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Juicio de Araceli Fulles: otro detenido, declaraciones bajo presión y el recuerdo omnipresente de la joven de 22 años

Hoy comienza una nueva semana de declaraciones en el juicio por el femicidio de Araceli Fulles, la joven de 22 años asesinada en abril de 2017, que se celebra en San Martín. La familia ya declaró, los imputados también y restan hacerlo más de 300 testigos. La semana pasada se detuvo a uno de los imputados porque quiso ingresar a la audiencia con un elemento cortante: otro símbolo de cómo se desarrolla un proceso signado por amenazas y la lucha por justicia: “Hacemos de investigadores, salimos a buscarlas, y después de que aparece el cuerpo somos los que buscamos pruebas. Después pedimos justicia en la calle y acompañamos a otros familiares”, dice Mónica a lavaca sobre el trabajo de los familiares contra la impunidad.
Durante la primera semana del juicio por el femicidio de Araceli Fulles, la joven de 22 años asesinada en abril de 2017, declararon menos del 10% de los testigos previstos para todo el proceso: cerca de 300. Mónica Ferreyra, mamá de Araceli, y su familia estuvieron en el Tribunal Oral en lo Criminal N°5 de San Martín de 9 a 18 horas, de lunes a viernes. “Si una quiere la justicia por su persona más querida tenés que aguantar mucha impotencia y mucho dolor”, relata Mónica a lavaca. “También hubo alegrías de gente que conocía realmente a mi hija. Un chico dijo: ‘la verdad que Araceli era mi amiga, era un ser de luz. Lo que le hicieron no es justo’. Todas esas cosas te duelen porque sabés que hay mucha gente que está con el mismo dolor”.
En los primeros cinco días del juicio Mónica se descompuso dos veces. En la primera y extensa jornada declaró y después se tuvo que hacer un receso de 5 minutos: “Me afectó mucho dar declaración, me agarró como una crisis: recordar todo es muy triste”, sintetiza. En la cuarta jornada se quebró cuando declararon sus hijos. “Lloraba cuando empezaron a declarar porque yo estuve mucho tiempo en estado de shock y fue escuchar todo lo que hicieron por su hermana en ese tiempo. Volver a recordar todo lo que pasaron fue muy doloroso; escuchar su sufrimiento y ansiedad por encontrarla es un sufrimiento doble. Cuando terminaron de declarar me empecé a sentir mal. Salí y explote en llantos. Llamaron a la ambulancia, me subió mucho la presión”.

Buscar justicia
Su familia buscó a Araceli Fulles durante 27 días. Desapareció el 2 de abril del 2017 –a los 22 años-, cuando iba de regreso a su casa. Su cuerpo fue encontrado violado, asfixiado, destrozado, enterrado y cubierto de cal. Estaba enterrado en la casa de la madre de Darío Badaracco, un hombre del barrio vinculado a la policía. La orden de requisar esa casa la había dado el juzgado al comienzo de la búsqueda, pero la policía dijo no haber encontrado nada. Badaracco declaró tres veces ante la fiscal Graciela López Pereyra, la última en la misma mañana del hallazgo del cuerpo, y a pesar de que resultó sospechoso, no fue detenido. Escapó y fue apresado por una mujer embarazada que lo reconoció, lo corrió y alertó a las fuerzas de seguridad.
Al día siguiente del hallazgo del cuerpo de Araceli la división de Asuntos Internos de la Policía Bonaerense separó de sus cargos al subcomisario Hernán Humbert, el oficial principal José Gabriel Herlein y el numerario Elián Ávalos, hermano de uno de los implicados en el femicidio. Todos pertenecían a la Comisaría 5ª de San Martín, la misma en la que la familia de Araceli presentó la denuncia de su desaparición.
El único detenido había sido Darío Badaracco, quien murió el 13 de abril de 2019 tras ser atacado a golpes y quemado con agua caliente por dos compañeros de celda en el penal de Sierra Chica, en otro claro hecho de tinte mafioso. El resto de los imputados -Carlos Cassalz, Hernán Rodrigo Badaracco, Hugo Cabañas, Carlos Antonio Ibarra, Marcelo Escobedo, Daniel Alaniz y los hermanos Jonathan y Emanuel Ávalos- estaban en libertad gracias a un fallo de la Cámara de Apelaciones de San Martín que consideró, en septiembre del 2017, que por la “ineficiencia del sistema investigativo” no pudieron se obtenerse las pruebas necesarias para probar inculparlos. Pero dos de ellos fueron detenidos en los últimos días:
Carlos Cassalz fue apresado el domingo electoral en la escuela donde votaba por amenazar a Mónica días atrás. Fue mediante un mensaje que recibió a las 4 de la madrugada, decía: “Hay balas en el pecho para toda la familia de Araceli”; e incluía un video de 9 segundos en donde se veía a Cassalz con una ametralladora.
El segundo detenido fue Hugo Cabañas cuando, el segundo día del juicio, intentó ingresar a la sala de audiencias con un elemento cortante.
Todos los sospechosos están imputados por el delito de “homicidio agravado por femicidio y por la participación de dos o más personas”.
La familia de Araceli está acompañada por otras familias que pasaron situaciones de violencia. “Nos tenemos entre nosotros. Yo fui a varios juicios en todo este tiempo y ahora me acompañan”, cuenta Mónica.
Los une la experiencia: “Hacemos de investigadores, salimos a buscarlas, y después de que aparece el cuerpo somos los que buscamos pruebas. Después pedimos justicia en la calle y acompañamos a otros familiares. Hacemos todo. En este tiempo cambió mi forma de ser. Antes miraba todo por televisión, hasta que me tocó a mí. Yo decía: cómo puede ser que no les den bolilla, y ahora me toca a mí. Por eso hay que seguir luchando”
El Tribunal a cargo del juicio está integrado por los jueces Martín Klobovs, Carolina Martínez y Aníbal Bellagio con quienes Mónica dice sentirse cómoda.
Durante las audiencias, el juzgado está lleno de fotos de Araceli sonriendo. “Así era ella. Escuché todo lo que declararon los imputados, y las cosas que decían, pero a mí no me va ni me viene porque yo sé muy bien quien era mi hija”.
Esa semana continuarán las declaraciones.
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Darío y Maxi: el presente del pasado (video)

Hoy se cumplen 23 años de los asesinatos de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki que estaban movilizándose en Puente Pueyrredón, en el municipio bonaerense de Avellaneda. No eran terroristas, sino militantes sociales y barriales que reclamaban una mejor calidad de vida para los barrios arrasados por la decadencia neoliberal que estalló en 2001 en Argentina.
Aquel gobierno, con Eduardo Duhalde en la presidencia y Felipe Solá en la gobernación de la provincia de Buenos Aires, operó a través de los medios planteando que esas muertes habían sido consecuencia de un enfrentamiento entre grupos de manifestantes (en aquel momento «piqueteros»), como suele intentar hacerlo hoy el gobierno en casos de represión de sectores sociales agredidos por las medidas económicas. Con el diario Clarín a la cabeza, los medios mintieron y distorsionaron la información. Tenía las imágenes de lo ocurrido, obtenidas por sus propios fotógrafos, pero el título de Clarín fue: “La crisis causó 2 nuevas muertes”, como si los crímenes hubieran sido responsabilidad de una entidad etérea e inasible: la crisis.

Darío Santillán.

Maximiliano Kosteki
Del mismo modo suelen mentir los medios hoy.
El trabajo de los fotorreporteros fue crucial en 2002 para desenmascarar esa mentira, como también ocurre por nuestros días. Por aquel crimen fueron condenados el comisario de la bonaerense Alfredo Franchiotti y el cabo Alejandro Acosta, quien hoy goza de libertad condicional.
Siguen faltando los responsables políticos.
Toda semejanza con personajes y situaciones actuales queda a cargo del público.
Compartimos el documental La crisis causó 2 nuevas muertes, de Patricio Escobar y Damián Finvarb, de Artó Cine, que puede verse como una película de suspenso (que lo es) y resulta el mejor trabajo periodístico sobre el caso, tanto por su calidad como por el cúmulo de historias y situaciones que desnudan las metodologías represivas y mediáticas frente a los reclamos sociales.
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83 días después, Pablo Grillo salió de terapia intensiva

83 días.
Pasaron 83 días desde que a Pablo Grillo le dispararon a matar un cartucho de gas lacrimógeno en la cabeza que lo dejó peleando por su vida.
83 días desde que el fotógrafo de 35 años se tomó el ferrocarril Roca, de su Remedios de Escalada a Constitución, para cubrir la marcha de jubilados del 12 de marzo.
83 días desde que entró a la guardia del Hospital Ramos Mejía, con un pronóstico durísimo: muerte cerebral y de zafar la primera operación de urgencia la noche del disparo, un desenlace en estado vegetativo.
83 días y seis intervenciones quirúrgicas.
83 días de fuerza, de lucha, de garra y de muchísimo amor, en su barrio y en todo el mundo.
83 días hasta hoy.
Son las 10 y 10 de la mañana, 83 días después, y ahí está Pablito, vivito y sonriendo, arriba de una camilla, vivito y peleándola, saliendo de terapia intensiva del Hospital Ramos Mejía para iniciar su recuperación en el Hospital de Rehabilitación Manuel Rocca, en el barrio porteño de Monte Castro.
Ahí está Pablo, con un gorro de lana de Independiente, escuchando como su gente lo vitorea y le canta: “Que vuelva Pablo al barrio, que vuelva Pablo al barrio, para seguir luchando, para seguir luchando”.
Su papá, Fabián, le acaricia la mejilla izquierda. Lo mima. Pablo sonríe, de punta a punta, muestra todos los dientes antes de que lo suban a la ambulancia. Cuando cierran la puerta de atrás su gente, emocionada, le sigue cantando, saltan, golpean la puerta para que sepa que no está solo (ya lo sabe) y que no lo estará (también lo sabe).
Su familia y sus amigos rebalsan de emoción. Se abrazan, lloran, cantan. Emi, su hermano, respira, con los ojos empapados. Dice: “Por fin llegó el día, ya está”, aunque sepa que falta un largo camino, sabe que lo peor ya pasó, y que lo peor no sucedió pese a haber estado tan (tan) cerca.
El subdirector del Ramos Mejía Juan Pablo Rossini confirma lo que ya sabíamos quienes estuvimos aquella noche del 12 de marzo en la puerta del hospital: “La gravedad fue mucho más allá de lo que decían los medios. Pablo estuvo cerca de la muerte”. Su viejo ya lloró demasiado estos casi tres meses y ahora le deja espacio a la tranquilidad. Y a la alegría: “Es increíble. Es un renacer, parimos de nuevo”.
La China, una amiga del barrio y de toda la vida, recoge el pasacalle que estuvo durante más de dos meses colgado en las rejas del Ramos Mejía exigiendo «Justicia por Pablo Grillo». Cuenta, con una tenacidad que le desborda: «Me lo llevo para colgarlo en el Rocca. No vamos a dejar de pedir justicia».
La ambulancia arranca y Pablo allá va, para continuar su rehabilitación después del cartucho de gas lanzado por la Gendarmería.
Pablo está vivo y hoy salió de terapia intensiva, 83 días después.
Esta es parte de la vida que no pudieron matar: