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Tercera jornada de #AbortoLegalYa en el Congreso: cómo están las cuentas y qué cuenta

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Con veinte expositores, diez a favor y diez en contra, terminaron las sesiones informativas en la Cámara de Diputados sobre interrupción voluntaria del embarazo. Lo que queda ahora es la construcción del dictamen para ser firmado y que el proyecto llegue así al recinto. Durante el viernes, diputados y diputadas debatirán sin oradores invitados. El dictamen se firmará el próximo miércoles 9 de diciembre, aún no se sabe si de manera presencial o de forma mixta, presencial y virtual.

Tercera jornada de #AbortoLegalYa en el Congreso: cómo están las cuentas y qué cuenta
Foto: Lina Etchesuri

La diputada Cecilia Moreau, presidenta de la comisión cabecera del tratamiento aclaró que se está estableciendo la metodología, “entendiendo que muchos diputados quieren estar” , pero también teniendo en cuenta cuestiones referidas a la salud o a la edad de los y las legisladoras: “El coronavirus todavía sigue dando vueltas”. También sostuvo que quienes presiden las comisiones quieren “que puedan participar en este debate no solo con su palabra sino con su voto”. Moreau explicó que el presidente de la Cámara Baja, Sergio Massa, dispuso que los bloques lleven propuestas para tratar de llegar un acuerdo.

“Está sujeto a una resolución de la mesa de labor parlamentaria, nosotros venimos sosteniendo que el Congreso debe dar paso a más presencialidad”, sostuvo sobre la posición de su bloque en dialogo con lavaca Brenda Austin, diputada de la UCR. Agregó -a modo individual y no del bloque-, que “en cualquier caso, sea presencialmente o si eventualmente se acuerda alguna modalidad con excepciones hay que avanzar el día miércoles con el tratamiento del tema”.

La fecha para votar en búsqueda de la media sanción se mantiene: se espera que sea el jueves 10 de diciembre.

¿Cómo están las cuentas? La respuesta de dos diputadas:

Brenda Austin, UCR: “No es posible pensar en Argentina en agenda de ampliación de derechos que no tenga como bases la transversalidad de los partidos y movimientos que la sostienen. Las presidencias de las comisiones responden al oficialismo, pero hay diputadas de la oposición que tuvieron un rol clave, como Silvia Lospennato y Carla Carrizo. A la vez, el trabajo que venimos haciendo todas en esa red nos permite sortear la grieta y poder encontrar acuerdos a pesar de nuestras diferencias. Y aprendiendo de los errores: trabajando en conjunto con senadores y senadoras para que el texto -que ojalá podamos mandarle con la media sanción- también reúna el acuerdo del propio Senado. Creo que están dados los votos para la media sanción. Tenemos más información que la que teníamos en 2018, muchos de los diputados han votado, expresado su posición, hay menos margen para la especulación. Lo que no tenemos dudas, en cualquiera de los poroteos, el más optimista o el más pesimista, es que hay más votos a favor que en contra. Con ese escenario, con la prórroga de extraordinarias que incluye el tema, y con un debate en comisiones que han comenzado, están dadas las condiciones”.

Gabriela Estévez, Frente de Todos: “Estoy convencida de que están dados los votos. Hay algo que cambió después de la discusión de 2018, se planteaba solamente la aplicación de la ESI, ahora los que están en contra plantean despenalización, y eso es un salto cuantitativo muy importante. Y los que estaban en una situación de dudas han logrado ver la transformación que se generó en la sociedad y que también te lleva puesto. Estamos trabajando en conjunto con el Senado porque creemos que se debe trabajar de esa manera. Lo que queremos es que cuando se logre la media sanción – que estoy convencida que va a ser así-, y vaya al Senado no tenga que volver nuevamente a Diputados porque se le haga algún tipo de modificación”.

Las exposiciones del día

A favor de la legalización se escucharon diez voces.

  • Mariana Romero, investigadora de CONICET y presidenta de CEDES, se refirió a los resultados que produjo la legalización en Uruguay y ciudad de México: “Las muertes maternas por abortos inseguros son todas evitables, y sabemos que la legalización contribuye en ese sentido”.
  • Vanina Biassi, del Plenario de Trabajadoras, agitó: “Este debate se gana en la calle”.
  • Manuel Ochandio, abogado, presidente del Instituto Laico de Estudios Contemporáneos de Argentina : “Todas las leyes que reconocen nuevos derechos estuvieron atravesadas por la oposición del clericalismo católico”. Y apuntó: “El Estado vaticano está desesperado porque está perdiendo uno de los principales territorios de su propio relato identitario: el cuerpo de la mujer”
  • José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch compartió los resultados del informe en el que se analizó lo sucedido desde que el Senado rechazó la interrupción voluntaria del embarazo. La conclusión: el Código Penal vigente en Argentina ha creado un modelo inviable en la práctica.
  • Lucy Grimalt, responsable del Programa de Salud Sexual y Reproductiva de la provincia de Entre Ríos confirmó que durante este año quienes más solicitaron interrupciones legales son mayores de 20 años y que se realizaron alrededor de 600 interrupciones legales. “Si negamos atención a una mujer que solicita interrupción entonces tenemos que saber que no existe acceso real a la salud”.
  • Patricia Rosemberg, médica, ex directora de la maternidad Estela de Carlotto: “No estamos comprometidos con la idea de que las mujeres aborten, estamos comprometidos con la idea de que las mujeres puedan defender la vida y la salud, y con que puedan tomar decisiones con la libertad de todas las opciones que tienen”.
  • Marina Femenía, abogada de Mendoza: “Mi postura gira en torno a la reivindicación de la vida, pero una vida libre auténticamente asumida, una trayectoria vital donde el Estado no nos confine a la biología, donde la maternidad sea producto de un deseo autónomo e individual”
  • Luis Ernesto Pedernera Reyna, presidente del Comité de los Derechos de los Niños de Naciones Unidas: “Son terribles los testimonios que hemos recibido de niñas violadas y obligadas a parir. Lo que más preocupa es las dilaciones de un sistema de justicia que no llega a tiempo para atender los tiempos de la infancia. La falta de educación en el ámbito de salud sexual reproductiva. La elevada incidencia de embarazo adolescente. El ineficiente, por no decir inexistente, acceso para adolescentes de servicios para anticoncepción y planificación familiar”.
  • Soledad Bustos, subsecretaria de Atención Primaria Municipio de Quilmes: “Lo central de esta discusión tiene que ser si queremos un aborto legal o defendemos un aborto clandestino»
  • Edith Martearena, comunicadora, locutora y activista guaraní: “Creemos que esta ley viene a darnos libertad”
  • Mariela Belski, directora Ejecutiva Amnistía Internacional Argentina: “Despenalizar y legalizar la interrupción del embarazo es un imperativo de justicia social, de justicia reproductiva y de Derechos Humanos».

En contra de la legalización también se escucharon diez voces. Cuando reinició el debate después del receso del mediodía la diputada Mara Brawer pidió la palabra y dijo que una oradora – Guadalupe Batallán- a través de Twitter estaba faltando el respeto a diputadas y militantes a favor de la legalización. Cecilia Moreau se comprometió “a pedirle a la dirección de informática de la Cámara que ningún video no sea colgado en la página oficial de la Cámara si hay una falta de respecto explicita a legisladores”. Así convocó que el debate siga siendo en un plano respetuoso.

En contra expusieron: Guadalupe Batallán, egresada del Colegio Nacional Bs As; Florencia Álvarez Travieso, politóloga y especialista en temas de familia; Alfredo Vitolo, abogado, profesor de Derecho Constitucional; Inés Franck, abogada; Ana Belén Mármora, abogada y periodista; Roberto Votta, médico del servicio de obstetricia Hospital Cosme Argerich; Marcelo Riera, ex ministro de Salud de la provincia de San Luis; Jorge Sennewald, pastor principal de la Iglesia Cristiana El Encuentro; Analía Pastore, abogada en Derecho de Familia; y Laura Vargas, médica.

Radiografía de Córdoba

Luego de conocerse la muerte de Mariela, cordobesa de 40 años, a causa de un aborto inseguro, lavaca entrevistó a dos diputadas de esa provincia: una oficialista y una de la oposición para que se pronuncie sobre el impacto de esa muerte en el debate. Sus respuestas:

Brenda Austin, UCR: “Nos provoca no solo dolor e indignación, sino la convicción profunda de que en todas las provincias y en todos los contextos se hace evidente que estamos ante el agotamiento de un sistema de respuesta del Estado que es claramente ineficaz. Cada una de estas muertes que a lo largo del tiempo resonaron con mucha fuerza en el debate de 2018, y después del rechazo del Senado, pone en evidencia el hecho de que efectivamente esto no salva ninguna vida. En realidad lo que hace es que siga ocurriendo lo que venía pasando en nuestro país: el imperio de la clandestinidad. Y que esa clandestinidad produce las peores consecuencias: mujeres que llegan tarde al sistema de salud porque temen ser penalizadas, temen ser criminalizadas, llegan con complicaciones muy severas en su estado de salud. Este caso de Córdoba vuelve a poner un llamado de atención, un alerta, con dolor profundo, porque se trata de muertes evitables. Quienes creemos que hay que avanzar en una modificación de nuestro marco regulatorio dejando atrás la sanción penal y entendiendo que debemos dar paso a una política pública integral desde la perspectiva de la salud estos casos por supuesto que nos interpela y nos devuelve con la fuerza de la realidad la evidencia de que lo que estamos haciendo está mal”

Gabriela Estévez, Frente de Todos: “Ayer se generó una conmoción en torno a la necesidad de salir a expresar lo importante que es que salga el aborto legal de manera urgente porque se sigue llevando vidas. En Argentina tenemos todos los años 40 mujeres y personas con capacidad de gestar que se mueren, ayer una en Córdoba. Hay una estructura de supuestos derechos que no se hacen efectivos en los territorios, la manera que se distribuye el acceso a los derechos a lo largo de toda la provincia no es equilibrada. Las personas con capacidad de gestar que viven en las grandes ciudades tienen mayor acceso que quienes viven en el interior de la provincia. Lo sé muy bien porque trabajé en un puesto de salud del movimiento campesino en una zona rural y el acceso a los métodos anticonceptivos para esas personas era muy complejo: debíamos acercárselos hasta sus casas, tenían grandes problemas de movilidad, la mayoría sin vehículos, no hay en esa zona transporte público, y la capacidad de acceso a la salud publica en términos generales es muy complejo. Soy psicóloga y trabajé en lo que tiene que ver con el acceso a los derechos sexuales y reproductivos y no reproductivos, durante muchos años. He tenido que acompañar al hospital a pibas de 14 años que se habían perforado el útero con una aguja de tejer y buscar algún médico o medica que no vaya a judicializar el cuerpo de estas adolescentes. No una, muchas veces, porque en los territorios las prácticas son inseguras porque no tienen acceso a pagar prácticas seguras en una clínica privada”.

Despenalizar & Legalizar

En tanto el debate está centrado en el proyecto que envió el Poder Ejecutivo, el bloque Córdoba Federal en la Cámara de Diputados de la Nación, compuesto por dos diputados y dos diputadas, presentó otro: un proyecto de ley en búsqueda de la despenalización.

Brenda Austin, UCR: “El hecho de que presenten un proyecto que incorpora variables de la despenalización es una evolución en la posición que habían tenido hasta acá. Y se trata de una provincia que tuvo paralizado por vía judicial la aplicación del protocolo de abortos no punibles. Públicamente han hablado de que es una iniciativa para despenalizar, pero lo cierto es que es una alternativa para la legalización también. No tengo dudas de que con despenalizar no alcanza. Es evidente que el problema es obviamente la amenaza de la sanción, lo que hace que las mujeres lleguen tarde, pero si no hay una respuesta del sistema de salud que genere condiciones de aborto de prácticas seguras según los estándares de la Organización Mundial de la Salud, vamos a seguir encontrándonos con casos de mortalidad materna. Quizás las mujeres si no están penalizados después de recurrir a un aborto clandestino van a llegar más pronto al hospital, pero igualmente van a llegar con un cuadro infeccioso, con una situación crítica de la salud, porque el Estado les niega la cobertura sanitaria. Si realmente creemos que es un problema de salud pública no puede accederse a despenalizar ,pero no garantizarlo en el sistema sanitario, eso es como ser cómplices de aquellos que lucran en la clandestinidad”

Gabriela Estévez, Frente de Todos: “Con despenalizar no alcanza, pero que ya se metan en esa discusión cuando votaron taxativamente en contra significa un montón”.

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Cecilia Basaldúa: la sangre de un sospechoso

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Mario Mainardi (en la foto tomada hoy), uno de los principales sospechosos por el femicidio de Cecilia Basaldúa cometido en Capilla del Monte, Córdoba, hace poco más de 5 años, finalmente fue citado por la fiscalía de Cruz del Eje para realizarle este martes una extracción de sangre. La abogada de la familia Basaldúa, Daniela Pavón, se enteró apenas un día antes de esta citación a Mainardi. El sospechoso (actualmente vive en Santa Fe) había sido encargado de alojar a Cecilia en Capilla, y fue la última persona que la vio con vida, el 5 de abril de 2020. Sobre su presencia hoy en Cruz del Eje, contó la abogada: “Sacó fotos a todo el edificio, selfis con tribunales de fondo y salió custodiado con personal de la policía de Córdoba. Se subió a un móvil y se fue”.

Las irregularidades y desinformación o manipulación en la causa han sido frecuentes en perjuicio de la familia y sus defensores (además de Pavón, el abogado Gerardo Batistón es querellante en nombre de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación). También ha significado un ocultamiento a la prensa. Audiencias para las que los testigos no eran notificados, falsos argumentos policiales para explicar su propia inoperancia, demoras incomprensibles en la causa, todos temas por los que hay iniciada una denuncia de la Dirección Nacional de Protección de Grupos en Situación de Vulnerabilidad de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, en la Dirección de Investigaciones de las Fuerzas de Seguridad. Además se solicitó a la Fiscalía de Cruz del Eje que la policía de Capilla del Monte, ya no sea la que realiza las notificaciones.

Queda pendiente ahora la información que se brinde a la sociedad sobre este trámite, que permitió ver a un sospechoso clave que nunca dio la cara. La causa ha sido siempre un laberinto sacudido en todo caso por numerosas movilizaciones, desde Buenos hasta Córdoba, para exigir la verdad. Aquí publicamos la crónica de lo ocurrido hace menos de un mes, al cumplirse 5 años del hallazgo del cuerpo de Cecilia Basaldúa.

Fotos y crónica de María Eugenia Marengo para cdmnoticias.com.ar

25 de abril. Cruz del Eje. El GPS calcula unos 2 kilómetros. La entrada a la ciudad está envuelta de un aire viscoso. Una avenida se extiende en silencio y después de atravesarla, la llegada a los Tribunales se convierte en un ritual: una reminiscencia de lo que fue, una promesa de lo que debe ser. El pedido por Verdad y Justicia, es una demanda que crece. Cada letra se ubica en el mismo lugar que ocuparon tres años atrás. Las escaleras de la justicia cruzdelejeña son de un cemento gastado. Raspan, duelen.

Cecilia Basaldúa: la sangre de un sospechoso

¿Qué pasó en Capilla del Monte? El papá y la mamá de Cecilia, Daniel Basaldúa y Susana Reyes, están cargados de bolsas, llenas de carteles con el rostro de su hija, multiplicado. Son como una red que se estira a lo largo de esos 868 kilómetros que conectan a Buenos Aires con el noroeste de Córdoba. El camino recurrente que transitan para llegar a la verdad..

Sin previo aviso, adentro del edificio de Tribunales Daniel y Susana se anuncian. Quieren ver al todavía fiscal Nelson Lingua, quien aún está a cargo de la investigación de la causa, antes de que asuma como nueva fiscal, Sabrina Ardiles. Afuera todavía se respira la niebla. La espera alerta a los policías. Quieren saber si van a venir más personas.

      – Lo hacemos para cuidarlos –dice la mujer de uniforme.

Piden datos, intentan tomar nota de lo que es una rutina inventada.

–La policía a nosotros no nos cuida –reacciona Susana y en un intercambio sin sentido, se alejan.

Silvia Rivero es la prosecretaria de la fiscalía, se acerca afuera y los llama. El fiscal se hizo un lugar en la agenda del día viernes. Adentro, el reflejo del piso de tribunales es como un espejo que se extiende, entre mocasines, tacos, alpargatas y zapatillas.

La preocupación de la familia es evidente. El recibimiento del fiscal es cordial. Se explica ante los recientes cambios que pronostican para el mes de mayo a Sabrina Ardiles, como la persona que estará sentada en el mismo sillón inmenso de cuerina, desde donde ahora, les habla Lingua. La dra. Rivero, también explica, y confirma que nunca se dejó de investigar. La necesidad de la confianza es una tregua durante esa hora de reunión, los tecnicismos se suspenden y las palabras se abren en una cronología de datos, guardados en la memoria indeleble de Daniel Basaldúa.

Cecilia Basaldúa: la sangre de un sospechoso

La medida del tiempo de la causa, son las fojas de expedientes que se acumulan. La inspección judicial realizada en el mes de agosto del año 2024, por los posibles lugares donde Cecilia pudo haber estado en Capilla del Monte antes de su muerte, dejó en evidencia la dudosa hipótesis de la anterior fiscal de Instrucción de Cosquín, Paula Kelm, quien había asegurado que Cecilia había llegado por sus propios medios al lugar donde apareció sin vida. Mientras que en el transcurso de estos años, cada vez son más los policías que estuvieron en la búsqueda e investigación, presos por violencia de género:

Adrián Lúquez, ex sub comisario, detenido por amenazas con armas de fuego a su pareja. Hoy en libertad, se fue a vivir a San Luis. Ariel Zárate, ex sub comisario de la Brigada de Investigaciones de la Departamental Punilla Norte –preso por violencia de género.  Diego Concha, ex director de Defensa Civil, encargado de la búsqueda –condenado a prisión perpetua por el crimen de Luana Ludueña y por la causa de violencia de género hacia su ex mujer, y Diego Bracamonte, ex comisario departamental, a cargo del operativo de la búsqueda –preso por violencia de género.

El tiempo de la justicia es una curva enredada, en apariencia, inofensiva. El tiempo de la justicia es el de las burocracias que definen su forma de proceder. El tiempo, es de una lentitud que lastima. Las letras se vuelven a guardar.

Son las cuatro de la tarde y el sol avanza en la siesta de Capilla del Monte. En la plaza San Martín, alrededor del Jardín de la Memoria, se arman los gacebos, se pone un aguayo, se llena de flores. Rojas, amarillas, lilas, celestes, el monte aún está florecido. Contrayerba, lavanda, romero, palo amarillo, incayuyo, ruda, los sahúmos se arman. Una compañera comienza a preparar el fuego.

Más lejos, sobre la calle Pueyrredón, en la puerta de la Secretaría de Turismo, la concentración crece. Llegan de todas las direcciones. Con tambores y repiques, con banderas y ofrendas. Una combi estaciona, descienden vecinos y vecinas que subieron en Córdoba y en distintas partes del Valle de Punilla.

Cecilia Basaldúa: la sangre de un sospechoso

La batucada suena, es un comienzo en cuenta regresiva. La marcha avanza a contramano. Hay una indignación que toma el ritmo de los tambores, trepa en el repique y todo se hace canción. La calle techada de Capilla del Monte es un anfiteatro de barricadas. Los sonidos viajan a través de la mejor acústica para el reclamo: ¡Vecino, vecina, no sea indiferente nos matan a Cecilia en la cara de la gente. Cecilia presente!

Cecilia Basaldúa: la sangre de un sospechoso

“Este es un día especial y este lugar es especial porque tiene mucho que ver con lo que le pasó a Cecilia”, comienza Daniel en la puerta de la comisaría de Capilla del Monte, “hay muchos policías involucrados en el caso. Ya lo hemos denunciado muchas veces, pero parece que no alcanza”, dice mirando a los uniformados que permanecen parados como  granaderos.

Cecilia Basaldúa: la sangre de un sospechoso

Daniel les recuerda que durante el año pasado, la policía de Capilla debió haber realizado  notificaciones a tres personas para declarar en los Tribunales de Cruz del Eje, pero no lo hicieron. Las testimoniales pudieron efectivizarse, porque intervinieron los abogados de la querella, Daniela Pavón y Gerardo Battistón. En ese mismo reclamo, la abogada Pavón  se acerca y también hace pública la falta de atención institucional que hay para las víctimas de violencia de género en la localidad.

Cecilia Basaldúa: la sangre de un sospechoso
Susana, Daniel y Daniela Pavón

La familia de Ezequiel Castro, asesinado por la policía de Córdoba, se adelante y los abraza. Alguien grita que ahí mismo, en la comisaría, apareció ahorcado Jorgito Reyna, hace 12 años, atado con la manga de su campera a la reja de una ventana, pocos centímetros más alta que él. Que su causa, también sigue impune y que los golpes que tenía no fueron suficientes para demostrar  que lo habían torturado. Que a pesar de no bajar los brazos, las familias sienten que el duelo es un proceso tan profundo, como inacabado.

Cecilia Basaldúa: la sangre de un sospechoso

Susana y Daniel permanecen frente a una multitud, observan hacia adelante y hacia atrás. Saben que la comisaría es señalar lo que siempre llega al mismo lugar: complicidad. “A las chicas les pedimos que no tengan miedo, que denuncien -acentúa Susana- que no se dejen asustar con los policías ni con nadie, nadie tiene derecho a venir a violentarnos”.

 El espacio público es un canal clave para recordar que los asesinos de Cecilia están libres, “y que muchos andan dando vueltas por acá”, dice Daniel y remarca que no dejarán de venir a Capilla del Monte, hasta que los responsables del femicidio de su hija, estén presos.

La llegada a la plaza San Martín es un círculo de candombe que la nombra. Hace cinco años que se insiste en las mismas palabras, como un tajo que se abre en el cemento, una cicatriz que se agranda en medio de la incertidumbre: ¿Qué pasó con Cecilia?

Tal es el encubrimiento que las responsabilidades se hacen obvias.

La ronda se acerca al altar. Es un asedio a la justicia que falta. Desde el micrófono se invita a dejar una ofrenda en memoria de Cecilia, a conjurar entre todas y todos ese momento, esa memoria. En el  centro de una plaza que se anochece, resuena una voz grabada -desde algún punto del Abya Yala- Lolita Chávez, lideresa maya de los pueblos K’iche de Guatemala, habla entre los yuyos que comienzan a perfumar lo que no se puede detener. Cada rama seca que se enciende se hace una intención, un pájaro que se dispara, restos del día que se van:

 “Hoy 25 de abril levantamos nuestra fuerza sagrada, y nuestro poder popular feminista. Reconociendo la memoria, la historia, el vientre en la sangre, de Cecilia Basaldúa. Ese femicidio no debe quedar en la impunidad (…). Con la fuerza de nuestras ancestras, con los fuegos sagrados que encendemos, levantamos nuestra expresión de indignación  y lo comunicamos a los cuatro puntos cardinales. Para que nunca más haya este tipo de violencias contra nuestras vidas”.

Las copleras y la poesía toman el escenario. Las y los músicos hacen de Cecilia esa canción y en el centro del caldero caliente, el humo abre el cielo: hay una memoria que se desprende y una vida que cambió de idioma.

Cecilia Basaldúa: la sangre de un sospechoso

En medio del algarrobo que sostiene los carteles de Memoria, Verdad y Justicia, una placa de cerámica con el rostro de Cecilia, también observa. El día queda atrás y en el fondo de la noche, las palabras todavía están en suspenso, son un silencio que pronto dirá.


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Desde que se inició este año desde el Observatorio de Violencia Patriarcal Lucía Pérez registramos 100 femicidios, casi 1 por día. 

La víctimas fueron desde mujeres de 83 años, como Ana Angélica Gareri, en Córdoba, a una adolescente como Pamela Romero, de 16, en Chaco; y una bebé de 3 años en González Catán. 

En este 2025 ya registramos 85 tentativas de femicidio.

En el 2025 registramos en todo el país 77 marchas y movilizaciones que se organizaron para exigir justicia por crímenes femicidas. 

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En nuestro padrón de funcionarios denunciados por violencia de género, podés encontrar el registro clasificado por institución estatal y provincia. Hasta la fecha, tenemos contabilizados 161 funcionarios del Poder Ejecutivo, 120 del Poder Judicial, 72 del Poder Legislativo, 71 de las fuerzas de seguridad y 71 de la Iglesia Católica. 

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En el padrón que compila datos oficiales sobre denuncias de violencia de género, podés encontrar datos sobre cantidad de denuncias por localidad y la frecuencia con que la recibimos. Un ejemplo: este mes la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de la Nación informó que durante el primer trimestre de este año recibió un promedio de 11 denuncias por día de violencia contra las infancias.

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Otro: el Ministerio Público Fiscal de Salta informó que no alcanzan al 1% las denuncias por violencia de género que son falsas.

En nuestro padrón de desaparecidas ya registramos 49 denuncias.

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Lo que revela toda esta información sistematizada y actualizada es el resultado que hoy se hace notorio con una cifra: 100.

Más información en www.observatorioluciaperez.org

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