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La otra Monsanto: Radiografía de Syngenta

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Hoy el presidente Alberto Fernández visitará la planta de Syngenta para anunciar un acuerdo de venta de soja a China, el día del cumpleaños de la empresa transgénica. Flor de regalo: en Argentina la compañía inunda los campos de transgénicos y de plaguicidas prohibidos en otros lugares del mundo, mientras incentiva un marketing que abusa de la palabra “sustentabilidad”. Sus alianzas con Monsanto para ocultar los efectos de los pesticidas. Y por qué con la adquisición de Valagro, la mayor corporación global elaboradora de productos biológicos, Syngenta/ChemChina impulsa una campaña para posicionarse como la empresa que pretende liderar el agro del futuro.

Por Anabel Pomar

Con la adquisición de la mayor compañía global de productos biológicos, Syngenta/ChemChina impulsa una campaña para posicionarse como la empresa que liderará el agro del futuro. Pero sus publicidades “verdes” se licúan rápidamente ante la realidad de sus prácticas. En Argentina inunda los campos de transgénicos y plaguicidas altamente peligrosos como la atrazina, el glifosato o el paraquat. Y mientras habla de sustentabilidad comercializa sustancias prohibidas en otros lugares del mundo, que solo exporta a países empobrecidos.

Syn–gente

Cuatro empresas manejan el mercado global de insumos agrícolas. Syngenta Group es una de ellas. Las otras tres son Bayer –empresa que compró Monsanto–, Corteva –resultado de la fusión entre Dow y Dupont–, y BASF. En Argentina, Syngenta, Bayer, BASF, Corteva y FMC representan el 55 % del mercado.

Syngenta es una transnacional con sede en Suiza y propiedad china desde 2017, adquirida por ChemChina (China National Chemical Corp) por unos 43.000 millones de dólares. Es la segunda fabricante a nivel mundial de transgénicos, agrotóxicos y semillas comerciales. En enero, ChemChina se fusionó con la también china Sinochem para formar el flamante Syngenta Group.

El 8 de octubre pasado la empresa comunicó la adquisición de Valagro con el objetivo de posicionarse en el desarrollo de un mercado de productos biológicos que está previsto duplique su tamaño en los próximos cinco años. “Aprovechar el poder de la naturaleza para ofrecer soluciones innovadoras y eficaces en la nutrición y el cuidado de las plantas”, dicen en su página oficial. El grupo Syngenta informa además que sus ventas en el tercer trimestre de 2020 en América Latina crecieron un 5 % en la división protección de cultivos, un 9% en químicos y un 4% en semillas. Las corporaciones crecen mientras las tierras se concentran cada vez más, vaciando los campos de gente.

Syngenta factura según Forbes unos 750 millones de dólares anuales. Al comprar Nidera en 2018, llevó su liderazgo en agrotóxicos (tiene el 20% del mercado) al mundo de las semillas y hoy ranquea primera en girasol, segunda en maíz detrás de Dekalb (de Bayer) y segunda también en soja, detrás de la argentina GDM (Don Mario).

De los 61 eventos transgénicos autorizados en nuestro país, Syngenta tiene 9 de los productos que se usan para maíz, con resistencias a lepidópteros y a coleópteros y tolerancias a glifosato y a glufosinato de amonio; otro para soja, con tolerancia a los herbicidas a base de glufosinato de amonio e inhibidores de la enzima p–hidroxifenilpiruvato dioxigenasa (HPPD); y uno más que es utilizado para la plantación de algodón, con protección contra lepidópteros.Tres de los cultivos pilares del modelo extracivo argentino.
En 2019 se produjo en el país un récord de uso de fertilizantes, que se incrementó en un 9% en relación al año previo, mostrando una tendencia siempre creciente desde el año 2015. Por su parte, la producción de agrotóxicos creció un 13% en lo que va del 2020, entre otros factores, gracias a las mayores exportaciones.

En Europa no se consigue

Aproximadamente un tercio de los pesticidas vendidos por las principales agroquímicas del mundo están clasificados como altamente peligrosos y tienen como principal destino a los países menos desarrollados. Solo en 2018 más de 81.600 toneladas de 41 pesticidas fueron prohibidos en la Unión Europea.

Unearthed –una organización periodística independiente financiada por Greenpeace y la ONG suiza Ojo Público– realizó en febrero de 2020 un informe sobre el tema donde mencionan que Syngenta fue por lejos el mayor exportador de agroquímicos prohibidos (29.307 toneladas).
“Casi la mitad (41%) de los de los principales productos de BASF, Bayer, Corteva, FMC y Syngenta contienen al menos un plaguicida altamente peligroso (HHP, por sus siglas en inglés)”, afirma Unearthed. “Las ventas de estos productos altamente peligrosos representaron el 36% de todos los ingresos de estas cinco empresas. Más de dos tercios de esas ventas se realizaron en países de bajos y medianos ingresos”.

Syngenta Agro S.A comercializa en el país los siguientes plaguicidas: ametrina, atrazina, clorotalonil, diquat, glifosato, lambdacialotrina, paraquat, tiametoxam. Muchos son parte de una lista de 108 plaguicidas altamente peligrosas según una investigación de la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas de América Latina (Rapal) prohibidos en algunos lugares del mundo, mayormente la Unión Europea, y de uso libre en Argentina.

Glifosato, socios y lobby

El glifosato fue condenado tres veces en Estados Unidos por ser sustancial para provocar cáncer, en los casos Johnson, en 2018, Hardeman y Pilliod en 2019.

En los Monsanto Papers se documenta cómo Monsanto, ahora Bayer, oculta los riesgos cancerígenos y genotóxicos de la sustancia. Se menciona además cómo Syngenta participó de acciones destinadas a entorpecer mecanismos de regulación e investigación científica independiente. Competidoras en el mercado son, sin embargo, socias y aliadas en el lobby científico.

Según estas investigaciones Syngenta, junto a corporaciones como Monsanto-Bayer, Basf y otras, ha interferido en lograr establecer cuáles son los límites permisibles de tóxicos en alimentos. La sospecha se confirmó durante el juicio de Dewayne Johnson, al presentarse como pruebas del accionar malicioso de la empresa una serie de correos dónde altos ejecutivos de Monsanto mantienen intercambios con sus pares de Syngenta y Cheminova, para influir sobre la determinación del Nivel sin Efecto Adverso Observado (NOAEL), índice de toxicidad que se utiliza para la evaluación de riesgos en alimentos.

También se han denunciado maniobras sobre el JMPR, el grupo que fija el límite máximo de residuos tóxicos en alimentos, a través de integrantes del ILSI (Instituto Internacional de Ciencias de la Vida) que se presenta como una ONG independiente pero que actúa como un grupo de lobby, del que Syngenta es parte.

Un informe encargado por tres partidos políticos del Parlamento Europeo (Socialistas, Verdes e Izquierda Unificada), publicado el 15 de enero de 2019, demuestra otro delito cometido por Syngenta: que la evaluación científica que condujo a la aprobación del glifosato por parte de la EFSA es fruto de plagio en más de un 50 % y de “copiar y pegar” en más del 70 %. Párrafos enteros del texto son una copia literal del dossier de homologación enviado a las autoridades europeas por el Grupo de Trabajo del Glifosato (Glyphosate Task Force, GTF) del que Syngenta forma parte.

También se acusa a la empresa por el hecho de que la recategorización de la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer de la OMS (IARC) para el glifosato (probable cancerígeno en humanos, cancerígeno en animales y genotóxico) no sea asumida por otras reguladoras europeas y norteamericanas. Vía Croplife internacional y GMO Answers, entre otros grupos de lobby, buscaron detener un efecto cascada. Syngenta forma parte de ambas. En los Monsanto Papers las dos agencias de lobby figuran como TIER 1, es decir, aliados empresariales.

Atrazina, pruebas y sombras

Syngenta es hoy el principal productor de la molécula tóxica atrazina, inventada por Geigy en 1958. La compañía no la comercializa en Suiza, donde tiene su sede, pero sí en Argentina, Brasil, Paraguay, Bolivia y Uruguay. La denominada “República Unida de la Soja”, según un viejo anuncio publicitario de Syngenta que revela cómo conciben al Cono Sur.
A pesar de estar prohibida en más de 37 países y desde hace casi dos décadas en la Unión Europea debido a la contaminación del agua, la atrazina es el 4° plaguicida más usado en Argentina y, junto al letal paraquat (prohibido en la UE desde 1989), viene incrementando sus volúmenes de venta en los últimos años. Se aplica en producciones extensivas de maíz, soja, trigo, así como en sorgo, hortalizas y maíz para consumo en fresco (choclo).

Es un disruptor endocrino que, aun en dosis muy bajas, puede causar defectos de nacimiento y daños reproductivos. También es un posible carcinógeno. Un estudio epidemiológico realizado en Francia de 2002 a 2006 por el INSERM sobre 3.500 mujeres al comienzo de la gestación puso en evidencia que quienes mostraban trazas de atrazina en la orina tenían un 70% de probabilidades de dar a luz un bebé con deficiencia de circunferencia craneana y déficit en el desarrollo neurocognitivo .
El biólogo Tyrone Hayes de la universidad de Berkeley en California, referencia mundial en el sector de la investigación del impacto de los biocidas, obtuvo los mismos resultados. En 2007, Tyrone publicó que la atrazina es la causa potencial de ciertos tipos de cáncer, como el de próstata o el de mama.

Hayes realizó parte de su investigación financiado por la propia Syngenta que, al conocer los resultados, intentó ocultarlos. La empresa, cuando Hayes hizo públicos sus hallazgos, realizó una campaña de descrédito contra el investigador y financió “papers” propios para contrarrestar ese material equilibrando la balanza a favor de sus intereses, y en detrimento de la verdad.

En noviembre de 2011, un grupo organizado por Syngenta publicó una serie de cinco artículos defendiendo la atrazina. Esos trabajos incurrieron, según un informe del Natural Resources Defense Council titulado “Economic Analysis of Atrazine” de 2013, en errores de metodología que le hacían inferir beneficios inexistentes.

Hayes en 2018 publicó un nuevo estudio que muestra que los efectos dañinos de la atrazina son consistentes en anfibios, peces, reptiles, aves, mamíferos de laboratorio, y con datos epidemiológicos humanos.
En Argentina científicos del Conicet y de varias universidades nacionales han encontrado atrazina en aguas de lagunas de llanura pampeana, en la lluvia, en aguas de pozo de escuelas rurales y de comunidades, y hasta en pejerreyes.

El pasado 30 de octubre la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA) fue demandada por Pesticide Action Network, Beyond Pesticides, Center for Biological Diversity, Center for Food Safety y Rural Coalition, por reaprobar la atrazina. Las organizaciones mencionadas denuncian que el lobby es más influyente que el deber de la agencia en el cuidado de la salud.

Abejas en jaque

En su página web Syngenta promociona iniciativas como la creación de “Hoteles de insectos” y planes para cuidar a los polinizadores. Pero no cuenta que considerando la toxicidad ambiental de los plaguicidas altamente peligrosos autorizados en Argentina 47 de ellos, un 38,2 %, poseen una toxicidad muy alta en abejas, pudiendo causar la muerte a dosis mayores de 2 microgramos por abeja según la EPA de Estados Unidos. Este dato denunciado por Rapal se correlaciona con denuncias realizadas por apicultores individuales y sus organizaciones por la alta mortandad de abejas en diversas regiones.

Syngenta comercializa productos que dañan a las abejas: los herbicidas paraquat, glifosato (solo y con metacloro), atrazina e insecticidas como el tiametoxan, clorantraniliprole, clorpirifos, cipermetrina y otros piretroides.
Desde la Sociedad Argentina de Apicultores (SADA) señalan que existen sobradas pruebas científicas de los daños de esos tóxicos sobre los polinizadores y el perjuicio sobre la actividad apícola como sector productivo. “Las empresas tóxicas buscan eludir su responsabilidad y pretenden invertir las responsabilidades. Que seamos los apicultores quienes tengamos que demostrar la toxicidad en cada caso, ignorando así el principio precautorio. Además de sostener la pretendida inocuidad en ‘papers’ realizados por científicos financiados por las mismas empresas fabricantes. A ello hay sumarle la connivencia de las agencias regulatorias locales que, ante las denuncias reiteradas, sostienen que el modelo agroindustrial y sus químicos, en especial los neonicotonoides, pueden convivir con las abejas”.

Un contexto favorable

Syngenta tiene como portavoz argentino a Antonio Aracre, desde hace una década gerente general para Latinoamérica Sur. Aracre realiza una enorme campaña mediática para promocionar a su empresa como sustentable, preocupada por el “bienestar de la humanidad y el destino del planeta”. El propio Estado argentino le permitió proyectar esa imagen cuando le otorgó un lugar destacado dentro del “Plan contra el hambre”. El lugar en la mesa en la articulación de un plan con ese nombre fue ampliamente repudiado por organizaciones de la sociedad civil y productores que señalaron algo obvio: los commodities no son alimentos. Y quien es parte de las causas, no puede ser parte de la solución.

En primera fila, el día del anuncio allá por octubre de 2019, Aracre sonreía. No era para menos. Desde ese lugar Syngenta sigue repitiendo un mito que parecía desterrado, y que permitió el desarrollo de las corporaciones tóxicas y transgénicas desde la fracasada revolución verde: que son ellos quienes pueden terminar con el hambre del mundo.

La Agencia de la Agricultura y la Alimentación de la ONU asegura que desde 1987 no faltan alimentos para la población planetaria y que desde entonces es más rápida la fabricación de productos comestibles que la reproducción de la población. El problema no es la falta de comida, sino su distribución .Al mismo tiempo denuncia la epidemia de obesidad por el aumento de ultra procesados, y otras enfermedades por el exponencial crecimiento de la utilización de agrotóxicos y la contaminación de aire, tierra y agua.
Un año después de ese acto, las políticas estatales siguen haciendo sonreír a Syngenta y al resto de las corporaciones tóxicas.

En menos de un año marcado por una pandemia que exhibe las consecuencias de alterar los equilibrios naturales, en nombre de “terminar con el hambre” y “salir de la crisis” se lanzó el Plan 200 millones de toneladas (resolución 216/2020 del ministerio de Agricultura).

Busca ampliar la superficie cultivada avanzando sobre zonas de exclusión y amortiguamiento, reinstalando la idea de “buenas prácticas agrícolas” pero esta vez de la mano de las ag-tech, o tecnologías de precisión. Se aprobó el trigo transgénico (condicionado a la autorización de Brasil) y se concedieron rebajas en las retenciones a los agroexportadores, el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) y la “Estrategia de Reactivación Agroindustrial Exportadora, Inclusiva, Sustentable y Federal. Plan 2020-2030”.

Todas medidas que profundizan o allanan el camino para que el modelo agroenvenenador siga su curso.

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Bloqueo a Vaca Muerta de comunidades mapuche y pobladores de Añelo que buscan dos cosas: derechos y agua

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Esta semana hubo cinco cortes a los principales yacimientos de fracking, organizados por el pueblo mapuche de Vaca Muerta en reclamo de relevamientos territoriales ya acordados que permitirían además el reconocimiento de 14 comunidades. El bloqueo se agregó a los cortes de ruta de pobladores de Añelo (localidad central en el área de explotación) que reclamaban por la ausencia de agua. Jorge Nawel, de la Confederación Mapuche de Neuquén dice a lavaca: “Estamos contra la fractura hidráulica porque sabemos lo que genera, como lo saben los países la prohibieron como Francia, Inglaterra, varios estados de los Estados Unidos, que sin embargo mandan sus empresas para que hagan el fracking aquí”. Los efectos reales de la “inversión extranjera” y el negocio de las empresas que solo son rentables si tienen subsidios estatales.

Esta semana las comunidades mapuche de la zona de Vaca Muerta bloquearon los cinco principales yacimientos de fractura hidráulica. A ese conflicto se sumaron los cortes de rutas protagonizados por vecinas y vecinos de la ciudad de Añelo, desesperados por la ausencia de agua, entre otras cosas.

Jorge Nawel, logko (autoridad política) de la Confederación Mapuche de Neuquén planteó a lavaca el panorma y derribó los mitos publicitarios sobre los supuestos beneficios del fracking.

“La situación empieza por tres grandes temas pendientes. Por un lado la obligación de Consulta Libre e Informada a los pueblos originarios, tema refrendado por Argentina en los tratados internacionales. Estamos todavía discutiendo un articulado que es el que le dará forma al proceso de consulta sobre cualquier actividad que se haga en territorio indígena”.  

“Por otra parte la necesidad de las personerías jurídicas de las comunidades, que no tienen ese reconocimiento por parte del Estado. Es una deuda que el Estado no termina de resolver”.

“Y el tercer tema es el relevamiento de las tierras, porque si no tenemos delimitados los territorios, ¿a quién van a reconocer?”.

¿Un pueblo originario es un club?

Sostiene Nawel que el tema de la consulta está cerca de poder resolverse tras cuatro meses de negociaciones para el establecimiento de un protocolo de 15 puntos ante cada proyecto que pretenda realizarse en territorio indígena. “Posiblemente la semana próxima podamos dar buenas noticias”.

Le da especial importancia, también, a la cuestión del registro “porque saca a las comunidades de la órbita de una simple asociación y les da el estatus que corresponde, con una personería que es carácter público, no privado. Eso significa que una comunidad no tiene control del Estado ni es tratada como como si fuese un club o una asociación, sino que se trata de un pueblo. No es parte de la órbita privada sino de la pública”.

¿Y por qué el bloqueo? “Principalmente por el tercer tema, el del relevamiento territorial. Se formó un equipo técnico, jurídico y catastral hace más de un año para concretarlo, pero notamos animosidad oficial contra las comunidades de Vaca Muerta porque somos las que protestamos y nos movilizamos. Ese mismo equipo existe como respuesta a una de las acciones directas que hicimos en 2021. El equipo lo forman Nación y Provincia, pero nunca funcionó como corresponde y en más de un año no hubo relevamiento de una sola de nuestras 14 comunidades en esa zona. Por eso decidimos bloquear Vaca Muerta”.

Llamar la atención vs embarrar la cancha   

El bloqueo se concretó el lunes pasado, 28 de noviembre. “Cerramos el acceso a los cinco yacimientos más importantes en los que trabajan empresas como Techint, YPF, Shell, Tecpetrol y Pluspetrol, entre otras. Eso significa ingresar a las 5 de la mañana antes del turno que empieza a las 6. Se arman colas de 200 camiones y máquinas de la industria, o más, que no dejamos que circulen”.

El fondo del tema, según Nawel: “Es la única manera de llamar la atención de un gobierno al que la protesta social no le va ni le viene, y te lo digo porque hay protestas y reclamos todos los días, y una total indiferencia oficial frene a eso”.

“Lo único que hace que te presten atención es cuando le tocas la matriz económica que es la explotación de Vaca Muerta. Somos conscientes de eso y cada vez que queremos ponernos en una posición firme tenemos que bloquear la producción”.

La acción mapuche logró llamar la atención: “Convocaron a un diálogo y se planteó crear un equipo especial que resuelva la cuestión del relevamiento territorial. Hay que ver si el gobierno cumple su palabra. Lo que estamos reclamando es que se cumplan las leyes”.

Funcionarios y medios, sin embargo, plantean que el trasfondo del reclamo mapuche es la búsqueda de un beneficio económico. Responde Jorge Nawel: “Es el argumento cuando el Estado quiere confundir las cosas. Plantea un trasfondo económico, peero vos ves las demandas que hacemos, ninguna tiene carácter económico sino de derechos. Carácter político y de respeto a los derechos”.

“La Consulta es algo que está normado desde 2001. Que se reconozca a las comunidades es algo que está escrito en las constituciones de Nación y Provincia. El relevamiento de tierras está ordenado por la Ley 21.160. O sea que estamos reiterando viejas demandas que jamás se responden. Una forma de ensuciar y embarrar la cancha es darle a lo que reclamamos un carácter económico, cuando en realidad les estamos diciendo que cumplan las leyes: cumplan con lo que ustedes mismos aprobaron”.

Progresismo y felicidad extractiva

El debate sobre el modelo extractivo del cual el fracking es apenas una muestra, incluye de modo cada vez más entusiasta a sectores que se autoperciben progresistas que pregonan avanzar con un tipo de modelo que lleva más de 500 años no excesivamente exitosos en el continente.

Reconoce Jorge: “Vaca Muerta es sin duda una salvación económica, pero ¿de quién? Para nosotros, para la sociedad, es una fuente de saqueo de recursos naturales, de empobrecimiento social y de contaminación de todo tipo”.

“Sin embargo es cierto que es una salvación económica para las corporaciones, que pueden derivar a sus casas centrales millonadas de dólares de manera permanente. Argentina lo único que hace es darles prebendas, subsidios, beneficios impositivos, para que el señor inversor no se vaya y siga explotando la meseta y la tierra mapuche”.

Nawel advierte: “Todo ese contagio de felicidad y bienaventuranza para nosotros es una absoluta farsa. El fracking solo les da ganancias a las empresas. La propia industria del fracking ha planteado en distintos informes que la actividad no es rentable sin la cantidad de subsidios y prebendas que le da el Estado. Lo más grave para nosotros –y debería serlo para la sociedad– todo se hace a costa del ambiente, la salud y la seguridad de la población”.

La descripción: “El fracking genera un enorme impacto ambiental por las toneladas de basura que genera, por el tema de los sismos (debidos a las excavaciones), por los millones de litros de agua que consume en una zona árida como la nuestra. La industria no se ocupa no responde porque si tuviera que hacerse cargo de los costos ambientales y sociales, ya no sería rentable. Por eso es una farsa”.

Lo prohibido y la deuda

El rechazo mapuche, según Nawel: “Rechazamos el fracking desde el primer día porque sabemos las consecuencias que genera. Es el mismo conocimiento que tienen los países del primer mundo que por eso lo prohíben, como Francia, Gran Bretaña, varios estados de los Estados Unidos, y Colombia también se sumó a una moratoria”. La moratoria es el modo de dejar en suspenso cualquier aprobación a la actividad, un modo elegante de prohibición. De todos modos en Europa se sumaron Alemania, Bulgaria, Italia, Suiza y República Checa.  

“El fracking solo es rentable si los Estados subordinados, empobrecidos, entregados, renunciando a su soberanía permiten que esas multinacionales ingresen”.

¿Y cómo ven a los funcionarios? “Lo que pasa es que esto es un cúmulo de errores de políticos cortoplacistas que al subir solo pensaron en terminar su mandato y ganar reelecciones en lo posible, y para eso capturaron el recurso era el petróleo y lo dilapidaron. Neuquén es una provincia petrodependiente desde hace décadas”.  

“Los políticos piensan siempre en el corto plazo, nunca pensar en la sociedad, en el futuro, en las nuevas generaciones. Pero es increíbe: ya en 1956 la constitución de Neuquén decía que toda la renta petrolera que se obtuviera no debía ser utilizada en gastos comunes, que es lo que hoy se hace para sostener el aparato del Estado y el empleo púbico. La renta debía reinvertirse en la búsqueda de energías alternativas para romper la dependencia del petróleo, que ya en ese momento se veía que era una industria con impacto ambiental y no sustentable. Esa inversión de renta en la búsqueda de energías alternativas nunca se hizo. Nunca”.

Jorge relaciona el tema con el de la deuda externa: “El país, por sus políticos, queda preso de una deuda escandalosa que exige acumular dólares para pagarla. Pero la última beneficiada de todo esto va a ser la población Y los primeros benericiados van a ser los dueños de la deuda externa y las empresas que obtienen ganancias vergonzosas que giran al exterior, a sus casas centrales. Las migajas quedan para la población y sobre todo queda un impacto que va a convertir a a estas tierras en un cementerio si todo sigue así”.

¿Agua o petróleo?

La tremenda propaganda alrededor de Vaca Muerta, sus inversiones, sus ganancias, podría inducir a pensar que la provincia, o al menos las localidades cercanas a la explotación, están pasando épocas de bonanza (sea lo que sea que tal cosa signifique).

Nawel informa: “Cuando hicimos el bloqueo se sumó el propio pueblo de Añelo que hace días no tiene una gota de agua en la canilla. Es más. Nosotros levanamos el bloqueo cuando empezamos a obtener respuesta, pero ellos siguieron hasta el miércoles. Y solo reclamaban agua, ¿te das cuenta? Están planteando obras que permiten llevar agua desde el río Neuquén para las empresas, y el pueblo supuestamente beneficiado no tiene ni agua. Esa es la realidad. Neuquén es una provincia endeudada con la banca internacional y el Estado nacional, y nos venden todos los días titulares hablando de un ritmo acelerado de Vaca Muerta o de aumento de la producción”.

La contracara: “Lo que se ve en la práctica es que lo que aumentó es la pobreza, el endeudamiento de la provincia, y Añelo, que era la Dubai argentina, no tiene ni agua”.

La situación: “Hacen tanta propaganda y hay una crisis tan grande, que todos los los días llegan familias a Neuquén con la expectativa de conseguir un trabajo digno en esta supuesta gran gallina de los huevos de oro. Como no lo logran, porque la industria es muy selectiva, se van incrementando las periferias urbanas con familias empobrecidas. Si esa es la salvación del país, estamos en problemas”.

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16va Marcha de la Gorra: “Ocupar las calles: Libres o nada”

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Ayer, martes 29 de noviembre se llevó a cabo la 16va edición de la Marcha de la Gorra en la ciudad de Córdoba. La reconocida marcha contra el gatillo fácil y la violencia institucional sucede a dos semanas de conocerse públicamente -en el marco del juicio por la muerte del adolescente Blas Correa- los mensajes intercambiados por Whatsapp entre el ex Ministro de Seguridad Alfonso Mosquera y el ex comisario Gonzalo Cumplido en el que manifestaban su preocupación por las repercusiones que provocaría la muerte de “un rubito” “de clase media”. Conversación mantenida a primera mañana de los 6 disparos de la noche de agosto del 2020.

Por Bernardina Rosini

desde Córdoba

Tal vez resuene fuerte fuera de la provincia, pero en la calle no causó ningún escozor.

Soledad Aciar, la madre de Blas, ausente en la marcha, hace unos días refirió sobre los policías locales «disparan sus armas como si estuvieran jugando en la Play”.

No se mencionó el indignante intercambio entre los ex funcionarios en la tarde de ayer, pero sí se mencionaron las 9 horas que estuvo encadenada la mamá de Rodrigo Sánchez en las rejas de Tribunales. Ella, Gabriela Sanso, tomó el micrófono y fue dura contra la justicia y los uniformados azules. “7 años sin que avance la causa, sin respuestas, sin que me digan nada», dijo. «No puede ser que nos tengamos que encadenar para ser escuchados. Mataron a mi hijo por la espalda, 17 años. Ellos sueltos mientras que a mi hijo no le dieron oportunidad. No dan oportunidad de vivir, fusilan”. Sólo tras haberse encadenado, la Fiscalía General la recibió y se comprometió con la resolución de la causa.

Se suceden madres en el micrófono que relatan y enumeran, una vez más, todas las atrocidades del mecanismo de impunidad: disparos por la espalda, fiscalías inertes, investigaciones nunca iniciadas, encubrimientos, argumentos y declaraciones tan burdas, tan contradictorias, tan absurdas. Dolor y nudos de bronca.

Unxs pibes con la cabeza cubierta escalan por el frente de un edificio y hacen la primera intervención de la marcha: pincel en mano y pegamento, dejan el rostro y nombres de algunos los muertos Franco Amaya, Sergio Cuello, Juan Alarcón, Pichón Escobay. Podrían cubrir todo el frente. Sólo en los últimos dos años se contabilizan 10 casos fatales en manos de la Policía de Córdoba. Con esta preocupación la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Córdoba (APDH Córdoba) solicitó al Gobernador Juan Schiaretti una audiencia con “carácter de urgente” en el mes de agosto. Entrando en diciembre, con el expediente dormido, el gobernador no se da por notificado.

Difícil eludir la sucesión de los casos, y la crisis de la institución policial. En los primeros seis meses de 2022 un total de 218 uniformados fueron apartados de sus trabajos debido a que quedaron bajo la lupa del Tribunal de Control Disciplinario de las Fuerzas de Seguridad de Córdoba. El 88,2% corresponden específicamente a efectivos de la Policía de la Provincia, y según el Tribunal en la gran mayoría de los casos, los desplazamientos de personal fueron por sumarios motivados por denuncias de violencia de género, seguidos de mal desempeño y violencia institucional.

Casos que han logrado relevancia y aparecer en las agendas de los medios nacionales: Blas Correa es uno, el femicidio de Cecilia Basaldúa es otro. Este último  tiene policías señalados por la familia, confesiones logradas mediante aprietes, encubrimiento y un juicio forzado contra un joven inocente. Pero aún sin dar con el autor material.

Difícil desentenderse también de la fuerza y el sentido que moviliza la Marcha de la Gorra en Córdoba. No atender a los fuegos, la danza y la ceremonia a metros de la Legislatura, rodeada de vallas y un puñado de policías. Las familias prenden velas dispuestas en la calle formando una figura hecha de bidones de agua, flores de santa rita, naranjas y manzanas. 

 “Libertad para ocupar las calles y habitar y circular por nuestros montes”. Se escucha en los parlantes, ampliando los límites del transitar urbano pero también señalando que las políticas violentas, extractivistas, excluyentes son comunes. Acá y un poco más allá. Que son múltiples los derechos arrebatados. “Que no nos quiten crecer en las calles, ni las noches en la plaza ni las tardes de río”. El final de la marcha es un abrazo, la canción que la cantante Sara Hebe escribió inspirada en la marcha, sintetiza el deseo:

“No encuentro mejor manera de aguantar este embretao

Que imaginarme suelto, vivo y enamorao”.

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#NiUnaMás

Hoy es el día para luchar contra las violencias, y mañana también

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Este informe del Observatorio Lucía Pérez dimensiona la cartografía de la violencia patriarcal, con la esperanza de encontrar una forma de prevenirla y erradicarla. Los pies en la calle contra las violencias. Y lo que hay que cuidar: la vida. 

300 femicidios y travesticidios: uno cada 26 horas
339 marchas para exigir justicia: una por día
211 infancias huérfanas: no hay forma de dimensionar lo que esto significa.
En los padrones públicos y de libre acceso de nuestro Observatorio podés encontrar toda la información que hay detrás de estos números. Está actualizada diariamente e incluye hasta la fuente de donde surgen los datos, que permanentemente chequeamos y renovamos caso por caso. En total, el padrón de femicidios y travesticidios ya suma 4.177.
También llevamos padrones públicos de tentativas de femicidios, desaparecidas, violaciones, denuncias registradas por provincia y funcionarios denunciados por violencia de género.
Día a día y desde hace más de una década bordamos así esta cartografía de la violencia patriarcal con la esperanza de encontrar una forma de prevenirla y erradicarla.
Periódicamente junto a las familias víctimas de estas violencia analizamos lo que esta información representa hasta descubrir algunas claves. Por ejemplo, aprendimos a diferenciar los femicidios y travesticidios generados por las violencias parentales de aquellos generados por la impunidad territorial, donde el dominio narco genera las condiciones necesarias para arrasar con la vida de mujeres y trans. El ejemplo más cruel es Rosario, que este año ya suma 50 mujeres asesinadas por una violencia territorial que cuenta con la necesaria complicidad de policías y servicios penitenciarios, es decir el Estado. Obtener justicia en estas condiciones es algo negado de por sí y precisamente por ello, lo que alienta la continuidad de estos crímenes.
La forma de construir justicia, entonces, sigue siendo la que nos legaron Madres y Abuelas: con los pies en la calle. Los datos son claros: este año hubo una marcha por día gritando “Ni una más”.
Lo que representan estas movilizaciones que sacuden las periferias en todo el país no es fácil percibirlo desde la centralidad porteña, capturada por la parálisis y el vaciamiento que los kioscos de género ejercen sobre el movimiento para contenerlo y disciplinarlo. Advertimos entonces: cuidado con “los cuidados”. Con esa etiqueta se vienen ahora los recursos, los discursos y los programas que pretenden catalizar las energías sociales hacia tareas de reparación de lo que precisamente el sistema enferma y rompe.
Nosotras no vamos a cuidar este sistema.
Nosotras no vamos a sanarlo, ni a alimentarlo ni a criarlo.
Nosotras vamos a sacudirlo hasta que caiga.
Y lo vamos a hacer bailando, gritando y conspirando el 25 de noviembre, día internacional de lucha contra la violencia patriarcal, y también al día siguiente, y al siguiente, y más.
Nosotras nos organizamos y reunimos para cuidar lo que hoy está en riesgo: la vida.

Los padrones públicos y de libre acceso se pueden ver en www.observatorioluciaperez.org

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