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Parar la olla: media sanción a la Ley de Emergencia Alimentaria

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La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de Emergencia Alimentaria tras una masiva movilización de movimientos al Congreso. La ley, que ahora pasa al Senado, expresa una demanda que las organizaciones reclaman hace tres años por el hambre creciente en los barrios. La medida dispone un incremento del 50% para las partidas de tres programas nacionales y a partir de 2020 actualiza trimestralmente esos créditos tomando como referencia la variación de precios de los alimentos. Cómo es la economía de los barrios. La participación de las mujeres en los movimientos. Y por qué la emergencia no es un eslogan político, sino una urgencia social.
En tan sólo un minuto Luisina corta diez panes, los abre, corta fetas de salame, corta fetas de queso, las acuesta con método científico sobre la miga y cierra el sánguche que vende a 40 pesos en medio de la Plaza de los Dos Congresos. Hay una fila de diez personas que aguarda con los billetes en la mano y con diversas pecheras: las blancas de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), las azules de Barrios de Pie, las oscuras de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), las violetas del Movimiento Evita, las rojas y negras del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL).
Luisina tiene 21 años y llegó a las 9 de la mañana desde Banfield y después de haber estado el miércoles en el acampe de las organizaciones sociales en el Ministerio de Desarrollo Social desde las ocho de la mañana hasta las cinco de la tarde. “Vengo a vender.  Estudio el profesorado de Educación Física en Banfield, el Gobierno no subsidia el boleto y no me queda otra que salir a rebuscarmelá. Vengo a trabajar para terminar mis estudios para no ser vendedora toda la vida», dice mientras reparte los sánguches y devuelve el vuelto.

Foto: Nacho Yuchark


En medio del debate por la Emergencia Alimentaria en Argentina, la imagen no es casual: “Vengo cuando puedo y lo que veo es lo de siempre: la precarización. Mucha gente que pasa hambre, que viene a pedir lo que más necesita, la comida más básica, muchísimas mujeres viniendo a buscar un plato de comida, y mamás que vienen a comer porque saben que es la única comida de todo el día. ¿Sabés por qué? Porque no les alcanza”.
Son las once de la mañana y faltan tres horas para la media sanción de la ley. La Plaza ya está llena.

Foto: Nacho Yuchark

No se banca más

Finalmente la Cámara de Diputados aprobó la media sanción a la Ley de Emergencia Alimentaria a las 15:08 con 222 votos afirmativos, cero negativos y sólo una abstención (la de Mónica Schlotthauer, diputada por Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda). “Hace tres años venimos peleando y saliendo a las calles por esta ley”, dice en la calle Natalia Llanos, 36 años, referente de Barrios de Pie en Ezeiza, al sur del conurbano bonaerense. La lucha de los movimientos se entiende desde la urgencia en los barrios.
Los puntos más importantes de la ley son:

  • Prorroga hasta 2022 la Emergencia Alimentaria Nacional decretada en 2002 por Eduardo Duhalde
  • Dispone un incremento de emergencia del 50% de crédito vigente (es decir, el presupuesto original más las modificaciones que sufrió en el año) correspondientes a los programas de Políticas Alimentarias y el Plan Nacional de Protección Social, ambos pertenecientes al Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación. Y también al Programa Pro Bienestar del PAMI (Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados).
  • Qué significa: de aprobarse en el Senado, sería un aumento de 10.000 millones de pesos.
  • A partir del 1 enero de 2020, y hasta que dure la emergencia, faculta al jefe de Gabinete a actualizar trimestralmente las partidas tomando como referencias mínimas el aumento de la variación porcentual del rubro “alimentos y bebidos no alcohólicas” del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y la variación de la Canasta Básica Alimentaria que elabora el INDEC.

Desde Ezeiza, Llanos explica concretamente qué significa esta demanda: “El hambre cada vez crece más. La gente pasa hambre. Punto. Tenemos un merendero que pasamos de 20 personas a 50. Todos los días. Es inmensa la cantidad de chicos que viene: a las familias no les alcanza para nada”.
Carolina, 32 años, de la CCC de Almirante Brown, también sur del conurbano, suma, junto a sus compañeras de Alejandro Korn y Guernica: “En nuestros barrios faltan cloacas, falta asfalto, cuando llueve se inunda todo, y el hambre sólo aumento. En nuestros comedores pasamos de 20 a casi 200 chicos por día. No sé cómo se responde a eso. Sólo me sale decirte que así”.
-¿Así cómo?
-En la calle.

Foto: Nacho Yuchark

La economía según Laferrere

El debate se produjo con una movilización masiva de los movimientos en el Congreso y con el acampe que otras organizaciones sostienen desde el miércoles en el Ministerio de Desarrollo Social, donde fueron reprimidos por efectivos de la Infantería de la Policía de la Ciudad. Esas organizaciones –Polo Obrero, el FOL, el Movimiento Teresa Rodríguez y el otro sector de Barrios de Pie- anunciaron que el acampe seguirá por 48 horas hasta tener una respuesta de la ministra Carolina Stanley.
Elizabeth tiene 31 años y dos hijos de 3 y de 2. Está al frente del comedero Awka Liwen, que abrió hace cinco meses después de trabajar durante años en el barrio Aeroclub, en Laferrere, en La Matanza, y hace poco se sumó a Barrios de Pie-Somos por una urgencia que cada día la inquietaba más. “Mirá: abrimos con 7 chicos y hoy son 40 familias que vienen todos los días. Porque cuando hablamos de Emergencia Alimentaria, no es un slogan: hablamos de chicos que no tienen pan en la casa, que vienen todos los días porque el viejo o la vieja no tiene para llenarle el plato. Hablamos de esa urgencia para que los pibes no terminen consumiendo pasta base en los barrios. Muchas madres se acercan a pedir ayuda, y no es casual que sean mujeres: tenemos otra mirada socioeconómica”.
-¿Cuál es?
-Son las que llevan adelante la casa. Y, además, las más sensibles a todo lo que pasa respecto a las necesidades. Por eso, también, estamos tomando otro protagonismo. Salimos a las calles cuando antes nos quedábamos calladas. Hoy sentimos la necesidad de gritar. Y, desde ahí, buscar un mejor futuro para nuestros pibes. Yo no me fijo en la economía del dólar, porque si bien influye en los precios, en mi casa consumo en pesos. Es desde ahí: saber que ya no te rinde ni alcanza. Por eso también se ve mucho más esa economía en el movimiento social: hay otra mirada.

Foto: Nacho Yuchark

Romper el slogan

Esa otra mirada la expresa también Milca Sosa, responsable del Movimiento Evita en Tigre, que llegó con 250 compañeras , pero aclara que la lucha por la ley viene hace años. “Es una necesidad que no se puede negar. Una urgencia que el gobierno negó y hoy cede por la unidad que se dio en todos los sectores, por la presión que viene sintiendo y porque está de salida. El gobierno está quebrado”.
-¿Y qué queda en los barrios?
En los barrios, vemos la necesidad de nuestras compañeras de poder multiplicar lo que hacen todos los días en centros comunitarios, comedores y merenderos. Vale aclarar que todos esos eran espacios culturales y comunitarios que se transformaron en copas de leche o merenderos, donde tuvimos que atender la urgencia y dejamos de lado situaciones de fondo en estos últimos años. La comida no alcanza, y ahí la Emergencia Alimentaria no es un slogan como plantean los funcionarios, sino una realidad concreta donde no hay trabajo para comprar comida. Hablamos de familias enteras. La emergencia es eso: una familia que no tiene un plato de comida para llevar a la casa. Y ahí somos las mujeres. Siempre fuimos puntas de lanza. Las que nos hacemos cargo en las familias, de nuestros pibes, de los espacios comunitarios y quienes paramos la olla popular en la calle.

Foto: Nacho Yuchark


-¿Cómo se entiende ese crecimiento junto a los movimientos como actor central estos años?
-No había política que nos representara. Hubo una representatividad política que se perdió y así se pudo construir desde los sectores populares y desde la necesidad que hizo que nos unifiquemos todos los sectores. Fue un botón de muestra para sectores que estamos peleando por lo mismo.
-¿Y cómo ves ese tejido de cara a lo que viene?
-Sea lo que sea, está construcción se tiene que profundizar, incluso en una nueva propuesta política que el Gobierno que asuma la tome y pueda representarla en políticas públicas bien concretas. En tanto nuevo sujeto social que surge y emerge, necesitamos condiciones para vivir un poco mejor.

Foto: Nacho Yuchark

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Por qué Laje no puede volver a la TV

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A un mes de que Periodistas Argentinas presentara el “Informe América” ante cinco organismos del Estado, la colectiva volvió a pronunciarse públicamente con un nuevo comunicado. “Consideramos necesario y prioritario esperar los resultados de este proceso antes de que el denunciado Antonio Laje regrese a la pantalla. Hemos logrado que se articule un equipo de trabajo que está elaborando una propuesta integral y unificada y que tres organismos inicien formalmente la investigación de los hechos denunciados”, dice el texto. La colectiva, integrada por más de 200 periodistas de todo el país, dijo también que “en este contexto, ignorar esta realidad representaría no respetar los canales de diálogo y búsqueda de soluciones que hemos abierto en los organismos específicos y oficiales que deben intervenir en estos temas para determinar responsabilidades y derechos en forma equilibrada y lo más justa posible”.

El Informe América, que recoge más de 20 denuncias de trabajadoras y trabajadores de la comunicación y que prestaron sus servicios en América TV, fue presentado en la Dirección de Violencia Laboral del Ministerio de Trabajo. La oficina, a cargo de Patricia Sáenz, citó a la empresa, que asistió a la reunión representada por el jefe del Departamento de Legales y dos personas de Recursos Humanos. Los presentes recibieron copia del informe y se les otorgó un plazo de 10 días para responderlo, al mismo tiempo que se labró un acta en la que se comprometieron a no tomar represalias contra las y los trabajadores de ese canal. El plazo vence el próximo lunes.

También fue presentado ante el Inadi que evaluó y dio trámite a la denuncia. El organismo público, a cargo de Victoria Donda emitió un comunicado el 25 de enero: “Las descripciones de los casos son alarmantes y de comprobarse representan graves denuncias sobre el maltrato laboral tipificado por ley”. Además de lo que dijo públicamente convocó a que el Poder Ejecutivo reglamente de forma urgente la Ley de Equidad. El procedimiento iniciado incluyó una reunión de mediación y de fracasar, un dictamen que –si corresponde- inicia una denuncia judicial.

La Defensoría del Público fue otro de los organismos en recibir la denuncia. Algunas de las denunciantes fueron recibidas por Miriam Lewin, a cargo de la Defensoría, quien respaldó y argumentó jurídicamente el pedido de derecho a réplica de Periodistas Argentinas que el canal negó. Además propuso formalmente realizar una reunión entre las partes.

“Consideramos que respetar los tiempos de estas instancias de diálogo es fundamental para lograr una solución”, termina el comunicado de Periodistas Argentinas.

El informe

“En palabras de las víctimas, no pedimos mucho: solo queremos hacer periodismo sin llorar”, dice el informe que presentó Periodistas Argentinas. “Varios directores de cámara pidieron no trabajar más en ese horario porque no aguantaron el maltrato que se vivía», apuntan. «Por la disposición del control, se sientan pegados a la productora ejecutiva. Escuchaban los maltratos constantes hacia los panelistas, los productores, los movileros. Además hablaban mal de quienes estaban al aire, por ejemplo, si estaba un movilero hablando, la productora le hacía comentario por la cucaracha a Laje del estilo ‘qué se puso esta gorda ridícula y cosas así’. Laje se reía cómplice. Se generaba un clima de terror. Además cuando algo no le gustaba o no era de su línea editorial o política se ponía a gritar en el piso, se levantaba del aire y abandonaba el estudio. Todo esto pasaba mientras alguien hablaba en vivo en la otra punta del estudio, por ejemplo. Los directores tenían que hacer malabares para que no se note al aire y los columnistas debían seguir a pesar del escándalo que sucedía en el estudio”.

Otro de los testimonios es aun más fuerte: “Durante un año, mientras trabajaba en el horario de Laje, tuve dolores de cabeza todos los días por el stress, el maltrato y la presión. Un día, mientras estaba armando el programa, se me nubló la vista y no podía ver la computadora. Me asusté y me encerré en el baño. Estuve ahí como una hora hasta que se me pasó. Consulté con varios especialistas hasta que me dieron el diagnóstico. Pude cambiar el horario para no estar más en ese equipo y no sufrí más los dolores de cabeza ni los problemas de vista. Cuando pedí el cambio de horario no dije que era por un problema médico: si decías eso lo tomaban como un síntoma de debilidad”.

En el informe también se señala que el 2 de julio de 2021 el Estado argentino completó el trámite de suscripción -que demoró varios años- del Convenio 190 de la OIT que establece: “La expresión «violencia y acoso» en el mundo del trabajo designa un conjunto de comportamientos y prácticas inaceptables, o de amenazas de tales comportamientos y prácticas, ya sea que se manifiesten una sola vez o de manera repetida, que tengan por objeto, que causen o sean susceptibles de causar, un daño físico, psicológico, sexual o económico, e incluye la violencia y el acoso por razón de género”. Obliga al Estado a implementar una serie de medidas y controles para garantizar un ambiente laboral libre de violencias. El Poder Ejecutivo todavía adeuda su reglamentación.

El 8 de julio de este mismo año el Parlamento aprobó la Ley de Equidad en Medios que obliga a los medios públicos a implementar un protocolo contra violencias en el ámbito laboral y establece un incentivo a los medios privados para estimular que garanticen un ambiente laboral libre de violencias. El Poder Ejecutivo todavía adeuda su implementación. «Exigimos también la prórroga del decreto que suspende el despido de trabajadoras y trabajadores. Exigimos que estas normas esenciales para poner fin a esta trama de maltratos estén vigentes y activas en forma urgente y prioritaria”, dicen desde la colectiva.

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Memoria, verdad y un nuevo reclamo de justicia a 3 años sin Carla Soggiu

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A 3 años del femicidio de Carla Soggiu su familia realizó un ritual junto a un mural con la cara de la mujer asesinada por su ex pareja, que no fue juzgada por el crimen por decisión del fiscal César Troncoso. Recordaron así y ahí, en Nueva Pompeya, los alertas que Carla le hizo a un Estado que no la protegió de la violencia machista ni la encontró cuando se encontraba desaparecida. La causa por el femicidio fue investigada recientemente por MU: lo que el expediente oculta y tergiversa, y lo que devela sobre la falta de funcionamiento del sistema de botón antipánico. Una historia que demuestra paso a paso cómo lo judicial puede encubrir la responsabilidad estatal y archivar procesos, convalidando la impunidad.

En uno de los límites de esta ciudad infinita está el mural que recuerda a Carla Soggiu sonriendo. “Madre, hija y vecina del barrio Nueva Pompeya” proclama con delicadas letras esta pared pintada que hoy da lugar a una ceremonia de dolor y memoria. “A esta hora empezó el infierno” dirá Roxana, la mamá, en este sábado de calor asfixiante. Señala entonces la esquina para marcar el lugar donde Carla activó por primera vez el botón antipánico que el Poder Judicial le entregó para protegerla. No funcionaba.

Aquel 15 de enero de hace ya tres años Carla pidió ayuda cinco veces y cada vez el patrullero policial llegó a la casa de la familia Soggiu preguntando dónde estaba. Comprendieron así, cruelmente, que Carla estaba en peligro y que nadie podía ayudarla. Cuatro días después un trabajador de limpieza encontró su cuerpo en el Riachuelo, que en ese límite es apenas unas cuadras.

Días antes Carla había sido torturada y violada por su pareja, con su hija de 2 años como testigo. Cuando logró escapar presentó una denuncia: fue la que originó la entrega del botón, una medida de protección que en esta ciudad portan tres mil mujeres al año.

La pareja de Carla fue condenada por esos delitos, pero la causa por su femicidio fue archivada: el fiscal César Troncoso consideró que no había delito alguno que investigar. Haber sido golpeada y violada días antes, soportar golpes en la válvula que calmaba su hidrocefalia, pedir ayuda a través de un dispositivo inútil, entre otras tantas de violencias, no son considerados por el fiscal como indicios de una trama que une ambas causas. La familia de Carla se enteró del archivo hace apenas unos días y de casualidad y ahí está ahora, parada frente al mural, clamando ayuda porque contra tanta injustica “solos no podemos”.

A su lado están Susana y Daniel, padres de Cecilia Basaldúa, víctima también de un femicidio y de un Poder Judicial cómplice de la impunidad. Está su tía y su primo y una vecina con su hijita y en ese abrazo la familia de Carla encuentra la fuerza para recordar sin lágrimas lo que necesitan: justicia. La exigen por sus nietos que todavía no accedieron a la pensión a la que tienen derecho según la Ley Brisa. Tras reclamos y trámites solo tuvieron una Asignación Universal por Hijo. Un abogado les cobró 40 mil pesos para renovarla, pero el trámite no lo completó y quedó nulo. De eso también se enteraron hace apenas unos días y de casualidad, cuando acudieron a la Defensoría General a pedir ayuda y se encontraron allí con la abogada que asistió a Carla en su primera denuncia. Ella los ayudó a solicitar la renovación del subsidio, pero en esta tarde de infierno Roxana cuenta que ya pasaron los 10 días previstos y la asistente social que debía visitarlos para darles la aprobación nunca llegó, así que tendrán que seguir esperando a ese Godot que es la justicia en Argentina. Mientras, el sustento sigue dependiendo de la espalda de Alfredo, que hace años trabaja en la misma empresa cumpliendo tareas de carga y descarga. Lo ayudan dándole horas extras: más peso.

En esta tarde de dolor y memoria hay flores y globos violetas, el color preferido de Carla, que su madre suelta para que rueden por las calles silenciosas del barrio de Nueva Pompeya. Docenas de globos mecidos por la brisa ardiente que anticipa una tormenta. Ahí quedan, en ese límite y a la espera.

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Lo que falta: 16va Carta al Presidente de Familiares Sobrevivientes de femicidios

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A plena luz del sol y en un centro desolado, las familias que componen el grupo Familiares Sobrevivientes de Femicidios se reunieron en Plaza de Mayo para dejar por vez número 16 una carta al Presidente Alberto Fernández, pidiendo que los reciba, exigiendo justicia por sus hijas y acercando medidas concretas para que eso suceda.

En la jornada de hoy estuvieron presentes Daniel y Susana, papá y mamá de Cecilia Basaldúa, asesinada en Capilla del Monte, Córdoba; Marta y Guillermo, padre y madre de Lucía Pérez, asesinada en Mar del Plata; y Analía Romero, mamá de Camila Flores, asesinada en Santa Fe.

En todos los casos estas familias debieron trasladarse hasta Plaza de Mayo; recorrido que significa a la vez que las causas que se tramitan por las muertes de sus hijas distan muchos kilómetros de la Casa Rosada; distancia que garantiza la impunidad, ya que facilita las trabas judiciales y las tramas territoriales; y complica el acceso a la justicia como un derecho para familias que no cuentan con recursos para viajar ni para sostener abogados ni peritos.

Así lo denuncia la mamá de Camila Reyes:

Así reclama Guillermo Pérez, papá de Lucía, que Alberto Fernández los reciba:

Estas son las fotos de algunas de las jóvenes asesinadas por la violencia machista, cuyas causas siguen impunes:

Estas son las cartas que entregan las familias al Presidente cada segundo miércoles del mes:

Esta es el informe que junto a las cartas las familias entregaron en la Rosada, un diagnóstico y una muestra de lo que falta para lograr un Nunca Más de la violencia patriarcal, de la que el Estado es parte:

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La última Mu: Movete

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