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Gualeguaychú, la asamblea y el corte

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Primero, se rebelaron para ser escuchados. Luego, para ser reconocidos como interlocutores válidos de un problema que puede afectar su vida, sus derechos y su futuro. Finalmente, la Asamblea de Gualeguaychú creó nuevos modos de organización, debate y acción, con una fuerza que pone en vilo al ecosistema político local y global, desde el gobierno provincial hasta La Haya. Cómo funciona esta experiencia, cuáles son sus dilemas y cómo se ven desde el piquete de la ruta 136 los políticos, los medios, las empresas y esa idea tantas veces contaminada de impotencia: qué significa ser ciudadano.

.Al costado de la ruta, sobre el pasto, se van instalando cientos de vecinos provistos con mates adictivos, convicciones coloridas, voluntad ágil y sillas plegables. El lugar parece un parque público en medio del campo, donde los chicos juegan y los adultos realizan una actividad altamente subversiva en estos tiempos: conversan sobre lo que piensan. El asfalto está pintado con peces amarillos, pájaros verdes y corazones rojos. Un acoplado cruzado en la ruta, un tractor y una tranquera marcan el límite. La característica más asombrosa de estas personas es que se han atrevido a pronunciar juntas una palabra de alcances tremendos: No.
Al hacerlo, concretaron el piquete más gigantesco conocido en la Argentina (corte de frontera incluido), la marcha más grande de la historia en defensa de un tema ambiental, y la creación de una asamblea ciudadana, masiva, de tendencia horizontal, que busca el ejercicio de la democracia directa, y que de hecho tomó la capacidad de acción -el poder- en sus propias manos evitando intermediaciones de la política partidista y estatal, para hacerse oir y anunciar ese No, que se redondea en ocho palabras: «No a las papeleras, Sí a la vida».
La pregunta, entre tantas otras, es: ¿funcionará?
Cuando se va más allá del corte y se llega al puente general San Martín, solitario y colgado entre el río y el cielo, se observa que el lado argentino todavía es un bosque verde. Pero enfrente, al verde uruguayo le ha salido un brote marrón, pálido y áspero. Botnia, la empresa finlandesa, está construyendo a ritmo de espanto una planta erizada de grúas, que se dedicará a fabricar pasta de celulosa para papel. La obra está presidida por una chimenea de 120 metros (el doble del Obelisco porteño) falo de cemento que se ve kilómetros a la redonda y que arremolina a su alrededor camiones que trabajan 24 horas, y esperanzas de progreso con síntomas severos de convertirse en ilusiones ópticas.
¿Contra quién lucha Gualeguaychú?
El hombre está perplejo. No es ecologista mediático, militante político, activista flamígero, ni otros oficios esdrújulos, sino vecino de Gualeguaychú, técnico en computación, y ciudadano que no pierde la capacidad de asombro. Dice: «Nos tocó una difícil. Estamos luchando contra un sistema con empresas que sólo buscan ganar plata, aunque la gente se muera sin que nadie sepa por qué. Nos tocó pelear contra el orden económico mundial».
Gustavo Rivollier no lo dice buscando una frase pomposa de panelista televisivo, sino con el tono del que va descubriendo en sus propias palabras los alcances del reclamo de Gualeguaychú. «Escuchame, ninguno de nosotros querría estar en la ruta, querríamos estar en casa con nuestras familias. Pero ya aprendimos que si no nos hacemos cargo nosotros, sonamos». Emilio Alonso, ingeniero: «Es una macana para nosotros y para los uruguayos. Siempre buscamos otras soluciones pero es como hacer pis en el río: no cambiás nada. Al final por lo único que nos escucharon fue por los cortes».
Un repaso veloz impide versiones nacionalistas. Todo comenzó gracias a grupos ambientalistas uruguayos de reconocida seriedad, como Guayubira y Movitdes, que alertaron ya en 2002 a sus vecinos de Gualeguaychú (80.000 habitantes) sobre el proyecto de la española Ence de instalarse en Fray Bentos. Sin recurrir a Sherlock Holmes, ese era el corolario obvio del proceso masivo de plantación de eucaliptos financiado por el Banco Mundial, que no estaba haciendo un fomento de la sombra, con 700.000 hectáreas de plantaciones del lado uruguayo y 1.200.000 en Entre Ríos, sino garantizando la materia prima para elaborar la pasta de celulosa.
Del lado argentino muy pocos captaron la seriedad de la advertencia. Pero apareció Botnia comprando terrenos junto al puente Libertador General San Martín. Los gualeguaychenses empezaron a ver desde su propio balneario (Ñandubaysal) que los uruguayos tenían razón. Un puñado de vecinos comenzó a hablar en radios locales alertando sobre lo que se estaba viniendo. En 2003 llamaron a una movilización sobre el puente. Hubo 1.500 personas. Dice Edgardo «Lalo» Moreira: «Los que encararon este tema tuvieron mucha credibilidad porque no eran políticos». Los vecinos concurrieron a la Cancillería dirigida entonces por Rafael Bielsa, pero los funcionarios no conocían la existencia del Estatuto del Río Uruguay que regula la convivencia de ambos países sobre el río. «Creían que era un tratado sobre navegación deportiva» recuerdan. Tuvieron una fuerte discusión con el representante argentino en la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) Roberto García Moritán, que fue echado de la reunión por el veterano Raúl Estrada Oyuela. García Moritán fue ascendido luego a vicecanciller. Los gualeguaychenses captaron que andaban en problemas. Sostiene Moreira: «Entendimos que había que trabajar con ideas de acción directa y movilización». Fueron a los colegios, a los clubes y asociaciones vecinales de todo tipo que pululan en Gualeguaychú (y a ese espíritu asociativo habrá que adjudicarle tal vez mucho de lo que ocurrió luego).
La prodigiosa inoperancia de los gobiernos nacional, provincial y municipal para hacer algo sobre el tema, dejó encerrados a los gualeguaychenses que el 5 de abril de 2005 decidieron hacer una colecta de firmas rechazando la instalación de las pasteras (juntaron 39.000), se organizaron como Asamblea Ciudadana Ambiental, y llamaron a una movilización sobre el puente que convocó a 40.000 personas el 30 de abril de ese año. Lalo: «La movilización nos pasó a todos por arriba. Nadie esperaba más de 10.000 personas. El puente empezó a temblar, nadie había calculado cuántos podían caminar por ahí». Durante el verano de 2006 se realizaron cortes cada vez más frecuentes, hasta llegar al de tres meses. Luego se produjo la segunda marcha, el 30 de abril del 2006, congregó a unas 80.000 personas que esta vez ni intentaron subir al puente: por jugar con las proporciones, fue como si en Buenos Aires se movilizaran tres millones de personas. El 5 de mayo el gobierno nacional organizó un acto en el Corsódromo, presidido por Néstor Kirchner y engalanado por una invasión de gobernadores, intendentes bonaeresnes, burócratas, punteros, sindicalistas, miles de personas fletadas a sueldo (por los punteros), secretarias de piernas largas y asesores, poniéndose al frente de la lucha de la comunidad. Hubo cierto aroma malvinista, el discurso presidencial generó indiferencia y poca movilización de la propia gente de Gualeguaychú (ni la décima parte de lo convocado por la Asamblea). Las huestes del gobernador Busti vigilaban con gesto torvo para evitar abucheos. Todo ese artefacto para domar el reclamo, acaso fue un reconocimiento hacia la fuerza de la Asamblea por parte de la política de corsódromo.
Lo que logró la Asamblea
La Asamblea Ciudadana Ambiental siempre fue cuidadosa de su autonomía con respecto al Estado, los partidos políticos y demás corporaciones all uso nostro. Todos reconocen inspiración en las asambleas surgidas luego del 2001. Muchas de ellas, sobre todo en Buenos Aires, habían fallecido fagocitadas o destruidas por la presencia de partidos políticos que intentaban dirigirlas. En Gualeguaychú, donde casi todos se conocen, la posibilidad de ventrílocuos partidarios fue menor.
José «Pepo» Pouler es pizzero: «Acá se armó un movimiento horizontal y apolítico, sin cabecillas ni dirigentes, con democracia directa, que permitió que la gente se fuera incorporando. Yo defiendo a muerte la horizontalidad de la asamblea» dice Pepo, que se reivindica como peronista, aunque en receso. ¿Movimiento apolítico, o apartidista? «En realidad es apartidista. Hacemos política en el buen sentido, más que mucha gente paga que se candidatea y nunca hace nada». La gente de Gualeguaychú se ha acostumbrado inesperadamente a intercalar en sus conversaciones cotidianas reflexiones, por ejemplo, sobre el capitalismo. Pepo: «Uno ve un capitalismo salvaje, con pocos ricos y muchos pobres. Dinero por el dinero. No estamos de acuerdo». Rivollier: «No es un secreto, las empresas no tienen moral: tienen contabilidad. Piensan con el bolsillo y no les calienta si van a contaminar el río entero. Entonces uno tiene que moverse para evitarlo».
¿Qué logró la Asamblea, reunida junto a la ruta haciendo cortes, o deliberando en El Teatro de Gualeguaychú, al plantarse y decir No?
-La enumeración puede comenzar por el hecho de que logró convertirse en una máquina de informar, un medio social de comunicación que consiguió hacerse oir en la comunidad, en el país y el mundo.
-Pudo, además, convivir con sus diferencias. Hay sectores más duros y otros más complacientes con el gobierno, se tienen mutua desconfianza, pero hay un pacto implícito -hasta ahora- de resolver todo en la propia Asamblea. «Acá nadie pierde una votación, porque lo que vota la mayoría es lo que todos asumimos como nuestro» dice Pouler.
-Gualeguaychú logró movilizar a los gobiernos nacional y entrerriano, aunque hicieron todo tarde y mal. «La presentación ante el Tribunal de La Haya tendría que haberse hecho cuando la reclamamos tres años antes, y nos miraban como a bichos raros. Al hacerlo tan tarde era obvio que los jueces no iban a interrumpir la construcción tan avanzada de Botnia» dice Rivollier. Pepo asegura, con filosofía maradoniana: «A Kirchner se le escapó la tortuga».
-La demostración sobre la importancia que hubiera tenido actuar a tiempo la brindó la española Ence: al no haber empezado a edificar, pese al fallo favorable de La Haya, anunció su reubicación -con prudente lógica- en cualquier zona que no implique un perjuicio para los vecinos argentinos.
-La movilización permitió poner al descubierto otro problema totalmente silenciado: ¿Cuál es el modelo de desarrollo que simbolizan las pasteras? Alfredo De Angeli es dirigente de la Federación Agraria, simpatiza con la presidencia del señor Kirchner, pero pone las simpatías en suspenso al hablar sobre el tema: «El sistema productivo va a desaparecer en la zona. El valor inmobiliario se derrumbó. Por un campo de 2.500 dólares ya no te dan ni 1.500. Y como es zona contaminada, no te compran más carne, cereales, miel ni nada. Ojalá me equivoque, pero si esto sigue ¿sabés qué va a haber aquí dentro de diez años? Eulaliptos, sólo eucaliptos. El desierto verde». Se trata de un árbol psicópata: no deja crecer nada alrededor. Cada eucalipto absorbe unos cien litros de agua por día. En Fray Bentos, la productora apícola Karina Kulik contó que las aguadas están desapareciendo, chupadas por esos árboles-bombilla, y que sus abejas empezaron a nacer con alas cortas, o sin patas, por el desequilibrio alimentario provocado por el monocultivo. De Angeli es preciso: «Desierto verde significa millones de hectáreas de un árbol depredador, trabajo para casi nadie, y concentración de tierras».
-Gualeguaychú reveló además una paradoja europea: los mismos países que aseguran que las pasteras no contaminan, no comprarán nada de lo que se produzca 100 kilómetros a la redonda de las plantas. Los propios productores uruguayos -los que pueden, como Karina- están planeando huir de la zona antes de que las pasteras empiecen a trabajar.
-Otro efecto revelado por la Asamblea: la destrucción del turismo. Los turistas parecen ser sujetos de templanza débil, poco dados a la aventura de bucear con sus niños entre los efluentes de las pasteras, a los pies de chimeneas que despiden un aroma, según denuncian en diversas latitudes, similar al huevo duro podrido.
-Los cortes de la Asamblea permitieron por eso vislumbrar un tipo de (sub) desarrollo diseñado para toda la cuenca del Uruguay a partir de las pasteras. Ejemplos: la Red Uruguaya de ONGs ambientalistas (compuesta por 36 organizaciones) redactó un informe ratificando la contaminación que provocarán las empresas y la lluvia ácida generada por los efluentes, entre otros efectos. El estudio considera que se trata de una «verdadera industria extractiva», que reafirma el proceso de concentración y extranjerización de la tierra, modelo que agudiza el éxodo rural hacia la periferia de las ciudades, y destruye el ambiente. Botnia ni siquiera pagará impuestos ya que se la considera en «zona franca» y los 300 empleos previstos cuando la planta esté a full son muchos menos que los que se pierden en los campos monocultivados (puede agregarse que los contratados no serán precisamente campesinos ni jóvenes uruguayos, sino técnicos internacionales, gerentes con masters primermundistas, secretarias trilingües y oficios por el estilo). Otro dato: las ganancias no serán reinvertidas sino que se irán fuera del país, como ocurre con toda multinacional que se precie. Y además, lo habitual: luego de haber realizado el proceso contaminante en estas tierras, la pasta de celulosa viajará a Europa donde están las verdaderas fábricas de papel, las que generan valor agregado y puestos de trabajo.
Gualeguaychú está cuestionando todo ese modelo extractivo y concentrador de la riqueza, del cual Entre Ríos forma parte con su desierto verde sumado a la inundación de plantaciones de soja. María Elena Marchiolli narra lo que sienten los vecinos: «Primero dejaron a los pueblos sin trabajo. Y ahora viene la etapa de llevarse la materia prima y dejar acá los desechos humanos».
¿Por qué tanta pasión por la pasta de celulosa? El negocio viene montándose desde fines de los ’80 con financiación del Banco Mundial. El papel sigue siendo un insumo gigantesco en el mundo. Pero además figuras como el ex director de la Reserva Federal de los Estados Unidos Alan Greenspan, plantean que el etanol de la celulosa «si cumpliese sus promesas, nos ayudaría a abandonar nuestra dependencia del petróleo, así como podría hacerlo el carbón y la energía nuclear». Semejante exposición en el Comité de Asuntos Exteriores del Senado estadounidense el 7 de junio de este año, permite comprender el interés por consolidar lo que se ha dado en llamar una «cuenca pastera» en el cono sur. Si Greenspan acierta, el negocio del papel va a ser, por lejos, el menor de estas plantas bien llamadas por los gualeguaychenses «pasteras», aunque no se dediquen precisamente a la producción de fideos.
Otro logro de la Asamblea parece haber sido el de cambiar el discurso de los ecologistas internacionales, que empezaron apostando a la posibilidad de una industria limpia. «Sabemos que no pueden ser limpias. Siempre contaminan. Por eso decimos No a las pasteras» explica María Elena. Las ONG terminaron pidiendo la relocalización de las plantas. Los ecologismos mediáticos como el de la señorita Evangelina Carrozo y su atractiva humanidad instalada por Greenpeace en la cumbre de presidentes de Viena, con un cartel que decía en inglés «No a las papeleras contaminantes» olieron a efímeros. La bella Evangelina usó aquella fama para bailar por televisión, contaminada de patetismo con rating, mientras Gualeguaychú siguió diciendo No.
¿Qué es ser ciudadano?
La Asamblea se autodefinió como Ciudadana, concepto entendido como ejercicio activo de los derechos, intervención pública, organización, debate colectivo y toma de decisiones democrática, en asambleas que pueden congregar a 100, 500, 2.000 personas o más (según la importancia del tema a tratar), que siempre cuentan con el aval de la comunidad. La consigna constitucional según la cual «el pueblo no gobierna ni delibera sino a través de sus representantes» se evidenció como anacrónica, en un país en el que esa «representatividad» suele ser lo opuesto a cualquier idea sincera de democracia. Es interesante ver cómo percibe la cuestión al menos uno de los políticos de la zona, Héctor De la Fuente (presidente del Consejo Deliberante, miembro del oficialista Nuevo Espacio), que incurre en una curiosidad, la autocrítica, en un lugar donde los políticos ya no son considerados «dirigentes» de nadie: «Los políticos, y me asumo como tal, han sido los que han tenido el poder de decisión desde la llegada de la democracia. Los ciudadanos les delegaron todas las decisiones. Llevamos 23 años de democracia, y tenemos los resultados a la vista: vemos cómo está el pueblo. Si el ciudadano se compromete las cosas van a cambiar. La fuerza de la Asamblea consiste en que la gente recupera su capacidad de decidir».
María Elena aclara: «Y ya nadie quiere eso de que haya uno que ordena y otros que obedecemos. No sirve más».
La Asamblea decidió gobernarse a sí misma, ser soberana y abierta por naturaleza para que todos puedan participar, proponer y votar con libertad. Los empleados de las empresas periodísticas califican a los gualeguaychenses como «fundamentalistas», «talibanes», «irracionales» y hasta «extremistas». María Elena no puede entenderlo: «No somos lo que muestran los medios. Nadie aquí es así» dice señalando a los vecinos que pasean por la ruta, esperandola hora de la Asamblea. «Esos periodistas o dueños de medios, ¿quiénes son? ¿qué se creen?»
El arquitecto Omar Lonardi tampoco es un extremista, pero parece desmentir las teorías sobre el individualismo, el desinterés y la apatía política: «Cada vez más somos ciudanos activos, participativos, hablamos, tomamos decisiones. Es una ciudad movilizada y vamos a demostrar que podemos hacer muchas cosas».
Últimas noticias
La Asamblea chocó con la intransigencia de los gobiernos, de Botnia, de los medios, del Banco Mundial, y volvió al corte de ruta. El gobierno argentino, a través de un fiscal, mandó fotografiar a los vecinos destilando el rumor de que cometen un delito si realizan un corte. Empezaron a verse fotógrafos raros, pelo corto, gesto huidizo, zapatos de cuero negro: policías disfrazados de civil, y/o agentes de eso que se ha dado en llamar «inteligencia», desde siempre dedicados a espiar a los ciudadanos, demostrando quién suele ser el enemigo para las fuerzas estatales. María Elena: «Había uno que se escondía atrás de los gendarmes y nos sacaba fotos desde ahí. Fue todo muy feo, cosas de las épocas de los militares».
Tabaré y Kirchner comenzaron luego una escalada de improperios mutuos, el viejo modo de controlar sus respectivos frentes internos promoviendo un supuesto conflicto externo. Frontera caliente: la idea de convertir un tema de medio ambiente y de ciudadanía movilizada, en un asunto de «nacionalismo» y «soberanía» es un riesgo que nadie sabe si la Asamblea podrá superar, y que impulsan sus sectores más oficialistas, cuando se inicia un 2007 electoral.
(Entre paréntesis: que el supuesto progresismo de Tabaré postule el nacionalismo, la represión de los asambleístas, y se apoye en las multinacionales y en un modelo de desarrollo expulsivo, debería ser analizado desde un punto de vista marxista, si es que tiene sentido convocar a Groucho para estas cosas).
En la orilla argentina, con la agitación del supuesto conflicto externo la libertad de acción de la Asamblea corre riesgo. Las empresas periodísticas fogonean ese desfasaje, hablan en términos bélicos, fomentan el pus xenófobo. Alguien de Gualeguaychú comenta: «Hay muchos que no quieren que funcione la Asamblea, quieren aprovecharla para su negocio político. No quieren el cambio. Pero esto fue siempre así. No hay que dejarse caer: tenemos que mantener nuestro aire. Aire fresco». O no envenenado. Tal vez ese sea el punto central de la agenda, mientras al costado de la ruta todos acomodan sillas, mates y sueños, porque la Asamblea está por comenzar.
Este trabajo fue el ganador de las Becas AVINA de Investigación Periodística. .
La Fundación AVINA no asume responsabilidad por los conceptos, opiniones y otros aspectos de su contenido

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Perú: racismo, criminalización y disciplinamiento como trasfondo de más de 60 muertes

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Lavaca habló con dirigentes sociales y campesinas, que analizan la represión desatada tras la crisis institucional que dejó al menos 60 muertos, miles de heridos y centenares de detenidos, con imágenes de tanques entrando a la universidad pública incluidas. El rol del Congreso, la figura de Dina Boluarte, la raíz histórica, racista y clasista de la derecha peruana. La ligazón con la agenda extractivista con la desestabilización actual que busca criminalizar y disciplinar a las voces de comunidades y organizaciones sociales que denuncian la situación como «dictadura cívico-militar».  

Dina Boluarte tiene más muertos en Perú por la violencia institucional, que días de gestión.

Según la Defensoría del Pueblo de Perú al momento son al menos 56 los muertos por la represión, miles de heridos, y centenares de detenidos. Organizaciones sociales reportan, por su parte, más de 60 muertes. Todo ocurrió en menos de cincuenta días: desde que la vice Dina Boluarte asumió el Ejecutivo el 7 de diciembre de 2022, cuando fue detenido el entonces presidente Pedro Castillo. 

Mientras tanto las calles siguen siendo un escenario de marchas y repudios contínuos: solamente el martes 24 de enero la Defensoría del Pueblo registró 85 cortes de rutas nacionales, además de movilizaciones y bloqueos en 39 vías provinciales. 

¿Cómo interpretar lo que está ocurriendo?

Melania Canales es dirigenta social de la región de Ayacucho; diez de los muertos pertenecen a esa localidad. Además, es ex presidenta de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú. Sintetiza así para lavaca los reclamos sociales de los cuales además fue protagonista: 

  • “Uno de los principales reclamos es que haya un referéndum para la Asamblea constituyente; existe hoy una Constitución de 1993, hecha por el dictador Fujimori, que ha privatizado todo en Perú: luz, agua, carreteras, pistas, empresas mineras. Esa es la Constitución que le da todo el poder al empresariado, es la peor Constitución de América Latina, el empresariado se lleva sus ganancias y no paga nada”.
  • ”Esta Constitución ha permitido que la salud y la educación sean un negocio. Prácticamente nos despoja de nuestros territorios colectivos de los pueblos y mujeres indígenas, y no nos permite la participación del pueblo organizado en espacios de poder de decisión. También nos criminaliza. Por eso exigimos referéndum y buscamos una nueva Constitución”.
  • “Pedimos también la renuncia de la traidora y asesina Dina Boluarte. Y la renuncia de la mesa directiva del Congreso”. 
  • “Y exigimos paz. Una paz con justicia. Eso exigimos en el Perú”. 

La Universidad atacada

A la cadena de violencia desde el gobierno se sumó la última semana la brutal represión en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) que incluyó el ingreso de 400 policías junto a fuerzas especiales con tanques que derribaron las puertas, disparos y gases lacrimógenos, y donde más de 205 estudiantes fueron detenidos.

Natali Durand es docente de antropología en la Universidad. Dos estudiantes de su clase fueron detenidos, y ella describe: “Ha sido un atropello a la autonomía de la Universidad. Los estudiantes habían abierto las puertas para alojar a las personas que estaban llegando de distintas regiones para marchar”. 

Desde todo el país llegaban delegaciones a lo que se denominó la Nueva Marcha de los Cuatro Suyos, y la Universidad funcionaba como alojamiento y espacio de encuentro y logística. Pero cuando entró la policía, explica Natali “quedaban pocos manifestantes, eran más los alumnos que se encontraban dentro de la Universidad, algunos en la toma, otros en la residencia universitaria, eso es muy preocupante porque entraron a la residencia universitaria”. Desde entonces parte de los docentes y estudiantes piden la destitución de la actual rectora Jeri Ramón. 

El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) condenó la represión y expresó que “la entrada de la policía a la sede universitaria es una violación flagrante de la autonomía”. Además rechazó la “decisión del gobierno de recurrir a la violencia para enfrentar la crisis en el país”. Y remató: “La actitud del gobierno del Perú se coloca al margen del respeto a los Derechos Humanos”.

La traición de Dina

¿Dónde se encuentra la semilla del actual conflicto?

Responde Natalí Durand: “Para entender la semilla de esto podríamos irnos hasta 200 años atrás, pero creo que ahorita lo más grave ha sido la descomposición política que tuvimos desde 2016 cuando el partido de la señora Keiko Fujimori (hija del ex dictador) ganó la mayoría absoluta en el Congreso. Desde 2016 lo que se generó fue un desbalance de poder a favor del Ejecutivo”.

Sin embargo (o tal vez por eso mismo) el profesor y político Pedro Castillo, con el partido Perú Libre, ganó las elecciones en segunda vuelta a la misma Fujimori, y gobernó desde el 28 de julio de 2021 hasta la declaración de su “permanente incapacidad moral” por parte del Congerso, el 7 de diciembre de 2022. Castillo fue docente de escuela primaria, presidente del Comité de Lucha del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Perú (SUTEP) y encabezó la huelga docente de 2017.

El 7 de diciembre de 2022 Castillo fue detenido y destituido luego de 16 meses de gobierno. Horas antes había anunciado el cierre temporal del Congreso, pero ante esto sus propios ministros comenzaron a renunciar y a calificar la situación como un autogolpe. Con las fuerzas armadas y la policía en contra, el Congreso trató, una vez más, la moción de vacancia contra el entonces presidente bajo la acusación de “incapacidad moral”. Castillo fue detenido y destituido; juró entonces quien era su vicepresidenta, Dina Boluarte quien, entre otras cosas, tenía en el propio Congreso denuncias por presunta infracción constitucional que fueron rápidamente archivadas. 

Dice Natalí Durand: “Si bien es legítima sucesora, se había dicho que iba a renunciar y pedir elecciones. A su asunción la gente la asume como una traición. A su vez, en la derecha no la ven como parte: en el momento en que no le sirva más la van a soltar. Ahora ella les sirve porque el presidente del Congreso no puede ejercer funciones de presidente, tiene que llamar a elecciones en un periodo de 3 a 9 meses como máximo. Ella no quiere renunciar porque sabe que, si renuncia, la van a dejar sola y le espera un proceso judicial fuertísimo”. 

La actual presidenta no tiene bancada propia en el Congreso ni un partido que la apoye.

La pregunta entonces es quién tiene el poder hoy en Perú.

La voz desde las calles

Melania Canale, dirigenta social de la región de Ayacucho, remarca que la situación actual puso luz sobre el “racismo y el clasismo en nuestro país”. Sigue: “Perú ha sido el centro del colonialismo: cuando se creó la república peruana hace 200 años se hizo con los descendientes de los españoles, los ‘mistis’ y los criollos, y los pueblos indígenas y afro estuvimos ausentes. Entonces lo que vino fue una dominación de una clase media alta privilegiada. Hay una desigualdad grande, que se ha agudizado, los derechos se convirtieron en negocios, como la educación, la salud, y la participación política”. 

Melania define a Pedro Castillo como el primer “marrón” (por el color de su piel) que llegó a la presidencia. Y define: “Hemos sentido que al marrón no lo aguantaban”. A la actual presidenta la llama “la usurpadora”. Dice: “En estos momentos, aunque ella ganó junto a Castillo, representa a la derecha. El Congreso ha sido un obstáculo que a Pedro Castillo no lo dejó gobernar, siempre estaba ahí promoviendo su vacancia. Dina tenía una denuncia, pero la archivaron en el Congreso. Realmente esto se veía venir. Acá, la derecha política del Perú es una derecha arrastrada, que siempre se entrega por completo a la oligarquía” 

¿Tiene relación el problema con las agendas extractivistas? 

Está muy ligado. Hace poco una funcionaria de Estados Unidos ha dicho que en Sudamérica están el agua dulce, los minerales, el litio. Aquí están paralizadas varias mineras por los reclamos de las comunidades. Hay también contaminación de los ríos, de la tierra, mucha gente con metales pesados en la sangre, y además estos empresarios no dejan nada…

¿A qué atribuís la actual represión? 

Es una caza de brujas. En Ayacucho hay 8 detenidos dirigentes y dirigentas de organizaciones, los han llevado hasta Lima, acusados de terroristas. No somos asesinos, no somos terroristas. Están buscando descabezar a las organizaciones, meter miedo, criminalizar y perseguirnos, inventando fantasmas. No hay libertad en este país: por eso decimos que estamos viviendo una dictadura cívico militar. 

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Las cosas que hay que hacer para trabajar – Capítulo 1

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La nueva serie documental de lavaca: El mundo de la autogestión en Argentina a través de ocho capítulos sobre experiencias recientes de diferentes cooperativas que lograron recuperar empresas vaciadas o quebradas por las patronales. Dirigida por Patricio Escobar, autor de La crisis causó 2 nuevas muertes.

Dos mil personas que integran empresas recuperadas de toda la Argentina se reúnen en un acto histórico en la Aceitera La Matanza. ¿Qué buscan? Impulsar el proyecto de Ley de Recuperación de Unidades Productivas que facilite que cooperativas de trabajo pongan en marcha empresas quebradas o vaciadas por las patronales. El movimiento lleva 20 años sin ley, pero ha recuperado no sólo trabajo sino también dignidad y vida, con 400 fábricas en el país que dan trabajo en total a más de 14 mil obreras y obreros. Su lema: Ocupar, resistir y producir.

Las cosas que hay que hacer para trabajar Dirección: Patricio Escobar.
Producción integral de Cooperativa de Trabajo Lavaca: Claudia Acuña, Sergio Ciancaglini, Anabella Arrascaeta, Lina Etchesuri, Sebastian Smok, María del Carmen Varela, Franco Ciancagini, Lucas Pedulla.
Fotografía: Lina Etchesuri y Sebastian Smok. Cámara: Patricio Escobar, Guillermo Guevara, Sebastian Smok.
Música: Guido Donato y Tomás Lobov.
Edición: Damián Finvarb.

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Cuatro años de in-justicia por el femicidio de Carla Soggiu       

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En la Plaza de la Memoria de Pompeya, junto a vecinos, vecinas, otras familias víctimas de femicidios y organismos de derechos humanos del barrio, se recordó este domingo a Carla Soggiu frente al mural que hizo el barrio, a cuatro años del femicidio. Estuvo presente Alfredo Soggiu (foto) el padre de Carla. Sin culpables por el crimen, y sin siquiera un fiscal que lleve adelante la causa, la familia se transformó en querellante e impulsa que se investigue la responsabilidad de Diego Santilli, por entonces Ministro de Seguridad porteño, por la falla en el sistema del botón antipánico que debía protegerla. El ex marido de Carla fue acusado por violación, pero el crimen sigue impune. La idea sobre quién cuida a lxs vecinxs.  

El acto en la Plaza de la Memoria de Pompeya (fotos: Ailín Soria)

“A pesar de que pasaron cuatro años cada día siento más injusta su partida, que le hayan quitado la vida. Tanto su pareja, como el gobierno de la Ciudad, como la justicia, todos la mataron un poco a mi hija”. 

Alfredo, papá de Carla Soggiu, está parado en la Plaza de la Memoria del barrio porteño de Pompeya, a cuadras de donde su hija murió. Desde ahí habla. Frente a él vecinos y vecinas que escuchan; a su lado, familiares de otras víctimas de femicidios; y en su espalda, el mural desde donde su hija mira al barrio junto a letras negras que dicen: verdad y justicia. 

Ni botón ni GPS

El 15 de enero de 2019, cuatro años atrás, Carla Soggiu pidió ayuda 5 veces apretando el botón antipánico que tenía después de haber denunciado a su pareja. Pese a que el sistema contaba con ubicación GPS, la empresa no pudo ubicarla. Carla estuvo desaparecida hasta que un barrendero encontró su cuerpo en el riachuelo. Según la autopsia, murió por “asfixia mecánica por sumersión”. 

Ella tenía un botón antipánico porque días antes, el 26 de diciembre de 2018, su ex pareja, Sergio Nicolás Fuentes, la secuestró, violó y golpeó brutalmente, con su hija menor como testigo. Carla tenía hidrocefalia, los golpes destrozaron la válvula. Cuando logró huir lo denunció ante la la Oficina de Violencia Doméstica, y le dieron el botón antipánico que días después no la protegió.  

Con el Poder Judicial en contra

Sergio Nicolás Fuentes fue condenado por la violación a seis años de prisión, pero la causa por el femicidio fue archivada, cuando la familia se enteró ya había pasado un año.

Pidieron entonces que la justicia porteña investigue por qué no funcionó el botón antipánico: el fiscal de primera instancia archivó el pedido.

Apelaron, el fiscal de Cámara también lo archivó.

Fue cuando alegaron que la Ley de Víctimas autoriza que se abra la investigación sin asistencia de un fiscal, y así lograron que se los acepte como querellantes.

En ese punto están ahora, sin fiscal el impulso de la causa depende de la familia. El objetivo es que se investigue la responsabilidad de Diego Santilli, por entonces Ministro de Seguridad porteño, por la falla en el sistema del botón antipánico que debía proteger a Carla.  

Dice Alfredo, papá de Carla: “Después de tanto tiempo de lucha, con el acompañamiento de un montón de gente incondicional, recién logramos meter una causa contra uno de los asesinos de mi hija. Más que nunca necesitamos el acompañamiento de todos, que nos ayuden a caminar. Por mis nietos, por mi señora, también por mí. Lo necesito, que me acompañen”. 

A su lado están Susana y Daniel, padres de Cecilia Basaldúa, víctima también de un femicidio y de un Poder Judicial que intenta garantizar impunidad en lugar de justicia. Susana explica: “Las familias sentimos mucha impotencia, esto no tiene que pasar más. Tenemos que luchar y acompañarnos porque es lo que nos hace fuertes”. Susana se detiene para nombrar a Roxana, mamá de Carla Soggiu que no está presente, se quedó cuidando a sus dos nietos, hijes de Carla, que hoy tienen 6 y 8 años. Sigue: “Nuestras hijas no pueden volver a la vida pero queremos que descansen en paz, y lo van a hacer cuando haya justicia”. 

Daniel (en el centro), y Susana, rodean a Alfredo, el padre de Carla Soggiu. (Fotos: Ailín Soria).

Vecinos cuidándose

Vecinos y vecinas del barrio forman un semicírculo para escuchar. Entre ellos están presentes los integrantes del Instituto de la Memoria de Pompeya, responsables de cuidar y crear la Plaza de la Memoria donde ocurre este ritual de abrazo hacia la familia. Además del de Carla hay murales dedicados a Ezequiel Demonty (el joven asesinado por la Policía en el Riachuelo), por la Noche de los Lápices, por Hebe de Bonafini, entre otros.

“La lucha se sostiene con amor, con alegría y con memoria”, dice Alberto, integrante del espacio, y cuenta que fue en 2006 cuando se propusieron visibilizar a les desaparecides del barrio, crearon la plaza, y empezaron a marchar juntos.

Pronto se dieron cuenta de cómo aparece la violencia institucional y estatal hoy, dice: “A veces reflota en estas formas: femicidios, travesticidios, desaparición de jóvenes en situación de calle. Los únicos que nos cuidamos somos los vecinos a los vecinos”. 

Luego, la foto de Carla se levanta alto y se grita presente, con su sonrisa y su mirada desde la pared.

Fotos: Ailín Soria.
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