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El juez a cargo de la reforma del Código Penal responde todo: aborto, protesta social y Poder Judicial

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Mariano Borinsky es el juez designado por el gobierno para dirigir un equipo de 12 personas a cargo de elaborar una propuesta de reforma del Código Penal. El 28 de mayo del 2018 le entregó al presidente Mauricio Macri el proyecto final que estas semanas comenzó a debatirse en el Congreso. Borinsky recibió a lavaca en su despacho por segunda vez y respondió todo: qué significan los delitos a la «persona por nacer», cómo quedaría la situación legal del aborto, la puerta abierta a la discrecionalidad de los jueces, las nuevas figuras sobre protesta social y la perspectiva contra la violencia machista, que llegó tarde. Una entrevista completa sobre un Código que, pese a su avance silencioso, nos cambia la vida.
En el despacho del juez de Casación Penal Mariano Borinsky suena Coldplay y Vicentico. El parlante está sobre el escritorio y alrededor hay muchas fotos familiares, algunos libros, una taza de Yale, foto de la Universidad de Cambridge y diploma de la Universidad de Tel Aviv. Al despacho del primer piso de Comodoro Py lo completan dos sillones y una pequeña mesa, y en la pared un cuadro que le regaló el Papa. Ah: y muchos trofeos y medallas.
El juez juega tenis, futbol y paddle, corre maratones de 40 kilómetros y -cuenta- cada tanto junto a sus hijas e hijo practica sky alpino y sky acuático. “Hice siempre deporte, es mi esencia”, dice a lavaca mientras preguntamos si es más riesgoso el deporte que practica o el Poder Judicial que integra desde hace años: hace ocho está en Casación Penal, donde calcula que firmó 20.000 sentencias. Mariano Borinsky no duda: “Ni hablar: el Poder Judicial. Uno es el físico; el otro, te quema la mente”.
Al alcance de estirar la mano izquierda tiene el proyecto del Código Penal que redactó la Comisión para la Reforma del Código Penal de la Nación –creada por el Ejecutivo mediante el decreto 103- y que Borinsky presidió.
El 25 de marzo de este año el proyecto se envió al Senado y un día después se asignó como comisión de cabecera a la Comisión de Justicia y Asuntos Penales que, a fines del mes pasado, comenzó a darle tratamiento con la primera de una serie de reuniones informativas que continúan esta semana. “Estoy muy entusiasmado porque se está debatiendo: es un avance”, dice Borinsky.
El juez a cargo de la reforma del Código Penal responde todo: aborto, protesta social y Poder Judicial
¿Fue una sorpresa que se anunciara el comienzo de las reuniones?
Para mí no es una sorpresa porque, más allá de que es un año electoral, el Presidente lo mandó el 25 de marzo. Estamos bastante encima nosotros, los doce de la Comisión: queremos que salga. 
¿Cree que puede llegar al recinto?
Es posible. El Código Penal no tiene plazo de caducidad y veo que hay un interés que trasciende al gobierno. Cuando lo hicimos tuvimos en cuenta el Código de Zaffaroni, el Código Massa, todos los proyectos. Tuvimos una visión amplia, y diálogo con todos los legisladores. Me encanta que estén con interés, aún en discrepancia. Si estamos en un 80% de acuerdo y hay un 20% al que hay que hacerle modificaciones, enhorabuena.
¿Ese es el porcentaje de consenso hoy?
Sí. Hay temas, por ejemplo Lesa Humanidad, en los que ahora estamos todos de acuerdo, pero si vas años para atrás no existía un Código Penal que tuviera un libro de Lesa Humanidad, Genocidio y Desaparición Forzada. Nosotros porque ya nos acostumbramos a que tengamos juicio de lesa: de hecho representan el 30% de los juicios que tenemos en Casación. Pero el marco normativo no es el Código Penal: es el marco internacional y el  de los fallos de la Corte. Y así con tantas cosas sobre las que tampoco hay discusión: delitos económicos, delitos cambiarios, delitos que tienen que ver con la privacidad de las personas: hay muchos temas que aparecen ahora como una oportunidad.
La Comisión redactora ¿cómo va a participar de estos debates informativos?
Tratamos de estar presentes más que nada para estar a disposición. La exposición de motivos es un libro muy grande y tengo en la cabeza todos los fallos; puedo ayudar o colaborar para aclarar porqué algo se puso o no se puso. Tratamos de que haya un miembro presente, sin opinar, pero a disposición. 
En la primera jornada de exposiciones tanto el representante de la Defensoría del Pueblo como el de CORREPI dijeron que las organizaciones no habían sido convocadas a tratar la reforma. ¿Por qué?
Te digo a nivel global: hubo 2.000 propuestas. Y participación a distintos niveles: una plataforma digital que todo el mundo podía hacer llegar lo que quisiera. Se convocaron a las ONG, hubo abogados integrantes de la Comisión del Colegio de Abogados. Si vos me decís de la Defensoría, bueno. Pero no está terminado el debate. Hubo 70 reuniones plenarias que fueron públicas. Si por algún motivo no invitaste a alguien era pública la audiencia: podían venir.
Quizás la pregunta es si estos mecanismos son accesibles o permeables para movimientos que están en la calle, como el movimiento feminista.
Movimiento feminista, a full que sí. Tal vez no en Capital, pero hicimos reuniones en Mendoza, Jujuy y Salta y hubo movimiento feminista.
¿Y jóvenes?
También. Hasta cada uno de nosotros tuvimos nuestros propios planteos de nuestros propios hijos en nuestras propias casas. El día que tratamos el tema del aborto, esa noche tenía a mi hija mayor con el pañuelo verde, a mi hijo con el pañuelo verde, y a la más chiquitita también con el pañuelo verde. Las posiciones del tema aborto las vivimos en vivo y en directo en el debate del Congreso, con lo cual tenemos claro todo lo que se discutió.
En particular sobre aborto hay retrocesos mientras que desde la Comisión redactora plantean que los artículos que se incorporaron son un avance.
Vamos un paso más atrás. Porque con «avance y retroceso» parece que nos metemos en la grieta. Primero, tenemos un techo: lo que sabemos que fue la voluntad legislativa.
Y tenemos un piso: la media sanción.
Un piso y un techo. Pero digo un techo porque la Ley no se aprobó, la legalización del aborto no fue aprobada en Argentina y te lo digo más allá de lo que yo piense sobre el punto. Tenemos dos garantías constitucionales y tenemos dos posiciones que son muy encontradas: libre disposición del cuerpo de la mujer y derecho a la persona por nacer, las dos garantías que se invocan. Si nosotros, más allá de las posiciones de cada uno, nos pusiéramos en alguna de esas dos posiciones, cualquiera sea, fracasamos: el Código Penal no sale. Eso fue lo que pasó con las comisiones anteriores. El aborto fue detonador de proyectos anteriores; incluso yo hablé con Zaffaroni, persona bastante amplia en términos de valoración de los derechos, y me dijo: no pude ni siquiera meter el tema del aborto porque me detonaban el Código. De esas dos posiciones llegamos a una posición que tiene que ver con la filosofía del Código: un Código posible, una posición más intermedia. Después si la aprueba el Congreso, bien; y si le quiere hacer una modificación, buenísimo. Tan buenísimo como que las disidencias que hubo de la posición mayoritaria quedaron en la exposición de motivos. Mandamos el texto mayoritario y la exposición de motivos. Ese texto mayoritario  es un avance respecto la posición que sostenía el Código Penal de 1921 porque, por más que tenga media sanción la legalización del aborto, no es ley. 
En comparación con el de 1921, ¿como está contemplado el riesgo de salud? Parece restrictivo: no contempla la salud en términos integrales.
Eso no es cierto. Te lo voy a decir con otra norma: cuando hablamos de violencia de género en el Código Penal decimos violencia de género en toda su extensión, física, psicológica y económica. Si vos ves la exposición de motivos para fundar que la violencia de género es amplia, tomamos a la Organización Mundial de la Salud. Cuando nosotros analizamos peligro para la salud física y mental no podemos hacer un texto que sea así de largo, lo dice en la exposición de motivos: conforme a la visión amplia de la Organización Mundial de la Salud.
¿O sea que entra entre las causales la salud entendida en términos amplios?
Entra todo. Por eso digo que a veces se genera confusión por falta de comunicación. La exposición de motivos y la descripción obedece al patrón de una visión amplia de salud que incluye la Organización Mundial de la Salud como fundamento normativo convencional que da sustento a esta incorporación que estamos haciendo al Código. Eso me parece un avance. Lo otro tiene que ver con la exención de responsabilidad de pena para la mujer: es un avance, tenía una escala de uno a cuatro y ahora tiene de uno a tres, y la posibilidad del juez de eximir. Me criticaron, lo sé porque lo he leído, que el juez es el que exime de penal. El Código Penal es delitos y penas, sino no es Código Penal: no puede haber un delito sin pena y el único que le puede sacar una pena a un delito es un juez desde el punto de vista constitucional. Si vos le sacás la pena legislativamente entonces es un delito sin pena, entonces no está en el Código Penal, y es lo que el Congreso no aprobó. El único que puede eximir de pena es un juez. Lo que hay que fijar es pautas para reducir esa discrecionalidad. Eso también es un avance: antes no estaba esa posibilidad de eximir de pena.
¿Esa discrecionalidad del juez no es justamente un problema?
Eso puede ser un prejuicio que puede tener vinculación con algún antecedente que probablemente sea cierto. Pero los jueces cambiaron, son por concurso, y aumentó la cantidad de juezas mujeres. Yo te digo que evolucionó mucho pero si vos al juez le fijás pautas claras le estás achicando ese margen de discrecionalidad y estás constituyendo un avance: antes ni siquiera existía esta posibilidad.
¿Las pautas están en el libro de fundamentos?
Están en la norma. Dice: “teniendo en cuenta los motivos que impulsaron a la mujer a cometer el hecho…”. Estas son pautas que debe evaluar un juez. El Código Penal fija delitos, penas y los casos de no aplicar la pena. No es autosuficiente. Si esto llegara a ser aprobado, va a ser completementado con un protocolo.
Estas pautas parecen muy amplias y, por eso, pueden favorecer la arbitrariedad.
No es tan amplio. No es autosuficiente, en eso si te doy la derecha, porque el Código Penal no puede ser autosuficiente, tiene que ser una norma general, abstracta y tiene que perdurar en el tiempo. Fija una pauta que antes no existía y se complementa con un protocolo.
Volviendo al aborto, hay un capítulo de delitos a las «personas por nacer». ¿Qué significa?
Eso fue mal interpretado, también. Está sujeto a una condición específica, no es que genere la creación de derechos antes, sino que está sujeto a que esa persona nazca con vida y a partir de ahí se la tutela y se la protege.
¿No es entonces derechos del feto?
No: es a una persona que nació. Estamos hablando de las personas que nacieron vivas y que tienen algún menoscabo en su persona física producto de una lesión producida. Entonces la única forma es reconocer que tenía algún status, sino no puede ser computado el hecho y entra en un vacío legal. Yo escribí personalmente, desde mi convicción que hasta la semana 14 puede haber aborto sin causa, pero quedó en la versión en disidencia y no está en esta versión del Código. 
¿Planteó eso en disidencia?
Claro, si me toman esa y me la ponen en el texto mayoritario, buenísimo: para eso la pongo. No se nos va a ir la vida por una norma, sí por aprobar el Código. Y le vamos a dar la letra suficiente para que si quieren subir disidencia a texto, lo puedan hacer.
¿Ya tuvieron capacitación de la Ley Micaela (capacitación obligatoria en género en los 3 poderes del Estado)?
Justo empezaba la semana pasada que yo no estaba y fue Ramón, uno de mis secretarios.
En las primeras sesiones otro tema crítico fue la población carcelaria. Y se planteó que si el Código contempla más figuras penales, apunta a tener más presos. ¿Cómo lo ve? 
Tenés 88.000 presos en la Argentina, creo que son 13.000 del sistema de Servicio Penitenciario Federal, 88.000 tomando cárceles provinciales. El primer problema que tenes es que el 50% está sin condena.
Creo que el número es todavía mayor
Es una barbaridad: 55%, más o menos para ser más precisos. Eso lo solucionás con el Código Procesal Penal. Segundo problema: tipología de los delitos de las personas privadas de su libertad, delitos contra la propiedad, mulas, personas de bajos recursos económicos. Cómo apunta el Código Penal a un equilibrio: buscando un equilibrio de todas las penas del Código, no soslayando que hay un grupo de delitos, corrupción, aduaneros, tributarios, los que denominamos de cuello blanco, status medio alto, que deben estar en equilibrio con los otros delitos porque si no en abstracto vos tenes todo el Código Penal que está dirigido a la clase marginal de la sociedad.
En esa línea, el delito de resistencia a la autoridad tiene un aumento de pena y es algo que se ve en la calle todo el tiempo. Desde las chicas que se estaban besando en Constitución, hasta los periodistas que cubren protesta social.
Distingamos dos cosas: lo que es un delito y lo que es el mal uso de una figura penal.
Bueno: hay un recurrente mal uso de la figura penal.
Eso es otra cosa. No tiene que ver con la norma. El delito apunta a otra cosa: a una persona que por orden judicial lo van a detener, está en un allanamiento y se opone a que lo allanen. La explicación está justificada. Eso es un mal uso de la figura penal.
¿Y qué hacemos con ese mal uso?
Ese es un ejemplo. Yo te digo otro: corte de ruta. Es delito si solo si vos cortaste la calle principal y la alternativa; pero si estás cortando y dejaste una vía alternativa, eso no es delito y eso lo aclaramos. Todo eso que a partir de un Código Penal que lo define con claridad va a lograr un mejor uso de los actores.
En el artículo 192 pasa a ser delito impedir la circulación de transporte público, que era algo que tampoco estaba.
No, no está bien comunicado. Lo que dije: siguiendo la línea de jurisprudencia de la Corte, para impedir un transporte público vos tenés dos garantías sociales en juego: uno es el de la protesta social, el derecho a la petición, y otro es el derecho a la libre circulación. La única forma de compatibilizar ambos derechos es que si vos querés legitimar la protesta social siempre tiene que haber una vía alternativa, porque si vos cortaste todas las arterias estás afectando derechos constitucionales de terceros. Insisto: la protesta social es válida en la medida que exista una vía alternativa para garantizar los derechos constitucionales de los demás.
Resistencia a la autoridad, sube la pena por desobediencia, por los cortes: hay una mirada más punitiva en un contexto de crisis económica, social, y de mucho movimiento en la calle.
No es más punitiva. Lo de resistencia y desobediencia tiene que ver con un contexto de los delitos de funcionarios públicos, en ese marco. Los cortes, insisto, ya lo dije. Lo que estoy tratando es que haya un equilibrio de todos los derechos constitucionales; no nos podemos olvidar de los derechos constitucionales de las personas que hacen la protesta pero tampoco de los derechos constitucionales de los que que van a trabajar, que van a su destino, que quieren llevar a sus hijos al colegio.
¿Qué es lo último que piensa al momento de dar una sentencia?
Pienso muchas cosas. Hay cosas sobre las que uno tiene dudas y consulta, mira los libros, consulta los especialistas… El derecho es la ciencia de las ciencias: tenés que saber de todo y hay cosas que uno no sabe y se tiene que interiorizar. Básicamente tomás en cuenta a la persona que estás condenando, a todas las condiciones vinculadas con esa persona, a la víctima, al fiscal que es el que defiende los intereses de la sociedad y a cómo te lo presentan al caso. Y eso va más allá de lo que yo piense; el buen juez es el que dice: qué me presenta la víctima, qué me presenta el imputado, qué me presenta el fiscal. Por eso muchas veces una sentencia no pega socialmente. Yo pienso en ser lo más minucioso, lo más riguroso en cómo está presentado el caso, cuáles son los derechos afectados, qué dicen los precedentes. A esta altura, llevo ocho años como juez, firmé unas 20.000 sentencias… Lo que no puede hacer un juez es contradecirse sobre todo con su propio precedente. El juez no tiene que ser simpático con la sociedad, no es una función. Sí debe ser claro. En eso discrepo con muchos colegas: si no se entiende, tenés que explicar, tenés que ser claro, tenés que dar la caray hay una tendencia a que no, a estar ahí arriba y no explicar nada. Hay que bancar las situaciones, ese es el trabajo del juez. Nos pagan un buen sueldo.

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57 femicidios en el año, infancias huérfanas cada dos días: Informe mensual del Observatorio Lucía Pérez

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Según datos del Observatorio de violencia patriarcal Lucía Pérez, hubo 26 femicidios durante febrero, contabilizando un total de 57 en los dos primeros meses del año. Estos crímenes dejan, a la vez, un saldo de 35 infancias huérfanas. Si bien existe una ley que obliga al Estado a brindarles una protección integral económica, de acompañamiento y de acceso a la salud, desde que asumió la actual gestión no se otorgó ninguna: la Ley Brisa no se cumple. Los otros indicadores de la violencia patriarcal de este 2025: 43 intentos de femicidio, 15 desaparecidas, 595 funcionarios denunciados.

El cuerpo de Carolina Ríos, 43 años, fue encontrado por una de sus diez hijas. Maite y Carolina, las mayores, le pidieron luego a la prensa que difundiera este mensaje : “Necesitamos ayuda para poder criar, vestir y mandar a nuestros hermanitos a la escuela. Hoy estamos destruidas, y hacemos todo lo posible para seguir adelante y no quebrarnos ante nuestros hermanos menores». 

Tres días antes asesinaban a Ailén Oggero, de 32 años, delante de sus hijos de 11  y 4 años. El mayor fue quien avisó del crimen a los vecinos. 

A Otilia Cubilla Jara, de 65 años, también la encontró asesinada su propio hijo. 

Estos son solo tres de los 26 femicidios y travesticidios que ocurrieron durante febrero. 

Una síntesis de la violencia que marca los dos primeros meses del año:

Toda la información sobre cada uno de estos casos está disponible en la web del Observatorio Lucía Pérez, el primero y único autogestionado y público.

Una herramienta de información, análisis, debate y acción creada por nuestra cooperativa. 

www.observatorioluciaperez.org

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Trabajadores de Morvillo toman la fábrica tras el anuncio del cierre de la planta, que implica 200 despidos

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Una histórica empresa gráfica de Avellaneda -donde se imprimen títulos de la editorial Perfil como las revistas Caras y Noticias– anunció su cierre dejando a 200 trabajadores en la calle. Se enteraron por un comunicado pasadas las once de la noche del martes y la respuesta fue unánime: ingresaron a la imprenta e iniciaron una permanencia pacífica en defensa de los puestos de trabajo. El Ministerio de Trabajo bonaerense dictó la conciliación obligatoria pero la firma faltó a la audiencia. Los argumentos empresariales de caída de la producción y los argumentos obreros: “Somos las principales víctimas de esta situación”.

Por Lucas Pedulla

El obrero gráfico Enrique Andina terminó su jornada de trabajo en Anselmo Morvillo SRL a las 22 horas y se marchó a su casa, como todos sus compañeros, como todos los días. Muchos estaban llegando a sus hogares cuando pasadas las 23 horas les llegó un comunicado de la histórica imprenta, que terminaba de la siguiente manera:  

“Con una tristeza difícil de describir tenemos que contarles que ya no podemos seguir adelante. Sabemos acerca del impacto, no sólo económico, sino emocional que tiene para cada uno dejar parte de nuestra historia en el recuerdo, y los relatos que hemos compartido siempre con nuestras familias. Le dejamos a cada uno de ustedes, nuestra gratitud por su invaluable esfuerzo y el deseo de que todos puedan superar este trago amargo con la capacidad de levantarse que los caracteriza”.

El texto cerraba con esta firma: “La Dirección”.

Así como llegaron a sus casas, los obreros volvieron a la gráfica, ubicada en Avellaneda, municipio al sur del conurbano bonaerense. Andina contextualiza: “Somos 200 compañeros; yo tengo 17 años de trabajo y muchos tienen más de 30 y 40 años de antigüedad. En la pandemia vivimos una situación similar pero logramos mantener nuestras conquistas. Somos la gráfica que más cobraba dentro del gremio, pero esto fue imprevisto”.

La respuesta fue unánime: los trabajadores votaron la permanencia.

Avon, papel & toma

Anselmo Morvillo SRL inició sus actividades en 1974 desarrollando folletos cosméticos. En su página web cuentan que en 1988 incorporó la primera rotativa de tecnología de punta, “única en el país en esa época”, y sumó la segunda tres años después. Cuentan que crecieron más del 70% en la segunda década de los noventa y que hoy, en su planta de 13500 metros cuadrados de Avellaneda, los folletos comerciales representan un 70% de la producción, mientras que los trabajos editoriales significan el 30% restante. Andina cuenta que, entre las publicaciones, se encuentran títulos de la Editorial Perfil como las revistas Caras y Noticias.

En el comunicado que “la Dirección” les mandó a los obreros, a quienes se refirió como “queridos compañeros de tantos años”, la empresa expresó su posición:

  • “Hemos atravesado las reiteradas crisis económicas de nuestro país, los cambios en el mercado gráfico con la marcada implosión por el avance tecnológico y el comportamiento poco ético de algunos de nuestros colegas competidores”. 
  • “Fuimos golpeados por la Presentación en Concurso de algunos de nuestros clientes y por la Quiebra de nuestro cliente número dos, ARCA Distribuidores. Luego, a la escalada de precios internacionales de la mayoría de los insumos y repuestos, se le sumó la exigencia de pago anticipado del papel y la desaparición del crédito internacional. Todas situaciones que enfrentamos con mejor éxito que muchos de nuestros colegas”. 
  • “En el año 2014 RR Donelley cerró su planta de Argentina, en enero de 2016 AGR también cerró sus puertas, y en enero de 2020 IPESA cerró la mayor parte de su operación”. Una aclaración: tras el abandono empresarial, Donelley fue recuperada por sus trabajadores y trabajadoras y, hoy, es una cooperativa gestionada sin patrón.

La empresa describe un contexto “tan negativo” en el que inscribió la caída del 63% del volúmen de producción: “Avon, que como bien saben representa más de la mitad de nuestro trabajo, dejó de imprimir catálogos y mudó su comercialización a internet. Esto nos dejó en una situación económica y financiera terminal”.

Los trabajadores respondieron con la permanencia pacífica y otro comunicado que respondía los argumentos de la empresa: “Todos factores ajenos a la responsabilidad de los trabajadores, que somos las principales víctimas de esta situación”.

Gris de espera

Enrique Andina integra la Comisión Interna y explica: “Estamos en permanencia pacífica para preservar las fuentes de laburo. A lo largo del día se hizo presente el sindicato. Exigimos una presentación en el Ministerio de Trabajo y también hicimos un pedido de plenario de delegados para discutir con todos los delegados los pasos a seguir”.

El Ministerio de Trabajo bonaerense dictó la conciliación obligatoria pero la empresa no se presentó a la audiencia. “Está incumpliendo -dice Andina-. Mientras tanto, nosotros seguimos sin tener comunicación de la empresa. Tampoco atienden los teléfonos. La última comunicación oficial fue el comunicado de anoche. Eso deja un gris, porque estamos en la calle sin un mango, pero no hay un telegrama de despido ni nada”.

Los trabajadores tienen sólo rumores, desde un cierre definitivo hasta la posibilidad de la llegada de inversionistas “que reclaman despidos masivos”, según denuncian. “Se olfateaba que la situación venía rara, pero nadie pensó que todo fuera de esta manera -dice-. La convocatoria acá fue masiva, y agradecemos también que se acercaron de otras ramas, como médicos del Garrahan. La intención es difundir el conflicto y rodearlo de solidaridad para lograr lo que necesitamos, que es que la patronal se siente a discutir”.

Mientras esperan, en las próximas asambleas decidirán los pasos a seguir: “Es un golpe fuerte, pero uno tiene que estar fuerte, también, por la familia. La mayoría de los compañeros son sostén de hogar. Estamos dispuestas a lucharla hasta el final y no aflojarle hasta encontrar una solución, que es sostener las fuentes de trabajo con las mismas condiciones que teníamos hasta ayer antes de recibir el comunicado”.

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Juicio a la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu: absurdos sin pruebas

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Empezó el segundo proceso judicial a integrantes de la lof mapuche, a quienes se les endilga el delito de usurpación en la localidad de Villa Mascardi, en Bariloche, Río Negro. 

El juicio, a cargo del Tribunal Oral Federal de General Roca y que se realizará de manera virtual, tendrá 132 testigos que serán llamados a declarar y como mínimo, se espera que dure hasta abril. Expresan desde la comunidad: “Somos sometidos injustamente, acusados de usurpar nuestro propio territorio, el mismo que libremente caminaron nuestros kuifikecheiem (antepasados) cuando aún no existían alambrados, ni parques nacionales, ni ningún winka que con su ambición destructora mirara nuestra tierra”.

Para entender el conflicto hay que retroceder a 2017, cuando la lof inició la recuperación de su territorio a partir del levantamiento de una machi –guía espiritual y sanadora del pueblo mapuche–, y la construcción del rewe –un sitio sagrado de conexión con otras energías del espacio en donde la machi atendía a quien fuera a curarse–. La respuesta del Estado fue de terror: un operativo de desalojo comandado por la vigente ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que terminó con el asesinato de Rafael Nahuel, a manos del grupo Albatros de Prefectura, el 25 de noviembre de aquel 2017. Todo ese proceso derivó en el primer juicio contra la comunidad, donde fueron condenados siete mapuche.

Tiempo después del crimen de Rafita, la comunidad volvió al territorio hasta que en 2022, ya en el gobierno de Alberto Fernández, se ejecutó otro desalojo represivo.

En el juicio que arrancó hoy y continúa mañana, se juzga de la usurpación de distintos terrenos a Luciana Jaramillo, Yéssica Bonnefoi, Romina Rosas, Betiana Colhuan, Celeste Ardaiz Guenumil y Matías Santana. Se defienden desde la comunidad: “Nos encontramos frente a un contexto muy difícil alimentado por un sistema político y judicial perverso, que agudizó la persecución hacia el Mapuche con más violencia y encarcelamientos, con el fin de debilitarnos y quitarnos nuestro territorio”. 

El juez a cargo se llama Alejandro Silva y es el mismo que presidió el proceso por el fusilamiento de Rafael Nahuel y que condenó a sus responsables con penas ínfimas. 

Ataques

El contexto al que hacen referencia refiere a un gobierno que agudizó el hostigamiento preexistente hacia el pueblo mapuche, además de un avasallamiento de derechos a las 40 naciones originarias que habitan lo que hoy es Argentina. Algunos ejes de esa persecución: el desguace del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI); el decreto que barrió a la Ley de Emergencia Territorial Indígena (26.160) que mantenía la suspensión de los desalojos sobre tierras comunitarias de los pueblos originarios y que allanó el terreno para el desarraigo de la comunidad Paillako a principio de este año; y el señalamiento sin pruebas como causantes de los incendios en la Patagonia. Por citar un caso, Victoria Heredia Núñez, integrante de Lof Pillan Mahuiza, cumple arresto domiciliario desde el 12 de febrero acusada del incendio en la Estancia Amancay, en la localidad chubutense de Trevelin, pese a demostrar mediante georreferenciación que al iniciarse el fuego estaba a más de 90 kilómetros.

La gente de la comunidad frente a la policía durante una inspección ocular en octubre de 2023. Fotos: Jaime Carriqueo

Absurdos

La defensa de la comunidad está a cargo de la Gremial de Abogadas y Abogados. Uno de ellos, Gustavo Franquet, le dice a lavaca ni bien concluida la primera audiencia: “Esto comenzó en 2017 y estamos en 2025; llevamos más de 7 años donde se supone que juzgados de instrucción federal, fiscalías federales, fuerzas federales de investigación como Gendarmería, la Policía Federal y Prefectura investigaron a la comunidad y no pudieron conseguir elementos para acusarlos de otra cosa que no fuera usurpación, motivo por el que ni tendrían que estar en el banquillo. El Estado argentino, desde la Constitución de 1994, reconoce los derechos preexistentes de los pueblos originarios, por lo que no puede ni debe criminalizar el conflicto territorial; en una recuperación, no hay delito. Si esto fuera juzgado como corresponde, no pueden de ninguna manera condenar a nadie”.

En cuanto a cómo abrió el juicio, cuenta: “Sólo en un par de horas que duró, ya se cometieron varios despropósitos jurídicos, aunque estamos seguros que lo más horroroso de este juicio está por venir; vamos a escuchar cosas muchísimos más jodidas, hoy fue un precalentamiento”.

¿Qué despropósitos?

Entre las barbaridades que dijeron, hubo tres que no se pueden creer. 

A una de las mujeres, Yéssica Bonefoi, la quisieron acusar de la usurpación de una cabaña, que cuando la fiscalía pidió la elevación a juicio, ni se mencionó. Fue algo insólito, porque no pueden inventar elementos nuevos. Pidieron un cuarto intermedio y cuando volvimos retiraron ese planteo porque obviamente estaba fuera de lugar. Es tanta la voluntad de persecución, de acusación gratuita, que ni se fijaron en eso.

Un segundo despropósito es que cuando se produce lo que llaman la usurpación del ex Hotel Mascardi, una de las acusadas (la machi Betiana) seguía siendo menor. Por ley de minoridad, hay todo un proceso que en este caso no se cumplió cuando se acusa a menores de entre 16 y 18 años y que ahora imposibilita al juez a dictar sentencia contra ella. Como una cuestión lógica le exigimos al juez que no la someta al juicio, y en vez de aceptarlo, dijo que lo va a decidir al final del proceso. Algo totalmente absurdo y re victimizante para la machi.

Y un tercer punto que es la pretensión de la fiscalía y de las querellas de que consideren a la usurpación como un delito continuado. Se denomina con esta tipificación a delitos como la desaparición forzada, o un secuestro, pero no a una usurpación, que es un tipo específico de hurto o de robo, en este caso de un inmueble. Si alguien comete un robo, el delito es en ese momento, no continúa en el tiempo. Ahí hay otro absurdo.

Truchos

En 2022, antes del segundo desalojo a la comunidad Lafken Winkul Mapu, se incendió un trailer y un remolque de Gendarmería. Desde los gobiernos provinciales y nacionales se acusó al pueblo mapuche, al igual que de usurpar una cabaña. Recuerda Gustavo: “Ahí empezó toda esta farsa. Esa zona está protegida por fuerzas federales, pero señalaron a la lof y así allanaron el camino para desalojarlos”. 

Ese desalojo fue brutal, con más de 250 efectivos del Comando Unificado que irrumpieron en el territorio. Romina Rosas, una de las mapuche detenidas, estaba embarazada de ocho meses y fue golpeada y arrastrada por el piso; días después, parió a su bebé rodeada de policías. Celeste, decía esto de aquel 4 de octubre de 2022: “Me tiraron al suelo, a mí y a mi nena de 5 años. Nos apuntaron con el arma en la cabeza. Fue una cacería”.

Retoma Gustavo Franquet: “A las seis personas que están enfrentando el juicio jueces federales les dictaron su falta de mérito, porque no hay ningún elemento que los ligue a lo que se los acusa. Toda esta causa es trucha porque fue creada para criminalizar, para desalojar y para allanar a la comunidad. Y por ende, todo este juicio es trucho”.

Lafken, en mapudungún, significa espejo de agua. Winkul, espíritu guardián de la montaña. Y Mapu, tierra. Desde la lof Lafken Winkul Mapu, concluyen: “Seguimos llamando a la unión, a mantenernos fortalecidos en nuestro feientun (creencia) y esencia mapuche. A enfrentar al winka con nuestra verdad, por más que el aparato estatal utilice todos los medios a su alcance para difamarnos pretendiendo poner a la opinión pública en nuestra contra, con falsas acusaciones. Pero tenemos total confianza en la fortaleza de nuestro pueblo milenario que ha resistido y preservado el territorio a pesar de los atropellos”.

Juicio a la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu: absurdos sin pruebas

Matías Santana, la Machi Betiana, Luciana Jaramillo y Romina Rosas son cuatro de los seis acusados, durante la primera audiencia del juicio en su contra.

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