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La Ley que impulsa la inédita Dirección Nacional de Agroecología

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Un año y medio después de recibir el ofrecimiento se concretó la designación del ingeniero agrónomo Eduardo Cerdá al frente de la Director Nacional de Agroecología del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. La propia Dirección es un ámbito inédito en el organigrama del Poder Ejecutivo, y parece reflejar la creciente importancia de las experiencias agroecológicas en el país, no solo desde el punto de vista productivo sino también por sus alcances sociales y ambientales, entre otros.

Cerdá recibió en Córdoba la noticia del nombramiento publicado en el Boletín Oficial, y el lunes próximo estará en Buenos Aires para hacerse cargo formalmente de sus funciones, que venía ejerciendo en un cierto limbo administrativo que tuvo 18 meses de gestación, con un pequeño despacho en el propio ministerio. Una rareza: ha rechazado cobrar por su trabajo en la Dirección: “Tengo mi jubilación como docente, con eso me alcanza. Es un modo de devolverle a la sociedad mi formación en la universidad pública, y es un modo de tener independencia”, explicó Cerdá este año a la revista MU.

¿Qué puede representar la existencia de una Dirección de Agroecología? “Que el gobierno haga esto es importante primero, por darle legitimidad a un nuevo esquema productivo. Vamos a poder debatir sin considerarnos los dueños de la verdad ni tener la última palabra”. 

El lugar común general es que el modelo transgénico y con fumigaciones es la presunta salvación nacional. “Nunca lo fue. Además, el país puede producir alimentos sin sustancias tóxicas, sin tener que comprar insumos dolarizados que generan un problema en la balanza comercial, y ofrecer alimentos premium por su calidad y porque estaríamos cuidando el ambiente. Hoy la pandemia nos muestra la importancia del alimento que fortalezca tu sistema inmunológico. Eso es mucho mejor que una vacuna. Van a tener que hacer la vacuna para Covid 20, 21, o andá a saber para qué otra cosa, corriendo siempre atrás de los virus. Con una alimentación sana te cambia todo el esquema”.

Sin tener la última palabra, Cerdá plantea que el problema central hoy es un cambio de paradigma. “Ese cambo consiste en entender la vida, y dejar de creer que las cosas se resuelven con llenar las panzas. Necesitamos alimentos de calidad que nos den vitalidad y que permitan avanzar hacia modelos productivos locales, que den trabajo y restablezcan vínculos sociales”. Otro detalle: “Tenemos una Constitución Nacional que en el artículo 41 dice que todo ciudadano tiene derecho a un ambiente sano. Hoy el modelo productivo no cumple eso”. 

Dice que la agroecología “le recontra conviene a Argentina, porque puede tener productos con los mismos o mejores precios –por los menores costos– y eso sería un beneficio para la balanza comercial, con más divisas para el país”.  

¿Cómo lograr que crezca ese nuevo estilo de ver las cosas? “No me voy a pelear. Ayudaremos a los que quieran cambiar. Por la experiencia de la RENAMA (Red Nacional de Municipios y Comunidades que fomentan la Agroecología), a todos los que han hecho agroecología les fue muy bien, están mejor y no quieren volver atrás. Los rendimientos son similares. Los resultados económicos, mejores. Para ganadería también es una opción mucho más interesante y productiva. Ayuda a eliminar costos ocultos de los que nadie habla: costos ambientales, deterioro de suelos, pérdida de nutrientes de los alimentos y de biodiversidad”. 

El proyecto de Ley

Eduardo Cerdá, designado Director Nacional de Agroecología, recorriendo campos de Lincoln, provincia de Buenos Aires.

Durante este tiempo de trabajo no oficializado, la Dirección de Agroecología, la Secretaría de Agricultura Familiar y el Ministerio de Ciencia y Técnica comenzaron a trabajar el borrador de un proyecto de Ley de Fomento a la Agroecología con apoyo del diputado Leonardo Grosso. Cerdá considera que en ese proyecto hay una clave de acción hacia adelante.

El proyecto busca la sanción de una ley para “el fomento, promoción y fortalecimiento de políticas, programas, proyectos y acciones para el desarrollo de la agroecología como sistema integral de producción, comercialización, agroindustrialización y consumo de alimentos, y otras producciones primarias, con centralidad en su carácter sustentable en lo social, económico, cultural y ambiental”.

“Se entiende por agroecología al paradigma que incluye elementos técnicos, ecológicos, científicos y de organización social para la producción de alimentos desde un enfoque holístico e integral. La agroecología es ciencia, al establecer relación entre los conocimientos teóricos y prácticos conformando un ciclo de refuerzo positivo donde los diferentes tipos de conocimientos (tradicionales, locales, científicos, entre otros) se nutren entre sí a través de la investigación y acción participativa” postula el texto, que agrega: “La Agroecología es praxis productiva y una propuesta tecnológica viable que convive con el ambiente garantizando una producción rentable, limpia y saludable”.

Algunas de las características de los sistemas de producción, elaboración, comercialización y consumo agroecológicos, en términos del proyecto:

  • estar basados, principalmente, en los circuitos de cercanía con fuerte arraigo territorial;
  • tener una perspectiva equitativa e inclusiva en género, juventudes y disidencias;  
  • promover la producción diversificada, sustentable y sostenible de alimentos sanos y otras producciones primarias;
  • promover el acceso a los derechos universales a una alimentación variada, sana, nutritiva, culturalmente respetuosa, el desarrollo personal y colectivo y el derecho a una vida digna;
  • impulsar la solidaridad, reciprocidad y armonía entre los pueblos y con el ambiente; f) promover el uso equitativo y sustentable de los bienes comunes, el acceso efectivo a la tierra y al agua, la libre circulación de semillas y saberes asociados;
  • evitar la utilización de productos químicos de síntesis (plaguicidas, fertilizantes, hormonas, etc.) y organismos genéticamente modificados;
  • reconocer el derecho de los pueblos y comunidades a gestionar sus territorios, reconociendo sus formas de organización, en busca de la autonomía y autodeterminación de los pueblos;
  • apoyarse en una ética ambiental biocultural, respetando el valor intrínseco de la naturaleza, promoviendo la soberanía alimentaria y proponiendo la construcción de conocimientos respetuosos de la historia de los pueblos en el contexto social, cultural y ambiental en el que se desarrollan

Otro planteo busca “la promoción de la economía popular, social y solidaria, impulsando relaciones de producción y comercio justas, así como prácticas de consumo responsables”.

¿Quiénes son los sujetos y beneficiarios de la posible Ley? “Son sujetos plausibles de la presente ley todos/as aquellos/as productores/as rurales, periurbanos y urbanos que realizan sus actividades de forma individual, familiar, colectiva, comunitaria o asociativa, incluyendo trabajadores y trabajadoras rurales. La presente ley priorizará a los/las agricultores/as familiares, campesinos/as e indígenas, y sus organizaciones, en reconocimiento de su rol histórico en la preservación de los bienes naturales y culturales, así como de su función social en el abastecimiento local de alimentos. En todas las políticas y acciones que emanen de la presente ley se buscará la participación protagónica de las mujeres rurales, disidencias y la juventud. Son también sujetos de la ley grupos organizados, organizaciones educativas, grupos de investigación y grupos de transferencia agraria”.

El proyecto ordena que el Estado garantice el derecho a ejercer libremente la producción agroecológica y “hacer cumplir las leyes de presupuestos mínimos de protección ambiental a los efectos de garantizar el derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras en los fundos rurales, urbanos y periurbanos en donde se desarrolle la agricultura agroecológica”.

Se fomentará también el Etiquetado y la formación de redes para el consumo responsable. “Considerando que el consumo responsable es parte necesaria y fundamental para el desarrollo de sistemas agroalimentarios sostenibles, la autoridad de aplicación generará los mecanismos necesarios para la correcta identificación o etiquetado de los productos agroecológicos. Se propiciará la formación de redes de consumidores/as para el acompañamiento de los procesos de transición, buscando generar canales directos entre los y las productores/as y los y las consumidores/as”.

El proyecto de Ley propone además incentivos fiscales y acceso al crédito para las producciones agroecológicas,  acceso a tecnologías apropiadas y la prioridad de las compras estatales (administración pública nacional, sus dependencias, reparticiones y entidades autárquicas y descentralizadas, las empresas del Estado y las sociedades privadas prestadoras, licenciatarias, concesionarias y permisionarias de obras y de servicios públicos) a las producciones agroecológicas

Se buscará además “garantizar el acceso de la producción agroecológica a todos los mercados tanto internos, en pos de garantizar la soberanía y la seguridad alimentaria, como a los mercados de exportación. Se promoverá la generación de mecanismos de abastecimiento local y los mercados de cercanía”.

El proyecto es impulsado mientras el modelo de agronegocios, monocultivo, transgénicos y fumigaciones masivas tiende a instalarse como primordial opción productiva y de obtención de divisas. Eso implica: vaciando los campos, agravamiento de la crisis climática; contaminando suelos, agua, aire y hasta la lluvia, mientras concentra la riqueza y el poder, empobrece a la sociedad, y primariza cada vez más la economía: así está planteado el debate sobre lo que se viene.  

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Perú: racismo, criminalización y disciplinamiento como trasfondo de más de 60 muertes

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Lavaca habló con dirigentes sociales y campesinas, que analizan la represión desatada tras la crisis institucional que dejó al menos 60 muertos, miles de heridos y centenares de detenidos, con imágenes de tanques entrando a la universidad pública incluidas. El rol del Congreso, la figura de Dina Boluarte, la raíz histórica, racista y clasista de la derecha peruana. La ligazón con la agenda extractivista con la desestabilización actual que busca criminalizar y disciplinar a las voces de comunidades y organizaciones sociales que denuncian la situación como «dictadura cívico-militar».  

Dina Boluarte tiene más muertos en Perú por la violencia institucional, que días de gestión.

Según la Defensoría del Pueblo de Perú al momento son al menos 56 los muertos por la represión, miles de heridos, y centenares de detenidos. Organizaciones sociales reportan, por su parte, más de 60 muertes. Todo ocurrió en menos de cincuenta días: desde que la vice Dina Boluarte asumió el Ejecutivo el 7 de diciembre de 2022, cuando fue detenido el entonces presidente Pedro Castillo. 

Mientras tanto las calles siguen siendo un escenario de marchas y repudios contínuos: solamente el martes 24 de enero la Defensoría del Pueblo registró 85 cortes de rutas nacionales, además de movilizaciones y bloqueos en 39 vías provinciales. 

¿Cómo interpretar lo que está ocurriendo?

Melania Canales es dirigenta social de la región de Ayacucho; diez de los muertos pertenecen a esa localidad. Además, es ex presidenta de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú. Sintetiza así para lavaca los reclamos sociales de los cuales además fue protagonista: 

  • “Uno de los principales reclamos es que haya un referéndum para la Asamblea constituyente; existe hoy una Constitución de 1993, hecha por el dictador Fujimori, que ha privatizado todo en Perú: luz, agua, carreteras, pistas, empresas mineras. Esa es la Constitución que le da todo el poder al empresariado, es la peor Constitución de América Latina, el empresariado se lleva sus ganancias y no paga nada”.
  • ”Esta Constitución ha permitido que la salud y la educación sean un negocio. Prácticamente nos despoja de nuestros territorios colectivos de los pueblos y mujeres indígenas, y no nos permite la participación del pueblo organizado en espacios de poder de decisión. También nos criminaliza. Por eso exigimos referéndum y buscamos una nueva Constitución”.
  • “Pedimos también la renuncia de la traidora y asesina Dina Boluarte. Y la renuncia de la mesa directiva del Congreso”. 
  • “Y exigimos paz. Una paz con justicia. Eso exigimos en el Perú”. 

La Universidad atacada

A la cadena de violencia desde el gobierno se sumó la última semana la brutal represión en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) que incluyó el ingreso de 400 policías junto a fuerzas especiales con tanques que derribaron las puertas, disparos y gases lacrimógenos, y donde más de 205 estudiantes fueron detenidos.

Natali Durand es docente de antropología en la Universidad. Dos estudiantes de su clase fueron detenidos, y ella describe: “Ha sido un atropello a la autonomía de la Universidad. Los estudiantes habían abierto las puertas para alojar a las personas que estaban llegando de distintas regiones para marchar”. 

Desde todo el país llegaban delegaciones a lo que se denominó la Nueva Marcha de los Cuatro Suyos, y la Universidad funcionaba como alojamiento y espacio de encuentro y logística. Pero cuando entró la policía, explica Natali “quedaban pocos manifestantes, eran más los alumnos que se encontraban dentro de la Universidad, algunos en la toma, otros en la residencia universitaria, eso es muy preocupante porque entraron a la residencia universitaria”. Desde entonces parte de los docentes y estudiantes piden la destitución de la actual rectora Jeri Ramón. 

El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) condenó la represión y expresó que “la entrada de la policía a la sede universitaria es una violación flagrante de la autonomía”. Además rechazó la “decisión del gobierno de recurrir a la violencia para enfrentar la crisis en el país”. Y remató: “La actitud del gobierno del Perú se coloca al margen del respeto a los Derechos Humanos”.

La traición de Dina

¿Dónde se encuentra la semilla del actual conflicto?

Responde Natalí Durand: “Para entender la semilla de esto podríamos irnos hasta 200 años atrás, pero creo que ahorita lo más grave ha sido la descomposición política que tuvimos desde 2016 cuando el partido de la señora Keiko Fujimori (hija del ex dictador) ganó la mayoría absoluta en el Congreso. Desde 2016 lo que se generó fue un desbalance de poder a favor del Ejecutivo”.

Sin embargo (o tal vez por eso mismo) el profesor y político Pedro Castillo, con el partido Perú Libre, ganó las elecciones en segunda vuelta a la misma Fujimori, y gobernó desde el 28 de julio de 2021 hasta la declaración de su “permanente incapacidad moral” por parte del Congerso, el 7 de diciembre de 2022. Castillo fue docente de escuela primaria, presidente del Comité de Lucha del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Perú (SUTEP) y encabezó la huelga docente de 2017.

El 7 de diciembre de 2022 Castillo fue detenido y destituido luego de 16 meses de gobierno. Horas antes había anunciado el cierre temporal del Congreso, pero ante esto sus propios ministros comenzaron a renunciar y a calificar la situación como un autogolpe. Con las fuerzas armadas y la policía en contra, el Congreso trató, una vez más, la moción de vacancia contra el entonces presidente bajo la acusación de “incapacidad moral”. Castillo fue detenido y destituido; juró entonces quien era su vicepresidenta, Dina Boluarte quien, entre otras cosas, tenía en el propio Congreso denuncias por presunta infracción constitucional que fueron rápidamente archivadas. 

Dice Natalí Durand: “Si bien es legítima sucesora, se había dicho que iba a renunciar y pedir elecciones. A su asunción la gente la asume como una traición. A su vez, en la derecha no la ven como parte: en el momento en que no le sirva más la van a soltar. Ahora ella les sirve porque el presidente del Congreso no puede ejercer funciones de presidente, tiene que llamar a elecciones en un periodo de 3 a 9 meses como máximo. Ella no quiere renunciar porque sabe que, si renuncia, la van a dejar sola y le espera un proceso judicial fuertísimo”. 

La actual presidenta no tiene bancada propia en el Congreso ni un partido que la apoye.

La pregunta entonces es quién tiene el poder hoy en Perú.

La voz desde las calles

Melania Canale, dirigenta social de la región de Ayacucho, remarca que la situación actual puso luz sobre el “racismo y el clasismo en nuestro país”. Sigue: “Perú ha sido el centro del colonialismo: cuando se creó la república peruana hace 200 años se hizo con los descendientes de los españoles, los ‘mistis’ y los criollos, y los pueblos indígenas y afro estuvimos ausentes. Entonces lo que vino fue una dominación de una clase media alta privilegiada. Hay una desigualdad grande, que se ha agudizado, los derechos se convirtieron en negocios, como la educación, la salud, y la participación política”. 

Melania define a Pedro Castillo como el primer “marrón” (por el color de su piel) que llegó a la presidencia. Y define: “Hemos sentido que al marrón no lo aguantaban”. A la actual presidenta la llama “la usurpadora”. Dice: “En estos momentos, aunque ella ganó junto a Castillo, representa a la derecha. El Congreso ha sido un obstáculo que a Pedro Castillo no lo dejó gobernar, siempre estaba ahí promoviendo su vacancia. Dina tenía una denuncia, pero la archivaron en el Congreso. Realmente esto se veía venir. Acá, la derecha política del Perú es una derecha arrastrada, que siempre se entrega por completo a la oligarquía” 

¿Tiene relación el problema con las agendas extractivistas? 

Está muy ligado. Hace poco una funcionaria de Estados Unidos ha dicho que en Sudamérica están el agua dulce, los minerales, el litio. Aquí están paralizadas varias mineras por los reclamos de las comunidades. Hay también contaminación de los ríos, de la tierra, mucha gente con metales pesados en la sangre, y además estos empresarios no dejan nada…

¿A qué atribuís la actual represión? 

Es una caza de brujas. En Ayacucho hay 8 detenidos dirigentes y dirigentas de organizaciones, los han llevado hasta Lima, acusados de terroristas. No somos asesinos, no somos terroristas. Están buscando descabezar a las organizaciones, meter miedo, criminalizar y perseguirnos, inventando fantasmas. No hay libertad en este país: por eso decimos que estamos viviendo una dictadura cívico militar. 

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Las cosas que hay que hacer para trabajar – Capítulo 1

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La nueva serie documental de lavaca: El mundo de la autogestión en Argentina a través de ocho capítulos sobre experiencias recientes de diferentes cooperativas que lograron recuperar empresas vaciadas o quebradas por las patronales. Dirigida por Patricio Escobar, autor de La crisis causó 2 nuevas muertes.

Dos mil personas que integran empresas recuperadas de toda la Argentina se reúnen en un acto histórico en la Aceitera La Matanza. ¿Qué buscan? Impulsar el proyecto de Ley de Recuperación de Unidades Productivas que facilite que cooperativas de trabajo pongan en marcha empresas quebradas o vaciadas por las patronales. El movimiento lleva 20 años sin ley, pero ha recuperado no sólo trabajo sino también dignidad y vida, con 400 fábricas en el país que dan trabajo en total a más de 14 mil obreras y obreros. Su lema: Ocupar, resistir y producir.

Las cosas que hay que hacer para trabajar Dirección: Patricio Escobar.
Producción integral de Cooperativa de Trabajo Lavaca: Claudia Acuña, Sergio Ciancaglini, Anabella Arrascaeta, Lina Etchesuri, Sebastian Smok, María del Carmen Varela, Franco Ciancagini, Lucas Pedulla.
Fotografía: Lina Etchesuri y Sebastian Smok. Cámara: Patricio Escobar, Guillermo Guevara, Sebastian Smok.
Música: Guido Donato y Tomás Lobov.
Edición: Damián Finvarb.

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Cuatro años de in-justicia por el femicidio de Carla Soggiu       

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En la Plaza de la Memoria de Pompeya, junto a vecinos, vecinas, otras familias víctimas de femicidios y organismos de derechos humanos del barrio, se recordó este domingo a Carla Soggiu frente al mural que hizo el barrio, a cuatro años del femicidio. Estuvo presente Alfredo Soggiu (foto) el padre de Carla. Sin culpables por el crimen, y sin siquiera un fiscal que lleve adelante la causa, la familia se transformó en querellante e impulsa que se investigue la responsabilidad de Diego Santilli, por entonces Ministro de Seguridad porteño, por la falla en el sistema del botón antipánico que debía protegerla. El ex marido de Carla fue acusado por violación, pero el crimen sigue impune. La idea sobre quién cuida a lxs vecinxs.  

El acto en la Plaza de la Memoria de Pompeya (fotos: Ailín Soria)

“A pesar de que pasaron cuatro años cada día siento más injusta su partida, que le hayan quitado la vida. Tanto su pareja, como el gobierno de la Ciudad, como la justicia, todos la mataron un poco a mi hija”. 

Alfredo, papá de Carla Soggiu, está parado en la Plaza de la Memoria del barrio porteño de Pompeya, a cuadras de donde su hija murió. Desde ahí habla. Frente a él vecinos y vecinas que escuchan; a su lado, familiares de otras víctimas de femicidios; y en su espalda, el mural desde donde su hija mira al barrio junto a letras negras que dicen: verdad y justicia. 

Ni botón ni GPS

El 15 de enero de 2019, cuatro años atrás, Carla Soggiu pidió ayuda 5 veces apretando el botón antipánico que tenía después de haber denunciado a su pareja. Pese a que el sistema contaba con ubicación GPS, la empresa no pudo ubicarla. Carla estuvo desaparecida hasta que un barrendero encontró su cuerpo en el riachuelo. Según la autopsia, murió por “asfixia mecánica por sumersión”. 

Ella tenía un botón antipánico porque días antes, el 26 de diciembre de 2018, su ex pareja, Sergio Nicolás Fuentes, la secuestró, violó y golpeó brutalmente, con su hija menor como testigo. Carla tenía hidrocefalia, los golpes destrozaron la válvula. Cuando logró huir lo denunció ante la la Oficina de Violencia Doméstica, y le dieron el botón antipánico que días después no la protegió.  

Con el Poder Judicial en contra

Sergio Nicolás Fuentes fue condenado por la violación a seis años de prisión, pero la causa por el femicidio fue archivada, cuando la familia se enteró ya había pasado un año.

Pidieron entonces que la justicia porteña investigue por qué no funcionó el botón antipánico: el fiscal de primera instancia archivó el pedido.

Apelaron, el fiscal de Cámara también lo archivó.

Fue cuando alegaron que la Ley de Víctimas autoriza que se abra la investigación sin asistencia de un fiscal, y así lograron que se los acepte como querellantes.

En ese punto están ahora, sin fiscal el impulso de la causa depende de la familia. El objetivo es que se investigue la responsabilidad de Diego Santilli, por entonces Ministro de Seguridad porteño, por la falla en el sistema del botón antipánico que debía proteger a Carla.  

Dice Alfredo, papá de Carla: “Después de tanto tiempo de lucha, con el acompañamiento de un montón de gente incondicional, recién logramos meter una causa contra uno de los asesinos de mi hija. Más que nunca necesitamos el acompañamiento de todos, que nos ayuden a caminar. Por mis nietos, por mi señora, también por mí. Lo necesito, que me acompañen”. 

A su lado están Susana y Daniel, padres de Cecilia Basaldúa, víctima también de un femicidio y de un Poder Judicial que intenta garantizar impunidad en lugar de justicia. Susana explica: “Las familias sentimos mucha impotencia, esto no tiene que pasar más. Tenemos que luchar y acompañarnos porque es lo que nos hace fuertes”. Susana se detiene para nombrar a Roxana, mamá de Carla Soggiu que no está presente, se quedó cuidando a sus dos nietos, hijes de Carla, que hoy tienen 6 y 8 años. Sigue: “Nuestras hijas no pueden volver a la vida pero queremos que descansen en paz, y lo van a hacer cuando haya justicia”. 

Daniel (en el centro), y Susana, rodean a Alfredo, el padre de Carla Soggiu. (Fotos: Ailín Soria).

Vecinos cuidándose

Vecinos y vecinas del barrio forman un semicírculo para escuchar. Entre ellos están presentes los integrantes del Instituto de la Memoria de Pompeya, responsables de cuidar y crear la Plaza de la Memoria donde ocurre este ritual de abrazo hacia la familia. Además del de Carla hay murales dedicados a Ezequiel Demonty (el joven asesinado por la Policía en el Riachuelo), por la Noche de los Lápices, por Hebe de Bonafini, entre otros.

“La lucha se sostiene con amor, con alegría y con memoria”, dice Alberto, integrante del espacio, y cuenta que fue en 2006 cuando se propusieron visibilizar a les desaparecides del barrio, crearon la plaza, y empezaron a marchar juntos.

Pronto se dieron cuenta de cómo aparece la violencia institucional y estatal hoy, dice: “A veces reflota en estas formas: femicidios, travesticidios, desaparición de jóvenes en situación de calle. Los únicos que nos cuidamos somos los vecinos a los vecinos”. 

Luego, la foto de Carla se levanta alto y se grita presente, con su sonrisa y su mirada desde la pared.

Fotos: Ailín Soria.
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