de depresión y angustia en las personas y de fragmentación de los colectivos.

La Ciudad de Buenos Aires no fue la excepción: en marzo del 2020 se suspendieron las clases presenciales en todos los niveles, y se estableció el inicio del trabajo remoto para la construcción del vínculo pedagógico[2]. De este modo se reguló el funcionamiento de los niveles obligatorios del sistema educativo. En el nivel superior en cambio, recién en el mes de mayo el gobierno estableció que las autoridades y docentes de las instituciones elaboraran un «Plan Excepcional de Continuidad de la Formación en el Contexto de Emergencia Sanitaria» determinando que “las estrategias que se planteen no deberán requerir erogación presupuestaria adicional”[3]

De este modo, el ciclo lectivo comenzó con un aparente olvido, sin una posición precisa y sin normativa específica para el nivel superior. Cada institución tomó caminos diferentes, e hizo lo que pudo, intentando seguir sin coordinación, mientras en silencio el gobierno se desentendía de atender las necesidades del sector. Esto podría entenderse no solo como un atropello al trabajo docente sino también como una falta de condiciones que garanticen el derecho a la educación, ya que el gobierno ni siquiera proveyó conectividad y dispositivos.

El sistema público de Formación docente está constituido por 29 instituciones: Escuelas Normales Superior (ENS); Institutos de Enseñanza Superior (IES); Institutos Superiores de Profesorado (ISP) Escuelas Superiores de Educación Artística (ESEA). Coexisten con 52 instituciones de gestión privada. Si bien hay mayor cantidad de establecimientos del sector privado, la matrícula más alta se registra en el sector estatal, alcanzando el 72% de alumnxs matriculadxs. Un dato a tener en cuenta es que, si bien la matrícula en el sector privado es baja, la mayoría de las instituciones privadas reciben subvención del Estado. En tanto las instituciones estatales dicta carreras de grado,  postítulos docentes -entre los que podemos mencionar el Postítulo en Educación Sexual Integral, de Profesor Tutor, Especialización Docente de Nivel Superior en Enseñanza de la Biología para una Cultura Científica a veces sin tener garantizado el pago de los salarios de lxs docentes-.

En abril 2020 el gobierno comunicó al ISP “Dr. Joaquín V. González” la decisión de cerrar el Postítulo en ESI por considerar el “contexto oportuno” para la revisión de las estructuras formativas. También puso trabas para la apertura de otros postítulos y no pagó los salarios de lxs docentes, y no renovó cargos o reconoció las horas institucionales para trabajos específicos. Se logró frenar el cierre a partir de acciones colectivas; aun así, siguió desfinanciando progresivamente el sector. En silencio se estaba armando una nueva estructura la Universidad de la Ciudad para lo cual transfería recursos.

En el inicio del ciclo 2021, no se modifican las normativas ni políticas del gobierno de la ciudad para el sector, sigue profundizando la descarga en las instituciones y lxs docentes la toma de decisiones para el desarrollo de las actividades. Mientras tanto la discusión pública se centró en torno a la presencialidad, como si ésta fuera la solución a todos los problemas sociales.

En la Ciudad de Buenos Aires el panorama es complejo; mientras declaran la centralidad de la educación desarrollan políticas de desinversión, ajuste y vaciamiento. Los niveles obligatorios volvieron a las escuelas en lo que se llamaron burbujas, pero no se realizaron las inversiones necesarias para garantizar el regreso a las aulas físicas; no se garantizaron los insumos para el cuidado discontinuando su entrega y estableciendo que fuesen las cooperadoras quienes se hicieran cargo. Es conocida la incidencia de esta apertura en el aumento de contagios en las comunidades.

En tanto el nivel superior continúa en el trabajo remoto y aparentemente olvidado. Es en este marco que el gobierno desarrolla un nuevo intento de vaciamiento y disolución de las instituciones de formación docente que significaría la destrucción de la mitad del nivel superior público de la ciudad, de tradición centenaria.

En mayo el gobierno informa a las autoridades de las instituciones que no autoriza las inscripciones en el segundo cuatrimestre a nuevos ingresantes. Limita la inscripción sólo a las carreras de Educación Especial, y profesorados de Matemática y Física, y se abrirán los cursos si se superan los 20 incsriptxs. Esto deja sin posibilidades a lxs nuevxs estudiantes y también a quienes estarían en condiciones de cursar esas materias del segundo cuatrimestre, y poniendo claramente en peligro los cargos docentes que la gran mayoría son interinxs, de estabilidad relativa. A su vez el gobierno comunica que para el ciclo 2022 se realizará un curso de ingreso centralizado, y no en cada institución, como hasta ahora. Esto es una intromisión en las políticas pedagógicas institucionales y en el el trabajo docente.

De esta primera descripción podemos observar los vaivenes de las políticas, en las que por momentos dejan a las instituciones a la deriva, sin normativa específica que permita la continuidad pedagógica y en otros momentos toman decisiones centralizadas y arbitrarias, que constituyen la imposibilidad del desarrollo de las actividades. Políticas contradictorias que defienden la educación virtual y la enseñanza de robótica en las escuelas, pero luego niega el valor de la virtualidad y defiende la presencialidad. Tal vez esto le permite esconder la falta de inversión en infraestructura, en materiales específicos para el trabajo digital y virtual y la dificultad del acceso a conectividad aún en los propios edificios escolares.

La situación de descarga en las instituciones de las responsabilidades gubernamentales y ausencia de normativa podría ser interpretada como una falta de planificación e improvisación, como un hecho aislado, de omisión debido a las urgencias de la coyuntura. Pero nos preguntamos si esta aparente omisión de normativas específicas para el nivel superior es una ausencia de planificación, un olvido o tal vez una planificación estratégica, una acción encubiertamente estratégica.

En ocasiones pareciera que se toman medidas que se presentan con una fuerza arrolladora y omnipotente, que buscan transformar todo lo existente, ignorando a otros agentes sociales, en un enfoque similar al “síndrome del superhombre”. Podría considerarse en esa línea el proyecto de ley enviado a la Legislatura Porteña el 1/12/2017, en la que se establecía la reformulación de la formación docente, transformando las instituciones y una historia centenaria en la formación de docentes comprometidos con la educación pública. Es por esto que considero que se trata no de innovación sino de un proceso de disolución o tal vez se podría decir una innovación disolvente. El proyecto inicial, presentado en una conferencia de prensa el 22/11/2017 establecía en el primer artículo la disolución de los institutos de formación docente, aunque debido a la movilización entre diciembre y marzo, el proyecto presentado en marzo 2018 en la Legislatura se modificó esa expresión.  

La discusión sobre el nivel en el que deben formarse lxs docentes no es nueva, pero en el caso de CABA implica la ruptura con una larga tradición y la eliminación de todo un sector de la estructura del sistema educativo. Como antecedente podemos mencionar el proyecto de ley[4] presentado por los legisladores Beliz y De Imaz del año 2000 que encomendaba al Poder Ejecutivo porteño la iniciación de los trámites tendientes a la creación de la Universidad Pedagógica Metropolitana, con la cual los Institutos de Nivel “Terciario” No Universitario (según denominación hasta 2015 que por modificación del artículo de la Ley de Educación Superior pasaron a denominarse Institutos de Educación Superior de Formación docente) articularían sus carreras. Las reformas de los años 90 tuvieron como signo distintivo el achicamiento de la estructura central, la descentralización y transferencia de las instituciones y un ajuste en las partidas presupuestarias. Siguiendo esa misma línea, la fundamentación del proyecto de ley de creación de la Universidad Pedagógica Metropolitana establece que busca “jerarquizar la función docente para su mayor valorización, sin incurrir en costos adicionales”

Es importante resaltar que este debate se reactualiza con una nueva discusión a nivel nacional, por lo que consideramos de gran importancia revisar los sentidos desde los cuales se definen las políticas educativas y los procesos de lucha reciente no sólo para poder resistir, sino para encontrar un nuevo modo de reexistir. En 2014 el Banco Mundial realizó un estudio y una serie de recomendaciones para la región que coinciden con los puntos que se están presentando actualmente, resumidas en el documento Profesores excelentes. Cómo mejorar el aprendizaje en América Latina y el Caribe.

Resulta necesario interpretar estos momentos como continuidades de las intenciones políticas del cierre del nivel y su pasaje a la universidad. Estas continuidades no son lineales ni homogéneas, se produce una trama compleja de diversas capas, no sucesivas, de configuraciones discursivas y narrativas acerca del sentido de la formación docente, a su vez ligadas a las narrativas sobre la escolaridad. Entramados discursivos conflictivos, no homogéneos y muchas veces no evidentes.

Es importante destacar que esta propuesta debe tomarse en relación con las políticas sociales y urbanas, ya que da cuenta de un modelo de ciudad que consideramos excluyente. Caracterizado por el vaciamiento de lo público, a través del desfinanciamiento, la incorporación de lógicas empresariales al modelo de ciudad y la transformación del mercado inmobiliario. Expulsando a los sectores más pobres de la ciudad, no sólo por la coerción violenta sino a través de las lógicas del mercado, tornándose una ciudad de alto nivel económico donde todos los servicios son privados y de costos elevados.

La pregunta que surge es cómo enfrentar un proceso que transcurrió y transcurre silenciosamente no sale en los medios hegemónicos. Los Institutos de Formación docente tienen una experiencia acumulada en este sentido, por eso considero importante reconstruir y sistematizar ese proceso. de discusión y luchas desarrollado en el período 2017/2018 en defensa de la educación pública, cuando se anunció que se presentaría a la Legislatura un proyecto de ley para la creación de una universidad docente que disolviera los institutos de formación docente. Un proceso de resistencia que transformó estructuras burocráticas en agentes generadores de sentidos políticos de la formación. La construcción de una identidad colectiva como fuente de resistencia a políticas educativas mercantilistas que buscan formar docentes como facilitadores e implementadores de paquetes prediseñados o en estimuladores cerebrales acorde a los desarrollos del capitalismo cognitivo.

 Reconstruir y sistematizar la experiencia permitirá generar una plataforma para pensar una nueva forma de resistencia para la re-existencia.

No se trata de sobrevivir, sino de posicionarnos con otra fuerza para seguir formando docentes con conciencia de la necesidad de una educación cuya finalidad sea la formación de subjetividades para la transformación de una sociedad altamente desigual e injusta, en contraposición a una educación al servicio de las necesidades del mercado.

[1] Docente de nivel superior. Integrante del Equipo organizador del Encuentro entre Docentes y Educadores Populares (ENDyEP) Integrante del Equipo de Didáctica General – UNSAM.

[2] RESOL-2020-1482-GCABA-MEDGC del 15-03-20

[3] RESOL-2020- 1585- GCABA-MEDGC del 12/05/2020 publicada en el Boletín oficial el 12/06/2020

[4] Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, Proyecto de Ley N°200001835, De Imaz y Beliz. 2000.