Nota
Jornadas La protesta social no es delito: Reclamos y definiciones en la reunión con Duhalde
Más a de dos mil personas marcharon el viernes 11 hacia la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación para reclamar respuestas concretas contra la criminalización de la protesta. Los detalles de la reunión con el secretario Eduardo Duahlde, los reclamos y las respuestas. Una vez finalizado el alegato público en las escalinatas de Tribunales, la delegación de Alerta Salta comenzó la marcha avanzando por la avenida Corrientes. En el Obelisco, se unió una nutrida columna del Movimiento Teresa Rodríguez (MTD) y en la Avenida Corrientes y 25 de Mayo se sumaron los integrantes del MTD de Solano y del MTD Maximiliano Kosteki, de Guernica. Al llegar a la puerta de la Secretaría, la policía los esperaba con un cordón que custodiaba la entrada del edificio. Sin embargo, en el quinto piso, el asesor Daniel Ciesa recibió a la delegación con una frase inesperada: -«No estábamos al tanto de esta reunión». La carta presentada ocho días antes, los llamados telefónicos para confirmar la entrevista, la publicación en los diarios de la marcha hacia la Secretaría o, finalmente, los gritos que provocaron las palabras de Ciesa consiguieron que, finalmente, el secretario Eduardo Duhalde y el jefe de gabinete de asesores, Rodolfo Mattarolo, se hicieran presentes en la sala de reuniones. La delegación de Alerta Salta estaba compuesta por Marina Schifrin- docente procesada por participar de un reclamo gremial- Pepino Fernández y la doctora Mara Puntano –de la UTD de Mosconi, con record de imputados- y representantes del Movimiento de Trabajadores Desocupados de Solano y Guernica, el Movimiento Teresa Rodríguez (MTR), la Red de Intelectuales, Artistas y Académicos, la Universidad Trashumante y la vaca.org. También se sumaron a la reunión dos integrantes de Madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora: Nora Cortiñas y Mirta Naravalle. En concreto, los reclamos planteados fueron:
· Se solicitó un pronunciamiento explícito de la Secretaría en contra de la criminalización de la protesta.
· Se pidió que, en particular, exprese su oposición con respecto a los fallos de la Cámara de Casación, en los casos de Marina Schiffrin y los trabajadores ferroviarios, y sobre el acoso judicial a Pepino Fernández.
· Que la Secretaría se comprometa a que los derechos sociales postergados -causa impulsora de las protestas- no desaparezcan de la agenda pública.
· Que la Secretaría se comprometa a monitorear de cerca la situación de Salta y San Luis, como focos de conflicto de los derechos humanos hoy.
· Que el Poder Ejecutivo envíe al Parlamento un proyecto de ley de amnistía para acabar con los procesos judiciales iniciados y comience a trabajar, consultando a los propios damnificados, para reformar el Código Penal en aquellos puntos que entran en conflicto con los derechos civiles garantizados por la Constitución.
La respuesta del Secretario Duhalde y el jefe de gabinete, Mattarolo fue:
· Que trasladarán estas preocupaciones al Presidente.
· Que estaban decididos a implementar una delegación de la Secretaría de Derechos Humanos en Salta
· Que ya habían comenzado a trabajar en un informe sobre la situación de los derechos humanos en San Luis
Ante esta respuesta, se solicitó una audiencia con el Presidente, con carácter de urgencia, para reiterar los reclamos. Las definiciones más importantes La primera en hablar fue la docente Marina Schifrin, condenada por un corte de ruta en defensa de la escuela pública, hace siete años en Bariloche. Preguntó, concretamente, qué había sucedido con el proyecto de la ley de amnistía. El secretario Duhalde contestó: -Para nosotros la amnistía no soluciona el problema de fondo, sólo soluciona hacia atrás. Pero no para adelante. Nosotros formamos una comisión de juristas y movimientos sociales para reformar el Código Penal, sobre todo el artículo 194 que es el que se utiliza mayoritariamente para criminalizar la protesta. Pero no se llegó a un consenso sobre los alcances de esa reforma. Y la decisión del gobierno era ir adelante con el tema sólo si había consenso de las organizaciones interesadas. Luego, explicó que la principal dificultad residía en elaborar una ley de amnistía que englobe casos tan disímiles. Y confesó: «El Gobierno Nacional no tiene una política definida en cuanto a la criminalización de la protesta social»
La ley de la criminalización
Schifrin y Roberto Martino (MTR) coincidieron en expresar que la falta de consenso no exculpaba al gobierno de su obligación de elaborar una solución para estos casos. «Si hay un proyecto mejor que el que existe, el gobierno debe enviarlo al Congreso», dijo Schifrin. Viki, del MTD de Guernica, aseguró que, si bien una ley de amnistía era necesaria para terminar con las causas abiertas, también era necesario trabajar «para adelante», reformando el Código Penal.
El secretario Duhalde preguntó, entonces, si todos los presentes estaban de acuerdo con la amnistía. La respuesta fue positiva. Luego, preguntó si todos estaban de acuerdo también con la reforma del Código Penal. La respuesta fue también positiva. Martino, del MTR, le aclaró entonces que una cosa no quitaba la otra: «Queremos la ley de amnistía y también la reforma del Código. El consenso se construye en la medida en que se avance en dirección a la no criminalización. El Ejecutivo podría entonces mandar el proyecto de ley de amnistía y trabajar, con más tiempo, el consenso alrededor de la reforma del Código». La delegación señaló, entonces, el porqué de la urgencia de resolver estos temas: el punto de inflexión lo han marcado los fallos del Tribunal de Casación en las causas de los trabajadores ferroviarios y en el de Marina Schiffrin. En esos fallos, los jueces han dejado por escrito no solo que se considera un delito el reclamo de derechos humanos impostergables, sino también la participación popular.
«La única forma legítima y verificable de la expresión soberana del pueblo, es el sufragio. Por medio de éste, el pueblo rechaza o acepta las alternativas que le propone la clase política. Otros tipos de presunta expresión de la voluntad popular, distintos del sufragio (tales como reuniones multitudinarias en plazas o lugares públicos, encuestas, huelgas, lock-outs u otros medios de acción directa, vayan o no acompañadas por las armas, etc.) no reflejan realmente la opinión mayoritaria del pueblo, sino a los sumo, la de un grupo sedicioso», dice textualmente el fallo del Tribunal de Casación que confirmó la sentencia de tres meses de prisión en suspenso y dos años de prohibición de participar en manifestación de la docente Marina Schifrin . Palabras que, con idéntico sentido, han repetido los jueces que condenaron a los trabajadores ferroviarios y procesaron a Pepino Fernández. Esta coincidencia no es casual: desnuda una misma política.
El secretario Duhalde coincidió en la similitud de los fallos. La abogada Mara Puntano preguntó cuál es el sentido de una Secretaría de Derechos Humanos si no puede actuar en situaciones concretas de violación de esos derechos. Y recordó que no le mandaron un fax ni un mail para adjuntar a las causas, a pesar de que ella les remitió los datos de los 600 procesados. También subrayó que la criminalización de la protesta social es una política del gobierno y citó al jefe de Gabinete Alberto Fernández, quien prometió perseguir a los piqueteros con el Código Penal en la mano. Duhalde manifestó su desacuerdo con esta lectura de la política oficial. Dijo que para él, este gobierno no criminalizaba la protesta. Que esa fue una manifestación puntual ante los hechos ocurridos en el Ministerio de Trabajo y, a modo de prueba, recordó que el ministro Tomada ahora tiene denuncias por falso testimonio por haber retirado la demanda contra aquellos piqueteros.
En otro tramo de la conversación, Duhalde reconoció que el gobierno no era homogéneo y convivían distintas posiciones sobre el tema. Duhalde expresó que no cree que el gobierno tenga intención de criminalizar, pero que la justicia, sobre todo en algunas provincias, van en esa dirección. «Es cierto que el gobierno nacional no impulsó ningún proyecto para despenalizar la protesta, pero hay varios estamentos del gobierno que lo estudian», aseguró. «Hacemos mucho trabajo invisible» se justificó. Vicky, del MTD de Guernica, preguntó entonces porqué no es visible una política de derechos humanos. «No nos pueden decir que no quieren ser mediáticos. Nosotros necesitamos que lo sean. El conjunto de los luchadores tiene que saber que no están solos». Pepino Fernández preguntó cómo una secretaría de Derechos Humanos permite que torturen, o fumiguen a la gente, como ocurrió cuando fue preso en Salta. El secretario Duhalde admitió tener límites jurisdiccionales. Aseguró que como forma de solucionar esas ausencias decidieron crear una delegación de la Secretaría en Salta. “Ya hay dos: una en Santiago del Estero y otra en Neuquén”, aseguró. Jojó Lucero Belgrano (Universidad Trashumante) expuso sobre la situación en San Luis. Denunció los abusos a los derechos humanos ejercidos por el gobierno provincial. La vigencia del artículo 242 del Código de Procedimiento Criminal que autoriza a la policía a allanar y detener personas sin orden de un juez. Y describió cómo se comenzó a criminalizar la protesta: a través de la persecución (física e ideológica) a referentes sociales y la detención y luego encausamiento de los detenidos en movilizaciones. Reclamó, finalmente, por la demora de la Secretaría en pronunciarse al respecto e incluso, de presentarse en San Luis cuando más se los necesitaba. Y recalcó que esa provincia está abandonada y silenciada por los medios nacionales, situación que obliga aún más a que dicha Secretaría se pronuncie clara y contundentemente. El secretario Duhalde comentó que la Secretaría decidió instalar un Observatorio en San Luis. Dicho observatorio, precisó ante el pedido de detalles, consistirá en una persona de la Secretaría que coordinará actividades con organizaciones sociales y cátedras de Derechos Humanos de San Luis, pero no estará de manera permanente en la provincia. También aseguró que ya se estaba trabajando en un documento sobre la situación de los derechos humanos en esa provincia. El secretario Duhalde se excusó de poder hacer más, alegando los escasos recursos humanos y económicos de la Secretaría. También dijo que hay poderes judiciales provinciales y ejecutivos provinciales con más poder juridiccional que los nacionales. Ejemplificó con Salta. Roberto Martino le respondió: «Estamos reclamando por los derechos que establece la Constitución Nacional. Los que están en falta son otros. Nosotros somos las víctimas», sostuvo. Destacó el gesto del juez de la Corte Suprema, Raúl Zaffaroni, quien recibió la semana anterior a Pepino Fernández y representantes del MTR. «Son gestos: en Salta lo tratan como a un delincuente y aquí lo reciben en el Palacio de Justicia. Esos gestos también dicen algo. Y no se necesitan recursos para llevarlos a cabo, sino políticas claras.» Reclamó, entonces, que el Secretario se pronuncie públicamente en los momentos oportunos para dejar en claro ante la opinión pública qué significa un compromiso con la defensa de los derechos humanos: «Es un obligación de esta Secretaría pronunciarse, por
ejemplo, en los casos de los fallos del Tribunal de Casación o cuando un fiscal quiere filmar a los manifestantes». La doctora Puntano señaló: «En el campo popular con poco se hace y se puede lograr mucho. El fundamento de que no tienen fondos ni medios para cubrir todas las situaciones provinciales se deshace cuando nosotros, sin un peso y con mucha voluntad, logramos revertir situaciones de injusticia y de abuso de nuestros derechos”. El secretario Duhalde prometió entonces transmitir las preocupaciones expresadas en esa reunión en una charla con el presidente Néstor Kirchner. Neka Jara (MTD Solano) opinó que eso no alcanzaba: que era necesario un pronunciamiento público de parte de la Secretaria. Los funcionarios de la Secretaría solicitaron a los presentes que valoren, cuanto menos, la política llevada a cabo con respecto a la memoria, lo cual les ha valido presiones y amenazas. Maristella Svampa (Red de Intelectuales, Artistas y Acad�micos) fue quien reflejó hizo explícita esa valoración, pero señaló que el secretario Duhalde tiene la obligación de pronunciarse no solo respecto del pasado, sino sobre los derechos humanos hoy. Duhalde se defendió: «No somos nostálgicos”. Y agregó: «No crea que no hay resistencias». Por último, los presentes remarcaron la urgencia de las respuestas a los reclamos presentados.»¿Vamos a esperar que las causas de Pepino lleguen a cien? No pueden contemplar los tiempos políticos cuando hay semejantes necesidades. Así es la defensa por los derechos humanos: urgente e impostergable». El jefe de gabinete, Rodolfo Mattarolo y reiteró: -Trasladaremos estas preocupaciones al Presidente. -Le pedimos, entonces, que tramiten en forma urgente una reunión con el Presidente, así podemos expresarles estas preocupaciones directamente, expresó Neka Jara para finalizar la reunión.
Nota
La muerte ocurre en vida: se fue Mary, jubilada que no recibía medicamentos oncológicos

Este domingo a la madrugada murió María Teresa López, asambleísta contra la contaminación en su ciudad natal, Caleta Olivia, luego mudada a Capital Federal y parte del grupo Jubilados Insurgentes. Mary se enfermó de cáncer producto de la contaminación que ella misma denunciaba, y luego fue abandonada por el Estado en modo motosierra: el PAMI se negaba a entregarle medicamentos, pese a amparos judiciales a su favor. Una historia que genera bronca e impotencia, pero que a través del recuerdo de sus compañeras de lucha se revela como una lección de vida, en el más profundo sentido de la palabra: lo colectivo frente a lo personal, la idea de no perder el tiempo, la movilización permanente, la generosidad, la sabiduría, y qué es la muerte.
Por Franco Ciancaglini
Algunos dirán que Mary era bajita y otros que tenía el porte enorme de Nora Cortiñas.
Desde la pandemia solía esconder su sonrisa detrás de un barbijo, aunque sus motivos de alegría eran cada vez menos:
- su salud era cada vez más delicada;
- los medicamentos oncológicos no llegaban;
- y la lucha que encaró desde siempre —primero en su Caleta Olivia natal contra la contaminación, luego contra el sistema de salud público y, al final, como parte del grupo Jubilados Insurgentes— cada vez implicaba poner más el cuerpo.
Fue su cuerpo lo que, este domingo 21 de julio, dijo basta.
Mary se convierte así en algo odioso: un símbolo. Un símbolo de la muerte sistemática que genera un sistema que enferma y abandona. Pero también en un símbolo de lucha por la vida, en el sentido más profundo de la palabra.

Contaminada
María Teresa López nació en 1959 en Caleta Olivia, Santa Cruz. Falleció el domingo pasado a sus jóvenes 67 años, en un hotel de la calle La Rioja, en Once, ciudad de Buenos Aires. Sí: vivía en un hotel. Sola, producto del desarraigo que le produjo tener que trasladarse para atenderse de un cáncer de hígado.
Ese fue el diagnóstico médico: una metástasis que avanzó en el último tiempo al ritmo frenético de una motosierra.
La causa que no figura en su partida de defunción es aquella que ella misma denunció hasta el final: a Mary le negaban medicamentos oncológicos indispensables para su tratamiento.
Lo que tampoco figura en su partida es que Mary fue arrancada de su Caleta Olivia natal porque se enfermó, al igual que decenas de personas de esa localidad, producto de la contaminación del agua por actividades extractivas en la zona.
Contaminada
La vida de Mary fue la de una militante social de una estirpe rara: austera, firme, silenciosa, estudiosa, imparable.
Sus compañeros reconstruyen sus historias: que de chica le hicieron un test de inteligencia y un profesional le dijo a su madre que ella era más o menos superdotada; que seguramente podría hacer dos carreras universitarias a la vez; que terminó la secundaria antes de tiempo y luego cursó dos carreras; que se enganchó con el ambientalismo muy joven y empezó a investigar cuando las empresas petroleras negaban la contaminación de las napas de agua.
Formó parte de la Asamblea Ambiental de Caleta Olivia, desde donde luchó sin descanso contra la contaminación provocada por el fracking. Mucho antes de enfermarse, denunciaba que el agua que llegaba a las casas estaba contaminada con petróleo. Lo sabía por la evidencia científica más contundente que tiene una comunidad contaminada: que sus vecinos, familiares y amigos enfermen y mueran.

Ante los medios Mary describía lo que vivía y veía alrededor: “La gente se muere o queda discapacitada”. En una entrevista para el programa Conciencia Solidaria, precisaba sobre su territorio:
- “Caleta Olivia… tiene un problema grave: falta de agua potable, y encima está contaminada por la industria petrolera. Los muestreos de agua que hemos sacado y analizado han dado positivo: está contaminada el agua que estamos tomando.”
- “La situación es muy grave, se está muriendo muchísima gente de esas 11 localidades, 9 están en terrible condición… además tuvimos un caso muy grande de gastroenteritis que afectó a 340 personas”.
También contextualizó el vínculo entre agua contaminada y salud pública: “Los metales pesados son cancerígenos, mutagénicos, van mutando de una generación en otra… nacen chiquitos con problemas… o fallecen de cáncer».
Denunciaba en Caleta Olivia la presencia de hidrocarburos, arsénico y metales pesados en el agua, además de enfermedades poco frecuentes que, como decía ella, “no tienen cura” y crecen en esa región patagónica. Alertaba con claridad: “No es solamente cáncer, sino Enfermedades Raras o Poco Frecuentes. Muchos pacientes no están bien atendidos… La situación se agrava cuando se trata de estas patologías: solo se ofrecen tratamientos paliativos.”
Un mal día le tocó a ella, ya con la certeza profunda de que la contaminación ambiental fue parte del combustible de su cáncer de hígado.
En agosto de 2015, en un foro en defensa del agua organizado en Comodoro Rivadavia, otras asambleístas como Lidia Campos, de la asamblea contra el fracking de Allen (Río Negro), la conocieron personalmente luego de años de tramar resistencia contra el extractivismo: “En el Foro en Comodoro había gente de todos lados… Y estaba Mary, que ya tenía problemas, como un problema en la boca del estómago… No se sabía bien… Uno tapa esas cosas y habla de la lucha, la salud quedaba en segundo plano. Mary no era de hablar de lo personal; siempre se preocupaba más por lo colectivo».

La describe así: “Era menuda, callada. Pasaba desapercibida. Pero cuando abría la boca, te dejaba con la boca abierta. Sabía muchísimo. Y tenía una convicción inquebrantable.”
Recuerda Lidia que, en 2019, Mary pasó de la denuncia mediática a la judicial: presentó un amparo colectivo ante la Corte Suprema contra la contaminación del agua con hidrocarburos, arsénico y metales pesados. Denunciaba así, ante el máximo tribunal argentino, el abandono del sistema cloacal, basurales a cielo abierto, y exigía la puesta en marcha de una planta de ósmosis inversa paralizada (actualidadjuridicaambiental.com). En ese expediente Mary detallaba:
- “Frecuentes interrupciones en el suministro… agua contaminada con hidrocarburos totales y arsénico… napas freáticas contaminadas por fracking…”.
- Solicitaba medidas cautelares urgentes: provisión gratuita de agua apta, saneamiento cloacal, cierre de basurales y puesta en funcionamiento de la planta de ósmosis inversa.
Esa presentación inédita, que firmó ella misma, reflejaba años de trabajo comunitario, denuncias y… enfermedades. Pero su denuncia fue ignorada, archivada y judicialmente ninguneada: tras seis años, la Corte se declaró “incompetente” y desestimó el recurso, sin resolver la situación de fondo.
Mary no se rindió: en 2020 fue caminando hasta Balcarce 50 para presentar a través de Mesa de Entradas de la Casa Rosada una carta firmada por una red de organizaciones en defensa del agua dirigida a Alberto Fernández, denunciando la contaminación del agua y relacionándola lúcidamente con argumentos que el ex Presidente daba como recomendaciones durante la pandemia.



Lidia Campos es la que recupera y comparte a lavaca este documento, y la que como asambleísta define su legado: “Lo que ella hizo fue histórico. Vale la pena hablarlo para las próximas generaciones… En esta época hemos perdido tanta humanidad que a nadie le importa. Pero acá hay alguien que dio su vida. Dio, literalmente, su vida.”
El último recuerdo que Lidia conserva data del 14 de julio de 2023, durante una jornada de lucha contra Mekorot, la empresa nacional de agua israelí que intentaba desembarcar en Argentina con intenciones sospechosas. Relata Lidia: “Ella estaba afuera del Anexo del Congreso con los Jubilados Insurgentes para protestar… Después fuimos a una confitería. Le pregunté si había comido al mediodía… no había comido nada. Le sugerí unos tostados o medialunas con queso. Pidió un té. Cuando llegó lo que pedimos, no lo pudo comer”. Igual, se sacaron esta hermosa foto compartiendo. Y ese mismo día, antes de despedirse, Mary le regaló una pashmina rosa a Lidia para protegerla del frío.

Abandonada
Cuando se enfermó y vio que su asamblea se desarmaba –entre otras cosas precisamente porque muchos enfermaban- Mary se trasladó a Buenos Aires. Pretendía resistir y atenderse bien, cosa que logró durante muchos años: su lucha logró que PAMI le asignara el Hospital Italiano para su tratamiento.
Tuvo un cáncer controlado que se descontroló al ritmo del deterioro del sistema de salud: primero Macri, luego Fernández, la pandemia y finalmente Milei como garrotazo final.
Desde 2023 su situación empeoró drásticamente. Su compañera Zulema, de Jubilados Insurgentes, relata: “El PAMI decía que tenían medicamentos para esa patología, pero no eran los que había indicado su médica… entonces no los aprobaban. A veces los recursos judiciales salían favorables, pero el PAMI tampoco los entregaba. La impotencia era terrible».
Sino miren este video.
María Teresa López dice claramente: “El mecanismo es simple: es eliminarnos, gastando menos… llegar al déficit cero… matándonos.”
El video la muestra junto a sus compañeros de Jubilados Insurgentes en un reclamo frente al PAMI por sus medicamentos.
Sigue: “Es más fácil eliminarnos de manera nefasta e inhumana… Para mí ustedes son asesinos, y les importa un bledo”.
Hoy, un año y mes después, Mary tenía razón.
Zulema continúa: “Ella no podía hacer la quimio porque la droga fundamental no estaba… íbamos al PAMI con compañeros, hacíamos reclamos, pero no facilitaban nada. Cuando le autorizaban un tratamiento de ocho sesiones, solo le entregaban dos dosis. Nos confesaron que no se molestaban en dar el tratamiento completo porque muchos morían antes… Pero Mary resistía, resistía… llegó un momento en que el cuerpo no resistió más».”
Una de las últimas veces de manifestación ante el PAMI, sin Mary, el personal de seguridad preguntó por ella en la puerta: “¿Cómo está Mary?”
La respuesta era obvia: mal.
Insurgente
Pese al deterioro físico, Mary se unió a los Jubilados Insurgentes. Entendió que el sistema no solo descarta a quienes enferma, sino también a los que ya no pueden “producir”.
Zulema recuerda: “¡Tenía un carácter! Ese carácter es el que la hizo resistir cuando muchos se daban por vencidos”.
Llegó a ese espacio dos años atrás, íntimamente vinculada con su enfermedad. “Se metió en todo lo legal… recursos, fiscalías, Comodoro Py… sabía de litigio ambiental”, dice Zulema.
El 12 de junio de 2024, durante la lucha contra la Ley de Bases, estuvo firme en Plaza los Dos Congresos. “Nosotros la cuidábamos porque estaba débil, pero se escapaba, quería seguir.” Conocía a todos. “Era muy luchadora. Y hablaba con energía. Siempre nos pedía que unamos las luchas».
Lo que posiblemente sea su último legado lúcido: unir las luchas del ambientalismo con las banderas de los jubilados.
Sobre su convicción, Zulema dice: “Cualquier cosita que ella hacía la asumía con total responsabilidad… vino con cartulina, se traía el cartel… Cuando asumió Milei hizo un cartel que decía ‘Toda la clase política es responsable de la debacle del país’, lo diseñó ella misma”.

Otra anécdota: “Una vez vino a una reunión, con anotador en mano, ya predispuesta. Algunos comenzaron a hablar de su vida personal, y se enojó. Se levantó, juntó sus notas y se fue. Dijo: ‘acá se pierde tiempo, no van a llegar a nada’. Pero volvió. Con dramas y todo, no quería perder el tiempo: estaba alerta. Era consciente de que la tarea era enorme, y le ponía ímpetu”.
Mary sabía que no le quedaba mucho tiempo y por eso nunca bajó la guardia.
Siguió yendo cada miércoles a las rondas frente al Congreso, siempre con barbijo, para cuidarse y cuidar. Participó del Malón de la Paz, llevó agua, militó con grupos ambientalistas, jubilados y religiosos. Organizó actos, escribió cartas, e insistía en que el 22 de marzo, Día Mundial del Agua, había que salir a las calles. Siempre. Aunque lloviera, aunque doliera.
Porque Mary enseló que la muerte no es algo que ocurre al final: es eso que va sucediendo en vida ante la indiferencia, el silencio de los tribunales, el apagón de las protestas, la descomposición del cuidado, la impunidad de los contaminadores y la complicidad del silencio.
La muerte es el abandono.
La muerte es el olvido.
Y en ese sentido, Mary sigue más viva que nunca.
odas las agrupaciones de jubilados que se juntan los miércoles a protestar en Congreso, preparan un homenaje a Mary y, a través de ella, “a todas las víctimas del sistema y de este plan siniestro de exterminio de los más vulnerables”.
Será mañana, después de la marcha, en un acto en Plaza de Mayo.
Mary: gracias.
Hasta mañana.
Nota
Pablo Grillo: llaman a indagatoria al gendarme Guerrero a seis meses de un disparo criminal

El 2 de septiembre el gendarme que disparó una granada de gas lacrimógeno por fuera de todos los protocolos de la fuerza deberá comparecer ante la justicia. La decisión la tomó la jueza María Servini de Cubría más de cuatro meses después del hecho. Pablo Grillo luchó por su vida, perdió masa encefálica y hoy se encuentra en plena rehabilitación. Todo lo que deberá explicar Héctor Guerrero y que implica a su principal defensora y la responsable de la violencia estatal: Patricia Bullrich.
Por Francisco Pandolfi y Lucas Pedulla. Foto: Juan Valeiro para lavaca.org
Cuatro meses y una semana pasaron desde el miércoles 12 de marzo. Ese día, durante otra violenta represión a la marcha de jubilados y jubiladas, el Gendarme Héctor Guerrero le disparó fuera de toda legalidad una granada de gas lacrimógeno al reportero gráfico Pablo Grillo, cuyo impacto casi lo mata, y por el que perdió parte de la masa encefálica, estuvo casi tres meses internado en terapia intensiva en el Hospital Ramos Mejía y por el que hoy continúa en proceso de rehabilitación. Cuatro meses y una semana pasaron hasta hoy, lunes 21 de julio, en el que la jueza María Servini citó a indagatoria al gendarme, autor material de lanzamiento, para el próximo 2 de septiembre.
Es decir: entre la ejecución y la audiencia habrán pasado 131 días, casi seis meses, casi medio año.
El camino de la in-justicia
En un primer momento, la jueza había rechazado el expediente y el caso había pasado al Juzgado Federal N° 12, donde tramitaba otra denuncia por los mismos hechos. Como ese juzgado estaba vacante y subrogado por Ariel Lijo, quien también se declaró incompetente y declinó la competencia, el expediente regresó al Juzgado N° 1 el 28 de marzo y la jueza Servini lo tiene en sus manos desde el 10 de abril, a la vuelta de una licencia.
La cronología detalla el tiempo que una familia debe atravesar para exigir justicia por un hecho de violencia estatal: desde el 21 de marzo en que el papá, la mamá y el hermano de Pablo se presentaron en la causa como querellantes, solicitaron se llame a Guerrero a declarar “en calidad de imputado, por tentativa de homicidio agravado por abuso funcional, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público”. Pero no hubo respuesta. Por eso, el 6 de junio, reiteraron el pedido con estos argumentos: “Desde el inicio de la investigación, todas y cada una de las pruebas recabadas por el Juzgado corroboran lo que planteamos en nuestra querella del 21 de marzo: el cabo primero Héctor Jesús Guerrero de la Gendarmería Nacional Argentina fue el autor del disparo de la pistola lanzagases que hirió de gravedad a Pablo Grillo el 12 de marzo a las 17.18hs”. Y agregaron: “En el pedido que presentamos ante la jueza Servini ofrecemos una descripción de los hechos y un análisis pormenorizado de los elementos de prueba existentes hasta el momento”.
Y no hubo dos sin tres: el 15 de julio se le volvió a exigir al Juzgado que lo cite a Guerrero.
Y la tercera fue la vencida: este lunes, Servini citó a prestar declaración indagatoria al cabo Guerrero como autor del disparo con cartucho de gas lacrimógeno calibre 38mm que impactó en la cabeza de Pablo Grillo. La audiencia será el 2 de septiembre a las 10.
Guerrero es el primer efectivo formalmente imputado en la causa por el operativo policial del 12 de marzo.
Desde la querella informaron: “El juzgado ordenó la realización de una pericia balística a cargo de la División Balística de la Policía de la Ciudad para reconstruir con el mayor nivel de precisión técnica posible el disparo que hirió de gravedad a Pablo. Si bien la jueza consideró que ya existen elementos de prueba contundentes respecto de la responsabilidad de Guerrero para esta instancia, sostuvo que la pericia es necesaria para afianzar la reconstrucción de la dinámica del hecho”.
La pericia tendrá como objetivos precisar:
-La trayectoria y velocidad del proyectil que impactó en la cabeza de Pablo Grillo;
-La posición del arma al momento de efectuarse el disparo y el ángulo de salida del proyectil;
-Analizar si el proyectil impactó previamente contra otra superficie, y si eso alteró su dirección o energía.
-Las ubicaciones de Grillo y de Guerrero al momento del disparo.
El juzgado también ordenó, previo a la pericia, una inspección en el lugar del hecho (la esquina de Hipólito Yrigoyen y Solís) que incluirá un relevamiento fotográfico terrestre y aéreo y la elaboración de un croquis detallado de la escena.
Además, le prohibió a Guerrero la salida del país.
Compartimos el perfil de Pablo que realizamos en la edición 203 de MU.
Nota
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Modalidad: presencial y online por Zoom
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Docente:
Mariano Randazzo, comunicador y realizador sonoro con más de 30 años de experiencia en radio. Trabaja en medios comunitarios, públicos y privados. Participó en más de 20 proyectos de podcast, ocupando distintos roles de producción. También es docente y capacitador.




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