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Femicidios en Jujuy: por qué el Estado es responsable

Publicada

hace 5 años

13/10/2020

Las periodistas Inés Hayes y Melissa Zenobi reconstruyen en esta crónica para lavaca cómo funciona la estructura que se lleva la vida de mujeres en Jujuy y consagra impunidad. El sospechoso corte de electricidad un día antes del hallazgo del cuerpo de Iara. El rastrillaje de los vecinos. La inoperancia policial y judicial. Los casos de Cesia, Alejandra, Roxana y Gabriela, que ilustran el peor rostro de las 312 denuncias por desaparición de personas en la provincia y las 2159 denuncias por violencia de género. “La impunidad del Estado está envalentonando a los violentos y eso nos preocupa mucho”, explican familiares, abogadas y activistas, que hablan de un Estado cómplice. El pedido de emergencia por violencia de género que reunió más de 3 mil firmas. Y la ola de puebladas que reclama el fin de la impunidad y grita: Vivas nos queremos.

Femicidios en Jujuy: por qué el Estado es responsable — Gabriela, Iara, Roxana y Cesia: 4 rostros de los femicidios en Jujuy.

Por Inés Hayes y Melissa Zenobi

El miércoles 23 de septiembre Iara salió para el gimnasio en su bicicleta verde, con su mochila y su botella de agua. Después de su rutina deportiva, volvió a su casa, se bañó, se cambió de ropa y fue a llevarle un trabajo práctico a un compañero de la escuela. Fue la última vez que su familia la vio con vida.

Como muchas jóvenes a sus 16, Iara veía la vida con todos sus colores. Vivía con su mamá, su papá y sus hermanas en la localidad de Palpalá, a media hora de San Salvador de Jujuy. Con la llegada de la primavera, planificaba cambiar el color de su pelo y también el de las paredes de su habitación; y esperaba que sus padres la dejaran llevar un poco de su arte a ese, su pequeño universo.

Le faltaba poco para terminar el secundario y ya soñaba con ser perito criminalista. También amaba la repostería: su especialidad eran los bizcochuelos. “Yo quiero hacer para vender”, le decía a su mamá. “Pero siempre se los comían antes de salir a venderlos”, recuerda ella, Mónica Cunchila, con la voz entrecortada, extrañando las tardes con Iara, junto a sus otras hijas Rocío, Mariel y Candela.

“Ella era muy buena alumna, muy responsable y muy solidaria”, la describe su mamá. “Yo conozco a mi hija, siempre nos decía dónde estaba, cuánto iba a tardar, y nunca se demoraba. Cuando volví de trabajar ese viernes y no vi la bicicleta, supe que algo había pasado”, recuerda.

Inmediatamente fueron a la comisaría local, donde los oficiales, en lugar de salir a buscarla y activar el operativo cerrojo que corresponde ante la denuncia de una niña desaparecida, le dijeron: “Ya va a volver, debe estar en lo de un noviecito. Es adolescente, es rebelde”. Y agregaron que no tenían personal porque era fin de semana.

Curiosamente, por una supuesta baja en la tensión eléctrica a la hora del secuestro, las cámaras de la zona no registraron nada.

Apagón estatal

Ante la inacción de la policía y la quietud del fiscal Darío Sinaga, los y las vecinas del barrio se autoconvocaron para ayudar a la familia Rueda a buscar a Iara, y lo hicieron en intensos rastrillajes. El domingo 27 a la tarde unas 15 personas pasaron varias veces por el mismo lugar donde al otro día a primera hora de la mañana apareció el cuerpo de Iara. La noche anterior a que apareciera hubo un corte general del suministro eléctrico en las inmediaciones del Barrio San José-, ningún vecino pudo ver nada y las cámaras de seguridad se apagaron. “A mi hija la mataron como a un perro y nos plantaron el cuerpo en el mismo lugar donde mi marido había estado el día anterior”, dice Mónica, con la indignación en la voz. “Si la hubiesen buscado como indica la ley, si se hubiesen puesto a trabajar como les corresponde, hoy estaría viva”.

“A Iara la mató la ineficacia estatal”, dice Cecilia Corregidor, integrante de la organización CUBa MTR de Palpalá (Movimiento Teresa Rodríguez). Y es que la sucesión de hechos habla por sí sola: la denuncia de una menor desaparecida, la inoperancia de la policía y del fiscal, y 10 días después, ante la organización de la sociedad y la amenaza de corte de ruta, el cuerpo de Iara aparecido en el mismo lugar donde ya habían rastrillado los vecinos. El estudio de la perito afirmó que el cuerpo fue asesinado en un lugar y llevado luego al sitio donde se la encontró.

El corte de luz de la noche anterior no deja lugar a dudas: los vecinos sospechan que el apagón de las cámaras tuvo que ver con una maniobra para plantar el cuerpo.

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La máquina femicida

Al dolor por el asesinato de Iara se sumó en Jujuy la desaparición de Gabriela Cruz, de 22 años y madre de dos niños. Gabriela desapareció sólo 24 horas después que Iara –el 24 de septiembre-, y su cuerpo fue hallado el 1 de octubre cerca de las Serranías de Zapla, una zona despoblada a las afueras de Palpalá. La pericia forense mostró que Gabriela murió debido a golpes recibidos por su expareja, quién terminó por confesar el crimen.

Luego de participar de la movilización por la aparición de Iara y Gabriela y de justicia por Cesia, el martes 29 de septiembre, Roxana Mazala, fue asesinada –el día de su cumpleaños número 31- por su ex pareja, Fabián Barraza, en el barrio Éxodo Jujeño, en la ciudad de Perico, a unos 30 kilómetros de la capital provincial.

“Roxana fue una mujer valiente, porque se animó a hablar, pero no la escucharon”, cuenta Cintia, amiga y compañera de Roxana. Sigue: “Hace mucho tiempo que estamos pidiendo que se apruebe la Ley de Emergencia y que se cumpla la ley Micaela. No sé cuántas más tienen que morir para que el Estado se haga cargo. Porque lo que pasa en Jujuy nos afecta a todas las que ahora tenemos miedo de salir a la calle y no volver”. Roxana y Cintia militaban juntas en el Movimiento de Trabajadores y Trabajadoras Excluidas de la Rama Rural.

La historia de Cesia Reinaga también conmocionó a una provincia que viene sufriendo desde hace tiempo los efectos de la pandemia, con un sistema de salud colapsado y un Estado provincial que ha demostrado no estar a la altura de las circunstancias. La joven de 20 años salió el 29 de agosto, al mediodía de su casa en Abra Pampa a dar una vuelta a la plaza que queda a media cuadra. Cesia iba a volver pronto para almorzar con su familia, pero a los 5 minutos su celular se apagó, y no volvieron a saber de ella hasta que encontraron su cuerpo el 8 de septiembre -10 días después- en un estanque del ex matadero municipal. La autopsia reveló que su deceso fue a causa de “asfixia mecánica”.

“Cesia era una chica muy alegre, que siempre nos decía a dónde iba, cuánto iba a tardar o con quién, nunca apagaba su celular”, cuenta Elizabeth, su mamá. Habiendo terminado el secundario, Cesia se preparaba para ingresar a la carrera de medicina: “siempre estaba dispuesta a ayudar, se llevaba muy bien con todos los niños: eran su debilidad”, detalla Elizabeth.

El 29 de agosto cayó sábado; Samuel Reinaga lo recuerda muy bien, porque ese día comenzó la intensa búsqueda de su hija: “Yo la busqué todos los días. Agarraba el auto y salía por las calles de Abra Pampa, me iba a Humahuaca, a ver si alguien la había visto o sabía algo de ella”.

Por el femicidio de Cesia hay tres detenidos: padre, hijo y nieto, de 14 años, todos ellos dueños de “Sol de la Puna”, un multimedio de Abra Pampa. Samuel insiste en los cabos sueltos: “Después de las detenciones apareció la campera de mi hija en otro de los estanques. Estoy seguro de que la plantaron, porque en esa zona ya se había buscado: eso indica que hay más cómplices sueltos”.

Al cierre de esta nota, otro femicidio conmocionó al movimiento de mujeres y a la provincia en general: el de la joven de 17 años Alejandra Nahir Álvarez, madre de un bebé de seis meses y víctima de violencia machista por parte de su ex pareja, principal sospechoso de su asesinato. Su cuerpo apareció en un lugar muy visible, al lado de la Ruta nacional 66.

Alejandra estaba desaparecida desde hacía dos días, cuando salió de su casa en Alto Comedero -barrio periférico de San Salvador de Jujuy- a buscar a sus hermanitos y no volvió más. La familia intentó hacer la denuncia de manera inmediata ante las autoridades policiales, pero se negaron a tomarla bajo el pretexto de que deberían esperar 48 horas. “El desamparo de las mujeres en Jujuy queda patente cuando Alejandra Martínez, la titular del Consejo Provincial de la Mujer, en lugar de cuidarnos, responsabiliza a la familia acusándola de no haber hecho la denuncia a tiempo. Y lo más terrible es que Martínez formulaba estas declaraciones a pocos metros de donde la familia estaba reconociendo el cuerpo de Alejandra”, dijo María Álvarez, referente de Géneros de ATE San Salvador de Jujuy. “Hoy a la bebé de Alejandra la está amamantando su hermana que también tiene un bebé, y una vecina”, contó bajo el shock de tener que salir a pedir justicia por otra mujer asesinada, Romina Canchi, secretaria de Géneros de la CTA Autónoma de Jujuy.

“En el caso de Cesia y de Iara, se puede pensar en trata. El cuerpo de Cesia aparece por una llamada anónima que dice que estaba en tal lugar. Se habían hecho denuncias en el Facebook diciendo que las obligaban a prostituirse, que las amenazaban, y después lo que aparece es el cadáver, y se acusa como principal responsable a un pibito de 14, que está bien, es un hijo del poder pero tiene 14, es un nene. El problema es que no se tomaron medidas para encontrarla”, detalla Mariana Vargas, abogada de la Multisectorial de Mujeres de Jujuy.

Complicidades

El Estado no sólo no las busca sino que tiene respuestas públicas que van en contra de toda lógica: después del asesinato de Roxana, el ministro de Seguridad Ekel Meyer dijo que ella había vuelto voluntariamente con el violento. “Que te lo digan por cadena es tremendo”, dice Mariana. Cuando desapareció Alejandra, la policía se negó a tomar la denuncia, dándole al femicida 24 horas de ventaja. “La impunidad del Estado está envalentonando a los violentos y eso nos preocupa mucho”, explicó la abogada.

Las vueltas de la burocracia estatal para lograr protección son innumerables y ahora, en plena pandemia, las mujeres dicen que sólo hay un Estado telefónico: “Nos cuesta mucho acceder a la protección de medidas cautelares; vamos a la policía y no logramos protección. Ahora en pandemia es mucho peor y tenemos hoy una jueza (Hinojo) que se declara incompetente y no ordena medidas de protección. Tengo 4 niñes abusades por su progenitor y no me renuevan la protección: el Estado es responsable de esos abusos”, explica Vargas.

En Jujuy los violentos cuentan los díaspara volver a sus casas. “En esta situación de vulnerabilidad nos encontramos. La jueza, en vez de ordenar la medida cautelar y después investigar, que es el gran triunfo de la ley 26.485, primero investiga y después no ordena, Hinojo está para juicio político. Es una situación de mucha vulnerabilidad y un Estado que no nos protege y deja que nos maten”, dice Mariana.

Según datos del propio Ministerio de Seguridad de Jujuy, en lo que va del año se radicaron 312 denuncias por desaparición de personas en la provincia y el número de denuncias por violencia de género casi iguala a las que se registraron en todo 2019. De las mujeres desaparecidas, 105 corresponden a menores de edad y 207 a mayores. En el caso de las denuncias por hechos de violencia de género, sólo de enero a agosto de este año se registraron 2.195, mientras que en todo 2019 el número fue de 2311.

“Podemos hablar de un Estado ausente y cómplice, que nunca se comunicó con las familias, que no buscó cómo debía hacerlo. La policía les decía que no les correspondía rastrillar, que no tenían combustible para salir, después dijeron que estaban buscando a Iara con drones, y eso es mentira. Prometieron ayuda que nunca llegó. Nadie salió a explicar las razones del apagón del domingo a la noche, previo a la aparición del cuerpo de Iara”, agrega Romina Canchi, secretaria de Género de la CTA Autónoma de Jujuy y militante feminista.

Todas coinciden en que Gerardo Morales, el gobernador, puso todos los recursos de la provincia para hacer propaganda política, pero no hizo absolutamente nada para buscar a las jóvenes. “El lunes 28, cuando apareció el cuerpo de Iara, vecinos y organizaciones estábamos en la ruta, reclamando que el Estado se hiciera cargo de la búsqueda y la policía en vez de estar buscando a Iara, estaba en la ruta tratando de reprimirnos”, detalla Canchi. “La policía cuida los cultivos de marihuana de las afueras de Palpalá pero no busca a las menores y manda a reprimir la movilización popular”, agregó Cecilia Corregidor.

Vivas nos queremos

Las movilizaciones en Palpalá, San Salvador y otras localidades jujeñas fueron realmente masivas. “El pueblo de Jujuy está movilizado. Las organizaciones estamos acompañando a las familias, hay verdaderas puebladas”, señala Canchi, al tiempo que se pregunta por qué hay tantos femicidios, qué hay detrás de la desaparición de las jóvenes. “En pandemia se triplicaron las violencias. Pasamos de un estado de escritorio a un estado telefónico, pero que en ningún lado resuelve nada. No hay centros de contención, no hay refugios. Acá fallaron todas las instituciones que tenían que cuidarnos. Una mujer en Jujuy tiene más posibilidades de morir por violencia machista que por COVID 19”, dice Romina.

La pregunta sobre quién protege a Morales aparece en todos los testimonios. Y es que no se entiende cómo pudo haber 5 femicidios en menos de un mes y ningún político dejó su cargo, ni el ministro de Seguridad de la Provincia Ekel Meyer, ni Alejandra Martínez, Presidenta del Consejo de la Mujer e Igualdad de Género de la Provincia de Jujuy. “Y en el medio hay mucho miedo a salir, porque hay activistas que han recibido amenazas. Detrás de la desaparición de Iara y Cesia pueden estar las redes de trata y/o el narcotráfico. No sería ilógico pensarlo, somos una provincia fronteriza”, dice Romina.

En este marco, la Multisectorial de Mujeres de Jujuy está planteando la necesidad de que esa provincia declare la Emergencia en Violencia de Género, una reglamentación que incluya políticas de género con presupuesto real y contemplado en el presupuesto anual, que permita acciones reales y eficientes. En los nueve puntos que presentaron en la Legislatura provincial y que cuenta con el apoyo de 3 mil firmas de personalidades de la cultura y de Derechos Humanos, se incluye además la demanda de “fortalecer el trabajo territorial preventivo con centros de atención y refugios en barrios o distritos, con profesionales rentados y especializados y promotoras y operadoras especializadas”. Y se plantea la formación obligatoria para quienes desempeñan tareas en los tres poderes del Estado, ya contemplada en la Ley Micaela, y para quienes trabajan en las fuerzas de seguridad; la apertura de juzgados especializados; medidas de protección para las víctimas de violencia y sus hijos e hijas, y la celeridad de la justicia.

En definitiva, coinciden todas, “que el Estado llegue antes de que nos maten”.

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Informe femicidios 2025: el año del negacionismo de Estado

Publicada

hace 6 días

02/01/2026

Por el Observatorio de Violencia Patriarcal Lucía Pérez

Femicidios y transfemicidios: 271

Tentativas de femicidios 243

Infancias huérfanas por femicidios 153

Femicidas suicidados 31

Marchas para exigir justicia 223

Si la única verdad es la realidad este 2025 es contundente. La cifra de 271 femicidios y transfemicidios no alcanza, sin embargo, a dar dimensión real de lo que significan estos crímenes en los que el Estado tiene una responsabilidad directa, que es justamente lo que nos advierte este año. La intervención sistémica y decidida, convertida en política de Estado, para negar la figura de femicidio es parte de esta realidad que deforma los datos y la información pública “hasta distorsionar esa verdad para amoldarla a su perspectiva”, tal cual no advierte Hanna Arendt en su libro Los orígenes del totalitarismo. El objetivo, nos alerta, Arendt, es que ya no podamos distinguir lo verdadero de lo falso.

Esta operación que fue definida conceptualmente como “negacionismo” es analizada en clave contemporánea por la filósofa italiana Donatella Di Cesare en su libro Si Auschwitz no es nada. “Los negacionistas -que operan como dobermans del pensamiento- que nos preguntan por una cifra -¿hay 6 millones de judíos exterminados por el Holocausto? ¿hay 30 mil desaparecidos por la dictadura Argentina?- no tienen una duda real. De hecho ni siquiera son dudas: son intervenciones políticas.” Lo que hacen con esa pregunta es negar o aminorar esos hechos. “Su pretensión es hacer pasar a las víctimas por farsantes, a los testigos por mentirosos y a los sobrevivientes por falsificadores”.

¿Por qué?

Responde Di Cesare: “porque los primeros en instalar la negación fueron los perpetradores de los crímenes cometidos”.

¿Hay entonces 271 femicidios y transfemicidios?

Sí y también hay más, que han quedado ocultos tras el procedimiento negacionista estatal destinado a disminuir la cifra y a dificultar el acceso a la información a los sistemas de control ciudadano, tales como los que realizamos en nuestro Observatorio.

Una posible conclusión: al aplicar este procedimiento negacionista a los femicidios y transfemicidios el Estado está confesando su participación.

Veamos cómo.

En Argentina este año se avanzó un paso más en el proceso negacionista: la construcción de las cifras que se adecuen al objetivo ideológico de quienes administran el Estado. Para lograrlo tienen a su favor el manejo total de las herramientas y la capacidad absoluta de trabajar en todos los campos hasta obtener el resultado deseado y a través de cada eslabón que compone al Estado:

Poder Judicial: Jugó un rol decisivo en esta operación al negar la figura de femicidio en casos concretos-el crimen de la periodista Griselda Blanco es uno de los más dramáticos ejemplos-, y recaratulando otros en instancias de apelación. El primero fue el de Lucía Pérez, justamente el que originó el primer Paro de Mujeres. No hay ni siquiera pudor en ocultar su intención.

En estos días de diciembre, además, la Corte Suprema de Justicia de la Nación deberá pronunciarse sobre el primer caso de femicidio que llega a esa instancia y ya se sabe que las opiniones de los jueces están divididas porque tuvieron que recurrir a la convocatoria de dos miembros más para que se expidan. El resultado incidirá en la aplicación de esa figura penal en todos los restantes.

Julieta González desapareció el Día de la Primavera de 2016. Tenía 21 años. Su cuerpo fue encontrado en un descampado de Cacheuta, Mendoza, atado de pies y manos y con un golpe en la cabeza. En la investigación judicial se encontraron rastros de piel del imputado bajo las uñas de Julieta, sangre de Julieta en su vehículo y búsquedas en internet que había hecho el sospechoso sobre si podía «detectar ADN de fetos en cadáveres» y «cómo deshacerse de un cuerpo», lo que reforzó la hipótesis de que la había matado al enterarse de que estaba embarazada. Todas pruebasque involucraron a Andrés Di Cesare, un joven de 26 años, hijo de un notable empresario local, con el que tenía una relación, aunque ambos tenían pareja. El tribunal de primera instancia consideró el crimen como homicidio simple y condenó a Di Cesare a 18 años de prisión. En la apelación fiscal el tribunal de Casación aplicó la figura de femicidio y lo condenó a reclusión perpetua. Apeló entonces la defensa y ahora es la Corte Suprema de Nación quien debe decidir si se aplica la figura o no. La duda: si está acreditada la relación entre la víctima y su victimario. En fallo de primera instancia que negó la figura femicidio el tribunal argumentó que “para que se configure la relación de pareja debe existir cierta singularidad, notoriedad y estabilidad entre los miembros de la misma, aun cuando se base en una relación fundamentalmente de contenido sexual. Esta referencia a lo sexual indefectiblemente debe llevar un cierto compromiso emocional puesto que de otro modo caemos en la mera genitalidad, lo que por cierto no permite por sí configurar el concepto de pareja”. (SIC) También se dedicó -como ya es costumbre y a pesar de que los tratados internacionales suscriptos por el Estado argentino lo impiden- a analizar la conducta de la víctima, a quien consideró “decidida, independiente y de personalidad extrovertida”, negando así la otra condición legal para aplicar esa figura: la de vulnerabilidad y desigualdad.

El solo hecho de que existan dudas en el máximo tribunal de justicia sobre la aplicación de la figura de femicidio en este caso ya debe considerarse una señal de alerta que debería movilizar a todo el movimiento de mujeres y diversidades como aquel 6 de junio de 2015, pero no: así estamos este 2025.

En la primera foto, parte de la acción llevada a cabo en Mar del Plata el último 31 de diciembre contra la libertad a uno de los responsables del femicidio de Lucía Pérez. En la segunda, el mismo día, imagen de la movilización de las mujeres en Tucumán por el sobreseimiento de los ex jugadores de Vélez Sarsfield acusados de violación.

Poder Legislativo: tiene en su agenda inmediata el tratamiento de leyes impulsadas por el Poder Ejecutivo, entre las más importante la que elimina del Código Penal la figura de femicidio, pero también la que criminaliza las “falsas denuncias”, aun cuando su incidencia es mínima en la realidad. No existen, por otro lado, ninguna iniciativa de la oposición para impulsar otro tipo de proyectos que aseguren las condiciones de contención y prevención de estas violencias. Ningún sector político trabajó en la declaración de emergencia de violencia de género ante el desmantelamiento de los escasos programas de ayuda a las víctimas, que han sufrido el mismo trato brutal que personas con discapacidad, por poner solo un ejemplo de sectores que han impuesto a los y las legisladoras la defensa de sus derechos a través de movilizaciones constantes y con claros reclamos que lograron así obtener el apoyo social necesario para presionar al Congreso, así como también iniciar amparos en la justicia que ayudaron a restablecer esos derechos: la motosierra es ilegal, hasta que el Congreso decida lo contrario.

Poder Ejecutivo: Este 2025 el Ministerio de Seguridad, a través del Sistema Integral de Estadísticas Criminales, dio a conocer las cifras correspondientes al año 2024. No figura ya el femicidio como delito. No hay datos oficiales, salvo el registro que da a conocer cada año la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de la Nación, que ha tenido que cambiar su sistema de contabilización de casos para adecuarlo a los compromisos internacionales, ya que hacerlo sólo a través de las caratulas judiciales implicaba validar el sesgo. Este año en el registro del Ministerio de Seguridad la violencia de género sólo está representada en el apartado “delitos contra la integridad sexual”, categoría penal donde se contabilizan, entre otros, las violaciones. En CABA aumentaron un 38%, cifra suficiente para encender la alarma, el grito, el reclamo.

Según los registros de nuestro Observatorio –que coinciden con lo que informó este noviembre la Defensoría del Pueblo de la Nación- las provincias más castigadas por los femicidios fueron Misiones, Neuquén, Santa Cruz, Chaco y Jujuy. En tanto los femicidios territoriales volvieron a golpear a Santa Fe (especialmente a Rosario) rozando los niveles de 2022, el año con mayor cantidad de víctimas.

Esta cartografía de la violencia femicida nos señala el dato que importa, la realidad que duele y la urgencia que nos interpela: la mayoría de las víctimas de esta violencia letal son las pobres. Lo señala también el informe de la Defensoría del Pueblo de la Nación (“En general, la mayoría de las víctimas de femicidio provienen de un estrato socioeconómico bajo.”) y lo determina la situación general que sufre esa población de mujeres y trans que ya no tiene ni los mismos derechos ni el mismo acceso a los mecanismos para garantizarlos que el resto de la población. La consecuencia es que tampoco tiene derecho a la vida. Lo que urge, entonces, es algo que hoy representa es la cifra que falta: la masiva solidaridad social de quienes, por sus privilegios de clase, pueden abrazar sus causas.

Año 2025

Femicidios por mes

Enero 31

Febrero 27

Marzo 27

Julio 27

Octubre 25

Junio 19

Abril 18

Agosto 18

Noviembre 18

Septiembre 16

Mayo 14

Diciembre 31

Funcionarios denunciados por violencia de género

Poder Ejecutivo 22

Poder Judicial 16

Fuerzas de Seguridad 12

Poder Legislativo 7

Iglesia Católica 4

TOTAL 61

Violaciones

PROVINCIA	2024	2023	% de aumento
CABA	498	309	38%
SAN LUIS	61	52	18%
CÓRDOBA	261	229	12%
CORRIENTES	111	101	10%
CHUBUT	214	201	6%
BUENOS AIRES	2.307	2.242	3%

Fuente: Estadísticas Criminales. Ministerio de Seguridad de la Nación

Femicidios territoriales

2025-2022

Santa Fe 104

Buenos Aires 35

Córdoba 4

Otras 10 provincias 11

TOTAL 154

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Lucía Pérez: la trama de la injusticia

Publicada

hace 3 semanas

18/12/2025

“¿Por qué se procede de esta manera tan irregular y que revictimiza a esta familia una y otra vez para salvar a personas que se supone que son dos perejiles?” preguntó ayer el abogado Juan Pablo Gallego ante sucesivos cambios de carátulas, sospechosas reprogramaciones de fechas y maniobras que parecen revelar un entramado que busca la impunidad y la negación del femicidio de Lucía, que tenía 16 años. Ocurrió durante una audiencia en el que uno de los acusados pide salidas transitorias. El trasfondo de idas y venidas fue descripto por el abogado: “Lo que pasó es un hecho aberrante, que implicó la muerte atroz de una adolescente de 16 años en circunstancias probadas de narco criminalidad”.

Por Claudia Acuña

Hay que explicar lo inexplicable. Desde que el 8 de octubre de este año la Cámara de Casación modificó el segundo fallo por el crimen de Lucía Pérez para negar su femicidio se desató una catarata de maniobras –de alguna manera hay que llamarlas– para intentar liberar a sus femicidas.

El fallo de Casación confirmó la culpabilidad de Juan Pablo Offidani y Matías Farías y los condenó por los delitos de violación agravada por el uso de estupefacientes y por tratarse de una menor de edad, pero no por su crimen: Lucía simplemente se murió. Esta negación del femicidio tiene como consecuencia un disparate jurídico: por un lado, la familia apeló está decisión; pero al mismo tiempo esta apelación no puede avanzar hasta que no se determine el monto de la condena que le correspondería a Farías por esta nueva tipificación. Si es complicado de comprender, imagínense lo que significa para esta familia soportar lo que la obliga a padecer el Poder Judicial. A saber:

Para poder determinar el monto de la pena que le correspondería a Farías –que en el segundo fallo y luego del juicio anulado había sido condenado por femicidio y por lo tanto a prisión perpetua– podría corresponderle entonces entre 8 y 20 años de prisión. Para establecer exactamente cuánto, de acuerdo a la evaluación de atenuantes y agravantes, se inventó un tribunal compuesto por tres jueces de diferentes juzgados. Serán los responsables de la audiencia de Cesura que, según dictaminó luego de una audiencia donde acordó con las partes –querella y defensa– cómo sería el procedimiento, se realizará el 29 de abril de 2026 y durante tres días.

Imagen de la audiencia. A la izquierda, el abogado Juan Pablo Gallego. Arriba, la foto principal, la movilización que acompañó a la familia.
Unos días después la familia recibió una notificación que le comunicaba que esa audiencia se adelantaba a septiembre. Como su abogado, Juan Pablo Gallego, no estaba ni enterado de esta anticipación –y además se encontraba en España para la fecha pautada– se presentó un escrito denunciado esta irregularidad y solicitando se mantenga lo debidamente acordado: 29 de abril de 2026. Así será.
Un mes después hubo otra novedad: el nuevo fiscal –cuyo rol se supone que es acusatorio– pidió el cese de la prisión de Farías, aun cuando las instancias de apelación y de establecimiento del nuevo monto de pena estaban pendientes de resolución.
Unos días después llegó el turno de Offidani: solicitó salidas transitorias. La audiencia que se realizó este miércoles en los tribunales de Mar del Plata fue para decidir si las otorgaban o no.

En esa audiencia el doctor Gallego sintetizó lo que todo este proceder judicial despierta como duda “¿por qué se procede de esta manera tan irregular y que revictimiza a esta familia una y otra vez para salvar a personas que se supone que son dos perejiles? ¿Hay algo más detrás de esta causa que permite forzar tanto los procedimientos judiciales? Si nosotros, como parte querellante, no renunciamos a que se le aplique a ambos la figura de femicidio y eso está todavía en trámite, ¿qué se busca con esto? ¿Qué se fuguen antes de que se resuelva la cuestión central?”

Como respuesta la doctora Romina Merino, abogada defensora de Offidani, propuso: “Miremos para adelante”.

El doctor Gallego replicó:

“Nosotros no vamos a dejar de mirar lo que pasó porque lo que pasó es un hecho aberrante, que implicó la muerte atroz de una adolescente de 16 años en circunstancias probadas de narco criminalidad y eso implica una doble responsabilidad del Estado: por tratarse de una menor y por estar frente a una banda que vendía drogas en la puerta de un colegio, delito por el que cumplen una condena ratificada”.

El juez de garantías que debe evaluar el pedido de Offidani tiene ahora cinco días para determinar si cumple o no con los procedimientos necesarios para obtener los beneficios de la libertad transitoria.

En tanto la familia de Lucía sigue esperando justicia.

Matías, el hermano de Lucía y sus padres Guillermo y Marta.

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Adiós a Claudia Rodríguez: la Trans andina que propuso politizar el amor

Publicada

hace 1 mes

02/12/2025

Referente del movimiento trans latinoamericano, activista, poeta, escritora y tanto más, escribió sobre su infancia, la militancia trans, la vida sexual y se autoproclamó Miss Sida en 2007. Claudia Falleció este 29 de Noviembre. Su pelea incluyó al pueblo mapuche, la educación pública, los sin techo, y planteó siempre una filosa crítica al neoliberalismo, que quita posibilidades de vida y las transforma solo en posibilidad de consumo. En uno de sus viajes a la Argentina compartió con la revista MU sus ideas sobre el orgasmo, el feminismo sin resentimiento, la creación, y por qué hay que politizar el amor. Un modo de homenajearla, de recordarla, y a la vez de volver a estar en contacto con un pensamiento y una acción que dejan una sensible huella cultural, artística y política.

Por María del Carmen Varela

Foto: Lina Etchesuri

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