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Educar hoy: la construcción de una identidad colectiva como resistencia. Parte 1

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Este artículo forma parte de una serie que pretende promover el debate y la reflexión acerca de la educación y la práctica docente, atravesada por la pandemia, los procesos privatizadores y la auto-organización.

Por Marisa Bolaña [1]

Docente de nivel superior. Integrante del Equipo organizador del Encuentro entre Docentes y Educadores Populares (ENDyEP) Integrante del Equipo de Didáctica General – UNSAM.

Punto de partida

La pandemia de la COVID-19 puso al descubierto las limitaciones y los grandes riesgos sociales que las políticas privatizadoras de los servicios esenciales de los últimos años producen, y expuso las profundas desigualdades del sistema, siendo los sectores sociales más empobrecidos los más afectados. Los sectores económicos dominantes encontraron una nueva oportunidad para avanzar en una redefinición de procesos y dinámicas, generando mayor exclusión. 

En el ámbito educativo, se cerraron las escuelas y se propusieron formas de trabajo remoto, virtual y a distancia de acuerdo con las condiciones de cada región. Se trasladaron las escuelas a los hogares; de este modo las familias tuvieron que asumir en parte las tareas escolares. Esto significó una profundización de los procesos privatizadores, descargando la responsabilidad de la educación en las familias y en lxs docentes. Éstos últimos tuvieron que hacerse cargo, no sólo de las tareas pedagógicas, sino también de los insumos necesarios para el sostenimiento de éstas. Situación que generó una sobrecarga de trabajo y de energía física, mental y psicológica que derivaron en fatiga y estrés, malestar. A su vez, este traslado favoreció a las empresas proveedoras de insumos digitales y servicios comunicacionales, profundizando procesos de exclusión, tanto de docentes como estudiantes. La lógica del capitalismo cognitivo de la 4° Revolución Industrial, signado por las sociedades del control y del cansancio, hace recaer las responsabilidades de los procesos sociales en las individualidades, produciendo un efecto de depresión y angustia en las personas y de fragmentación de los colectivos.

La Ciudad de Buenos Aires no fue la excepción: en marzo del 2020 se suspendieron las clases presenciales en todos los niveles, y se estableció el inicio del trabajo remoto para la construcción del vínculo pedagógico[2]. De este modo se reguló el funcionamiento de los niveles obligatorios del sistema educativo. En el nivel superior en cambio, recién en el mes de mayo el gobierno estableció que las autoridades y docentes de las instituciones elaboraran un «Plan Excepcional de Continuidad de la Formación en el Contexto de Emergencia Sanitaria» determinando que “las estrategias que se planteen no deberán requerir erogación presupuestaria adicional[3]

De este modo, el ciclo lectivo comenzó con un aparente olvido, sin una posición precisa y sin normativa específica para el nivel superior. Cada institución tomó caminos diferentes, e hizo lo que pudo, intentando seguir sin coordinación, mientras en silencio el gobierno se desentendía de atender las necesidades del sector. Esto podría entenderse no solo como un atropello al trabajo docente sino también como una falta de condiciones que garanticen el derecho a la educación, ya que el gobierno ni siquiera proveyó conectividad y dispositivos.

El sistema público de Formación docente está constituido por 29 instituciones: Escuelas Normales Superior (ENS); Institutos de Enseñanza Superior (IES); Institutos Superiores de Profesorado (ISP) Escuelas Superiores de Educación Artística (ESEA). Coexisten con 52 instituciones de gestión privada. Si bien hay mayor cantidad de establecimientos del sector privado, la matrícula más alta se registra en el sector estatal, alcanzando el 72% de alumnxs matriculadxs. Un dato a tener en cuenta es que, si bien la matrícula en el sector privado es baja, la mayoría de las instituciones privadas reciben subvención del Estado. En tanto las instituciones estatales dicta carreras de grado,  postítulos docentes -entre los que podemos mencionar el Postítulo en Educación Sexual Integral, de Profesor Tutor, Especialización Docente de Nivel Superior en Enseñanza de la Biología para una Cultura Científica a veces sin tener garantizado el pago de los salarios de lxs docentes-.

En abril 2020 el gobierno comunicó al ISP “Dr. Joaquín V. González” la decisión de cerrar el Postítulo en ESI por considerar el “contexto oportuno” para la revisión de las estructuras formativas. También puso trabas para la apertura de otros postítulos y no pagó los salarios de lxs docentes, y no renovó cargos o reconoció las horas institucionales para trabajos específicos. Se logró frenar el cierre a partir de acciones colectivas; aun así, siguió desfinanciando progresivamente el sector. En silencio se estaba armando una nueva estructura la Universidad de la Ciudad para lo cual transfería recursos.

En el inicio del ciclo 2021, no se modifican las normativas ni políticas del gobierno de la ciudad para el sector, sigue profundizando la descarga en las instituciones y lxs docentes la toma de decisiones para el desarrollo de las actividades. Mientras tanto la discusión pública se centró en torno a la presencialidad, como si ésta fuera la solución a todos los problemas sociales.

En la Ciudad de Buenos Aires el panorama es complejo; mientras declaran la centralidad de la educación desarrollan políticas de desinversión, ajuste y vaciamiento. Los niveles obligatorios volvieron a las escuelas en lo que se llamaron burbujas, pero no se realizaron las inversiones necesarias para garantizar el regreso a las aulas físicas; no se garantizaron los insumos para el cuidado discontinuando su entrega y estableciendo que fuesen las cooperadoras quienes se hicieran cargo. Es conocida la incidencia de esta apertura en el aumento de contagios en las comunidades.

En tanto el nivel superior continúa en el trabajo remoto y aparentemente olvidado. Es en este marco que el gobierno desarrolla un nuevo intento de vaciamiento y disolución de las instituciones de formación docente que significaría la destrucción de la mitad del nivel superior público de la ciudad, de tradición centenaria.

En mayo el gobierno informa a las autoridades de las instituciones que no autoriza las inscripciones en el segundo cuatrimestre a nuevos ingresantes. Limita la inscripción sólo a las carreras de Educación Especial, y profesorados de Matemática y Física, y se abrirán los cursos si se superan los 20 incsriptxs. Esto deja sin posibilidades a lxs nuevxs estudiantes y también a quienes estarían en condiciones de cursar esas materias del segundo cuatrimestre, y poniendo claramente en peligro los cargos docentes que la gran mayoría son interinxs, de estabilidad relativa. A su vez el gobierno comunica que para el ciclo 2022 se realizará un curso de ingreso centralizado, y no en cada institución, como hasta ahora. Esto es una intromisión en las políticas pedagógicas institucionales y en el el trabajo docente.

De esta primera descripción podemos observar los vaivenes de las políticas, en las que por momentos dejan a las instituciones a la deriva, sin normativa específica que permita la continuidad pedagógica y en otros momentos toman decisiones centralizadas y arbitrarias, que constituyen la imposibilidad del desarrollo de las actividades. Políticas contradictorias que defienden la educación virtual y la enseñanza de robótica en las escuelas, pero luego niega el valor de la virtualidad y defiende la presencialidad. Tal vez esto le permite esconder la falta de inversión en infraestructura, en materiales específicos para el trabajo digital y virtual y la dificultad del acceso a conectividad aún en los propios edificios escolares.

La situación de descarga en las instituciones de las responsabilidades gubernamentales y ausencia de normativa podría ser interpretada como una falta de planificación e improvisación, como un hecho aislado, de omisión debido a las urgencias de la coyuntura. Pero nos preguntamos si esta aparente omisión de normativas específicas para el nivel superior es una ausencia de planificación, un olvido o tal vez una planificación estratégica, una acción encubiertamente estratégica.

En ocasiones pareciera que se toman medidas que se presentan con una fuerza arrolladora y omnipotente, que buscan transformar todo lo existente, ignorando a otros agentes sociales, en un enfoque similar al “síndrome del superhombre”. Podría considerarse en esa línea el proyecto de ley enviado a la Legislatura Porteña el 1/12/2017, en la que se establecía la reformulación de la formación docente, transformando las instituciones y una historia centenaria en la formación de docentes comprometidos con la educación pública. Es por esto que considero que se trata no de innovación sino de un proceso de disolución o tal vez se podría decir una innovación disolvente. El proyecto inicial, presentado en una conferencia de prensa el 22/11/2017 establecía en el primer artículo la disolución de los institutos de formación docente, aunque debido a la movilización entre diciembre y marzo, el proyecto presentado en marzo 2018 en la Legislatura se modificó esa expresión.  

La discusión sobre el nivel en el que deben formarse lxs docentes no es nueva, pero en el caso de CABA implica la ruptura con una larga tradición y la eliminación de todo un sector de la estructura del sistema educativo. Como antecedente podemos mencionar el proyecto de ley[4] presentado por los legisladores Beliz y De Imaz del año 2000 que encomendaba al Poder Ejecutivo porteño la iniciación de los trámites tendientes a la creación de la Universidad Pedagógica Metropolitana, con la cual los Institutos de Nivel “Terciario” No Universitario (según denominación hasta 2015 que por modificación del artículo de la Ley de Educación Superior pasaron a denominarse Institutos de Educación Superior de Formación docente) articularían sus carreras. Las reformas de los años 90 tuvieron como signo distintivo el achicamiento de la estructura central, la descentralización y transferencia de las instituciones y un ajuste en las partidas presupuestarias. Siguiendo esa misma línea, la fundamentación del proyecto de ley de creación de la Universidad Pedagógica Metropolitana establece que busca “jerarquizar la función docente para su mayor valorización, sin incurrir en costos adicionales”

Es importante resaltar que este debate se reactualiza con una nueva discusión a nivel nacional, por lo que consideramos de gran importancia revisar los sentidos desde los cuales se definen las políticas educativas y los procesos de lucha reciente no sólo para poder resistir, sino para encontrar un nuevo modo de reexistir. En 2014 el Banco Mundial realizó un estudio y una serie de recomendaciones para la región que coinciden con los puntos que se están presentando actualmente, resumidas en el documento Profesores excelentes. Cómo mejorar el aprendizaje en América Latina y el Caribe.

Resulta necesario interpretar estos momentos como continuidades de las intenciones políticas del cierre del nivel y su pasaje a la universidad. Estas continuidades no son lineales ni homogéneas, se produce una trama compleja de diversas capas, no sucesivas, de configuraciones discursivas y narrativas acerca del sentido de la formación docente, a su vez ligadas a las narrativas sobre la escolaridad. Entramados discursivos conflictivos, no homogéneos y muchas veces no evidentes.

Es importante destacar que esta propuesta debe tomarse en relación con las políticas sociales y urbanas, ya que da cuenta de un modelo de ciudad que consideramos excluyente. Caracterizado por el vaciamiento de lo público, a través del desfinanciamiento, la incorporación de lógicas empresariales al modelo de ciudad y la transformación del mercado inmobiliario. Expulsando a los sectores más pobres de la ciudad, no sólo por la coerción violenta sino a través de las lógicas del mercado, tornándose una ciudad de alto nivel económico donde todos los servicios son privados y de costos elevados.

La pregunta que surge es cómo enfrentar un proceso que transcurrió y transcurre silenciosamente no sale en los medios hegemónicos. Los Institutos de Formación docente tienen una experiencia acumulada en este sentido, por eso considero importante reconstruir y sistematizar ese proceso. de discusión y luchas desarrollado en el período 2017/2018 en defensa de la educación pública, cuando se anunció que se presentaría a la Legislatura un proyecto de ley para la creación de una universidad docente que disolviera los institutos de formación docente. Un proceso de resistencia que transformó estructuras burocráticas en agentes generadores de sentidos políticos de la formación. La construcción de una identidad colectiva como fuente de resistencia a políticas educativas mercantilistas que buscan formar docentes como facilitadores e implementadores de paquetes prediseñados o en estimuladores cerebrales acorde a los desarrollos del capitalismo cognitivo.

 Reconstruir y sistematizar la experiencia permitirá generar una plataforma para pensar una nueva forma de resistencia para la re-existencia.

No se trata de sobrevivir, sino de posicionarnos con otra fuerza para seguir formando docentes con conciencia de la necesidad de una educación cuya finalidad sea la formación de subjetividades para la transformación de una sociedad altamente desigual e injusta, en contraposición a una educación al servicio de las necesidades del mercado.


[1] Docente de nivel superior. Integrante del Equipo organizador del Encuentro entre Docentes y Educadores Populares (ENDyEP) Integrante del Equipo de Didáctica General – UNSAM.

[2] RESOL-2020-1482-GCABA-MEDGC del 15-03-20

[3] RESOL-2020- 1585- GCABA-MEDGC del 12/05/2020 publicada en el Boletín oficial el 12/06/2020

[4] Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, Proyecto de Ley N°200001835, De Imaz y Beliz. 2000.

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Informe de Periodistas Argentinas, en el Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer: más de la mitad fue víctima

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En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la colectiva Periodistas Argentinas dio a conocer los resultados de la encuesta Equidad en Medios de Comunicación realizada este año.

Lo que permiten ver las 213 respuestas recibidas es el altísimo nivel de violencia simbólica y concreta que las periodistas vienen soportando históricamente en el ejercicio de la profesión.

El dato es alarmante: El 54,5% sufrió violencia en su ámbito laboral, mientras que un 9,9% dijo no estar segura.

Fuente: Periodistas Argentinas

Desde la colectiva entonces se brindó la posibilidad a quienes sufrieron violencia o no estaban seguras de sí la situación podía definirse como de violencia, a contar su experiencia.

“Las siguientes son algunas de las respuestas textuales expresadas por las periodistas que participaron de la Encuesta Equidad en Medios de Comunicación, realizada por Periodistas Argentinas entre agosto y septiembre de 2021”, expresaron en un comunicado y detallaron:

Periodistas Argentinas impulsó activamente la Ley de Equidad en Medios de Comunicación como una herramienta eficaz en pos de la erradicación de las violencias. La ley fue aprobada la madrugada del 10 de junio, bajo una enorme presión de empresas periodísticas que buscaban trabarla.

En la encuesta un apartado de preguntas es sobre la normativa. El 64,8% dijo conocer los principales puntos de la ley. Entre los principales derechos que la ley garantiza se identifican como prioritarios: la equiparación salarial, equidad en espacios de decisión y poder, y protocolos para prevenir y contener la violencia de género en el ámbito laboral.

A la luz de los resultados hoy presentados, queda clara la urgencia de que se haya convertido en Ley para construir un ejercicio del periodismo libre de violencias.

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#NiUnaMás

A la calle por Lucía y por todas: movilización ante el Senado bonaerense para el Nunca Más de los femicidios impunes

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Este martes 23 de noviembre, desde las 11 horas, la familia de Lucía Pérez, la Campaña Nacional Somos Lucía, organizaciones sociales y sindicatos se movilizarán ante el Senado Bonaerense en La Plata y en todo el país para exigir la condena a los jueces que dejaron impune el femicidio de la joven marplatense y, a la luz de ese caso, reclamar el fin de la impunidad para los femicidios, medidas concretas para evitarlos y una reforma judicial que incorpore la perspectiva de las víctimas. Lo que se juzga y lo que se juega, la previa a una movilización que pretende dar vuelta la historia, y lo que dice la familia y las mujeres que acompañarán desde distintas organizaciones: «Si hay una reforma posible va a ser con nosotras, las mujeres organizadas”.

“Hoy te recordamos, nos acordamos de vos como todos los días. Con esa sensación en el pecho, sabiendo que hoy en día nos falta una más. Una compañera que hoy no está a nuestro lado. Nos la arrebataron como el viento arranca las hojas de los árboles. Pero vos creaste raíces y con tu lucha llegó la primavera. Sos esa pequeña llama que encendió un movimiento enorme que hoy en día lleva tu nombre en sus banderas. Marta y Guillermo llevan la voz de tu memoria y atrás de ellos acompañamos. En silencio o con un grito que surge del fondo de nuestra alma. Tu nombre nos acompaña y nosotras acompañamos tu nombre. Lucía Pérez seguís presente en todas nosotras. Hoy y siempre, te recordamos”

La poesía le llega a Marta, mamá de Lucía Pérez, mientras corta y pega carteles con la cara de su hija y la palabra justicia en letras negras. Se lee también: “5 años de impunidad”. Guillermo, papá de Lucía, hace el mate. Están en La Plata, donde esperan el comienzo del el juicio político a los jueces que pretendieron dejar impune el femicidio de su hija.

La poesía les llega desde Mar del Plata. Se las mandan chicas que van ahora al colegio donde iba Lucía, lo cual representa el primer cambio. Pero la poesía la escribió Anni Kapitanchuk, una joven de otro colegio también marplatense. Marta se emociona: “Son semillas que van creciendo y que aunque algunos no quieran estas luchas continúan. Por más que se quiera tapar el sol con las manos, el sol se va a correr, y se va a ver. No nos van a parar: esto va a salir”, asegura en la previa del 23 de noviembre, día en que convocan a movilizarse frente al Senado bonaerense para hacer presión sobre el tribunal que deberá juzgar a los jueces por el fallo misógino de Lucía Pérez.

Lo que se juega es si el jury va a archivo, o avanza.

Por eso, lo que se juega en esa jornada es, de nuevo, la posibilidad de un cambio para siempre y para todas.

La diferencia es la calle.

La previa

Entonces: este martes 23 de noviembre se define si comienza el juicio político a los jueces que pretendieron dejar impune el femicidio de Lucía Pérez. En el Senado Bonaerense, a las 11 horas, los jueces Juan Facundo Gómez Urso y Pablo Viñas comenzarán a ser juzgados por “negligencia, incumplimiento del cargo y parcialidad manifiesta”. El juez Aldo Carnevale logró evadir el proceso porque fue beneficiado por el gobierno de María Eugenia Vidal con la jubilación anticipada.

Fueron esos tres jueces, quienes conformaban el Tribunal Oral Criminal n° 1 de Mar del Plata, los que absolvieron a Matías Farías, Juan Pablo Offidiani y Alejandro Maciel del abuso sexual seguido de femicidio de Lucía Pérez, una joven de 16 años.

Fue la familia de Lucía, y una red de organizaciones que la acompañan, quienes denunciaron el accionar de los magistrados, las fallas en la investigación, la misoginia de las interpretaciones y la revictmización durante el proceso, y logró no solo que ese fallo se cayera sino que los jueces que lo firmaron tengan que dar explicaciones.

La audiencia se seguirá desde la calle porque no es pública. Adentro, el Jurado de Enjuiciamiento presidido por la doctora Hilda Kogan, vicepresidenta de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, se pronunciará respecto de la acusación que fue hecha por el procurador bonaerense, la Comisión Bicameral, el defensor del pueblo y la familia de Lucía. Si la admiten tendrán que suspender a los jueces y fijar fecha para que inicie el juicio.

La convocatoria a acompañar la audiencia está llamada a las 9 horas, en la calle 7 entre 51 y 53, en La Plata. De 11 a 12 horas se convoca a un paro y a una Jornada Nacional de Lucha por Lucía Pérez. Hasta allí llegarán familias sobrevivientes de femicidios de distintos puntos de la provincia –desde Mar del Plata sale una combi con familiares-, y organizaciones sociales, sindicales y territoriales. Desde todo el país además se acompañarán las acciones en redes con el #SomosLucía.

“Este fin de semana para algunos es largo, para nosotros es de trabajo”, dice a lavaca Marta mientras prepara carteles, convoca y contesta mensajes. “Es importante la calle y hacer todo lo que estamos haciendo, y más, porque lo que se decide es si el jury progresa o se termina ahí”.

El juicio político, o jury, tiene como finalidad juzgar conductas de magistrados a los que se les atribuye incumplimientos graves en sus funciones y que puede derivar en la destitución.

Explica Marta: “El jury es político pero a ellos se los está juzgando por la sentencia. En este caso lo que se va a juzgar es la sentencia que ellos dieron, porque ellos son jueces, y más allá de que tengan una mirada que podemos estar o no de acuerdo, tienen que tener una mirada jurídica. No la tuvieron, y encima el agravante de que Lucía era menor. Eso tiene que ser un peso para este jurado: estamos hablando de una mujer y de una menor”.

Guillermo, papá de Lucía, suma: “Hemos luchado mucho por esto y quiero que las cosas salgan bien. A estos tipos los tenemos que sacar, no pueden estar haciendo el desastre que están haciendo. Hasta el 23 estarán en Tribunales: espero que el 24 ya no”.

La familia de Lucía analiza lo que significa este proceso en Mar del Plata, donde los magistrados ocupan cargos de poder y decisión. “Va a ser un antes y un después”, no duda Marta. “Va a ser un cambio en la justicia. Están mirando. Por ejemplo la destitución del juez de Tucumán (Juan Francisco Pisa), están mirando eso también. Nos ha costado 3 años este jury, y que todo salga bien es a favor de la calle, de toda la sociedad, es para quienes menos tienen y para quienes más necesitan tener justicia. Pero tenemos que redoblar la apuesta, hasta que la justicia exista”.

Lo que se juzga

La abogada Cristina Montserrat Hendrickse, acompaña a la familia de Lucía Pérez en el pedido de destitución de los jueces. Explica: “lo que se está juzgando es la conducta de los jueces en tanto que no aplicaron la perspectiva de género que se integra en los tratados de Derechos Humanos incorporaron a la Constitución. Y también su falta de imparcialidad, han sido parciales”.

¿Por qué se los acusa de esto?

En eso ha sido coincidente la Cámara de Casación Penal en su decisión que fue confirmada por la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires en tanto entendieron que ellos decidieron con prejuicios de género, con estereotipos prejuiciosos respecto de la buena víctima, juzgando a la víctima y no juzgando los hechos que fueron traídos a su conocimiento. Aquí su parcialidad estuvo afectada por estos prejuicios. Entonces se los juzga por no aplicar el derecho, y por haber sido parciales.

¿Qué significa un proceso así para el Poder Judicial?

De admitirse las acusaciones y seguir el proceso sería una señal muy sana para el Poder Judicial. Se le estaría diciendo a todos los jueces que la aplicación de la perspectiva de género contemplada en los tratados de Derechos Humanos, en la Convención para eliminar todas las formas de violencia contra la mujer, y en tratados como la Convención de Belém do Pará, es el derecho que tienen que aplicar, no pueden apartarse de la ley a su gusto. Y si sus convicciones chocan contra las leyes que tienen que aplicar, entonces se tienen que apartar.

Es por abajo

“No estamos más dispuestas a aceptar que la justicia no solo nos abandone y no nos cuide, sino que encima falle en contra nuestra”, dice a lavaca Clarisa Gambera, Directora del Departamento de Género y Diversidad ATE Nacional, organización sindical que convoca a parar y movilizar en el inicio del jury. “Es muy importante estar en la calle. Llegamos hasta acá con esta articulación enorme de pedido de justicia que desde un primer momento pudo poner toda la fuerza en la calle para pedir justicia. Y en ese sentido esto es un paso enorme hacia la reforma judicial feminista, un paso que tiene que ver con la experiencia concreta de tener fuerza en la calle y organizada para lograr aquello que enunciamos. Si hay una reforma posible va a ser con nosotras, las mujeres organizadas”.

Otro de los gremios que se suma a la convocatoria es el de trabajadores y trabajadoras del subte. “Entendemos que representa un momento histórico, finalmente un poco de reparación después de una enorme cadena de violencias e impunidad es llevadas a cabo por parte de la justicia patriarcal. Y se hace realidad por la resistencia colectiva”, explica Karina Nicoletta, Secretaria de Género Asociación Gremial de Trabajadorxs del Subte y el Premetro.

Desde la CTA-A convocan a movilizar a La Plata y en otros puntos del país a sumarse de 11 a 12 horas al paro en cada lugar de trabajo, con la foto de Lucía. ¿Por qué? Responde Silvia León, secretaria de género de la Central: “Porque es un logro inmenso que la familia de Lucía con todo el movimiento feminista hemos logrado: llevar al jury a estos dos jueces que dejaron impunes y libres a los femicidas. Para nosotras como Central de trabajadores y trabajadoras es una inmensa jornada. También frente al 25 de noviembre estamos planteando que haya una reforma democrática y feminista que ponga freno a la situación de violencia que seguimos sufriendo las mujeres y diversidades”.

Debora Bertone es Secretaria de Género de la Asociación Judicial Bonaerense, sindicato que nuclea a las trabajadoras y trabajadores judiciales de la provincia de Buenos Aires, y desde donde convocan también a parar y acompañar la audiencia. “Es muy importante esta jornada porque venimos dando esta pelea, como trabajadoras, desde adentro del poder judicial”. Por eso para ellas la convocatoria es una manera más de decirle basta a la cadena de injusticias. Agrega: “Creemos además que las conquista y derechos se ganan en la calle, por eso ahí estaremos”.

A la calle se suma también CICOP, un gremio que representa a les profesionales de la salud de la Provincia de Buenos Aires. Valeria Bonetto, Secretaria de Género del gremio, sintetiza así el por qué: “Estos jueces fueron inoperantes y misóginos. Convocamos porque exigimos una justicia con perspectiva de género y de derechos humanos. No queremos más jueces que dejen impunes a femicidas”.

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Lucas González, el crack fusilado

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Lucas González, de 17 años, fue asesinado por la Policía de la Ciudad tras recibir varios disparos el miércoles por parte de tres efectivos de civil. Ayer, mientras el joven futbolista del Club Barracas luchaba por su vida, la fuerza de seguridad porteña celebraba su quinto aniversario de creación con diferentes actos: cinco años de violencia institucional impune. Quién era Lucas, y qué representa la violencia policial exacerbada contra los jóvenes que se juegan la vida.

Por Facundo Lo Duca. Fotos de Sergio Pisani y Agustina Salinas

Cobertura colaborativa junto a revista cítrica

Toca la pelota cortita, al ras de la cancha, y corre. Lucas González, de 17 años, sabe que en el medio no puede quedarse quieto. El despliegue es importante. Puede dormir la pelota con la suela derecha, aunque le llegue repiqueteando o aguantar la estocada del rival en la línea con el cuerpo tenso, pero saber moverse puede marcarle una diferencia. Entonces avanza: su remera roja y blanca del Club Barracas Central se ondula, el arco contrario se agranda. Avanzar. Como si no importara todo lo demás. Así jugaba y vivía Lucas González.

El miércoles por la mañana, tras terminar su entrenamiento en la sexta división del Club Barracas Central, Lucas y otros tres futbolistas regresaban a sus hogares en un mismo auto. Cuando pasaron por un kiosco, frenaron a comprar un jugo. De pronto, un coche con tres personas se detuvo a su lado. Eran policías metropolitanos de civil ─identificados luego como Juan José Nieva, Fabián Andrés López y Gabriel Alejandro Isass─, quienes les exigieron que se detengan, apuntándoles con un arma. Ante el miedo, los jóvenes aceleraron. Los efectivos respondieron a la fuga con disparos. Uno de ellos impactó directo en la cabeza de Lucas, quien fue trasladado al Hospital General de Agudos Dr. José María Penna. Los otros tres adolescentes fueron detenidos sin ninguna razón y pasaron la noche en un centro de menores. Lucas murió ayer. El mismo día que la Policía de la Ciudad celebró cinco años de su creación con diferentes actos.

“Era un jugadorazo y muy buena persona”, dice Hugo Barras, compañero de equipo de Lucas desde la comisaria vecinal 4D de Barracas. Familiares y amigos del joven se acercaron hasta acá el mismo día de su muerte para reclamar justicia con un mensaje unisonó: basta de gatillo fácil.

David Menéndez, que lleva una bandera de reclamo contra la violencia institucional, también compartió cancha y vestuario con González en el Club Barracas: “Era muy alegre y un buen compañero. Como jugador, un crack. Se comía el medio”, cuenta. Cuando el miércoles por la tarde se enteró lo que le había ocurrido a Lucas a través de las noticias, en donde lo apuntaban como un presunto ladrón que escapó de la Policía, se quedó helado. “Fue muy feo escuchar todo eso de él. Somos pibes que entrenamos y jugamos al fútbol. Nada más. No puede ser que se digan esas cosas. Me duele mucho”, dice.

Los padres y madres de compañeros de equipo del joven también se acercaron a la comisaría. “Pienso que es una más de las tantas muertes de gatillo fácil que sucedieron durante el macrismo y de Larreta ahora. Lucas era un divino, buen compañero, con sentido del humor y solidario”, cuenta Mariel.

“Tenía buen despliegue en la cancha. Buen pie. Todos lo querían. Se sacrificaba mucho por jugar. Viajaba bastante para entrenar y era un pibe muy sano”, dice Sergio, fotógrafo y padre de Camilo, también jugador de la sexta del conjunto de Barracas. “Estamos muy tristes por este asesinato, producto del gatillo fácil y la impunidad. Fue a sangre fría. En ese lugar que hay cámaras, de pronto ahora no las hay o no funcionan. La policía de la ciudad es fascista. Hoy había efectivos por todo el barrio: militarizaron Barracas”.

Juan José Nieva, Fabián Andrés López y Gabriel Alejandro Isass, policías de la Ciudad.

Durante la mañana del jueves, mientras Lucas agonizaba en el Hospital El Cruce, la Policía porteña festejaba su quinto aniversario de creación. Guillermo Madero, director del Comité de Seguridad del Futbol en la ciudad, encabezó un acto en una comisaría donde confesó “orgullo” por esta fuerza de seguridad. A la noche, incluso, había una gala en el Colón para honrar a su labor en Capital.

Los tres efectivos que asesinaron a Lucas formaban parte de la brigada de investigaciones de la Comisaría Vecinal 4D de Barracas, cuyos integrantes patrullan la ciudad vestidos con ropa de civil y en automóviles sin identificación.

En sus declaraciones, apuntaron a los futbolistas como presuntos ladrones que intentaron agredirlos. En las últimas horas, están siendo investigados y fueron pasados a disposición por el ministro de seguridad porteño, Marcelo D´Alessandro.

Entre enero de 2017 y diciembre de 2020, el CELS registró 98 personas muertas a manos de agentes de la Policía de la Ciudad y al menos 23 casos entrarían dentro de la clasificación de casos de gatillo fácil. Cabe resaltar, entre sus víctimas, la desaparición de Arshak Karhanyan joven perteneciente a esa misma fuerza y que fue visto por última vez en 2019, tras conversar con otro agente. Actualmente hay varios efectivos implicados en ese caso, cumpliendo funciones con total normalidad.

¿Feliz aniversario?

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