Tres vecinos y vecinas desplegaron una bandera en un acto presidencial que decía: “Basta de cáncer. Paren de fumigar”. Fueron detenidos, golpeados y les iniciaron una causa, que luego se demostró que estaba armada por la policía y la misma fiscalía que no investiga las pulverizaciones ilegales. La respuesta del fiscal a MU, lo que dijo el presidente en el acto, lo que cuentan las personas ilegalmente detenidas, la censura a la prensa, lo que se quiere tapar en Exaltación: una historia increíble, pero real.

Por Francisco Pandolfi.

“La realidad supera a la ficción”. Oscar Wilde

Miércoles 11 de enero. 11 horas. El presidente de la Nación, Alberto Fernández, junto al ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak; y el intendente de Exaltación de la Cruz, Diego Nanni, inauguran el Hospital Modular de Los Cardales, el primero de esta localidad emplazada en el municipio de Exaltación de la Cruz, a 90 kilómetros al noroeste de la ciudad de Buenos Aires.

Miércoles 11 de enero. 11 horas. A 10 minutos del flamante hospital, un mosquito –máquina terrestre con la que se fumiga–, pulveriza ilegalmente un campo lindante al barrio Larena, de Pilar, y al pueblo de Lemmé, en Exaltación de la Cruz, pese a que en ambos territorios rigen cautelares que prohíben el uso de agrotóxicos.

Miércoles 11 de enero. 11 horas. Anabel Pomar, Jorge Viale y Agustín Brun, tres integrantes de la organización Exaltación Salud que denuncia desde hace 10 años la contaminación en el pueblo, intentan en silencio desplegar una bandera blanca, con letras rojas, negras y verdes que forman un mensaje concreto: “Basta de cáncer. Paren de fumigar”. Lo hacen de frente al escenario, a más de 100 metros de donde hablan los funcionarios, fuera del vallado establecido para el acto, en la vía pública. Al ver la bandera, de no más de dos metros de ancho y uno de largo, efectivos de la custodia presidencial y de la Policía Bonaerense, varios de civil y sin identificación, corren hasta el lugar e intentan arrebatársela.

Anabel Pomar, una de las vecinas que desplegó la bandera, recibe a MU en su casa de Exaltación de la Cruz, a poco más de un mes de haber sido censurados, golpeados, detenidos, trasladados a la comisaría donde permanecieron durante casi cuatro horas e imputados por el delito de resistencia a la autoridad.

La primera pregunta es cómo se está después de aquel atropello. La primera respuesta de Anabel, que además es periodista (habitual colaboradora de esta revista) especializada en temas ambientales: “La situación producto de los agrotóxicos hace bastante difícil vivir acá; es asfixiante, y no solo desde la amenaza porque realmente nos están matando, sino que además debemos seguir insistiendo ante poderes del Estado absolutamente cómplices”.

Hace una pausa ínfima, piensa y sigue: “Ante esta censura me pregunto: ¿cómo cambiamos esto? ¿Hasta dónde quieren llegar si ni siquiera podemos desplegar una bandera de forma pacífica?

Entonces, ante la pregunta de cómo estoy, respondo: absolutamente indignada. La tristeza subyace desde siempre por toda esta situación, desesperante y triste. Pero las detenciones arbitrarias, la censura, las imputaciones y la causa armada son el colmo”.

La convivencia anti-democrática

“La diferencia entre la ficción y la realidad es que la ficción debe ser creíble”. Mark Twain

Los efectivos intentan arrebatarles la bandera. Ante el forcejeo, comienzan a protestar. Recuerda Anabel: “Los gritos que el presidente escucha son por el accionar de la seguridad: si no hubieran querido sacarnos la bandera, no se hubiera enterado casi nadie. Ante nuestros gritos, la gente empieza a darse vuelta y es el propio intendente Diego Nanni, con micrófono abierto, quien le dice al presidente ‘son los que se quejan de los agrotóxicos’”.

El presidente toma la palabra: “Escuchaba recién al compañero quejarse por el uso de agroquímicos, y está bien. Son temas que se debaten en el mundo, pero no es necesario hacerlo de ese modo. Una de las cosas que tenemos que aprender es a hablarnos en voz baja, plantear nuestras diferencias en voz normal, sin necesidad de maltratarnos. Ya demasiado nos maltratamos como país. Recuperemos la convivencia democrática”.

Anabel analiza la respuesta del primer mandatario: “El presidente piensa que lo estamos insultando cuando eso no sucedió: el reclamo era pacífico y en silencio, justamente para evitar que nos acusaran de ir contra la investidura presidencial… Nuestros gritos se dan al ser censurados y luego reprimidos, primero al querer arrancarnos la bandera y al instante, cuando al compañero que estaba filmando (Agustín Brun) le pegaron y le quisieron sacar el celular”. Plantea una suposición: “En el caso de que sí hubiéramos ido determinados a gritar ‘Basta de agrotóxicos’, ¿habría sido eso un maltrato?”. La doble vara: “Es claro que al presidente no le parece criminal que se utilicen plaguicidas altamente peligrosos”.

Tras los primeros golpes, los integrantes de Exaltación Salud decidieron retirarse del lugar: “Nos fuimos caminando más de 100 metros, seguidos por policías de civil. Todo parecía que se había calmado cuando de repente aparecieron más patrulleros con la orden de detenernos. Primero eran cinco, seis, y terminaron siendo más de quince efectivos. De la Bonaerense nos dicen que la detención fue por orden de Presidencia. Cuando le preguntamos el porqué, nos dijeron que después sabríamos los motivos. Todo fue totalmente ilegal, los policías sin identificarse y sin decirnos la causa de la detención”.

Le cambia la cara, se pone más seria aún. Recuerda: “Estamos en democracia, intentamos manifestarnos pacíficamente. Las horas detenidas en la subcomisaría de Los Cardales fueron horribles; todo rayaba lo absurdo, pero era real”.

La prensa censurada

“En el mundo real nos ocurren cosas que se parecen a la ficción. Y si la ficción resulta real, entonces quizá debamos reconsiderar nuestra definición de realidad…”. Paul Auster

Pese a que eran tres los manifestantes de Exaltación Salud, los detenidos fueron cuatro: Sebastián Vargas tiene 21 años recién cumplidos, estudia el profesorado de Educación Física y desde hace 8 es operador en FM Los Cardales, medio en el que también realiza coberturas periodísticas. El 11 de enero fue a acompañar a su mamá, la directora de la radio, para fotografiar y registrar los testimonios de los funcionarios. “Fue el único periodista que en vez de seguir viendo el acto, fue a ver a dónde nos llevaban. Fue el único testigo de las detenciones ilegales y se lo llevaron detenido”, describe Anabel.

Desde su casa en Los Cardales, Sebastián le cuenta su versión a MU: “Cuando empieza a hablar el presidente, en silencio abren la bandera. Entonces me acerco, iba a sacar un par de fotos y volver, hasta que de repente intentan quitarles la bandera. Escucho a un chico: ‘Ayuda, me están pegando’. Vuelvo al sector de prensa, le aviso a mi mamá y regreso. Los integrantes de Exaltación Salud se estaban yendo sin problemas, hasta que de un segundo a otro los detienen.

«Cuando empiezo a filmar, se acerca una persona por detrás, me agarra del hombro y me dice que me vaya. Le digo que estaba trabajando y me quita el celular. Me agarra del cuello y me asfixia con una llave. Luego me subieron al patrullero».

Sebastián Vargas, 21 años, periodista que cubría el evento y las detenciones.

En los forcejeos me rompieron la remera y me dejaron moretones en los brazos y las piernas. Recién en la comisaría, después de cuatro horas, nos contestaron por qué estábamos ahí”.

¿Qué pensaste al leer la imputación?
El acta estaba llena de incoherencias: se menciona como si se hubiera puesto en peligro la seguridad del presidente, así como que yo le di un golpe en la cara al policía que me roba el celular. Repasando los videos, está registrado que se ponen violento conmigo a partir de que les digo que era un trabajador de prensa.
¿Qué te llamó más la atención de lo que pasaron?
Que los medios locales se llamaron completamente a silencio con lo que ocurrió; la noticia trascendió más afuera que adentro del pueblo.

El fiscal (des)Esperante

“Es extraño, pero es verdad; porque la verdad es siempre cosa extraña; más extraña que una ficción”. Lord Byron

El acta policial recayó en la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio descentralizada en Capilla del Señor, Exaltación de la Cruz, a cargo del fiscal Juan Manuel Esperante, de licencia esa tarde. La Fiscalía, en menos de cuatro horas, decidió, sin instrucción, la imputación de las cuatro personas, basándose únicamente en la versión de la Policía.

El abogado Fabián Maggi detalla: “Se percibe el armado de una causa, la incorporación de datos falsos en la instrucción policial; abuso de autoridad y lesiones. Los policías incorporaron testigos falsos que declararon utilizando las mismas palabras, que evidencian que quien habla es un funcionario policial, no el testigo. Esto no lo decimos solo nosotros sino el juez Grassi, que solicitó el inicio de una nueva causa para investigar a los funcionarios. Es un hecho de extrema gravedad, que no parece ser la decisión espontánea de un solo comisario, sino de órdenes superiores barajadas de entrada”.

¿Cómo analiza el desempeño de la Fiscalía?
La violencia institucional no fue solo de la Policía, sino que enmarca otras conductas, como la actuación del Ministerio Público Fiscal. Hace años denunciamos delitos graves por aplicar venenos en zonas habitadas. Y el fiscal Esperante no asumió ninguna conducta clara de tutela por parte del Estado sobre los vecinos afectados; demoró y cajoneó las causas durante años. En este caso, ante un llamado telefónico, en unas horas su fiscalía imputa a los manifestantes, en un obrar imprudente y negligente. No puede tomar la versión policial como única, sin analizar ni entrevistar a los imputados, e iniciarles una causa.
En mayo de 2021 presentaron una denuncia penal contra el fiscal Juan Manuel Esperante para que se investigue la posible comisión de delito de incumplimiento de deberes de funcionario público.
Sí, y por eso la Fiscalía se debía haber excusado de recibir la imputación policial. Esperante no investigó las fumigaciones en Exaltación de la Cruz por lo menos en siete causas, lo que forzó a las víctimas a tener que denunciarlo penal y administrativamente ante el Procurador General de la Provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand, denuncia sobre la cual aún no tenemos noticia. Nosotros no queremos papeles, sino medidas que cesen el delito y condenen a los responsables. Nunca investigó adecuadamente, ni imputó a ningún productor, ni llamó a indagatoria pese a las pruebas contundentes que había. No tomó medidas que deben realizarse en días, algunas incluso de inmediato, como allanamientos ni bien suceden las pulverizaciones. El accionar de Esperante no es exclusivo, casi el 100% de los fiscales de la provincia de Buenos Aires no hacen bien su tarea. La violencia institucional está instalada y el concepto abarca desde maltratos y malas respuestas en una fiscalía, hasta la inacción y el silencio.

HABLA EL FISCAL

“Los políticos deberían leer ciencia ficción, no westerns o historias de detectives”. Arthur Clarke

De no ser por el cartel pegado en la puerta, que informa que allí dentro funciona la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 6 descentralizada de Exaltación de la Cruz, correspondiente al Departamento Judicial de Zárate-Campana, sería difícil adivinar que esa fachada vieja, despintada, con los ladrillos a la vista sin revocar, es el frente de una fiscalía. Tres grafitis pintados con aerosol rojo, sobre la acera, sirven de indicio de lo que funciona detrás de esas paredes, en la calle Alem 447, de Capilla del Señor: “Esperante cómplice del agronegocio”, “Cumplí la cautelar”, “Basta de criminalizar a los que luchan”.

En un miércoles caluroso de febrero, Juan Manuel Esperante, 40 años, abogado, fiscal, acepta el encuentro con MU. No cerrará la puerta de su despacho y pedirá no grabar la conversación, pese a la insistencia de este cronista en pos de evitar cualquier controversia a futuro. No acepta. “Hoy en la Fiscalía somos solo cuatro personas trabajando y tenemos una competencia amplia, desde un homicidio hasta una estafa. Estoy de turno 320 días al año, en los que debo estar disponible para intervenir. Hago instrucción y juicio, tengo multiplicidad de tareas”, arranca.

Sin embargo, el fiscal Esperante no se encontraba a cargo de su fiscalía justo el día de la visita presidencial.

Sobre este contexto de trabajo de los fiscales, una fuente judicial del Departamento Zárate-Campana, que pide reserva de su nombre “para no sufrir consecuencias”, revela: “Los fiscales de este Departamento son veinte y en funciones hay solo nueve. En 2023 se jubilan dos y pueden quedar siete. Nadie tiene en cuenta esta realidad”. Y traza un paralelismo. “En la provincia de Buenos Aires, en 2007 había 45 mil policías; hoy hay más de 70 mil. En ese entonces, había cerca de 500 mil causas; hoy hay un millón. Sin embargo, somos la misma cantidad de fiscales o menos”. Sintetiza: “Imaginate cómo funciona un sistema si el primer eslabón está a punto de colapsar; hay muchos fiscales con licencia psiquiátrica”.

El 11 de enero pasado, la Policía Bonaerense de la subestación comunal de Los Cardales confeccionó un acta que fue avalada por la Fiscalía, con la imputación a los tres integrantes de Exaltación Salud y al periodista de FM Los Cardales. Esperante se exculpa: “Ese día no estuve de turno, fue uno de los pocos en el año en que estaba de licencia, así que yo no intervine, no los dejé presos”.

Sí la fiscalía de la que usted está a cargo.
La fiscal Andrea Palacios, que me subroga, toma la decisión. A Andrea le comunican el hecho y toma medidas estándar de rigor en un delito menor como este.
¿Por qué se los imputa sin ni siquiera haberles tomado declaración y solo basándose en la versión policial?
Mirá, yo acabo de archivar la causa el viernes 10 de febrero pasado, que no quiere decir que sea falso lo que dice la Policía, pero no encontré elementos para probar el cargo de resistencia a la autoridad.
¿Qué significa concretamente que archivó la causa?
Que ya está, no va a pasar más nada. Como sucede muchas veces en el Poder Judicial, no solo en Argentina, sino universalmente, se generan papeles que no llegan a nada. No sé si hubo resistencia a la autoridad, pero no puedo probarlo.
El juez Julio Grassi advirtió inconsistencias en lo determinado por la Policía y en su fiscalía, y pidió que se investigue una presunta comisión de delitos. ¿Qué opina?
Yo no encontré elementos para probar delitos de resistencia a la autoridad, y es de lo único que puedo hablar.
El periodista detenido declara que le pegaron, le sacaron el celular para que no siga grabando, que mintieron en el acta; los miembros de Exaltación Salud, a su vez, que estaban haciendo una manifestación pacífica y que fueron golpeados y censurados. ¿Qué cree del procedimiento de la Policía?
No veo irregularidades en el accionar policial, no me parece fuera de lo normal que los lleven a la comisaría si se está incurriendo en disturbios.
¿Cómo considera el accionar ante el periodista y la libertad de ejercer su trabajo?
Eso corresponde a la nueva causa que se abrió por pedido del juez Grassi, no puedo opinar.
¿Es legal que policías de civil, sin identificación, se lleven detenidas a personas sin informarles el motivo?
La UFI 1 investigará su desempeño; no me corresponde opinar.
Hoy en día, ¿su fiscalía lleva adelante investigaciones por el uso de agrotóxicos?
No, las causas que tenía ahora están en Zárate.
En 2021 fue denunciado por mal desempeño de funcionario público, por no investigar causas relacionadas a las pulverizaciones ilegales.
Jamás tuve un sumario ni una causa penal y es fácil tenerlos porque es imposible conformar a las dos partes. No soy un fiscal cuestionado. No me es indiferente que se fumigue en el pueblo, pero no depende de mí. No soy yo quien debe determinar si el agroquímico debe estar prohibido ni puedo opinar sobre eso.

En la denuncia ante la Procuración General se enumera la inacción en tres causas y se señala que existen otras más “relacionadas con daño ambiental y fumigaciones ilegales”. Esperante se defiende: “En una de esas causas, por ejemplo, argumento que no hay delito porque no se encontraba en vigencia la medida cautelar que hoy rige de 1.000 metros de distancia a viviendas y escuelas. Hasta ese momento la ordenanza vigente solo ordenaba 150 metros el límite para el uso de agrotóxicos”.
Esto no coincide con los tiempos, porque la denuncia es de octubre de 2019, y la cautelar de los mil metros ya regía desde septiembre.
Es difícil probar una pulverización, no por el operador judicial, sino porque debe estar la muestra.
Eso justamente denuncian desde Exaltación Salud, que hay pruebas que, por no haberlas buscado con celeridad, se perdieron.
Hay que ver cada causa, había medidas pendientes pero pidieron que se me apartara, desconozco el porqué.
Por mal desempeño de funcionario público.
No entiendo por qué el encono, no conozco a las partes.
Denuncian la falta de celeridad, no haber llamado a declarar a nadie en ninguna causa, no haber ordenado pruebas relevantes…
Eso le corresponde a la policía ecológica.
¿Pero usted como fiscal no tiene la facultad de ordenar las pruebas necesarias?
Sí, pero hay que ver cada causa; quizás alguna prueba no se tomó, pero no es que no haya habido celeridad, lleva tiempo.
Denuncian que tuvo causas en su poder hasta dos años y no llamó nunca a indagatoria ni ninguna estuvo cerca de llegar a juicio.
No tuve muchas causas.
Pero en las que tuvo, ¿por qué no hubo avances?
Hay que analizar muchas cosas de cada causa. En el tiempo que tuve las causas, en ninguna había elementos para llamar a indagatoria, sino lo hubiese hecho.
Otra de las causas por la que se lo denuncia refiere a la familia Garri, quienes denunciaron fumigaciones ilegales. Al matrimonio se le detectó glifosato en sangre y su hija menor sufre de alopecia universal (se sospecha su relación a la convivencia con agroquímicos en el ambiente). Sin embargo, tampoco llamó a nadie a declarar.
No había pruebas concretas que acreditaran que las enfermedades eran por agrotóxicos. Si hubiese habido alguien para llamar, lo habría hecho.
Se están por cumplir cuatro años de una recordada fumigación desde una avioneta, que se hizo viral a nivel nacional por haber sido sobre la escuela rural de Parada de Robles, que generó la prohibición de las pulverizaciones aéreas y la ampliación de las distancias en las terrestres. En ese caso, tampoco usted imputó a nadie. ¿Cómo lo explica?
Hay que ver cómo probar cada hecho. Quizá no existió.
¿Cómo ‘quizá no existió ’? El video fue público.
Si hubiese tenido a alguien, lo hubiese llamado.
En su desempeño, ¿se siente presionado por el agronegocio?
No.

Al cierre de esta edición ni el abogado ni las personas imputadas fueron notificados de haberse archivado la causa ni de ninguna noticia.

LO DEMENCIAL

“He llegado a la conclusión de que la realidad mata y la ficción salva”. Javier Cercas.

12 de enero. A quince minutos del Hospital Modular, un día después de su inauguración, se pulveriza ilegalmente y se viola la cautelar otorgada a un apicultor, quien ya había denunciado en noviembre pasado otra fumigación. No hay detenidos.

14 de enero. A 5 kilómetros del Hospital Modular, pulverizan de madrugada un campo cercano al country las Vizcachas. Se viola la zona de exclusión y la cautelar. No hay detenidos.

23 de enero. A media hora del Hospital Modular, vecinas y vecinos frenan un “mosquito” que estaba pulverizando a 800 metros de la escuela de La Lata, en Capilla del Señor. No hay detenidos.

Breve contexto de estas postales: en 2019, un relevamiento vecinal en los barrios San José y Esperanza del municipio detectó 50 casos de cáncer en 30 manzanas. ¿Qué ocurrió tras esa encuesta? Responde Anabel Pomar: “La intendencia no hizo nada y el Concejo Deliberante votó en contra de permitir en esos territorios la realización de un campamento epidemiológico socioambiental, con profesionales de la salud. La propia comunidad hizo estudios: medimos agua y suelo y encontramos agrotóxicos en agua y en suelo; seguimos contando enfermos y enterándonos de gente que muere de cáncer, o de una epidemia de diabetes o que sufre problemas de tiroides, respiratorios, de asma (ver MU 165: La mancha venenosa). Son vox populi en el pueblo las cadenas de oración y la juntada de plata, mediante rifas y polladas, para pagar tratamientos de cáncer de familiares”.

Anabel analiza el panorama hacia adelante: “Hoy las proyecciones de lo que piensan cultivar van de la mano con este modelo; lo mismo la aprobación del trigo transgénico, el HB4. Y lo más reciente: la designación de Antonio Aracre, ‘ex’ –ponelo entre comillas– CEO de Syngenta, como jefe de Asesores de Alberto Fernández. Los gobiernos reciben constantes presiones de las corporaciones, y ahora la corporación está en el gobierno. Que además no es cualquier corporación, sino la mayor de agrotóxicos y transgénicos en el mundo y una de las principales responsables del envenenamiento en Argentina. Que Aracre esté ahí es solo una mala noticia: quien es causante de los problemas no puede ser parte de la solución”.

Anabel Pomar, 49 años, mamá de dos hijos –de 18 y 15 años–, desde 2017 conforma Exaltación Salud. En septiembre de 2021 falleció su compañero. De cáncer. “Con lo que pasó el 11 de enero, con lo que nos pasa todos los días, buscan rompernos el espíritu, las ganas, pero no es lo que lograron ni van a lograr. El otro día pensaba, ¿me querés arrancar una bandera? ¿Me querés imputar? ¿Creés que me importa? A mí me arrancaron a mi marido, ¿se entiende? Pero no necesito que me haya pasado para denunciarlo, porque investigo temas ambientales desde hace mucho tiempo. Puedo contar lo que pasa porque lo conozco, lo estudio y lo vivo, y no es una opción callarme. Los relatos de las enfermedades y muertes son similares y esto habla de la magnitud del crimen ambiental. Mi historia no es original, las historias se repiten: les cambiás las personas, y es lo mismo”.

La censura por intentar mostrar un mensaje no debe correr del foco central al mensaje en sí: “Paren de fumigar, basta de cáncer”.

“Los cuentos de hadas superan la realidad no porque nos digan que los dragones existen, sino porque nos dicen que pueden ser vencidos”. Gilbert Chesterton

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