Nota
Educar hoy: la construcción de una identidad colectiva como resistencia. Parte 1
Este artículo forma parte de una serie que pretende promover el debate y la reflexión acerca de la educación y la práctica docente, atravesada por la pandemia, los procesos privatizadores y la auto-organización.
Por Marisa Bolaña [1]
Docente de nivel superior. Integrante del Equipo organizador del Encuentro entre Docentes y Educadores Populares (ENDyEP) Integrante del Equipo de Didáctica General – UNSAM.
Punto de partida
La pandemia de la COVID-19 puso al descubierto las limitaciones y los grandes riesgos sociales que las políticas privatizadoras de los servicios esenciales de los últimos años producen, y expuso las profundas desigualdades del sistema, siendo los sectores sociales más empobrecidos los más afectados. Los sectores económicos dominantes encontraron una nueva oportunidad para avanzar en una redefinición de procesos y dinámicas, generando mayor exclusión.
En el ámbito educativo, se cerraron las escuelas y se propusieron formas de trabajo remoto, virtual y a distancia de acuerdo con las condiciones de cada región. Se trasladaron las escuelas a los hogares; de este modo las familias tuvieron que asumir en parte las tareas escolares. Esto significó una profundización de los procesos privatizadores, descargando la responsabilidad de la educación en las familias y en lxs docentes. Éstos últimos tuvieron que hacerse cargo, no sólo de las tareas pedagógicas, sino también de los insumos necesarios para el sostenimiento de éstas. Situación que generó una sobrecarga de trabajo y de energía física, mental y psicológica que derivaron en fatiga y estrés, malestar. A su vez, este traslado favoreció a las empresas proveedoras de insumos digitales y servicios comunicacionales, profundizando procesos de exclusión, tanto de docentes como estudiantes. La lógica del capitalismo cognitivo de la 4° Revolución Industrial, signado por las sociedades del control y del cansancio, hace recaer las responsabilidades de los procesos sociales en las individualidades, produciendo un efecto de depresión y angustia en las personas y de fragmentación de los colectivos.
La Ciudad de Buenos Aires no fue la excepción: en marzo del 2020 se suspendieron las clases presenciales en todos los niveles, y se estableció el inicio del trabajo remoto para la construcción del vínculo pedagógico[2]. De este modo se reguló el funcionamiento de los niveles obligatorios del sistema educativo. En el nivel superior en cambio, recién en el mes de mayo el gobierno estableció que las autoridades y docentes de las instituciones elaboraran un “Plan Excepcional de Continuidad de la Formación en el Contexto de Emergencia Sanitaria” determinando que “las estrategias que se planteen no deberán requerir erogación presupuestaria adicional”[3]
De este modo, el ciclo lectivo comenzó con un aparente olvido, sin una posición precisa y sin normativa específica para el nivel superior. Cada institución tomó caminos diferentes, e hizo lo que pudo, intentando seguir sin coordinación, mientras en silencio el gobierno se desentendía de atender las necesidades del sector. Esto podría entenderse no solo como un atropello al trabajo docente sino también como una falta de condiciones que garanticen el derecho a la educación, ya que el gobierno ni siquiera proveyó conectividad y dispositivos.
El sistema público de Formación docente está constituido por 29 instituciones: Escuelas Normales Superior (ENS); Institutos de Enseñanza Superior (IES); Institutos Superiores de Profesorado (ISP) Escuelas Superiores de Educación Artística (ESEA). Coexisten con 52 instituciones de gestión privada. Si bien hay mayor cantidad de establecimientos del sector privado, la matrícula más alta se registra en el sector estatal, alcanzando el 72% de alumnxs matriculadxs. Un dato a tener en cuenta es que, si bien la matrícula en el sector privado es baja, la mayoría de las instituciones privadas reciben subvención del Estado. En tanto las instituciones estatales dicta carreras de grado, postítulos docentes -entre los que podemos mencionar el Postítulo en Educación Sexual Integral, de Profesor Tutor, Especialización Docente de Nivel Superior en Enseñanza de la Biología para una Cultura Científica a veces sin tener garantizado el pago de los salarios de lxs docentes-.
En abril 2020 el gobierno comunicó al ISP “Dr. Joaquín V. González” la decisión de cerrar el Postítulo en ESI por considerar el “contexto oportuno” para la revisión de las estructuras formativas. También puso trabas para la apertura de otros postítulos y no pagó los salarios de lxs docentes, y no renovó cargos o reconoció las horas institucionales para trabajos específicos. Se logró frenar el cierre a partir de acciones colectivas; aun así, siguió desfinanciando progresivamente el sector. En silencio se estaba armando una nueva estructura la Universidad de la Ciudad para lo cual transfería recursos.
En el inicio del ciclo 2021, no se modifican las normativas ni políticas del gobierno de la ciudad para el sector, sigue profundizando la descarga en las instituciones y lxs docentes la toma de decisiones para el desarrollo de las actividades. Mientras tanto la discusión pública se centró en torno a la presencialidad, como si ésta fuera la solución a todos los problemas sociales.
En la Ciudad de Buenos Aires el panorama es complejo; mientras declaran la centralidad de la educación desarrollan políticas de desinversión, ajuste y vaciamiento. Los niveles obligatorios volvieron a las escuelas en lo que se llamaron burbujas, pero no se realizaron las inversiones necesarias para garantizar el regreso a las aulas físicas; no se garantizaron los insumos para el cuidado discontinuando su entrega y estableciendo que fuesen las cooperadoras quienes se hicieran cargo. Es conocida la incidencia de esta apertura en el aumento de contagios en las comunidades.
En tanto el nivel superior continúa en el trabajo remoto y aparentemente olvidado. Es en este marco que el gobierno desarrolla un nuevo intento de vaciamiento y disolución de las instituciones de formación docente que significaría la destrucción de la mitad del nivel superior público de la ciudad, de tradición centenaria.
En mayo el gobierno informa a las autoridades de las instituciones que no autoriza las inscripciones en el segundo cuatrimestre a nuevos ingresantes. Limita la inscripción sólo a las carreras de Educación Especial, y profesorados de Matemática y Física, y se abrirán los cursos si se superan los 20 incsriptxs. Esto deja sin posibilidades a lxs nuevxs estudiantes y también a quienes estarían en condiciones de cursar esas materias del segundo cuatrimestre, y poniendo claramente en peligro los cargos docentes que la gran mayoría son interinxs, de estabilidad relativa. A su vez el gobierno comunica que para el ciclo 2022 se realizará un curso de ingreso centralizado, y no en cada institución, como hasta ahora. Esto es una intromisión en las políticas pedagógicas institucionales y en el el trabajo docente.
De esta primera descripción podemos observar los vaivenes de las políticas, en las que por momentos dejan a las instituciones a la deriva, sin normativa específica que permita la continuidad pedagógica y en otros momentos toman decisiones centralizadas y arbitrarias, que constituyen la imposibilidad del desarrollo de las actividades. Políticas contradictorias que defienden la educación virtual y la enseñanza de robótica en las escuelas, pero luego niega el valor de la virtualidad y defiende la presencialidad. Tal vez esto le permite esconder la falta de inversión en infraestructura, en materiales específicos para el trabajo digital y virtual y la dificultad del acceso a conectividad aún en los propios edificios escolares.
La situación de descarga en las instituciones de las responsabilidades gubernamentales y ausencia de normativa podría ser interpretada como una falta de planificación e improvisación, como un hecho aislado, de omisión debido a las urgencias de la coyuntura. Pero nos preguntamos si esta aparente omisión de normativas específicas para el nivel superior es una ausencia de planificación, un olvido o tal vez una planificación estratégica, una acción encubiertamente estratégica.
En ocasiones pareciera que se toman medidas que se presentan con una fuerza arrolladora y omnipotente, que buscan transformar todo lo existente, ignorando a otros agentes sociales, en un enfoque similar al “síndrome del superhombre”. Podría considerarse en esa línea el proyecto de ley enviado a la Legislatura Porteña el 1/12/2017, en la que se establecía la reformulación de la formación docente, transformando las instituciones y una historia centenaria en la formación de docentes comprometidos con la educación pública. Es por esto que considero que se trata no de innovación sino de un proceso de disolución o tal vez se podría decir una innovación disolvente. El proyecto inicial, presentado en una conferencia de prensa el 22/11/2017 establecía en el primer artículo la disolución de los institutos de formación docente, aunque debido a la movilización entre diciembre y marzo, el proyecto presentado en marzo 2018 en la Legislatura se modificó esa expresión.
La discusión sobre el nivel en el que deben formarse lxs docentes no es nueva, pero en el caso de CABA implica la ruptura con una larga tradición y la eliminación de todo un sector de la estructura del sistema educativo. Como antecedente podemos mencionar el proyecto de ley[4] presentado por los legisladores Beliz y De Imaz del año 2000 que encomendaba al Poder Ejecutivo porteño la iniciación de los trámites tendientes a la creación de la Universidad Pedagógica Metropolitana, con la cual los Institutos de Nivel “Terciario” No Universitario (según denominación hasta 2015 que por modificación del artículo de la Ley de Educación Superior pasaron a denominarse Institutos de Educación Superior de Formación docente) articularían sus carreras. Las reformas de los años 90 tuvieron como signo distintivo el achicamiento de la estructura central, la descentralización y transferencia de las instituciones y un ajuste en las partidas presupuestarias. Siguiendo esa misma línea, la fundamentación del proyecto de ley de creación de la Universidad Pedagógica Metropolitana establece que busca “jerarquizar la función docente para su mayor valorización, sin incurrir en costos adicionales”
Es importante resaltar que este debate se reactualiza con una nueva discusión a nivel nacional, por lo que consideramos de gran importancia revisar los sentidos desde los cuales se definen las políticas educativas y los procesos de lucha reciente no sólo para poder resistir, sino para encontrar un nuevo modo de reexistir. En 2014 el Banco Mundial realizó un estudio y una serie de recomendaciones para la región que coinciden con los puntos que se están presentando actualmente, resumidas en el documento Profesores excelentes. Cómo mejorar el aprendizaje en América Latina y el Caribe.
Resulta necesario interpretar estos momentos como continuidades de las intenciones políticas del cierre del nivel y su pasaje a la universidad. Estas continuidades no son lineales ni homogéneas, se produce una trama compleja de diversas capas, no sucesivas, de configuraciones discursivas y narrativas acerca del sentido de la formación docente, a su vez ligadas a las narrativas sobre la escolaridad. Entramados discursivos conflictivos, no homogéneos y muchas veces no evidentes.
Es importante destacar que esta propuesta debe tomarse en relación con las políticas sociales y urbanas, ya que da cuenta de un modelo de ciudad que consideramos excluyente. Caracterizado por el vaciamiento de lo público, a través del desfinanciamiento, la incorporación de lógicas empresariales al modelo de ciudad y la transformación del mercado inmobiliario. Expulsando a los sectores más pobres de la ciudad, no sólo por la coerción violenta sino a través de las lógicas del mercado, tornándose una ciudad de alto nivel económico donde todos los servicios son privados y de costos elevados.
La pregunta que surge es cómo enfrentar un proceso que transcurrió y transcurre silenciosamente no sale en los medios hegemónicos. Los Institutos de Formación docente tienen una experiencia acumulada en este sentido, por eso considero importante reconstruir y sistematizar ese proceso. de discusión y luchas desarrollado en el período 2017/2018 en defensa de la educación pública, cuando se anunció que se presentaría a la Legislatura un proyecto de ley para la creación de una universidad docente que disolviera los institutos de formación docente. Un proceso de resistencia que transformó estructuras burocráticas en agentes generadores de sentidos políticos de la formación. La construcción de una identidad colectiva como fuente de resistencia a políticas educativas mercantilistas que buscan formar docentes como facilitadores e implementadores de paquetes prediseñados o en estimuladores cerebrales acorde a los desarrollos del capitalismo cognitivo.
Reconstruir y sistematizar la experiencia permitirá generar una plataforma para pensar una nueva forma de resistencia para la re-existencia.
No se trata de sobrevivir, sino de posicionarnos con otra fuerza para seguir formando docentes con conciencia de la necesidad de una educación cuya finalidad sea la formación de subjetividades para la transformación de una sociedad altamente desigual e injusta, en contraposición a una educación al servicio de las necesidades del mercado.
[1] Docente de nivel superior. Integrante del Equipo organizador del Encuentro entre Docentes y Educadores Populares (ENDyEP) Integrante del Equipo de Didáctica General – UNSAM.
[2] RESOL-2020-1482-GCABA-MEDGC del 15-03-20
[3] RESOL-2020- 1585- GCABA-MEDGC del 12/05/2020 publicada en el Boletín oficial el 12/06/2020
[4] Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, Proyecto de Ley N°200001835, De Imaz y Beliz. 2000.
Portada
Hasta siempre, Mirta
Lo dijo con una sonrisa, amorosa, y con la mirada encendida, directo a los ojos: “El miedo es para los cobardes”. Fue un jueves de puro sol, cuando le preguntamos si tenía miedo en este contexto, antes de comenzar una nueva ronda que justo ella, con otras trece madres, fundó el 30 de abril de 1977, cuando buscaban con desesperación a sus hijos e hijas.
Mirta Acuña de Baravalle buscaba, además, a un nieto o nieta: su hija Ana María, a quien secuestraron el 26 de agosto de 1976 junto a su compañero Julio César Galizzi, estaba embarazada. Mirta murió este viernes sin saber qué pasó con ellos.
Su despedida será de 16 a 19 en el hall del Municipio de San Martín, el partido donde ella vivía, donde jugaba al scrabble sin cansarse, y donde seguía todos los jueves las rondas de Madres Línea Fundadora por las transmisiones de medios comunitarios, mandando saludos en vivo y recordatorios que una hermana leía sobre otras personas desaparecidas.
Tenía 99 años, la mirada encendida y la sonrisa amorosa, para indicarle a nuevas generaciones que la lucha sigue.
Gracias, Mirta.
Presente, ¡ahora y siempre!
Mirta en las marchas masivas del 24 de Marzo, marchando por la memoria, la verdad y la justicia junto a sus compañeras de Madres Líneas Fundadora. Foto Lina Etchesuri para lavaca
24 de Marzo de 2017. Mirta acompañada por Victoria Moyano, nieta recuperada. Foto Lina Etchesuri para lavaca
Esta foto fue tomada el 29 de febrero de este año y fue el último jueves de ronda donde estuvieron las tres Madres Líneas Fundadora juntas: Nora Cortiñas (fallecida el 30 de mayo), Mirta Baravalle (en el centro) y Elia Espen. Consultada sobre si tenía miedo en un contexto de discursos de odio y negacionistas, Mirta respondió a Lavaca con una sonrisa: “El miedo es para los cobardes”. Foto Lina Etchesuri para lavaca
Nota
S.O.S. Garrahan: el desfinanciamiento del hospital modelo
Un guardapolvo blanco, pintado de letras rojas en el dorso: “Salud en lucha”. Una pancarta naranja, con letras negras, que grita: “El Garrahan es insalubre”. Lo que adorna a las instalaciones del centro pediátrico de referencia en salud pública, gratuito, de altísima calidad y de máxima complejidad donde se atiende a infancias de todo el país, refleja el contexto de lucha: seis paros en diez semanas. Una movilización el martes pasado a Plaza de Mayo. Otros paros por venir. Y un festival que se está organizando para el 8 de noviembre. Seis mil laburantes que dijeron basta, que ya no se puede, que así no se sigue. Los reclamos son tan centrales como diversos: salario, condiciones laborales y presupuesto. Todos, repercuten en un problema tan primordial como poco tenido en cuenta: la salud mental de sus trabajadoras y trabajadores.
Por Francisco Pandolfi
Lo que pasa puertas adentro de esta entidad emplazada al sur de la Ciudad de Buenos Aires llevó a que en 2019 se creara la Comisión de Condiciones de Trabajo Insalubres y Agotamiento Prematuro del Hospital Garrahan.
Ivone Malla tiene 55 años y es, desde hace 12, médica hepatóloga del hospital e integra la comisión desde su nacimiento. Le cuenta a lavaca por qué surgió la necesidad imperiosa de organizarse y de ponerle ese nombre: “En 2019 empezamos a notar la situación compleja en la que estábamos. El grado de sufrimiento que padecíamos por estar expuestos durante tanto tiempo, todos los días, muchas horas por día, bajo una presión insoportable un tercio de nuestra vida. Armamos un grupo de whatsapp, primero entre cinco, seis personas, y en menos de una semana éramos 200. Hicimos reuniones y armamos la comisión con integrantes de distintas áreas del hospital. Y decidimos armar un informe que es contundente por los datos que denuncia. El documento de 40 páginas tiene cifras como estas: “En el Garrahan muere casi un paciente por día. La mayor parte es menor de un año y un cuarto menor a un mes”.
La salud de quienes cuidan la salud
Ivone actualiza algunos datos del informe presentado en marzo de 2020:
–El 26 por ciento de las licencias que se piden en el hospital se deben a trastornos de depresión y problemas de salud mental.
–Hicimos una encuesta y uno de cada 2 trabajadores del hospital toma psicofármacos.
–Otro dato alarmante tiene que ver con la tasa de suicidios. El hospital duplica a la tasa del país, que es de uno cada 12 mil personas por año. En el Garrahan somos 6 mil laburantes y tenemos un trabajador por año que se suicidó. De hecho, cuando empezó este reclamo se mató un compañero. Obviamente este no es un número oficial, porque pedimos el registro a las autoridades y no brindan la información, pero nosotros sabemos bien lo que pasá acá.
Frente a este escenario, desde la Comisión proponen medidas concretas: “Demostramos con datos fehacientes que el trabajo que realizamos afecta nuestra salud física y mental y amerita la aplicación de un régimen especial que contemple las condiciones de trabajo insalubres y/o agotamiento prematuro a los que estamos expuestos, y limite la exposición con reducción horaria sin afectar nuestros salarios (de ocho a seis horas el área médica y de siete a seis la enfermería), licencias por estrés (de cinco a quince días anuales) y reducción de nuestros requisitos jubilatorios (25 años de servicio, mínimo 50 años de edad y 82% móvil).
Ivone sentencia: “Se habla mucho del modelo Garrahan, que la manera de sostenerlo es que pasemos más horas en el hospital y debe suceder todo lo contrario. Un motivo por el que se están yendo muchos profesionales es por los bajos salarios, porque aunque siempre cobramos poco el ajuste de los últimos meses es feroz, pero otro factor es por ese mismo modelo Garrahan que te obliga a quemarte, a dejar la salud, porque te exprime a tal punto de ser expulsivo. No podemos continuar un sistema que no cuida la salud de quienes cuidamos la salud pediátrica de mayor complejidad del país”.
La situación de insalubridad de las y los trabajadores del Garrahan es gravísima.
El sueldo más bajo de la historia
Norma Lezana es la Secretaria General de la Asociación de Profesionales y Técnicos. Tiene 62 años y hace 36 que trabaja en el hospital, cuando ingresó meses después de la inauguración del Garrahan, el 25 de agosto de 1987. “Estudié en la universidad pública y recuerdo cómo mi sueño era trabajar en ese lugar que se estaba construyendo. Yo armé mi vida en paralelo a este hospital de tanto prestigio, que sigue solucionando las enfermedades más graves y raras de los niños y niñas de Argentina, que no son números. Cada historia es un pacientito, un nombre, una familia. Cada caso requiere una reunión, un equipo interdisciplinario detrás, esa siempre fue la intención acá, así nos formamos y así creció el Garrahan”, dice Norma, ya con los ojos vidriosos.
Esa labor en equipo, hoy la replican para otro tipo de lucha: “Ahora nos toca defender la importante misión que tiene esta institución, en un momento en el que quienes trabajamos estamos cobrando el sueldo más bajo de la historia. En menos de un año, la inflación fue de 236% y nuestro salario apenas subió el 100. Este cambio fue de golpe, entonces no hubo manera de acomodarnos, porque no podés de un día para el otro dejar de pagar internet, de mandar a tu hijo al colegio, ya no pagar los impuestos. Es angustiante lo que estamos viviendo. Una compañera el otro día me dijo que empezó a pagar el alquiler con el crédito que te da Mercado Pago, que te cobra mucho interés y en poco tiempo ya no va a tener sueldo. Otra me dijo que no tenía de dónde sacar para el campamento escolar de su hijo. Yo gastaba 5 mil pesos de luz y me vinieron 100 mil. Es muy estresante, esto antes no pasaba”.
Desde las distintas organizaciones que forman la vida política del hospital dan números concretos: los operarios y técnicos no llegan a 500 mil pesos. De enfermería a 750 mil. 900 mil del área médica con aproximadamente 15 años de experiencia. Ivone expresa: “Necesitamos una recomposición salarial del 100% y un sueldo inicial igual a la canasta familiar, que hoy está en 1.500.000 mil pesos”. Completa Norma: “Los sueldos más bajos están bajo la línea de la pobreza y los de la mayoría, salvo los de los médicos más antiguos y los cargos de conducción, tampoco llegan a cubrir la canasta básica. Frente a esto, nuestro sueldo subió un 1 y un 2% en las últimas paritarias, que es lo que firmó UPCN con el gobierno nacional. Por eso denunciamos al sindicato, a la CGT y a la CTA, porque firmaron esto calladitos, como si no se dieran cuenta la situación que vivimos”.
Norma es licenciada en nutrición y pone el foco en lo que compra (o no) la gente y en lo que mira (o no) el Gobierno nacional: “Veo changuitos vacíos, poca fruta, verdura y lácteos. El salario no es algo que nos puedan recortar, porque no es un gasto. Pero este gobierno es insensible, cruel, lleno de mercenarios. Pueden hablar de déficit cero, de que Caputo es el mejor ministro, pero la realidad es que varios enfermeros después de trabajar diez horas, cuando salen a las 7 de la mañana de acá se van a otro trabajo y no a descansar. Puede ser libertario o no libertario, pero si esta es la realidad sólo queda claro que es un gobierno pésimo”.
Mientras tanto, la perspectiva del Ejecutivo: “El Ministro de Salud Mario Lugones acaba de presentar un plan estratégico de recorte del 20% en la salud. Es criminal esta decisión. Y sólo se explica con el lobby que está haciendo la gestión privada. Los funcionarios son sus gerentes y nos están llevando a un retroceso tremendo”.
Hay salarios iniciales que no llegan a los 500 mil pesos.
El éxodo de trabajadores
Josmar Flores Arnéz es licenciado en bioimágenes, tiene 36 años y hace 15 que trabaja en el servicio de neurointervencionismo del hospital. “Desde hace varias semanas luchamos por una recomposición salarial y por mejores condiciones de trabajo. Este año convivimos con un presupuesto congelado que duró los primeros seis meses. El Ministerio de Salud mandó una ampliación de ese presupuesto, pero es insuficiente. Por eso exigimos la apertura de paritarias y un porcentaje acorde que por lo menos nos empate con la inflación. Las categorías más bajas no pueden cubrir ni lo básico, como vestirse, comer, educarse”.
Josmar es delegado de la junta interna de ATE y comparte un dato que refleja la situación extrema: “No nos quisieron decir el número concreto, pero desde la propia Dirección confesaron que en los últimos 9 meses renunció la misma cantidad de profesionales que en los últimos 9 años. Si bien esta situación no empezó con este gobierno, sí la profundizó muchísimo y potenció el éxodo de profesionales. Esa pérdida no se recupera”.
Guido Gromadzyn es neurocirujano y parte de Trabajadores Autoconvocados del Garrahan. Tiene 40 años y desde 2009 recorre estos pasillos. Su cumpleaños de 15 no está siendo el más feliz: “Nunca estuve tan preocupado, porque la salud pública está peor que nunca. El hospital hasta ahora, había sido un oasis al realizarse las técnicas más avanzadas y nunca nos faltó nada. Si bien muchas veces tuvimos conflictos de sueldo, es muy preocupante sentir cómo el hospital de a poco se va debilitando y desmantelando desde el recurso humano, y desgranando todo el trabajo interdisciplinario tan característico del Garrahan. Siempre tuvimos los mejores profesionales y ahora están renunciando porque no llegan a fin de mes, profesionales que tienen alquilar y les es imposible, hipermegaespecialistas que ya no les conviene hacer las jornadas extendidas de 8 horas cobrando un sueldo miserable y entonces se van a trabajar a otro lugar o directamente fuera del país”.
Guido mira el futuro: “Es lo que más me preocupa. Somos un hospital escuela y va a llevar años y décadas formar este tipo de profesionales. Esto va a repercutir directamente en la salud de los chicos y si sigue así va a empeorar, porque muchos compañeros nos dicen: ‘Yo estoy hace 15 años, siempre me puse la camiseta, pero más allá de marzo no aguanto’. Es desesperante saber que en poco tiempo el gobierno está rompiendo todo y que nos va a llevar muchísimo reconstruirlo”.
Sobre el financiamiento freezado, Norma Lezana pone números: “Al presupuesto que teníamos de 60 mil millones del año pasado, que estuvo congelado todo el año y que en junio se acabó, llegó un refuerzo de 90 mil millones de pesos, o sea, un tercio más. Pero eso no tiene nada que ver con la realidad. Solo por poner un caso: el medicamento gammaglobulina aumentó 10 veces, y lo mismo sucede con el resto de los remedios, insumos y obras. Por eso en salud no se puede ajustar, pero el ministro Lugones es el hombre manos de tijera, solo piensa en recorte, recorte y recorte”.
Hay motosierra, licuadora y también organización como defensa de la salud pública.
El ministro que nunca pisó el hospital
El Juan Pedro Garrahan lleva ese nombre por un reconocido pediatra. En cuanto a su sostenimiento, depende un 80% del Ejecutivo nacional y un 20% del gobierno porteño. Cuando a principios de octubre asumió el ministro Lugones, una de sus primeras decisiones fue echar a todos los integrantes del Consejo de Administración, al otorgar un bono por única vez de $500 mil pesos a las y los trabajadores. Contextualiza Ivone: “El bono no fue una dádiva, sino el producto de varios meses de reclamo y además se obtuvo con recursos genuinos que producimos con nuestro trabajo, ya que ese dinero salió de una caja donde va la plata que se recauda de las obras sociales de los pacientes. Esa caja sigue existiendo, pero el mensaje de la patronal fue que ya no se repartirá entre las y los trabajadores”.
Josmar agrega: “Cuando Lugones se reunió hace 15 días con el nuevo Consejo de Administración (presidido por Soraya Anis El Kik) dijo públicamente que el presupuesto del hospital garantizaba su total funcionamiento, pero nosotros sabemos que no es así”. Da un ejemplo: “En una de las terapias especializadas en pacientes inmunosuprimidos donde sí o sí debe haber una determinada ventilación, en estos últimos días de calor los aires acondicionados no funcionaron. Y no funcionan desde hace varios meses porque dicen que no hay plata para arreglarlos. Da otro: “No solamente se nota en las habitaciones de los pacientes, también en los entrepisos técnicos donde está toda la maquinaria, hay mucha precariedad en el ambiente, con paredes, techos y pisos rotos”. Otro más: “En los vestuarios del personal hay humedad, hay ratas, hay baños clausurados”. Y explica el por qué de las palabras del ministro Lugones: “Nunca pisó el hospital”.
A 37 años de su inauguración, sus trabajadores denuncian cómo lo están desmantelando.
La resistencia
Por año, el Garrahan atiende 660 mil consultas. Realiza 12 mil cirugías. Trata el 40% del cáncer infantil del país. Hace más de 100 trasplantes pediátricos de órganos, lo que representa al 50% de toda la Argentina.
Eso, y muchísimo más, es lo que está en juego.
Tras la marcha blanca del martes pasado, donde confluyeron con las clases públicas universitarias, ayer se consensuó en la asamblea del Garrahan continuar el plan de lucha. Se votaron dos paros: el jueves 31 de octubre, con permanencia y distintas actividades. Y el viernes 8 de noviembre, con un abrazo cultural y social en defensa del hospital, y con el cierre de un festival musical.
Guido Gromadzyn: “Hace meses que reclamamos y, aunque esto nos está llevando un montón de desgaste mental y emocional, vamos a seguir organizándonos para que esto le llegue a toda la comunidad y así evitar que esto se desbande aún más. Vamos a seguir, porque aunque este gobierno parezca que nunca escucha, siempre sirve hacer ruido”.
Cierra Norma Lezana: “Hay mucho en riesgo y no sé si la población es consciente de lo que se puede llegar a perder si no hay un cambio de rumbo en un gobierno que no dialoga, que no entiende lo evidente. Acá estamos preparados para resistir, porque si no resistimos nosotros, no lo va a hacer nadie. Estamos fortalecidas y convencidos de que vale la pena defender todo lo que significa nuestro hospital Garrahan”.
Nota
Desalojo a una comunidad originaria en Jujuy: el poder político detrás de la violencia policial
La comunidad originaria kolla de Guerrero, al sur de la provincia, fue desalojada este martes en medio de una violenta y desproporcionada represión policial: “Casi 200 policías para un puñado de mujeres, niños y ancianos”. Hubo detenciones y vejaciones: “Les hicieron sacar toda la ropa; los tuvieron contra una pared con los brazos arriba por tres horas y si querían bajar los brazos, les pateaban las canillas”. La complicidad entre la Justicia y el poder político. La figura del empresario de medios y ex vicegobernador peronista Guillermo Jenefes, cuya familia reclama esas tierras. La voz de la comunidad desterrada, que hace siglos vive en ese territorio: “Pasaron las topadoras por nuestras casas, por nuestra chacra. Arrasaron con todo, no quedó nada”.
Por Francisco Pandolfi
En Jujuy, a la gente originaria la destierran de su tierra, por ejecución de la policía, por orden de la Justicia y por decisión de la política.
Los desalojos de las comunidades indígenas no son una excepción, sino una regla a piaccere de quienes manejan la provincia del norte del país. Fueron moneda corriente en la última parte de la gestión de Gerardo Morales. Y lo son desde que el pasado 10 de diciembre lo reemplazó Carlos Sadir, quien fuera su Ministro de Hacienda y Finanzas. Este martes, cinco familias campesinas fueron arrancadas de su tierra ancestral en la localidad de Guerrero, al sur de la provincia de Jujuy, a 20 kilómetros de la capital, San Salvador. Una comunidad que contaba con personería jurídica desde 2008, otorgada por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y con el plano catastral que marcaba los límites de su territorio, publicado incluso en el Boletín Oficial de la Nación (resolución 62/2018). Ni ese marco legal impidió un operativo violento y descomunal conformado por más de 150 policías, luego que la jueza Lis Valdecantos Bernal, a cargo del Juzgado 7° de Primera Nominación en lo Civil y Comercial, ordenara el desalojo.
No se trata de un terreno más. Detrás de este desalojo se encuentra la todopoderosa familia Jenefes, que reclama las tierras como propias. Guillermo Jenefes fue vicegobernador de Jujuy entre 2011 y 2015, en la administración peronista de Eduardo Fellner. En ese lapso, nombraron a la Valdecantos Bernal como jueza. Guillermo Jenefes también fue uno de los constituyentes que votó a favor de la Reforma (in)Constitucional que el radical Gerardo Morales impuso el año pasado a espaldas del pueblo. Guillermo Jenefes además es un robusto empresario de medios de comunicación de Jujuy. Juan, su hijo, denunciante de la comunidad indígena, es diputado provincial por el PJ.
Fotos: comatoconvocada.jujuy
Arrasa-miento
Lorena Durand integra la comunidad kolla de Guerrero recientemente despojada. Cuando la contactamos desde lavaca, pidió si la podíamos llamar “en quince minutos” porque estaba entrando al colegio de sus hijos a justificar por qué no fueron a clase esta semana. Se la nota agitada. Con un dejo de agotamiento en el habla y en la respiración, que persiste en el aire cuando termina cada oración. Minutos después, lo primero que dirá son dos palabras, con múltiples significados: “Acá estamos”.
El acá estamos literal es en el portón de ingreso de su comunidad. “Nos acercamos a pedir por nuestros animales. Y a darles agua y comida, pero no nos dejaron. Además de animales grandes, como vacas, caballos y ovejas, quedaron gallinas, gatos y un corderito al que estábamos dándole mamadera. Una abogada proteccionista nos está ayudando y logró que nos los entreguen, aunque por tandas. Ayer nos devolvieron algunas perras, en un estado deplorable, golpeadas, asustadas. De 30 gallinas nos dieron 11, todas muy lastimadas. La Policía demolió nuestras casas, pasaron las topadoras cuando la orden judicial decía solamente desalojar. No deberían haber tocado las viviendas y creemos que en esa demolición aplastaron a muchos animales”.
El acá estamos, Lorena también lo dice suspirando injusticia y una lucha que seguirá, ahora sin un techo donde vivir, y en una abismal desigualdad de condiciones. Habla de corrido, como quien necesita diseminar lo que está pasando lo más rápido y contundente posible. “Los animales grandes no los vamos a sacar, porque sacarlos sería perder nuestra posesión y no lo vamos a hacer”. Y repite, porque cree que hay oraciones que necesitan subrayarse: “Y no lo vamos a hacer. Nosotros acá estábamos en uso y posesión de nuestra tierra, vivíamos, teníamos árboles frutales, nuestra chacra y los animales, que son nuestra principal fuente de ingreso. Todo fue arrasado. Todo. No quedó nada”.
Fotos: comatoconvocada.jujuy
Jenefes, el patrón
De fondo, se escuchan los bocinazos de gente autoconvocada que se acercó a apoyar a las familias. Hay mucho ruido en este desalojo: “Somos una comunidad aborigen con reconocimiento nacional, pero en Jujuy Guillermo Jenefes maneja absolutamente todo: el poder político, la policía, todo, todo, todo. Él quiere sacarnos del terreno para fraccionarlo y venderlo; al resistir estamos yendo contra el gran patrón de la provincia”.
Lorena argumenta: “Nosotros no somos una comunidad improvisada como él nos quiere hacer ver, no estamos fuera de regla. Hasta tenemos personería jurídica otorgada a nivel nacional. Figuramos en el ReNaCI (Registro Nacional de Comunidades Indígenas) y en el ReTeCI (Programa de Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas), además de tener nuestra carpeta técnica aprobada por el Estado Nacional. Desde Buenos Aires mandaron un equipo técnico y corroboraron nuestra existencia y preexistencia en este lugar, donde estuvieron nuestros antepasados mucho antes que cualquiera. Pero hoy, con el poder y el dinero que tiene, Jenefes hace lo que se le antoja”.
Fotos: comatoconvocada.jujuy
Una peli de terror
El martes a la mañana arremetió un operativo encabezado por efectivos del CEOP (policía provincial), con más de diez patrulleros, caballos y armas de fuego. Detuvieron a seis integrantes de la comunidad “por resistencia a la autoridad” y los liberaron algunas horas después. Cuenta Lorena: “Nos pasaron por encima. Vinieron casi 200 agentes para desalojar a un puñado de mujeres, niños y ancianos. A mi nene de 10 años le doblaron los brazos hacia atrás. Fuimos violentados y vulnerados, la situación fue totalmente caótica y traumática. Se llevaron a dos personas mayores de 70 años, sin comida, ni bebida, incomunicados. A mi esposo y a mi primo los golpearon, los vejaron, les hicieron sacar toda la ropa “para buscarles los celulares”; los tuvieron contra una pared con los brazos arriba por tres horas y si querían bajar los brazos, les pateaban las canillas. De terror la violencia que generaron, no hay palabras para describir lo que pasamos”.
Hay más. Clemencia Farfán tiene 99 años y vivió allí toda su vida. Es la abuela de Lorena: “La sacaron de la cama donde estaba, la empujaron a su silla de ruedas y la llevaron afuera, le cerraron las puertas de su propia casa y la pusieron de espaldas a su tierra. Fue terrible lo que hicieron y con muchísima brutalidad”. Su abuelo Carlos falleció hace tres años y está enterrado en su territorio. “El mayor miedo que tenemos es que saquen el cadáver de nuestro abuelo. Nos dieron 72 horas para que lo saquemos. ¿Cómo vamos a sacarlo de su tierra? Ellos están tratando de borrar todas nuestras huellas, causando el mayor daño posible antes de que regresemos a nuestro hogar, porque saben bien que hicieron las cosas mal, que la orden de la jueza está totalmente fuera del orden constitucional”.
Un puñado de kollas
La vocera de la comunidad asegura que la jueza Lis Valdecantos Bernal firmó el desalojo porque Jenefes, cuando era vicegobernador, la nombró en ese cargo. “Le pagó el favor y puso una firma donde no había argumento, pero Guillermo Jenefes mueve los hilos de todas las marionetas: el Poder Judicial, la Policía y el resto de los políticos. Él hace ostentación de su poder, a diestra y siniestra, sin importarle nada”.
La disputa la tierra lleva 17 años sin ninguna resolución: Explican desde la comunidad: “Si Jenefes tuviese algún papel que demostrase que es suya o de su familia, ¿alguien podría creer que el conflicto jurídico seguiría? No, nos hubieran sacado desde un principio. No hay ni un papel que corrobore que el terreno es de él, pero la jueza debió pagar el favor. Este hombre es dueño del canal 7 –la única señal que llega a todo Jujuy– y tiene mucha injerencia en el canal 4, por eso en la provincia no se nos abren los micrófonos”.
Además de un posible negocio inmobiliario, en zona de majestuosas yungas, pura vegetación verde y cerros, Lorena apunta a otro foco de la persecución: “Jenefes es una persona cuyo orgullo no le permite mirarnos como iguales. Odia que un puñado de kollas ose pararse delante de él, mirarlo a los ojos y decirle: ‘Vos no sos mi patrón’. El país tiene que saber que los desalojos a las comunidades originarias están siendo cada vez más frecuentes. Los terratenientes están tomando un impulso que debemos frenar. Lo que nos hicieron debe ser la gota que rebalsó el vaso”. Concluye, desde la puerta de su comunidad, aunque del lado de afuera del portón: “Somos la comunidad aborigen de Guerrero, pertenecientes al pueblo kolla, de piel oscura y estamos orgullosos de serlo. Acá estamos, y acá estaremos”.
Fotos: comatoconvocada.jujuy
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