Nota
Jornadas La protesta social no es delito: Reclamos y definiciones en la reunión con Duhalde
Más a de dos mil personas marcharon el viernes 11 hacia la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación para reclamar respuestas concretas contra la criminalización de la protesta. Los detalles de la reunión con el secretario Eduardo Duahlde, los reclamos y las respuestas. Una vez finalizado el alegato público en las escalinatas de Tribunales, la delegación de Alerta Salta comenzó la marcha avanzando por la avenida Corrientes. En el Obelisco, se unió una nutrida columna del Movimiento Teresa Rodríguez (MTD) y en la Avenida Corrientes y 25 de Mayo se sumaron los integrantes del MTD de Solano y del MTD Maximiliano Kosteki, de Guernica. Al llegar a la puerta de la Secretaría, la policía los esperaba con un cordón que custodiaba la entrada del edificio. Sin embargo, en el quinto piso, el asesor Daniel Ciesa recibió a la delegación con una frase inesperada: -«No estábamos al tanto de esta reunión». La carta presentada ocho días antes, los llamados telefónicos para confirmar la entrevista, la publicación en los diarios de la marcha hacia la Secretaría o, finalmente, los gritos que provocaron las palabras de Ciesa consiguieron que, finalmente, el secretario Eduardo Duhalde y el jefe de gabinete de asesores, Rodolfo Mattarolo, se hicieran presentes en la sala de reuniones. La delegación de Alerta Salta estaba compuesta por Marina Schifrin- docente procesada por participar de un reclamo gremial- Pepino Fernández y la doctora Mara Puntano –de la UTD de Mosconi, con record de imputados- y representantes del Movimiento de Trabajadores Desocupados de Solano y Guernica, el Movimiento Teresa Rodríguez (MTR), la Red de Intelectuales, Artistas y Académicos, la Universidad Trashumante y la vaca.org. También se sumaron a la reunión dos integrantes de Madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora: Nora Cortiñas y Mirta Naravalle. En concreto, los reclamos planteados fueron:
· Se solicitó un pronunciamiento explícito de la Secretaría en contra de la criminalización de la protesta.
· Se pidió que, en particular, exprese su oposición con respecto a los fallos de la Cámara de Casación, en los casos de Marina Schiffrin y los trabajadores ferroviarios, y sobre el acoso judicial a Pepino Fernández.
· Que la Secretaría se comprometa a que los derechos sociales postergados -causa impulsora de las protestas- no desaparezcan de la agenda pública.
· Que la Secretaría se comprometa a monitorear de cerca la situación de Salta y San Luis, como focos de conflicto de los derechos humanos hoy.
· Que el Poder Ejecutivo envíe al Parlamento un proyecto de ley de amnistía para acabar con los procesos judiciales iniciados y comience a trabajar, consultando a los propios damnificados, para reformar el Código Penal en aquellos puntos que entran en conflicto con los derechos civiles garantizados por la Constitución.
La respuesta del Secretario Duhalde y el jefe de gabinete, Mattarolo fue:
· Que trasladarán estas preocupaciones al Presidente.
· Que estaban decididos a implementar una delegación de la Secretaría de Derechos Humanos en Salta
· Que ya habían comenzado a trabajar en un informe sobre la situación de los derechos humanos en San Luis
Ante esta respuesta, se solicitó una audiencia con el Presidente, con carácter de urgencia, para reiterar los reclamos. Las definiciones más importantes La primera en hablar fue la docente Marina Schifrin, condenada por un corte de ruta en defensa de la escuela pública, hace siete años en Bariloche. Preguntó, concretamente, qué había sucedido con el proyecto de la ley de amnistía. El secretario Duhalde contestó: -Para nosotros la amnistía no soluciona el problema de fondo, sólo soluciona hacia atrás. Pero no para adelante. Nosotros formamos una comisión de juristas y movimientos sociales para reformar el Código Penal, sobre todo el artículo 194 que es el que se utiliza mayoritariamente para criminalizar la protesta. Pero no se llegó a un consenso sobre los alcances de esa reforma. Y la decisión del gobierno era ir adelante con el tema sólo si había consenso de las organizaciones interesadas. Luego, explicó que la principal dificultad residía en elaborar una ley de amnistía que englobe casos tan disímiles. Y confesó: «El Gobierno Nacional no tiene una política definida en cuanto a la criminalización de la protesta social»
La ley de la criminalización
Schifrin y Roberto Martino (MTR) coincidieron en expresar que la falta de consenso no exculpaba al gobierno de su obligación de elaborar una solución para estos casos. «Si hay un proyecto mejor que el que existe, el gobierno debe enviarlo al Congreso», dijo Schifrin. Viki, del MTD de Guernica, aseguró que, si bien una ley de amnistía era necesaria para terminar con las causas abiertas, también era necesario trabajar «para adelante», reformando el Código Penal.
El secretario Duhalde preguntó, entonces, si todos los presentes estaban de acuerdo con la amnistía. La respuesta fue positiva. Luego, preguntó si todos estaban de acuerdo también con la reforma del Código Penal. La respuesta fue también positiva. Martino, del MTR, le aclaró entonces que una cosa no quitaba la otra: «Queremos la ley de amnistía y también la reforma del Código. El consenso se construye en la medida en que se avance en dirección a la no criminalización. El Ejecutivo podría entonces mandar el proyecto de ley de amnistía y trabajar, con más tiempo, el consenso alrededor de la reforma del Código». La delegación señaló, entonces, el porqué de la urgencia de resolver estos temas: el punto de inflexión lo han marcado los fallos del Tribunal de Casación en las causas de los trabajadores ferroviarios y en el de Marina Schiffrin. En esos fallos, los jueces han dejado por escrito no solo que se considera un delito el reclamo de derechos humanos impostergables, sino también la participación popular.
«La única forma legítima y verificable de la expresión soberana del pueblo, es el sufragio. Por medio de éste, el pueblo rechaza o acepta las alternativas que le propone la clase política. Otros tipos de presunta expresión de la voluntad popular, distintos del sufragio (tales como reuniones multitudinarias en plazas o lugares públicos, encuestas, huelgas, lock-outs u otros medios de acción directa, vayan o no acompañadas por las armas, etc.) no reflejan realmente la opinión mayoritaria del pueblo, sino a los sumo, la de un grupo sedicioso», dice textualmente el fallo del Tribunal de Casación que confirmó la sentencia de tres meses de prisión en suspenso y dos años de prohibición de participar en manifestación de la docente Marina Schifrin . Palabras que, con idéntico sentido, han repetido los jueces que condenaron a los trabajadores ferroviarios y procesaron a Pepino Fernández. Esta coincidencia no es casual: desnuda una misma política.
El secretario Duhalde coincidió en la similitud de los fallos. La abogada Mara Puntano preguntó cuál es el sentido de una Secretaría de Derechos Humanos si no puede actuar en situaciones concretas de violación de esos derechos. Y recordó que no le mandaron un fax ni un mail para adjuntar a las causas, a pesar de que ella les remitió los datos de los 600 procesados. También subrayó que la criminalización de la protesta social es una política del gobierno y citó al jefe de Gabinete Alberto Fernández, quien prometió perseguir a los piqueteros con el Código Penal en la mano. Duhalde manifestó su desacuerdo con esta lectura de la política oficial. Dijo que para él, este gobierno no criminalizaba la protesta. Que esa fue una manifestación puntual ante los hechos ocurridos en el Ministerio de Trabajo y, a modo de prueba, recordó que el ministro Tomada ahora tiene denuncias por falso testimonio por haber retirado la demanda contra aquellos piqueteros.
En otro tramo de la conversación, Duhalde reconoció que el gobierno no era homogéneo y convivían distintas posiciones sobre el tema. Duhalde expresó que no cree que el gobierno tenga intención de criminalizar, pero que la justicia, sobre todo en algunas provincias, van en esa dirección. «Es cierto que el gobierno nacional no impulsó ningún proyecto para despenalizar la protesta, pero hay varios estamentos del gobierno que lo estudian», aseguró. «Hacemos mucho trabajo invisible» se justificó. Vicky, del MTD de Guernica, preguntó entonces porqué no es visible una política de derechos humanos. «No nos pueden decir que no quieren ser mediáticos. Nosotros necesitamos que lo sean. El conjunto de los luchadores tiene que saber que no están solos». Pepino Fernández preguntó cómo una secretaría de Derechos Humanos permite que torturen, o fumiguen a la gente, como ocurrió cuando fue preso en Salta. El secretario Duhalde admitió tener límites jurisdiccionales. Aseguró que como forma de solucionar esas ausencias decidieron crear una delegación de la Secretaría en Salta. “Ya hay dos: una en Santiago del Estero y otra en Neuquén”, aseguró. Jojó Lucero Belgrano (Universidad Trashumante) expuso sobre la situación en San Luis. Denunció los abusos a los derechos humanos ejercidos por el gobierno provincial. La vigencia del artículo 242 del Código de Procedimiento Criminal que autoriza a la policía a allanar y detener personas sin orden de un juez. Y describió cómo se comenzó a criminalizar la protesta: a través de la persecución (física e ideológica) a referentes sociales y la detención y luego encausamiento de los detenidos en movilizaciones. Reclamó, finalmente, por la demora de la Secretaría en pronunciarse al respecto e incluso, de presentarse en San Luis cuando más se los necesitaba. Y recalcó que esa provincia está abandonada y silenciada por los medios nacionales, situación que obliga aún más a que dicha Secretaría se pronuncie clara y contundentemente. El secretario Duhalde comentó que la Secretaría decidió instalar un Observatorio en San Luis. Dicho observatorio, precisó ante el pedido de detalles, consistirá en una persona de la Secretaría que coordinará actividades con organizaciones sociales y cátedras de Derechos Humanos de San Luis, pero no estará de manera permanente en la provincia. También aseguró que ya se estaba trabajando en un documento sobre la situación de los derechos humanos en esa provincia. El secretario Duhalde se excusó de poder hacer más, alegando los escasos recursos humanos y económicos de la Secretaría. También dijo que hay poderes judiciales provinciales y ejecutivos provinciales con más poder juridiccional que los nacionales. Ejemplificó con Salta. Roberto Martino le respondió: «Estamos reclamando por los derechos que establece la Constitución Nacional. Los que están en falta son otros. Nosotros somos las víctimas», sostuvo. Destacó el gesto del juez de la Corte Suprema, Raúl Zaffaroni, quien recibió la semana anterior a Pepino Fernández y representantes del MTR. «Son gestos: en Salta lo tratan como a un delincuente y aquí lo reciben en el Palacio de Justicia. Esos gestos también dicen algo. Y no se necesitan recursos para llevarlos a cabo, sino políticas claras.» Reclamó, entonces, que el Secretario se pronuncie públicamente en los momentos oportunos para dejar en claro ante la opinión pública qué significa un compromiso con la defensa de los derechos humanos: «Es un obligación de esta Secretaría pronunciarse, por
ejemplo, en los casos de los fallos del Tribunal de Casación o cuando un fiscal quiere filmar a los manifestantes». La doctora Puntano señaló: «En el campo popular con poco se hace y se puede lograr mucho. El fundamento de que no tienen fondos ni medios para cubrir todas las situaciones provinciales se deshace cuando nosotros, sin un peso y con mucha voluntad, logramos revertir situaciones de injusticia y de abuso de nuestros derechos”. El secretario Duhalde prometió entonces transmitir las preocupaciones expresadas en esa reunión en una charla con el presidente Néstor Kirchner. Neka Jara (MTD Solano) opinó que eso no alcanzaba: que era necesario un pronunciamiento público de parte de la Secretaria. Los funcionarios de la Secretaría solicitaron a los presentes que valoren, cuanto menos, la política llevada a cabo con respecto a la memoria, lo cual les ha valido presiones y amenazas. Maristella Svampa (Red de Intelectuales, Artistas y Acad�micos) fue quien reflejó hizo explícita esa valoración, pero señaló que el secretario Duhalde tiene la obligación de pronunciarse no solo respecto del pasado, sino sobre los derechos humanos hoy. Duhalde se defendió: «No somos nostálgicos”. Y agregó: «No crea que no hay resistencias». Por último, los presentes remarcaron la urgencia de las respuestas a los reclamos presentados.»¿Vamos a esperar que las causas de Pepino lleguen a cien? No pueden contemplar los tiempos políticos cuando hay semejantes necesidades. Así es la defensa por los derechos humanos: urgente e impostergable». El jefe de gabinete, Rodolfo Mattarolo y reiteró: -Trasladaremos estas preocupaciones al Presidente. -Le pedimos, entonces, que tramiten en forma urgente una reunión con el Presidente, así podemos expresarles estas preocupaciones directamente, expresó Neka Jara para finalizar la reunión.
Nota
Matar por matar: la violencia policial porteña y el crimen en Lugano de Gabriel González
Gabriel González, 45 años, pintor, fue asesinado por personal de la Policía de la Ciudad el jueves navideño en el barrio de Lugano, en un nuevo caso de gatillo fácil que además fue registrado por las cámaras de los vecinos. Gabriel intentó intervenir cuando la policía le estaba pegando a uno de sus hijos. Estaba sin remera, descalzo, desarmado. Lo fusilaron a corta distancia, las imágenes que aquí reproducimos están disponibles y se observa perfectamente quién le disparó. En el barrio sostienen que hubo violencia policial, además, sobre algunos de los testigos, para que hagan el silencio necesario para permitir la impunidad del y los autores.
En la foto de portada se ve a la derecha a Gabriel en el momento en el que es impactado por los disparos policiales.
Además de su trabajo como pintor, Gabriel se dedicó especialmente a la contención de jóvenes con consumos problemáticos. Presentamos la información publicada por el diario Tiempo Argentino, integrante junto a lavaca de la Unión de Medios Autogestivos, un símbolo y una realidad sobre la violencia institucional de estos tiempos.
Amigos, allegados y vecinos de Gabriel González, el muchacho de 45 años que murió en medio de una violenta represión de la Policía de la Ciudad, ocurrida en Navidad en Villa Lugano, marcharon en reclamo de justicia. La familia aseguró que fue asesinado a mansalva y denuncia un nuevo caso de gatillo fácil.
Las lágrimas de Nelly, la viuda de Gabriel González. (Foto: Gentileza Pablo Lecaros)
Nelly, la viuda de Gabriel, aún habla de su marido en tiempo presente. En diálogo con la prensa que se movilizó hasta Cruz y Escalada, en Lugano, donde se concentró la movilización, expresó: “Hace más de 25 años que comparto con él, que vivo con él, que la luchamos, salimos a laburar todos los santos días. Tanto él como yo, salimos a trabajar para tener las cosas que tenemos y lo que pudimos construir. La peleó siempre. No es una mala persona. No se merecía morir de esa forma. Quiero justicia por la vida de Gabriel”.
La mujer recordó que llegó a la escena del crimen cuando a su pareja “ya le habían pegado. Tenía toda la cara ensangrentada. En todo momento traté de pararlo y que no le sigan pegando, porque lo estaban lastimando. Escuchaba cómo lo incitaban a pelear con ellos. Todo el tiempo lo incitaban a pelear. Él estaba enojado y ellos eran cada vez más. Le dieron un tiro muy de cerca”. Nelly también recibió heridas en las piernas y en los brazos.
Foto: Gentileza Pablo Lecaros.
Entre sollozos, la viuda pidió a sus vecinos que no la dejen sola. “Luchemos. No es la primera vez que pasa algo así. Ellos vienen a matar, no vienen a apaciguar las cosas, a tranquilizar, sea lo que sea que esté pasando. Al amigo de él lo cagaron a palos, lo llevaron a la comisaría y le dijeron que no diga nada”.
La mujer se refiere al amigo de Gabriel que en los videos, donde quedó registrada toda la secuencia, se advierte que intenta calmar a la policía. Gerardo, el hermano de la víctima, también mencionó “al muchacho que se llevaron preso, lo golpearon y lo amenazaron que lo iban a matar, le dijeron que conocían a su familia y a su casa. Para que no declare”.
Según pudieron reconstruir, el amigo de Gabriel fue liberado de la Comisaría 8A a eso de las 5 de la madrugada de este viernes. “Le aflojaron todos los dientes, le pegaron en las costillas entre el policía que disparó y había otro peladito. Todo para encubrir la cagada que se mandaron ellos”.
Foto: Gentileza Pablo Lecaros.
Por su parte, la abogada de la familia, Romina Ávila, precisó que “cuando le tiran a Gabriel, le tiran estando totalmente desarmado, indefenso y a una distancia prudencial del personal. Esto quiere decir que en ese momento no estaba agrediendo al personal. Tampoco se puede argumentar que hubo un exceso en legítima defensa, es lo que nosotros llamamos gatillo fácil”.
La asesora de la familia señaló en Radio Con Vos que esperan los resultados de la autopsia y las pericias, cuyos análisis preliminares deberían estar para este sábado. “Está documentado que quien dispara es un policía que bajó del patrullero. Tenemos su rostro, imagen por imagen. Ahora a pedido de la justicia, la Policía de la Ciudad, debería identificarlo”, esgrimió.
Foto: Gentileza Pablo Lecaros.
Gabriel era pintor y solía contener a los chicos del barrio que padecen consumo problemático. De hecho, comenzó con esa tarea social tras un contexto de abuso de drogas por parte de su hijo. “Era una persona humilde, hijo de migrantes, muy pujante, una persona que trabajaba y en ocasiones como esta, un festejo popular, participaba. Lo grave de su conducta ayer fue salir a la vereda a compartir con los amigos, sus vecinos. Es común eso acá. Los encuentros se comparten por más que a ellos no les gusten. Es parte de la cultura”, analizó la abogada.
“Acompañaba a chicos con consumo, porque con su hijo dio una larga lucha por esa misma situación”, añadió Ávila, quien concluyó: “La Policía de la Ciudad sigue deambulando y caminando por acá. Son los mismos policías de la Comisaría Vecinal 8A que ayer estaban tomándole declaración a sus mismos compañeros que horas antes habían ido a herir de muerte a Gabriel. Conviven con nosotros y el miedo es grande y está”.
Respecto a la autopsia, la mujer indicó que los restos fueron trasladados este viernes a las 8 a la morgue judicial y que los resultados «van a ser sumamente clarificadores de lo que creemos y que sostenemos como teoría del caso, que para nosotros se trató de un hecho de violencia institucional. Que no tuvo ningún tipo de defensa, ni exceso en legítima defensa por parte del personal policial».
Foto: Gentileza Pablo Lecaros.
“Mi primo asesinado por la policía era un chico trabajador, nacido acá en el barrio, en la Villa 20. Era papá de Dante y Ángel de 21 y 25 años. Re familiero. En cumpleaños o reuniones familiares él siempre estaba en la parrilla haciendo el asado. Le encantaba compartir, era fanático de la pesca, un arquerazo del equipo del barrio que hace poco salió campeón. Cariñoso, amable, sencillo, solidario. Gabriel era muy valiente, no le tenía miedo a nada”, dijo a Tiempo Oscar Villaverde, primo de Gabriel y docente de la Escuela Técnica N° 13, Ingeniero José L. Delpini de Villa Lugano.
Fue el propio Oscar quien publicó en las redes en la tarde noche de ayer el asesinato de su primo: “Hoy en un forcejeo con la policía tras defender a su hijo asesinaron a quemarropas a mi primo Gabriel González e hirieron de bala a su mujer”.
El video filmado por un vecino dejó en evidencia el asesinato a quemarropa denunciado por quienes fueron testigos del brutal crimen. Se lo ve Gabriel sin remera, defendiéndose de los golpes contra media docena de efectivos policiales que lo golpean sin piedad.
De golpe, uno de ellos saca su escopeta y le dispara. La muerte fue instantánea y uno de los disparos hirió a la compañera de vida del asesinado y a otros vecinos que observaban con asombro la brutalidad policial.
Nota
Se confirmó el procesamiento del gendarme Guerrero por el ataque al fotógrafo Pablo Grillo
El gendarme Héctor Guerrero será procesado por el ataque que hirió gravemente en la cabeza al Pablo Grillo el 12 de marzo pasado (la foto de portada muestra a Pablo durante su recuperación, que aún continúa). La Sala II de la Cámara Federal porteña ratificó la decisión de la jueza María Servini que había sido apelada por el acusado. Además, pidieron investigar las posibles responsabilidades de quienes estuvieron a cargo del operativo. Presentamos aquí la información del diario Tiempo Argentino, uno de los integrantes de la Unión de Medios Autogestivos.
La Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones confirmó el procesamiento del gendarme Héctor Guerrero por las lesiones gravísimas producidas al fotógrafo Pablo Grillo y por el abuso de armas en otras cinco oportunidades durante la manifestación de los jubilados del 12 de marzo pasado.
El gendarme Héctor Guerrero el día de su declaración ante la jueza María Servini.
El fallo de la Cámara lleva las firmas de los jueces Eduardo Farah, Martín Irurzun y Roberto Boico. En su voto, Boico además, exigió que se profundice la investigación por las eventuales responsabilidades de las autoridades a cargo del operativo.
La situación del gendarme Guerrero había llegado a la cámara de apelaciones luego de un planteo de la defensa del acusado en la que pidió revocar el procesamiento como presunto autor del disparo con una pistola lanza gases contra Pablo Grillo, quien sufrió heridas gravísimas durante la represión policial a aquella protesta de jubilados en el centro porteño.
El planteo de la defensa se produjo en el contexto de varias resoluciones judiciales polémicas que se dieron durante en la semana posterior al triunfo electoral de La Libertad Avanza (LLA), que tuvieron como principales beneficiarios a Mauricio Macri y Javier Milei, y como principales perjudicados a Cristina Kirchner y Guillermo Moreno. Sin embargo, el oportunismo no funcionó y este viernes los tres camaristas le dio un revés al gendarme al entender que el acusado debe ir a juicio.
Guerrero, asistido por los abogados Martín Sarubbi y Claudio Nuncija, solicitó revertir el procesamiento que oportunamente había sido dictado por la jueza federal María Servini. La defensa sostuvo que no está acreditado que el gendarme haya sido el autor del disparo y afirmó que su conducta se ajustó a los protocolos vigentes para el uso de armas lanzagases.
En tanto, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que interviene como querellante, respaldó la resolución de Servini y la validez de las medidas de prueba, entre ellas el relevamiento en el lugar del hecho, un informe balístico de la Policía de la Ciudad y la reconstrucción denominada “Mapa de la Policía”, elaborada por realizadores audiovisuales y peritos forenses.
Nota
MU 210: La batalla final
El femicidio de Lucía Pérez a manos de dos narcos de Mar del Plata motivó el primer Paro Nacional de Mujeres. Tras una larga luchar familiar y social se logró la condena, pero ahora una nueva maniobra judicial puede dejar impunes a los culpables. Un ejemplo de que todo lo que conseguimos está en peligro. ¿Podrán?
Las notas de esta edición:
Negacionismo de Estado: Informe 2025 del Observatorio Lucía Pérez
¿Qué hay detrás de la avanzada oficial para negar los femicidios? Radiografía de cómo cada poder del Estado, por acción u omisión, busca ocultar las causas y consecuencias del asesinato de mujeres. Y por qué lo hace. Por Claudia Acuña
El Aleph (versión putas): Entrevista a Georgina Orellano
¿Cuánto cuesta la vida? ¿Cuánto vale? La dirigente de AMMAR y la actualidad desde la esquina: lo que se ve, lo que no se escucha, las falsas soluciones progresistas, lo que hay que abolir. Lo narco, la revolución, el cuerpo, la salida. Una recoridapor sus tatuajes, y todo lo que significa ser puta. Por Claudia Acuña y Lucas Pedulla
Carla Soggiu: La impunidad avanza
Carla recibió un botón antipánico por las agresiones de su pareja, que la ató, golpeó y violó delante de su hija de dos años. Semanas después de ese hecho, accionó cinco veces ese botón pero la policía no la encontró. Apareció muerta en el Riachuelo. Las complicidades, las burocracias, el rol de Diego Santilli y la lucha de una familia que define el caso como un femicidio de Estado. Por Francisco Pandolfi
Alma y vida: El femicidio de Lucía Pérez, hoy
¿Qué es la justicia? ¿Cómo enloquecer a una familia? ¿Por qué buscan eliminar la figura de
femicidio? ¿Cuál es el rol práctico del Estado y el negacionismo? El Tribunal de Casación resolvió que el de Lucía Pérez no fue un femicidio. La política de la misoginia como aversión hacia las mujeres y el paralelismo con lo narco que vende droga junto a las escuelas. Las “sumisitas”, la violencia y el sometimiento. Marta y Guillermo: una familia que trabaja en comunidad, y las claves para que las pesadillas no sigan asesinando a los sueños. Por Sergio Ciancaglini
Crónicas del más acá: Al trote
POR CARLOS MELONE
El Caliban y las brujas: La obra Fuerza mayor, protagonizada por jubiladas
La alianza entre Jubilados Insurgentes con integrantes del Teatro Caliban parió está obra que pone en escena lo que pasa todos los miércoles frente al Congreso. Una forma creativa de elaborar la actualidad con las herramientas del teatro, para hacer sentir, pensar e interpelar a los más jóvenes. Por Franco Ciancaglini
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Estudiantes de Sociología y Trabajo Social que cumplen condena en la cárcel de San Martín comparten sus reflexiones sobre la libertad, el encierro, y la actualidad más acá de las rejas. ¿Cómo funciona lo narco? ¿Qué implica buscar plata fácil? Lecciones sobre educación, berretines y prejuicios, el sentido de la vida, y la teoría de la bobalización. Por Sergio Ciancaglini
Sin protección: Ley contra el Acoso y después
Perdió estado parlamentario el proyecto de ley de acoso en ámbitos laborales y académicos: una muestra de la desidia y el abandono de las políticas de género. Del caso Brieger a Milei, cómo sigue la organización de las mujeres para empujar lo imposible en tiempos de motosierra, fascismo y un Congreso estancado. Por Evangelina Bucari
Con horizonte: 38º Encuentro Plurinacional en Corrientes
Cien mil personas participaron del 38º Encuentro Plurinacional de Mujeres y Diversidades. MU lo registró con crónicas día a día, que pueden leerse en lavaca.org. Compartimos aquí parte del registro fotográfico y una mirada sobre la trastienda de debates que explican mucho de lo que pasó en un evento extraño y extraordinario. Por Claudia Acuña. Fotos de Line Bankel
Sin cuerpo: La ¿impericia? en la causa de Cecilia Basaldúa
A lo largo de este 2025 la nueva instrucción que investiga el femicidio de Cecilia Basaldúa, ocurrido en el año 2020 en la localidad cordobesa de Capilla del Monte, Cambió fiscales, tomó nuevas pruebas y amplió testimoniales. Sin embargo, en el marco de un proceso judicial que avanzaba, una noticia coronó la impunidad en esta causa: hace cuatro años que el cuerpo de Cecilia fue retirado de la morgue judicial sin el consentimientode la familia. Por María Eugenia Marengo
Estela, 95 años y 140 nietos recuperados: ¡que los cumplas feliz!
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