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Estremecedor informe de la Sociedad Argentina de Pediatría: efectos de los agrotóxicos en la salud infantil

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Las palabras recorren el texto: cáncer, disrupción endócrina, enfermedades neurodegenerativas, trastorno del neurodesarrollo infantil, malformaciones congénitas, tumores cerebrales, disfunciones del sistema nervioso central, autismo, trastornos de conducta, leucemia, hipotiroidismo, asma bronquial, trastornos reproductivos.

Es apenas parte de una lista impactante que representa un diagnóstico del presente.

El informe Efectos de los agrotóxicos en la salud infantil (171 páginas) de la Sociedad Argentina de Pediatría, fue elaborado por su Comité de Salud Ambiental, a través de un equipo que reunió a doce profesionales (científicxs, investigadorxs, pediatras, toxicólogxs, sociólogxs, ingenierxs agrónomos). Despliega pruebas, explicaciones e hipótesis sobre lo que en algún momento se califica como “desastre ambiental” y el modo en el que los “agros tóxicos” (así los nombran en varios pasajes) impactan en la infancia, definida como población de mayor vulnerabilidad frente a la exposición a los pesticidas de diverso tipo.

Ejemplo: en Argentina se utilizan 107 plaguicidas prohibidos en otros países, además de haber incrementado exponencialmente su utilización que pasó de 3 a 12 litros por hectárea, y de 100 a 520 millones de litros en todo el país en las últimas dos décadas. El promedio indica que cada habitante está expuesto a más de 11 litros de agrotóxicos por año, pero en zonas fumigadas esa cifra puede superar los 100 litros de exposición y contacto anual. El ejemplo en Monte Maíz, Córdoba, revela 121 litros por persona de agrotóxicos, 80 de los cuales son de glifosato. Otro aspecto novedoso del informe es la descripción detallada de los diferentes y más utilizados plaguicidas (glifosato, glufosinato, 2,4D, atrazina, clopirifos, entre otros) lo cual permite comprender la lógica del daño que causan, que no depende del modo de aplicación ya que su propia química los hace pasibles de derivas que impregnan suelos, aguas, el aire y hasta la lluvia, tal como lo refleja el informe.

Todo el trabajo está basado en una vastísima bibliografía e investigaciones argentinas e internacionales. Como “Objetivo General” se propone “concientizar a los trabajadores de la salud infantil y proveer información a la comunidad médica y a la sociedad en general sobre la problemática de los agros tóxicos y el efecto de los plaguicidas en la salud infantil”.

A la vez, busca soluciones: “Promover medidas de resguardo a la exposición a agros tóxicos que garanticen el derecho a la salud y a un ambiente sano a todos los niños que residen en el territorio nacional”. Promueve la confección de Registros médicos ambientales, facilitando una Hoja Verde de diagnóstico ambiental para que pueda agregarse a la historia clínica de cada paciente. El fundamento: “Según la Organización Mundial de la salud (OMS), más del 40% de la carga mundial de morbilidad infantil se atribuye a factores de riesgo ambiental y afectan a niños menores de cinco años que representan alrededor del 10% de la población mundial. Cada año más de 3.000.000 de niños menores de 5 años mueren en el mundo – especialmente en zonas subdesarrolladas- por causas y afecciones relacionadas con el ambiente”.

A falta de datos nacionales y provinciales (cuya ausencia muestra una falencia de fondo frente a un problema de esta magnitud) aparecen datos locales, como los aportados por la investigación en Monte Maíz, Córdoba, coordinada por el pediatra Medardo Ávila Vázquez. «Los resultados preliminares fueron alarmantes: la población de Monte Maíz tiene cinco veces más casos de cáncer que los estimados en la OMS, un 25 por ciento más de problemas respiratorios tipo asma y casi cinco veces más de abortos espontáneos». Aquella investigación realizada en 2014 reveló, además, que «la población también registra el doble de casos de diabetes tipo II y de hipotiroidismo que las estadísticas medias y casi tres veces más frecuencia de colagenopatías (enfermedades inflamatorias del tipo autoinmunes)».

Algunos de los capítulos del informe:

“Definición y características de los agrotóxicos”.

“Utilización y exposición a plaguicidas, su efecto en la salud”. 

“Salud infantil y exposición a pesticidas en Argentina”.

“Agrotóxicos y neurodesarrollo”. 

“Efecto de los agrotóxicos en el desarrollo embrionario y en el sistema nervioso infantil”.

“Toxicidad de los herbicidas”.

El trabajo brinda además una valiosa  guía de los Laboratorios de Toxicología en todo el país, para que pediatras y personal relacionado con la salud sepan a qué lugares acudir.

¿Distancia física o distancia social?

La coordinación del informe estuvo a cargo de María Gracia Caletti, pediatra nefróloga, vocal de la SAP y asesora del Hospital Garrahan. Señala que el trabajo se realizó en plena pandemia, respetando el distanciamiento físico: “Decimos que cumplimos con el “distanciamiento físico” pero no, como se dice “el distanciamiento social”, porque la comunicación y el sentido de equipo se mantuvo muy presente entre nosotros en todo momento. Sin este acercamiento social no hubiéramos podido terminar este documento”, escribe la doctora Calletti. Completaron el equipo que preparó el trabajo la Dra. Florencia Arancibia (Socióloga, Investigadora del Conicet en la Universidad de San Martin), el Dr. Medardo Ávila Vázquez (médico pediatra y neonatólogo, docente Facultad de Ciencias Médicas de UNC. coordinador de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados), Dr. Ignacio Bocles (médico, docente de la Cátedra de Embriología de la Facultad de Medicina de la UBA), Dr. Pablo Cafiero (pediatra del Desarrollo, jefe de Clínica del Servicio de Clínicas Interdisciplinarias, Hospital Garrahan), Ing. Javier Souza Casadinho (ingeniero agrónomo, magister en Metodología de la Investigación, experto en plaguicidas y agroecología, UBA), Dr. Martin Dahuc (médico, miembro del Instituto de Salud Socio ambiental de la Universidad de Rosario), Dra. Marisa Gaioli (pediatra, especialista en Salud Ambiental, Hospital Garrahan. Secretaria del Comité de Salud Ambiental de la Sociedad Argentina de Pediatría), Dra. Marta Maria Méndez (médica Toxicóloga, Servicio de Toxicología del Hospital Posadas), Dr. Damián Markov (pediatra, miembro del Comité de Salud Ambiental de la SAP), Dr. Alejandro Vallini (pediatra, miembro del Instituto de Salud Socioambiental de la Universidad de Rosario), Dr. Damián Verzenassi (médico especialista en Medicina Legal. Director del Instituto de Salud Socio Ambiental de la Universidad de Rosario. Director de la Carrera de Medicina de Universidad Nacional del Chaco Austral).

Un tramo del trabajo presentado por la SAP describe: “En ámbitos médicos prima el desconocimiento o la indiferencia frente a esta problemática. Involucrarse es el primer paso para frenar este desastre sanitario y ambiental, del cual los niños son una de las principales víctimas”.

¿Quiénes son los más vulnerables?

Algunos párrafos permiten comprender la dimensión del problema.

  • «En nuestro país hay escasa información epidemiológica local sobre la salud de pueblos sometidos a fumigación sistemática producida por instituciones sanitarias». (El documento plantea por eso la necesidad de realizar y profundizar investigaciones que permitan reunir datos para visibilizar una situación que corporaciones, medios y Estado han preferido ignorar).
  • “Los niños presentan una vulnerabilidad particular a las exposiciones ambientales a plaguicida, en relación a su mayor superficie corporal, mayor exposición y tasa de absorción por todas las vías, la presencia de succión no nutritiva y por vía de lactancia materna. Lo cual, sumado a lo restringido de su dieta, hace que en los primeros cinco años, acumulará el 50% de la exposición a plaguicidas, que recibirá en toda su vida”.
  • Diferentes estudios, en niños, han demostrado que la exposición prenatal a pesticidas a bajas dosis, ha sido asociada con efectos sobre el neurodesarrollo. Trastornos como déficits de atención, hiperactividad, trastornos de aprendizaje, autismo y trastornos de conducta, han sido asociados a exposición a plaguicidas. Estas consecuencias inciden directamente, en la calidad de vida de los pacientes, así como en los costos de salud”.
  • “Existe evidencia, proveniente de estudios epidemiológicos, que sugiere que la exposición a plaguicidas está relacionada con la presencia de enfermedades neurodegenerativas tales como la Enfermedad de Alzheimer y la Enfermedad de Parkinson”.
  • “Así, si las neuronas del cerebro de un infante son destruidas por pesticidas, si el desarrollo reproductivo es desviado por disruptores endocrinos, o si el desarrollo del sistema inmune es alterado, la disfunción resultante puede ser permanente e irreversible”.
  • “La relación entre la exposición a pesticidas y tumores cerebrales es biológicamente plausible ya que muchos pesticidas tienen acción específicamente neurotóxica”.12

12 recomendaciones

El trabajo, que abre una instancia de debate fundamental para los temas socioambientales de la época, plantea además 12 propuestas bajo el siguiente título: “Recomendaciones para que los profesionales de la salud estén más informados y preparados para diagnosticar, tratar, asesorar y fundamentalmente prevenir la exposición de la población infantil a estos variados agentes tóxicos”.

1. Familiarizarse con los signos y síntomas clínicos de la intoxicación aguda de la mayoría de los pesticidas.

2. Tener la capacidad de traducir el conocimiento clínico sobre los riesgos de los pesticidas en una historia de exposición apropiada.

3. Familiarizarse con los efectos subclínicos de la exposición crónica y las rutas de exposición de la mayoría de los pesticidas.

4. Conocer cuáles son los recursos localmente disponibles para el manejo de la

intoxicación aguda y para la exposición crónica a bajas dosis.

5. Entender la utilidad y las limitaciones de la información de los compuestos químicos en las etiquetas de los pesticidas comerciales.

6. Preguntar a los padres sobre el uso doméstico y ocupacional de los plaguicidas, para ayudarlos a determinar la necesidad de implementa.

7. Promover oportunamente la transformación a sistemas agroecológicos en los

territorios que habita. Recomendar asesoramiento a los productores.

8. Proveer herramientas a sus pacientes y familias para identificar alimentos no solo nutritivos, sino también seguros. Ayudar a identificar potenciales ingestas crónicas de distintas dosis de veneno en productos comestibles.

9. Recomendar el progresivo uso de productos de riesgo mínimo, prácticas de almacenamiento y métodos seguros de aplicación (equipo de protección personal, por ejemplo).

10. Trabajar junto a escuelas y agencias gubernamentales para fomentar la aplicación de pesticidas menos tóxicos y manejo integrado de plagas.

11. Promover el derecho de la comunidad a conocer los compuestos y procedimientos usados en la fumigación en espacios públicos.

12. Promover la educación en todos los niveles en materia de agrotóxicos y utilizar ese conocimiento para implementar estrategias preventivas en la comunidad.

El informe completo

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Memoria, verdad y un nuevo reclamo de justicia a 3 años sin Carla Soggiu

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A 3 años del femicidio de Carla Soggiu su familia realizó un ritual junto a un mural con la cara de la mujer asesinada por su ex pareja, que no fue juzgada por el crimen por decisión del fiscal César Troncoso. Recordaron así y ahí, en Nueva Pompeya, los alertas que Carla le hizo a un Estado que no la protegió de la violencia machista ni la encontró cuando se encontraba desaparecida. La causa por el femicidio fue investigada recientemente por MU: lo que el expediente oculta y tergiversa, y lo que devela sobre la falta de funcionamiento del sistema de botón antipánico. Una historia que demuestra paso a paso cómo lo judicial puede encubrir la responsabilidad estatal y archivar procesos, convalidando la impunidad.

En uno de los límites de esta ciudad infinita está el mural que recuerda a Carla Soggiu sonriendo. “Madre, hija y vecina del barrio Nueva Pompeya” proclama con delicadas letras esta pared pintada que hoy da lugar a una ceremonia de dolor y memoria. “A esta hora empezó el infierno” dirá Roxana, la mamá, en este sábado de calor asfixiante. Señala entonces la esquina para marcar el lugar donde Carla activó por primera vez el botón antipánico que el Poder Judicial le entregó para protegerla. No funcionaba.

Aquel 15 de enero de hace ya tres años Carla pidió ayuda cinco veces y cada vez el patrullero policial llegó a la casa de la familia Soggiu preguntando dónde estaba. Comprendieron así, cruelmente, que Carla estaba en peligro y que nadie podía ayudarla. Cuatro días después un trabajador de limpieza encontró su cuerpo en el Riachuelo, que en ese límite es apenas unas cuadras.

Días antes Carla había sido torturada y violada por su pareja, con su hija de 2 años como testigo. Cuando logró escapar presentó una denuncia: fue la que originó la entrega del botón, una medida de protección que en esta ciudad portan tres mil mujeres al año.

La pareja de Carla fue condenada por esos delitos, pero la causa por su femicidio fue archivada: el fiscal César Troncoso consideró que no había delito alguno que investigar. Haber sido golpeada y violada días antes, soportar golpes en la válvula que calmaba su hidrocefalia, pedir ayuda a través de un dispositivo inútil, entre otras tantas de violencias, no son considerados por el fiscal como indicios de una trama que une ambas causas. La familia de Carla se enteró del archivo hace apenas unos días y de casualidad y ahí está ahora, parada frente al mural, clamando ayuda porque contra tanta injustica “solos no podemos”.

A su lado están Susana y Daniel, padres de Cecilia Basaldúa, víctima también de un femicidio y de un Poder Judicial cómplice de la impunidad. Está su tía y su primo y una vecina con su hijita y en ese abrazo la familia de Carla encuentra la fuerza para recordar sin lágrimas lo que necesitan: justicia. La exigen por sus nietos que todavía no accedieron a la pensión a la que tienen derecho según la Ley Brisa. Tras reclamos y trámites solo tuvieron una Asignación Universal por Hijo. Un abogado les cobró 40 mil pesos para renovarla, pero el trámite no lo completó y quedó nulo. De eso también se enteraron hace apenas unos días y de casualidad, cuando acudieron a la Defensoría General a pedir ayuda y se encontraron allí con la abogada que asistió a Carla en su primera denuncia. Ella los ayudó a solicitar la renovación del subsidio, pero en esta tarde de infierno Roxana cuenta que ya pasaron los 10 días previstos y la asistente social que debía visitarlos para darles la aprobación nunca llegó, así que tendrán que seguir esperando a ese Godot que es la justicia en Argentina. Mientras, el sustento sigue dependiendo de la espalda de Alfredo, que hace años trabaja en la misma empresa cumpliendo tareas de carga y descarga. Lo ayudan dándole horas extras: más peso.

En esta tarde de dolor y memoria hay flores y globos violetas, el color preferido de Carla, que su madre suelta para que rueden por las calles silenciosas del barrio de Nueva Pompeya. Docenas de globos mecidos por la brisa ardiente que anticipa una tormenta. Ahí quedan, en ese límite y a la espera.

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Lo que falta: 16va Carta al Presidente de Familiares Sobrevivientes de femicidios

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A plena luz del sol y en un centro desolado, las familias que componen el grupo Familiares Sobrevivientes de Femicidios se reunieron en Plaza de Mayo para dejar por vez número 16 una carta al Presidente Alberto Fernández, pidiendo que los reciba, exigiendo justicia por sus hijas y acercando medidas concretas para que eso suceda.

En la jornada de hoy estuvieron presentes Daniel y Susana, papá y mamá de Cecilia Basaldúa, asesinada en Capilla del Monte, Córdoba; Marta y Guillermo, padre y madre de Lucía Pérez, asesinada en Mar del Plata; y Analía Romero, mamá de Camila Flores, asesinada en Santa Fe.

En todos los casos estas familias debieron trasladarse hasta Plaza de Mayo; recorrido que significa a la vez que las causas que se tramitan por las muertes de sus hijas distan muchos kilómetros de la Casa Rosada; distancia que garantiza la impunidad, ya que facilita las trabas judiciales y las tramas territoriales; y complica el acceso a la justicia como un derecho para familias que no cuentan con recursos para viajar ni para sostener abogados ni peritos.

Así lo denuncia la mamá de Camila Reyes:

Así reclama Guillermo Pérez, papá de Lucía, que Alberto Fernández los reciba:

Estas son las fotos de algunas de las jóvenes asesinadas por la violencia machista, cuyas causas siguen impunes:

Estas son las cartas que entregan las familias al Presidente cada segundo miércoles del mes:

Esta es el informe que junto a las cartas las familias entregaron en la Rosada, un diagnóstico y una muestra de lo que falta para lograr un Nunca Más de la violencia patriarcal, de la que el Estado es parte:

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Infeliz año nuevo: trabajadores de alfajores La Nirva con orden de desalojo

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“Resuelvo: disponer el lanzamiento de los ocupantes de la planta fabril deudora ubicada en laa calle Dorrego Nº854, Lomas del Mirador, La Matanza, Provincia de Buenos Aires y restituir la posesión de la misma a la concursada”.

El fallo lleva la firma del juez nacional en lo Comercial Fernando D’Alessandro, está fechado el 30 de diciembre, y precisa dos aclaraciones: cuando se lee “lanzamiento” debe entenderse “desalojo” y “ocupantes” a 57 familias de la tradicional fábrica de alfajores La Nirva que recuperaron sus fuentes de trabajo en plena pandemia después de la estafa de los exdueños Matías Paradiso y Marcelo Iribarren. Las familias pusieron las máquinas a producir nuevamente luego de conformarse en una cooperativa de trabajo, y así trabajaron este año y medio pandémico hasta recibir el fallo previo al año nuevo.

“Estamos laburando muy bien”, dice a lavaca Marcelo Cáceres, presidente de la cooperativa. “En este último tiempo estábamos con pan dulces y muchos proyectos de ampliar la máquina de galletitas y alfajores, de inaugurar una línea más: estamos en crecimiento. El síndico ya había venido a revisar la fábrica y quedó sorprendido de lo bien que estaba. La decisión nos lleva a pensar que hubo un arreglo político con plata de por el medio, porque el juez no se fijó en esto, y directamente decretó el desalojo”.

La decisión, por ahora, no tiene fecha, pero las familias sí están en alerta y la noche de año nuevo reforzarán la presencia de guardia en la fábrica.

Dice Cáceres: “Vamos a aguantar la que se venga”.

Compartimos la nota de MU sobre la recuperación de la empresa.

Triple sabor: La Nirva, recuperada por sus trabajadorxs

Luego de estafas patronales, amenazas de la Bonaerense y dos meses en la calle durante la pandemia, la popular fábrica de alfajores de La Matanza se hace cooperativa. La autogestión como salida ante la crisis. Por Lucas Pedulla.

(publicada en julio 2020)

Después de trabajar 20 de sus 42 años en el control de la máquina de chocolate de La Nirva, Lorena Pereyra se encontró en pleno aislamiento social, preventivo y obligatorio enviándole al dueño una foto de su tupper en la olla popular que cocinaban al frente de la empresa, con un mensaje: “Mirá a lo que llegué”. La foto era la misma para cada una de las 65 familias que desde el comienzo de la cuarentena tuvieron que desoír el consejo de quedarse en casa, con los riesgos que eso implicaba, e instalar una carpa frente a la fábrica de alfajores en el partido bonaerense de La Matanza para reclamar por sus fuentes de trabajo.

Allí permanecieron durante casi dos meses con venta de torta fritas y budines para el fondo de lucha, y con carteles que explicaban la necesidad preventiva, social y obligatoria de otro virus:

  • “Nuestro virus tiene nombre: Matías Paradiso y Marcelo Iribarren (los dueños)”.
  • “Nos dieron cheques sin fondo en diciembre. Nos estafaron”.
  • “Si nos quedamos en casa nadie escucha que pasamos hambre. Queremos recuperar nuestro trabajo y vivir dignamente”.
  • “Queremos cobrar”.

Con cuatro hijos y su marido que había sido despedido de la misma empresa años atrás, Lorena nunca imaginó que atravesaría la lucha en medio de una crisis sanitaria sin precedentes. “La patronal cambió hace tres años y vimos cómo empezaron a irse compañeros. De 120 pasamos a 65. Hace dos años que no tenemos aportes, mientras vemos cómo en la ANSES figura que cobramos sueldos de 70 mil y 80 mil pesos, cuando hace nueve meses que no cobramos nada. Pero ante la necesidad te hacés fuerte, quieras o no”.

Lorena ya no habla desde la olla popular en la calle, sino desde adentro de la fábrica, donde permanece de forma pacífica junto a sus compañeros y compañeras en resguardo de las maquinarias y su fuente de trabajo que hoy toma una forma que augura un futuro pospandemia sanitaria y laboral: la forma cooperativa.

Foto: Ramiro Dominguéz

Conflicto grandote

La popular fábrica La Nirva es la encargada de hacer los famosos alfajores Grandote y La Recoleta, entre otros productos como cubanitos y copitos de chocolate y dulce de leche. El 80 por ciento de su personal son mujeres. “Mi pareja trabajó 31 años acá: lo echaron el año pasado pagándole una sola cuota de 51 mil pesos como indemnización”, contaba María de los Ángeles Santillán, 46 años, 23 en la empresa, cuando MU se acercó a la fábrica una semana después de iniciado el acampe. “No tiene nada fijo. Y la plata no alcanza, las boletas aumentan, tenemos mamás enfermas que tenemos que dejar para venir acá. Se complica todo: no tenemos ni para cargar la SUBE, por eso estamos vendiendo tortas fritas”. 

Marcelo Cáceres (34 años, 12 en la fábrica) pasó de ser delegado sindical a presidente de la futura cooperativa. Desde esa transformación recuerda que la caída  comenzó en 2018, cuando la firma cambió de dueños. “Se vendió al grupo Blend. Durante dos meses seguimos con el ritmo de trabajo que teníamos. Al tercer mes, el salario empezó a retrasarse. De a poco, se fueron cerrando líneas. Al tiempo, nos cortaron todos los servicios: agua, gas y luz. Nos quedamos literalmente a oscuras”.

Empezaron los despidos de personal administrativo: de más de 120 trabajadorxs quedó la actual planta de 65 personas. Y como en la pandemia, se contagió el miedo. Santillán: “Había miedo a hablar porque si alguien criticaba, al día siguiente era despedido”.

Cáceres aclara que el problema no era la producción. “Por quincena, y laburando una sola línea, hacíamos un millón 200 mil alfajores. En 2001, año de la peor crisis, ni se sintió: hasta horas extras se hacían. Fue un mal manejo. No sabemos lo que es cobrar un sueldo completo. Eran puchitos: de 2.000, 3.000 pesos. De octubre a hoy, solo en salarios la deuda con nosotros es de 18 millones de pesos”.

Hay más: “En diciembre nos dieron cheques a 60 y 90 días. El dueño nos dijo que vayamos a cobrarlo a una financiera, que nos iban a sacar un porcentaje, pero que lo íbamos a poder cobrar. Nadie vio un peso”.

Cáceres tuvo que vender su auto para poder pagar deudas. El 24 de diciembre llamaron al dueño para que les diera algo de efectivo para pasar las fiestas: “Nos dieron 3.000 pesos”. Y el 2020 arrancó con más promesas. “El primer día de febrero nos prometieron 40 mil pesos para arrancar y que, mientras producíamos, iban a abonar la totalidad de la deuda. Trabajamos una semana: nos dieron 20 mil. Hay buena predisposición, pensamos. Trabajamos otra semana más, pero ahí ya dijeron que no había efectivo. Como veníamos de dos años de mentiras, decidimos dejar de trabajar hasta que nos pagaran”.

Así llegó marzo, la pandemia agudizó todas las crisis y la situación  de los trabajadores era desesperante. Al combo se sumó que un vecino les avisó que un camión había ingresado de madrugada a la fábrica a llevarse cosas. No dudaron: estaba en juego la fábrica y sus fuentes de trabajo. 

Y votaron la instalación de la carpa.

Foto: Ramiro Dominguéz

Unión & galleta

Cuando el acampe cumplió una semana, recibieron una visita inesperada. Cáceres: “Apareció la policía, con la excusa de que no podíamos estar en la calle por la pandemia, cuando hacía siete días que estábamos ahí. Y nos corrieron por todo el barrio: un grupo terminó en la plaza, otro cerca de la ruta”. El efecto se vio al otro día: entre vecinos, vecinas y movimientos sociales hubo 200 personas apoyando a las familias en la puerta con olla popular. Y la policía no volvió más.

Ante la evidencia del apoyo, los dueños firmaron un acta en la que se comprometieron a cumplir el 100 por ciento de los salarios adeudados. Pero esta promesa tampoco se cumplió. “Agotamos todas las instancias legales que había. Primero, el dueño nos tomó el pelo a nosotros. Segundo, al sindicato. Y tercero, al Ministerio de Trabajo: hicimos cinco audiencias y no cumplieron ninguna, hasta que con los abogados del sindicato decidimos cerrar el acto y quedarnos en asamblea permanente, pero ya adentro de la fábrica”.

Lorena Pereyra hace una lectura de todo el proceso: “20 años son toda una vida. Tuvimos un mes en la puerta sin la ayuda de nuestro sindicato, con la ayuda de los vecinos. Ahí te das cuenta de que tu lucha vale, y que tiene un poder. Antes, con un pago mínimo entrábamos y desistíamos, pero ahora la pandemia terminó de desatar todo. Fui aprendiendo mis derechos. Uno viene acá, exponiéndose a todo, cuando lo que más queremos es estar en casa, pero lo valió”.

Mientras los trabajadores y trabajadoras buscan volver a la producción, Cáceres fue denunciado por “usurpación” por los exdueños, causa que tramita en los tribunales matanceros. “Por ahora el fiscal actuó bien. Y entre nosotros tenemos mucha unión. Sin eso, no hubiéramos llegado a nada. Esa es la base: la unión y la convicción que tenemos”.

Paula Rojas, 30 años, fue una de las últimas trabajadoras que entraron, hace cuatro años, en el área donde se colocan las galletas y empieza el proceso del alfajor. Sus compañeros la eligieron para que sea la tesorera de la futura cooperativa. “Me gusta y es una responsabilidad, porque si nos hubiéramos quedado en casa no habríamos conseguido nada. Mucha gente va a quedar desocupada después de todo esto, y si no recuperábamos también nos íbamos a quedar sin nada. Por eso tampoco podíamos quedarnos en casa. En casa estábamos todos separados, cada uno en su vida, aislados. Acá es distinto, estamos apostando a un mismo objetivo: recuperar nuestras fuentes laborales”.

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