Sigamos en contacto

Nota

Excarcelaron a los inquilinos de San Telmo: un cacho de justicia

Publicada

el

Este 24 de septiembre fueron liberados los inquilinos que habían sido detenidos a comienzos de agosto por reclamar contra los aumentos desproporcionados del inquilinato de San Telmo en que vivían. La medida confirma la aberración que representó el mes y medio que estuvieron en la cárcel, víctimas de una causa armada, parte del proceso de expulsión de vecinos y reconversión de San Telmo en supuesto polo turístico. Manifestaciones, y hasta un “sementazo” jalonaron estas semanas hasta la excarcelación.
Ayer lavaca anunció la pronta resolución de la Cámara de Apelaciones sobre la injusta prisión de 23 vecinos de San Telmo, y la misma se dio por la tarde. El título era: “Justicia o aberración jurídica”. Fue justicia, si por tal se entiende que estas personas pudieron salir de la cárcel luego de un mes y medio de prisión que nadie les devolverá, y de haberse quedado además sin vivienda y sin sus pertenencias, todo por reclamar contra los aumentos prohibitivos (de 380 pesos a 1.200) que les exigieron a comienzos de agosto para poder seguir habitando, hacinados, pequeñas habitaciones de un inquilinato llamado pomposamente “Hotel Carlos V”. Esa situación marca la diferencia que cada lector sabrá apreciar, entre “excarcelación” y “libertad”.
Rubén Saboulard, de la Asamblea de San Telmo, dijo a lavaca con respecto a las excarcelaciones: “Salieron 19 personas de las 23 detenidas, y se espera la salida mañana de tres más que tienen caución real (una fianza judicial). Esta cifra llega a los 2500 pesos sumando a todos, que no pudimos pagar hoy porque este trámite se hace en horario bancario. Esas tres personas son Carlos Pourrain, Mariela Aguirre y Pedro Navalle que deben pagar 500, 1000 y 1000 en ese orden”.
Saboulard no sabe por qué deben pagar tal fianza. “Ni siquiera sabemos cómo ha quedado la carátula de la causa. Obviamente no quedaron todos sobreseídos, algunos han quedado imputados de algunos delitos”. Los integrantes de la Asamblea de San Telmo, que se vieron involucrados al intentar mediar en el conflicto de los inquilinos, consideran que el juzgado que había enviado presos a estos 15 hombres y 8 mujeres recibió un cachetazo. “Fue un cachetazo porque la apelación se hizo el 23 y la cámara no usó los cinco días que tenía para expedirse sino que velozmente, en tiempo record, resolvió la situación. No estamos hablando de una sala progresista ni muchísimo menos, pero decidieron voltear la causa, cosa que para el juzgado fue un golpe duro”, dice Saboulard.
Todavía no se conoce la calificación de los delitos y se supo que el caso que queda en prisión es León Fernández.. “En realidad fue sobreseído en esta causa, pero fue dirigente del Partido Comunista de Perú, perteneció a Sendero Luminoso y estuvo preso 12 años en su país. Al comenzar a tener permiso para salir, huyó a la Argentina y se presentó como refugiado político. Al darse este caso se supo que tenía un pedido de Interpol, pese a que tenía el estatus de fugado político” explica Saboulard.
De todos modos, en la causa por el desalojo, nadie quedó preso. “Hay procesados, pero habrá que ver por qué razón, porque ni siquiera les avisaron a los abogados”.
El problema de vivienda de quienes fueron detenidos también quedará provisoriamente a cargo de la Asamblea de San Telmo.
Los “crímenes”
“Coacción agravada”, “robo”, “resistencia a la autoridad”, son algunas de las figuras penales que mantuvieron a ocho mujeres en el penal de Ezeiza y a quince hombres en la cárcel de Devoto. Desde hace un mes y medio esperaban definir su situación procesal para volver a encontrarse con sus familias. La decisión estuvo en manos de los doctores Mario Filozof, María Laura Garrigós de Rébori y Rodolfo Pociello Argerich, integrantes de la Sala V de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional. Tenían cuatro días hábiles para responder al pedido de excarcelación presentado por el abogado defensor Norberto Soares, pero lo hicieron en tiempo record.
El letrado, antes de conocerse la excarcelación, había explicado a lavaca que el tribunal debía resolver “si sobreseen o dictan la falta de mérito por los seis delitos que se les imputa. Cabe la posibilidad que mantenga la acusación por alguno de esos delitos. En este caso, deberá decidir si corresponde la excarcelación. Pero si los sobreseen por todas las imputaciones tienen ser puestos en libertad en forma inmediata porque no hay acusación”.
Soares ya intuía que gran parte de los cargos que les adjudicó el Juzgado de Instrucción Nº5 “van a quedar sin efecto, se van a caer porque se trata de una aberración jurídica”. Unas horas más tarde se confirmaría su acierto.
Discriminación y silencio oficial
Cuando los dueños del inquilinato, llamado casi sarcásticamente Hotel Carlos V, decidieron subir el precio del alquiler de 380 pesos a 1200, dejaron en claro que no iban a negociar con las 20 familias porque eran “peruanos y bolivianos”. Frente al nuevo precio, sólo cabía pagar, o irse. Durante las discusiones, agregaron que tenían “arreglos” con la policía de la Comisaría 26º. Soares cuenta que todo esto fue denunciado ante el Instituto Nacional contra la Discriminación y el Racismo (INADI) pero la entidad no brindó respuesta alguna. Además, ocho días antes de las detenciones, en la Fiscalía 27 del fuero Contravencional, dos de las mujeres ahora detenidas habían realizado una denuncia contra la encargada del hotel. En aquel momento plantearon que para evitar que se realizara una reunión de inquilinos, esta persona empujó por las escaleras a una de las arrendatarias, cuyas lesiones comprobó el médico del SAME que tuvo que asistirla en el lugar.
¿Garantías?
El 8 de agosto los inquilinos quisieron hablar con los dueños, solicitaron ayuda a la Asamblea de San Telmo, terminaron encerrados con candado por la propietaria y allí llegaron unos 100 integrantes de las brigadas de la Policía Federal, que desencadenaron una represión de la que no se salvaron ni los chicos. Soares agrega que en esas detenciones hubo también serias irregularidades. “Se los puso a todos contra la pared y el ‘reconocimiento’ se hizo sin ningún resguardo constitucional, ni procesal”. Sin embargo, al Juzgado Nº5 le alcanzó con que los dueños señalaran a “los delincuentes” con el dedo, en una suerte de inversión de la carga de la prueba: culpables, hasta que demuestraran lo contrario.
Soares recuerda que este procedimiento tiene sus códigos: “La persona que está imputada de un delito debe ser reconocida entre otras tres personas con fisonomía similar. Además en el momento de la detención las autoridades deben leer los derechos del demorado”. En este caso no se cumplieron ni con esas mínimas garantías.
Las víctimas, robadas
Como si todos estos atropellos fueran poco, los familiares de los detenidos denunciaron que los dueños del Hotel Carlos V se quedaron con todas sus pertenencias: ropa, dinero, electrodomésticos, todo lo que había a mano. Esto ocurrió con el aval de la policía y del juzgado. Indica Soares: “Los uniformados no resguardaron la escena del hecho (que se supone delictivo) como se hace en todos los procedimientos. Se debió haber clausurado el hotel, se debió haber hecho pericias para saber qué es lo que hay, qué es lo que no hay dentro del lugar, pericias inclusive contables para saber en qué condiciones estaba el hotel”.
Ocurrió algo muy diferente: apenas los inquilinos fueron castigados con la cárcel y sus familiares desalojados con lo puesto, comenzaron las obras de remodelación que convertirán al inquilinato Carlos V en un “hostel” turístico.
Mafias inmobiliarias
Rubén Saboulard ya había bautizado a esta situación como la “causa escarmiento”: un modo de enviar un mensaje a los vecinos sobre las consecuencias de resistir la “reconversión” de San Telmo. Denunció que todo el “corredor turístico” que incluye barrios como San Telmo, Monserrat y Constitución, es escenario de una guerra contra los inquilinos y luchas de mafias inmobiliarias “donde los que aparecen como supuestos dueños de los inquilinatos, tampoco tienen títulos de propiedad, y por eso buscan el apoyo de la policía y los jueces para conseguir los desalojos”. Allí está la clave para comprender por qué estas familias fueron reprimidas, privadas de vivienda, y de su libertad.
En el marco de las acciones para intentar la liberación de los detenidos se produjo incluso el llamado “sementazo”, baldes de cal derramados frente a la Cámara Federal como denuncia de una paradoja: algunas de las detenidas eran mujeres dominicanas en estado de prostitución, cuya situación debía ser definida, por ejemplo, por el juez Mario Filozof, descubierto por una cámara oculta como prostituyente de dominicanas. Ahora la cuestión se centrará en saber qué delitos quedaron en pie y, acaso más importante aún, descubrir de qué modo el caso del Carlos V no se transforma en un símbolo de desalojos futuros, sino de la posibilidad de que las personas puedan tener derecho a la vivienda.

Nota

Cecilia Basaldúa: gracias a la lucha familiar designan un nuevo fiscal en la causa

Publicada

el

La familia de la joven asesinada en Capilla del Monte llevó a Córdoba una carpeta con miles de firmas que reclamaban la designación de un nuevo fiscal. Lo lograron: después de la feria judicial tomará la causa Nelson Lingua. ¿Qué debe investigar? El rol de Mainardi y su círculo en el femicidio, la casa con manchas de sangre a pocos metros del lugar de hallazgo del cuerpo, la complicidad policial y el intento de la fiscal Paula Kelm de inculpar a un perejil. Todo lo que debe hacer una familia para conseguir justicia, cuando el Estado encubre. 

Por Bernardina Rosini

desde Córdoba

Susana y Daniel Basaldúa entraron a la oficina del Fiscal General de Córdoba con una carpeta con miles de firmas de apoyo al pedido de designación  de un fiscal para la investigación del femicidio de Cecilia de manera urgente. Lo lograron: fueron recibidos con la novedad de que después de un año y medio se hará cargo de la causa Nelson Lingua. Los padres de la joven asesinada en Capilla del Monte en 2020 estuvieron acompañados por decenas de personas, entre las que se encontraban sus abogadas, Daniela Pavón y Gisela Videla y el abogado de la Secretaría de Derechos Humanos Gerardo Battistón.

La lucha por un fiscal

Desde que el entonces fiscal a cargo, Reymundo Barrera, de Cruz del Eje, se jubiló, la instrucción quedó en punto muerto. Esta inacción motivó en junio pasado una primera reunión con el fiscal general Juan Manuel Salgado, sin resultados. Esta nueva reunión fue distinta, según Daniel Basaldúa expresó luego del encuentro: “Nosotros veníamos a exigir un fiscal que tome la investigación: por ese lado, saldo positivo. Venimos hace meses con una investigación que no tenía una persona a cargo y se la pasaban de mano cada 10 días. Vinimos con 3.000 firmas pidiendo fiscal y lo tenemos. Es el Nelson Lingua y comienza el 1° de febrero, después de la feria judicial”. 

El padre de Cecilia se muestra satisfecho con esta designación y con el compromiso que acompañó el Fiscal General de ocuparse personalmente que la investigación se mantenga activa y de informarse mensualmente de lo que vaya aconteciendo en la instrucción. 

Lo que no se investiga

Desde el momento del hallazgo del cuerpo en abril de 2020 la familia de Cecilia sostiene que las líneas de investigación del crimen han sido deliberadamente manipuladas y material probatorio  de contundencia, ignorado. Tal es es así que el juicio realizado en el año 2022 se sostenía únicamente en la confesión lograda a base de puños y amenazas por parte de personal policial a Lucas Bustos, un joven poblador rural sobre el cual no pesaba ninguna prueba siquiera que haya conocido a Cecilia.

Por el otro lado, las sospechas familiares recaen sobre Mario Mainardi, última persona que con certeza se sabe vió con vida a Cecilia y a quien nunca se investigó a pesar de que el luminol, sustancia que revela la presencia de rastros de sangre, diera positivo en 11 puntos de su casa; entre otros aspectos que lo implican y que fueron descartados exhibiendo cuanto menos, intencionalidad de encubrimiento, jamás investigados.

Estas cuestiones fueron nuevamente expresadas por el matrimonio Basaldúa y sus representantes ayer en el Palacio de Tribunales, en la oficina del Fiscal General. Existe un claro interés de no investigar lo que propone la familia” afirma Daniela Pavón. La abogada comparte su preocupación por el tiempo perdido: “Semanas atrás hubo un incendio en una casa de Capilla del Monte que había sido señalada como un posible escenario del crimen”. 

La casa

En medio de la pandemia los dueños de esa casa de veraneo se acercaron a chequearla y se encontraron que en una de las habitaciones estaba manchada de sangre. Los propietarios realizaron la denuncia, la policía se acercó y tomó muestras. La ubicación de la casa es a tan sólo 600 metros de donde fue encontrado el cuerpo de Cecilia el 25 de abril del 2020. 

La fiscalía tenía el cuerpo de la joven por un lado y, a unos pocos metros, un cuarto de una casa abandonada manchado con sangre. Pero sin embargo no dió curso a la investigación y los análisis sobre las muestras extraídas de la casa nunca se realizaron. “Tememos que se haya perdido mucho material probatorio por falta de trabajo, de desidia de la fiscalía. Solicitamos hace mucho tiempo que se realicen las pericias y se tomen las muestras en ese lugar. Esperamos con ansias que haya un cambio de ritmo y de eficacia en la investigación con la incorporación y el liderazgo del doctor Lingua”, dice Pavón.

La corrupción

La construcción para intentar inculpar a un perejil realizada por la fiscal Paula Kelm y posteriormente el fiscal de Cámara Sergio Cuello en el juicio contra Lucas Bustos se deshizo por carecer de pruebas. Y si lo que se presenta claro y manifiesto es desestimado, la complicidad policial y judicial parece ya evidente.

¿Tomará el nuevo fiscal Lingua las líneas de investigación que señala la familia? 

Mientras eso está por verse, Daniel y Susana participan hoy en la 17° Marcha de la Gorra en Córdoba capital y luego estarán en Capilla del Monte para seguir reclamando justicia en las calles.

Cecilia Basaldúa: gracias a la lucha familiar designan un nuevo fiscal en la causa
Foto: Natalia Roca
Seguir leyendo

Nota

Luna hace escuela: presentan una placa recordatoria de la joven asesinada, en reclamo de justicia

Publicada

el

La joven de 19 años iba a la primaria n° 18 de Tigre, donde ayer se descubrió una placa para recordar su femicidio y reclamar justicia. El femicida Isaías Villarreal vive cerca de esa institución y de la casa de la familia Luna. El acompañamiento de las y los alumnos, de organizaciones sociales, del Ministerio de Mujeres bonaerense, y las palabras de sus padres.

«Es un momento importante: el Estado está reconociendo que es un femicidio. Falta que la justicia lo pueda ver”.

Marisa, mamá de Luna Ortiz, dice estas palabras frente a la escuela primaria n°18 de Tigre adónde iba su hija. Ahí, sobre la vereda y a metros de la puerta, se presentó ayer martes 6 de diciembre una señalización con la cara de Luna y una inscripción con una frase de la banda Callejeros que la recuerda: «Hoy desde el cielo me guian tus ojos a donde voy».

Del otro lado de la reja, alumnos y alumnas de 6to grado armaron guirnaldas de carteles que en letra imprenta piden que frene la violencia: «Si me querés no me grites», «mi vida tiene valor, mi cuerpo no tiene precio», «no más maltrato», «nos queremos vivas y libres».

«Es una reparación», dice Facundo, su papá, acompañado por otros familiares de víctimas de femicidios que viajaron desde distintos puntos de la provincia de Buenos Aires, por vecinas, amigas de Luna, y por autoridades del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad bonaerense. 

Luna Ortiz tenía 19 años cuando fue contactada por Isaías Villarreal el 2 de junio de 2017 mediante Facebook. Se encontraron y él la llevó a su casa, donde la esperaban otros dos hombres: ahí la drogaron, la alcoholizaron y la trasladaron en un raid en el que la intercambiaban como mercancía. Un día después, el 3 de junio de 2017, encontraron el cuerpo de Luna sin vida en la casa del propio Villarreal. 

Dos años después, el fiscal Marcelo Fuenzalida, de la Unidad Funcional de Instrucción de Violencia de Género San Isidro, caratuló su muerte como “abandono de persona seguido de muerte con suministro de estupefacientes a título gratuito”. Ese año el TOC 7 de San Isidro condenó a Villarreal a 14 años de prisión. Pero en marzo de 2021, los jueces de la Sala I de la Cámara de Casación Penal de La Plata, Daniel Alfredo Carral, Ricardo Ramón Maidana y Ricardo Borinsky, dieron lugar a un pedido de la defensa y cambiaron la carátula a “suministro gratuito de estupefacientes destinado al consumo personal en concurso real con homicidio imprudente” por lo que finalmente el femicida recibió una pena de 4 años y 11 meses.

Con el cambio de carátula, Villareal consiguió en 2022 la excarcelación. Desde entonces vive a pocas cuadras de la casa de donde vivía Luna, en el mismo barrio en donde ahora se la recuerda en la escuela.

Por eso Ailén, amiga de Luna, dice: «Para mí es plasmar que acá no está todo bien, que si él está en la calle no está todo bien, que él no es inocente de lo que hizo, que tiene que pasar y verle la cara hermosa que tenía y saber que no está todo bien, que nunca va a estar todo bien, y ojalá la justicia algún día revea el error que cometió».

Seguir leyendo

Nota

Atlanticazo número 24 contra el loteo del mar

Publicada

el

Las Asambleas por un Mar Libre de petroleras que ya llegan a gran parte de las costas argentinas realizaron una nueva movilización (la número 24) como todos los 4 de cada mes. En Mar del Plata, donde nació esta movida, fueron desde la Municipalidad hasta la Playa Popular, para manifestarse entrando al mar contra la pretensión de explotar las profundidades marinas sin licencia social y sin que se conozcan las consecuencias ambientales que se generarán. Luego hicieron una fogata contra el extractivismo.  

La fecha es heredera y homenaje a las marchas antimineras que se producen también los días 4, desde que Esquel inauguró ese hábito social y ambiental en 2002. Este lunes hubo marchas entonces no solo en Mar del Plata sino también todo Chubut. Son las últimas previas a la asunción de un nuevo gobierno. En Mar del Plata, todo estará luego dirigido al 4 de enero, plena temporada, cuando además se cumplirán dos años del primer Atlanticazo. Como lo reflejó esta página el mes pasado, distintas localidades costeras del país se sumaron también este 4 a toda esta movida socioambiental en defensa del mar. (La revista MU está preparando una producción especial sobre el tema para la edición de diciembre, tras haber viajado a Mar del Plata).

¿Qué es el bombardeo acústico?

La asamblea hizo llegar a lavaca el mapa que refleja el parcelamiento del mar que están obteniendo las petroleras para realizar sus actividades, con notable colaboración de la política oficial y la judicial (Corte Suprema) en contra del medio ambiente. Ya son 38 «bloques» destinados a esas empresas, cuenta Silvina Álvarez, integrante de la asamblea: «Esto implica a toda la franja costera y a territorios que van a estar impactados. En Mar del Plata tenemos un sector del puerto que se le concesionó gratuitamente a Equinor, una corporación que trabaja con YPF». Se desconoce aun si los anuncios de motosierra llegarán a este gasto público.

Atlanticazo número 24 contra el loteo del mar

El mapa muestra que el Mar Argentino fue sometido a una suerte de fraccionamiento: la gran zona rosada que acompaña al 70% de las costas es la que corresponde a las llamadas “prospecciones” que en la práctica implican una búsqueda sísmica mediante violentos y permanentes bombardeos acústicos para detectar áreas petroleras, causando estragos en la fauna marina, especialmente las ballenas, “destruyendo el ecosistema marino, que juega un rol fundamental en la absorción del dióxido de carbono atmosférico y la mitigación del cambio climático” explica la asamblea. “Es como si fuera todo el estruendo de cohetes de un año nuevo, pero dentro del mar y durante tres meses seguidos” explicó Silvina Ávarez a lavaca.

Esa acción sísimica de las naves de las corporaciones fue iniciada casi sin conocimiento público durante el gobierno macrista.

El resto de las zonas coloridas que se observan representa las áreas de exploración tanto en el norte como en el sur del Mar Argentino, con el nombre de las corporaciones encargadas de cada parcela.  

Atlanticazo número 24 contra el loteo del mar
Atlanticazo en Mar del Plata 4/12/23 – Florencia Ferioli

El no cambio climático

Sobre la marcha en Mar del Plata contó Jazmín Safi a lavaca: “Tuvo muy buena convocatoria, más tratándose de un lunes, y apuntando a la acción del mes que viene, cuando cumplamos los dos años del primer Atlanticazo”.

El documento marplatense plantea un panorama sobre el presente: “En 6 días asume la presidencia Javier Milei, con promesas de más ajuste, más entrega y más represión. Los planes de la ultraderecha son profundizar el camino ya trazado por los anteriores gobiernos. Por eso es tan importante que hoy estemos en las calles, demostrando que gobierne quien gobierne seguiremos peleando por nuestros derechos y que no abandonaremos la defensa de los territorios y la vida”.

Sobre la extraña COP 28 (Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático) que se desarrolla en Dubai, capital de un enclave justamente petrolero como Emiratos Árabes, plantean los asambleístas: “Esta reunión donde gobiernos y empresas se deben comprometer con acciones para reducir la emisión de gases de efecto invernadero y evitar así el colapso climático que pone en riesgo la supervivencia de numerosas especies incluida la nuestra, paradójicamente se está desarrollando en Dubai, demostrando el poder de la industria petrolera mundial que sigue condicionando las políticas ambientales destinadas a frenar el aumento de la temperatura global”.

Atlanticazo número 24 contra el loteo del mar
Atlanticazo en Mar del Plata 4/12/23 – Florencia Ferioli

Dato sobre la representación argentina: “La delegación argentina está encabezada por Cecilia Nicolini, Secretaria de Cambio Climático, quien es responsable de haber firmado cada una de las Declaraciones de Impacto Ambiental a los proyectos de exploración sísmica y pozo exploratorio presentados por las corporaciones petroleras, luego de realizar falsas Audiencias Públicas, incumpliendo así tratados internacionales como el Acuerdo de París y el Acuerdo de Escazú”.

Contaminación, negacionismo y otros

¿Cuál es la situación actual? El documento marplatense informa: “Mientras tanto, el buque BGP Prospector sigue desplazándose a su antojo por las costas bonaerenses hasta las de Río Negro y Chubut, bombardeando el mar y destruyendo el ecosistema marino, que juega un rol fundamental en la absorción del dióxido de carbono atmosférico y la mitigación del cambio climático. Por su parte, el Estado nacional a través del Consejo Federal Pesquero y la Armada Argentina, rechazaron el pedido del Instituto de Conservación de Ballenas para relevar datos sobre los efectos de la sísmica en curso, porque podrían “entorpecer la prospección”. Así se demuestra nuevamente una profunda sumisión a los intereses de las corporaciones”.

Atlanticazo número 24 contra el loteo del mar
Atlanticazo en Mar del Plata 4/12/23 – Florencia Ferioli

La asamblea repasa otros conflictos del presente, como el caso de la Legislatura rionegrina, que votará esta semana tres leyes pro mineras con lo que se habilitaría la megaminería y el negocio inmobiliario en zonas resguardadas hasta ahora, “intensificando el saqueo y el despojo a las comunidades”.

Sobre el poder judicial: “Una justicia que sigue operando en favor de proyectos extractivistas como la Ley de Semillas avalada por un fallo de la Corte Suprema de la Nación en el que se le reconocen derechos de patente sobre las semillas a la corporación Bayer Monsanto, y que a su vez se niega a admitir la causa contra la empresa contaminante Porta hermanos, presentada hace más de tres años por vecines de Córdoba Los mismos jueces que se expidieron contra el recurso de queja presentado por organizaciones y abogades, dando así luz verde al proyecto petrolero offshore”.

Atlanticazo número 24 contra el loteo del mar
Atlanticazo en Mar del Plata 4/12/23 – Florencia Ferioli

Dos lemas asamblearios cierran el documento: “Somos  mares, somos naturaleza, somos comunidades costeras” y “No es no”. La próxima marcha será con un gobierno cuyos candidatos han planteado públicamente que contaminar el agua no es un problema ni un delito, que niegan el cambio climático y que agitan la amenaza de represión como su modo de entender la convivencia democrática.   

Atlanticazo número 24 contra el loteo del mar
Atlanticazo en Mar del Plata 4/12/23 – Florencia Ferioli
Seguir leyendo

LA NUEVA MU. ¿Qué perdimos?

La nueva Mu
Publicidad
Publicidad
Publicidad

Lo más leido