Nota
Jujuy: de Héctor Tizón a Tilcara, otro freno a las mineras
Con un fallo fundamentado en el voto de un juez que además es uno de los más reconocidos escritores de habla hispana, Héctor Tizón, los vecinos autoconvocados de Tilcara y Juella, Jujuy, obtuvieron sentencia favorable del Superior Tribunal de Justicia de la provincia (la corte suprema jujeña) que en términos prácticos detiene la instalación de una mina de uranio en la zona de la Quebrada (en territorios de comunidades indígenas).
Tizón planteó el peligro cierto de contaminación por parte de las mineras «hasta que se demuestre lo contrario», definió el derecho a un medio ambiente sano como un Derecho Humano Fundamental, mencionó los posibles daños generacionales y calificó como «papelón internacional» dejar en manos mineras una zona como la de la Quebrada, considerada Patrimonio de la Humanidad.
El caso había provocado un estado de movilización durante los últimos dos años en esa zona, tal como se reflejó en Mu n° 17 (ver más abajo).
El Tribunal Contencioso Administrativo de Jujuy, había rechazado el recurso de amparo presentado por los vecinos, pero ahora la máxima instancia judicial, fundada en el voto del juez Tizón, vuelve a darle cabida.
- Descargarel fallo de la Suprema Corte de Jujuy en formato .doc
Cianuro, mercurio & compañía
Los Vecinos Autoconvocados de Tilcara contra la Minería a Cielo Abierto explicaron en un comunicado que el recurso de amparo contra la minera Uranios del Sur había sido presentado el 1° de agosto del 2008, «exigiendo que el Juzgado Administrativo de Minas se abstenga de otorgar permisos de cateos, exploración, y explotación minera a cielo abierto y la utilización de sustancias químicas como cianuro, mercurio, acido sulfúrico, y otros tóxicos similares utilizados en los procesos de producción y/ o industrialización de minerales metalíferos, especialmente de uranio, y que se revoquen los permisos concedidos o en tramite en la zona de la Quebrada de Humahuaca, Jujuy».

Parte de las bolsas con pastillas de cianuro que Mu encontró en la mina Pan de Azúcar, en la Puna. En la Quebrada querían instalar una mina de uranio.
La empresa había tramitado permisos en 14.100 hectáreas en la zona Juella y Yacoraite, sobre los territorios de las Comunidades Aborígenes de Yacoraite y El Angosto de Yacoraite.
El dictamen del máximo tribunal se basó en los argumentos expuestos por el juez del Tribunal, Presidente de trámite, el Dr. Héctor Tizón. (Expte 6706/09).
Tizón reconoció la plena vigencia del «principio precautorio» consagrado en el art. 4º de Ley General del Ambiente 25.675, del año 2002, que reglamenta el art. 41 de la Constitución Nacional, que postula que cuando haya peligro de daño grave e irreversible -como lo es la explotación minera a cielo abierto- se debe actuar a favor de la protección del medio ambiente. En este sentido no es necesario esperar que se produzca el daño, ya que el mismo resulta irreversible.
Lo que escribe un juez

Juez y escritor Héctor Tizón
El juez Tizón aseguró además que «los daños causados al medio ambiente, una vez producidos, resultan en la práctica de casi imposible reparación».
Agregó: «Cabe presumir, hasta tanto se demuestre lo contrario, que por lo menos existe la posibilidad o el peligro cierto de que las tareas de las mineras en la zona produzcan contaminación, y conlleven un daño ambiental».
Otro argumento: «No es posible prescindir de la preservación del derecho a un ambiente sano y no contaminado, Derecho Humano Fundamental».
Tomando otro paradigma del derecho ambiental moderno, Tizón mencionó el de daños generacionales: «Es decir aquellos que por su magnitud repercuten no sólo en la generación actual sino que sus efectos van a impactar en las generaciones futuras».
Otro cuestionamiento del voto de Héctor Tizón: «Resulta un absurdo contrasentido permitir nuevas explotaciones, como las mineras a cielo abierto, en un territorio declarado Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad por la UNESCO en 2003, ya que ese título es revocable», y tildó de «papelón internacional», a la posible revocación de esa consideración, asegurando además que la misma «causaría seguramente daños a la infraestructura turística ya realizada»
Olimpiadas de ignorancia
En el dictamen el Superior Tribunal cuestionó además fuertemente al Tribunal Contencioso Administrativo de Jujuy, conformado por los jueces Sebastián Damiano, Benjamín Villafañe y Luis Oscar Morales, quienes según los fundamentos de Tizón «desatendieron e ignoraron olímpicamente» la existencia de presuntos daños ambientales en 8 causas penales, asentadas en los Juzgados Federales Nº 1 y Nº 2 de Jujuy (los torneos de ignorancia olímpica por los derechos ambientales se verifican no sólo en Jujuy).
Casi como despedida, consideró que «la sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo no se ajustó a derecho vigente y que por el contrario, adoleció del vicio de arbitrariedad, por ser incongruente y autocontradictoria».
El Superior Tribunal (con las firmas de los jueces José Manuel del Campo, Maria Silvia Bernal, Sergio Jenefes y Sergio González, decidió revocar la sentencia anterior (negativa para los vecinos), y remitir nuevamente al Tribunal de origen, el expediente para que se vuelva a considerar el pedido de la comunidad de Tilcara organizada en asamblea.
«No permitiremos el saqueo»
En su comunicado, los Vecinos Autoconvocados de Tilcara y Juella plantean, textualmente:
* Constatamos con suma satisfacción que, no solamente, el Superior Tribunal de Justicia ordena revocar el fallo del Tribunal Contencioso Administrativo, sino que también alude claramente a muchos conceptos ambientales que, por nuestra parte vamos sosteniendo y defendiendo contra vientos y mareas desde hace dos años.
* La gran minería a cielo abierto es la peor opción de «progreso» para nuestra provincia, como quieren hacernos creer. Mueve mucho dinero entre pocas personas; contamina el medio ambiente, ahora y para nuestros hijos; usa millones de litros de agua diarios, secando arroyos y napas de agua, perjudicando la agricultura y la ganadería, arruinando definitivamente la vida en el campo y los pueblos de la Quebrada y la Puna.
* Hoy existen numerosos casos de contaminación en nuestra Puna, reconocidos por el propio gobierno provincial y las empresas, y denunciados penalmente, causas radicadas en las Fiscalías Federales de Jujuy. Exigimos que se investiguen estas causas penales por delitos ambientales que se encuentran cajoneadas en las Fiscalía federales Nº 1 y Nº 2 de Jujuy, a cargo de los Fiscales Batule y Snopek.
* Reiteramos nuestros reclamos a la Legislatura de la provincia y al Gobernador, para que se prohíba la minería a cielo abierto, con el uso de sustancias químicas.
*No queremos la minería a cielo abierto contaminante en nuestras tierras y ríos. Estamos por la defensa de la vida, de la tierra y del agua, y por tanto de los cultivos y la ganadería que hacen a la vida tradicional quebradeña, y están fuertemente ligadas a la cultura de la tierra y al paisaje.
* No toleraremos la explotación minera en la zona. No permitiremos el saqueo de nuestros bienes naturales. Resistiremos con la fuerza que nos da la defensa de lo nuestro y de los nuestros, de nuestra salud y del futuro de nuestros hijos, de nuestras formas de vida, de nuestra cultura y de nuestra Madre Tierra.
Datos de un juez
Héctor Tizón nació en Yala, Jujuy en 1929. El último mes de octubre cumplió 80 años. Fue abogado, periodista, diplomático. Es de los argentinos que debió exiliarse en 1976, tiempos de la dictadura (más candidatos para las olimpiadas de la ignorancia). Como novelista y cuentista ha sido traducido al francés, inglés, ruso, polaco y alemán. Ganó toda clase de premios y reconocimientos locales e internacionales, incluido el del gobierno francés que lo consideró Caballero de la Orden de las Artes y las Letras. En Palpalá una calle lleva su nombre.
Y no necesita de estas enumeraciones para saber que cuenta con lo más difícil de lograr: el prestigio y el respeto.
Sus obras:
- A un costado de los rieles (1960)
- Fuego en Casabindo (1969)
- El cantar del profeta y el bandido (1972)
- El jactancioso y la bella (1972)
- Sota de bastos, caballo de espadas (1975)
- El traidor venerado (1978)
- La casa y el viento (1984)
- Recuento (1984) (antología personal)
- El hombre que llegó a un pueblo (1988)
- El gallo blanco (1992)
- Luz de las crueles provincias (1995)
- La mujer de Strasser (1997)
- Extraño y pálido fulgor (1999)
Para entender el conflicto
Mu estuvo en Tilcara y la Puna en 2008, investigando los temas mineros en Jujuy, y las movilizaciones de las comunidades y organizaciones que dieron nacimiento a este fallo.
Fue la tapa del número 17 de la revista: «A la gran Puna», una radiografía de la sociedad y de un negocio, que permitió detectar incluso las bolsas de cianuro en minas abandonadas. Este es el texto completo de aquella crónica.
Apunando a las mineras
Una movilización vecinal logró frenar la amenaza de explotación de uranio en una provincia que todavía lucha contra las consecuencias del saqueo con la complicidad estatal: en Abra Pampa el 80 por ciento de los chicos está contaminado con plomo; en Pan de Azúcar, el cianuro está a la vista. Los venenos del modelo minero. Y sus antídotos.
En la mina Pan de Azúcar, caminando entre polvo de cianuro derramado de las bolsas de plástico con dibujos de calaveras, es posible abrirse a dilemas de orden moral y nasal. Ejemplos:
¿Cómo puede esta mina célebre, abandonada y letal, estar abierta así, sin control alguno, ni siquiera un alambrado, a 100 metros de una escuela?
¿Qué olor tiene el cianuro?
La primera pregunta quedará brevemente en suspenso. Sobre el olor, Ariel Méndez, integrante de Red Puna, no termina de decidirse: «Es cortante». A Noemí Cruz, una joven mamá kolla que prefirió esperar afuera con sus pequeños hijos, le recuerda a baño lavado (tal vez haya percibido el sodio que contienen las lavandinas). Entre la altura de la Puna y el cianuro, conviene lograr dos cosas a la vez: respirar y no respirar. Hay algo que se va apoderando de las fosas nasales, se aferra a la garganta, irrita los ojos. ¿Insecticida, ácido, un gas espeso? Algunos informan que el cianuro no tiene olor (gente que no visita Pan de Azúcar), y otros sugieren que sí, y que evoca almendras amargas. Fausta Mamani ronda con elegancia indígena los 80 años. Sombrero gris sobre un pañuelo rojo que le cubre el pelo, pulóver blanco bajo un saquito de lana azul, poncho marrón de vicuña cruzado sólo sobre un hombro, pollera colorada. La fuerza y la alegría de esos colores son aire puro. Se lo puede intuir en la foto que ilustra nuestra tapa. Pero Fausta está un poco harta ante el dilema:
-¿A qué va a tener olor el cianuro? A veneno. Por eso me mata los animales. Y nadie hace nada.
Jujuy es como Fausta: antigua, elegante y amenazada. El 24 por ciento de su territorio está a tiro de las multinacionales mineras, con 470 explotaciones -como los megaproyectos Pirquitas y Aguilar- y 1.200 pedidos de cateo y explotación de 13.000 kilómetros cuadrados (65 veces el tamaño de la Capital Federal), principalmente en la Quebrada de Humahuaca, un valle andino de 160 kilómetros y belleza deslumbrante, y la Puna, ese altiplano que a casi 4.000 metros de altura toca el cielo.
Pero una serie de movilizaciones, puebladas y hasta chusmeríos, están tratando de cambiar la historia minera. Los que se larguen a respirar este viaje, quedan ante el desafío de conocer una situación económica, política y social a veces absurda, y asfixiante. Hay que tomarlo con calma, aprovechando todo el oxígeno posible, y buscando descubrir qué hay más allá del vaho a almendras amargas.
Chusmerío y movilización
Juella no figura en los mapas ni en los diccionarios. Está habitada por apenas 100 familias. Allí nació una movilización social que copó a la bella y shoppinesca Tilcara, hizo que una jueza atravesara ventanas, parió una legislación contra la minería a cielo abierto, y frenó un proyecto minero multinacional. No se sabe el significado del nombre, que es anterior aun a la invasión de dos tribus: los incas con el quechua, y los españoles con el castellano. En Juella los indios Tilcara construyeron un pucará (fortaleza), que no alcanzó para protegerlos, pero hoy es atracción arqueológica y turística. La arqueología del presente indica que la mejor defensa es moverse, más que hacer pucarás.
El pueblito está a 6 kilómetros de Tilcara, a 1.700 kilómetros de la Capital Federal y a 2.500 metros de altura, en plena quebrada. En el vivero comunitario San Cayetano, Tomasa cuenta: «Acá vimos pasar una camioneta, se fue para arriba. Vino un vecino, el Mono, artesano con puesto en la plaza de Tilcara, donde está todo el chusmerío, y se enteró de la minera. Un día escuché una bomba en los cerros. Pensé que era por la fiesta de San Juan, el 24 de junio, pero me di cuenta de que eran ellos, los de la minera».
En el vivero trabajan 20 vecinos de la zona, perfeccionando lo que cultivan en sus huertas. Juella alberga el Festival del Durazno y la Humita, en marzo. El vivero San Cayetano forma parte de la Red Puna y eso lo conecta con otras 35 comunidades de la quebrada y la Puna.
El artesano, el Mono, es Cristian Giménez, oriundo de Mar del Plata que hace cuatro años está instalado en Juella con Carolina, su compañera nacida en Cali, Colombia, y sus hijitos Amsaya y Awki. Cristian y Carolina hacen aros, pulseras y colgantes labrados con un arte inusual, en su casita de Juella, ante un paisaje onírico. No llega la televisión abierta ni el cable, hay tres vecinos con televisión satelital. «No nos quemamos la cabeza haciendo zapping para no encontrar nunca nada. Acá hay sanidad mental y cosas más interesantes que mirar» dice Cristian. Apenas le llega la señal del celular, que lo conecta día por medio con su mamá.
Cosas que mirar. «Vimos la camioneta -cuenta Carolina, que no ha perdido el acento caleño- quisimos pararla y no nos hicieron caso. Los vi luego en la plaza de Tilcara, saliendo de la Municipalidad. Les pregunté qué hacían. Exploraciones, solamente uranio, me dijeron. Era este señor». Muestra la tarjeta que le dio Juan Guillermo Orozco, geólogo, director y gerente para Sudamérica -según se lee- de la empresa Uranio del Sur. «Le dije que tenía que pedir permiso al Centro Vecinal, y que además iban a mucha velocidad en la camioneta». El centro vecinal es presidido por don Eduardo Peloc. Orozco fue con un funcionario municipal. «Les dijimos que no los vamos a dejar entrar. No queremos que nos envenenen, ni que nos maten» relata Tomasa, la esposa de Don Peloc. Carolina suma: «Después supimos que mintieron, pidieron permiso no sólo para uranio sino oro, plata, cinc y demás». Red Puna organizó charlas con especialistas, Cristian preparó fotocopias y volantes para la gente de Juella. «Acá no tenemos Internet, usamos un locutorio de Tilcara con re buena onda, no nos cobraban las fotocopias y ya era fin de mes».
En pocos días, Juella se convirtió en una academia sobre el verdadero significado de la minería. «La radiactividad de la explotación de uranio llega a 200 kilómetros a la redonda -informa Carolina-. Ni siquiera dan trabajo. Todo lo hacen máquinas» agrega la kolla Pilar. «La gente ha sido muy sumisa, pero ahora ya no» completa Verónica.
La movida omitió pensar siquiera en el intendente, concejales de Tilcara y funcionarios provinciales. «Es que son políticos. Y si te dormís, te instalaron la minera. Al final nos apoyaron todos» editorializa Cristian. El intendente Félix Diaguita Pérez, radical, había declarado: «Tengo todo controlado». Cristian: «Nuestra duda era, ¿a favor de la minera o en contra? Nunca mostró de qué lado estaba, hasta que vio que íbamos en serio. Ahí firmó».
Jueza por la ventana
Uno de los concejales de Tilcara, el radical Eduardo Escobar, llegó a Juella y se puso a disposición de los vecinos: «Hago lo que ustedes quieran». Dos abogados, María José Castillo (de Red Puna) y Enrique Oyharzábal (del Equipo Nacional de Pastoral Aborigen y colaborador los hermanos Jesús y Pedro Olmedo, obispo de Humahuaca y párroco de La Quiaca, respectivamente) redactaron el proyecto de ordenanza que Escobar presentó al Concejo Deliberante. El 10 de julio llegaron a Tilcara para reunirse con los vecinos el director de Minería de la provincia, Martín Sánchez, el secretario de Cultura, Jorge Noceti, y la jueza de Minas, Cristina Lucas de Durruty.
Paralelamente, la comunidad salió desde Juella caminando los 6 kilómetros hasta Tilcara, sumando en el camino a más vecinos y hasta escuelas enteras. Para cuando llegaron frente al municipio, ya pasaban largamente las mil personas. A último momento se sumaron algunos integrantes de los movimientos Tupaj Katari (del ex célebre Perro Santillán) y la Corriente Clasista y Combativa (maoístas que apoyaron a los ruralistas en el reciente round con el gobierno). Los comercios y boutiques se plagaron de letreros contra la minería de uranio.
El Salón de Actos municipal quedó desbordado. Sánchez, Noceti y Durruty salieron a la vereda, fuera de la recova del municipio, para hablar con micrófono. Tomasa: «La verdad es que la gente se ha enojado, sobre todo con la jueza, porque seguía diciendo que defendía la minería». El abogado Oyharzábal aporta una impresión: «La actitud fue de mucha soberbia, frente a gente que estaba realmente indignada». Cristian: «Es que no querés que te sigan haciendo el verso». Durruty no pertenece al Poder Judicial: se llama «juez de minas» a la persona que otorga los permisos a las empresas.
La gente le gritaba a la jueza si estaba o no a favor de la minería, y cuando le preguntaron «¿y qué vas a hacer con el Pan de Azúcar?» dio media vuelta rumbo a la Municipalidad. Los caballeros Sánchez y Noceti rumbearon sigilosamente hacia otro lado. La jueza quedó sola en medio de la gente, erró el camino, y terminó entrando al municipio por una ventana. El público seguía reclamándole dentro del Salón de Actos y ella finalmente fugó por otra puerta hasta llegar a la comisaría. Fue un momento de obvia tensión.
El intendente Diaguita Pérez firmó la ordenanza que ya habían aprobado los concejales por unanimidad, y la leyó al público. «Como nunca la había visto -se ríe Tomasa- ni sabía las palabras». Tropezó especialmente con «lixiviación», término que define cómo el cianuro quema la tierra para separarla de los metales. Uno de los carteles en la calle decía: «Si sos Diaguita defendé a los indígenas». La jueza Durruty ya había huido de Tilcara.
La ordenanza o el marketing
La ordenanza 13/08 recuerda principios constitucionales sobre la preservación del ambiente, denuncia la destrucción del suelo, el agua y el aire que provoca la minería a cielo abierto, enumera catástrofes ambientales ocurridas en el mundo por este tipo de emprendimientos y reproduce el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que plantea, por ejemplo:
«Los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural».
«Dichos pueblos deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente».
Finalmente el texto prohíbe en el departamento de Tilcara «la radicación de explotaciones mineras metalíferas a cielo abierto y/o las explotaciones mineras que utilicen sustancias químicas como cianuro, mercurio, ácido sulfúrico y otras sustancias tóxicas similares en sus procesos de cateo, prospección, exploración, explotación y/o industrialización de minerales metalíferos». Tal vez lo principal sea otra cosa: la ordenanza podría ser un caso testigo de los efectos institucionales que puede tener una veloz movilización social, como ya ocurrió en Famatina (La Rioja, donde en 2007 se frenó a la Barrick Gold y se prohibió la minería a cielo abierto) o la premonitoria Esquel, que con un plebiscito en 2003 detuvo la instalación de Meridian Gold.
Detalles curiosos: Tilcara es el primer Municipio Indígena de Argentina, y la Quebrada de Humahuaca fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la unesco (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura). «Pero si sos Municipio Indígena, eso no puede ser sólo marketing» dice el kolla Ariel, de Red Puna, y revela un dato para turistas: «Ni siquiera hubo más trabajo. Muchas de las artesanías y tejidos típicos que te venden en Tilcara los traen de Bolivia». Cristian y Carolina también se indignan: «Las señoras que tejen en serio no tienen lugar donde mostrar y vender lo que hacen, pero las cosas truchas tienen espacio». La propia Red Puna (que tiene una cooperativa que produce increíbles tejidos de lana de oveja y fibra de llama) no tiene puesto en Tilcara y sí sus propios locales en Abra Pampa y Maimará.
¿Y qué significa Patrimonio de la Humanidad? María José, la abogada: «Es algo turístico, pero ni siquiera desarrolla un turismo que beneficie a la gente del lugar. Y al ser ‘de la humanidad’ parecería que no es de nadie». Remo Leaño, del grupo de vecinos autoconvocados de Tilcara, y diseñador de páginas web, cree que se trata de un negocio inmobiliario «que benefició a la gente del poder, y la gente del poder ahora apuesta por el negocio minero. Dicen que lo del Patrimonio de la Humanidad permitió mover 14 millones de dólares en turismo. Eso es un vuelto comparado con la minería». ¿Quién es esa gente del poder? «Imaginate: los políticos asociados con las empresas mineras».
¿Contra el progreso?
Cristian está molesto. «Un día discutí con la directora del hospital que decía que estar contra la minería es estar contra el progreso. Yo le dije: estamos en contra de que nos maten». Uranio del Sur pertenece a Uranio AG, fundada en 2006 con sede en Suiza, cuyo accionista mayoritario es la minera canadiense (paisana de Barrick Gold) Rome Resources ltd, ubicada en Vancouver. Allí, en la Columbia Británica de Canadá, también está prohibida la minería de uranio, mientras esta subsidiaria tiene ya 22 concesiones mineras en La Rioja y San Luis, 171.000 hectáreas. Los canadienses serían tan reacios al progreso como los habitantes de Tilcara. Facundo, psicólogo e integrante de los equipos de formación de Red Puna: «También sería progreso que haya agua, te dicen que en la Puna no hay agua, pero cuando aparece una minera hay millones de litros diarios. Lo que no hay es voluntad política de hacer un cambio estructural». La idea de que oponerse a la muerte, el empobrecimiento y la enfermedad es oponerse al progreso, es tal vez una curiosidad turística que la provincia debería publicitar.
El mecanismo de estos emprendimientos se basa en la confusión. Las autoridades jujeñas dijeron que Uranio del Sur tenía sólo dos pedidos otorgados por la jueza Durruty, uno de 500 y otro de 9.099 hectáreas, pero la investigación vecinal ya reveló que había al menos tres pedidos más de exploración. Leaño: «Todo va demostrando que el gobierno provincial miente».
Los kollas y campesinos parecen tenerlo muy claro. Tomasa: «Nos quieren sacar del medio». Verónica: «Nos quieren someter». Ariel cree que todo esto aporta a la expulsión de la gente de sus tierras. El abogado Oyharzábal se suma: «Esto es un proyecto de años para convertir a Jujuy en una provincia minera con un criterio de pura extracción, para llevarse todo». No se trata de un paranoico. «Al revés, el problema que tenemos las sociedades es que nos enteramos de estas cosas al final. Se ve con el trazado de los dos gasoductos que van hacia Chile, que pasan por todo el corredor minero mientras acá mismo, en Tilcara, no tenemos gas. Lo mismo con los tendidos eléctricos. El Estado no está representando a la sociedad, sino a las empresas, y a un proyecto minero».
A nivel nacional se puede recordar al secretario de Minería, Jorge Mayoral, empresario minero, o a la propia Presidenta haciendo algún acto de campaña con el logo de Barrick Gold a sus espaldas (propietaria de las megamineras Veladero y Pascua Lama, de San Juan). Además, las leyes mineras surgidas de la creatividad del gobierno de Carlos Menem siguen intactas. Las empresas pagan regalías de menos del 3% sobre lo que ellas mismas declaran, no pagan iva, ni impuesto a los combustibles, ni a la importación de sus maquinarias (que incluyen como «inversión»), ni siquiera el impuesto al cheque, y tienen el campo libre porque el Estado está expresamente impedido de actuar en el rubro. Si alguien quisiera redistribuir la riqueza, en este nicho hay con qué entretenerse.
También es cierto que hay otros enemigos del «progreso» minero, como Chubut, Río Negro, Mendoza, Tucumán, y La Rioja posmenemista, que prohibieron estas andanzas mineras aunque casi siempre como efecto de la movilización de sus comunidades. En Tucumán, además, existe una rama de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra el Medio Ambiente (ufima), bajo la órbita del fiscal general Antonio Gómez. Tramitan 60 denuncias, y de allí nació el procesamiento dictado por la Cámara Federal de Tucumán contra el vicepresidente de Bajo Alumbrera (Catamarca), Julián Rooney, por el delito de contaminación, donde se considera «cómplice» al secretario de Minería Mayoral. Y allí también fueron indígenas y campesinos jujeños a denunciar lo que ocurre en la provincia.
Tal vez por esas cosas, el director de Minería provincial, Martín Sánchez, no tuvo problemas en confesarle a la abogada María José Castillo lo siguiente: «Ah no, acá nunca vamos a hacer audiencias públicas por el tema ambiental. Mirá si después nos pasa como en Esquel».
Doctrina del plomo
Cuando estaba llegando a Abra Pampa, la llamada capital de la Puna, 3.500 metros de altura, me topé con una de las marchas más extrañas que puedan imaginarse. Sobre el asfalto vacío de la ruta 9, en medio del desierto puneño, por donde no hay ningún lugar lógico al cual llegar caminando, salvo un pueblito a 40 kilómetros, poco más de cien personas pasaban junto al cementerio de Abra Pampa (los cementerios jujeños parecen fiestas por los colores de las flores de plástico). Iban muy rápido. Mujeres kollas coloridas y exasperadas, chiquitos con mochilas escolares, hombres con pancartas. ¿A dónde estaban yendo? Paola Arias, 26 años, una mujer pequeña y enorme, tres hijas, visiblemente irritada, me sorprende:
Vamos a Jujuy. Los funcionarios habían prometido venir. Nos mintieron. Si el gobierno no viene, entonces nosotros vamos allá.
Pero estamos a 230 kilómetros.
(Enojada) No nos importa. Hace décadas que tenemos un cerro de escoria. Una montaña de plomo, y residuos tóxicos. La mayoría de la gente está contaminada. Mi nena, Malca, tiene índice 22 de plomo en sangre. Tiene problemas de la vista, nadie se hace cargo, no hay ni pediatras.
¿Por qué no vinieron los funcionarios?
(Paola mira el asfalto para disimular las lágrimas, pero sigue hablando) ¡No sabemos! Estamos muy molestos señor, es humillante. Diego Orellana, secretario de Gobierno, prometió venir. Nos engañaron otra vez pidiéndonos la confianza para votar. Queríamos hablar. Tenemos la contaminación con plomo, no hay cloacas. Ni agua. ¿Qué dicen los gobernantes? «Hay que dialogar». Bueno, hace años que estamos dialogando: pero además hay que hacer algo. En Tilcara salieron a la calle, nosotros salimos a la ruta. Acá nos explotan a todos. La verdad es que el gobierno nacional tendría que hacer algo. Pero todos hablan mucho, y nadie hace nada.
Veinte años de soledad
Paola me cuenta que buscarán subirse a algunos camiones, o hacer dedo para que los automovilistas al menos acerquen a los chicos. Acompaño la marcha un kilómetro, y no puedo caminar más. Los veo irse y no sé si están locos, o si la suya es la única lucidez posible para sobrevivir en esta normalidad. En Abra Pampa, Julio y Mario, de Red Puna, me llevan a conocer lo que me contó Paola. La minera Metalhuasi ya no existe, pero dejó en el medio de Abra Pampa dos recuerdos. Un gran terreno de derrame de químicos de unos 100 metros por 100 y, efectivamente, una montaña de escoria de plomo, de casi seis metros de altura, que están allí desde hace más de 20 años.
Sobre 234 casos estudiados de chicos de 6 a 12 años, el Centro de Investigación Química Aplicada de la Universidad Nacional de Jujuy, dirigido por la doctora en bioquímica Graciela Bovi Mitre, detectó que el 81 por ciento tiene valores superiores a los 5 microgramos de plomo en sangre. Resultado: daños neuromadurativos (retardo de crecimiento), plomo depositado en los huesos (con dolores imaginables) y los dientes, baja de las defensas, alergias, predisposición a las infecciones, sobre todo las urinarias. Yolanda, de Red Puna, una de las afectadas, agrega sin perder la sonrisa: «Hay muchos tumores, casos de leucemia y cáncer. Yo también tengo problemas…», y sin terminar señala su zona abdominal.
Los principales transmisores de plomo a la población en Abra Pampa son la tierra y el viento. Agua no tanto, por pura escasez, aunque el agua que se consigue es posible que esté contaminada por el vaciadero de desechos químicos. El bid (Banco Interamericano de Desarrollo) dio un préstamo para limpiar Metalhuasi, pero lo único que se hizo fue levantar un alambrado. El resto del dinero no se sabe a qué cuentas bancarias fue. La noticia: el alambrado ya está roto. El padre Jesús Olmedo intentó llamar la atención sobre esta situación en 2007. Organizó una peregrinación, que terminó con su propia cucifixión simbólica sobre la montaña de plomo. Ni así le hicieron caso.
Contra todo pronóstico razonable, Paola, los 40 chicos, y 60 adultos llegaron a San Salvador de Jujuy dos días después. Automovilistas y camioneros fueron haciendo fluir esa marcha. Acamparon frente a la Gobernación. Ante el hecho consumado, un grupo fue recibido por cuatro funcionarios. Sede del encuentro: el estacionamiento de la Gobernación, a cielo abierto. De los 14 puntos que llevaban, según el diario El Tribuno de Jujuy, les prometieron:
1) Llamar en 45 días a una licitación, para comenzar las obras de saneamiento.
2) Arreglar las pocas cloacas que hay en Abra Pampa, e incluir en el presupuesto 2009 una planta depuradora de líquidos cloacales.
3) Derivar un camión cisterna, con agua potable para Abra Pampa.
Los ministros ni siquiera prometieron algo con respecto a otros pedidos, como el envío de médicos clínicos o especializados en envenenamiento por plomo. Luego de 20 años, 45 días de plomo en sangre parecen poco. Podría incluso proponerse inaugurar la planta de líquidos cloacales como monumento al progreso, brindando con agua del camión cisterna. El Centro de Investigación Química no ha estudiado qué tienen los funcionarios en la sangre. Otros comentarios acerca de estos hallazgos quedan a cargo de los lectores presentes.
Cianuro en tus ojos
Si un Estado y sus gobiernos no logran limpiar plomo y residuos químicos en lugares del tamaño de sendas canchitas de fútbol durante 20 años, ¿qué garantía pueden dar frente a los proyectos de megaminería en marcha? Tal vez sólo sea una pregunta apunada. El gobierno de Jujuy tiene, como era de esperar, una instancia de control: el Departamento de Policía y Control Minero, área que cuenta exactamente con un (1) funcionario, el geólogo Juan Carlos Lavadenz. El propio Martín Sánchez reconoció que el organismo está totalmente superado en su posibilidad de trabajo.
De Abra Pampa a la mina Pan de Azúcar, en el departamento de Rinconada, se llega por un camino de unos 70 kilómetros de tierra y piedra en el que no hay señalizaciones. Ariel y María José son baqueanos para orientarse en la Puna. Como un espejismo en ese desierto de yuyos rodeado por cerros, se ve la Laguna de Pozuelos, declarada Monumento Natural. Llegamos a Pan de Azúcar. La población completa es de menos de 60 habitantes.
Seguimos hacia la mina, llevando a Noemí Cruz con su hijito Alexandro y su beba Ester (los asombrosos cachetes de los bebés kollas deberían ser algo más que Patrimonio de la Humanidad). En el camino hay una especie de manchón grisáceo al pie de dos cerros, como la escupida de un gigante en el paisaje. «Es el derrame químico del dique de colas» explica María José. Un tramo más, y dejamos la camioneta frente al establecimiento, que es como un pueblo blanco colgado de un barranco, arrasado por alguna guerra. Se cruza una tranquera abierta y ridícula, porque no hay alambrado que la contenga. Recorremos las construcciones, que alguna vez habrán sido oficinas y ya no tienen techos, ventanas ni puertas. La mina está supuestamente cerrada desde 1989.
Las sucesivas denuncias hicieron que el gobierno provincial enviara a don Martín Sánchez, que ya en 2006 ejerció el arte de la promesa sobre la «remediación del pasivo ambiental» (jerigonza que significa limpiar la contaminación). No se hizo nada. En 2007 el caso, ya emblemático, fue denunciado por las Comunidades Aborígenes y Pueblos Indígenas de Jujuy ante la ya citada ufima, que dictaminó la existencia de contaminación en el Río Cincel, en la Laguna de Pozuelos y en los campos de la zona. Como se detectó la presencia de bolsones de cianuro y además dinamita, allí fue la Gendarmería: sólo se llevó la dinamita. La jueza de Minas llegó en 2007, prometiendo nuevamente remediar el pasivo ambiental, alambrar el perímetro de la mina para que nadie pueda entrar (especialmente los chicos de la Escuela Albergue de Pan de Azúcar, que pasan allí toda la semana; la escuela está a menos de cien metros de la mina) y prometió tapar los socavones.
Actualmente, la realidad es la siguiente:
La mina está abierta a cualquiera que quiera entrar.
Los socavones (pozos que parecen infinitos) también están abiertos. Con el flash de la cámara de fotos no se alcanza a ver el fondo.
En el gran galpón se encuentra el cianuro caído de bolsas de la empresa química brasileña Metacril, ilustradas con enormes calaveras y leyendas en portugués: «cianato de sodio» y «este saco contem um veneno mortal». (Dato positivo: si los chicos de la escuela anduvieron jugando por aquí sin matarse, es indicio de que las futuras generaciones jujeñas acaso sean indestructibles).
Otro problema: vecinos de Pan de Azúcar y Rinconada se han ido llevando techos, ventanas y puertas para sus propias viviendas. Empiezan a faltar también partes de las paredes de chapas del galpón. Cuando sopla viento, vuela el cianuro. Doña Fausta Mamani llegó agitando los brazos pensando que íbamos a robar más chapas. «Se mueren los animales, las ovejitas, los cabritos. Nos hace mal a la nariz y el pecho. Nadie arregla esto». María José narra que hace dos meses estuvo reunida con el director de Minería Martín Sánchez, quien le dijo: «¿En serio sigue habiendo bolsas de cianuro? Ya las vamos a sacar. Gracias por avisarme».
En la recorrida encontramos también toda la papelería de la empresa, de los años 1985 y 1986: recibos, facturas y hasta ejemplares de la Mining Magazine, revista dedicada a ilustrar las bondades de esta industria. La mina pertenecía a Río Cincel samic, y más recientemente a Lapacha Minera. Siempre con la misma apoderada, Graciela Comas. Ambas empresas, según descubrió la Fiscalía tucumana, tienen pedidos de exploración en esta misma área, que la jueza de Minas debe definir. Y Lapacha aseguró en 2007 haber estado haciendo tareas en el lugar, lo que explicaría que las bolsas de cianuro -y el cianuro- estén tan bien conservados. Ya no postulan la minería de socavón, sino a cielo abierto. Como dice Sánchez, el director de Minería: «El futuro minero se presenta más que interesante y prometedor para la provincia».
Fin con sabor
Cuando anochece, las estrellas parecen lámparas y la luna es tan grande que marea. Al día siguiente, el abogado Oyharzábal, en Tilcara, cuenta: «La participación de las comunidades indígenas y de los vecinos consiste en decirles: vení y firmá, o andate. Una vez un diputado radical, Raúl García Goyena, me dijo con tono de patrón de estancia: ‘Escúcheme, la democracia es que ustedes delegan, y nosotros somos los representantes’. Eso está en crisis, esa cosa de funcionarios que se creen reyes que pueden hacer cualquier cosa. Pero la gente ya no se calla, ni delega, porque se empieza a ver que se tiene que plantar, porque el Estado posiblemente no sólo no la defienda, sino que además es socio de las mineras».
En Abra Pampa, María de la Red Puna, me contó que ya están armando reuniones en toda la zona para oponerse también allí (algo más difícil que en la turística Tilcara) a la infección minera. Con esa sonrisa sabia y suave de las «mamitas» kollas, reconoce que toda la experiencia de estos años con la gente organizándose es transformadora.
«Pero lo primero que se transformó fue mi forma de pensar. Pensar que otros hicieron la historia. Que la realidad ya está, así como es, y que uno no puede hacer nada. Que hay que cumplir las órdenes y lo que está dado, en el trabajo, en la vida. En cambio aquí uno dice: yo puedo hacer otras cosas. Y las puedo hacer con los demás». Luego menciona algo que en Jujuy parece aplicable a la movida de kollas, abogados, campesinos, webmasters, curas, tejedoras, militantes, comerciantes y artesanos: «Y bueno, eso nos pasa: le fuimos agarrando el gusto».
Nota
Femicidio de Griselda Blanco: Periodistas Argentinas y Fatpren reclamaron una investigación seria y responsable

Las dos organizaciones encabezaron una conferencia para reclamar que se investigue las amenazas y presiones que recibió la víctima por ejercer su profesión. Adelantaron que viajarán a Curuzú Cuatiá este viernes y que solicitarán que la Secretaría de Derechos Humanos se constituya como querellante. Durante el encuentro se repartieron cintas negras de luto. A horas de terminar la conferencia se conoció la noticia de que la fiscal ordenó acceder a la información guardada en la nube del celular perdido, uno de los reclamos expresados en la conferencia.

Griselda Blanco, la periodista que denunció amenazas y presiones, y fue víctima de un femicidio.
El colectivo Periodistas Argentinas y la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa brindaron este miércoles una conferencia en la cual expresaron su preocupación por el femicidio de la periodista Griselda Blanco en Curuzú Cuatiá, Corrientes, y reclamaron que se investiguen las denuncias de amenazas, las presiones por revelar sus fuentes de información y el celular que desapareció de la escena del crimen. ”Hacemos nuestra la preocupación de Griselda por sus fuentes. Necesitamos saber qué pasó y quiénes protegen hoy a las personas que están en riesgo» dijeron en la conferencia y solicitaron «que se sigan todas las líneas de investigación y se cumpla el debido proceso».
La conferencia de prensa estuvo conducida por Silvia Martínez Cassini, de Periodistas Argentina acompañada por Claudia Acuña, fundadora de esa asociación, y por la Secretaria General de Fatpren, Carla Gaudensi. También se sumaron a la conferencia dos integrantes del Observatorio de Libertad de Expresión de Fopea.
Acompañaron la presentación dos centrales de trabajadores –Jorgelina Sosa, de CTA y Leonor Cruz y Silvia de León de CTA Autónoma), Claudia Rodríguez, secretaria de Género de ATE, la ministra bonaerense Estela Díaz, dos subsecretarias del ministerio de las Mujeres de Nación –Carolina Varsky y Natalia Chinetti– María Julia Naddeo, de la APDH, Araceli Ferreyra (ex diputada correntina e integrante del Movimiento Evita) y Agustina Lecchi de SiPreBA.

La conferencia y los abrazos (Fotos: Lina Etchesuri)
Griselda: “Recibo mucha presión, amenazas”
La periodista Silvia Martínez Cassina planteó: «Lo que nos une hoy es una misma consigna: Justicia por Griselda Blanco. Más allá del deseo de que se aclaren rápidamente su femicidio hay muchísimos indicadores que no se pueden dejar afuera. Y le pedimos a la justicia que actúe rápido y transparentemente. Porque estamos hablando del trabajo que hacía Griselda, que venía denunciando a distintos sectores del poder, de los cuales sufrió amenazas».
A continuación presentó a la víctima como “una periodista sin medio y sin miedo, precarizada, pero sindicalizada, que informaba pese a todo y para todos”. Luego se escuchó la voz de Griselda desde uno de los 15 audios que Periodistas Argentinas puso a disposición de quienes quieran escucharlo o reproducirlos y que fueron grabados pocas horas antes de su asesinato.
«Yo lo único que hago es mi trabajo, comunicar, siempre con la verdad. Pero recibo mucha presión, amenazas”, expone Griselda en el audio.
Días antes de ser asesinada, le había entregado a su hijo el teléfono de su abogada, «por si me pasa algo».
Las organizaciones de periodista comunicaron:
- Solicitarán a la Secretaria de Derechos Humanos que se constituya como querellante.
- Viajarán este viernes a Curuzú Cuatiá en una misión destinada a escuchar a la familia de la víctima y a colegas con el fin de realizar un informe que compartirán con todas las organizaciones de la red.

Se anunció en la conferencia que la policía correntina fue separada de la investigación del femicidio. (Fotos: Lina Etchesuri)
“La investigación judicial empezó muy mal”
Claudia Acuña sintetizó los motivos de la conferencia: «Estamos muy preocupadas por las Griseldas de este país, las compañeras que están ejerciendo la profesión en sus provincias, jugándosela. Ellas son las primeras a las que les tiene que llegar nuestro mensaje: no están solas. Estamos acá, también, para ser la voz de Griselda: hacemos nuestra su preocupación por sus fuentes de información y que haya desaparecido su teléfono en ese contexto convierte a ese hecho en un atentado a la libertad de expresión. Estamos acá, unidas todas las organizaciones de periodistas de este país, para decir que estamos comprometidas en seguir paso a paso esta causa judicial. Porque esta investigación arrancó muy mal: vimos las fotos del cuerpo y no deja dudas: se trata de una muerte violenta. Pero nos matan y las fiscales nos suicidan. Afortunadamente, como Griselda era muy buena periodista dejó mucha información, entre ellas el teléfono de una abogada de Corrientes Capital con la que se comunicaron sus hijos y que aportó los audios y contextos necesarios para que, rápidamente, el sindicato de Prensa de Corrientes hiciera los más de 300 kilómetros hasta Curuzú Cuatiá, contuviera a los dos hijos de Griselda y se entrevistara con la fiscal, que aceptó el pedido de apartar a la policía local y caratular la causa como homicidio”.
Concluyó: “»Necesitamos construir una justicia que garantice investigaciones serías sobre los femicidios, y necesitamos que protejan a las personas que están en riesgo».
Carla Gaudensi, de Fatpren, federación que incluye al Sindicato de Periodistas de Corrientes: «Debemos dar un mensaje claro a la sociedad. Nosotras venimos tejiendo redes contra la violencia, que incluye la violencia económica. Y el femicidio de Griselda muestra esa violencia: era una trabajadora precarizada, algo que conocemos muy bien en este gremio, sobre todo las mujeres, que nos genera un marco de indefensión. En este momento la precarización nos está imponiendo una lógica individual, sin embargo Griselda sabía que no estaba sola; era parte de un sindicato, y como organización sindical tenemos que dar esta discusión: el miedo no nos tienen que desorganizar. Contra el miedo y las amenazas tenemos que estar juntas. Y no solamente lo tenemos que hacer entre nosotras, por eso este es un llamado a toda la sociedad».
Gaudensi también señaló la necesidad de seguir de cerca el proceso judicial: “Si no investigan todas las líneas en una causa como el atentado a la Vicepresidenta imagínense lo que pueden pasar con nosotras”.




Nota
Marcha por la reparación para Personas Mayores Travestis y Trans: que sea ley

Marcha en la calle y debate en Diputados. La comunidad travesti trans tuvo un miércoles movido y movilizado. Reclaman la sanción de la Ley de Reparación para Personas Mayores Travestis y Trans. El contenido del reclamo para una comunidad que en promedio no llega a los 40 años de edad. La prostitución, lo que significó la Ley de cupo, lo que se dijo en la calle y también en la Cámara de Diputados. Por María del Carmen Varela y Anabella Arrascaeta.
En la calle

La artista Susy Shock en la marcha de reparación para personas travestis trans. (Fotos: lavaca/Sol Tunni)
El aguacero de la mañana era desalentador este miércoles. El pronóstico anunciaba lluvia para toda la jornada. “Si llueve marchamos igual. Si pudimos sobrevivir a este sistema, no nos asusta la tormenta”, aclaraban en un flyer Las Históricas Argentinas en las redes, una de las tantas formas que emplearon para comunicar lo que hace tiempo esperaban: el día de la Primera Marcha Plurinacional por la Ley de Reparación Histórica para travestis y trans mayores sobrevivientes.
El clima acompañó sin aguar la fiesta, contra todo pronóstico, y hasta por un rato salió el sol.

Marlene Wayar, de la reunión en el Congreso con diputadas para impulsar la ley, a la calle con la marcha por Avenida de Mayo. (Fotos lavaca/Sol Tunni).
La cita fue a partir de las 15 de este 24 de mayo en Plaza de Mayo, donde convivieron los preparativos para el acto de la vicepresidenta Cristina Fernández y, en la otra mitad de la plaza, el colectivo travesti trans que imprimió su sello: cánticos, colores, banderas, abrazos y lucha. Juntes y en las calles.
Carolina Iriarte es tucumana y vive en Buenos Aires hace veinte años. Alta, elegante, cabello recogido y labios pintados de rosa, cuenta que tiene 53 años. “Sigo trabajando en la prostitución. Venimos hoy a la Marcha por la Ley de Reparación Histórica, por todo lo que pasamos, el maltrato de la policía, nos tratan como delincuentes, lo más justo es una reparación porque ya somos mayores. A cualquier persona que pasa los 40 le cuesta, imaginate a nosotras”.

Fotos: lavaca/Sol Tunni.
Prostitución y reparación
Clara Fox es de Mendoza y también hace algunos años que vive en la Capital, milita en el Movimiento Evita y actualmente, gracias al cupo laboral trans, está trabajando en el INAES. “Esta una forma de reparar todo el daño que nos hicieron y visibilizar a las compañeras que pusieron el cuerpo para que hoy nosotras podamos caminar tranquila y dignamente. Recuerdo a tantas compañeras asesinadas, que se fueron sin un trabajo, sin una vivienda, ellas tendrían que estar acá hoy. Por ellas también estamos acá”.
El megáfono sonaba con alarma de ambulancia mientras gritaban “Reparación, indemnización”.
La edad de muerte promedio del colectivo es de 32 años. Hace poco más de ocho años, un grupo de travestis y trans que lograron superar ese triste promedio y llegaron a los 40 años o más, dedicieron organizarse y crear Las Históricas Argentinas. Patricia Rivas es una de ellas, tiene 53 años y dice: “Nos autoconvocamos por las redes sociales las adultas de toda la Argentina, estamos en contacto unas cien más o menos. Sufrimos persecución tanto en dictadura como en democracia. Nuestra democracia no empezó en el ´83, sino en 2012 con la Ley de Identidad de Género. Se nos negó todo futuro, se nos negó trabajo, estudios, salud, por eso pedimos una vejez digna”.
Marcela Carreño está recién llegada de Tucumán y se vuelve a la noche: “Ya que no tuvimos una buena adolescencia por lo menos que nos sea buena la vejez. Yo tengo 57 años, sigo ejerciendo la prostitución allá en San Miguel y cobro el Plan Potenciar, que complementa pero no es suficiente”. Hoy comieron en la olla popular que organizaron para que todes pudieran primero comer, luego marchar.

Fotos: lavaca/Sol Tunni.
Susy, Lohana y Diana
Agrupades en un costado de la Plaza, desplegaron su bandera. Con los colores negro y magenta se leía: “Ley de Reparación Histórica ya!”. La artista Susy Shock posaba para las fotos que le pedían todes quienes la reconocían. Una imagen de Lohana Berkins (referente del movimiento, fallecida en 2016) hecha de goma espuma con alas brillantes paseaba entre la gente. La hermanx de Diana Sacayán (referente trans, asesinada en 2015), Say, tomó el megáfono: “Si no se tienen en cuenta las transmasculinidades en las leyes que se supone que después se convierten en políticas públicas, lo que termina sucediendo es que nos siguen invisibilizando, nos siguen matando y nos siguen desapareciendo”.
“¿Dónde está Tehuel?” fue otro lema. “Furia Travesti” se escuchaba como un mantra atronador. Mamás y papás de la agrupación Infancias Libres recibieron a su presidenta Gabriela Mansilla, que llegó a las corridas pero a tiempo para la marcha.
Laura Moreira, hermana de Cynthia, una joven trans de 25 años asesinada en Tucumán, dio su testimonio: “Mi hermana fue brutalmente asesinada, sigue sin justicia, sus asesinos siguen en libertad, eran policias expulsados de la fuerza por corruptos. Cynthia salió a una fiesta un 14 de febrero y fue la última vez que la vimos con vida. El 19 de febrero apareció su cuerpo desmembrado, calcinado, en bolsas, en una casa abandonada. Mi hermana sigue siendo discriminada por la justicia de Tucumán. La justicia se burla de las mujeres trans”.

“Somos las nietas de todas las travas que nunca pudieron quemar”, “Diana, Diana corazón, acá tenés las travas por una reparación”, “Lo dijo Diana Sacayán: al calabozo no volvemos nunca más”, “Señor, señora, presten atención. Acá estamos las travas por una reparación” fueron algunos de los cánticos que se escucharon durante la Marcha, que arrancó a las cuatro y veinte y recorrió Avenida de Mayo, Rivadavia, hasta llegar al Congreso de la Nación. Durante la caminata que abarcaba más de dos cuadras se cantó, se bailó, se arengó, se exigió.
Pequeñas y grandes victorias
Romina Escobar afirma: “Estamos para pedir una reparación histórica para todas las compañeras que vivieron la época de la represión, los 90, con los edictos policiales. Son pocas las que están vivas. No están todas acá”. Romina es actriz, trabajó en la novela Pequeña Victoria en Telefé y gracias a la Ley de Cupo Laboral Trans está trabajando actualmente en el INCAA.
“Las travestis somos parte de la Patria. Viva la Patria Travesti. Sin travestis no hay Patria”, se escucha desde el megáfono. Gritos y aullidos. Al pasar por el Café Tortoni, una fila de unas 15 personas miran con curiosidad y sacan sus celulares para filmar y sacar fotos. Unas 50 personas hacen cola en la puerta de un Carrefour Express, quizá para pedir trabajo. Ellxs también miran y apuntan con sus teléfonos. Una gran llamarada surca el aire. Luego de expulsar de su boca el líquido combustible que combinado con un poco de fuego provoca el centelleo, Comando continúa la caminata y repetirá su truco varias veces más. Vino desde las islas del Tigre porque “hay una deuda enorme del Estado y de la sociedad con toda la comunidad travesti trans, con les adultes sobrevivientes mucho más”.

La marcha por la reparación, y la fiesta en la calle (Fotos lavaca/Sol Tunni).
Al llegar al Congreso, los tambores de Batuka dieron la bienvenida y Laurent Tropikalia, Madre de House of Tropikalia, exponente de la cultura ballroom, fue quien tomó el micrófono para recibir a todes y anunciar la lectura colectiva del documento. Si alguien sabe de lucha en las calles es Eva Analía De Jesús, más conocida como Higui. Después de haber estado presa y ser acusada de homicidio por defenderse de un intento de violación, Higui fue absuelta en marzo del año pasado. Para que eso sucediera fue clave el acompañamiento del colectivo, la movilización en las calles y durante los tres días de audiencias en el Tribunal Oral en lo Criminal N° 7 de San Martín. Con remera violeta, gorrita con un escorpión bordado y un cartel que decía “Con hambre no puedo estudiar”, Higui se acercó al escenario, saltó, levantó su puño en alto, sonrió y se metió entre la gente hasta perderse en la multitud.
La diputada Mónica Macha, quien presentó uno de los proyectos en la Cámara de Diputados, expresó ante el micrófono: “No es un camino sencillo ni lo tenemos facilitado. Lo tenemos que construir”.
La jornada finalizó con un show musical a cargo de Tía Marilú, Max Vanns, Casa Exilia y Desobedientes FOLQ. Minutos antes, María Pilar Giménez, desde el escenario y para reafirmar un día en el que el colectivo travesti trans hizo historia, leía a viva voz: “Somos comunidad, somos resistencia”.
En el recinto

Horas antes de que el colectivo travesti trans marchara de Plaza de Mayo a Congreso, en la Cámara de Diputados de la Nación la Comisión de Mujeres y Diversidad hubo una reunión para comenzar a tratar la Ley de Reparación para Personas Mayores Travestis y Trans.
La reunión fue informativa, es decir que se realizó para escuchar distintas voces y empezar a construir los consensos necesarios para llegar a un dictamen. Por el momento son cuatros los proyectos de ley que abordan el tema que fueron presentados y tienen estado parlamentario.
La activista y teórica Marlene Wayar empezó su intervención preguntando qué diputadxs estaban presentes. “¿Estamos hablando para el arco político o estamos hablando como siempre medias solas?”. Lo cierto es que estaban presentes solamente cinco diputadas: Mónica Macha, quien preside la Comisión de Mujeres y Diversidad y encabezó la reunión, Romina del Pla, Gabriela Estévez, Lucila Masin, María Rosa Martínez y Florencia Lampreabe.
Durante tres horas, casi veinte exposiciones de activistas, funcionarias y diputadas expresaron la urgente necesidad de contar con la ley. “En Argentina, la comunidad trans ha sido sistemáticamente perseguida, sufriendo crímenes de lesa humanidad en el marco de un genocidio dirigido específicamente hacia nuestro grupo debido a nuestra identidad de género. Estos actos han sido cometidos con la intención de destruir total o parcialmente a nuestra comunidad”, expuso Marlene Wayar.
Los proyectos expresan como objetivo prioritario reparar la vulneración sistemática de los Derechos Humanos del colectivo travesti trans y garantizarles una vejez digna. Recibirían la pensión quienes sean mayores de 40 años, dado que el promedio de vida de las travestis y trans apenas llega a los 40 años.
“Por supuesto, no es un problema presupuestario. El tema es que frente a la posibilidad de ampliar derechos hay sectores que igual van a poner obstáculos”, sostuvo Mónica Macha, presidenta de la comisión cabecera del proyecto. Las otras comisiones a las que posiblemente tengan giro son Previsión y seguridad social (presidida por Marisa Uceda, Frente de todos) y Presupuesto y Hacienda (Carlos Heller, Frente de Todos).
Macha expresó la voluntad de que a mediados de junio haya una primera reunión de comisión para tratar efectivamente el proyecto junto a diputadxs y asesorxs y poder llegar a un texto consensuado que sea llevado al recinto.

Nota
Empresas recuperadas por sus trabajadorxs, con Alberto Fernández: inteligencia común y celebración para quienes inventaron un nuevo modo de producir

“Siempre se cierran fábricas, pero nosotras sabemos cómo abrirlas”. Así hablan las personas que celebraron este lunes el Día de lxs Trabajadorxs de Empresas Recuperadas. Con la consigna “ocupar, resistir y producir” lograron revivir fábricas vaciadas o fundidas por las patronales. En tiempos de “inteligencia artificial” proponen la inteligencia común: la capacidad colectiva, autogestiva y cooperativa de crear situaciones y soluciones que el sistema económico solo suele empeorar. Durante el acto se emitió además un capítulo de Las cosas que hay que hacer para trabajar, el documental realizado por la Cooperativa de Trabajo Lavaca.

Imágenes del acto en Llavallol. (Fotos Lina Etchesuri).
La Cooperativa de Trabajo Cotramel, ex metalúrgica Canale, fue la sede de la celebración por el Día de lxs Trabajadorxs de Empresas Recuperadas, que reunió a más de 2.000 trabajadoras y trabajadores de todo el país en un acto en la localidad bonaerense de Llavallol que encabezó el presidente de la Nación, Alberto Fernández.
En tiempos de inteligencia artificial, el encuentro fue convocado bajo una consigna original: “Futuro con inteligencia común: trabajadores y Estado para recuperar Argentina”. También fue el motivo del festejo de un movimiento que cumple 25 años de recuperación de fábricas y creación de fuentes de trabajo, con más de 400 unidades productivas en todo el país y aproximadamente 18 mil trabajadoras y trabajadores.
“La inteligencia común es el trabajo que hacemos día a día: no solamente un empresario puede manejar la empresa, sino también sus trabajadores”, apuntó Silvia Ayala, de la Cooperativa Mielcita, fábrica de alfajores, galletitas y golosinas. “Y a ese futuro podemos aportar muchísimo. Por ejemplo, cómo hacer para no perder los puestos de trabajo. Siempre se cierran fábricas, pero nosotras sabemos cómo abrirlas”.

Murúa, Tolosa, Alberto Fernández, Pérsico y Nicolás Macchi, presidente de la cooperativa Cotramel (ex Canale). (Fotos Lina Etchesuri).
Mientras llegaban micros y delegaciones de las provincias, y un equipo técnico acomodaba cuatro micrófonos en una mesa sobre el escenario, en las pantallas se estaba proyectando el primer capítulo de Las cosas que hay que hacer para trabajar, la serie audiovisual de ocho capítulos que lavaca produjo y estrenó este año. El capítulo, casualmente, trata sobre el encuentro federal del año pasado, que también contó con la presencia del Presidente, pero en la Cooperativa Aceitera La Matanza.

Durante este gobierno, por primera vez las empresas recuperadas tuvieron un reconocimiento institucional desde el Estado. En diciembre de 2019, Eduardo Vasco Murúa, histórico referente de la metalúrgica IMPA y del movimiento, asumió como director nacional de Políticas de Inclusión Económica, conocida en el sector como la Dirección Nacional de Empresas Recuperadas, donde se lanzó la línea Recuperar, con proyectos de subsidios, créditos y capacitaciones a las empresas, así como el RENACER, un registro nacional que permite un mapeo de las empresas en el país.

Fotos: Lina Etchesuri.
“La construcción de políticas públicas que tuvieron como protagonistas a nuestros compañeros en lugares institucionales, como nunca antes en la historia, también da cuenta de esa inteligencia común”, subrayó Gisela Bustos, abogada del movimiento, miembro de la Cooperativa 19 de Diciembre, y directora en el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES). “En un mundo donde se discute y se sufre la transformación vertiginosa del ámbito del trabajo, venimos a plantear un mojón: defendemos el trabajo y decimos que es posible. No lo planteamos como un panfleto, sino como algo posible y concreto. ¿Qué planteamos a ese futuro y al mundo? Que es posible sostener las fuentes de trabajo desde una mirada social, solidaria y popular, y que tengan a trabajadores y trabajadoras en el centro de la escena”.
Al escenario subieron Alberto Fernández, el Vasco Murúa, la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Victoria Tolosa Paz, y el presidente de la Cooperativa Cotramel, anfitrión de la celebración, Nicolás Macchi. También se sentó, pero sin micrófono, el secretario de Economía Social, Emilio Pérsico. Fue el único que no habló.
Previamente, Macchi había recorrido con el Presidente y la ministra las instalaciones de la fábrica, cuya historia contamos en MU.
La ex Canale y el futuro del trabajo
Cotramel es un predio de seis hectáreas y media, producen hojalatería y litografía, y su ex nombre, Canale, es sinónimo de toda una historia, que pasó a manos de SOCMA (Macri), luego Nabisco y Kraft, en procesos de concentración, extranjerización y desguace de la industria alimentaria. El predio de Llavallol era parte de esa empresa, que colapsó, y sus trabajadores conformaron la cooperativa en 2018 para defender el trabajo, sobreponiéndose al vaciamiento y a las patotas de la UOM. “Alberto, acá se respira lucha: somos resultado de las políticas que van en contra de nuestra clase”, dijo Macchi. “La mayoría de nuestros compañeros tienen más de 20 y 30 años de antigüedad, y todos pasamos por lo mismo: rupturas familiares, llanto, todo. El trabajo dignifica”.

Luego Murúa repasó parte de la historia del movimiento, agradeció a sus compañeras y compañeros, y sostuvo que, ante el cambio de forma en las condiciones del capital, el camino es el de una central sindical que contemple todas las formas de trabajo, asalariadas y cooperativas. Destacó la importancia de generar mecanismos de acceso al crédito para cooperativas y de contemplar una reforma en la seguridad social para que lxs trabajadorxs no deban jubilarse con la mínima por ser monotributistas, luego de perder los años de aportes tras los fraudes patronales.
A su turno, la ministra Tolosa Paz reconoció que “cada empresa que se cae es el desenlace de políticas que no creen en la capacidad productiva” del pueblo, y afirmó que no es sólo tarea del movimiento “poner de pie” cada estructura cooperativa.

A.F: Capitalismo, plata y “planeros”
El cierre estuvo a cargo de Alberto Fernández: “La realidad es que el mundo ha cambiado. Ni siquiera es el que conocimos con Néstor. Tiene un capitalismo muy perverso, más preocupado por lo financiero que por lo productivo”. Destacó que ese proceso motivó el despliegue de la economía popular: “No es una coyuntura, la economía popular vino para quedarse. Es imperioso reconocerla y darle un marco que la contenga”.
Tomó nota de que hoy la fábrica está funcionando al 20% de su capacidad productiva por la dificultad de acceder a los insumos: “Le preguntaba a Nico cuánta plata falta. ¿50 millones de pesos? Cuesta mucho acceder al crédito a las cooperativas. Tiene mucho sentido que le prestemos atención”. Y cerró con una frase que, en minutos, ya estaba en varios portales informativos: “Ahora el 10 de diciembre va a haber otro gobierno. Uno o una de los nuestros va a sucederme, y lo que hay que explicarle a la mayoría es que el problema no está adentro, está enfrente. El problema son los que dicen que la economía popular son planeros que no quieren trabajar”.
Inteligencia común y emociones hechas proyectos
Al cierre del acto, lavaca se acercó a Macchi: “Le conté toda la historia. Uno tiene ganas de contar y ser escuchado. Y que actúen en consecuencia. No sé si van a actuar, pero es importante que estén acá”. Macchi pasó en cinco años de dormir en la calle y enfrentarse a la seccional de la UOM a recibir al Presidente: “El sueño era mantener el trabajo y hoy está más que cumplido. Me gustaría lograr que mi hija no tenga que pasar por lo mismo. Papá ya peleó, ¿por qué tiene que seguir peleando la generación siguiente? Yo le decía al Vasco que somos hijos de ellos, pero en algún momento tiene que llegar el corte. Pusimos el cuerpo, hicimos el desgaste. Hay que institucionalizar esas necesidades que tenemos como sueños a futuro. Afianzar el sector. Y que recuperar una empresa no tenga que ser algo tan doloroso”.
Murúa también estaba emocionado: “Todavía nos quedan seis meses de gestión. La intención de estar con el Presidente era discutir ante los trabajadores lo que estaban exigiendo los trabajadores. Ahora mi labor es convencerlo para que se pueda hacer”.
Sobre el futuro, la inteligencia común, y la recuperación de Argentina, las tres dimensiones de la convocatoria: “Todavía es un desafío. Tenemos que desarrollar plantearnos como un actor importante dentro de la economía popular. Vamos al eje de la discusión política y en contra de todas las intenciones de la clase política que lee los viejos libros, ya sean los capitalistas como los keynesianos. Se acabó. Para esta inteligencia común que tenemos que lograr, necesitamos un aparato estatal que la comprenda. Sin eso, va a ser imposible. Es la tarea que nos toca. Hay que seguir peleando por esos derechos, y la política que deberían dar otros sectores la tenemos que dar nosotros. Y convocar para no perder ese rumbo, para no perder la Nación”.



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