Sigamos en contacto

#NiUnaMás

Femicidios en Jujuy: por qué el Estado es responsable

Publicada

el

Con poquito aportás muchísimo ¡Sumate!

Las periodistas Inés Hayes y Melissa Zenobi reconstruyen en esta crónica para lavaca cómo funciona la estructura que se lleva la vida de mujeres en Jujuy y consagra impunidad. El sospechoso corte de electricidad un día antes del hallazgo del cuerpo de Iara. El rastrillaje de los vecinos. La inoperancia policial y judicial. Los casos de Cesia, Alejandra, Roxana y Gabriela, que ilustran el peor rostro de las 312 denuncias por desaparición de personas en la provincia y las 2159 denuncias por violencia de género. “La impunidad del Estado está envalentonando a los violentos y eso nos preocupa mucho”, explican familiares, abogadas y activistas, que hablan de un Estado cómplice. El pedido de emergencia por violencia de género que reunió más de 3 mil firmas. Y la ola de puebladas que reclama el fin de la impunidad y grita: Vivas nos queremos.

Femicidios en Jujuy: por qué el Estado es responsable
Gabriela, Iara, Roxana y Cesia: 4 rostros de los femicidios en Jujuy.

Por Inés Hayes y Melissa Zenobi

El miércoles 23 de septiembre Iara salió para el gimnasio en su bicicleta verde, con su mochila y su botella de agua. Después de su rutina deportiva, volvió a su casa, se bañó, se cambió de ropa y fue a llevarle un trabajo práctico a un compañero de la escuela. Fue la última vez que su familia la vio con vida.

Como muchas jóvenes a sus 16, Iara veía la vida con todos sus colores. Vivía con su mamá, su papá y sus hermanas en la localidad de Palpalá, a media hora de San Salvador de Jujuy. Con la llegada de la primavera, planificaba cambiar el color de su pelo y también el de las paredes de su habitación; y esperaba que sus padres la dejaran llevar un poco de su arte a ese, su pequeño universo. 

Le faltaba poco para terminar el secundario y ya soñaba con ser perito criminalista. También amaba la repostería: su especialidad eran los bizcochuelos. “Yo quiero hacer para vender”, le decía a su mamá. “Pero siempre se los comían antes de salir a venderlos”, recuerda ella, Mónica Cunchila, con la voz entrecortada, extrañando las tardes con Iara, junto a sus otras hijas Rocío, Mariel y Candela.

“Ella era muy buena alumna, muy responsable y muy solidaria”, la describe su mamá. “Yo conozco a mi hija, siempre nos decía dónde estaba, cuánto iba a tardar, y nunca se demoraba. Cuando volví de trabajar ese viernes y no vi la bicicleta, supe que algo había pasado”, recuerda.

Inmediatamente fueron a la comisaría local, donde los oficiales, en lugar de salir a buscarla y activar el operativo cerrojo que corresponde ante la denuncia de una niña desaparecida, le dijeron: “Ya va a volver, debe estar en lo de un noviecito. Es adolescente, es rebelde”.  Y agregaron que no tenían personal porque era fin de semana.

Curiosamente, por una supuesta baja en la tensión eléctrica a la hora del secuestro, las cámaras de la zona no registraron nada.

Apagón estatal                                                                                             

Ante la inacción de la policía y la quietud del fiscal Darío Sinaga, los y las vecinas del barrio se autoconvocaron para ayudar a la familia Rueda a buscar a Iara, y lo hicieron en intensos rastrillajes. El domingo 27 a la tarde unas 15 personas pasaron varias veces por el mismo lugar donde al otro día a primera hora de la mañana apareció el cuerpo de Iara. La noche anterior a que apareciera hubo un corte general del suministro eléctrico en las inmediaciones del Barrio San José-, ningún vecino pudo ver nada y las cámaras de seguridad se apagaron. “A mi hija la mataron como a un perro y nos plantaron el cuerpo en el mismo lugar donde mi marido había estado el día anterior”, dice Mónica, con la indignación en la voz. “Si la hubiesen buscado como indica la ley, si se hubiesen puesto a trabajar como les corresponde, hoy estaría viva”.

“A Iara la mató la ineficacia estatal”, dice Cecilia Corregidor, integrante de la organización CUBa MTR de Palpalá (Movimiento Teresa Rodríguez). Y es que la sucesión de hechos habla por sí sola: la denuncia de una menor desaparecida, la inoperancia de la policía y del fiscal, y 10 días después, ante la organización de la sociedad y la amenaza de corte de ruta, el cuerpo de Iara aparecido en el mismo lugar donde ya habían rastrillado los vecinos. El estudio de la perito afirmó que el cuerpo fue asesinado en un lugar y llevado luego al sitio donde se la encontró.

El corte de luz de la noche anterior no deja lugar a dudas: los vecinos sospechan que el apagón de las cámaras tuvo que ver con una maniobra para plantar el cuerpo.

La máquina femicida                                                                                                                  

Al dolor por el asesinato de Iara se sumó en Jujuy la desaparición de Gabriela Cruz, de 22 años y madre de dos niños. Gabriela desapareció sólo 24 horas después que Iara –el 24 de septiembre-, y su cuerpo fue hallado el 1 de octubre cerca de las Serranías de Zapla, una zona despoblada a las afueras de Palpalá. La pericia  forense mostró que Gabriela murió debido a golpes recibidos por su expareja, quién terminó por confesar el crimen.

Luego de participar de la movilización por la aparición de Iara y Gabriela y de justicia por Cesia, el martes 29 de septiembre, Roxana Mazala, fue asesinada –el día de su cumpleaños número 31- por su ex pareja, Fabián Barraza, en el barrio Éxodo Jujeño, en la ciudad de Perico, a unos 30 kilómetros de la capital provincial.

“Roxana fue una mujer valiente, porque se animó a hablar, pero no la escucharon”, cuenta Cintia, amiga y compañera de Roxana. Sigue: “Hace mucho tiempo que estamos pidiendo que se apruebe la Ley de Emergencia y que se cumpla la ley Micaela. No  sé cuántas más tienen que morir para que el Estado se haga cargo. Porque lo que pasa en Jujuy nos afecta a todas las que ahora tenemos miedo de salir a la calle y no volver”. Roxana y Cintia militaban juntas en el Movimiento de Trabajadores y Trabajadoras  Excluidas de la Rama Rural.

La historia de Cesia Reinaga también conmocionó a una provincia que viene sufriendo desde hace tiempo los efectos de la pandemia, con un sistema de salud colapsado y un Estado provincial que ha demostrado no estar a la altura de las circunstancias. La joven de 20 años salió el  29 de agosto, al mediodía de su casa en Abra Pampa a dar una vuelta a la plaza que queda a media cuadra. Cesia iba a volver pronto para almorzar con su familia, pero a los 5 minutos su celular se apagó, y no volvieron a saber de ella hasta que encontraron su cuerpo el 8 de septiembre -10 días después- en un estanque del ex matadero municipal. La autopsia reveló que su deceso fue a causa de “asfixia mecánica”.

“Cesia era una chica muy alegre, que siempre nos decía a dónde iba, cuánto iba a tardar o con quién, nunca apagaba su celular”, cuenta Elizabeth, su mamá. Habiendo terminado el secundario, Cesia se preparaba para ingresar a la carrera de medicina: “siempre estaba dispuesta a ayudar, se llevaba muy bien con todos los niños: eran su debilidad”, detalla Elizabeth.

El 29 de agosto cayó sábado; Samuel Reinaga lo recuerda muy bien, porque ese día comenzó la intensa búsqueda de su hija: “Yo la busqué todos los días. Agarraba el auto y salía por las calles de Abra Pampa, me iba a Humahuaca, a ver si alguien la había visto o sabía algo de ella”.

Por el femicidio de Cesia hay tres detenidos: padre, hijo y nieto, de 14 años, todos ellos dueños de “Sol de la Puna”, un multimedio de Abra Pampa.  Samuel insiste en los cabos sueltos: “Después de las detenciones apareció la campera de mi hija en otro de los estanques. Estoy seguro de que la plantaron, porque en esa zona ya se había buscado: eso indica que hay más cómplices sueltos”.

Al cierre de esta nota, otro femicidio conmocionó al movimiento de mujeres y a la provincia en general: el de la joven de 17 años Alejandra Nahir Álvarez, madre de un bebé de seis meses y víctima de violencia machista por parte de su ex pareja, principal sospechoso de su asesinato. Su cuerpo apareció en un lugar muy visible, al lado de la Ruta nacional 66.

Alejandra estaba desaparecida desde hacía dos días, cuando salió de su casa en Alto Comedero -barrio periférico de San Salvador de Jujuy- a buscar a sus hermanitos y no volvió más. La familia intentó hacer la denuncia de manera inmediata ante las autoridades policiales, pero se negaron a tomarla bajo el pretexto de que deberían esperar 48 horas. “El desamparo de las mujeres en Jujuy queda patente cuando Alejandra Martínez, la titular del Consejo Provincial de la Mujer, en lugar de cuidarnos, responsabiliza a la familia acusándola de no haber hecho la denuncia a tiempo. Y lo más terrible es que Martínez formulaba estas declaraciones a pocos metros de donde la familia estaba reconociendo el cuerpo de Alejandra”, dijo María Álvarez, referente de Géneros de ATE San Salvador de Jujuy. “Hoy a la bebé de Alejandra la está amamantando su hermana que también tiene un bebé, y una vecina”, contó bajo el shock de tener que salir a pedir justicia por otra mujer asesinada, Romina Canchi, secretaria de Géneros de la CTA Autónoma de Jujuy.

“En el caso de Cesia y de Iara, se puede pensar en trata. El cuerpo de Cesia aparece por una llamada anónima que dice que estaba en tal lugar. Se habían hecho denuncias en el Facebook diciendo que las obligaban a prostituirse, que las amenazaban, y después lo que aparece es el cadáver, y se acusa como principal responsable a un pibito de 14, que está bien, es un hijo del poder pero tiene 14, es un nene. El problema es que no se tomaron medidas para encontrarla”, detalla Mariana Vargas, abogada de la Multisectorial de Mujeres de Jujuy.

Complicidades

El Estado no sólo no las busca sino que tiene respuestas públicas que van en contra de toda lógica: después del asesinato de Roxana, el ministro de Seguridad Ekel Meyer dijo que ella había vuelto voluntariamente con el violento. “Que te lo digan por cadena es tremendo”, dice Mariana. Cuando desapareció Alejandra, la policía se negó a tomar la denuncia, dándole al femicida 24 horas de ventaja. “La impunidad del Estado está envalentonando a los violentos y eso nos preocupa mucho”, explicó la abogada.

Las vueltas de la burocracia estatal para lograr protección son innumerables y ahora, en plena pandemia, las mujeres dicen que sólo hay un Estado telefónico: “Nos cuesta mucho acceder a la protección de medidas cautelares; vamos a la policía y no logramos protección. Ahora en pandemia es mucho peor y tenemos hoy una jueza (Hinojo) que se declara incompetente y no ordena medidas de protección. Tengo 4 niñes abusades por su progenitor y no me renuevan la protección: el Estado es responsable de esos abusos”, explica Vargas. 

En Jujuy los violentos cuentan los díaspara volver a sus casas. “En esta situación de vulnerabilidad nos encontramos. La jueza, en vez de ordenar la medida cautelar y después investigar, que es el gran triunfo de la ley 26.485, primero investiga y después no ordena, Hinojo está para juicio político. Es una situación de mucha vulnerabilidad y un Estado que no nos protege y deja que nos maten”, dice Mariana.

Según datos del propio Ministerio de Seguridad de Jujuy, en lo que va del año se radicaron 312 denuncias por desaparición de personas en la provincia y el número de denuncias por violencia de género casi iguala a las que se registraron en todo 2019. De las mujeres desaparecidas, 105 corresponden a menores de edad y 207 a mayores. En el caso de las denuncias por hechos de violencia de género, sólo de enero a agosto de este año se registraron 2.195, mientras que en todo 2019 el número fue de 2311.

“Podemos hablar de un Estado ausente y cómplice, que nunca se comunicó con las familias, que no buscó cómo debía hacerlo. La policía les decía que no les correspondía rastrillar, que no tenían combustible para salir, después dijeron que estaban buscando a Iara con drones, y eso es mentira. Prometieron ayuda que nunca llegó. Nadie salió a explicar las razones del apagón del domingo a la noche, previo a la aparición del cuerpo de Iara”, agrega Romina Canchi, secretaria de Género de la CTA Autónoma de Jujuy y militante feminista.

Todas coinciden en que Gerardo Morales, el gobernador, puso todos los recursos de la provincia para hacer propaganda política, pero no hizo absolutamente nada para buscar a las jóvenes. “El lunes 28, cuando apareció el cuerpo de Iara, vecinos y organizaciones estábamos en la ruta, reclamando que el Estado se hiciera cargo de la búsqueda y la policía en vez de estar buscando a Iara, estaba en la ruta tratando de reprimirnos”, detalla Canchi. “La policía cuida los cultivos de marihuana de las afueras de Palpalá pero no busca a las menores y manda a reprimir la movilización popular”, agregó Cecilia Corregidor.

Vivas nos queremos

Las movilizaciones en Palpalá, San Salvador y otras localidades jujeñas fueron realmente masivas. “El pueblo de Jujuy está movilizado. Las organizaciones estamos acompañando a las familias, hay verdaderas puebladas”, señala Canchi, al tiempo que se pregunta por qué hay tantos femicidios, qué hay detrás de la desaparición de las jóvenes. “En pandemia se triplicaron las violencias. Pasamos de un estado de escritorio a un estado telefónico, pero que en ningún lado resuelve nada. No hay centros de contención, no hay refugios. Acá fallaron todas las instituciones que tenían que cuidarnos. Una mujer en Jujuy tiene más posibilidades de morir por violencia machista que por COVID 19”, dice Romina.

La pregunta sobre quién protege a Morales aparece en todos los testimonios. Y es que no se entiende cómo pudo haber 5 femicidios en menos de un mes y ningún político dejó su cargo, ni el ministro de Seguridad de la Provincia Ekel Meyer, ni Alejandra Martínez, Presidenta del Consejo de la Mujer e Igualdad de Género de la Provincia de Jujuy. “Y en el medio hay mucho miedo a salir, porque hay activistas que han recibido amenazas. Detrás de la desaparición de Iara y Cesia pueden estar las redes de trata y/o el narcotráfico. No sería ilógico pensarlo, somos una provincia fronteriza”, dice Romina.

En este marco, la Multisectorial de Mujeres de Jujuy está planteando la necesidad de que esa provincia declare la Emergencia en Violencia de Género, una reglamentación que incluya políticas de género con presupuesto real y contemplado en el presupuesto anual, que permita acciones reales y eficientes. En los nueve puntos que presentaron en la Legislatura provincial y que cuenta con el apoyo de 3 mil firmas de personalidades de la cultura y de Derechos Humanos, se incluye además la demanda de “fortalecer el trabajo territorial preventivo con centros de atención y refugios en barrios o distritos, con profesionales rentados y especializados y promotoras y operadoras especializadas”.  Y se plantea la formación obligatoria para quienes desempeñan tareas en los tres poderes del Estado, ya contemplada en la Ley Micaela, y para quienes trabajan en las fuerzas de seguridad; la apertura de juzgados especializados; medidas de protección para las víctimas de violencia y sus hijos e hijas, y la celeridad de la justicia.

En definitiva, coinciden todas, “que el Estado llegue antes de que nos maten”.

#NiUnaMás

El 3J, diez años después: “El país está preso del Poder Judicial”

Publicada

el

Con poquito aportás muchísimo ¡Sumate!

Un 3 de junio sin movilización en la ciudad de Buenos Aires (pasó para el 4) pero sí en el resto del país, encontró sin embargo a integrantes de Familias Víctimas de Femicidios y Desapariciones en la Plaza de Mayo con dos enormes pancartas que rodearon la Pirámide con los nombres escritos a mano de las mujeres asesinadas en 2024 (317) y lo que va del 2025 (116). La actividad en Plaza de Mayo se sumó a los actos y marchas realizados en Mar del Plata, Rosario, Córdoba, Salta, Jujuy, Mendoza, Santa Fe y Tucumán, entre otros lugares del país. Lo que dicen las familias sobre lo narco, el poder judicial, y de dónde se saca fuerza para seguir.

El 3J, diez años después: “El país está preso del Poder Judicial”

“Estamos otra vez acá. No es la primera vez ni va a ser la última, pero estamos acá visibilizando lo que nos pasa, como lo tratamos de hacer todos los años, todos los meses, todos los minutos de nuestras vidas” dijo en Plaza de Mayo Marta Montero, la madre de Lucía Pérez, junto a la Pirámide donde Familias Víctimas de Femicidios instalaron dos pancartas que rodearon totalmente ese monumento, con los nombres de las mujeres asesinadas en 2024 (317) y estos meses de 2025 (116). La actividad en Plaza de Mayo se sumó a los actos y marchas realizados en Mar del Plata, Rosario, Córdoba, Salta, Jujuy, Mendoza, Santa Fe y Tucumán, entre otras.

El 3J, diez años después: “El país está preso del Poder Judicial”

A su lado estaba Susana Reyes, la madre de Cecilia Basaldúa, que agregó: “Yo estoy acá para que paren de matarnos y para que se haga justicia por todas las que nos faltan. No queremos que haya más mueres, hay mucha complicidad policial, judicial, política y estamos cansadas, pero vamos a seguir peleando y reclamando para que esto cambie en algún momento.  

Mónica Ferreyra es la madre de otra joven asesinada, Araceli Fulles: “Ojalá nadie tenga que sentir el dolor que sentimos nosotras. Lo único que queremos es justicia. Pero te encontrás con un Poder Judicial y encima con una política de dejar que los narcotraficantes entren al país. Cada vez hay más narcos en la calle, que venden más droga, y usan a las chicas que se las entregan por drogas, y después las descartan. En el caso de mi hija todos los que la mataron están sueltos, y eso que a tres les dieron perpetua. Pero no cumplieron ni un año y los soltaron. El que la mató es narcotraficante. Ahí te das cuenta de cómo es que funciona el Poder Judicial”.

El 3J, diez años después: “El país está preso del Poder Judicial”

Guillermo Pérez, el padre de Lucía Pérez: “Uno ve lo de Maradona y la jueza, y la justicia parece un chiste. En el caso nuestro van a hacer otro juicio, ya van como seis. Cada vez que pueden le degradan la pena a los que también fueron narcos que vendía droga en la puerta del colegio al que iba mi hija. Pero hubo un juicio, tuvieron que anularlo, hicieron otro, también lo mandan para atrás. Un jury (juicio político) que fue un escándalo. Y casi nunca se logra justicia. Somos un país que está preso del Poder Judicial. Un país sin justicia, o con una justicia que sigue siendo un chiste”.

Susana: “Es cierto, el caso de Cecilia está impune hace cinco años porque metieron preso a un perejil, un chico que pasó dos años en la cárcel y era evidente que no tenía nada que ver. Lo tuvieron que liberar porque la fiscal Paula Kelm no tenía una sola prueba en su contra, fue vergonzoso, todo armado por la fiscal, por la policía, o sea que es una violencia permanente de la justicia contra la gente”.

El 3J, diez años después: “El país está preso del Poder Judicial”

Marta saludó a personas y familias que se acercaron al ver los carteles, incluso familiares de otra mujer asesinada en 2017 que terminaron participando del encuentro. Dijo Marta: “No queremos ni una más, ni una mujer muerta más. Las cifras son espantosas y vamos a seguir luchando aunque a veces parezca una utopía. Pero creemos que algún día lo vamos a lograr”.

Susana comentó que hasta la figura de femicidio pretende ser eliminada. Marta: “Claro, es lo que están haciendo en el nuevo juicio por lo de mi hija. Quieren romper todos los derechos, y el Estado no se quiere hacer cargo de nada. Lo que busca es la impunidad en estos casos, y así tenemos casi 450 mujeres muertas en menos de un año y medio, que los nombres de cada una están en estos carteles. Yo decía que creo en la utopía, pero también sé que nuestra lucha será infinita”.

El 3J, diez años después: “El país está preso del Poder Judicial”

En esa especie de infierno al que son sometidas las familias, ¿de dónde se saca fuerzas para seguir?

Susana: “Del amor que nos dejaron nuestras hijas, de la gente que nos acompaña y de nosotras mismas que nos contenemos para estar juntas y poder seguir adelante”.

Mónica: “Aparte del amor que nos dejaron, también es el amor por hacer justicia. Es como que la impotencia y el dolor, en lugar de frenarnos, nos dan fuerza para seguir pensando que queremos justicia para nuestras hijas”.

Guillermo: “Si no hay justicia, seguiremos en la lucha. Esa es la respuesta que tenemos que dar, pase lo que pase”.

Marta: “Nunca se las vamos a hacer fácil. Nunca nos vamos a dar por vencidos. Que nunca crean que nos han ganado. Es cierto, la fuerza la tenemos del amor y de seguir adelante siempre por la memoria de nuestras hijas”.    

El 3J, diez años después: “El país está preso del Poder Judicial”

El 3J, diez años después: “El país está preso del Poder Judicial”
Seguir leyendo

#NiUnaMás

A 10 años del 3J: quién grita hoy contra los femicidios, el ajuste y la crueldad

Publicada

el

Con poquito aportás muchísimo ¡Sumate!

El aniversario del grito masivo encuentra dos escenarios muy diferentes: con actividades y movilizaciones que cada año suman más participación en las provincias y con una convocatoria en CABA que posterga un día el Ni Una Menos para sumarse al reclamo de las y los jubilados.

Las cifras de víctimas de femicidios siguen siendo tan alarmantes como las que despertaron el Ni Una Menos hace una década, cuando el asesinato de Chiara Páez, la adolescente santafesina de 14 años, impulsó la primera convocatoria el 3 de junio de 2015. Sin embargo, mientras el gobierno de Javier Milei desmantela programas, recorta presupuestos destinados a prevenir las violencias, niega los crímenes por motivos de género, busca derogar la figura de femicidio y hasta “celebra” en redes sociales que supuestamente “bajaron los homicidios de mujeres” la convocatoria de este año marca un síntoma.

En la Ciudad de Buenos Aires, las asambleas, las organizaciones políticas y sindicales nucleadas en la asamblea Ni Una Menos decidieron cambiar la fecha de la movilización al Congreso de la Nación para el miércoles 4 de junio, para unirse a las y los jubilados que reclaman desde hace meses contra el ajuste y la crueldad libertaria. En el resto del país, se mantiene el 3 de junio como fecha de encuentro y marchas. Ese día, también habrá acciones puntuales en territorio.

A 10 años del 3J: quién grita hoy contra los femicidios, el ajuste y la crueldad

Familias Víctimas de Femicidios en una de sus acciones el 3J de 2023.

3J federal

Las Familias de Víctimas de Femicidios y Desapariciones –que llegarán con mucho esfuerzo desde diferentes puntos de la Argentina– realizarán el 3 de junio una asamblea abierta a las 12, en Plaza de Mayo, donde compartirán sus testimonios, sus difíciles caminos en busca de justicia y se abrazarán en el grito de “Ni una Más”. Al terminar el encuentro, caminarán hasta el Congreso de la Nación para sumarse a la actividad que organiza Atravesadxs por el Femicidio, otra de las organizaciones que reúne a familiares de víctimas. Este año, Atravesadxs realizará una intervención fotográfica sobre la plaza entre las 9 y las 17.

La socióloga Marisa Fournier, integrante de la colectiva Conurbanas Transfeministas, cuenta que en las asambleas que realizaron en el oeste y noroeste bonaerense para definir las acciones para esta fecha apareció el cansancio, pero también la fuerza. “Entonces nos preguntamos: ¿cómo insuflamos la energía militante feminista y la creatividad?”, sintetiza.

En este contexto creían que era necesario hacer algo el propio 3 de junio y en el territorio, más allá de que la movilización este convocada para el 4, porque “el año pasado muchas decidieron no apostar a lo territorial y la marcha de CABA fue muy flaca”. En ese sentido, explica: “Nos parece muy saludable y estratégico enlazar con esta resistencia histórica que están llevando adelante nuestros viejos y nuestras viejas”.

También veían conveniente salir de la declamación o la denuncia y pensar en algo que reconforte y genere más red.

“Decidimos no hacer marchas locales ni documento, y realizar una intervención para el 3J en San Miguel, uno de los municipios más hostiles en políticas de género”, explica Fournier. La propuesta es fruto de una articulación entre Conurbanas, la cooperativa Frida Kahlo, Acción Territorial Rebelde (ATR), La Colmena y trabajadoras de organizaciones territoriales. Se realizará en la plaza principal, frente a la Municipalidad. Habrá fuego en forma de velas o antorchas, y se va a recuperar una intervención que creó Sandra Posadino, llamada PREnDAs, en la que cada prenda representará la forma en que fue cometido el femicidio. “Este 3 de junio, recuperamos el arte y la performatividad como parte de nuestros lenguajes”, asegura Fournier.

En Córdoba, también se están organizando actividades para conmemorar el 3J, incluyendo la marcha en la ciudad y acciones puntuales en otras localidades para “recordar a las que nos faltan en el territorio”.

María Eugenia Marengo, integrante del Movimiento Plurinacional Disidente y Feminista de Capilla del Monte, reconoce que “está difícil, cuesta salir”, por eso pensaron en una modalidad de encuentro que dé lugar a la palabra y a compartir lo que se está sintiendo. “La idea es recordar estos 10 años, colocar afiches con una especie de cartografía de las luchas y abrazarnos en tiempos difíciles”, cuenta sobre la actividad que harán junto con la Asamblea Multisectorial Punilla Norte y el Movimiento Popular La Dignidad. La “mateada transfeminista” comienza a las 15, en Alem 767, Barrio Balumba, Capilla del Monte.

Bajo el lema “No hay nada que festejar”, en Mendoza llaman a marchar a las 18 en el KM 0 de la ciudad capital, en San Martín y Garibaldi. “A una década de aquella primera marcha que marcó nuestras vidas, nos volvemos a reunir para hacer memoria, abrazarnos y exigir justicia”, dicen en la convocatoria. Piden llevar vestimenta negra y flores para armar un gran altar para las víctimas de la violencia machista.

La integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto en Salta, Sofía Fernández, cuenta que entre las consignas de este 3J está “el pedido de aparición con vida de las 13 mujeres desaparecidas que tiene la provincia”. Reclamarán a la Justicia por las malas actuaciones en los casos de violencia desde las 9.30 en la Ciudad Judicial y también exigirán la suspensión de jueces y juezas denunciados por violencia que hoy siguen ejerciendo en esos fueros. Luego, el encuentro será en la Plaza 9 de Julio desde las 16, donde habrá intervenciones artísticas, talleres, radio abierta, un ritual a la Pachamama, para marchar a las 18.

En Jujuy, la convocatoria recuerda que solo en mayo la provincia tuvo tres mujeres víctimas de femicidio –Angelina González, Paola Vargas y Tamara Fierro– y llaman a concentrarse en la Plaza Belgrano a las 17.

En Santa Fe, mujeres y disidencias se reunirán en la Plaza del Soldado a las 17 bajo la consigna “Ni un derecho menos”, mientras que en Rosario la convocatoria de la Asamblea Lesbotrasfeminista Rosario y ATE, entre otros grupos, es a las 17, en la plaza 25 de Mayo, desde donde se movilizarán hacia la plaza San Martín para leer el documento conjunto.

Y en Tucumán, desde las 17 en Plaza Irigoyen, habrá intervenciones artísticas y radio abierta; luego se marchará a Plaza Independencia.

4J en la Ciudad

Una de las cosas que se repiten es la necesidad de recuperar la potencia y representatividad que supo tener la convocatoria del 3J en la ciudad de Buenos Aires. Por esa razón las organizaciones políticas, gremios y sindicatos convocaron a  movilizarse el miércoles en lugar del martes 3. “Tenemos que volver a la calle, generar asambleas plurales, recuperar la vitalidad de un movimiento que puede articular”, asegura Clarisa Gamberra, secretaria de Género y Diversidad de ATE Nacional, quien destaca que “la agenda urgente es la del trabajo. Sufrimos una violencia inédita: más precarias, más pobres, trabajando más horas, perseguidas y endeudadas”.

En el mismo sentido, Patricia González, secretaria de Género e Igualdad de Oportunidades de AEFIP MDN, remarcó: “Este año llamamos a movilizar el 4, pero las seccionales adhieren según la convocatoria de cada provincia”.

Y agregó algo que señalaron muchas: “Hay cansancio, el año pasado la convocatoria fue baja y generó frustración”.

Femicidios en la mira  

En lo que va de 2025, el Observatorio Lucía Pérez registró 116 femicidios y transfemicidios, y en 2024, contabilizó 317 casos. Los datos recientes de la Oficina de la Mujer (OM) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, basados en el Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina, son algo más bajos: 247 víctimas letales de violencia de género. Un número similar al que dieron en 2023, cuando hubo 250 víctimas, y se mantiene dentro del promedio histórico desde 2017.

¿Bajaron los femicidios como intenta instalar el Gobierno? En este sentido, organizaciones de familias de víctimas advierten que detrás de las estadísticas oficiales hay casos que no son tenidos en cuenta porque no tienen esa carátula y, al cambiar esa figura legal por otras –como abandono de persona, violación agravada o abuso sexual seguido de muerte–, los casos dejan de ser contabilizados.

Un ejemplo es el caso de Lucía Pérez. Para Casación hubo abuso sexual, pero no femicidio, por lo que ordena imponer una nueva pena para Matías Farías, sin esa carátula. “Usan la causa de mi hija para eliminar la figura de femicidio”, denunció Marta Montero, su madre, luego de que la Cámara cambiara la calificación inicial.

Hay otros casos similares relacionados con asesinatos en el contexto de narcocriminalidad o femicidios territoriales. Por nombrar solo algunos:

  • a Luna Ortiz la drogaron, la alcoholizaron y la trasladaron en un raid donde fue intercambiada como mercancía. Un día después, encontraron su cuerpo sin vida. La causa se caratuló como “homicidio imprudente”.
  • Carla Soggiu apareció muerta tras activar el botón antipánico, que no funcionó. Para la Justicia, murió ahogada.
  • Luana Ludueña fue asesinada por Diego Concha, quien fue condenado por abuso sexual seguido de homicidio, pero sin el agravante por violencia de género.
  • En el caso de Griselda Blanco, el empresario acusado fue condenado por homicidio, pero sin la carátula de femicidio.

El método que aplica el gobierno en cada lugar donde pasa su “motosierra” es el mismo: primero, ningunear y desprestigiar, para luego, desmantelar. Negar los femicidios o decir que bajaron ayuda a justificar el ajuste y el cierre de programas.

El 3 y el 4 de junio se vienen dos días de abrazo colectivo frente a la avanzada antiderechos y a quienes buscan instalar que las feministas y transfeministas ya no tienen agenda o que “se pasaron tres pueblos”.

“¿De qué están hablando?”, se enoja la socióloga Marisa Fournier. “Esto es parte de la avanzada derechista y la reacción conservadora. Por eso, enlazar luchas es fundamental y estratégico”, asegura la integrante de la colectiva Conurbanas y pide: “Hay que fortalecer esa red que somos y que siempre fuimos”.

Seguir leyendo

#NiUnaMás

Caso Lucía Pérez: matar al femicidio

Publicada

el

Con poquito aportás muchísimo ¡Sumate!

La audiencia realizada en Mar del Plata para determinar la pena de Matías Farías por el crimen de Lucía Pérez reveló las contradicciones de un sistema judicial que lleva nueve años sin resolver el caso. El tribunal enfrenta el desafío de aplicar una condena bajo un delito que según Casación pasó a ser un «acceso carnal agravado», mientras la querella insiste en que se trata de un femicidio. La definición del abogado Juan Pablo Gallego: «Lo que hizo Casación fue matar el femicidio de Lucía, y eso es lo que tratamos de impedir en todas las instancias posibles». Los cruces entre la defensa y la acusación que dejan al descubierto las tensiones en torno a la violencia machista y la impunidad.

Por Claudia Acuña (Desde Mar del Plata) (En la imagen de portada, los padres de la menor asesinada junto a Familiares de Víctimas de Femicidio y de la Campaña Somos Lucía).

La audiencia de admisión de pruebas para establecer la pena que le corresponde a Matías Farías por el crimen de Lucía Pérez tuvo características tan inauditas como lo es esta nueva etapa de la intervención del Poder Judicial. El presidente del tribunal, Javier Riquert, tuvo que dar explicaciones para que se comprendiera lo incomprensible de este nuevo proceso judicial, que ya lleva nueve años (el femicidio ocurrió el 9 de octubre de 2016) y ha sufrido tres sentencias diferentes y un juicio anulado.

Caso Lucía Pérez: matar al femicidio

El tribunal: el presidente Javier Riquert en el centro, Federico Cecchi y Paula Soulé. No pueden juzgar por femicidio por orden de Casación. La querella sigue denominando al crimen de Lucía como un femicidio.

Riquert explicó que el Tribunal de Casación —responsable de cambiar el delito por el que fue juzgado Farías, de femicidio a acceso carnal agravado— ordenó que se realizara esta instancia judicial de «cesura», dedicada exclusivamente a determinar la pena, que en este caso puede oscilar entre 8 y 20 años de prisión. Para definir cuánto corresponde dentro de ese rango, el tribunal —integrado por jueces de tres fueros distintos: Riquert, Federico Cecchi y Paula Soulé— debe analizar atenuantes y agravantes.

Caso Lucía Pérez: matar al femicidio

En primera fila escuchan Marta Montero y Guillermo Pérez, los padres de Lucía, junto a su otro hijo, Matías. El abogado de la familia es Juan Pablo Gallego (en el centro de la imagen) con el fiscal Carlos Russo a su izquierda.

Por ello, tanto la acusación —representada por la querella de la familia de Lucía, a cargo del doctor Juan Pablo Gallego, y el fiscal Carlos Russo— como la defensa oficial de la doctora Laura Solari, presentaron sus solicitudes de prueba. Riquert también aclaró que era necesario cumplir con este requisito para que las apelaciones presentadas pudieran ser evaluadas y resueltas. En síntesis: se trataba de un trámite imprescindible para que las objeciones a este nuevo fallo prosperaran. Sin embargo, todo indica que lo que se inicia con este capítulo no será un mero formalismo.

Lo que siguió fue una puja por el control del relato de lo ocurrido. Acostumbrada a dominar las audiencias con su estilo incisivo, la doctora Solari intentó impugnar todas las pruebas solicitadas por la querella, que incluían una inspección ocular en la escena del crimen, la declaración de testigos clave del segundo juicio y el testimonio de una posible víctima de Farías, quien —ante la noticia del nuevo fallo— había expresado en redes sociales su temor por su posible liberación. El doctor Gallego, por su parte, destacó la contradicción de que la defensora se opusiera a la inspección ocular pero solicitara como prueba las fotos de la inspección realizada por el tribunal que había condenado a Farías por femicidio y a prisión perpetua. La paradoja la resolvió la secretaria del tribunal: no había registros fotográficos ni videos de aquella diligencia en el expediente.

Caso Lucía Pérez: matar al femicidio

De azul, la abogada de Farías, Laura Solari: la puja por el control del relato del crimen de Lucía Pérez.

Tras varios cruces infructuosos para la defensa, el presidente del tribunal esbozó el posible rumbo: tres jornadas de debate, en las que se presentarían pruebas, se visitaría la escena del crimen y se daría a conocer el monto de la condena. La fecha se anunciaría en los próximos días, junto con la resolución sobre la admisión de las pruebas solicitadas.

En el ambiente quedó flotando el anticipo de lo que se debatirá: por un lado, el negacionismo de la violencia de género; por el otro, la insistencia en que el crimen de Lucía fue un femicidio, aunque este tribunal no pueda reconocerlo por orden de Casación. «Aunque los jueces vean un femicidio, no pueden juzgarlo», declaró Gallego a las puertas del tribunal marplatense. «Lo que hizo Casación fue matar el femicidio de Lucía, y eso es lo que tratamos de impedir en todas las instancias posibles».

Caso Lucía Pérez: matar al femicidio

Familiares de Víctimas de Femicidios con integrantes de la Campaña Somos Lucía, escuchan lo que les explica el abogado de la familia Juan Pablo Gallego: «Lo que hizo Casación fue matar el femicidio de Lucía, y eso es lo que tratamos de impedir en todas las instancias posibles».

Mientras el abogado hablaba ante el grupo de Familias Víctimas de Femicidios e integrantes de la Campaña Somos Lucía —que acompañaban a la familia en la calle soportando el viento helado y la lluvia—, un grito inesperado irrumpió: «Yo compartí la cárcel con ese monstruo, y la pasé muy mal». La voz, quebrada, pertenecía a un joven de jeans y campera negra, que la lanzó con paso apresurado antes de ingresar al edificio donde, se supone, se imparte justicia.

Caso Lucía Pérez: matar al femicidio

El acompañamiento en la calle pese al frío marplatense y judicial.

Caso Lucía Pérez: matar al femicidio

El abrazo y la espera: habrá tres nuevas audiencias.

Caso Lucía Pérez: matar al femicidio

Caso Lucía Pérez: matar al femicidio
Seguir leyendo

Lo más leido

Anticopyright lavaca. Todas nuestras notas pueden ser reproducidas libremente. Agradecemos la mención de la fuente.