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El coronavirus en la favela más grande de Brasil: «Da lo mismo lo que diga Bolsonaro»

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Magda Gomes es militante social de la Rocinha, la favela más grande de Brasil, donde ya hay al menos 33 casos confirmados y dos muertos por Covid-19. Dice que el Estado aún ni apareció para evitar un contagio masivo. En su reemplazo asoman desde la organización comunitaria y social hasta la asistencia de las iglesias evangélicas y los toques de queda dictados por el narcotráfico. Entre el hacinamiento, los problemas de acceso al agua y el trabajo informal, los favelados se exponen a un peligro sanitario que va mucho más allá del negacionismo presidencial.

El cartel que invita a quedarse en casa, en la entrada de La Rocinha.

Por Facundo F. Barrio (@ff_barrio). Desde Río de Janeiro

La Rocinha viene de palo en palo. Intervención militar en 2018, temporal con aludes en 2019, coronavirus en 2020. En la favela más grande de Brasil, donde viven unas 100 mil personas, el Covid-19 está circulando. Cuando se escribió esta nota ya había dos muertos y 33 positivos, una cifra relativa casi tres veces más alta que la de Brasil, y eso que al país en general tampoco le va demasiado bien: la negación del presidente Jair Bolsonaro ante la pandemia crea la sensación firme de un desastre por venir. Para los favelados, sin embargo, el problema es mucho más grande que lo que diga Bolsonaro.

El problema, dice Magda Gomes (27), militante social y vecina de la Rocinha y estudiante de ingeniería, es que el Estado apenas existe en la favela. Lo dice parada sobre el cordón de la vereda, en la puerta del centro municipal ciudadano Rinaldo de Lamare, que está justo frente a la Rocinha, al otro lado del puente peatonal: una pasarela construida por Niemeyer donde ahora cuelga un cartel largo que dice Fique dentro de casa. Estamos en la Zona Sur de Río de Janeiro, a unas pocas cuadras de los barrios más ricos de la ciudad, y en la calle hay bastante movimiento: en esta ciudad, por ahora, la cuarentena es voluntaria.

Gomes acaba de bajar de la favela para una reunión que tendrá aquí dentro de un rato. Su colectivo Rocinha Resiste está organizando un operativo de reparto de alimentos e insumos básicos de higiene para la próxima semana. La organización comunitaria y social aparece como una de las contracaras de la flaqueza estatal. Aunque también asoman otros jugadores. Gomes, que primero aclara que ella es macumbeira, reconoce, por ejemplo, el “papel fundamental” que juegan las iglesias evangélicas en la distribución de ayuda en medio de la crisis sanitaria. Y responde con extrema cautela cuando se le pregunta por otro actor protagonista del que se habló mucho en las últimas semanas: desde que estalló la pandemia, en las favelas hay “toques de queda” dictados por el narcotráfico para reducir la circulación de personas en ciertos horarios.

De todo eso habla Gomes con lavaca, mientras atiende llamados y mensajes sobre el operativo de ayuda para los vecinos que está preparando. “Nos estamos movilizando, pero nosotros no podemos reemplazar al Estado”, insiste, y enumera problemas estructurales, históricos, tan ajenos para cualquiera que no los haya sufrido: hacinamiento, falta de agua, hambre.

¿Qué medidas específicas de prevención tomó el Estado hasta ahora en la Rocinha?

—Cero. Puso a circular un auto con un altoparlante que grita: “Lávense bien las manos”. ¡Pero mucha gente no tiene agua en la favela!

Y el acohol en gel es carísimo.

—El alcohol en gel es una alucinación de la clase media. ¿Qué hago con un poco de alcohol en gel si ni siquiera tengo agua en mi casa?

¿Cómo es el problema con el agua?

—El agua de toda la Rocinha se distribuye a través de bombas centrales. Cuando la empresa distribuidora no les hace mantenimiento, hay zonas que se quedan sin agua por varios días. Y cuanto más alto en la favela, peor. Se podría pensar en planes de racionamiento, pero el Estado viene y nos dice: “Lávense las manos cada cinco minutos”. ¿Quién tiene agua cada cinco minutos? Y el problema del agua no es de ahora, eh.

¿Ahora tiene más visibilidad mediática?

—Sí, pero son problemas estructurales históricos: el agua, las cloacas, el hacinamiento. Y no son de la Rocinha, sino de los sectores periféricos de toda América Latina. La necropolítica sirve para entender cómo los más pobres nos vamos a joder. Si pensamos la realidad de los favelados desde la necropolítica, ya sabemos que nunca vamos a ser los primeros en acceder a un respirador. Mi tía, mi prima, que viven allá en lo alto del morro, tendrían que hacer mucho ruido para conseguir algo así. Cuando pasa eso, no es sólo el peligro de una muerte física: hay una sensación de muerte continua, de que no sabés a qué hora te va golpear la puerta de tu casa.

¿La gente de la favela se está quedando en sus casas?

—No tiene cómo hacerlo. Hace un rato vino un pibe a decirme que necesita trabajar, que tiene que pagar las cuentas. Le dije: “Es un tema de salud prioritario. Está la Organización Mundial de la Salud diciendo que hay que parar todo y quedarse en casa. Si te quieren cobrar las cuentas, responsabilizá al banco”. Pero aunque yo tenga ese discurso necesario con los demás, sé que en realidad las cosas no funcionan así. La gente necesita comer, pagar el alquiler, tener alguna expectativa de sobrevivir. Y más cuando vivís con cinco o seis personas en una casa de tres metros cuadrados… y tal vez estoy exagerando con ese tamaño.

¿Quién lleva registro de los casos confirmados de Covid-19 en la favela?

—Nuestra sugerencia es no leer a los grandes medios de comunicación sino a los medios comunitarios de la propia favela, que son los únicos que ponen el cuerpo en la Unidad de Atención Rápida (UPA, por sus siglas en portugués), donde se reciben los casos sospechosos, y llevan el registro y los informes todos los días.

¿Las cosas serían distintas si hubiera otro gobierno?

—Los problemas ya son estructurales. Ahora hay un contexto de pandemia que es una variable central. Y que desnuda el retardo del Estado para pensar y actuar en situaciones de emergencia.

En muchos barrios de Río de Janeiro hay cacerolazos contra Bolsonaro por su negación ante la pandemia. ¿Acá también?

—¿Sabés por qué un cacerolazo no tendría sentido acá? Porque a nadie le importa lo que diga Bolsonaro, porque lo que diga Bolsonaro da lo mismo en la favela. Es otro contexto. En cambio sí tiene sentido, por ejemplo, un aplauso a los trabajadores de la salud, porque es de la gente para la gente, mirándonos a los ojos. Pero yo como favelada no me identifico con Bolsonaro en ningún aspecto, no me reconozco en él, ni siquiera para golpear cacerolas. Aunque claro que mi formación política es distinta, por ejemplo, a la de mi padrastro, que es evangélico de una iglesia neopentecostal. Y sabemos para quiénes es el discurso de “Dios por encima de todo” de Bolsonaro. Por eso también hay que entender que la favela no es una unidad.

¿Qué papel están jugando las iglesias evangélicas de la favela ante la crisis sanitaria?

—Hay frentes de la comunidad a los que nosotros no llegamos. Las iglesias tienen llegada a un público específico y tienen un papel social fundamental en la distribución de asistencia. Tenemos diálogo con ellas. La respuesta a esta crisis tiene que ser un proceso democrático, que involucre a la mayor cantidad de sectores posible.

¿Y las fuerzas de seguridad?

—Es difícil responder sobre eso… la cuestión de la seguridad en la favela está atravesada por un montón de cuestiones. Para mí “seguridad” es saber que en la favela puedo llegar a mi casa a las cuatro de la mañana y no me van a violar. Ahora, ¿quién es el garante de esa seguridad? Yo no sé… ¿me entendés?

¿Es cierto que hay toques de queda dictados por el narcotráfico para reducir la circulación en las calles en ciertos horarios?

—Voy a responder con una metáfora porque acá todos nos conocemos con todos. El toque de queda es como… supongamos que yo vivo en una casa con mi abuelo, que es el que garantiza la seguridad como estructura, el que asegura que en mi casa nadie me va a robar ni violar; y vivo también con mi madre, que llegó mucho después, cuando había una estructura ya montada. ¿A quién voy a escuchar yo? ¿A quién le voy a hacer caso? ¿A quién le voy a temer?

¿Y cómo se hace para entrar en acción frente a esa estructura ya montada?

—¿Cómo hace quién? ¿Mi madre?

Sí, el Estado.

—El Estado está siendo muy perverso al tercerizar el trabajo de asistencia social en los colectivos comunitarios. Yo no tengo que decirle al Estado lo que tiene que hacer. Sus instituciones son las que deben formular una estrategia. Pero la política de salud es una cuestión de Estado, aunque ya vemos que los intereses son otros.

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Por qué Laje no puede volver a la TV

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A un mes de que Periodistas Argentinas presentara el “Informe América” ante cinco organismos del Estado, la colectiva volvió a pronunciarse públicamente con un nuevo comunicado. “Consideramos necesario y prioritario esperar los resultados de este proceso antes de que el denunciado Antonio Laje regrese a la pantalla. Hemos logrado que se articule un equipo de trabajo que está elaborando una propuesta integral y unificada y que tres organismos inicien formalmente la investigación de los hechos denunciados”, dice el texto. La colectiva, integrada por más de 200 periodistas de todo el país, dijo también que “en este contexto, ignorar esta realidad representaría no respetar los canales de diálogo y búsqueda de soluciones que hemos abierto en los organismos específicos y oficiales que deben intervenir en estos temas para determinar responsabilidades y derechos en forma equilibrada y lo más justa posible”.

El Informe América, que recoge más de 20 denuncias de trabajadoras y trabajadores de la comunicación y que prestaron sus servicios en América TV, fue presentado en la Dirección de Violencia Laboral del Ministerio de Trabajo. La oficina, a cargo de Patricia Sáenz, citó a la empresa, que asistió a la reunión representada por el jefe del Departamento de Legales y dos personas de Recursos Humanos. Los presentes recibieron copia del informe y se les otorgó un plazo de 10 días para responderlo, al mismo tiempo que se labró un acta en la que se comprometieron a no tomar represalias contra las y los trabajadores de ese canal. El plazo vence el próximo lunes.

También fue presentado ante el Inadi que evaluó y dio trámite a la denuncia. El organismo público, a cargo de Victoria Donda emitió un comunicado el 25 de enero: “Las descripciones de los casos son alarmantes y de comprobarse representan graves denuncias sobre el maltrato laboral tipificado por ley”. Además de lo que dijo públicamente convocó a que el Poder Ejecutivo reglamente de forma urgente la Ley de Equidad. El procedimiento iniciado incluyó una reunión de mediación y de fracasar, un dictamen que –si corresponde- inicia una denuncia judicial.

La Defensoría del Público fue otro de los organismos en recibir la denuncia. Algunas de las denunciantes fueron recibidas por Miriam Lewin, a cargo de la Defensoría, quien respaldó y argumentó jurídicamente el pedido de derecho a réplica de Periodistas Argentinas que el canal negó. Además propuso formalmente realizar una reunión entre las partes.

“Consideramos que respetar los tiempos de estas instancias de diálogo es fundamental para lograr una solución”, termina el comunicado de Periodistas Argentinas.

El informe

“En palabras de las víctimas, no pedimos mucho: solo queremos hacer periodismo sin llorar”, dice el informe que presentó Periodistas Argentinas. “Varios directores de cámara pidieron no trabajar más en ese horario porque no aguantaron el maltrato que se vivía», apuntan. «Por la disposición del control, se sientan pegados a la productora ejecutiva. Escuchaban los maltratos constantes hacia los panelistas, los productores, los movileros. Además hablaban mal de quienes estaban al aire, por ejemplo, si estaba un movilero hablando, la productora le hacía comentario por la cucaracha a Laje del estilo ‘qué se puso esta gorda ridícula y cosas así’. Laje se reía cómplice. Se generaba un clima de terror. Además cuando algo no le gustaba o no era de su línea editorial o política se ponía a gritar en el piso, se levantaba del aire y abandonaba el estudio. Todo esto pasaba mientras alguien hablaba en vivo en la otra punta del estudio, por ejemplo. Los directores tenían que hacer malabares para que no se note al aire y los columnistas debían seguir a pesar del escándalo que sucedía en el estudio”.

Otro de los testimonios es aun más fuerte: “Durante un año, mientras trabajaba en el horario de Laje, tuve dolores de cabeza todos los días por el stress, el maltrato y la presión. Un día, mientras estaba armando el programa, se me nubló la vista y no podía ver la computadora. Me asusté y me encerré en el baño. Estuve ahí como una hora hasta que se me pasó. Consulté con varios especialistas hasta que me dieron el diagnóstico. Pude cambiar el horario para no estar más en ese equipo y no sufrí más los dolores de cabeza ni los problemas de vista. Cuando pedí el cambio de horario no dije que era por un problema médico: si decías eso lo tomaban como un síntoma de debilidad”.

En el informe también se señala que el 2 de julio de 2021 el Estado argentino completó el trámite de suscripción -que demoró varios años- del Convenio 190 de la OIT que establece: “La expresión «violencia y acoso» en el mundo del trabajo designa un conjunto de comportamientos y prácticas inaceptables, o de amenazas de tales comportamientos y prácticas, ya sea que se manifiesten una sola vez o de manera repetida, que tengan por objeto, que causen o sean susceptibles de causar, un daño físico, psicológico, sexual o económico, e incluye la violencia y el acoso por razón de género”. Obliga al Estado a implementar una serie de medidas y controles para garantizar un ambiente laboral libre de violencias. El Poder Ejecutivo todavía adeuda su reglamentación.

El 8 de julio de este mismo año el Parlamento aprobó la Ley de Equidad en Medios que obliga a los medios públicos a implementar un protocolo contra violencias en el ámbito laboral y establece un incentivo a los medios privados para estimular que garanticen un ambiente laboral libre de violencias. El Poder Ejecutivo todavía adeuda su implementación. «Exigimos también la prórroga del decreto que suspende el despido de trabajadoras y trabajadores. Exigimos que estas normas esenciales para poner fin a esta trama de maltratos estén vigentes y activas en forma urgente y prioritaria”, dicen desde la colectiva.

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Memoria, verdad y un nuevo reclamo de justicia a 3 años sin Carla Soggiu

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A 3 años del femicidio de Carla Soggiu su familia realizó un ritual junto a un mural con la cara de la mujer asesinada por su ex pareja, que no fue juzgada por el crimen por decisión del fiscal César Troncoso. Recordaron así y ahí, en Nueva Pompeya, los alertas que Carla le hizo a un Estado que no la protegió de la violencia machista ni la encontró cuando se encontraba desaparecida. La causa por el femicidio fue investigada recientemente por MU: lo que el expediente oculta y tergiversa, y lo que devela sobre la falta de funcionamiento del sistema de botón antipánico. Una historia que demuestra paso a paso cómo lo judicial puede encubrir la responsabilidad estatal y archivar procesos, convalidando la impunidad.

En uno de los límites de esta ciudad infinita está el mural que recuerda a Carla Soggiu sonriendo. “Madre, hija y vecina del barrio Nueva Pompeya” proclama con delicadas letras esta pared pintada que hoy da lugar a una ceremonia de dolor y memoria. “A esta hora empezó el infierno” dirá Roxana, la mamá, en este sábado de calor asfixiante. Señala entonces la esquina para marcar el lugar donde Carla activó por primera vez el botón antipánico que el Poder Judicial le entregó para protegerla. No funcionaba.

Aquel 15 de enero de hace ya tres años Carla pidió ayuda cinco veces y cada vez el patrullero policial llegó a la casa de la familia Soggiu preguntando dónde estaba. Comprendieron así, cruelmente, que Carla estaba en peligro y que nadie podía ayudarla. Cuatro días después un trabajador de limpieza encontró su cuerpo en el Riachuelo, que en ese límite es apenas unas cuadras.

Días antes Carla había sido torturada y violada por su pareja, con su hija de 2 años como testigo. Cuando logró escapar presentó una denuncia: fue la que originó la entrega del botón, una medida de protección que en esta ciudad portan tres mil mujeres al año.

La pareja de Carla fue condenada por esos delitos, pero la causa por su femicidio fue archivada: el fiscal César Troncoso consideró que no había delito alguno que investigar. Haber sido golpeada y violada días antes, soportar golpes en la válvula que calmaba su hidrocefalia, pedir ayuda a través de un dispositivo inútil, entre otras tantas de violencias, no son considerados por el fiscal como indicios de una trama que une ambas causas. La familia de Carla se enteró del archivo hace apenas unos días y de casualidad y ahí está ahora, parada frente al mural, clamando ayuda porque contra tanta injustica “solos no podemos”.

A su lado están Susana y Daniel, padres de Cecilia Basaldúa, víctima también de un femicidio y de un Poder Judicial cómplice de la impunidad. Está su tía y su primo y una vecina con su hijita y en ese abrazo la familia de Carla encuentra la fuerza para recordar sin lágrimas lo que necesitan: justicia. La exigen por sus nietos que todavía no accedieron a la pensión a la que tienen derecho según la Ley Brisa. Tras reclamos y trámites solo tuvieron una Asignación Universal por Hijo. Un abogado les cobró 40 mil pesos para renovarla, pero el trámite no lo completó y quedó nulo. De eso también se enteraron hace apenas unos días y de casualidad, cuando acudieron a la Defensoría General a pedir ayuda y se encontraron allí con la abogada que asistió a Carla en su primera denuncia. Ella los ayudó a solicitar la renovación del subsidio, pero en esta tarde de infierno Roxana cuenta que ya pasaron los 10 días previstos y la asistente social que debía visitarlos para darles la aprobación nunca llegó, así que tendrán que seguir esperando a ese Godot que es la justicia en Argentina. Mientras, el sustento sigue dependiendo de la espalda de Alfredo, que hace años trabaja en la misma empresa cumpliendo tareas de carga y descarga. Lo ayudan dándole horas extras: más peso.

En esta tarde de dolor y memoria hay flores y globos violetas, el color preferido de Carla, que su madre suelta para que rueden por las calles silenciosas del barrio de Nueva Pompeya. Docenas de globos mecidos por la brisa ardiente que anticipa una tormenta. Ahí quedan, en ese límite y a la espera.

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Lo que falta: 16va Carta al Presidente de Familiares Sobrevivientes de femicidios

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A plena luz del sol y en un centro desolado, las familias que componen el grupo Familiares Sobrevivientes de Femicidios se reunieron en Plaza de Mayo para dejar por vez número 16 una carta al Presidente Alberto Fernández, pidiendo que los reciba, exigiendo justicia por sus hijas y acercando medidas concretas para que eso suceda.

En la jornada de hoy estuvieron presentes Daniel y Susana, papá y mamá de Cecilia Basaldúa, asesinada en Capilla del Monte, Córdoba; Marta y Guillermo, padre y madre de Lucía Pérez, asesinada en Mar del Plata; y Analía Romero, mamá de Camila Flores, asesinada en Santa Fe.

En todos los casos estas familias debieron trasladarse hasta Plaza de Mayo; recorrido que significa a la vez que las causas que se tramitan por las muertes de sus hijas distan muchos kilómetros de la Casa Rosada; distancia que garantiza la impunidad, ya que facilita las trabas judiciales y las tramas territoriales; y complica el acceso a la justicia como un derecho para familias que no cuentan con recursos para viajar ni para sostener abogados ni peritos.

Así lo denuncia la mamá de Camila Reyes:

Así reclama Guillermo Pérez, papá de Lucía, que Alberto Fernández los reciba:

Estas son las fotos de algunas de las jóvenes asesinadas por la violencia machista, cuyas causas siguen impunes:

Estas son las cartas que entregan las familias al Presidente cada segundo miércoles del mes:

Esta es el informe que junto a las cartas las familias entregaron en la Rosada, un diagnóstico y una muestra de lo que falta para lograr un Nunca Más de la violencia patriarcal, de la que el Estado es parte:

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