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Agrotóxicos en Exaltación de la Cruz: La exaltación presidencial

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Tres vecinos y vecinas desplegaron una bandera en un acto presidencial que decía: “Basta de cáncer. Paren de fumigar”. Fueron detenidos, golpeados y les iniciaron una causa, que luego se demostró que estaba armada por la policía y la misma fiscalía que no investiga las pulverizaciones ilegales. La respuesta del fiscal a MU, lo que dijo el presidente en el acto, lo que cuentan las personas ilegalmente detenidas, la censura a la prensa, lo que se quiere tapar en Exaltación: una historia increíble, pero real.

Por Francisco Pandolfi.

Agrotóxicos en Exaltación de la Cruz: La exaltación presidencial

“La realidad supera a la ficción”. Oscar Wilde

Miércoles 11 de enero. 11 horas. El presidente de la Nación, Alberto Fernández, junto al ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak; y el intendente de Exaltación de la Cruz, Diego Nanni, inauguran el Hospital Modular de Los Cardales, el primero de esta localidad emplazada en el municipio de Exaltación de la Cruz, a 90 kilómetros al noroeste de la ciudad de Buenos Aires.

Miércoles 11 de enero. 11 horas. A 10 minutos del flamante hospital, un mosquito –máquina terrestre con la que se fumiga–, pulveriza ilegalmente un campo lindante al barrio Larena, de Pilar, y al pueblo de Lemmé, en Exaltación de la Cruz, pese a que en ambos territorios rigen cautelares que prohíben el uso de agrotóxicos.

Miércoles 11 de enero. 11 horas. Anabel Pomar, Jorge Viale y Agustín Brun, tres integrantes de la organización Exaltación Salud que denuncia desde hace 10 años la contaminación en el pueblo, intentan en silencio desplegar una bandera blanca, con letras rojas, negras y verdes que forman un mensaje concreto: “Basta de cáncer. Paren de fumigar”. Lo hacen de frente al escenario, a más de 100 metros de donde hablan los funcionarios, fuera del vallado establecido para el acto, en la vía pública. Al ver la bandera, de no más de dos metros de ancho y uno de largo, efectivos de la custodia presidencial y de la Policía Bonaerense, varios de civil y sin identificación, corren hasta el lugar e intentan arrebatársela.

Anabel Pomar, una de las vecinas que desplegó la bandera, recibe a MU en su casa de Exaltación de la Cruz, a poco más de un mes de haber sido censurados, golpeados, detenidos, trasladados a la comisaría donde permanecieron durante casi cuatro horas e imputados por el delito de resistencia a la autoridad.

La primera pregunta es cómo se está después de aquel atropello. La primera respuesta de Anabel, que además es periodista (habitual colaboradora de esta revista) especializada en temas ambientales: “La situación producto de los agrotóxicos hace bastante difícil vivir acá; es asfixiante, y no solo desde la amenaza porque realmente nos están matando, sino que además debemos seguir insistiendo ante poderes del Estado absolutamente cómplices”.

Hace una pausa ínfima, piensa y sigue: “Ante esta censura me pregunto: ¿cómo cambiamos esto? ¿Hasta dónde quieren llegar si ni siquiera podemos desplegar una bandera de forma pacífica?

Entonces, ante la pregunta de cómo estoy, respondo: absolutamente indignada. La tristeza subyace desde siempre por toda esta situación, desesperante y triste. Pero las detenciones arbitrarias, la censura, las imputaciones y la causa armada son el colmo”.

La convivencia anti-democrática

“La diferencia entre la ficción y la realidad es que la ficción debe ser creíble”. Mark Twain

Los efectivos intentan arrebatarles la bandera. Ante el forcejeo, comienzan a protestar. Recuerda Anabel: “Los gritos que el presidente escucha son por el accionar de la seguridad: si no hubieran querido sacarnos la bandera, no se hubiera enterado casi nadie. Ante nuestros gritos, la gente empieza a darse vuelta y es el propio intendente Diego Nanni, con micrófono abierto, quien le dice al presidente ‘son los que se quejan de los agrotóxicos’”.

El presidente toma la palabra: “Escuchaba recién al compañero quejarse por el uso de agroquímicos, y está bien. Son temas que se debaten en el mundo, pero no es necesario hacerlo de ese modo. Una de las cosas que tenemos que aprender es a hablarnos en voz baja, plantear nuestras diferencias en voz normal, sin necesidad de maltratarnos. Ya demasiado nos maltratamos como país. Recuperemos la convivencia democrática”.

Anabel analiza la respuesta del primer mandatario: “El presidente piensa que lo estamos insultando cuando eso no sucedió: el reclamo era pacífico y en silencio, justamente para evitar que nos acusaran de ir contra la investidura presidencial… Nuestros gritos se dan al ser censurados y luego reprimidos, primero al querer arrancarnos la bandera y al instante, cuando al compañero que estaba filmando (Agustín Brun) le pegaron y le quisieron sacar el celular”. Plantea una suposición: “En el caso de que sí hubiéramos ido determinados a gritar ‘Basta de agrotóxicos’, ¿habría sido eso un maltrato?”. La doble vara: “Es claro que al presidente no le parece criminal que se utilicen plaguicidas altamente peligrosos”.

Tras los primeros golpes, los integrantes de Exaltación Salud decidieron retirarse del lugar: “Nos fuimos caminando más de 100 metros, seguidos por policías de civil. Todo parecía que se había calmado cuando de repente aparecieron más patrulleros con la orden de detenernos. Primero eran cinco, seis, y terminaron siendo más de quince efectivos. De la Bonaerense nos dicen que la detención fue por orden de Presidencia. Cuando le preguntamos el porqué, nos dijeron que después sabríamos los motivos. Todo fue totalmente ilegal, los policías sin identificarse y sin decirnos la causa de la detención”.

Le cambia la cara, se pone más seria aún. Recuerda: “Estamos en democracia, intentamos manifestarnos pacíficamente. Las horas detenidas en la subcomisaría de Los Cardales fueron horribles; todo rayaba lo absurdo, pero era real”.

Agrotóxicos en Exaltación de la Cruz: La exaltación presidencial
Las personas detenidas volvieron a desplegar la bandera apenas salieron de la comisaría.

La prensa censurada

“En el mundo real nos ocurren cosas que se parecen a la ficción. Y si la ficción resulta real, entonces quizá debamos reconsiderar nuestra definición de realidad…”. Paul Auster

Pese a que eran tres los manifestantes de Exaltación Salud, los detenidos fueron cuatro: Sebastián Vargas tiene 21 años recién cumplidos, estudia el profesorado de Educación Física y desde hace 8 es operador en FM Los Cardales, medio en el que también realiza coberturas periodísticas. El 11 de enero fue a acompañar a su mamá, la directora de la radio, para fotografiar y registrar los testimonios de los funcionarios. “Fue el único periodista que en vez de seguir viendo el acto, fue a ver a dónde nos llevaban. Fue el único testigo de las detenciones ilegales y se lo llevaron detenido”, describe Anabel.

Desde su casa en Los Cardales, Sebastián le cuenta su versión a MU: “Cuando empieza a hablar el presidente, en silencio abren la bandera. Entonces me acerco, iba a sacar un par de fotos y volver, hasta que de repente intentan quitarles la bandera. Escucho a un chico: ‘Ayuda, me están pegando’. Vuelvo al sector de prensa, le aviso a mi mamá y regreso. Los integrantes de Exaltación Salud se estaban yendo sin problemas, hasta que de un segundo a otro los detienen.

“Cuando empiezo a filmar, se acerca una persona por detrás, me agarra del hombro y me dice que me vaya. Le digo que estaba trabajando y me quita el celular. Me agarra del cuello y me asfixia con una llave. Luego me subieron al patrullero”.

Sebastián Vargas, 21 años, periodista que cubría el evento y las detenciones.

En los forcejeos me rompieron la remera y me dejaron moretones en los brazos y las piernas. Recién en la comisaría, después de cuatro horas, nos contestaron por qué estábamos ahí”.

¿Qué pensaste al leer la imputación?
El acta estaba llena de incoherencias: se menciona como si se hubiera puesto en peligro la seguridad del presidente, así como que yo le di un golpe en la cara al policía que me roba el celular. Repasando los videos, está registrado que se ponen violento conmigo a partir de que les digo que era un trabajador de prensa.
¿Qué te llamó más la atención de lo que pasaron?
Que los medios locales se llamaron completamente a silencio con lo que ocurrió; la noticia trascendió más afuera que adentro del pueblo.

Agrotóxicos en Exaltación de la Cruz: La exaltación presidencial

El fiscal (des)Esperante

“Es extraño, pero es verdad; porque la verdad es siempre cosa extraña; más extraña que una ficción”. Lord Byron

El acta policial recayó en la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio descentralizada en Capilla del Señor, Exaltación de la Cruz, a cargo del fiscal Juan Manuel Esperante, de licencia esa tarde. La Fiscalía, en menos de cuatro horas, decidió, sin instrucción, la imputación de las cuatro personas, basándose únicamente en la versión de la Policía.

El abogado Fabián Maggi detalla: “Se percibe el armado de una causa, la incorporación de datos falsos en la instrucción policial; abuso de autoridad y lesiones. Los policías incorporaron testigos falsos que declararon utilizando las mismas palabras, que evidencian que quien habla es un funcionario policial, no el testigo. Esto no lo decimos solo nosotros sino el juez Grassi, que solicitó el inicio de una nueva causa para investigar a los funcionarios. Es un hecho de extrema gravedad, que no parece ser la decisión espontánea de un solo comisario, sino de órdenes superiores barajadas de entrada”.

¿Cómo analiza el desempeño de la Fiscalía?
La violencia institucional no fue solo de la Policía, sino que enmarca otras conductas, como la actuación del Ministerio Público Fiscal. Hace años denunciamos delitos graves por aplicar venenos en zonas habitadas. Y el fiscal Esperante no asumió ninguna conducta clara de tutela por parte del Estado sobre los vecinos afectados; demoró y cajoneó las causas durante años. En este caso, ante un llamado telefónico, en unas horas su fiscalía imputa a los manifestantes, en un obrar imprudente y negligente. No puede tomar la versión policial como única, sin analizar ni entrevistar a los imputados, e iniciarles una causa.
En mayo de 2021 presentaron una denuncia penal contra el fiscal Juan Manuel Esperante para que se investigue la posible comisión de delito de incumplimiento de deberes de funcionario público.
Sí, y por eso la Fiscalía se debía haber excusado de recibir la imputación policial. Esperante no investigó las fumigaciones en Exaltación de la Cruz por lo menos en siete causas, lo que forzó a las víctimas a tener que denunciarlo penal y administrativamente ante el Procurador General de la Provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand, denuncia sobre la cual aún no tenemos noticia. Nosotros no queremos papeles, sino medidas que cesen el delito y condenen a los responsables. Nunca investigó adecuadamente, ni imputó a ningún productor, ni llamó a indagatoria pese a las pruebas contundentes que había. No tomó medidas que deben realizarse en días, algunas incluso de inmediato, como allanamientos ni bien suceden las pulverizaciones. El accionar de Esperante no es exclusivo, casi el 100% de los fiscales de la provincia de Buenos Aires no hacen bien su tarea. La violencia institucional está instalada y el concepto abarca desde maltratos y malas respuestas en una fiscalía, hasta la inacción y el silencio.

HABLA EL FISCAL

“Los políticos deberían leer ciencia ficción, no westerns o historias de detectives”. Arthur Clarke

De no ser por el cartel pegado en la puerta, que informa que allí dentro funciona la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 6 descentralizada de Exaltación de la Cruz, correspondiente al Departamento Judicial de Zárate-Campana, sería difícil adivinar que esa fachada vieja, despintada, con los ladrillos a la vista sin revocar, es el frente de una fiscalía. Tres grafitis pintados con aerosol rojo, sobre la acera, sirven de indicio de lo que funciona detrás de esas paredes, en la calle Alem 447, de Capilla del Señor: “Esperante cómplice del agronegocio”, “Cumplí la cautelar”, “Basta de criminalizar a los que luchan”.

En un miércoles caluroso de febrero, Juan Manuel Esperante, 40 años, abogado, fiscal, acepta el encuentro con MU. No cerrará la puerta de su despacho y pedirá no grabar la conversación, pese a la insistencia de este cronista en pos de evitar cualquier controversia a futuro. No acepta. “Hoy en la Fiscalía somos solo cuatro personas trabajando y tenemos una competencia amplia, desde un homicidio hasta una estafa. Estoy de turno 320 días al año, en los que debo estar disponible para intervenir. Hago instrucción y juicio, tengo multiplicidad de tareas”, arranca.

Sin embargo, el fiscal Esperante no se encontraba a cargo de su fiscalía justo el día de la visita presidencial.

Sobre este contexto de trabajo de los fiscales, una fuente judicial del Departamento Zárate-Campana, que pide reserva de su nombre “para no sufrir consecuencias”, revela: “Los fiscales de este Departamento son veinte y en funciones hay solo nueve. En 2023 se jubilan dos y pueden quedar siete. Nadie tiene en cuenta esta realidad”. Y traza un paralelismo. “En la provincia de Buenos Aires, en 2007 había 45 mil policías; hoy hay más de 70 mil. En ese entonces, había cerca de 500 mil causas; hoy hay un millón. Sin embargo, somos la misma cantidad de fiscales o menos”. Sintetiza: “Imaginate cómo funciona un sistema si el primer eslabón está a punto de colapsar; hay muchos fiscales con licencia psiquiátrica”.

El 11 de enero pasado, la Policía Bonaerense de la subestación comunal de Los Cardales confeccionó un acta que fue avalada por la Fiscalía, con la imputación a los tres integrantes de Exaltación Salud y al periodista de FM Los Cardales. Esperante se exculpa: “Ese día no estuve de turno, fue uno de los pocos en el año en que estaba de licencia, así que yo no intervine, no los dejé presos”.

Sí la fiscalía de la que usted está a cargo.
La fiscal Andrea Palacios, que me subroga, toma la decisión. A Andrea le comunican el hecho y toma medidas estándar de rigor en un delito menor como este.
¿Por qué se los imputa sin ni siquiera haberles tomado declaración y solo basándose en la versión policial?
Mirá, yo acabo de archivar la causa el viernes 10 de febrero pasado, que no quiere decir que sea falso lo que dice la Policía, pero no encontré elementos para probar el cargo de resistencia a la autoridad.
¿Qué significa concretamente que archivó la causa?
Que ya está, no va a pasar más nada. Como sucede muchas veces en el Poder Judicial, no solo en Argentina, sino universalmente, se generan papeles que no llegan a nada. No sé si hubo resistencia a la autoridad, pero no puedo probarlo.
El juez Julio Grassi advirtió inconsistencias en lo determinado por la Policía y en su fiscalía, y pidió que se investigue una presunta comisión de delitos. ¿Qué opina?
Yo no encontré elementos para probar delitos de resistencia a la autoridad, y es de lo único que puedo hablar.
El periodista detenido declara que le pegaron, le sacaron el celular para que no siga grabando, que mintieron en el acta; los miembros de Exaltación Salud, a su vez, que estaban haciendo una manifestación pacífica y que fueron golpeados y censurados. ¿Qué cree del procedimiento de la Policía?
No veo irregularidades en el accionar policial, no me parece fuera de lo normal que los lleven a la comisaría si se está incurriendo en disturbios.
¿Cómo considera el accionar ante el periodista y la libertad de ejercer su trabajo?
Eso corresponde a la nueva causa que se abrió por pedido del juez Grassi, no puedo opinar.
¿Es legal que policías de civil, sin identificación, se lleven detenidas a personas sin informarles el motivo?
La UFI 1 investigará su desempeño; no me corresponde opinar.
Hoy en día, ¿su fiscalía lleva adelante investigaciones por el uso de agrotóxicos?
No, las causas que tenía ahora están en Zárate.
En 2021 fue denunciado por mal desempeño de funcionario público, por no investigar causas relacionadas a las pulverizaciones ilegales.
Jamás tuve un sumario ni una causa penal y es fácil tenerlos porque es imposible conformar a las dos partes. No soy un fiscal cuestionado. No me es indiferente que se fumigue en el pueblo, pero no depende de mí. No soy yo quien debe determinar si el agroquímico debe estar prohibido ni puedo opinar sobre eso.

En la denuncia ante la Procuración General se enumera la inacción en tres causas y se señala que existen otras más “relacionadas con daño ambiental y fumigaciones ilegales”. Esperante se defiende: “En una de esas causas, por ejemplo, argumento que no hay delito porque no se encontraba en vigencia la medida cautelar que hoy rige de 1.000 metros de distancia a viviendas y escuelas. Hasta ese momento la ordenanza vigente solo ordenaba 150 metros el límite para el uso de agrotóxicos”.
Esto no coincide con los tiempos, porque la denuncia es de octubre de 2019, y la cautelar de los mil metros ya regía desde septiembre.
Es difícil probar una pulverización, no por el operador judicial, sino porque debe estar la muestra.
Eso justamente denuncian desde Exaltación Salud, que hay pruebas que, por no haberlas buscado con celeridad, se perdieron.
Hay que ver cada causa, había medidas pendientes pero pidieron que se me apartara, desconozco el porqué.
Por mal desempeño de funcionario público.
No entiendo por qué el encono, no conozco a las partes.
Denuncian la falta de celeridad, no haber llamado a declarar a nadie en ninguna causa, no haber ordenado pruebas relevantes…
Eso le corresponde a la policía ecológica.
¿Pero usted como fiscal no tiene la facultad de ordenar las pruebas necesarias?
Sí, pero hay que ver cada causa; quizás alguna prueba no se tomó, pero no es que no haya habido celeridad, lleva tiempo.
Denuncian que tuvo causas en su poder hasta dos años y no llamó nunca a indagatoria ni ninguna estuvo cerca de llegar a juicio.
No tuve muchas causas.
Pero en las que tuvo, ¿por qué no hubo avances?
Hay que analizar muchas cosas de cada causa. En el tiempo que tuve las causas, en ninguna había elementos para llamar a indagatoria, sino lo hubiese hecho.
Otra de las causas por la que se lo denuncia refiere a la familia Garri, quienes denunciaron fumigaciones ilegales. Al matrimonio se le detectó glifosato en sangre y su hija menor sufre de alopecia universal (se sospecha su relación a la convivencia con agroquímicos en el ambiente). Sin embargo, tampoco llamó a nadie a declarar.
No había pruebas concretas que acreditaran que las enfermedades eran por agrotóxicos. Si hubiese habido alguien para llamar, lo habría hecho.
Se están por cumplir cuatro años de una recordada fumigación desde una avioneta, que se hizo viral a nivel nacional por haber sido sobre la escuela rural de Parada de Robles, que generó la prohibición de las pulverizaciones aéreas y la ampliación de las distancias en las terrestres. En ese caso, tampoco usted imputó a nadie. ¿Cómo lo explica?
Hay que ver cómo probar cada hecho. Quizá no existió.
¿Cómo ‘quizá no existió ’? El video fue público.
Si hubiese tenido a alguien, lo hubiese llamado.
En su desempeño, ¿se siente presionado por el agronegocio?
No.


Al cierre de esta edición ni el abogado ni las personas imputadas fueron notificados de haberse archivado la causa ni de ninguna noticia.

LO DEMENCIAL

“He llegado a la conclusión de que la realidad mata y la ficción salva”. Javier Cercas.

12 de enero. A quince minutos del Hospital Modular, un día después de su inauguración, se pulveriza ilegalmente y se viola la cautelar otorgada a un apicultor, quien ya había denunciado en noviembre pasado otra fumigación. No hay detenidos.

14 de enero. A 5 kilómetros del Hospital Modular, pulverizan de madrugada un campo cercano al country las Vizcachas. Se viola la zona de exclusión y la cautelar. No hay detenidos.

23 de enero. A media hora del Hospital Modular, vecinas y vecinos frenan un “mosquito” que estaba pulverizando a 800 metros de la escuela de La Lata, en Capilla del Señor. No hay detenidos.

Breve contexto de estas postales: en 2019, un relevamiento vecinal en los barrios San José y Esperanza del municipio detectó 50 casos de cáncer en 30 manzanas. ¿Qué ocurrió tras esa encuesta? Responde Anabel Pomar: “La intendencia no hizo nada y el Concejo Deliberante votó en contra de permitir en esos territorios la realización de un campamento epidemiológico socioambiental, con profesionales de la salud. La propia comunidad hizo estudios: medimos agua y suelo y encontramos agrotóxicos en agua y en suelo; seguimos contando enfermos y enterándonos de gente que muere de cáncer, o de una epidemia de diabetes o que sufre problemas de tiroides, respiratorios, de asma (ver MU 165: La mancha venenosa). Son vox populi en el pueblo las cadenas de oración y la juntada de plata, mediante rifas y polladas, para pagar tratamientos de cáncer de familiares”.

Anabel analiza el panorama hacia adelante: “Hoy las proyecciones de lo que piensan cultivar van de la mano con este modelo; lo mismo la aprobación del trigo transgénico, el HB4. Y lo más reciente: la designación de Antonio Aracre, ‘ex’ –ponelo entre comillas– CEO de Syngenta, como jefe de Asesores de Alberto Fernández. Los gobiernos reciben constantes presiones de las corporaciones, y ahora la corporación está en el gobierno. Que además no es cualquier corporación, sino la mayor de agrotóxicos y transgénicos en el mundo y una de las principales responsables del envenenamiento en Argentina. Que Aracre esté ahí es solo una mala noticia: quien es causante de los problemas no puede ser parte de la solución”.

Anabel Pomar, 49 años, mamá de dos hijos –de 18 y 15 años–, desde 2017 conforma Exaltación Salud. En septiembre de 2021 falleció su compañero. De cáncer. “Con lo que pasó el 11 de enero, con lo que nos pasa todos los días, buscan rompernos el espíritu, las ganas, pero no es lo que lograron ni van a lograr. El otro día pensaba, ¿me querés arrancar una bandera? ¿Me querés imputar? ¿Creés que me importa? A mí me arrancaron a mi marido, ¿se entiende? Pero no necesito que me haya pasado para denunciarlo, porque investigo temas ambientales desde hace mucho tiempo. Puedo contar lo que pasa porque lo conozco, lo estudio y lo vivo, y no es una opción callarme. Los relatos de las enfermedades y muertes son similares y esto habla de la magnitud del crimen ambiental. Mi historia no es original, las historias se repiten: les cambiás las personas, y es lo mismo”.

La censura por intentar mostrar un mensaje no debe correr del foco central al mensaje en sí: “Paren de fumigar, basta de cáncer”.

“Los cuentos de hadas superan la realidad no porque nos digan que los dragones existen, sino porque nos dicen que pueden ser vencidos”. Gilbert Chesterton

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Detenciones injustificadas, golpes, humillaciones y persecución: la grave denuncia de las personas detenidas en la cacería de la Ley Bases

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Detenciones ilegales y acusaciones falsas. Patadas, palazos y balas de goma. Mujeres esposadas 15 horas en camionetas y pasillos, humilladas al ser desnudadas en celdas abiertas. Carceleros que tiran gas pimienta a los varones estando presos. Estas son algunas de las denuncias que exdetenidxs en la Ley Bases comunicaron en conferencia de prensa en el Serpaj, donde pidieron por la liberación de las cuatro personas detenidas, el rechazo a las apelaciones del fiscal federal Carlos Stornelli y el pedido de cierre de todas las causas. Además convocaron para este viernes una concentración con un festival en Plaza de Mayo, a un mes de la cacería, de 15 a 19.30 horas. Cómo viven hoy quienes estuvieron presos y qué dicen los abogados: “No hay elementos jurídicos para sostener esta barbaridad”. Y la voz de Emilia, pareja de Daniela, detenida: “Luchar no es un delito y estar organizados, tampoco”. 

Por Lucas Pedulla

Gabriel Famulari tiene 41 años y está sin documentos. Saca de su bolsillo el papel que le dieron en los tribunales federales de Comodoro Py para su reemplazo: una hoja A4 doblada en cuatro partes que dice “Acta de excarcelación”. Hace casi un mes fue detenido en la cacería que el Gobierno desplegó con cinco fuerzas de seguridad distintas durante las protestas de la Ley Bases, y fue liberado por falta de mérito -es decir, por falta de pruebas- cinco días después por decisión de la jueza María Servini. Sin embargo, es una de las siete personas a quien el fiscal federal Carlos Stornelli apeló la excarcelación. No se enteró por su abogado -un letrado de la Defensoría oficial- sino por un mensaje de WhatsApp. 

“Stornelli apeló mi libertad”, dice Gabriel a lavaca una vez concluida la conferencia que la Coordinadora Por La Libertad de lxs Presxs de la Ley Bases convocó en el Servicio Paz y Justicia (SERPAJ), para exigir la liberación de las cuatro personas que siguen detenidas: Daniela Calarco Arredondo, David Sica, Cristian Valiente y Roberto de la Cruz Gómez. Piensa Gabriel sobre esa apelación, que pesa sobre otras seis personas exdetenidas: “Somos nosotros como podría ser cualquiera, pero puntualmente somos gente que no está enrolada en organizaciones. Así hay más saña y por ahí piensan que, quizá, no tengas gente que salga a defenderte”.

Cuenta que, cuando lo llevaron al penal, en uno de los “interrogatorios ilegales” le preguntaron si estaba en alguna “orga”, de dónde era, en qué partido militaba. “Me rodearon un montón. Ese maltrato fue sistemático, porque te preguntaban siempre que podían. Y les dije: ‘Sabés que soy un perejil, porque si militara en algún lado ahora habría 500 personas afuera’”. Gabriel no milita en ninguna organización o partido, y el 12 de junio había ido tarde porque sabía que la ley se votaría de madrugada. “No estuve ni cuando tiraron los piedrazos. Sólo filmé una persona que estaban deteniendo en situación de calle. De hecho me subo a la vereda, tal como ordenaron los policías que estaban por la zona, y cuando me doy vuelta, sobre Callao, a media cuadra del Molino, escucho que dicen ‘ahora, ahora’, y me agarran por la espalda”. 

Desde entonces no recuperó su DNI. En el penal le dijeron que estaba en la comisaría 28 y en la comisaría 28 le dijeron que estaba en el penal. “En la 28 protesté y, a los 10 minutos, vino alguien que me dio mi tarjeta de débito y mi SUBE, que estaba todo junto en la billetera junto con el documento. Ya no sé qué pensar”, dice, y es tan sólo una de las historias cuyas vidas cambiaron para siempre hace un mes, tras 33 detenciones al voleo.

Cuatro de ellas todavía siguen detenidas. 

Detenciones injustificadas, golpes, humillaciones y persecución: la grave denuncia de las personas detenidas en la cacería de la Ley Bases
El flyer de convocatoria para el festival del viernes.

La barbaridad jurídica

La última persona liberada fue Facundo Gómez, el vendedor de cafés de Plaza Serrano (Palermo), a quien detuvieron mientras estaba hablando con su mamá. La noticia se conoció el jueves pasado, minutos antes de que comenzara la ronda de las Madres de Plaza de Mayo, que fue masiva. Al mismo tiempo las partes se notificaron de los rechazos de las otras cuatro excarcelaciones. La decisión la tomó la Cámara de Apelaciones con los votos en contra de Martín Irurzun y Eduardo Farah. “Los votos tienen nulo fundamento técnico-jurídico”, dice a lavaca Daniel Vázquez, abogado de Daniela. “El fallo dice, en líneas generales, que tanto ella como los que quedan presos podrían entorpecer la investigación estando libres. Planteamos que es una barbaridad. Los detenidos están en un penal, la totalidad de la prueba instrumental y documental son de cámaras del Gobierno de la Ciudad y medios masivos. No hay ningún elemento de prueba que pueda ser entorpecido por los detenidos”. El único juez que votó a favor fue Roberto José Boico.

Las partes tienen 10 días para apelar ante la Cámara de Casación Federal. “No hay elementos jurídicos para sostener esta barbaridad -sostiene Vázquez-. Es la expresión de un gobierno ultraderechista con prácticas violatorias de la Constitución y los tratados internacionales. Lo estamos afrontando en las calles y, jurídicamente, en los tribunales”. El abogado también defiende a Sofía Ottogali, la primera de las liberadas, otra de las apeladas por Stornelli. “La fiscalía no fundamentó absolutamente nada. No hubo ningún planteo nuevo, ni siquiera un adorno”. Todos los abogados ya presentaron los memoriales por sus represantados y representadas, que fueron elevados a la Cámara. “Podría y tendría que resolver hoy, pero tiene la potestad de tomarse cinco días”, dice Claudia Leaños, abogada de Sasha Lyardet, la joven estudiante de la UNSAM, otra de las apeladas. 

Estos atropellos fueron presentados por familiares y exdetenidxs en el Serpaj, acompañados por organismos, legisladores y diputados de la izquierda y del peronismo. Otra de las que habló fue Emilia, pareja de Daniela y compañera en el MTR-Votemos Luchar (Movimiento Teresa Rodríguez): “Tuvimos la posibilidad de verla, y a pesar del contexto de mierda, la compañera está fuerte, entera, pero lo que principalmente la sostiene es que está organizada. Luchar no es un delito y estar organizados, tampoco”. 

A Daniela la acusan de quemar bicicletas del gobierno de la Ciudad, aunque Emilia explicó a lavaca que esta acusación es falsa y dio su versión de los hechos. David Sica está en situación de calle, y lo acusan de pegarle a una policía, cargos que él negó. Roberto de la Cruz Gómez es empleado de una panadería, lo acusan de tirar piedras, delito que también negó. El último es Cristian Valiente, trabajador de una verdulería, a quien denunciaron por tener una granada de mano, pero en realidad era un aerosol químico de los que usan las fuerzas para gasear manifestantes. Su hermano Jonathan dijo a lavaca: “Lo acusan de terrorista pero carrea cajones de frutas y verduras 12 horas al día. Es una locura”.

Las familias convocaron a una concentración con festival este viernes 12 de julio, a cumplirse un mes de las detenciones, en Plaza de Mayo. La cita es a las 15 horas y se extenderá hasta las 19.30. Habrá música en vivo con Sudor Marika, Paula Maffia, El príncipe idiota, La piba berreta, Saga.hfk, Flopa Lestani, Julio y Agosto (banda de Santiago Adano, uno de los exdetenidos) y La perra que los parió.

Compartimos el comunicado redactado por exdetenidxs y familiares, leído este miércoles en el Serpaj. 

Somos un grupo de liberadxs de los 33 detenidxs el 12 de junio en la movilización en contra de la votación de la Ley Bases.

Nos detuvieron ilegalmente, mediante acusaciones falsas y violencia brutal de la policía, con patadas, palazos y balas de goma en algunos casos. Nos llevaron a distintas comisarías y alcaldías sin decir en ningún momento cuál era la causa de detención, sin poder hablar con un abogado/a, sin poder usar los celulares, sin ver a ningún familiar, mucho menos a un médico. Desoyendo pedidos de Habeas Corpus, vulnerando nuestros derechos más básicos.

Las mujeres estuvieron/estuvimos 15 horas en una camioneta y pasaron/pasamos la noche ahí esposadas, para luego pasar el segundo día en el pasillo de una comisaría sin agua y donde la policía no les/nos dio ni un plato de comida. Cuando la causa pasó a fuero federal, las/nos trasladaron a la Unidad 29 en el edificio de Comodoro Py, las/nos desnudaron una por una en una celda a puertas abiertas donde había tránsito de gente, en lo que fue una situación de humillación más para ellas/nosotras. Las que no fueron/fuimos excarceladas el viernes 14, terminamos en el Complejo Penitenciario de Mujeres de Ezeiza.

Los varones fuimos/fueron a tres cárceles de máxima seguridad: Devoto, Ezeiza y Marcos Paz. Algunos fueron puestos contra una pared y les tiraron gas pimienta en la cara. Convivimos con ratas, cables de electricidad sueltos en habitaciones inundadas habiendo riesgo de quedar electrocutados.

Cabe destacar que en todo momento, tanto en las comisarias como en los penales, se nos preguntaba insistentemente si formábamos parte de alguna agrupación política, que habíamos hecho o si tirábamos piedras, lo que constituye interrogatorios extrajudiciales que las fuerzas de seguridad tienen prohibido por ley hacer.

Queremos remarcar la situación de ilegalidad de todas las detenciones y el contexto de violencia institucional por el que pasamos porque creemos que tiene que ver directamente con una estrategia política de este gobierno, que no somos lxs primerxs ni vamos a ser lxs últimos, pero nos preocupa ver como la criminalizacion de la protesta está en escalada. Y al mismo tiempo que aumenta la represión, nos entristece ver como vacían los espacios de memoria y de DDHH tan necesarios para nuestra historia y el fortalecimiento de la democracia.

2)

Desde que nos detuvieron sufrimos incontables delitos llevados a cabo por las fuerzas policiales y el personal del Servicio Penitenciario Federal pero ello no es nada comparado con el sentimiento indefensión que genera las irregularidades procesales de la causa por que:

No son peores las lesiones y amenazas, que los procesamientos que aún sufren David Sica, Cristian Valiente, Daniela Arredondo y Roberto De la Cruz Gomez, que siguen detenides después de casi un mes, y Facundo Gómez, excarcelado el pasado jueves.

No es peor ver las actas de detención ser llenadas horas después de las mismas y firmadas por el propio personal policial en lugar de ser firmadas por testigos, que las apelaciones de Fiscalía de las faltas de mérito de 7 personas de las que no hay ni una sola prueba.

No son peores los apremios ilegales, que la confirmación por parte de la sala del rechazo de las excarcelaciones de nuestros 4 compañeres. Todo este despliegue ilegal y antijurídico tiene un solo fin: amedrentarnos, hacernos creer que pueden hacer con nosotrxs lo que quieren.

Hoy en día toda esta estigmatización por parte del poder, desde que nos llamen terroristas que queríamos hacer un golpe de Estado hasta la privación de la libertad que aún continua en 4 casos, nos ha dejado secuelas. Muchxs de nosotrxs sufrimos persecución policial, política, laboral y mediática. Nos han amenazado y hostigado por redes sociales. Nos ha parado la policía para verdugearnos y hacernos requisa solo por mostrar el dni. Muchxs estamos con estrés post traumático que nos impide hacer nuestra vida normal, por lo que les pedimos que nos sigan acompañando hasta que se cierre este armado judicial.

Creemos que somos un ejemplo para mostrarle al pueblo que seas quien seas, hagas lo que hagas, si vas a protestar contra las políticas de hambre de este gobierno, sos un terrorista que puede terminar en un penal de máxima seguridad sin siquiera estar procesado. Tenemos claro que no fue contra nosotres, sino contra todes los que quieren seguir viviendo en libertad y democracia.

3)

Por último, queremos agradecer la solidaridad de las redes humanas tejidas por distintas personas y organizaciones de todo el arco político, que se nuclearon en la Coordinadora por la libertad de los presxs de la Ley Bases. Aprovechamos para que se amplíe la convocatoria y se sumen más organizaciones porque entendemos, ahora más que nunca, que la unión hace la fuerza.

Vamos a seguir con solidaridad, amor, lucha y trabajo, mucho trabajo, teniendo el objetivo principal de la Liberación de Cristián, David, Roberto y Daniela y el sobreseimiento de lxs 33 imputadxs.

Como dijo nuestro compañero Facundo: nuestras convicciones están intactas y seguimos defendiendo el derecho a la protesta y luchando por nuestro lugar en las calles.

Para ello, queremos invitarlos el próximo viernes 12 de julio, a un mes de las detenciones, a concentrarnos en Plaza de Mayo a partir de las 15 y compartir el Festival Solidario #Faltan 4, organizado por la Coordinadora por la libertad de los presxs de la Ley Bases.

¡Libertad a todos lxs presxs politicxs!

¡Cierre de todas las causas !

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Télam: tras 130 días de acampe y lucha, los trabajadores vuelven a la agencia

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Con poquito aportás muchísimo ¡Sumate!

420 trabajadoras y trabajadores (de 700 al inicio del conflicto; alrededor de 300 tomaron retiros voluntarios) volverán a trabajar en una agencia dividida: el gobierno reconvirtió a Télam Sociedad del Estado en APE S.A.U., específicamente para el tema de la pauta oficial; y creó RTA Noticias bajo el paraguas de Radio y Televisión Argentina. “Claro que no es la empresa que queríamos, que no estamos de acuerdo con la división, pero volvemos a trabajar y eso se logró por la lucha colectiva y organizada”, dice a lavaca una de las delegadas del sindicato SiPreBA, que repasa la situación. El desgaste, las presiones, las y los compañeros que no están; la histórica agencia, que tampoco. Lo que se logró con la lucha: reconocimiento de antigüedad, del estatuto del periodista profesional, de los convenios colectivos y de la representación sindical. Y volver a trabajar. Lo que falta, y lo que empieza a partir de hoy.

Por Francisco Pandolfi

“Si se calla el periodismo, también se calla la vida”.

Esa inscripción pintada en un corazón de madera estuvo colgada durante cuatro meses en una de las carpas montadas en la puerta de la Agencia de Noticias Télam. Un medio público fundado el 14 de abril de 1945, que en sus 79 años intentó ser cerrado, privatizado y vaciado por gobiernos variopintos: peronistas, radicales, macristas y militares. Una agencia que se encargaba de dos actividades: por un lado la pata publicitaria, que distribuía la pauta oficial; por el otro la pata informativa, a través de una agencia de noticias federal con un alcance de punta a punta del país.

En la apertura de sesiones legislativas, el viernes 1º de marzo pasado, el presidente Javier Milei anunció por cadena nacional la promesa de “cerrar la agencia Télam”. Y cumplió, en un pestañear: el lunes 4, las dos sedes porteñas amanecieron valladas. Los trabajadores desde entonces no pudieron entrar a sus edificios y fueron “dispensados” de cumplir tareas.

Télam: tras 130 días de acampe y lucha, los trabajadores vuelven a la agencia
La postal del conflicto: la sede de Bolívar, vallada por la Policía. Al lado, los trabajadores montaron uno de los acampes. Foto: somostelam

Un paso importantísimo

La resistencia estuvo a la altura de los acontecimientos: ese mismo día, las y los trabajadores junto al Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), instalaron dos carpas en las puertas de los edificios de las calles Bolívar 531 y avenida Belgrano 347. La lucha colectiva se mantuvo, indeclinable. E instó a que cuatro meses después, el 1 de julio, el gobierno decretara la reconversión de Télam en APE S.A.U. (la Agencia de Publicidad Estatal Sociedad Anónima Unipersonal), que se encargará del eje publicitario. Las funciones periodísticas continuarán dentro de Radio y Televisión Argentina (RTA), en una agencia de noticias pública. Anteayer se sacaron las vallas y se levantó el acampe. El corazón de madera fue descolgado, cuidadosamente. 

Hoy, 130 días después, los trabajadores de Télam vuelven a trabajar.

Un empleado de la agencia desde hace más de 15 años cuenta que el lunes, ni bien quitaron el vallado, entró al baño del edificio de Bolívar y se le “explotaron los ojos de tanto llorar”. Dice que prefiere no dar su nombre hasta firmar el nuevo contrato. 

Andrea Delfino es una de las delegadas de Télam e integrante del SiPreBA. Le cuenta a lavaca que hace 34 años trabaja en la agencia, que es periodista en la sección economía. Ella fue una de las que anteayer ya firmó el nuevo contrato que la une a RTA Noticias. Detalla la situación: “Con la vigencia del DNU 70/2023, el gobierno reconvirtió a Télam Sociedad del Estado en APE S.A.U., que va a funcionar en el edificio de la calle Bolívar específicamente para el tema de la pauta oficial. Allí irán un centenar de compañeros, que ya trabajan en ese rubro. Cambia el nombre de la empresa, pero las condiciones laborales no se modifican”. 

Sobre el eje informativo, explica: “Todos los demás, o sea periodistas, camarógrafos, reporteros gráficos, infografistas, empleados de administración, recursos humanos, comercialización, pasamos a formar parte de RTA Noticias, una nueva unidad de negocio que funcionará bajo el paraguas de Radio y Televisión Argentina, igual que Radio Nacional y la Televisión Pública. Nosotros trabajaremos en el edificio de Belgrano”. Al margen de los datos, abre el corazón: “Estamos dando un paso muy importante al volver a trabajar. Muy importante –remarca Andrea, con la u del “muy” extendiéndose en el aire por un par de segundos–. Claro que no es la empresa que queríamos, que no estamos de acuerdo con la división, pero volvemos a trabajar y eso se logró por la lucha colectiva y organizada”. 

Radiografía de un vaciamiento

Como la relación de dependencia es con una nueva empresa, el lunes pasado se inició la firma de contratos, que continuará hoy y los próximos días. “Las condiciones son las mismas que teníamos hasta el 3 de marzo: se nos reconoce la antigüedad, el estatuto del periodista profesional, los convenios colectivos y la representación sindical de la Comisión Interna del SiPreBA para quienes somos delegados”.

Sin embargo, cambiaron muchos otros aspectos. Dice Andrea: “Dieron de baja el portal, la cablera y nos achicaron un montón en lo periodístico. En total éramos más de 700 trabajadores y quedamos 420 entre las dos empresas. O sea, hay 300 personas menos. Por lo tanto, habrá que hacer todo un reordenamiento de secciones, porque hay algunas que quedaron desmanteladas”.

Sergio Arboleya hace 30 años que trabaja en Télam, donde empezó como colaborador. Hace 15 que es editor de la sección Espectáculos. “Vengo usando la idea del milagro, porque en este contexto de ajuste salvaje, de recorte, de persecución en todo lo estatal, es una alegría haber sostenido el trabajo y en breve ya arrancaremos a producir noticias para la cablera de RTA. El aspecto milagroso se dio a partir de la resistencia, con tantos días de acampe, con una organización que realmente funcionó muy bien, con un manejo del SiPreBA que ha sido eficaz para lograr lo que parecía imposible: conservar los puestos de trabajo de aquellos que finalmente decidimos quedarnos”.

Respira profundo: “Esto resulta muy impresionante, pero no disimula la pérdida de un montón de colegas de enorme valor que se fueron un poco asustados por la política expulsiva de los retiros y que dejan un hueco enorme en la estructura periodística. Y también entender que la marca Télam, con esa simbología, con esa carga, ya no existe más. Hablábamos el otro día con un compañero sobre si podremos recuperar un poco el sentido de la agencia, en este nuevo lugar. Aún con las críticas que podía tener a sus gestiones y a nuestra propia falencia para plantarnos como colectivo de trabajadores a hacer realmente la agencia federal, plural, sabíamos que Télam funcionaba en una dimensión, con sus abonados en todo el país, con su red de corresponsalías que ahora han quedado prácticamente todas afuera”.

La gente que se fue lo hizo mediante retiros voluntarios que, semana tras semana, el gobierno nacional renovaba por decisión del ahora ex interventor de los medios públicos Diego Chaher (la semana pasada tomó su lugar el ingeniero aeronáutico y espacial Eduardo González). La delegada Delfino retoma: “Este conflicto tuvo mucho de psicológico, porque no hay nada peor que tener a la gente sin tareas; fue destructivo. Nos jugaron en contra muchas presiones, tanto externas como internas. En cuanto a las externas, la empresa extendió cada semana el programa de retiro voluntario, a la par que algunos medios publicaban notas que buscaban generar miedo: si no agarrabas el retiro, parecía que se venía el apocalipsis”.

Trabajar para volver a trabajar

Las presiones también las hubo internas y “bien intencionadas”. Describe un aspecto neurálgico de la resistencia: “Los fines de semana eran momentos clave y por eso los lunes o martes hacíamos las asambleas. En el fin de semana es común encontrarse con los seres queridos, que con la mejor intención te decían ‘pero te parece seguir yendo’; ‘hace frío y llueve’; ‘¿por qué estás haciendo una cobertura si en realidad estás dispensado de trabajar?’. Esa presión bien intencionada fue la más difícil de vencer y superar. Con el paso del tiempo, notamos que si nos hubiésemos quedado dispensados y tranquilos en nuestras casas viendo Netflix, esta resolución no hubiese pasado. Me parece importante resaltarlo, porque en una época en que se habla tanto del individualismo y que te hacen creer que solo te salvás por tu mérito, el resultado de esta lucha colectiva muestra lo contrario”.

Desde el 4 de marzo hasta la reconversión de Télam, cada semana se renovaba la dispensa a cada uno de las y los trabajadores. “El presidente que dice que en el Estado somos todos ñoquis, nos está haciendo ñoquis, porque nos está pagando sin trabajar”, solían repetir desde los acampes, como una manera de desarticular el relato oficial. Con la agencia fuera de funcionamiento, decidieron lanzar el sitio web somostelam.com.ar e informar desde ahí. Al frente del portal estuvo Andrea Delfino: “Decidimos arrancarlo con el fin de que la sociedad sepa que nosotros estábamos trabajando para volver a trabajar. Nos enfocamos mucho en cubrir los despidos en el sector público y en el privado. Era difícil mantener esperanza, pese a que en Télam finalmente no hubo despidos. Hubo días muy difíciles y las asambleas parecían terapias de grupo. Las reuniones nos contuvieron y nos organizaron; las conducciones de SiPreBA y de FATPren (Federación Argentina de Trabajadores de Prensa) siempre estuvieron poniendo el cuerpo, al igual que delegados de otros medios de comunicación. Cuando hablo de los lazos de la base, me refiero a los lazos sociales que se fortalecen en estas instancias, al contrario de lo que esperan quienes generan estas acciones para desorganizar a los trabajadores”.

¿Qué no pudo lograr el gobierno?

Andrea: Callarnos, cerrarnos. Nos silenciaron durante cuatro meses y hoy estamos volviendo a laburar. Si logramos un resultado positivo dentro de este contexto es porque fuimos muy tozudos. Y porque tuvimos bien claro lo que queríamos, que se resume en algo hermoso que dijo un compañero en una asamblea: “Yo no quiero ser el último que apague la luz; quiero ser el primero que prenda la computadora cuando volvamos”. Ese es el espíritu del colectivo Télam.

Hoy, algunas luces se volvieron a encender.

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Terrorismo de Estado: siguen detenidas 5 personas tras la represión de la Ley Bases

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Con poquito aportás muchísimo ¡Sumate!

“Lo acusan de terrorista pero carrea cajones de frutas y verduras 12 horas al día. Es una locura”, dice el hermano de Cristian Valiente. Familias de personas que continúan presas realizaron ayer un encuentro para organizarse y desarmar las mentiras con las que se sostienen sus acusaciones. El caso de Cristian y el de de Facundo Gómez, que hablaba con su mamá cuando lo detuvieron: la justicia no tiene filmado sus supuestos “disturbios”, pero lo encarceló igual. Las causas armadas sobre los más vulnerables, mientras nunca se detuvo a quienes causaron los destrozos, por ejemplo, del auto de Cadena 3. Además, el fiscal Stornelli insiste con meter presas a siete personas que ya fueron liberadas por la jueza Servini por falta de pruebas. El terror que continúa, los ataques de pánico, las condiciones de detención: se puede colaborar económicamente con las personas detenidas (el alias: LIBRESYA) y existen 5 puntos de acopio de mercadería detallados en esta nota. Qué necesitan: abrigo, frazadas, comida. Las familias llaman al 10 de julio a una nueva conferencia y al 12 a una concentración en Plaza de Mayo.

Por Lucas Pedulla

Terrorismo de Estado: siguen detenidas 5 personas tras la represión de la Ley Bases

Jonathan dice que está un poco nervioso porque nunca habló en público, y ahora hay un aula llena de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, en el barrio porteño de Constitución, dispuesto a escucharlo. Tiene 34 años y es el hermano de Cristian Valiente, una de las cinco personas -junto a Daniela Calarco Arredondo, David Sica, Facundo Gómez y Roberto María De la Cruz Gómez– que sigue detenida en Ezeiza tras la cacería del Gobierno durante el tratamiento de la Ley Bases en el Senado, hace ya tres semanas.

Todavía no pudo ver a su hermano porque no tenía su documento; espera hacerlo el próximo fin de semana.

Vino con su compañera, su hija y un perrito desde Moreno, oeste profundo del conurbano, a pedir por favor que lo liberen: “No tiene justificación. La gran mayoría están detenidos solamente por protestar. Y mi hermano, mientras estuvo detenido, le hicieron un desalojo en la casa: cuando salga ahora no tiene dónde estar”.

El lugar de donde desalojaron a Cristian era una pieza de un hotel céntrico. Allí había trabajado tres años como portero: “Uno con todos los derechos y dos, en negro”, cuenta el hermano. Denunció la situación y fue a juicio, que determinó que debía vivir allí hasta que le pagaran lo que debían. Casualmente, un derecho que la Ley Bases barrió en su capítulo de reforma laboral.

A Cristian -41 años, dos hijos- lo acusan por provocar “disturbios”, “arrojando piedras y otros objetos contundentes” contra la policía, pero sobre todo por haberle “secuestrado entre sus pertenencias” una granada de mano. En su indagatoria, él aclaró que no se trataba de una granada sino de un aerosol químico de los que usan las fuerzas de seguridad para gasear en las manifestaciones; y que lo encontró en las propias inmediaciones del Congreso, y se lo guardó para mostrarlo a un canal de televisión porque había vencido en 2022. “Decían que lo vendía en el mercado negro -dice Jonathan a lavaca, y no lo puede creer-. Lo acusan de terrorista pero carrea cajones de frutas y verduras 12 horas al día. Es una locura”.

https://twitter.com/Lavacatuitera/status/1808269566549622911

Este encuentro, motorizado por la Comisión de Solidaridad de la coordinadora por la liberación de lxs detenidxs y el cierre de todas las causas, fue el ámbito para que Jonathan pueda, por primera vez, dimensionar esa locura.

También pudo hacerlo Elena, la mamá de Facundo Gómez, 31 años, cuyo trabajo era ir con su carrito por Plaza Serrano, en Palermo, vendiendo cafés: “Lo detuvieron mientras hablaba por teléfono conmigo -dice mientras muestra un cartel con el rostro de su hijo, sonriente-. La causa debería caerse porque lo ponen arriba de una valla, diciendo que arengaba y tiraba piedras, pero la comunicación con mi hijo se detiene en el momento en que lo están deteniendo. Intenté llamarlo, hasta que me atendió una persona que supongo que era un policía, y me dice que le estaban haciendo averiguación de antecedentes. Le pregunto por qué, y me dice porque estaba en un lugar que no debía estar. Mi hijo grita bien fuerte: ‘¡Yo no estaba ahí!’”.

https://twitter.com/Lavacatuitera/status/1808262187380588878

Elena remarca que no hay registro fotográfico ni fílmico de Facundo, y su otra hija, Micaela, dice a lavaca que al fotógrafo que registraba su detención le rompieron la cámara: “Lo presentamos como testigo. Dijo que le pidió a Facundo que gritara su nombre, y cuando iba a hablar le pegaron una piña en el estómago”.

Elena dice que su hijo no aparece en los videos: “Ellos (la justicia) dicen que han mirado 100 horas, pero Facundo no aparece”. Y agradece la convocatoria: “Es una causa totalmente ilegal y armada para amedrentar y que no salgamos a protestar para que aceptemos todo lo que ellos quieren. Quiero la libertad de los cinco”.

El aula, llena, la abraza con un aplauso.

Crueldad sin paz

Una mesa afuera del aula junta donaciones (galletitas, paquetes de yerba, azúcar, latas de arvejas, jugos en polvo, lavandina, shampoo, toallitas) mientras otras personas de la coordinadora pasan con una caja de cartón para juntar dinero. Adentro, sobre la pared, una gigantografía de Rodolfo Walsh recuerda su Carta abierta de un escritor a la junta militar.

En bancos de madera, mientras tanto, se van sentando, entre otras personas, exdetenidos como Gonzalo Duro, Fernando Leone, Sofía Ottogali y Santiago Adano -liberadxs en las primeras 17 excarcelaciones, el viernes 14 de junio-, o Juan Spinetto y Camila Juárez Oliva, liberadxs en una segunda tanda de 11 faltas de mérito dictadas por la jueza María Servini, el martes 18.

Es que, además de las causas abiertas y la solidaridad por las cinco personas que aún siguen presas, la alerta continúa, porque el fiscal federal Carlos Stornelli apeló y pidió nuevamente la prisión preventiva sobre siete personas: Ottogali, Spinetto, Juárez Oliva, Sasha Lyardet, Nicolás Mayorga, Gabriel Famulari y Brian Ortiz.

“Nos siguen criminalizando cuando la jueza ya dictó la falta de mérito”, dice Camila a lavaca. La falta de mérito se dicta cuando se considera que no hay elementos suficientes para acreditar el hecho que se imputa. La propia Servini habló de la “orfandad probatoria” en las acusaciones de Stornelli. Camila, junto a Sasha y Nicolás, es una de lxs tres estudiantes de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) detenidxs: “Es una crueldad, porque todos los días me acuesto y miro la ventana porque no sé si un policía va a venir a decirme ‘agarrá tus cosas’, y ya en mi cabeza pienso que no tengo que agarrar ropa oscura para entrar al penal. Así está funcionando mi cabeza. Hasta que la Cámara no se expida, no estoy en paz”.

La sala II de la Cámara de Apelaciones, conformada por Roberto Boico, Eduardo Farah y Martín Irurzun, tiene ahora la palabra.

El docente Spinetto, otro de los “apelados” por Stornelli, dice lavaca: “Es ridículo, porque no aporta nada nuevo para apelar e insiste sobre algo que jurídicamente está zanjado. Básicamente lo que está haciendo Stornelli es continuar con la maquinaria de armado de causa. No tiene ningún sostén jurídico”.

Donaciones, acopio y concentración

La Comisión de Solidaridad abre el encuentro. Sus integrantes recuerdan que hay un alias (LIBRESYA) para contribuir a un fondo solidario común con montos de $500, $1000 o $2000. También subrayan que lxs detenidxs necesitan ropa de abrigo clara (no gris, sin capucha), frazadas de una plaza, y elementos de almacén. Los puntos de acopio:

  • ATE / INCAA: Lima 319, 1er piso, oficina 101.
  • SUTEBA Tigre: Santa Fe 11028, General Pacheco.
  • Mutual Sentimiento: Av. Lacroze 4181.
  • ATE Sur – Lomas de Zamora: Boedo 120.
  • ATE Alte Brown – Pte Perón: Somellera 481.

Luego habla Gonzalo Duro, trabajador judicial, uno de los exdetenidos: “En ese pabellón éramos 15 personas desconocidas y ahora somos amigas. Es una realidad y habla de la transversalidad del problema”. A continuación, Camila recuerda a Daniela Calarco Arredondo: “Le estamos tratando de juntar plata porque tiene que pagar el alquiler. También para pagarles el transporte a sus padres, que viven en Mar del Plata”. Grisel, hermana de Sasha, suma la preocupación por las apelaciones de Stornelli, y pide asistencia psicológica porque muchxs continúan con ataques de pánico. Valora la importancia de estos encuentros y pide, también, monitorear las trabas que les están poniendo los penales a las visitas familiares, para que el Sistema Penitenciario no siga “vulnerando derechos”.

Luego, y por un largo rato, pasan voces de diversos partidos y agrupaciones que hacen caracterizaciones del Gobierno. Algunos traen reclamos urgentes, como los trabajadores despedidos del Hospital Posadas o de la fábrica de neumáticos FATE, pero otros gritan pedidos de paro a la CGT. El músico Santiago Adano, otro de los exdetenidos, agradece con sensibilidad la solidaridad y el acompañamiento, pero sugiere avanzar en lo operativo del encuentro. Algunos no parecen escucharlo, y siguen. Otros sí, y piden acompañar, por ejemplo, la ronda de las Madres de este jueves en Plaza de Mayo para continuar la visibilidad por los detenidos. La propuesta es aceptada.

Las familias y exdetenidos, a su vez, proponen una nueva conferencia de prensa en el Servicio Paz y Justicia (Serpaj) para informar sobre la situación de las detenciones y las causas. En asamblea votan realizarla el miércoles 10. También votan, para el viernes 12, a un mes de la protesta, realizar una nueva concentración en Plaza de Mayo, con posibilidad de festival, buscando la convocatoria del amplio abanico político que movilizó la última vez, el día de las últimas excarcelaciones. Silvia, la mamá de Camila, recuerda que la urgencia de esos días fue lo que juntó a sindicatos, organismos, referentes de la izquierda y del peronismo: “Vengo a reforzar la idea de unidad, como lo hice desde el día uno”.

Cerca de las diez de la noche, la asamblea concluye.

Los ejes que se refuerzan:

  • Libertad a las cinco personas que siguen detenidas.
  • Pedir el rechazo de la Cámara a las siete apelaciones de Stornelli.
  • Cierre de todas las causas.

Leé la nota de tapa de la nueva MU: Qué es la libertad.
Sasha y su hermana, dos caras de lo que se vivió adentro y afuera tras la cacería policial el día de la votación de la Ley Bases. Sus reflexiones sobre la estigmatización, la persecución, y la vida en ¿libertad? Las redes y la calle. El ego y lo colectivo. Hablan Ramona y Santiago, también detenidos sin pruebas, con torturas. La organización entre familias. Y el reclamo por los que todavía están adentro.

Terrorismo de Estado: siguen detenidas 5 personas tras la represión de la Ley Bases
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LA NUEVA MU. No podrán

La nueva Mu
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