El debate fue una usina de consultas, intercambio e ideas. En el Hotel BAUEN se concretó el inicio de las Primeras Jornadas de Recuperación del Espacio público. Participaron vendedores ambulantes y organizaciones sociales que pudieron hablar mano a mano con la Defensora del Pueblo de la Ciudad, Alicia Pierini; el juez contravencional y presidente de la Asociación de Magistrados porteños, Javier Buján, y el director del Programa de Violencia Institucional del CELS, Gustavo Palmieri. Claves para entender qué se juega en la calle.

Bajo la consigna La calle es nuestra, el pasado jueves 13 de septiembre a partir de las 18 comenzaron en el recuperado hotel BAUEN las Primeras Jornadas de Recuperación del Espacio Público. La reunión contó con la presencia de más de cien protagonistas directos de la calle: vendedores ambulantes, mujeres en estado de prostitución y artesanos organizados en distintos espacios. También se sumaron al encuentro el presidente de la Asociación de Magistrados y juez contravencional, Javier Buján; la Defensora del Pueblo de la Ciudad, Alicia Pierini y el director del Programa de Violencia Institucional del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Gustavo Palmieri.
El escenario era inquietante. Sobre un telón rojo, detrás de los funcionarios, colgaban piernas de plástico que sostenían pancartas con fotos. Si se miraba bien, se descubría que las imágenes eran de 2004, cuando desde la calle se construyó la resistencia a la reforma del Código Contravencional que hoy da rienda suelta a los abusos que a lo largo de esta jornada se fueron poniendo sobre la mesa.
La actividad fue organizada por lavaca, en conjunto con la Asamblea Popular de San Telmo, la Cooperativa 16 de julio – que tomó su nombre de la fecha de 2004 en la que 15 personas fueron presas por manifestar contra la sanción del Código frente a la legislatura porteña- y Las Locas, espacio creativo para mujeres desobedientes. Marcelo Ruarte, presidente de la cooperativa de trabajadores que, desde 2003, gestiona el hotel BAUEN fue el primer orador. Ruarte resumió el camino recorrido en los cuatro años y medio de una experiencia que hoy da trabajo a 150 personas y que se encuentra en riesgo por un pedido de desalojo que pretende devolver el hotel a los empresarios que lo quebraron. Ruarte dio la bienvenida al grupo: «Quiero que sepan que el BAUEN es de todos. Entendemos que este espacio es para aquellos que intentan pensar una filosofía distinta de trabajo, como es la autogestión. Para ustedes, los que trabajan en la calle, no debe ser fácil sobrellevar esta carga, pero nosotros los trabajadores tenemos bien en claro que la única manera de poder satisfacer nuestras necesidades es compartir, intercambiar y debatir, respaldar y acompañar todo tipo de experiencia que esté pensando en trabajar de otra manera. Gracias por estar en nuestra casa», dijo y cosechó los primeros aplausos.
La siguiente en tomar la palabra fue Sonia Sánchez de lavaca. Como es habitual en sus presentaciones, se puso de pie y preguntó:
«¿Por qué discutir sobre la calle? ¿Por qué discutir el espacio público? Por qué es fundamental e imprescindible que las y los que estamos en la calle sobreviviendo, resistiendo, discutamos de la calle, desde la calle y en la calle. Porque es un espacio privilegiado de la política cotidiana de todas y todos, porque es un lugar no legitimado, no institucionalizado. A la calle hay que defenderla con los dientes, porque desde aquí, desde la calle, tejemos redes sociales las locas, las putas, las travestis, los vendedores ambulantes, los desocupados, para encontrarnos, para juntarnos. Y por qué vamos a permitir que nos quiten la calle, como lo están haciendo ahora. Por qué vamos a tolerar que nos digan dónde podemos y dónde no podemos estar. Pues si toleramos eso, aceptamos que la calle no nos pertenece, la ciudad no nos pertenece. Ni esa maldita esquina donde nos paramos para sobrevivir nos pertenece. Por eso es fundamental empezar a debatir entre todas y todos cómo hacemos para defenderla y defendernos».
El espacio público, un debate político
La primera exposición estuvo a cargo del doctor Buján, un juez contravencional que sostiene que el Código que debe aplicar sólo criminaliza a los más pobres. Empezó por el principio y se preguntó: ¿Qué es el espacio público? Contestó: «En su raíz histórica, es el espacio común, el espacio de todos, la cosa de todos. Y por eso es importante tener en cuenta algo que decía Sonia: esta discusión es fundamentalmente política.” Buján, quién además dicta clases en la Facultad de Derecho de la UBA, compartió las preguntas que formula habitualmente a sus alumnos: «¿La prostitución debería ser regulada o es una de las actividades privadas que no pueden ser reguladas por el Estado? ¿Acaso cuando se pretenden crear zonas rojas no se está señalando que el Estado no hace nada con la prostitución bajo techo? ¿Por qué la única que es motivo de control es la que se ejerce en el espacio público, la que tiene que ver con la calle? Obviamente, es la prostitución de los pobres. No la prostitución de las grandes cadenas de explotación», sostuvo.
«Y esta no es la única figura del Código que ejemplifica cuál es el objeto de control. Todas parten de criminalizar al mismo estrato social y en algún sentido creo que esto es lo más rico de la discusión que nosotros podemos compartir hoy acá. Podemos plantear los grandes temas y empezar a debatirlos. Estoy a su disposición».
Avances y retrocesos
A su turno, la doctora Pierini fue más allá. Expresó primero un límite y luego un desafío.
Dijo que tenía la sensación de estar reviviendo discusiones de hace 14 años atrás, de la época de debate de los edictos policiales: «Tendríamos que tener presentes determinadas conquistas y avances en materia de derechos humanos que logramos con la derogación de los edictos. Debiéramos pensar que no se puede retroceder sobre los pasos que se van avanzando. Cuando aparecen ciertas tendencias regresivas no deberíamos retomar debates que ya fueron ganados y sí impulsar el paso sucesivo. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros ya discutimos el tema de la moral pública, y sabemos que nadie puede ser dueño de decidir qué es lo moral y lo no moral en el espacio público. Yo personalmente no estoy dispuesta a volver a dar esta discusión. Como no estoy dispuesta a volver a discutir si las mujeres tenemos derechos, si los chicos son sujetos de derecho o si los indios tienen alma. Porque si no, no terminamos nunca: vamos a volver a discutir la esclavitud», dijo en tono severo. Y avanzó hacia una propuesta: «Lo que no discutimos correctamente, quizás, es qué significa el concepto de orden en las democracias, que no es lo mismo que el orden de las dictaduras. Creo que nosotros tenemos que entender que para jugar partidos es imprescindible que haya reglas de juego. El tema es cómo se fijan esas reglas y quién las hace cumplir. Hay que discutir las nuevas modalidades, nuevas normas para que el espacio público no sea un espacio de tironeo permanente sino que haya reglas de convivencia que sean aceptadas por todos. Pero que se fijen desde la sociedad y no desde una minoría iluminada».
El código contravencional es el código penal
Al llegar, el doctor Palmieri pidió disculpas por el retraso y aportó una dosis de actualidad a la charla. Mencionó la gravedad de la situación en la provincia de Santa Cruz, donde el miércoles 12 una periodista fue baleada en la ruta por la Gendarmería Nacional.
Luego, continuó con el razonamiento de la doctora Pierini y retomó el tema de los debates no saldados: «Los edictos planteaban un sistema de regulación policial para todos los que eran vendedores ambulantes, el tema de la oferta de sexo, el juego, etc. Los funcionarios que decidían sobre esto eran funcionarios policiales y muy celosos de esas facultades con las que podían regular a una población objetivo de esa institución. Ese sistema era un pequeño Código Penal inquisitivo. Cuando llegó la reforma, hubieron distintas corrientes que coincidieron en la derogación. Pero tuvo más peso la que planteaba hacer un pequeño Código Penal de la ciudad, que incluía temas tales como el rol de la policía, si iba a estar más controlada y cuáles iban a ser las sanciones que podía aplicar. Es verdad que la reforma sirvió para disminuir la violencia en la población que era víctima de los edictos, pero se reguló como un pequeño Código Penal. Y si hay una característica que tiene el Código Penal es que no resuelve los conflictos. Puede sancionar o no, decidir si es inocente o es culpable, pero el conflicto no lo resuelve. Sigue ahí.” Luego, el doctor Palmieri repasó los engranajes de la máquina contravencional de acuerdo a cómo funcionan en la práctica cotidiana. Dijo: “La justicia contravencional que tenemos hoy incluye a:

• Defensores, que usan la herramienta de la probation en lugar de definir la inocencia o no de una persona. Usan la probation porque es un modo de no discutir;
• – Fiscales que construyen casos a partir de nimiedades, como lo es la vulneración de centímetros de un vendedor ambulante, si se corrió o no se corrió de la zona asignada, etc».

Todos estos vicios, sostuvo Palmieri, son vicios de la justicia penal cuya característica principal es que no permite negociaciones porque sólo hay una parte que acusa y la otra que se defiende. No hay dos partes presentando pruebas. «Y en el debate de hoy, que nos permite reflexionar sobre qué peleas nos quedan por dar, seguramente tenemos que pensar cómo construir un mecanismo que permita estas negociaciones, estas mediaciones, cómo resistir los avances de quiénes quieren hacer más penal, más punitivo y más violento el Código que hoy se usa y por otra parte como reducir los abusos, las violencias.” El doctor Palmieri citó, a manera de ejemplo, el caso de la periodista de lavaca Claudia Acuña. “Es una muestra sobre cómo piensan estos actores, como actúan en la resolución de estos conflictos. El caso se origina por una pintada en una plaza. Uno podría debatir a partir de este hecho si pintar o no una plaza es una contravención o se trata de un ejercicio libertad de expresión, por ejemplo. Pero la fiscalía contravencional no se detuvo en estos debates. Lo primero que se hizo fue ordenar una identificación de la persona a la cual se le había labrado el acta y para hacerlo, ordenó que la policía identifique a todas las personas que entraban y salían del domicilio declarado en el acta. Impulsar una investigación de este tipo… («algo que no hacen para cosas más graves», completó Pierini)… nos está indicando algo sobre cómo piensa los actuales actores. Por eso creo que parte del debate y del desafío de hoy es cómo construimos un espacio de mediación serio».
Zaffaroni, y lo que le hacen a los vendedores
Tras las exposiciones, se leyó una carta que había enviado el juez de la Corte Suprema, Eugenio Zaffaroni con su adhesión a las jornadas. Se abrió entonces la ronda de preguntas e intervenciones:
Carmelo, vendedor ambulante: «Estoy de acuerdo en que este es un debate político, pero creo que aunque se pueda crear la mejor ley del mundo, si no cambia el modo de controlar, el resultado es el mismo, porque en la calle no te encontrás con los fiscales: los ojos de ellos son los de la policía. Y ésos ojos ven sólo lo que les interesa. Entonces ¿de qué justicia podemos hablar, de qué ética podemos hablar, de qué cambio podemos hablar?».
Oscar, vendedor ambulante: «¿Cómo se hace para que los casos de secuestro de mercadería -que ordena el fiscal, sin hacerse presente en el lugar- lleguen hasta un juez y que sea él quién decida?
Fue el juez Buján, el encargado de responderle:
«Es cierto que las medidas cautelares son dispuestas por el Ministerio Público Fiscal. Acá nos encontramos con un vicio, que es el de tratar de parecernos al régimen penal. Se confisca la mercadería como una medida cautelar con la que se intenta interceptar o detener el objeto del delito. Pero en los casos de la venta ambulante, en donde muchas veces las mercaderías secuestradas son perecederas, hay que sopesar otras cuestiones. Por ejemplo, la venta por mera subsistencia no es una contravención. Por lo tanto, hay jueces que consideramos que primera hay que analizar muy bien la conducta antes de disponer una medida de ese tipo.”
La doctora Pierini intervino levantando el tono:
«A mí me tienen que explicar, no sólo los jueces, sino todo el sistema, por qué razón se secuestra la mercadería. ¿Qué es lo que están protegiendo cuando secuestran la mercadería? La mercadería que hay que secuestrar es la que está en mal estado, la que no pasa la inspección bromatológica, por ejemplo, por ésa constituye una medida cautelar que previene un daño. Esa es la que hay que secuestrar».
Hubo aplausos.
En el fondo, apareció una mano levantada y una nueva inquietud:
«El secuestro de mercadería representa en los hechos una extorsión del Estado. Al sacarle a la persona aquello que permite su subsistencia le impiden esperar los dos o tres meses que demora llegar al juicio. Así, sí o sí tiene que agarrar la probation o el juicio abreviado. Es decir, lo obligan a aceptar culpas para recuperar su medio de subsistencia, con lo cual, le quitan la opción de defensa.”
Una vez más fue el juez Buján el encargado de confirmarlo:
«El propio secuestro ya es una medida de coerción. En los hechos, los jueces no tenemos anoticiamiento del secuestro que se ha producido. Recién intervenimos cuando la defensoría pide la intervención del juez y la devolución de la mercadería»
El doctor Palmieri expresó algunas opciones para impedir estas extorsiones: «Si se comprueba que en la mayoría de los casos de decomisos hay un uso abusivo de esa medida cautelar, la Fiscalía General debería instruir a los fiscales para evitarla, ya que produce un daño mayor: lesiona derechos».
El final de esta primera jornada se extendió con decenas de preguntas que los participantes le hicieron a cada uno de los expositores, sobre temas puntuales, abusos concretos. Y un reclamo en común: ¿a nosotros quién nos defiende?