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La expropiación de Vicentín y el debate sobre los agronegocios: de los préstamos de Macri al “stress financiero”, las bicicletas y los dólares desaparecidos
Cuentas off shore, alianzas multinacionales, fortunas personales de sus propietarios, financiación de la campaña macrista, créditos permanentes en dólares, que Vicentín recibía mientras el país se desangraba de divisas y la empresa dejaba de pagar a productores y bancos. La expropiación de una de las principales exportadoras de granos del país pone muchas cosas en debate. Uno de los periodistas que más ha seguido el tema, Germán Mangione, es integrante de la Cooperativa de Comunicación La Brújula De Rosario y preparó ese artículo para lavaca como un acercamiento a la situación de uno de los símbolos locales de los agronegocios.
Pocos imaginaban que, aquella mañana del 4 de diciembre de 2019, la mayor empresa nacional agroexportadora Vicentín anunciaría horas más tarde que se declaraba en “stress financiero” y suspendía así el pago de sus deudas a productores, corredores de cereales, bancos nacionales y extranjeros. Muchos menos se imaginaban que, en la Argentina de la pandemia, era posible el anuncio de una intervención estatal en el mercado de granos como el que anunció ayer el presidente Alberto Fernández.
Y es que Vicentín no es cualquier empresa. La agroexportadora llegó a ubicarse el año pasado como sexto mayor exportador de cereales, oleaginosas y sus derivados; con una participación del 9% de todo el mercado nacional y el despacho de unos 300 barcos al año entre granos, harinas y aceites.
En la campaña pasada vendió 4,9 millones de toneladas de harinas y 1,05 millones de toneladas de aceites. En 2019, concentró el 21% de la molienda de soja: unas 8,4 millones de toneladas. Es un jugador decisivo en la cadena girasolera, ya que procesa el 24% de la molienda (unas 829.000 toneladas en lo que va del año).
En el negocio de los biocombustibles, Vicentín también pisa fuerte y creció entre 2017 y 2019 un 25% en la producción de etanol (97.010 metros cúbicos en 2019) y un 4% en la de biodiesel (163.000 metros cúbicos).
Se trata de una de las pocas empresas de capital nacional (además de ACA y AGD) que queda en un sector dominado por multinacionales como Cargill y Bunge (EEUU), COFCO (China) o Dreyfuss (Francia).
Los años dorados La empresa de los Padoan-Nardelli tiene gran peso en el sector por su asociación con la multinacional suiza Glencore, actor central en el mundo en el negocio minero y de commodities agrícolas con la que comparte en la localidad de Timbúes la propiedad de RENOVA, la empresa de mayor capacidad de procesamiento de soja del mundo.
Los números de Vicentín, hasta su declaración de “stress financiero” (una forma elegante de declararse en default), no levantaban la más mínima sospecha de insolvencia. En 2018, terminó su ejercicio económico con ganancias netas por 1.800 millones de pesos, de los cuales gran parte proviene de las sociedades en las que participa: Vicentín Europa, Vicentín Paraguay, Vicentín Uruguay, Oleaginosa San Lorenzo, Diferol, Biogas Avellaneda, Tastil, Renova, Río del Norte, Emilgrain, Bioceres y Terminal Puerto Rosario.
Pero Vicentín no es solo un gigante de los cereales. En los últimos años y con ayuda del Estado, por entonces en manos de Mauricio Macri (de quien las subsidiarias de Vicentín fueron las principales financistas en la última campaña presidencial), la empresa creció considerablemente y diversificó sus negocios.
Entre las firmas del conglomerado Vicentín se encuentran Algodonera Avellaneda, destinada al acopio, desmotado, hilado y tejido; ENAV, planta elaboradora de jugo concentrado de uva ubicada San Juan; el Feedlot “Los Corrales de Nicanor”; la bodega Vicentín Family Wines, (que exporta vinos a Estados Unidos, México, Perú, Bolivia, Suiza y Brasil); Promiel, (un acopio de miel que destina su producción a Alemania, Francia, Bélgica, Gran Bretaña, Italia, España, Canadá y Japón); ARSA en el negocio de los lácteos (compró los postres y yogures de la ex SanCor); y su empresa estrella del último periodo Frigorífico Friar, en el norte de Santa Fe, con plantas en Reconquista y Nelson.
La prosperidad de los negocios llevó a la familia Vicentin a ocupar el lugar 27° entre las 50 familias más ricas de Argentina según la Revista Forbes y es uno de los 6 grupos vinculados al agro que ocupan ese podio, con 860 millones de dólares.

¿Qué pasó?
Al día de hoy sus 2.638 acreedores se preguntan cómo puede ser que una empresa de esa magnitud y en plena expansión los haya dejado “estresados” a todos, haciendo peligrar la cadena de pagos en todo el sector. La empresa todavía no lo ha podido explicar y es uno de los ejes centrales que investiga el juez Fabian Silvano Lorenzini de Reconquista que tiene a su cargo el concurso de acreedores y la comisión de seguimiento creada en la Legislatura santafesina.
“Hay que encontrar alternativas a las operaciones a fijar y poner la lupa sobre las operaciones financieras que hacen los compradores con el producido de los granos que recibieron a fijar”,
dijo Fernando Rivara, presidente de la Federación de Centros y Entidades Acopiadoras de la Argentina sobre la deuda de Vicentín, en ocasión de las primeras reuniones de acopiadores para ver como enfrentaban en conjunto el desastroso saldo dejado por la empresa.
Si bien todavía no se conoce el destino de las ganancias del grupo, la sospecha de Rivara es que al igual que la corredora BLD (declarada en default unos meses antes), el «problema» de Vicentín pudo haber tenido raíz en una apuesta a la bicicleta financiera macrista con bonos públicos y dinero de los productores. Una bicicleta que habría salido mal ante la derrota del macrismo y el “reperfilamiento” de bonos.
Otra de las hipótesis que estudia el abogado porteño Mariano Moyano, contratado por acreedores de Vicentín, apunta a rastrear activos ocultos en el exterior que pueda tener el grupo empresario, y que puede haber fugado para financiar su crecimiento en otros negocios.
La investigación se centra ahora en Paraguay, adonde el grupo tiene una subsidiaria que dejó de operar en enero, pero que en los últimos 5 años exportó un promedio de 200 millones de dólares anuales.
Vicentin tiene además dos off shore en Panamá, Nacadie Overseas y Nacadie Comercial, y dos en nuestra zona: Nacadie Comercial Uruguay Argentina. Si bien las empresas no tienen ni bienes ni actividad comercial, fueron utilizadas como garantías para tomar los créditos internacionales.

¿La segunda YPF?
Esa pregunta surge ante el Decreto de Necesidad y Urgencia anunciado por el presidente Alberto Fernández, junto al ministro de Desarrollo Productivo, Matias Kulfas, la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti y quien fue designado interventor de la empresa, Roberto Gabriel Delgado (NdeE: al final de esta nota de 2015 de Darío Aranda, breve reseña del prontuario transgénico de este funcionario).
La pregunta resuena en la política no solo porque el Presidente anunció que todos los activos del Grupo Vicentin serán parte de un grupo fiduciario que estará a cargo de YPF Agro, sino por la implicancia estratégica (al igual que el de la empresa hidrocarburifera) del sector del que es parte Vicentín: la agroexportación.
El sector pasó a ser en los últimos años el pulmón financiero de Argentina, con el 55% del total de las exportaciones del país a su cargo gracias a la profundización de un modelo económico que colocó a la Argentina (y a todo el subcontinente) en el inamovible lugar de proveedor de materias primas de las principales potencias del mundo.
China, EEUU y Europa se encargan de producir industrialmente y luego inundar con esa producción nuestros países. Mientras producimos materias primas importamos trabajo extranjero. Una fórmula que no por antigua deja de ser letal para cualquier sueño o proyecto de desarrollo nacional por estas tierras.
Por otro lado ese lugar de privilegio en el manejo de las divisas extranjeras le dio al sector, fuertemente extranjerizado y casi sin intervención estatal, el poder de definir el rumbo monetario del país. En 2018 dos de cada tres dólares que ingresaron a la Argentina lo hicieron en concepto de agroexportaciones y pesca.
Los dueños de la canilla de los dólares son además los principales beneficiarios con la suba de la divisa y las devaluaciones. Un negocio redondo.
Según el decreto oficial la intervención será por 60 días, para auditar y conocer los números de la empresa y “con el fin de asegurar la continuidad de las actividades de la empresa, la conservación de los puestos de trabajo y la preservación de sus activos y patrimonio”.
Y en ese tiempo ha dispuesto además la remisión al Congreso de la Nación de un proyecto de Ley que propicia la declaración de utilidad pública y sujeta a expropiación de la empresa VICENTIN S.A.I.C. y la creación del FONDO FIDUCIARIO AGRO ARGENTINA, cuyo fiduciario y fideicomisario será el Estado nacional y el Fiduciante la empresa YPF S.A., a través de YPF AGRO S.A.
La letra chica
Quedan por resolverse aún muchos detalles no menores de la aplicación de la intervención y, más aún, del proyecto de estatización. Entre ellos si la intervención será solo sobre Vicentín SAIC, el brazo agroexportador de la empresa, o sobre todo el grupo económico con sus frondosas inversiones en otros rubros.
Tampoco se sabe qué hará el Estado en caso de hacerse cargo completamente de la empresa con la deuda que Vicentín mantiene con bancos extranjeros. En los últimos 4 años la empresa del norte provincial recibió del exterior casi 600 millones de dólares, el doble de lo que le debe a los productores o al Banco Nación, el principal acreedor estatal.
En la conferencia de prensa de ayer, Fernández también fue consultado sobre el destino de las acciones que mantiene la empresa de la sociedad con Glencore en Renova, a lo que el presidente pidió: “Tiempo al tiempo”.
Algunos pretenden que la estatización implique también la vuelta a control estatal del Puerto Terminal Rosario, hoy en manos de la empresa. Para saberlo, habrá que esperar. Lo cierto es con esta medida se abre la posibilidad de un debate vinculado a la soberanía. La alimentaria, la monetaria, la comercial y la productiva.
Un debate que muchos sectores del poder real santafesino y argentino anunciaban perimido y cerrado para siempre y del que depende cualquier proyecto para el mundo post pandemia que empieza a asomar. Y eso, es una buena noticia.

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Darío y Maxi: el presente del pasado (video)

Hoy se cumplen 23 años de los asesinatos de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki que estaban movilizándose en Puente Pueyrredón, en el municipio bonaerense de Avellaneda. No eran terroristas, sino militantes sociales y barriales que reclamaban una mejor calidad de vida para los barrios arrasados por la decadencia neoliberal que estalló en 2001 en Argentina.
Aquel gobierno, con Eduardo Duhalde en la presidencia y Felipe Solá en la gobernación de la provincia de Buenos Aires, operó a través de los medios planteando que esas muertes habían sido consecuencia de un enfrentamiento entre grupos de manifestantes (en aquel momento «piqueteros»), como suele intentar hacerlo hoy el gobierno en casos de represión de sectores sociales agredidos por las medidas económicas. Con el diario Clarín a la cabeza, los medios mintieron y distorsionaron la información. Tenía las imágenes de lo ocurrido, obtenidas por sus propios fotógrafos, pero el título de Clarín fue: “La crisis causó 2 nuevas muertes”, como si los crímenes hubieran sido responsabilidad de una entidad etérea e inasible: la crisis.

Darío Santillán.

Maximiliano Kosteki
Del mismo modo suelen mentir los medios hoy.
El trabajo de los fotorreporteros fue crucial en 2002 para desenmascarar esa mentira, como también ocurre por nuestros días. Por aquel crimen fueron condenados el comisario de la bonaerense Alfredo Franchiotti y el cabo Alejandro Acosta, quien hoy goza de libertad condicional.
Siguen faltando los responsables políticos.
Toda semejanza con personajes y situaciones actuales queda a cargo del público.
Compartimos el documental La crisis causó 2 nuevas muertes, de Patricio Escobar y Damián Finvarb, de Artó Cine, que puede verse como una película de suspenso (que lo es) y resulta el mejor trabajo periodístico sobre el caso, tanto por su calidad como por el cúmulo de historias y situaciones que desnudan las metodologías represivas y mediáticas frente a los reclamos sociales.
Nota
83 días después, Pablo Grillo salió de terapia intensiva

83 días.
Pasaron 83 días desde que a Pablo Grillo le dispararon a matar un cartucho de gas lacrimógeno en la cabeza que lo dejó peleando por su vida.
83 días desde que el fotógrafo de 35 años se tomó el ferrocarril Roca, de su Remedios de Escalada a Constitución, para cubrir la marcha de jubilados del 12 de marzo.
83 días desde que entró a la guardia del Hospital Ramos Mejía, con un pronóstico durísimo: muerte cerebral y de zafar la primera operación de urgencia la noche del disparo, un desenlace en estado vegetativo.
83 días y seis intervenciones quirúrgicas.
83 días de fuerza, de lucha, de garra y de muchísimo amor, en su barrio y en todo el mundo.
83 días hasta hoy.
Son las 10 y 10 de la mañana, 83 días después, y ahí está Pablito, vivito y sonriendo, arriba de una camilla, vivito y peleándola, saliendo de terapia intensiva del Hospital Ramos Mejía para iniciar su recuperación en el Hospital de Rehabilitación Manuel Rocca, en el barrio porteño de Monte Castro.
Ahí está Pablo, con un gorro de lana de Independiente, escuchando como su gente lo vitorea y le canta: “Que vuelva Pablo al barrio, que vuelva Pablo al barrio, para seguir luchando, para seguir luchando”.
Su papá, Fabián, le acaricia la mejilla izquierda. Lo mima. Pablo sonríe, de punta a punta, muestra todos los dientes antes de que lo suban a la ambulancia. Cuando cierran la puerta de atrás su gente, emocionada, le sigue cantando, saltan, golpean la puerta para que sepa que no está solo (ya lo sabe) y que no lo estará (también lo sabe).
Su familia y sus amigos rebalsan de emoción. Se abrazan, lloran, cantan. Emi, su hermano, respira, con los ojos empapados. Dice: “Por fin llegó el día, ya está”, aunque sepa que falta un largo camino, sabe que lo peor ya pasó, y que lo peor no sucedió pese a haber estado tan (tan) cerca.
El subdirector del Ramos Mejía Juan Pablo Rossini confirma lo que ya sabíamos quienes estuvimos aquella noche del 12 de marzo en la puerta del hospital: “La gravedad fue mucho más allá de lo que decían los medios. Pablo estuvo cerca de la muerte”. Su viejo ya lloró demasiado estos casi tres meses y ahora le deja espacio a la tranquilidad. Y a la alegría: “Es increíble. Es un renacer, parimos de nuevo”.
La China, una amiga del barrio y de toda la vida, recoge el pasacalle que estuvo durante más de dos meses colgado en las rejas del Ramos Mejía exigiendo «Justicia por Pablo Grillo». Cuenta, con una tenacidad que le desborda: «Me lo llevo para colgarlo en el Rocca. No vamos a dejar de pedir justicia».
La ambulancia arranca y Pablo allá va, para continuar su rehabilitación después del cartucho de gas lanzado por la Gendarmería.
Pablo está vivo y hoy salió de terapia intensiva, 83 días después.
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