CABA
La ley de la fuerza: México militarizado
Una ley sancionada el último día del período legislativo habilita maniobras de las fuerzas del Ejército mexicano en cuestiones de seguridad interior. Sin control de la justicia ni de autoridades civiles, y con aval para mantener en secreto las operaciones, pueden actuar en una amplia y vaga gama de casos. «El 2017 va a terminar como el más violento, siempre según los homicidios, en los últimos veinte años», escribe Eliana Gilet para lavaca.org desde Ciudad de México. «La ley de seguridad interior responde al incremento de la violencia, a los 34 mil desaparecidos y ya muchos más de 100 mil asesinados, perpetuando y blanqueando la presencia militar en las calles. La misma que disparó la violencia y sume a México en la peor crisis de su historia».
Foto: Ernesto Álvarez
Gracias a una aprobación fast track de quince días, que terminó el último día del período legislativo de este año -15 de Diciembre-, México se militarizó por medio de una ley que permite a las Fuerzas Armadas intervenir en cuestiones de seguridad interior, por encima de las autoridades civiles, sin control previo o posterior, ya que también clasifica de Seguridad Nacional toda la información que se genere en sus operativos.
La ley – que tiene 75 páginas de justificación y 30 de articulado – fue producto del lobby castrense: el 20 de Noviembre, el Secretario de Defensa, el General Salvador Cienfuegos, salió públicamente a reclamar al Congreso la urgente aprobación de la Ley de Seguridad Interior que según sus palabras “obliga y da orden y sentido a las instituciones encargadas de la seguridad y defensa del Estado mexicano”. Cienfuegos afirmó luego que los militares “entienden el valor de la subordinación irrestricta al poder civil”, aunque la norma por la que bregaba estableció exactamente lo contrario: es la derrota del control civil ante la pesada bota militar.
A pesar de que la Constitución mexicana indica que las instituciones de seguridad pública son de carácter civil y que en tiempos de paz los militares están restringidos a tareas que tengan que ver con su disciplina, la ley aprobada les entrega el control mediante el uso del ambiguo concepto de “seguridad interior”.
Aunque la ley dice que los militares no se ocuparán de la seguridad «pública», las tareas que describe para la seguridad «interior» coinciden: son las de policía y Ministerio Público. Además de detener gente, las Fuerzas Armadas investigarán los delitos y harán tareas de espionaje, sin estar suscritos al control de la justicia. Sus acciones podrán tener una duración indefinida porque aunque la ley prevé que las “declaraciones de afectación a la seguridad interior” – que es el nombre del mecanismo creado para la intervención militar – duren un año y puedan renovarse de manera indefinida.
Militares presentes en Coahuila, México.
Foto: Ernesto Álvarez
Autonomía armada
El mecanismo creado para la intervención militar se acciona a pedido de las autoridades locales que se vean rebasadas o por la sola decisión del Presidente, quien pasa la batuta a los Secretarios de Defensa (Cienfuegos) y al de Marina (Almirante Vidal Francisco Soberón Sanz) que a su vez designarán un comandante de las Fuerzas Armadas que funcionará como interventor por sobre los gobiernos estatales y municipales. Ningún civil, lógicamente, podrá desarrollar esa tarea ni incidir en la elección del encargado. La movida saca del panorama al Presidente de la República, quien queda excluido de la línea de mando.
Les da esta potestad para intervenir en territorios que sufran desastres naturales, epidemias “y demás contingencias que afecten la salubridad en general”; además de poder asumir esas funciones cuando actúen en la “prevención de riesgos” que determinan el Programa de Seguridad Nacional, que es público y la Agenda Nacional de Riesgos, que no. En ambos tiene un papel clave el CISEN, que es el centro de inteligencia, por medio del Consejo de Seguridad que creó la Ley de Seguridad Nacional, del año 2004.
Esa ley anterior convirtió al crimen organizado en un tema de seguridad nacional, reafirmando la predominancia de los militares en este tema; porque quien los sacó a la calle fue la Suprema Corte de Justicia. En 1996, la Corte interpretó que los militares estaban a la mano del presidente para combatir el crimen organizado, y permitió así que quedara firme la Ley Federal de Crimen Organizado, durante el gobierno de Ernesto Zedillo. Así se militarizó la frontera norte, como en el caso de Coahuila.
En la Ley de Seguridad Interior que acaba de aprobarse, se vuelve permanente y “con coordinación militar” aquello que en las anteriores era excepcional y auxiliar a las autoridades civiles.
Tampoco se establece ningún mecanismo de rendición de cuentas, más que la circulación de la información a nivel del Ejecutivo: entre el Presidente, la Secretaría de Gobernación y el Consejo de Seguridad Nacional. El Congreso está excluido del mecanismo.
Toda la información que se genere durante estas actuaciones tiene carácter de “Seguridad Nacional”, dificultando aún más su obtención y difusión. Más importante es que en los hechos esto invalida la Ley General de Desaparición Forzada que se aprobó un mes antes, ya que obturará el acceso a la justicia en los casos en que militares cometan violaciones graves a los derechos humanos, que se han generalizado en el país.
Todos, desde las instancias internacionales de la CIDH y de la ONU, como las Comisión Nacional de Derechos Humanos, además de oenegés y un colectivo ciudadano llamado Seguridad Sin Guerra, levantaron la voz para denunciar la embestida que la ley significa. Muchos de los partidos políticos con presencia parlamentaria vieron en estas movidas castrenses, intenciones electorales de una campaña que empezó casi al mismo tiempo en que la ley se trataba en el Congreso.
Foto: Ernesto Álvarez
Sin embargo, a pesar de lo que significa una ley como ésta, no ha habido grandes movilizaciones en rechazo, en los dos casos en que los colectivos ciudadanos convocaron a marchar. Algunos de los más viejos reclamaban que la falta de pibes de menos de 25 años se debía a que no les interesa nada; también es posible entender que ya hay una generación que creció con ellos y no imagina la vida sin los militares en cada esquina, en las patrullas de policía, en los retenes y custodiando las escuelas.
Mucho se debe a que los medios han obviado el tema o lo han tratado únicamente con el discurso oficial, que dice que esta es una ley garantista para brindar “seguridad jurídica” a los ciudadanos. Salvo por el gran trabajo que han periodistas independientes, como Carmen Aristegui, que transmite por internet luego de que fue despedida de la cadena MVS tras una cobertura periodística, la información dependería únicamente de las oenegés de derechos humanos que denunciaron.
Que es una ley que garantiza la impunidad militar, dijeron, que normaliza el estado de excepción que se instaló en México hace veinte años, y que abrió un proceso mediante el que, poco a poco, los verdes se erigieron como los únicos que pueden contra el “monstruo” de la delincuencia organizada. Para el momento en que se declaró la guerra de Felipe Calderón, a fines de 2006, México vivía uno de los momentos con menor tasa homicidios de su historia. No había crisis de seguridad ni ola de violencia que justificara, según publicó el Instituto Belisario Domínguez del propio Senado, “que justificara el despliegue simultáneo de operativos con las Fuerzas Armadas, de carácter permanente, en diversos estados de la República entre 2006 y 2007.”
Diez años después de despliegue militar, cuando 27 de los 32 estados ya están militarizados “temporalmente”, el 2017 va a terminar como el más violento, siempre según los homicidios, en los últimos veinte años. La ley de seguridad interior responde al incremento de la violencia, a los 34 mil desaparecidos y ya muchos más de 100 mil asesinados, perpetuando la presencia militar en las calles. La misma que disparó la violencia y sumió a México en la peor crisis de su historia.
Portada
Sin pan y a puro circo: la represión a jubilados para tapar otra derrota en el Congreso
La marcha pacífica de jubilados y jubiladas volvió a ser reprimida por la Policía de la Ciudad para impedir que llegara hasta la avenida Corrientes. La Comisión Provincial por la Memoria confirmó cuatro detenciones (entre ellas, un jubilado) que la justicia convalidó y cuatro personas heridas. Una fue una jubilada a quien los propios manifestantes […]
La marcha pacífica de jubilados y jubiladas volvió a ser reprimida por la Policía de la Ciudad para impedir que llegara hasta la avenida Corrientes. La Comisión Provincial por la Memoria confirmó cuatro detenciones (entre ellas, un jubilado) que la justicia convalidó y cuatro personas heridas. Una fue una jubilada a quien los propios manifestantes salvaron de que los uniformados la pasaran por arriba. En medio del narcogate de Espert, quien pidió licencia en Diputados por “motivos personales”, las imágenes volvieron a exhibir la debilidad del Gobierno, golpeando a personas con la mínima que no llegan a fin de mes, mientras sufría otra derrota en la Cámara baja, que aprobó con 140 votos afirmativos la ley que limita el uso de los DNU por parte de Milei.
Por Francisco Pandolfi y Lucas Pedulla.
Fotos: Juan Valeiro.
Un jubilado de setenta y tantos eleva un cartel bien alto con sus dos manos.
“Pan y circo”, dice.
Pero el “pan” y la “y” están tachados, porque en este miércoles, como en esta época, lo que falta de pan sobra de circo. El triste espectáculo lo ofrece una vez más la policía, hoy particularmente la de la Ciudad, que desplegó un cordón sobre Callao, casi a la altura de Sarmiento, para evitar que la pacífica movilización de jubilados y jubiladas llegara hasta la avenida Corrientes. Detrás de los escudos, aparecieron los runrunes de la motorizada para atemorizar. Y envalentonados, los escudos avanzaron contra todo lo que se moviera, con una estrategia perversa: cada tanto, los policías abrían el cordón y de atrás salían otros uniformados que, al estilo piraña, cazaban a la persona que tenían enfrente. Algunos zafaron a último milímetro.
Pero los oficiales detuvieron a cuatro: el jubilado Víctor Amarilla, el fotógrafo Fabricio Fisher, un joven llamado Cristian Zacarías Valderrama Godoy, y otro hombre llamado Osvaldo Mancilla.
Las detenciones de Cristian Zacarías y del fotógrafo Fabricio Fisher. La policía detuvo al periodista mientras estaba de espaldas. Foto: Juan Valeiro para lavaca.org
En esa avanzada, una jubilada llamada María Rosa Ojeda cayó al suelo por los golpes y fue la rápida intervención de los manifestantes, del Cuerpo de Evacuación y Primeros Auxilios (CEPA), y de otros rescatistas los que la ayudaron. “Gracias a todos ellos la policía no me pasó por encima”, dijo. Su única arma era un bastón con la bandera de argentina.
Como en otros miércoles de represión, la estrategia pareciera buscar que estas imágenes opaquen aquellas otras que evidencian el momento de debilidad que atraviesa el Gobierno. Hoy no sólo el diputado José Luis Espert, acusado de recibir dinero de Federico «Fred» Machado, empresario extraditado a Estados Unidos por una causa narco, se tomó licencia alegando “motivos personales”, sino que la Cámara baja sancionó, por 140 votos a favor, 80 negativos y 17 abstenciones, la ley que limita el uso de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) por parte del Presidente. El gobierno anunció un clásico ya de esta gestión: el veto.
Por ahora, el proyecto avanza hacia el Senado.
Foto: Juan Valeiro para lavaca.org
El poco pan
La calle preveía este golpe, y por eso durante este miércoles se cantó:
“Si no hay aumento,
consiganló,
del 3%
que Karina se robó”.
Ese tema fue el hit del inicio de la jornada de este miércoles, aunque hilando fino carece de verdad absoluta, porque las jubilaciones de octubre sí registraron un aumento: el 1,88%, que llevó el haber mínimo a $326.298,38. Sumado al bono de 70 mil, la mínima trepó a $396 mil. “Es un valor irrisorio. Seguimos sumergidos en una vida que no es justa y el gobierno no afloja un mango, es tremendo cómo vivimos”, cuenta Mario, que no hay miércoles donde no diga presente. “Nos hipotecan el presente y el futuro también, cerrando acuerdos con el FMI que nos impone cómo vivir, y no es más que pan para hoy y hambre para mañana, aunque el pan para hoy te lo debo”.
Victoria tiene 64 años y es del barrio porteño de Villa Urquiza. Cuenta que desde hace 10 meses no puede pagar las expensas. Y que por eso el consorcio le inició un juicio. Cuenta que otra vecina, de 80, está en la misma. Cuenta que es insulina dependiente pero que ya no la compra porque no tiene con qué. Cuenta que su edificio es 100% eléctrico y que de luz le vienen alrededor de 140 mil pesos, más de un tercio de su jubilación. Cuenta que está comiendo una vez por día y que su “dieta” es “mate, mate y mate”. Vuelve a sonreír cuando cuenta que tiene 3 hijos y 4 nietos y cuando dice que va a resistir: “Hasta cuando pueda”.
A María Rosa la salvó la gente de que la policía la pasara por arriba. Foto: Juan Valeiro para lavaca.org
El mucho circo
Desde temprano hubo señales de que la represión policial estaba al caer. A diferencia de los miércoles anteriores, la Policía no cortó la avenida Rivadavia a la altura de Callao. Tampoco cortó el tránsito, lo que permitió que los jubilados y las jubiladas cortaran la calle para hacer semaforazos. Después de media hora, cuando la policía empezó a desviar el tránsito y la calle quedó desolada, comenzó la marcha, pero en vez de rodear la Plaza de los Dos Congresos como es habitual, caminó por Callao en dirección a Corrientes, hasta metros de la calle Sarmiento, donde se erigió un cordón policial y empezó a avanzar contra las y los manifestantes.
Desde atrás, irrumpieron con violencia dos cuerpos en moto: el GAM (Grupo de Acción Motorizada) y el USyD (Unidad de Saturación y Detención), pegando con bastones e insultando a quienes estaban en la calle. “Vinieron a pegarme directamente, mi pareja me quiso ayudar y lo detuvieron a él, que no estaba haciendo nada”, cuenta Lucas, el compañero de Cristian Zacarías, uno de los detenidos.
Foto: Juan Valeiro para lavaca.org
Cercaron el lugar una centena de efectivos de la policía porteña, que no permitieron a la prensa acercarse ni estar en la vereda registrando la escena.
“¿Alguien me puede decir si la detención fue convalidada”, pregunta Lucas al pelotón policial.
Silencio.
“¿Me pueden decir sí o no?”.
Silencio.
Un comerciante mira y vocifera: “¿Sabés lo que hicieron a la vuelta? Subieron a la vereda con las motos”.
Otro se acerca y pregunta: “¿A quién tienen detenido acá, al Chapo Guzmán?”
“No”, le responde seco un periodista: “A un pibe y a un jubilado”.
La Comisión Provincial por la Memoria confirmó las cuatro detenciones (fue aprehendida una quinta persona y derivada al SAME para su atención) y cuatro personas heridas. El despliegue incluyó la presencia también de Policía Federal, Prefectura y Gendarmería detrás del Congreso mientras el despliegue represivo fue «comandado por agentes de infantería de la Policía de la Ciudad». El organismo observó que después de semanas donde el operativo disponía el vallado completo, en los últimos miércoles el dispositivo dejó abierta una vía de circulación que es la que eligen las fuerzas para avanzar contra los manifestantes.
Foto: Juan Valeiro para lavaca.org
También se hizo presente Fabián Grillo, papá de Pablo, que sufrió esa represión el 12 de marzo, en esta misma plaza, y continúa su rehabilitación en el Hospital Rocca. “Su evolución es positiva”, comunicó la familia. El fotorreportero está empezando a comer papilla con ayuda, continúa con sonda como alimento principal, se sienta y se levanta con asistencia y le están administrando medicación para que esté más reactivo. “Seguimos para adelante, lento, pero a paso firme”, dicen familiares y amigos. El martes, la jueza María Servini procesó al gendarme Héctor Guerrero por el disparo. El domingo se cumplirán siete meses y lo recordarán con un festival.
Pablo Caballero mira toda esta disposición surrealista desde un costado. Tiene 76 años y cuatro carteles pegados sobre un cuadrado de cartón tan grande que va desde el piso del Congreso hasta su cintura:
- “Roba, endeuda, estafa, paga y cobra coimas. CoiMEA y nos dice MEAdos. Miente, se contradice, vocifera, insulta, violenta, empobrece, fuga, concentra. ¿Para qué lo queremos? No queremos, ¡basta! Votemos otra cosa”.
- “El 3% de la coimeada más el 7% del chorro generan 450% de sobreprecios de medicamentos”.
- El tercer cartel enumera todo lo que “mata” la desfinanciación: ARSAT, INAI, CAREM, CONICET, ENERC, Gaumont, INCAA, Banco Nación, Aerolíneas, Hidrovía, agua, gas, litio, tierras raras, petróleo, educación. Una enumeración del saqueo.
El cuarto cartel lo explica Pablo: “Cobro la jubilación mínima, que equivale al 4% de lo que cobran los que deciden lo que tenemos que cobrar, que son 10 millones de pesos. No tiene sentido. Por eso, hay que ir a votar en octubre”.
Pablo mira al cielo, como una imploración: «¡Y que se vayan!».
Foto: Juan Valeiro para lavaca.org
Foto: Juan Valeiro para lavaca.org
Foto: Juan Valeiro para lavaca.org
Artes
Un festival para celebrar el freno al vaciamiento del teatro
La revista Llegás lanza la 8ª edición de su tradicional encuentro artístico, que incluye 35 obras a mitad de precio y algunas gratuitas. Del 31 de agosto al 12 de septiembre habrá espectáculos de teatro, danza, circo, música y magia en 15 salas de la Ciudad de Buenos Aires. El festival llega con una victoria bajo el brazo: este jueves el Senado rechazó el decreto 345/25 que pretendía desguazar el Instituto Nacional del Teatro.
Por María del Carmen Varela.
«La lucha continúa», vitorearon este jueves desde la escena teatral, una vez derogado el decreto 345/25 impulsado por el gobierno nacional para vaciar el Instituto Nacional del Teatro (INT).
En ese plan colectivo de continuar la resistencia, la revista Llegás, que ya lleva más de dos décadas visibilizando e impulsando la escena local, organiza la 8ª edición de su Festival de teatro, que en esta ocasión tendrá 35 obras a mitad de precio y algunas gratuitas, en 15 salas de la Ciudad de Buenos Aires. Del 31 de agosto al 12 de septiembre, más de 250 artistas escénicos se encontrarán con el público para compartir espectáculos de teatro, danza, circo, música y magia.
El encuentro de apertura se llevará a cabo en Factoría Club Social el domingo 31 de agosto a las 18. Una hora antes arrancarán las primeras dos obras que inauguran el festival: Evitácora, con dramaturgia de Ana Alvarado, la interpretación de Carolina Tejeda y Leonardo Volpedo y la dirección de Caro Ruy y Javier Swedsky, así como Las Cautivas, en el Teatro Metropolitan, de Mariano Tenconi Blanco, con Lorena Vega y Laura Paredes. La fiesta de cierre será en el Circuito Cultural JJ el viernes 12 de septiembre a las 20. En esta oportunidad se convocó a elencos y salas de teatro independiente, oficial y comercial.
Esta comunión artística impulsada por Llegás se da en un contexto de preocupación por el avance del gobierno nacional contra todo el ámbito de la cultura. La derogación del decreto 345/25 es un bálsamo para la escena teatral, porque sin el funcionamiento natural del INT corren serio riesgo la permanencia de muchas salas de teatro independiente en todo el país. Luego de su tratamiento en Diputados, el Senado rechazó el decreto por amplia mayoría: 57 rechazos, 13 votos afirmativos y una abstención.
“Realizar un festival es continuar con el aporte a la producción de eventos culturales desde diversos puntos de vista, ya que todos los hacedores de Llegás pertenecemos a diferentes disciplinas artísticas. A lo largo de nuestros 21 años mantenemos la gratuidad de nuestro medio de comunicación, una señal de identidad del festival que mantiene el espíritu de nuestra revista y fomenta el intercambio con las compañías teatrales”, cuenta Ricardo Tamburrano, director de la revista y quien junto a la bailarina y coreógrafa Melina Seldes organizan Llegás.
Más información y compra de entradas: www.festival-llegas.com.ar
CABA
Festival ENTRÁ: Resistencia cultural contra el Decreto 345 que quedó ¡afuera! y un acto performático a 44 años del atentado a El Picadero
A 44 años del atentado en plena dictadura contra el Teatro El Picadero, ayer se juntaron en su puerta unas 200 personas para recordar ese triste episodio, pero también para recuperar el espíritu de la comunidad artística de entonces que no se dejó vencer por el desaliento. En defensa del Instituto Nacional del Teatro se organizó una lectura performática a cargo de reconocidas actrices de la escena independiente. El final fue a puro tambor con Talleres Batuka. Horas más tarde, la Cámara de Diputados dio media sanción a la derogación del Decreto 345 que desfinancia al Instituto Nacional del Teatro, entre otros organismos de la Cultura.
Por María del Carmen Varela
Fotos Lina Etchesuri para lavaca
Homenaje a la resistencia cultural de Teatro Abierto. En plena dictadura señaló una esperanza.
Esto puede leerse en la placa ubicada en la puerta del Picadero, en el mítico pasaje Discépolo, inaugurado en julio de 1980, un año antes del incendio intencional que lo dejara arrasado y solo quedara en pie parte de la fachada y una grada de cemento. “Esa madrugada del 6 de agosto prendieron fuego el teatro hasta los cimientos. Había empezado Teatro Abierto de esa manera, con fuego. No lo apagaron nunca más. El teatro que quemaron goza de buena salud, está acá”, dijo la actriz Antonia De Michelis, quien junto a la dramaturga Ana Schimelman ofició de presentadoras.
Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.
La primera lectura estuvo a cargo de Mersi Sevares, Gradiva Rondano y Pilar Pacheco. “Tres compañeras —contó Ana Schimelman— que son parte de ENTRÁ (Encuentro Nacional de Teatro en Resistencia Activa) un grupo que hace dos meses se empezó a juntar los domingos a la tarde, a la hora de la siesta, ante la angustia de cosas que están pasando, decidimos responder así, juntándonos, mirándonos a las caras, no mirando más pantallas”. Escuchamos en estas jóvenes voces “Decir sí” —una de las 21 obras que participó de Teatro Abierto —de la emblemática dramaturga Griselda Gambaro. Una vez terminada la primera lectura de la tarde, Ana invitó a lxs presentes a concurrir a la audiencia abierta que se realizará en el Congreso de la Nación el próximo viernes 8 a las 16. “Van a exponer un montón de artistas referentes de la cultura. Hay que estar ahí”.
Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.
Las actrices Andrea Nussembaum, María Inés Sancerni y el actor Mariano Sayavedra, parte del elenco de la obra “Civilización”, con dramaturgia de Mariano Saba y dirección de Lorena Vega, interpretaron una escena de la obra, que transcurre en 1792 mientras arde el teatro de la Ranchería.
Elisa Carricajo y Laura Paredes, dos de las cuatro integrantes del colectivo teatral Piel de Lava, fueron las siguientes. Ambas sumaron un fragmento de su obra “Parlamento”. Para finalizar Lorena Vega y Valeria Lois interpretaron “El acompañamiento”, de Carlos Gorostiza.
Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.
Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.
Con dramaturgia actual y de los años ´80, el encuentro reunió a varias generaciones que pusieron en práctica el ejercicio de la memoria, abrazaron al teatro y bailaron al ritmo de los tambores de Talleres Batuka. “Acá está Bety, la jubilada patotera. Si ella está defendiendo sus derechos en la calle, cómo no vamos a estar nosotrxs”, dijo la directora de Batuka señalando a Beatriz Blanco, la jubilada de 81 años que cayó de nuca al ser gaseada y empujada por un policía durante la marcha de jubiladxs en marzo de este año y a quien la ministra Bullrich acusó de “señora patotera”.
Todxs la aplaudieron y Bety se emocionó.
El pasaje Santos Discépolo fue puro festejo.
Por la lucha, por el teatro, por estar juntxs.
Continuará.
Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.
Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.
Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.
Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.
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