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Estremecedor informe de la Sociedad Argentina de Pediatría: efectos de los agrotóxicos en la salud infantil

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Las palabras recorren el texto: cáncer, disrupción endócrina, enfermedades neurodegenerativas, trastorno del neurodesarrollo infantil, malformaciones congénitas, tumores cerebrales, disfunciones del sistema nervioso central, autismo, trastornos de conducta, leucemia, hipotiroidismo, asma bronquial, trastornos reproductivos.

Es apenas parte de una lista impactante que representa un diagnóstico del presente.

El informe Efectos de los agrotóxicos en la salud infantil (171 páginas) de la Sociedad Argentina de Pediatría, fue elaborado por su Comité de Salud Ambiental, a través de un equipo que reunió a doce profesionales (científicxs, investigadorxs, pediatras, toxicólogxs, sociólogxs, ingenierxs agrónomos). Despliega pruebas, explicaciones e hipótesis sobre lo que en algún momento se califica como “desastre ambiental” y el modo en el que los “agros tóxicos” (así los nombran en varios pasajes) impactan en la infancia, definida como población de mayor vulnerabilidad frente a la exposición a los pesticidas de diverso tipo.

Ejemplo: en Argentina se utilizan 107 plaguicidas prohibidos en otros países, además de haber incrementado exponencialmente su utilización que pasó de 3 a 12 litros por hectárea, y de 100 a 520 millones de litros en todo el país en las últimas dos décadas. El promedio indica que cada habitante está expuesto a más de 11 litros de agrotóxicos por año, pero en zonas fumigadas esa cifra puede superar los 100 litros de exposición y contacto anual. El ejemplo en Monte Maíz, Córdoba, revela 121 litros por persona de agrotóxicos, 80 de los cuales son de glifosato. Otro aspecto novedoso del informe es la descripción detallada de los diferentes y más utilizados plaguicidas (glifosato, glufosinato, 2,4D, atrazina, clopirifos, entre otros) lo cual permite comprender la lógica del daño que causan, que no depende del modo de aplicación ya que su propia química los hace pasibles de derivas que impregnan suelos, aguas, el aire y hasta la lluvia, tal como lo refleja el informe.

Todo el trabajo está basado en una vastísima bibliografía e investigaciones argentinas e internacionales. Como “Objetivo General” se propone “concientizar a los trabajadores de la salud infantil y proveer información a la comunidad médica y a la sociedad en general sobre la problemática de los agros tóxicos y el efecto de los plaguicidas en la salud infantil”.

A la vez, busca soluciones: “Promover medidas de resguardo a la exposición a agros tóxicos que garanticen el derecho a la salud y a un ambiente sano a todos los niños que residen en el territorio nacional”. Promueve la confección de Registros médicos ambientales, facilitando una Hoja Verde de diagnóstico ambiental para que pueda agregarse a la historia clínica de cada paciente. El fundamento: “Según la Organización Mundial de la salud (OMS), más del 40% de la carga mundial de morbilidad infantil se atribuye a factores de riesgo ambiental y afectan a niños menores de cinco años que representan alrededor del 10% de la población mundial. Cada año más de 3.000.000 de niños menores de 5 años mueren en el mundo – especialmente en zonas subdesarrolladas- por causas y afecciones relacionadas con el ambiente”.

A falta de datos nacionales y provinciales (cuya ausencia muestra una falencia de fondo frente a un problema de esta magnitud) aparecen datos locales, como los aportados por la investigación en Monte Maíz, Córdoba, coordinada por el pediatra Medardo Ávila Vázquez. «Los resultados preliminares fueron alarmantes: la población de Monte Maíz tiene cinco veces más casos de cáncer que los estimados en la OMS, un 25 por ciento más de problemas respiratorios tipo asma y casi cinco veces más de abortos espontáneos». Aquella investigación realizada en 2014 reveló, además, que «la población también registra el doble de casos de diabetes tipo II y de hipotiroidismo que las estadísticas medias y casi tres veces más frecuencia de colagenopatías (enfermedades inflamatorias del tipo autoinmunes)».

Algunos de los capítulos del informe:

“Definición y características de los agrotóxicos”.

“Utilización y exposición a plaguicidas, su efecto en la salud”. 

“Salud infantil y exposición a pesticidas en Argentina”.

“Agrotóxicos y neurodesarrollo”. 

“Efecto de los agrotóxicos en el desarrollo embrionario y en el sistema nervioso infantil”.

“Toxicidad de los herbicidas”.

El trabajo brinda además una valiosa  guía de los Laboratorios de Toxicología en todo el país, para que pediatras y personal relacionado con la salud sepan a qué lugares acudir.

¿Distancia física o distancia social?

La coordinación del informe estuvo a cargo de María Gracia Caletti, pediatra nefróloga, vocal de la SAP y asesora del Hospital Garrahan. Señala que el trabajo se realizó en plena pandemia, respetando el distanciamiento físico: “Decimos que cumplimos con el “distanciamiento físico” pero no, como se dice “el distanciamiento social”, porque la comunicación y el sentido de equipo se mantuvo muy presente entre nosotros en todo momento. Sin este acercamiento social no hubiéramos podido terminar este documento”, escribe la doctora Calletti. Completaron el equipo que preparó el trabajo la Dra. Florencia Arancibia (Socióloga, Investigadora del Conicet en la Universidad de San Martin), el Dr. Medardo Ávila Vázquez (médico pediatra y neonatólogo, docente Facultad de Ciencias Médicas de UNC. coordinador de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados), Dr. Ignacio Bocles (médico, docente de la Cátedra de Embriología de la Facultad de Medicina de la UBA), Dr. Pablo Cafiero (pediatra del Desarrollo, jefe de Clínica del Servicio de Clínicas Interdisciplinarias, Hospital Garrahan), Ing. Javier Souza Casadinho (ingeniero agrónomo, magister en Metodología de la Investigación, experto en plaguicidas y agroecología, UBA), Dr. Martin Dahuc (médico, miembro del Instituto de Salud Socio ambiental de la Universidad de Rosario), Dra. Marisa Gaioli (pediatra, especialista en Salud Ambiental, Hospital Garrahan. Secretaria del Comité de Salud Ambiental de la Sociedad Argentina de Pediatría), Dra. Marta Maria Méndez (médica Toxicóloga, Servicio de Toxicología del Hospital Posadas), Dr. Damián Markov (pediatra, miembro del Comité de Salud Ambiental de la SAP), Dr. Alejandro Vallini (pediatra, miembro del Instituto de Salud Socioambiental de la Universidad de Rosario), Dr. Damián Verzenassi (médico especialista en Medicina Legal. Director del Instituto de Salud Socio Ambiental de la Universidad de Rosario. Director de la Carrera de Medicina de Universidad Nacional del Chaco Austral).

Un tramo del trabajo presentado por la SAP describe: “En ámbitos médicos prima el desconocimiento o la indiferencia frente a esta problemática. Involucrarse es el primer paso para frenar este desastre sanitario y ambiental, del cual los niños son una de las principales víctimas”.

¿Quiénes son los más vulnerables?

Algunos párrafos permiten comprender la dimensión del problema.

  • «En nuestro país hay escasa información epidemiológica local sobre la salud de pueblos sometidos a fumigación sistemática producida por instituciones sanitarias». (El documento plantea por eso la necesidad de realizar y profundizar investigaciones que permitan reunir datos para visibilizar una situación que corporaciones, medios y Estado han preferido ignorar).
  • “Los niños presentan una vulnerabilidad particular a las exposiciones ambientales a plaguicida, en relación a su mayor superficie corporal, mayor exposición y tasa de absorción por todas las vías, la presencia de succión no nutritiva y por vía de lactancia materna. Lo cual, sumado a lo restringido de su dieta, hace que en los primeros cinco años, acumulará el 50% de la exposición a plaguicidas, que recibirá en toda su vida”.
  • Diferentes estudios, en niños, han demostrado que la exposición prenatal a pesticidas a bajas dosis, ha sido asociada con efectos sobre el neurodesarrollo. Trastornos como déficits de atención, hiperactividad, trastornos de aprendizaje, autismo y trastornos de conducta, han sido asociados a exposición a plaguicidas. Estas consecuencias inciden directamente, en la calidad de vida de los pacientes, así como en los costos de salud”.
  • “Existe evidencia, proveniente de estudios epidemiológicos, que sugiere que la exposición a plaguicidas está relacionada con la presencia de enfermedades neurodegenerativas tales como la Enfermedad de Alzheimer y la Enfermedad de Parkinson”.
  • “Así, si las neuronas del cerebro de un infante son destruidas por pesticidas, si el desarrollo reproductivo es desviado por disruptores endocrinos, o si el desarrollo del sistema inmune es alterado, la disfunción resultante puede ser permanente e irreversible”.
  • “La relación entre la exposición a pesticidas y tumores cerebrales es biológicamente plausible ya que muchos pesticidas tienen acción específicamente neurotóxica”.12

12 recomendaciones

El trabajo, que abre una instancia de debate fundamental para los temas socioambientales de la época, plantea además 12 propuestas bajo el siguiente título: “Recomendaciones para que los profesionales de la salud estén más informados y preparados para diagnosticar, tratar, asesorar y fundamentalmente prevenir la exposición de la población infantil a estos variados agentes tóxicos”.

1. Familiarizarse con los signos y síntomas clínicos de la intoxicación aguda de la mayoría de los pesticidas.

2. Tener la capacidad de traducir el conocimiento clínico sobre los riesgos de los pesticidas en una historia de exposición apropiada.

3. Familiarizarse con los efectos subclínicos de la exposición crónica y las rutas de exposición de la mayoría de los pesticidas.

4. Conocer cuáles son los recursos localmente disponibles para el manejo de la

intoxicación aguda y para la exposición crónica a bajas dosis.

5. Entender la utilidad y las limitaciones de la información de los compuestos químicos en las etiquetas de los pesticidas comerciales.

6. Preguntar a los padres sobre el uso doméstico y ocupacional de los plaguicidas, para ayudarlos a determinar la necesidad de implementa.

7. Promover oportunamente la transformación a sistemas agroecológicos en los

territorios que habita. Recomendar asesoramiento a los productores.

8. Proveer herramientas a sus pacientes y familias para identificar alimentos no solo nutritivos, sino también seguros. Ayudar a identificar potenciales ingestas crónicas de distintas dosis de veneno en productos comestibles.

9. Recomendar el progresivo uso de productos de riesgo mínimo, prácticas de almacenamiento y métodos seguros de aplicación (equipo de protección personal, por ejemplo).

10. Trabajar junto a escuelas y agencias gubernamentales para fomentar la aplicación de pesticidas menos tóxicos y manejo integrado de plagas.

11. Promover el derecho de la comunidad a conocer los compuestos y procedimientos usados en la fumigación en espacios públicos.

12. Promover la educación en todos los niveles en materia de agrotóxicos y utilizar ese conocimiento para implementar estrategias preventivas en la comunidad.

El informe completo

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Perú: racismo, criminalización y disciplinamiento como trasfondo de más de 60 muertes

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Lavaca habló con dirigentes sociales y campesinas, que analizan la represión desatada tras la crisis institucional que dejó al menos 60 muertos, miles de heridos y centenares de detenidos, con imágenes de tanques entrando a la universidad pública incluidas. El rol del Congreso, la figura de Dina Boluarte, la raíz histórica, racista y clasista de la derecha peruana. La ligazón con la agenda extractivista con la desestabilización actual que busca criminalizar y disciplinar a las voces de comunidades y organizaciones sociales que denuncian la situación como «dictadura cívico-militar».  

Dina Boluarte tiene más muertos en Perú por la violencia institucional, que días de gestión.

Según la Defensoría del Pueblo de Perú al momento son al menos 56 los muertos por la represión, miles de heridos, y centenares de detenidos. Organizaciones sociales reportan, por su parte, más de 60 muertes. Todo ocurrió en menos de cincuenta días: desde que la vice Dina Boluarte asumió el Ejecutivo el 7 de diciembre de 2022, cuando fue detenido el entonces presidente Pedro Castillo. 

Mientras tanto las calles siguen siendo un escenario de marchas y repudios contínuos: solamente el martes 24 de enero la Defensoría del Pueblo registró 85 cortes de rutas nacionales, además de movilizaciones y bloqueos en 39 vías provinciales. 

¿Cómo interpretar lo que está ocurriendo?

Melania Canales es dirigenta social de la región de Ayacucho; diez de los muertos pertenecen a esa localidad. Además, es ex presidenta de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú. Sintetiza así para lavaca los reclamos sociales de los cuales además fue protagonista: 

  • “Uno de los principales reclamos es que haya un referéndum para la Asamblea constituyente; existe hoy una Constitución de 1993, hecha por el dictador Fujimori, que ha privatizado todo en Perú: luz, agua, carreteras, pistas, empresas mineras. Esa es la Constitución que le da todo el poder al empresariado, es la peor Constitución de América Latina, el empresariado se lleva sus ganancias y no paga nada”.
  • ”Esta Constitución ha permitido que la salud y la educación sean un negocio. Prácticamente nos despoja de nuestros territorios colectivos de los pueblos y mujeres indígenas, y no nos permite la participación del pueblo organizado en espacios de poder de decisión. También nos criminaliza. Por eso exigimos referéndum y buscamos una nueva Constitución”.
  • “Pedimos también la renuncia de la traidora y asesina Dina Boluarte. Y la renuncia de la mesa directiva del Congreso”. 
  • “Y exigimos paz. Una paz con justicia. Eso exigimos en el Perú”. 

La Universidad atacada

A la cadena de violencia desde el gobierno se sumó la última semana la brutal represión en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) que incluyó el ingreso de 400 policías junto a fuerzas especiales con tanques que derribaron las puertas, disparos y gases lacrimógenos, y donde más de 205 estudiantes fueron detenidos.

Natali Durand es docente de antropología en la Universidad. Dos estudiantes de su clase fueron detenidos, y ella describe: “Ha sido un atropello a la autonomía de la Universidad. Los estudiantes habían abierto las puertas para alojar a las personas que estaban llegando de distintas regiones para marchar”. 

Desde todo el país llegaban delegaciones a lo que se denominó la Nueva Marcha de los Cuatro Suyos, y la Universidad funcionaba como alojamiento y espacio de encuentro y logística. Pero cuando entró la policía, explica Natali “quedaban pocos manifestantes, eran más los alumnos que se encontraban dentro de la Universidad, algunos en la toma, otros en la residencia universitaria, eso es muy preocupante porque entraron a la residencia universitaria”. Desde entonces parte de los docentes y estudiantes piden la destitución de la actual rectora Jeri Ramón. 

El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) condenó la represión y expresó que “la entrada de la policía a la sede universitaria es una violación flagrante de la autonomía”. Además rechazó la “decisión del gobierno de recurrir a la violencia para enfrentar la crisis en el país”. Y remató: “La actitud del gobierno del Perú se coloca al margen del respeto a los Derechos Humanos”.

La traición de Dina

¿Dónde se encuentra la semilla del actual conflicto?

Responde Natalí Durand: “Para entender la semilla de esto podríamos irnos hasta 200 años atrás, pero creo que ahorita lo más grave ha sido la descomposición política que tuvimos desde 2016 cuando el partido de la señora Keiko Fujimori (hija del ex dictador) ganó la mayoría absoluta en el Congreso. Desde 2016 lo que se generó fue un desbalance de poder a favor del Ejecutivo”.

Sin embargo (o tal vez por eso mismo) el profesor y político Pedro Castillo, con el partido Perú Libre, ganó las elecciones en segunda vuelta a la misma Fujimori, y gobernó desde el 28 de julio de 2021 hasta la declaración de su “permanente incapacidad moral” por parte del Congerso, el 7 de diciembre de 2022. Castillo fue docente de escuela primaria, presidente del Comité de Lucha del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Perú (SUTEP) y encabezó la huelga docente de 2017.

El 7 de diciembre de 2022 Castillo fue detenido y destituido luego de 16 meses de gobierno. Horas antes había anunciado el cierre temporal del Congreso, pero ante esto sus propios ministros comenzaron a renunciar y a calificar la situación como un autogolpe. Con las fuerzas armadas y la policía en contra, el Congreso trató, una vez más, la moción de vacancia contra el entonces presidente bajo la acusación de “incapacidad moral”. Castillo fue detenido y destituido; juró entonces quien era su vicepresidenta, Dina Boluarte quien, entre otras cosas, tenía en el propio Congreso denuncias por presunta infracción constitucional que fueron rápidamente archivadas. 

Dice Natalí Durand: “Si bien es legítima sucesora, se había dicho que iba a renunciar y pedir elecciones. A su asunción la gente la asume como una traición. A su vez, en la derecha no la ven como parte: en el momento en que no le sirva más la van a soltar. Ahora ella les sirve porque el presidente del Congreso no puede ejercer funciones de presidente, tiene que llamar a elecciones en un periodo de 3 a 9 meses como máximo. Ella no quiere renunciar porque sabe que, si renuncia, la van a dejar sola y le espera un proceso judicial fuertísimo”. 

La actual presidenta no tiene bancada propia en el Congreso ni un partido que la apoye.

La pregunta entonces es quién tiene el poder hoy en Perú.

La voz desde las calles

Melania Canale, dirigenta social de la región de Ayacucho, remarca que la situación actual puso luz sobre el “racismo y el clasismo en nuestro país”. Sigue: “Perú ha sido el centro del colonialismo: cuando se creó la república peruana hace 200 años se hizo con los descendientes de los españoles, los ‘mistis’ y los criollos, y los pueblos indígenas y afro estuvimos ausentes. Entonces lo que vino fue una dominación de una clase media alta privilegiada. Hay una desigualdad grande, que se ha agudizado, los derechos se convirtieron en negocios, como la educación, la salud, y la participación política”. 

Melania define a Pedro Castillo como el primer “marrón” (por el color de su piel) que llegó a la presidencia. Y define: “Hemos sentido que al marrón no lo aguantaban”. A la actual presidenta la llama “la usurpadora”. Dice: “En estos momentos, aunque ella ganó junto a Castillo, representa a la derecha. El Congreso ha sido un obstáculo que a Pedro Castillo no lo dejó gobernar, siempre estaba ahí promoviendo su vacancia. Dina tenía una denuncia, pero la archivaron en el Congreso. Realmente esto se veía venir. Acá, la derecha política del Perú es una derecha arrastrada, que siempre se entrega por completo a la oligarquía” 

¿Tiene relación el problema con las agendas extractivistas? 

Está muy ligado. Hace poco una funcionaria de Estados Unidos ha dicho que en Sudamérica están el agua dulce, los minerales, el litio. Aquí están paralizadas varias mineras por los reclamos de las comunidades. Hay también contaminación de los ríos, de la tierra, mucha gente con metales pesados en la sangre, y además estos empresarios no dejan nada…

¿A qué atribuís la actual represión? 

Es una caza de brujas. En Ayacucho hay 8 detenidos dirigentes y dirigentas de organizaciones, los han llevado hasta Lima, acusados de terroristas. No somos asesinos, no somos terroristas. Están buscando descabezar a las organizaciones, meter miedo, criminalizar y perseguirnos, inventando fantasmas. No hay libertad en este país: por eso decimos que estamos viviendo una dictadura cívico militar. 

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Las cosas que hay que hacer para trabajar – Capítulo 1

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La nueva serie documental de lavaca: El mundo de la autogestión en Argentina a través de ocho capítulos sobre experiencias recientes de diferentes cooperativas que lograron recuperar empresas vaciadas o quebradas por las patronales. Dirigida por Patricio Escobar, autor de La crisis causó 2 nuevas muertes.

Dos mil personas que integran empresas recuperadas de toda la Argentina se reúnen en un acto histórico en la Aceitera La Matanza. ¿Qué buscan? Impulsar el proyecto de Ley de Recuperación de Unidades Productivas que facilite que cooperativas de trabajo pongan en marcha empresas quebradas o vaciadas por las patronales. El movimiento lleva 20 años sin ley, pero ha recuperado no sólo trabajo sino también dignidad y vida, con 400 fábricas en el país que dan trabajo en total a más de 14 mil obreras y obreros. Su lema: Ocupar, resistir y producir.

Las cosas que hay que hacer para trabajar Dirección: Patricio Escobar.
Producción integral de Cooperativa de Trabajo Lavaca: Claudia Acuña, Sergio Ciancaglini, Anabella Arrascaeta, Lina Etchesuri, Sebastian Smok, María del Carmen Varela, Franco Ciancagini, Lucas Pedulla.
Fotografía: Lina Etchesuri y Sebastian Smok. Cámara: Patricio Escobar, Guillermo Guevara, Sebastian Smok.
Música: Guido Donato y Tomás Lobov.
Edición: Damián Finvarb.

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Cuatro años de in-justicia por el femicidio de Carla Soggiu       

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En la Plaza de la Memoria de Pompeya, junto a vecinos, vecinas, otras familias víctimas de femicidios y organismos de derechos humanos del barrio, se recordó este domingo a Carla Soggiu frente al mural que hizo el barrio, a cuatro años del femicidio. Estuvo presente Alfredo Soggiu (foto) el padre de Carla. Sin culpables por el crimen, y sin siquiera un fiscal que lleve adelante la causa, la familia se transformó en querellante e impulsa que se investigue la responsabilidad de Diego Santilli, por entonces Ministro de Seguridad porteño, por la falla en el sistema del botón antipánico que debía protegerla. El ex marido de Carla fue acusado por violación, pero el crimen sigue impune. La idea sobre quién cuida a lxs vecinxs.  

El acto en la Plaza de la Memoria de Pompeya (fotos: Ailín Soria)

“A pesar de que pasaron cuatro años cada día siento más injusta su partida, que le hayan quitado la vida. Tanto su pareja, como el gobierno de la Ciudad, como la justicia, todos la mataron un poco a mi hija”. 

Alfredo, papá de Carla Soggiu, está parado en la Plaza de la Memoria del barrio porteño de Pompeya, a cuadras de donde su hija murió. Desde ahí habla. Frente a él vecinos y vecinas que escuchan; a su lado, familiares de otras víctimas de femicidios; y en su espalda, el mural desde donde su hija mira al barrio junto a letras negras que dicen: verdad y justicia. 

Ni botón ni GPS

El 15 de enero de 2019, cuatro años atrás, Carla Soggiu pidió ayuda 5 veces apretando el botón antipánico que tenía después de haber denunciado a su pareja. Pese a que el sistema contaba con ubicación GPS, la empresa no pudo ubicarla. Carla estuvo desaparecida hasta que un barrendero encontró su cuerpo en el riachuelo. Según la autopsia, murió por “asfixia mecánica por sumersión”. 

Ella tenía un botón antipánico porque días antes, el 26 de diciembre de 2018, su ex pareja, Sergio Nicolás Fuentes, la secuestró, violó y golpeó brutalmente, con su hija menor como testigo. Carla tenía hidrocefalia, los golpes destrozaron la válvula. Cuando logró huir lo denunció ante la la Oficina de Violencia Doméstica, y le dieron el botón antipánico que días después no la protegió.  

Con el Poder Judicial en contra

Sergio Nicolás Fuentes fue condenado por la violación a seis años de prisión, pero la causa por el femicidio fue archivada, cuando la familia se enteró ya había pasado un año.

Pidieron entonces que la justicia porteña investigue por qué no funcionó el botón antipánico: el fiscal de primera instancia archivó el pedido.

Apelaron, el fiscal de Cámara también lo archivó.

Fue cuando alegaron que la Ley de Víctimas autoriza que se abra la investigación sin asistencia de un fiscal, y así lograron que se los acepte como querellantes.

En ese punto están ahora, sin fiscal el impulso de la causa depende de la familia. El objetivo es que se investigue la responsabilidad de Diego Santilli, por entonces Ministro de Seguridad porteño, por la falla en el sistema del botón antipánico que debía proteger a Carla.  

Dice Alfredo, papá de Carla: “Después de tanto tiempo de lucha, con el acompañamiento de un montón de gente incondicional, recién logramos meter una causa contra uno de los asesinos de mi hija. Más que nunca necesitamos el acompañamiento de todos, que nos ayuden a caminar. Por mis nietos, por mi señora, también por mí. Lo necesito, que me acompañen”. 

A su lado están Susana y Daniel, padres de Cecilia Basaldúa, víctima también de un femicidio y de un Poder Judicial que intenta garantizar impunidad en lugar de justicia. Susana explica: “Las familias sentimos mucha impotencia, esto no tiene que pasar más. Tenemos que luchar y acompañarnos porque es lo que nos hace fuertes”. Susana se detiene para nombrar a Roxana, mamá de Carla Soggiu que no está presente, se quedó cuidando a sus dos nietos, hijes de Carla, que hoy tienen 6 y 8 años. Sigue: “Nuestras hijas no pueden volver a la vida pero queremos que descansen en paz, y lo van a hacer cuando haya justicia”. 

Daniel (en el centro), y Susana, rodean a Alfredo, el padre de Carla Soggiu. (Fotos: Ailín Soria).

Vecinos cuidándose

Vecinos y vecinas del barrio forman un semicírculo para escuchar. Entre ellos están presentes los integrantes del Instituto de la Memoria de Pompeya, responsables de cuidar y crear la Plaza de la Memoria donde ocurre este ritual de abrazo hacia la familia. Además del de Carla hay murales dedicados a Ezequiel Demonty (el joven asesinado por la Policía en el Riachuelo), por la Noche de los Lápices, por Hebe de Bonafini, entre otros.

“La lucha se sostiene con amor, con alegría y con memoria”, dice Alberto, integrante del espacio, y cuenta que fue en 2006 cuando se propusieron visibilizar a les desaparecides del barrio, crearon la plaza, y empezaron a marchar juntos.

Pronto se dieron cuenta de cómo aparece la violencia institucional y estatal hoy, dice: “A veces reflota en estas formas: femicidios, travesticidios, desaparición de jóvenes en situación de calle. Los únicos que nos cuidamos somos los vecinos a los vecinos”. 

Luego, la foto de Carla se levanta alto y se grita presente, con su sonrisa y su mirada desde la pared.

Fotos: Ailín Soria.
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