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Educar hoy: la construcción de una identidad colectiva como resistencia. Parte 1

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Este artículo forma parte de una serie que pretende promover el debate y la reflexión acerca de la educación y la práctica docente, atravesada por la pandemia, los procesos privatizadores y la auto-organización.

Por Marisa Bolaña [1]

Docente de nivel superior. Integrante del Equipo organizador del Encuentro entre Docentes y Educadores Populares (ENDyEP) Integrante del Equipo de Didáctica General – UNSAM.

Punto de partida

La pandemia de la COVID-19 puso al descubierto las limitaciones y los grandes riesgos sociales que las políticas privatizadoras de los servicios esenciales de los últimos años producen, y expuso las profundas desigualdades del sistema, siendo los sectores sociales más empobrecidos los más afectados. Los sectores económicos dominantes encontraron una nueva oportunidad para avanzar en una redefinición de procesos y dinámicas, generando mayor exclusión. 

En el ámbito educativo, se cerraron las escuelas y se propusieron formas de trabajo remoto, virtual y a distancia de acuerdo con las condiciones de cada región. Se trasladaron las escuelas a los hogares; de este modo las familias tuvieron que asumir en parte las tareas escolares. Esto significó una profundización de los procesos privatizadores, descargando la responsabilidad de la educación en las familias y en lxs docentes. Éstos últimos tuvieron que hacerse cargo, no sólo de las tareas pedagógicas, sino también de los insumos necesarios para el sostenimiento de éstas. Situación que generó una sobrecarga de trabajo y de energía física, mental y psicológica que derivaron en fatiga y estrés, malestar. A su vez, este traslado favoreció a las empresas proveedoras de insumos digitales y servicios comunicacionales, profundizando procesos de exclusión, tanto de docentes como estudiantes. La lógica del capitalismo cognitivo de la 4° Revolución Industrial, signado por las sociedades del control y del cansancio, hace recaer las responsabilidades de los procesos sociales en las individualidades, produciendo un efecto de depresión y angustia en las personas y de fragmentación de los colectivos.

La Ciudad de Buenos Aires no fue la excepción: en marzo del 2020 se suspendieron las clases presenciales en todos los niveles, y se estableció el inicio del trabajo remoto para la construcción del vínculo pedagógico[2]. De este modo se reguló el funcionamiento de los niveles obligatorios del sistema educativo. En el nivel superior en cambio, recién en el mes de mayo el gobierno estableció que las autoridades y docentes de las instituciones elaboraran un «Plan Excepcional de Continuidad de la Formación en el Contexto de Emergencia Sanitaria» determinando que “las estrategias que se planteen no deberán requerir erogación presupuestaria adicional[3]

De este modo, el ciclo lectivo comenzó con un aparente olvido, sin una posición precisa y sin normativa específica para el nivel superior. Cada institución tomó caminos diferentes, e hizo lo que pudo, intentando seguir sin coordinación, mientras en silencio el gobierno se desentendía de atender las necesidades del sector. Esto podría entenderse no solo como un atropello al trabajo docente sino también como una falta de condiciones que garanticen el derecho a la educación, ya que el gobierno ni siquiera proveyó conectividad y dispositivos.

El sistema público de Formación docente está constituido por 29 instituciones: Escuelas Normales Superior (ENS); Institutos de Enseñanza Superior (IES); Institutos Superiores de Profesorado (ISP) Escuelas Superiores de Educación Artística (ESEA). Coexisten con 52 instituciones de gestión privada. Si bien hay mayor cantidad de establecimientos del sector privado, la matrícula más alta se registra en el sector estatal, alcanzando el 72% de alumnxs matriculadxs. Un dato a tener en cuenta es que, si bien la matrícula en el sector privado es baja, la mayoría de las instituciones privadas reciben subvención del Estado. En tanto las instituciones estatales dicta carreras de grado,  postítulos docentes -entre los que podemos mencionar el Postítulo en Educación Sexual Integral, de Profesor Tutor, Especialización Docente de Nivel Superior en Enseñanza de la Biología para una Cultura Científica a veces sin tener garantizado el pago de los salarios de lxs docentes-.

En abril 2020 el gobierno comunicó al ISP “Dr. Joaquín V. González” la decisión de cerrar el Postítulo en ESI por considerar el “contexto oportuno” para la revisión de las estructuras formativas. También puso trabas para la apertura de otros postítulos y no pagó los salarios de lxs docentes, y no renovó cargos o reconoció las horas institucionales para trabajos específicos. Se logró frenar el cierre a partir de acciones colectivas; aun así, siguió desfinanciando progresivamente el sector. En silencio se estaba armando una nueva estructura la Universidad de la Ciudad para lo cual transfería recursos.

En el inicio del ciclo 2021, no se modifican las normativas ni políticas del gobierno de la ciudad para el sector, sigue profundizando la descarga en las instituciones y lxs docentes la toma de decisiones para el desarrollo de las actividades. Mientras tanto la discusión pública se centró en torno a la presencialidad, como si ésta fuera la solución a todos los problemas sociales.

En la Ciudad de Buenos Aires el panorama es complejo; mientras declaran la centralidad de la educación desarrollan políticas de desinversión, ajuste y vaciamiento. Los niveles obligatorios volvieron a las escuelas en lo que se llamaron burbujas, pero no se realizaron las inversiones necesarias para garantizar el regreso a las aulas físicas; no se garantizaron los insumos para el cuidado discontinuando su entrega y estableciendo que fuesen las cooperadoras quienes se hicieran cargo. Es conocida la incidencia de esta apertura en el aumento de contagios en las comunidades.

En tanto el nivel superior continúa en el trabajo remoto y aparentemente olvidado. Es en este marco que el gobierno desarrolla un nuevo intento de vaciamiento y disolución de las instituciones de formación docente que significaría la destrucción de la mitad del nivel superior público de la ciudad, de tradición centenaria.

En mayo el gobierno informa a las autoridades de las instituciones que no autoriza las inscripciones en el segundo cuatrimestre a nuevos ingresantes. Limita la inscripción sólo a las carreras de Educación Especial, y profesorados de Matemática y Física, y se abrirán los cursos si se superan los 20 incsriptxs. Esto deja sin posibilidades a lxs nuevxs estudiantes y también a quienes estarían en condiciones de cursar esas materias del segundo cuatrimestre, y poniendo claramente en peligro los cargos docentes que la gran mayoría son interinxs, de estabilidad relativa. A su vez el gobierno comunica que para el ciclo 2022 se realizará un curso de ingreso centralizado, y no en cada institución, como hasta ahora. Esto es una intromisión en las políticas pedagógicas institucionales y en el el trabajo docente.

De esta primera descripción podemos observar los vaivenes de las políticas, en las que por momentos dejan a las instituciones a la deriva, sin normativa específica que permita la continuidad pedagógica y en otros momentos toman decisiones centralizadas y arbitrarias, que constituyen la imposibilidad del desarrollo de las actividades. Políticas contradictorias que defienden la educación virtual y la enseñanza de robótica en las escuelas, pero luego niega el valor de la virtualidad y defiende la presencialidad. Tal vez esto le permite esconder la falta de inversión en infraestructura, en materiales específicos para el trabajo digital y virtual y la dificultad del acceso a conectividad aún en los propios edificios escolares.

La situación de descarga en las instituciones de las responsabilidades gubernamentales y ausencia de normativa podría ser interpretada como una falta de planificación e improvisación, como un hecho aislado, de omisión debido a las urgencias de la coyuntura. Pero nos preguntamos si esta aparente omisión de normativas específicas para el nivel superior es una ausencia de planificación, un olvido o tal vez una planificación estratégica, una acción encubiertamente estratégica.

En ocasiones pareciera que se toman medidas que se presentan con una fuerza arrolladora y omnipotente, que buscan transformar todo lo existente, ignorando a otros agentes sociales, en un enfoque similar al “síndrome del superhombre”. Podría considerarse en esa línea el proyecto de ley enviado a la Legislatura Porteña el 1/12/2017, en la que se establecía la reformulación de la formación docente, transformando las instituciones y una historia centenaria en la formación de docentes comprometidos con la educación pública. Es por esto que considero que se trata no de innovación sino de un proceso de disolución o tal vez se podría decir una innovación disolvente. El proyecto inicial, presentado en una conferencia de prensa el 22/11/2017 establecía en el primer artículo la disolución de los institutos de formación docente, aunque debido a la movilización entre diciembre y marzo, el proyecto presentado en marzo 2018 en la Legislatura se modificó esa expresión.  

La discusión sobre el nivel en el que deben formarse lxs docentes no es nueva, pero en el caso de CABA implica la ruptura con una larga tradición y la eliminación de todo un sector de la estructura del sistema educativo. Como antecedente podemos mencionar el proyecto de ley[4] presentado por los legisladores Beliz y De Imaz del año 2000 que encomendaba al Poder Ejecutivo porteño la iniciación de los trámites tendientes a la creación de la Universidad Pedagógica Metropolitana, con la cual los Institutos de Nivel “Terciario” No Universitario (según denominación hasta 2015 que por modificación del artículo de la Ley de Educación Superior pasaron a denominarse Institutos de Educación Superior de Formación docente) articularían sus carreras. Las reformas de los años 90 tuvieron como signo distintivo el achicamiento de la estructura central, la descentralización y transferencia de las instituciones y un ajuste en las partidas presupuestarias. Siguiendo esa misma línea, la fundamentación del proyecto de ley de creación de la Universidad Pedagógica Metropolitana establece que busca “jerarquizar la función docente para su mayor valorización, sin incurrir en costos adicionales”

Es importante resaltar que este debate se reactualiza con una nueva discusión a nivel nacional, por lo que consideramos de gran importancia revisar los sentidos desde los cuales se definen las políticas educativas y los procesos de lucha reciente no sólo para poder resistir, sino para encontrar un nuevo modo de reexistir. En 2014 el Banco Mundial realizó un estudio y una serie de recomendaciones para la región que coinciden con los puntos que se están presentando actualmente, resumidas en el documento Profesores excelentes. Cómo mejorar el aprendizaje en América Latina y el Caribe.

Resulta necesario interpretar estos momentos como continuidades de las intenciones políticas del cierre del nivel y su pasaje a la universidad. Estas continuidades no son lineales ni homogéneas, se produce una trama compleja de diversas capas, no sucesivas, de configuraciones discursivas y narrativas acerca del sentido de la formación docente, a su vez ligadas a las narrativas sobre la escolaridad. Entramados discursivos conflictivos, no homogéneos y muchas veces no evidentes.

Es importante destacar que esta propuesta debe tomarse en relación con las políticas sociales y urbanas, ya que da cuenta de un modelo de ciudad que consideramos excluyente. Caracterizado por el vaciamiento de lo público, a través del desfinanciamiento, la incorporación de lógicas empresariales al modelo de ciudad y la transformación del mercado inmobiliario. Expulsando a los sectores más pobres de la ciudad, no sólo por la coerción violenta sino a través de las lógicas del mercado, tornándose una ciudad de alto nivel económico donde todos los servicios son privados y de costos elevados.

La pregunta que surge es cómo enfrentar un proceso que transcurrió y transcurre silenciosamente no sale en los medios hegemónicos. Los Institutos de Formación docente tienen una experiencia acumulada en este sentido, por eso considero importante reconstruir y sistematizar ese proceso. de discusión y luchas desarrollado en el período 2017/2018 en defensa de la educación pública, cuando se anunció que se presentaría a la Legislatura un proyecto de ley para la creación de una universidad docente que disolviera los institutos de formación docente. Un proceso de resistencia que transformó estructuras burocráticas en agentes generadores de sentidos políticos de la formación. La construcción de una identidad colectiva como fuente de resistencia a políticas educativas mercantilistas que buscan formar docentes como facilitadores e implementadores de paquetes prediseñados o en estimuladores cerebrales acorde a los desarrollos del capitalismo cognitivo.

 Reconstruir y sistematizar la experiencia permitirá generar una plataforma para pensar una nueva forma de resistencia para la re-existencia.

No se trata de sobrevivir, sino de posicionarnos con otra fuerza para seguir formando docentes con conciencia de la necesidad de una educación cuya finalidad sea la formación de subjetividades para la transformación de una sociedad altamente desigual e injusta, en contraposición a una educación al servicio de las necesidades del mercado.


[1] Docente de nivel superior. Integrante del Equipo organizador del Encuentro entre Docentes y Educadores Populares (ENDyEP) Integrante del Equipo de Didáctica General – UNSAM.

[2] RESOL-2020-1482-GCABA-MEDGC del 15-03-20

[3] RESOL-2020- 1585- GCABA-MEDGC del 12/05/2020 publicada en el Boletín oficial el 12/06/2020

[4] Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, Proyecto de Ley N°200001835, De Imaz y Beliz. 2000.

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Perú: racismo, criminalización y disciplinamiento como trasfondo de más de 60 muertes

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Lavaca habló con dirigentes sociales y campesinas, que analizan la represión desatada tras la crisis institucional que dejó al menos 60 muertos, miles de heridos y centenares de detenidos, con imágenes de tanques entrando a la universidad pública incluidas. El rol del Congreso, la figura de Dina Boluarte, la raíz histórica, racista y clasista de la derecha peruana. La ligazón con la agenda extractivista con la desestabilización actual que busca criminalizar y disciplinar a las voces de comunidades y organizaciones sociales que denuncian la situación como «dictadura cívico-militar».  

Dina Boluarte tiene más muertos en Perú por la violencia institucional, que días de gestión.

Según la Defensoría del Pueblo de Perú al momento son al menos 56 los muertos por la represión, miles de heridos, y centenares de detenidos. Organizaciones sociales reportan, por su parte, más de 60 muertes. Todo ocurrió en menos de cincuenta días: desde que la vice Dina Boluarte asumió el Ejecutivo el 7 de diciembre de 2022, cuando fue detenido el entonces presidente Pedro Castillo. 

Mientras tanto las calles siguen siendo un escenario de marchas y repudios contínuos: solamente el martes 24 de enero la Defensoría del Pueblo registró 85 cortes de rutas nacionales, además de movilizaciones y bloqueos en 39 vías provinciales. 

¿Cómo interpretar lo que está ocurriendo?

Melania Canales es dirigenta social de la región de Ayacucho; diez de los muertos pertenecen a esa localidad. Además, es ex presidenta de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú. Sintetiza así para lavaca los reclamos sociales de los cuales además fue protagonista: 

  • “Uno de los principales reclamos es que haya un referéndum para la Asamblea constituyente; existe hoy una Constitución de 1993, hecha por el dictador Fujimori, que ha privatizado todo en Perú: luz, agua, carreteras, pistas, empresas mineras. Esa es la Constitución que le da todo el poder al empresariado, es la peor Constitución de América Latina, el empresariado se lleva sus ganancias y no paga nada”.
  • ”Esta Constitución ha permitido que la salud y la educación sean un negocio. Prácticamente nos despoja de nuestros territorios colectivos de los pueblos y mujeres indígenas, y no nos permite la participación del pueblo organizado en espacios de poder de decisión. También nos criminaliza. Por eso exigimos referéndum y buscamos una nueva Constitución”.
  • “Pedimos también la renuncia de la traidora y asesina Dina Boluarte. Y la renuncia de la mesa directiva del Congreso”. 
  • “Y exigimos paz. Una paz con justicia. Eso exigimos en el Perú”. 

La Universidad atacada

A la cadena de violencia desde el gobierno se sumó la última semana la brutal represión en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) que incluyó el ingreso de 400 policías junto a fuerzas especiales con tanques que derribaron las puertas, disparos y gases lacrimógenos, y donde más de 205 estudiantes fueron detenidos.

Natali Durand es docente de antropología en la Universidad. Dos estudiantes de su clase fueron detenidos, y ella describe: “Ha sido un atropello a la autonomía de la Universidad. Los estudiantes habían abierto las puertas para alojar a las personas que estaban llegando de distintas regiones para marchar”. 

Desde todo el país llegaban delegaciones a lo que se denominó la Nueva Marcha de los Cuatro Suyos, y la Universidad funcionaba como alojamiento y espacio de encuentro y logística. Pero cuando entró la policía, explica Natali “quedaban pocos manifestantes, eran más los alumnos que se encontraban dentro de la Universidad, algunos en la toma, otros en la residencia universitaria, eso es muy preocupante porque entraron a la residencia universitaria”. Desde entonces parte de los docentes y estudiantes piden la destitución de la actual rectora Jeri Ramón. 

El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) condenó la represión y expresó que “la entrada de la policía a la sede universitaria es una violación flagrante de la autonomía”. Además rechazó la “decisión del gobierno de recurrir a la violencia para enfrentar la crisis en el país”. Y remató: “La actitud del gobierno del Perú se coloca al margen del respeto a los Derechos Humanos”.

La traición de Dina

¿Dónde se encuentra la semilla del actual conflicto?

Responde Natalí Durand: “Para entender la semilla de esto podríamos irnos hasta 200 años atrás, pero creo que ahorita lo más grave ha sido la descomposición política que tuvimos desde 2016 cuando el partido de la señora Keiko Fujimori (hija del ex dictador) ganó la mayoría absoluta en el Congreso. Desde 2016 lo que se generó fue un desbalance de poder a favor del Ejecutivo”.

Sin embargo (o tal vez por eso mismo) el profesor y político Pedro Castillo, con el partido Perú Libre, ganó las elecciones en segunda vuelta a la misma Fujimori, y gobernó desde el 28 de julio de 2021 hasta la declaración de su “permanente incapacidad moral” por parte del Congerso, el 7 de diciembre de 2022. Castillo fue docente de escuela primaria, presidente del Comité de Lucha del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Perú (SUTEP) y encabezó la huelga docente de 2017.

El 7 de diciembre de 2022 Castillo fue detenido y destituido luego de 16 meses de gobierno. Horas antes había anunciado el cierre temporal del Congreso, pero ante esto sus propios ministros comenzaron a renunciar y a calificar la situación como un autogolpe. Con las fuerzas armadas y la policía en contra, el Congreso trató, una vez más, la moción de vacancia contra el entonces presidente bajo la acusación de “incapacidad moral”. Castillo fue detenido y destituido; juró entonces quien era su vicepresidenta, Dina Boluarte quien, entre otras cosas, tenía en el propio Congreso denuncias por presunta infracción constitucional que fueron rápidamente archivadas. 

Dice Natalí Durand: “Si bien es legítima sucesora, se había dicho que iba a renunciar y pedir elecciones. A su asunción la gente la asume como una traición. A su vez, en la derecha no la ven como parte: en el momento en que no le sirva más la van a soltar. Ahora ella les sirve porque el presidente del Congreso no puede ejercer funciones de presidente, tiene que llamar a elecciones en un periodo de 3 a 9 meses como máximo. Ella no quiere renunciar porque sabe que, si renuncia, la van a dejar sola y le espera un proceso judicial fuertísimo”. 

La actual presidenta no tiene bancada propia en el Congreso ni un partido que la apoye.

La pregunta entonces es quién tiene el poder hoy en Perú.

La voz desde las calles

Melania Canale, dirigenta social de la región de Ayacucho, remarca que la situación actual puso luz sobre el “racismo y el clasismo en nuestro país”. Sigue: “Perú ha sido el centro del colonialismo: cuando se creó la república peruana hace 200 años se hizo con los descendientes de los españoles, los ‘mistis’ y los criollos, y los pueblos indígenas y afro estuvimos ausentes. Entonces lo que vino fue una dominación de una clase media alta privilegiada. Hay una desigualdad grande, que se ha agudizado, los derechos se convirtieron en negocios, como la educación, la salud, y la participación política”. 

Melania define a Pedro Castillo como el primer “marrón” (por el color de su piel) que llegó a la presidencia. Y define: “Hemos sentido que al marrón no lo aguantaban”. A la actual presidenta la llama “la usurpadora”. Dice: “En estos momentos, aunque ella ganó junto a Castillo, representa a la derecha. El Congreso ha sido un obstáculo que a Pedro Castillo no lo dejó gobernar, siempre estaba ahí promoviendo su vacancia. Dina tenía una denuncia, pero la archivaron en el Congreso. Realmente esto se veía venir. Acá, la derecha política del Perú es una derecha arrastrada, que siempre se entrega por completo a la oligarquía” 

¿Tiene relación el problema con las agendas extractivistas? 

Está muy ligado. Hace poco una funcionaria de Estados Unidos ha dicho que en Sudamérica están el agua dulce, los minerales, el litio. Aquí están paralizadas varias mineras por los reclamos de las comunidades. Hay también contaminación de los ríos, de la tierra, mucha gente con metales pesados en la sangre, y además estos empresarios no dejan nada…

¿A qué atribuís la actual represión? 

Es una caza de brujas. En Ayacucho hay 8 detenidos dirigentes y dirigentas de organizaciones, los han llevado hasta Lima, acusados de terroristas. No somos asesinos, no somos terroristas. Están buscando descabezar a las organizaciones, meter miedo, criminalizar y perseguirnos, inventando fantasmas. No hay libertad en este país: por eso decimos que estamos viviendo una dictadura cívico militar. 

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Las cosas que hay que hacer para trabajar – Capítulo 1

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La nueva serie documental de lavaca: El mundo de la autogestión en Argentina a través de ocho capítulos sobre experiencias recientes de diferentes cooperativas que lograron recuperar empresas vaciadas o quebradas por las patronales. Dirigida por Patricio Escobar, autor de La crisis causó 2 nuevas muertes.

Dos mil personas que integran empresas recuperadas de toda la Argentina se reúnen en un acto histórico en la Aceitera La Matanza. ¿Qué buscan? Impulsar el proyecto de Ley de Recuperación de Unidades Productivas que facilite que cooperativas de trabajo pongan en marcha empresas quebradas o vaciadas por las patronales. El movimiento lleva 20 años sin ley, pero ha recuperado no sólo trabajo sino también dignidad y vida, con 400 fábricas en el país que dan trabajo en total a más de 14 mil obreras y obreros. Su lema: Ocupar, resistir y producir.

Las cosas que hay que hacer para trabajar Dirección: Patricio Escobar.
Producción integral de Cooperativa de Trabajo Lavaca: Claudia Acuña, Sergio Ciancaglini, Anabella Arrascaeta, Lina Etchesuri, Sebastian Smok, María del Carmen Varela, Franco Ciancagini, Lucas Pedulla.
Fotografía: Lina Etchesuri y Sebastian Smok. Cámara: Patricio Escobar, Guillermo Guevara, Sebastian Smok.
Música: Guido Donato y Tomás Lobov.
Edición: Damián Finvarb.

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Cuatro años de in-justicia por el femicidio de Carla Soggiu       

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En la Plaza de la Memoria de Pompeya, junto a vecinos, vecinas, otras familias víctimas de femicidios y organismos de derechos humanos del barrio, se recordó este domingo a Carla Soggiu frente al mural que hizo el barrio, a cuatro años del femicidio. Estuvo presente Alfredo Soggiu (foto) el padre de Carla. Sin culpables por el crimen, y sin siquiera un fiscal que lleve adelante la causa, la familia se transformó en querellante e impulsa que se investigue la responsabilidad de Diego Santilli, por entonces Ministro de Seguridad porteño, por la falla en el sistema del botón antipánico que debía protegerla. El ex marido de Carla fue acusado por violación, pero el crimen sigue impune. La idea sobre quién cuida a lxs vecinxs.  

El acto en la Plaza de la Memoria de Pompeya (fotos: Ailín Soria)

“A pesar de que pasaron cuatro años cada día siento más injusta su partida, que le hayan quitado la vida. Tanto su pareja, como el gobierno de la Ciudad, como la justicia, todos la mataron un poco a mi hija”. 

Alfredo, papá de Carla Soggiu, está parado en la Plaza de la Memoria del barrio porteño de Pompeya, a cuadras de donde su hija murió. Desde ahí habla. Frente a él vecinos y vecinas que escuchan; a su lado, familiares de otras víctimas de femicidios; y en su espalda, el mural desde donde su hija mira al barrio junto a letras negras que dicen: verdad y justicia. 

Ni botón ni GPS

El 15 de enero de 2019, cuatro años atrás, Carla Soggiu pidió ayuda 5 veces apretando el botón antipánico que tenía después de haber denunciado a su pareja. Pese a que el sistema contaba con ubicación GPS, la empresa no pudo ubicarla. Carla estuvo desaparecida hasta que un barrendero encontró su cuerpo en el riachuelo. Según la autopsia, murió por “asfixia mecánica por sumersión”. 

Ella tenía un botón antipánico porque días antes, el 26 de diciembre de 2018, su ex pareja, Sergio Nicolás Fuentes, la secuestró, violó y golpeó brutalmente, con su hija menor como testigo. Carla tenía hidrocefalia, los golpes destrozaron la válvula. Cuando logró huir lo denunció ante la la Oficina de Violencia Doméstica, y le dieron el botón antipánico que días después no la protegió.  

Con el Poder Judicial en contra

Sergio Nicolás Fuentes fue condenado por la violación a seis años de prisión, pero la causa por el femicidio fue archivada, cuando la familia se enteró ya había pasado un año.

Pidieron entonces que la justicia porteña investigue por qué no funcionó el botón antipánico: el fiscal de primera instancia archivó el pedido.

Apelaron, el fiscal de Cámara también lo archivó.

Fue cuando alegaron que la Ley de Víctimas autoriza que se abra la investigación sin asistencia de un fiscal, y así lograron que se los acepte como querellantes.

En ese punto están ahora, sin fiscal el impulso de la causa depende de la familia. El objetivo es que se investigue la responsabilidad de Diego Santilli, por entonces Ministro de Seguridad porteño, por la falla en el sistema del botón antipánico que debía proteger a Carla.  

Dice Alfredo, papá de Carla: “Después de tanto tiempo de lucha, con el acompañamiento de un montón de gente incondicional, recién logramos meter una causa contra uno de los asesinos de mi hija. Más que nunca necesitamos el acompañamiento de todos, que nos ayuden a caminar. Por mis nietos, por mi señora, también por mí. Lo necesito, que me acompañen”. 

A su lado están Susana y Daniel, padres de Cecilia Basaldúa, víctima también de un femicidio y de un Poder Judicial que intenta garantizar impunidad en lugar de justicia. Susana explica: “Las familias sentimos mucha impotencia, esto no tiene que pasar más. Tenemos que luchar y acompañarnos porque es lo que nos hace fuertes”. Susana se detiene para nombrar a Roxana, mamá de Carla Soggiu que no está presente, se quedó cuidando a sus dos nietos, hijes de Carla, que hoy tienen 6 y 8 años. Sigue: “Nuestras hijas no pueden volver a la vida pero queremos que descansen en paz, y lo van a hacer cuando haya justicia”. 

Daniel (en el centro), y Susana, rodean a Alfredo, el padre de Carla Soggiu. (Fotos: Ailín Soria).

Vecinos cuidándose

Vecinos y vecinas del barrio forman un semicírculo para escuchar. Entre ellos están presentes los integrantes del Instituto de la Memoria de Pompeya, responsables de cuidar y crear la Plaza de la Memoria donde ocurre este ritual de abrazo hacia la familia. Además del de Carla hay murales dedicados a Ezequiel Demonty (el joven asesinado por la Policía en el Riachuelo), por la Noche de los Lápices, por Hebe de Bonafini, entre otros.

“La lucha se sostiene con amor, con alegría y con memoria”, dice Alberto, integrante del espacio, y cuenta que fue en 2006 cuando se propusieron visibilizar a les desaparecides del barrio, crearon la plaza, y empezaron a marchar juntos.

Pronto se dieron cuenta de cómo aparece la violencia institucional y estatal hoy, dice: “A veces reflota en estas formas: femicidios, travesticidios, desaparición de jóvenes en situación de calle. Los únicos que nos cuidamos somos los vecinos a los vecinos”. 

Luego, la foto de Carla se levanta alto y se grita presente, con su sonrisa y su mirada desde la pared.

Fotos: Ailín Soria.
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