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La otra Monsanto: Radiografía de Syngenta

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Hoy el presidente Alberto Fernández visitará la planta de Syngenta para anunciar un acuerdo de venta de soja a China, el día del cumpleaños de la empresa transgénica. Flor de regalo: en Argentina la compañía inunda los campos de transgénicos y de plaguicidas prohibidos en otros lugares del mundo, mientras incentiva un marketing que abusa de la palabra “sustentabilidad”. Sus alianzas con Monsanto para ocultar los efectos de los pesticidas. Y por qué con la adquisición de Valagro, la mayor corporación global elaboradora de productos biológicos, Syngenta/ChemChina impulsa una campaña para posicionarse como la empresa que pretende liderar el agro del futuro.

Por Anabel Pomar

Con la adquisición de la mayor compañía global de productos biológicos, Syngenta/ChemChina impulsa una campaña para posicionarse como la empresa que liderará el agro del futuro. Pero sus publicidades “verdes” se licúan rápidamente ante la realidad de sus prácticas. En Argentina inunda los campos de transgénicos y plaguicidas altamente peligrosos como la atrazina, el glifosato o el paraquat. Y mientras habla de sustentabilidad comercializa sustancias prohibidas en otros lugares del mundo, que solo exporta a países empobrecidos.

Syn–gente

Cuatro empresas manejan el mercado global de insumos agrícolas. Syngenta Group es una de ellas. Las otras tres son Bayer –empresa que compró Monsanto–, Corteva –resultado de la fusión entre Dow y Dupont–, y BASF. En Argentina, Syngenta, Bayer, BASF, Corteva y FMC representan el 55 % del mercado.

Syngenta es una transnacional con sede en Suiza y propiedad china desde 2017, adquirida por ChemChina (China National Chemical Corp) por unos 43.000 millones de dólares. Es la segunda fabricante a nivel mundial de transgénicos, agrotóxicos y semillas comerciales. En enero, ChemChina se fusionó con la también china Sinochem para formar el flamante Syngenta Group.

El 8 de octubre pasado la empresa comunicó la adquisición de Valagro con el objetivo de posicionarse en el desarrollo de un mercado de productos biológicos que está previsto duplique su tamaño en los próximos cinco años. “Aprovechar el poder de la naturaleza para ofrecer soluciones innovadoras y eficaces en la nutrición y el cuidado de las plantas”, dicen en su página oficial. El grupo Syngenta informa además que sus ventas en el tercer trimestre de 2020 en América Latina crecieron un 5 % en la división protección de cultivos, un 9% en químicos y un 4% en semillas. Las corporaciones crecen mientras las tierras se concentran cada vez más, vaciando los campos de gente.

Syngenta factura según Forbes unos 750 millones de dólares anuales. Al comprar Nidera en 2018, llevó su liderazgo en agrotóxicos (tiene el 20% del mercado) al mundo de las semillas y hoy ranquea primera en girasol, segunda en maíz detrás de Dekalb (de Bayer) y segunda también en soja, detrás de la argentina GDM (Don Mario).

De los 61 eventos transgénicos autorizados en nuestro país, Syngenta tiene 9 de los productos que se usan para maíz, con resistencias a lepidópteros y a coleópteros y tolerancias a glifosato y a glufosinato de amonio; otro para soja, con tolerancia a los herbicidas a base de glufosinato de amonio e inhibidores de la enzima p–hidroxifenilpiruvato dioxigenasa (HPPD); y uno más que es utilizado para la plantación de algodón, con protección contra lepidópteros.Tres de los cultivos pilares del modelo extracivo argentino.
En 2019 se produjo en el país un récord de uso de fertilizantes, que se incrementó en un 9% en relación al año previo, mostrando una tendencia siempre creciente desde el año 2015. Por su parte, la producción de agrotóxicos creció un 13% en lo que va del 2020, entre otros factores, gracias a las mayores exportaciones.

En Europa no se consigue

Aproximadamente un tercio de los pesticidas vendidos por las principales agroquímicas del mundo están clasificados como altamente peligrosos y tienen como principal destino a los países menos desarrollados. Solo en 2018 más de 81.600 toneladas de 41 pesticidas fueron prohibidos en la Unión Europea.

Unearthed –una organización periodística independiente financiada por Greenpeace y la ONG suiza Ojo Público– realizó en febrero de 2020 un informe sobre el tema donde mencionan que Syngenta fue por lejos el mayor exportador de agroquímicos prohibidos (29.307 toneladas).
“Casi la mitad (41%) de los de los principales productos de BASF, Bayer, Corteva, FMC y Syngenta contienen al menos un plaguicida altamente peligroso (HHP, por sus siglas en inglés)”, afirma Unearthed. “Las ventas de estos productos altamente peligrosos representaron el 36% de todos los ingresos de estas cinco empresas. Más de dos tercios de esas ventas se realizaron en países de bajos y medianos ingresos”.

Syngenta Agro S.A comercializa en el país los siguientes plaguicidas: ametrina, atrazina, clorotalonil, diquat, glifosato, lambdacialotrina, paraquat, tiametoxam. Muchos son parte de una lista de 108 plaguicidas altamente peligrosas según una investigación de la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas de América Latina (Rapal) prohibidos en algunos lugares del mundo, mayormente la Unión Europea, y de uso libre en Argentina.

Glifosato, socios y lobby

El glifosato fue condenado tres veces en Estados Unidos por ser sustancial para provocar cáncer, en los casos Johnson, en 2018, Hardeman y Pilliod en 2019.

En los Monsanto Papers se documenta cómo Monsanto, ahora Bayer, oculta los riesgos cancerígenos y genotóxicos de la sustancia. Se menciona además cómo Syngenta participó de acciones destinadas a entorpecer mecanismos de regulación e investigación científica independiente. Competidoras en el mercado son, sin embargo, socias y aliadas en el lobby científico.

Según estas investigaciones Syngenta, junto a corporaciones como Monsanto-Bayer, Basf y otras, ha interferido en lograr establecer cuáles son los límites permisibles de tóxicos en alimentos. La sospecha se confirmó durante el juicio de Dewayne Johnson, al presentarse como pruebas del accionar malicioso de la empresa una serie de correos dónde altos ejecutivos de Monsanto mantienen intercambios con sus pares de Syngenta y Cheminova, para influir sobre la determinación del Nivel sin Efecto Adverso Observado (NOAEL), índice de toxicidad que se utiliza para la evaluación de riesgos en alimentos.

También se han denunciado maniobras sobre el JMPR, el grupo que fija el límite máximo de residuos tóxicos en alimentos, a través de integrantes del ILSI (Instituto Internacional de Ciencias de la Vida) que se presenta como una ONG independiente pero que actúa como un grupo de lobby, del que Syngenta es parte.

Un informe encargado por tres partidos políticos del Parlamento Europeo (Socialistas, Verdes e Izquierda Unificada), publicado el 15 de enero de 2019, demuestra otro delito cometido por Syngenta: que la evaluación científica que condujo a la aprobación del glifosato por parte de la EFSA es fruto de plagio en más de un 50 % y de “copiar y pegar” en más del 70 %. Párrafos enteros del texto son una copia literal del dossier de homologación enviado a las autoridades europeas por el Grupo de Trabajo del Glifosato (Glyphosate Task Force, GTF) del que Syngenta forma parte.

También se acusa a la empresa por el hecho de que la recategorización de la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer de la OMS (IARC) para el glifosato (probable cancerígeno en humanos, cancerígeno en animales y genotóxico) no sea asumida por otras reguladoras europeas y norteamericanas. Vía Croplife internacional y GMO Answers, entre otros grupos de lobby, buscaron detener un efecto cascada. Syngenta forma parte de ambas. En los Monsanto Papers las dos agencias de lobby figuran como TIER 1, es decir, aliados empresariales.

Atrazina, pruebas y sombras

Syngenta es hoy el principal productor de la molécula tóxica atrazina, inventada por Geigy en 1958. La compañía no la comercializa en Suiza, donde tiene su sede, pero sí en Argentina, Brasil, Paraguay, Bolivia y Uruguay. La denominada “República Unida de la Soja”, según un viejo anuncio publicitario de Syngenta que revela cómo conciben al Cono Sur.
A pesar de estar prohibida en más de 37 países y desde hace casi dos décadas en la Unión Europea debido a la contaminación del agua, la atrazina es el 4° plaguicida más usado en Argentina y, junto al letal paraquat (prohibido en la UE desde 1989), viene incrementando sus volúmenes de venta en los últimos años. Se aplica en producciones extensivas de maíz, soja, trigo, así como en sorgo, hortalizas y maíz para consumo en fresco (choclo).

Es un disruptor endocrino que, aun en dosis muy bajas, puede causar defectos de nacimiento y daños reproductivos. También es un posible carcinógeno. Un estudio epidemiológico realizado en Francia de 2002 a 2006 por el INSERM sobre 3.500 mujeres al comienzo de la gestación puso en evidencia que quienes mostraban trazas de atrazina en la orina tenían un 70% de probabilidades de dar a luz un bebé con deficiencia de circunferencia craneana y déficit en el desarrollo neurocognitivo .
El biólogo Tyrone Hayes de la universidad de Berkeley en California, referencia mundial en el sector de la investigación del impacto de los biocidas, obtuvo los mismos resultados. En 2007, Tyrone publicó que la atrazina es la causa potencial de ciertos tipos de cáncer, como el de próstata o el de mama.

Hayes realizó parte de su investigación financiado por la propia Syngenta que, al conocer los resultados, intentó ocultarlos. La empresa, cuando Hayes hizo públicos sus hallazgos, realizó una campaña de descrédito contra el investigador y financió “papers” propios para contrarrestar ese material equilibrando la balanza a favor de sus intereses, y en detrimento de la verdad.

En noviembre de 2011, un grupo organizado por Syngenta publicó una serie de cinco artículos defendiendo la atrazina. Esos trabajos incurrieron, según un informe del Natural Resources Defense Council titulado “Economic Analysis of Atrazine” de 2013, en errores de metodología que le hacían inferir beneficios inexistentes.

Hayes en 2018 publicó un nuevo estudio que muestra que los efectos dañinos de la atrazina son consistentes en anfibios, peces, reptiles, aves, mamíferos de laboratorio, y con datos epidemiológicos humanos.
En Argentina científicos del Conicet y de varias universidades nacionales han encontrado atrazina en aguas de lagunas de llanura pampeana, en la lluvia, en aguas de pozo de escuelas rurales y de comunidades, y hasta en pejerreyes.

El pasado 30 de octubre la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA) fue demandada por Pesticide Action Network, Beyond Pesticides, Center for Biological Diversity, Center for Food Safety y Rural Coalition, por reaprobar la atrazina. Las organizaciones mencionadas denuncian que el lobby es más influyente que el deber de la agencia en el cuidado de la salud.

Abejas en jaque

En su página web Syngenta promociona iniciativas como la creación de “Hoteles de insectos” y planes para cuidar a los polinizadores. Pero no cuenta que considerando la toxicidad ambiental de los plaguicidas altamente peligrosos autorizados en Argentina 47 de ellos, un 38,2 %, poseen una toxicidad muy alta en abejas, pudiendo causar la muerte a dosis mayores de 2 microgramos por abeja según la EPA de Estados Unidos. Este dato denunciado por Rapal se correlaciona con denuncias realizadas por apicultores individuales y sus organizaciones por la alta mortandad de abejas en diversas regiones.

Syngenta comercializa productos que dañan a las abejas: los herbicidas paraquat, glifosato (solo y con metacloro), atrazina e insecticidas como el tiametoxan, clorantraniliprole, clorpirifos, cipermetrina y otros piretroides.
Desde la Sociedad Argentina de Apicultores (SADA) señalan que existen sobradas pruebas científicas de los daños de esos tóxicos sobre los polinizadores y el perjuicio sobre la actividad apícola como sector productivo. “Las empresas tóxicas buscan eludir su responsabilidad y pretenden invertir las responsabilidades. Que seamos los apicultores quienes tengamos que demostrar la toxicidad en cada caso, ignorando así el principio precautorio. Además de sostener la pretendida inocuidad en ‘papers’ realizados por científicos financiados por las mismas empresas fabricantes. A ello hay sumarle la connivencia de las agencias regulatorias locales que, ante las denuncias reiteradas, sostienen que el modelo agroindustrial y sus químicos, en especial los neonicotonoides, pueden convivir con las abejas”.

Un contexto favorable

Syngenta tiene como portavoz argentino a Antonio Aracre, desde hace una década gerente general para Latinoamérica Sur. Aracre realiza una enorme campaña mediática para promocionar a su empresa como sustentable, preocupada por el “bienestar de la humanidad y el destino del planeta”. El propio Estado argentino le permitió proyectar esa imagen cuando le otorgó un lugar destacado dentro del “Plan contra el hambre”. El lugar en la mesa en la articulación de un plan con ese nombre fue ampliamente repudiado por organizaciones de la sociedad civil y productores que señalaron algo obvio: los commodities no son alimentos. Y quien es parte de las causas, no puede ser parte de la solución.

En primera fila, el día del anuncio allá por octubre de 2019, Aracre sonreía. No era para menos. Desde ese lugar Syngenta sigue repitiendo un mito que parecía desterrado, y que permitió el desarrollo de las corporaciones tóxicas y transgénicas desde la fracasada revolución verde: que son ellos quienes pueden terminar con el hambre del mundo.

La Agencia de la Agricultura y la Alimentación de la ONU asegura que desde 1987 no faltan alimentos para la población planetaria y que desde entonces es más rápida la fabricación de productos comestibles que la reproducción de la población. El problema no es la falta de comida, sino su distribución .Al mismo tiempo denuncia la epidemia de obesidad por el aumento de ultra procesados, y otras enfermedades por el exponencial crecimiento de la utilización de agrotóxicos y la contaminación de aire, tierra y agua.
Un año después de ese acto, las políticas estatales siguen haciendo sonreír a Syngenta y al resto de las corporaciones tóxicas.

En menos de un año marcado por una pandemia que exhibe las consecuencias de alterar los equilibrios naturales, en nombre de “terminar con el hambre” y “salir de la crisis” se lanzó el Plan 200 millones de toneladas (resolución 216/2020 del ministerio de Agricultura).

Busca ampliar la superficie cultivada avanzando sobre zonas de exclusión y amortiguamiento, reinstalando la idea de “buenas prácticas agrícolas” pero esta vez de la mano de las ag-tech, o tecnologías de precisión. Se aprobó el trigo transgénico (condicionado a la autorización de Brasil) y se concedieron rebajas en las retenciones a los agroexportadores, el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) y la “Estrategia de Reactivación Agroindustrial Exportadora, Inclusiva, Sustentable y Federal. Plan 2020-2030”.

Todas medidas que profundizan o allanan el camino para que el modelo agroenvenenador siga su curso.

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Blas Correa, y la condena a 11 policías responsables de su muerte: “Esto recién comienza”

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11 agentes policiales fueron condenados por la muerte de Blas Correas en agosto de 2020 en Córdoba, después de 7 meses, 36 audiencias y el testimonio de más de medio centenar de testigos. La sentencia es histórica no solo porque demostró cómo funciona la máquina de violencia institucional, sino porque incorpora la capacitación a todos los agentes de la policía en el trato a víctimas, en el uso de armas de fuego, y obliga que se profundicen los exámenes psicotécnicos periódicos. Estos argumentos fueron planteados por la familia de Blas, que dice: “Marchando el 24 de marzo por mi hijo entendí en el lugar que estoy: vi mujeres marchando durante 40 años y así voy a morir yo, como las abuelas. Ese es el camino”.

Por Bernardina Rosini desde Córdoba. Fotos: Amnistía Internacional Argentina | Nicolás Bertea

“Prometo hacer todo lo posible para que las cosas cambien”.  

Soledad Laciar en una carta dirigida a su hijo. 

Soledad Laciar es la mamá de Valentino Blas Correas, el joven de 17 años que la noche del 5 de agosto de 2020 salió a comer una pizza junto a cuatro amigos -Mateo, Cristóbal, Camila y Juan Cruz- y quien horas se convertiría en una nueva víctima de la policía de Córdoba. 

Vale recordar: los cinco jóvenes regresaban a casa a bordo de un Fiat Argo cuando divisan un control vehicular; Juan Cruz (19 años, quien conduce) al ver que uno de los policías tiene un arma en la mano, se asusta, se saltea el control. Entonces se escuchan disparos. Seis. Uno de impacta en la espalda de Blas, quien siente la herida y le pide a Camila que le de la mano. Van rápidamente a un clínica, la primera que ven, lo bajan a Blas pero en la puerta se niegan a recibirlo, lo suben nuevamente al auto, intentan llegar al Hospital de Urgencias pero nuevamente son detenidos por un control policial; no los dejan avanzar y los obligan bajarse del auto; los amigos de Blas desesperados ruegan que atiendan al amigo herido pero los agentes policiales niegan cualquier asistencia, les piden documentos y hablan por radio. 

Así muere Blas, en el asiento trasero del auto, solo. 

Pero el horror no termina ahí: en minutos las dos duplas policiales que participaron del tiroteo se reúnen y resuelven plantar un viejo revólver calibre 22 y así intentar justificar sus disparos. El elenco policial interviniente lo conforman 13 agentes. 11 acaban de ser condenados (debajo de la nota, el detalle de las condenas).

Hacer historia

La sala del primer piso de Tribunales II en la ciudad de Córdoba está repleta, desborda hacia los pasillos. Amigos de Blas y de los sobrevivientes, hinchas de Belgrano (club del cual Blas era fanático), Abuelas de Plaza Mayo, el Secretario de Derechos Humanos de la Nación, madres que llevan remeras de sus hijos también víctimas fatales de la policía, mucha prensa, y ningún funcionario.

Es una jornada histórica, no sólo por la cantidad de agentes policiales condenados, sino porque la sentencia reconoce a Blas Correas, a su familia y a los sobrevivientes, como víctimas de actos de violencia institucional. Soledad Laciar, la madre, luego señalaría que éste reconocimiento fue el momento más conmovedor de la lectura, puesto que señala a la maquinaria en su totalidad.

Y es que la Cámara 8ª del Crimen de la ciudad de Córdoba dió lugar al señalamiento de la familia de Blas, por un lado, con respecto a la ampliación del alcance de responsabilidades y ordenó investigar al ahora ex Ministro de Seguridad de Córdoba y actualmente legislador por el oficialismo, Alfonso Mosquera, y a la actual jefa de la Policía, Liliana Zárate. 

Al primero, por presuntos actos de corrupción y malversación de caudales públicos al entregar un vehículo judicializado a uno de los comisarios. Mosquera declaró en el juicio que se trató de “una gauchada personal”.

En cuanto a Zárate -que se desempeñaba como titular de Recursos Humanos de la fuerza para aquel entonces- se la responsabiliza de que los policías Lucas Gómez y Javier Alarcón (autores de los disparos) se encontraran en ejercicio a pesar de que sus legajos estaban nutridos con varias imputaciones anteriores al hecho y, en el caso particular de Alarcón, de no haber aprobado una práctica de tiro. A Zárate se la investigará por omisión de los deberes de funcionario público y por las falencias en la formación y el control de los agentes policiales.

El Tribunal también indicó que se inicie investigación judicial y se identifique a los uniformados policiales que durante esa madrugada detuvieron el Fiat Argo y no permitieron que los amigos de Blas lo llevaran al hospital a pesar de la evidente necesidad de atención médica.

Conforme con la sentencia, la mamá de Blas expresó: “Siento que me acerqué enormemente a la justicia, confieso que tenía muchas dudas. Pero para mí es importantísimo que hayan incorporado la capacitación a todos los agentes de la policía en el trato a víctimas, en el uso de armas de fuego, que se profundicen los exámenes psicotécnicos periódicos. Un mes más o menos en las condenas no me significa nada, pero que se realicen cambios para asegurar que ésto no siga pasando, es lo que me importa”.

Además de las capacitaciones a la totalidad de los agentes de la fuerza, se indicó al Ministerio de Seguridad que se retenga el armamento a todo policía que repruebe las evaluaciones de tiro.

“Esto recién comienza” añadió Soledad, porque ahora asegura que irá tras los demás responsables, estará pendiente de la implementación efectiva de lo expresado en la sentencia, y acompañará a las demás familias que buscan justicia por sus hijos. “Ahora será buscar justicia para Joaquín Paredes, tenía 15 años. Les pido que nos acompañen, que no les quede lejos Cruz del Eje”.

Unas horas antes de conocerse la sentencia Soledad ya lo había adelantado “Marchando el 24 de marzo por mi hijo entendí en el lugar que estoy: vi mujeres marchando durante 40 años y así voy a morir yo, como las abuelas. Ese es el camino”.

Las condenas:

  • Lucas Gómez (37) y Javier Alarcón (33) ,autores del homicidio calificado por ser integrantes de la Policía y agravado por el uso de arma de fuego y por la tentativa de homicidio contra los cuatro otros chicos:  condena a reclusión perpetua, inhabilitación absoluta y especial para desempeñar empleo y cargo público.
  • Wanda Esquivel (34), la oficial que plantó el arma que luego se quebró y confesó el delito fue condenada a 3 años de prisión domiciliaria.
  • La oficial  Yamila Martínez (25) fue condenada a cuatro años y tres meses de prisión e inhabilitación especial por tres años.
  • Leando Alexis Quevedo, condenado a cuatro años de prisión.
  • El cabo Ezequiel Vélez (25), a dos años y seis meses de prisión, por lo que no irá a prisión al ser la pena menor a tres años.
  • El subcomisario Sergio González (44); subcomisario Enzo Quiroga (36); comisario inspector Walter Soria (45); el comisario inspector Jorge Galleguillo (46)  el comisario Juan Antonio Gatica (46) condenados por falso testimonio, encubrimiento por favorecimiento personal a cuatro años y diez meses de prisión.
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Daniel Solano: la Corte confirmó la detención de los 7 policías condenados por homicidio

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Los siete policías condenados a prisión perpetua por el asesinato de Daniel Solano, el joven salteño de 27 años desaparecido en Choele Choel el 5 de noviembre de 2011, fueron detenidos tras el rechazo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a un recurso de queja de los efectivos, y así deberán empezar a cumplir la pena en prisión por primera vez desde la sentencia. El juicio concluyó el 1 de agosto de 2018, pero desde entonces los oficiales Sandro Berthe, Pablo Bender, Juan Barrera, Pablo Albarrán Cárcamo, Pablo Quidel, Diego Cuello y Héctor Martínez estaban en libertad, a la espera de la resolución de la Corte. “Nunca los sacaron de la policía: tenían libertad, cobrando sueldo y portando armas”, dice Leandro Aparicio, uno de los abogados de la familia Solano, que subrayó su “satisfacción” por el fallo: “Uno está golpeado, pero esto da energías para poder avanzar. No hay muchos casos en los que se detengan a 7 policías”.

La desaparición de Daniel se produjo tras un episodio de violencia policial en la vereda de un boliche de la ciudad. Antes había reclamado por su sueldo y el de sus compañeros como trabajadores rurales de la empresa Agrocosecha, tercerizada de Expofrut Argentina. Aparicio: “Fue un homicidio más allá de la desaparición, y fue un homicidio en un contexto de trata de personas, que está denunciada en la justicia federal de Roca, como está denunciado el narcotráfico, pero la causa no se mueve como se debería. Está parada. Pero esto va a servir para darle un impulso a toda esas cuestiones pendientes”.

Pedidos de justicia por Daniel Solano en 2012, a meses de su asesinato.

Entre esas cuestiones, en abril habrá audiencias por la acusación a otros cuatro policías, entre ellos Tomás Vega, a quien la familia lo señala como el “nexo” con la empresa: “Vega estuvo cuando le pegaban a Solano en el boliche. Vio todo eso. Y fue el que estuvo a cargo de la investigación los primeros día de la desaparición”.

Daniel sigue desaparecido. Gualberto, su papá, murió en medio del juicio, sin poder llegar a la sentencia por homicidio, y fue el principal motor de la causa que denunció la desaparición forzada y la connivencia judicial y estatal bajo un reclamo concreto que repitió una y otra vez a lo largo de seis años y medio: “Quiero encontrar el cuerpo y llevarlo”. No se detuvo un día: hizo huelgas de hambre, inició acampes y se encadenó al juzgado para exigir respuestas. Así reveló la trama de explotación laboral en Río Negro, la corrupción judicial que cubrió el caso y logró la detención de los oficiales que hoy están presos. Aparicio lo recuerda: “Nosotros tenemos esperanza de que el cuerpo aparezca. Algún policía capaz que se puede quebrar, o Vega mismo, sabiendo lo que se viene, puede dar información. Hemos hecho lo imposible para que aparezca el cuerpo”.

Compartimos la investigación de MU sobre este caso:

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Sí, podemos: 20 años del No a la Mina de Esquel

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Esquel está cumpliendo 20 años del histórico plebiscito en el que por más del 81% de los sufragios la comunidad votó «No a la Mina» y rechazó así la instalación de la megaminería en la región. A qué le dijeron que «Sí», desde la nota histórica que se hizo desde MU en uno de los tantos viajes, el primero, a la madre de muchas batallas.

El 23 de marzo se cumplieron 20 años del rechazo a la megaminería en Esquel, símbolo de lucha contra los proyectos contaminantes, inconsultos, impuestos en silencio y con violencia, y símbolo también de la democracia participativa, la organización y una lucha que se contagió a otros lugares del país.

En estos días hubo recitales, charlas, caminatas, marcha el 23 de marzo, y este domingo culminará la celebración con un ascenso al cerro Calfu Mahuida, un modo de simbolizar ese contacto permanente de la comunidad de Esquel con la naturaleza.

La historia viva cuenta que un puñado de vecinas y vecinos, que fueron cada vez más, comenzaron a reunirse, a estudiar la situación, a ir a escuelas, clubes, barios, difundiendo capilarmente, en una movilización a la vez inmensa, lo que se estaba tramando para hundir a Esquel en la megaminería. El 4 de diciembre de 2002 fue la primera marcha que reunió a más de 6.000 personas. Nunca desde entonces se dejó de marchar el 4 de cada mes.

Esa creación de movilización involucró otro hecho histórico: se había formado la Asamblea No a la Mina, grupo apartidario, horizontal, democrático, diverso, expresión de las nuevas formas de organización social que emergían en el país tras la crisis de 2001.  

El mecanismo asambleario en el que participaba todo el que quisiera, llevó a presionar la situación hasta obtener la posibilidad de la que se celebraron ahora 20 años: el 23 de marzo de 2003 se realizó un plebiscito en el que la comunidad rechazó por más del 81% de los votos al proyecto que intentaban imponer la empresa Meridian Gold y el Estado. Esquel hizo nacer aquel No, pero además generó un contagio en diferentes lugares en que se manifestaban  conflictos ambientales en todo el país (Gualeguaychú, Famatina, Andalgalá, como emblemas de una actitud ciudadana no ha dejado de crecer hasta hoy frente a diferentes situaciones territoriales, de salud, y hasta de derechos humanos). Se ponía en foco al modelo extractivo.

Desde aquellos años Esquel ha pasado por situaciones de todo tipo que han sido reflejadas tanto en lavaca.org como en la revista MU:

  • la intención de dar vuelta la decisión de la población a través de campañas de acción psicológica y desinformación;
  • el espionaje a vecinas y vecinos que integraban la Asamblea, por parte de la AFI, como forma de amedrentamiento y control social;
  • las presiones políticas y hasta laborales que sufría toda persona involucrada con el proceso asambleario;
  • el contagio fundamental de la acción de Esquel a toda Chubut, que se pobló de asambleas en todo el territorio, incluyendo a las comunidades de pueblos originarios, siempre rechazando los proyectos y negociados minero-estatales;
  • las trampas legislativas detectadas cuando se obtuvo la foto del diputado Gustavo Muñiz (del Frente para la Victoria) chateando por celular con el gerente Gastón Berardi de Yamana Gold, la empresa que había asumido el proyecto para impedir y ningunear la Iniciativa Popular presentada por la ciudadanía para que se convirtiera en Ley;
  • las represiones a los manifestantes en Rawson, cuando la lucha debió concentrarse en la capital provincial; el acoso mediático a toda esta movida en defensa de la naturaleza por parte de buena parte del sistema mediático, dependiente de pautas publicitarias estatales y privadas.
  • Y, por nombrar algo de lo más relevante en los últimos tiempos, el Chubutazo, o “Chubutaguazo”, con que la provincia movilizada logró dar vuelta de un modo comovedor en 2020 un nuevo intento de legislación que bajo el disfraz de una “zonificación” provincial buscaba lo de siempre: ir por la minería. La ciudadanía logró tumbar esa intentona y reponer la ley que prohíbe los megaproyectos extractivos.
  • Otro detalle de estos tiempos: ya hay una tercera generación de integrantes de las asambleas participando plenamente, un sub-17 que demuestra el alcance de todo lo que se ha realizado, también desde el punto de vista inter-generacional.

Esquel fue el nacimiento de la resistencia de Chubut, que no significa solamente un rechazo al saqueo y la contaminación, un No, sino también múltiples Sí:

  • Sí: sí a la vida.
  • Sí a la reivindicación por la positiva de otras formas de producción que no impliquen la destrucción.
  • Sí a la necesidad de licencia social para cualquier proyecto, de cuidado de ambiente como forma de preservación de la vida y el trabajo.
  • Sí a nuevas formas de relación entre lo humano y la naturaleza. A nuevas relaciones también entre las personas para plasmar la idea de que el agua vale más que el oro, y de que el futuro es posible.

Como homenaje a todo eso aquí puede verse la primera de las notas publicadas en MU sobre la asamblea de Esquel: “La madre del No”, para conocer esa experiencia histórica hecha de resistencia, inteligencia, generosidad y, también, alegría.  

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LA NUEVA MU. Lo que está en juego

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