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Excarcelaron a los inquilinos de San Telmo: un cacho de justicia

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Este 24 de septiembre fueron liberados los inquilinos que habían sido detenidos a comienzos de agosto por reclamar contra los aumentos desproporcionados del inquilinato de San Telmo en que vivían. La medida confirma la aberración que representó el mes y medio que estuvieron en la cárcel, víctimas de una causa armada, parte del proceso de expulsión de vecinos y reconversión de San Telmo en supuesto polo turístico. Manifestaciones, y hasta un “sementazo” jalonaron estas semanas hasta la excarcelación.
Ayer lavaca anunció la pronta resolución de la Cámara de Apelaciones sobre la injusta prisión de 23 vecinos de San Telmo, y la misma se dio por la tarde. El título era: “Justicia o aberración jurídica”. Fue justicia, si por tal se entiende que estas personas pudieron salir de la cárcel luego de un mes y medio de prisión que nadie les devolverá, y de haberse quedado además sin vivienda y sin sus pertenencias, todo por reclamar contra los aumentos prohibitivos (de 380 pesos a 1.200) que les exigieron a comienzos de agosto para poder seguir habitando, hacinados, pequeñas habitaciones de un inquilinato llamado pomposamente “Hotel Carlos V”. Esa situación marca la diferencia que cada lector sabrá apreciar, entre “excarcelación” y “libertad”.
Rubén Saboulard, de la Asamblea de San Telmo, dijo a lavaca con respecto a las excarcelaciones: “Salieron 19 personas de las 23 detenidas, y se espera la salida mañana de tres más que tienen caución real (una fianza judicial). Esta cifra llega a los 2500 pesos sumando a todos, que no pudimos pagar hoy porque este trámite se hace en horario bancario. Esas tres personas son Carlos Pourrain, Mariela Aguirre y Pedro Navalle que deben pagar 500, 1000 y 1000 en ese orden”.
Saboulard no sabe por qué deben pagar tal fianza. “Ni siquiera sabemos cómo ha quedado la carátula de la causa. Obviamente no quedaron todos sobreseídos, algunos han quedado imputados de algunos delitos”. Los integrantes de la Asamblea de San Telmo, que se vieron involucrados al intentar mediar en el conflicto de los inquilinos, consideran que el juzgado que había enviado presos a estos 15 hombres y 8 mujeres recibió un cachetazo. “Fue un cachetazo porque la apelación se hizo el 23 y la cámara no usó los cinco días que tenía para expedirse sino que velozmente, en tiempo record, resolvió la situación. No estamos hablando de una sala progresista ni muchísimo menos, pero decidieron voltear la causa, cosa que para el juzgado fue un golpe duro”, dice Saboulard.
Todavía no se conoce la calificación de los delitos y se supo que el caso que queda en prisión es León Fernández.. “En realidad fue sobreseído en esta causa, pero fue dirigente del Partido Comunista de Perú, perteneció a Sendero Luminoso y estuvo preso 12 años en su país. Al comenzar a tener permiso para salir, huyó a la Argentina y se presentó como refugiado político. Al darse este caso se supo que tenía un pedido de Interpol, pese a que tenía el estatus de fugado político” explica Saboulard.
De todos modos, en la causa por el desalojo, nadie quedó preso. “Hay procesados, pero habrá que ver por qué razón, porque ni siquiera les avisaron a los abogados”.
El problema de vivienda de quienes fueron detenidos también quedará provisoriamente a cargo de la Asamblea de San Telmo.
Los “crímenes”
“Coacción agravada”, “robo”, “resistencia a la autoridad”, son algunas de las figuras penales que mantuvieron a ocho mujeres en el penal de Ezeiza y a quince hombres en la cárcel de Devoto. Desde hace un mes y medio esperaban definir su situación procesal para volver a encontrarse con sus familias. La decisión estuvo en manos de los doctores Mario Filozof, María Laura Garrigós de Rébori y Rodolfo Pociello Argerich, integrantes de la Sala V de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional. Tenían cuatro días hábiles para responder al pedido de excarcelación presentado por el abogado defensor Norberto Soares, pero lo hicieron en tiempo record.
El letrado, antes de conocerse la excarcelación, había explicado a lavaca que el tribunal debía resolver “si sobreseen o dictan la falta de mérito por los seis delitos que se les imputa. Cabe la posibilidad que mantenga la acusación por alguno de esos delitos. En este caso, deberá decidir si corresponde la excarcelación. Pero si los sobreseen por todas las imputaciones tienen ser puestos en libertad en forma inmediata porque no hay acusación”.
Soares ya intuía que gran parte de los cargos que les adjudicó el Juzgado de Instrucción Nº5 “van a quedar sin efecto, se van a caer porque se trata de una aberración jurídica”. Unas horas más tarde se confirmaría su acierto.
Discriminación y silencio oficial
Cuando los dueños del inquilinato, llamado casi sarcásticamente Hotel Carlos V, decidieron subir el precio del alquiler de 380 pesos a 1200, dejaron en claro que no iban a negociar con las 20 familias porque eran “peruanos y bolivianos”. Frente al nuevo precio, sólo cabía pagar, o irse. Durante las discusiones, agregaron que tenían “arreglos” con la policía de la Comisaría 26º. Soares cuenta que todo esto fue denunciado ante el Instituto Nacional contra la Discriminación y el Racismo (INADI) pero la entidad no brindó respuesta alguna. Además, ocho días antes de las detenciones, en la Fiscalía 27 del fuero Contravencional, dos de las mujeres ahora detenidas habían realizado una denuncia contra la encargada del hotel. En aquel momento plantearon que para evitar que se realizara una reunión de inquilinos, esta persona empujó por las escaleras a una de las arrendatarias, cuyas lesiones comprobó el médico del SAME que tuvo que asistirla en el lugar.
¿Garantías?
El 8 de agosto los inquilinos quisieron hablar con los dueños, solicitaron ayuda a la Asamblea de San Telmo, terminaron encerrados con candado por la propietaria y allí llegaron unos 100 integrantes de las brigadas de la Policía Federal, que desencadenaron una represión de la que no se salvaron ni los chicos. Soares agrega que en esas detenciones hubo también serias irregularidades. “Se los puso a todos contra la pared y el ‘reconocimiento’ se hizo sin ningún resguardo constitucional, ni procesal”. Sin embargo, al Juzgado Nº5 le alcanzó con que los dueños señalaran a “los delincuentes” con el dedo, en una suerte de inversión de la carga de la prueba: culpables, hasta que demuestraran lo contrario.
Soares recuerda que este procedimiento tiene sus códigos: “La persona que está imputada de un delito debe ser reconocida entre otras tres personas con fisonomía similar. Además en el momento de la detención las autoridades deben leer los derechos del demorado”. En este caso no se cumplieron ni con esas mínimas garantías.
Las víctimas, robadas
Como si todos estos atropellos fueran poco, los familiares de los detenidos denunciaron que los dueños del Hotel Carlos V se quedaron con todas sus pertenencias: ropa, dinero, electrodomésticos, todo lo que había a mano. Esto ocurrió con el aval de la policía y del juzgado. Indica Soares: “Los uniformados no resguardaron la escena del hecho (que se supone delictivo) como se hace en todos los procedimientos. Se debió haber clausurado el hotel, se debió haber hecho pericias para saber qué es lo que hay, qué es lo que no hay dentro del lugar, pericias inclusive contables para saber en qué condiciones estaba el hotel”.
Ocurrió algo muy diferente: apenas los inquilinos fueron castigados con la cárcel y sus familiares desalojados con lo puesto, comenzaron las obras de remodelación que convertirán al inquilinato Carlos V en un “hostel” turístico.
Mafias inmobiliarias
Rubén Saboulard ya había bautizado a esta situación como la “causa escarmiento”: un modo de enviar un mensaje a los vecinos sobre las consecuencias de resistir la “reconversión” de San Telmo. Denunció que todo el “corredor turístico” que incluye barrios como San Telmo, Monserrat y Constitución, es escenario de una guerra contra los inquilinos y luchas de mafias inmobiliarias “donde los que aparecen como supuestos dueños de los inquilinatos, tampoco tienen títulos de propiedad, y por eso buscan el apoyo de la policía y los jueces para conseguir los desalojos”. Allí está la clave para comprender por qué estas familias fueron reprimidas, privadas de vivienda, y de su libertad.
En el marco de las acciones para intentar la liberación de los detenidos se produjo incluso el llamado “sementazo”, baldes de cal derramados frente a la Cámara Federal como denuncia de una paradoja: algunas de las detenidas eran mujeres dominicanas en estado de prostitución, cuya situación debía ser definida, por ejemplo, por el juez Mario Filozof, descubierto por una cámara oculta como prostituyente de dominicanas. Ahora la cuestión se centrará en saber qué delitos quedaron en pie y, acaso más importante aún, descubrir de qué modo el caso del Carlos V no se transforma en un símbolo de desalojos futuros, sino de la posibilidad de que las personas puedan tener derecho a la vivienda.

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Las cosas que hay que hacer para trabajar – Capítulo 3

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La nueva serie documental de lavaca: el mundo de la autogestión en Argentina a través de ocho capítulos sobre experiencias recientes de diferentes cooperativas que lograron recuperar empresas vaciadas o quebradas por las patronales. Con dirección de Patricio Escobar, autor de La crisis causó 2 nuevas muertes. Ya disponibles los capítulos 1, 2 y 3.

Capítulo 3

Desde su eclosión en 2001, que sigue replicándose, las fábricas recuperadas tienen un marco jurídico precario. El proyecto de ley de Recuperación de Unidades Productivas es un mecanismo que los trabajadores presentaron por segunda vez en el Congreso, luego de que perdiera estado parlamentario en 2020. Las palabras de diputados y diputadas que expresan discursivamente la importancia de la ley. Una de ellas es Victoria Tolosa Paz, actual ministra de Desarrollo Social. Sin embargo, al día de la fecha, la ley no fue sancionada. Otro diputado, Leonardo Grosso, y la teoría de la “ceguera epistémica”.

Capítulo 2

Aceitera La Matanza fue la primera fábrica recuperada visitada por un presidente argentino durante su mandato. Alberto Fernández reconoció que siempre vio a las cooperativas como parte de la “economía informal” sin comprender que involucra otros modos de producción: “Ahora soy yo uno de los que tiene que convencer al resto de la Argentina de que la economía popular existe, y que hay que darle las herramientas para que siga creciendo”, dijo ante 2.000 trabajadoras y trabajadores. Sin embargo, durante la pandemia, la asistencia del Estado no fue la misma que para las empresas privadas. ¿Qué dice sobre esto? ¿Y qué le responden quienes trabajan?

Capítulo 1

Dos mil personas que integran empresas recuperadas de toda la Argentina se reúnen en un acto histórico en la Aceitera La Matanza. ¿Qué buscan? Impulsar el proyecto de Ley de Recuperación de Unidades Productivas que facilite que cooperativas de trabajo pongan en marcha empresas quebradas o vaciadas por las patronales. El movimiento lleva 20 años sin ley, pero ha recuperado no sólo trabajo sino también dignidad y vida, con 400 fábricas en el país que dan trabajo en total a más de 14 mil obreras y obreros. Su lema: Ocupar, resistir y producir

Las cosas que hay que hacer para trabajar Dirección: Patricio Escobar.
Producción integral de Cooperativa de Trabajo Lavaca: Claudia Acuña, Sergio Ciancaglini, Anabella Arrascaeta, Lina Etchesuri, Sebastian Smok, María del Carmen Varela, Franco Ciancagini, Lucas Pedulla.
Fotografía: Lina Etchesuri y Sebastian Smok. Cámara: Patricio Escobar, Guillermo Guevara, Sebastian Smok.
Música: Guido Donato y Tomás Lobov.
Edición: Damián Finvarb.

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Histórico: el martes comenzará el nuevo juicio por el femicidio de Lucía Pérez

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El próximo martes 7 de febrero comienza el nuevo juicio por el femicidio de Lucía Pérez, asesinada en Mar del Plata en octubre de 2016. Tenía 16 años. Fue el caso que impulsó el primer Paro de Mujeres del país y que motivó un juicio escandaloso en 2018 cuyo fallo fue anulado por la Cámara de Casación de la provincia de Buenos Aires, que ordenó que el proceso se realice nuevamente. Uno de los argumentos de la anulación: “No olvidemos que en esta instancia no se está juzgando a la víctima (como pareciera estar ocurriendo) sino a los eventuales victimarios”.

En aquel juicio se condenó a los acusados por “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravado por ser en perjuicio de menores de edad y en inmediaciones de un establecimiento educativo”, y no por el crimen. Casación ratificó esa condena, pero ordenó que ahora se realice nuevamente el juicio por femicidio. Detalles sobre la jornada preparatoria del juicio.  

Esta nueva e histórica realización de un juicio por femicidio comenzará a las 9 de la mañana del martes 7 de febrero en el Tribunal en lo Criminal N° 2 de Mar del Plata, en Almirante Brown 2046. Los jueces a cargo del nuevo Tribunal son Roberto Falcone, Gustavo Fissore y Alexis Semaz. El fiscal del caso es Leonardo Arévalo. 

Los acusados son Matías Farías (28 años) y Juan Pablo Offidani (47 años), quienes el 8 de octubre de 2016 llevaron a Lucía a la sala de salud de Playa Serena: llegó muerta. Farías será defendido por la abogada oficial María Laura Solari; Offidani, por el abogado particular César Sivo. Se estima que las audiencias se extenderán hasta el 1º de marzo.

Imagen de los tres acusados durante el juicio de 2018, que ahora se realizará nuevamente. Maciel (de anteojos) falleció luego de ser absuelto. Offidani y Farías fueron condenados a 8 años por narcotraficar droga cerca de las escuelas, pero no por el femicidio. Fotos: Romina Elvira para lavaca

¿Por qué un nuevo juicio?

Farías y Offidani fueron apresados el 9 de octubre de 2016, un día después del femicidio. El tercer detenido fue Alejandro Maciel, 61 años, acusado de encubrimiento agravado por ayudar al lavado del cuerpo muerto.

En 2018 fueron juzgados ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Mar del Plata.  Farías y Offidani fueron condenados a ocho años de prisión y a pagar una multa de 135 mil pesos por el delito de “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravado por ser en perjuicio de menores de edad y en inmediaciones de un establecimiento educativo”. Desde entonces están detenidos. El tercer acusado, Maciel, fue sobreseído, y murió tiempo después de cáncer.  

Pero ninguno de los tres fue condenado por el femicidio. Como si Lucía y su muerte no hubieran existido.

Aquel juicio que tuvo un desarrollo vergonzoso, con jueces que parecían más empeñados en cuestionar a la niña asesinada que en juzgar a los autores del crimen. A eso se agregó el tono machista, misógino, indiferente hacia la víctima y la familia, y totalmente consistente con una mirada que históricamente ha relegado a las víctimas de femicidios y de actos de violencia contra las mujeres.

Por esa sentencia la familia de Lucía exigió dos cosas, que se lograron:

  1. El fallo por el juicio de 2018 se apeló y en agosto del 2020 la Sala IV de la Cámara de Casación de la Provincia de Buenos Aires resolvió anularlo. Confirmó la condena por la venta de drogas, pero ordenó que se haga este nuevo juicio por el femicidio.  
  • Además, en marzo se concretará un juicio político (jury) a los jueces del Tribunal: Pablo Viñas y Facundo Gómez Urso por “negligencia, incumplimiento del cargo y parcialidad manifiesta”. El tercer juez,Aldo Carnevale, quedará impune porque consiguió la jubilación anticipada del gobierno de María Eugenia Vidal para evitar el enjuiciamiento. El jury será llevado adelante por el parlamento bonaerense

Al anular el fallo del juicio de 2018 la Cámara de Casación bonaerense instaló un precedente histórico para que el Poder Judicial deje de ser parte del sistema que consagra la impunidad y la estigmatización de las mujeres.

Los jueces del fallo anulado. Aldo Carnevale (que logró a tiempo su jubilación por parte del gobierno de María Eugenia Vidal), Pablo Viñas y Facundo Gómez Urso. La Cámara de Casación anuló el fallo estigmatizante y vergonzoso que firmaron sobre el caso de Lucía Pérez, y en marzo Viñas y Gómez Urso serán sometidos a juicio político. Fotos: Romina Elvira para lavaca

¿A quién se juzga?

Uno de los fundamentos de esa anulación plantea: “No olvidemos que en esta instancia no se está juzgando a la víctima (como pareciera estar ocurriendo) sino a los eventuales victimarios”.

Además el Tribunal señala que el Estado se comprometió a prevenir y erradicar la violencia machista, y que “estas normas imponen a quienes tienen la tarea a su cargo, tener en consideración el contexto en el que ocurren los hechos, realizar un análisis de los mismos, determinar el encuadre jurídico apropiado, y valorar la prueba con perspectiva de género”.

En ese sentido pareció inexplicable que el Tribunal de Mar del Plata que juzgó en primera instancia el femicidio se haya enfocado en “indagar en la personalidad, actitudes y comportamientos anteriores de la víctima, su forma de relacionarse con los hombres, su vida social, su carácter, y en distinguir la conducta de los imputados, y a partir de allí, considerar si Lucía había consentido el acceso carnal”.

Describe la Cámara de Casación a ese foco estigmatizante puesto sobre la víctima como “un despropósito”.

Marta Montero y Guillermo Pérez: los padres de Lucía. Fotos: Romina Elvira para lavaca

La audiencia preparatoria

Durante la mañana de este jueves se desarrolló la audiencia preparatoria del juicio. Los padres de Lucía (Marta Montero y Guillermo Pérez) pidieron que el proceso sea transmitido por Youtube. Además solicitaron que el Tribunal no esté vallado, dado que el pedido de justicia será acompañado desde la calle por organizaciones sociales, sindicales y otras familias de víctimas de femicidios. Desde la Ciudad de Buenos Aires y La Plata está previsto que salgan grupos para acompañar el inicio de un proceso histórico.

Las defensas de los acusados se mostraron contrarias a ambos pedidos, que los jueces deberán resolver. Por su parte, los imputados pidieron no estar presentes en la sala.  

En este nuevo proceso no hay una nueva instrucción, por lo que no hay nuevas pruebas ni nuevos testigos (que serán alrededor de 50). La primera jornada, el martes 7 de febrero, se iniciará con la declaración de la familia de Lucía. Durante la primera semana que será corta (el viernes 10 no habrá audiencia) se espera que declaren alrededor de 20 personas. Lo que está en juego es la posibilidad de ver en la práctica si finalmente habrá justicia.

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Las cosas que hay que hacer para trabajar – Capítulo 2

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La nueva serie documental de lavaca: el mundo de la autogestión en Argentina a través de ocho capítulos sobre experiencias recientes de diferentes cooperativas que lograron recuperar empresas vaciadas o quebradas por las patronales. Con dirección de Patricio Escobar, autor de La crisis causó 2 nuevas muertes. Ya disponibles los capítulos 1 y 2

Capítulo 2

Aceitera La Matanza fue la primera fábrica recuperada visitada por un presidente argentino durante su mandato. Alberto Fernández reconoció que siempre vio a las cooperativas como parte de la “economía informal” sin comprender que involucra otros modos de producción: “Ahora soy yo uno de los que tiene que convencer al resto de la Argentina de que la economía popular existe, y que hay que darle las herramientas para que siga creciendo”, dijo ante 2.000 trabajadoras y trabajadores. Sin embargo, durante la pandemia, la asistencia del Estado no fue la misma que para las empresas privadas. ¿Qué dice sobre esto? ¿Y qué le responden quienes trabajan?

Capítulo 1

Dos mil personas que integran empresas recuperadas de toda la Argentina se reúnen en un acto histórico en la Aceitera La Matanza. ¿Qué buscan? Impulsar el proyecto de Ley de Recuperación de Unidades Productivas que facilite que cooperativas de trabajo pongan en marcha empresas quebradas o vaciadas por las patronales. El movimiento lleva 20 años sin ley, pero ha recuperado no sólo trabajo sino también dignidad y vida, con 400 fábricas en el país que dan trabajo en total a más de 14 mil obreras y obreros. Su lema: Ocupar, resistir y producir

Las cosas que hay que hacer para trabajar Dirección: Patricio Escobar.
Producción integral de Cooperativa de Trabajo Lavaca: Claudia Acuña, Sergio Ciancaglini, Anabella Arrascaeta, Lina Etchesuri, Sebastian Smok, María del Carmen Varela, Franco Ciancagini, Lucas Pedulla.
Fotografía: Lina Etchesuri y Sebastian Smok. Cámara: Patricio Escobar, Guillermo Guevara, Sebastian Smok.
Música: Guido Donato y Tomás Lobov.
Edición: Damián Finvarb.

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