Con veinte expositores, diez a favor y diez en contra, terminaron las sesiones informativas en la Cámara de Diputados sobre interrupción voluntaria del embarazo. Lo que queda ahora es la construcción del dictamen para ser firmado y que el proyecto llegue así al recinto. Durante el viernes, diputados y diputadas debatirán sin oradores invitados. El dictamen se firmará el próximo miércoles 9 de diciembre, aún no se sabe si de manera presencial o de forma mixta, presencial y virtual.

La diputada Cecilia Moreau, presidenta de la comisión cabecera del tratamiento aclaró que se está estableciendo la metodología, “entendiendo que muchos diputados quieren estar” , pero también teniendo en cuenta cuestiones referidas a la salud o a la edad de los y las legisladoras: “El coronavirus todavía sigue dando vueltas”. También sostuvo que quienes presiden las comisiones quieren “que puedan participar en este debate no solo con su palabra sino con su voto”. Moreau explicó que el presidente de la Cámara Baja, Sergio Massa, dispuso que los bloques lleven propuestas para tratar de llegar un acuerdo.

“Está sujeto a una resolución de la mesa de labor parlamentaria, nosotros venimos sosteniendo que el Congreso debe dar paso a más presencialidad”, sostuvo sobre la posición de su bloque en dialogo con lavaca Brenda Austin, diputada de la UCR. Agregó -a modo individual y no del bloque-, que “en cualquier caso, sea presencialmente o si eventualmente se acuerda alguna modalidad con excepciones hay que avanzar el día miércoles con el tratamiento del tema”.

La fecha para votar en búsqueda de la media sanción se mantiene: se espera que sea el jueves 10 de diciembre.

¿Cómo están las cuentas? La respuesta de dos diputadas:

Brenda Austin, UCR: “No es posible pensar en Argentina en agenda de ampliación de derechos que no tenga como bases la transversalidad de los partidos y movimientos que la sostienen. Las presidencias de las comisiones responden al oficialismo, pero hay diputadas de la oposición que tuvieron un rol clave, como Silvia Lospennato y Carla Carrizo. A la vez, el trabajo que venimos haciendo todas en esa red nos permite sortear la grieta y poder encontrar acuerdos a pesar de nuestras diferencias. Y aprendiendo de los errores: trabajando en conjunto con senadores y senadoras para que el texto -que ojalá podamos mandarle con la media sanción- también reúna el acuerdo del propio Senado. Creo que están dados los votos para la media sanción. Tenemos más información que la que teníamos en 2018, muchos de los diputados han votado, expresado su posición, hay menos margen para la especulación. Lo que no tenemos dudas, en cualquiera de los poroteos, el más optimista o el más pesimista, es que hay más votos a favor que en contra. Con ese escenario, con la prórroga de extraordinarias que incluye el tema, y con un debate en comisiones que han comenzado, están dadas las condiciones”.

Gabriela Estévez, Frente de Todos: “Estoy convencida de que están dados los votos. Hay algo que cambió después de la discusión de 2018, se planteaba solamente la aplicación de la ESI, ahora los que están en contra plantean despenalización, y eso es un salto cuantitativo muy importante. Y los que estaban en una situación de dudas han logrado ver la transformación que se generó en la sociedad y que también te lleva puesto. Estamos trabajando en conjunto con el Senado porque creemos que se debe trabajar de esa manera. Lo que queremos es que cuando se logre la media sanción – que estoy convencida que va a ser así-, y vaya al Senado no tenga que volver nuevamente a Diputados porque se le haga algún tipo de modificación”.

Las exposiciones del día

A favor de la legalización se escucharon diez voces.

• Mariana Romero, investigadora de CONICET y presidenta de CEDES, se refirió a los resultados que produjo la legalización en Uruguay y ciudad de México: “Las muertes maternas por abortos inseguros son todas evitables, y sabemos que la legalización contribuye en ese sentido”.
• Vanina Biassi, del Plenario de Trabajadoras, agitó: “Este debate se gana en la calle”.
• Manuel Ochandio, abogado, presidente del Instituto Laico de Estudios Contemporáneos de Argentina : “Todas las leyes que reconocen nuevos derechos estuvieron atravesadas por la oposición del clericalismo católico”. Y apuntó: “El Estado vaticano está desesperado porque está perdiendo uno de los principales territorios de su propio relato identitario: el cuerpo de la mujer”
• José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch compartió los resultados del informe en el que se analizó lo sucedido desde que el Senado rechazó la interrupción voluntaria del embarazo. La conclusión: el Código Penal vigente en Argentina ha creado un modelo inviable en la práctica.
• Lucy Grimalt, responsable del Programa de Salud Sexual y Reproductiva de la provincia de Entre Ríos confirmó que durante este año quienes más solicitaron interrupciones legales son mayores de 20 años y que se realizaron alrededor de 600 interrupciones legales. “Si negamos atención a una mujer que solicita interrupción entonces tenemos que saber que no existe acceso real a la salud”.
• Patricia Rosemberg, médica, ex directora de la maternidad Estela de Carlotto: “No estamos comprometidos con la idea de que las mujeres aborten, estamos comprometidos con la idea de que las mujeres puedan defender la vida y la salud, y con que puedan tomar decisiones con la libertad de todas las opciones que tienen”.
• Marina Femenía, abogada de Mendoza: “Mi postura gira en torno a la reivindicación de la vida, pero una vida libre auténticamente asumida, una trayectoria vital donde el Estado no nos confine a la biología, donde la maternidad sea producto de un deseo autónomo e individual”
• Luis Ernesto Pedernera Reyna, presidente del Comité de los Derechos de los Niños de Naciones Unidas: “Son terribles los testimonios que hemos recibido de niñas violadas y obligadas a parir. Lo que más preocupa es las dilaciones de un sistema de justicia que no llega a tiempo para atender los tiempos de la infancia. La falta de educación en el ámbito de salud sexual reproductiva. La elevada incidencia de embarazo adolescente. El ineficiente, por no decir inexistente, acceso para adolescentes de servicios para anticoncepción y planificación familiar”.
• Soledad Bustos, subsecretaria de Atención Primaria Municipio de Quilmes: “Lo central de esta discusión tiene que ser si queremos un aborto legal o defendemos un aborto clandestino»
• Edith Martearena, comunicadora, locutora y activista guaraní: “Creemos que esta ley viene a darnos libertad”
• Mariela Belski, directora Ejecutiva Amnistía Internacional Argentina: “Despenalizar y legalizar la interrupción del embarazo es un imperativo de justicia social, de justicia reproductiva y de Derechos Humanos».

En contra de la legalización también se escucharon diez voces. Cuando reinició el debate después del receso del mediodía la diputada Mara Brawer pidió la palabra y dijo que una oradora – Guadalupe Batallán- a través de Twitter estaba faltando el respeto a diputadas y militantes a favor de la legalización. Cecilia Moreau se comprometió “a pedirle a la dirección de informática de la Cámara que ningún video no sea colgado en la página oficial de la Cámara si hay una falta de respecto explicita a legisladores”. Así convocó que el debate siga siendo en un plano respetuoso.

En contra expusieron: Guadalupe Batallán, egresada del Colegio Nacional Bs As; Florencia Álvarez Travieso, politóloga y especialista en temas de familia; Alfredo Vitolo, abogado, profesor de Derecho Constitucional; Inés Franck, abogada; Ana Belén Mármora, abogada y periodista; Roberto Votta, médico del servicio de obstetricia Hospital Cosme Argerich; Marcelo Riera, ex ministro de Salud de la provincia de San Luis; Jorge Sennewald, pastor principal de la Iglesia Cristiana El Encuentro; Analía Pastore, abogada en Derecho de Familia; y Laura Vargas, médica.

Radiografía de Córdoba

Luego de conocerse la muerte de Mariela, cordobesa de 40 años, a causa de un aborto inseguro, lavaca entrevistó a dos diputadas de esa provincia: una oficialista y una de la oposición para que se pronuncie sobre el impacto de esa muerte en el debate. Sus respuestas:

Brenda Austin, UCR: “Nos provoca no solo dolor e indignación, sino la convicción profunda de que en todas las provincias y en todos los contextos se hace evidente que estamos ante el agotamiento de un sistema de respuesta del Estado que es claramente ineficaz. Cada una de estas muertes que a lo largo del tiempo resonaron con mucha fuerza en el debate de 2018, y después del rechazo del Senado, pone en evidencia el hecho de que efectivamente esto no salva ninguna vida. En realidad lo que hace es que siga ocurriendo lo que venía pasando en nuestro país: el imperio de la clandestinidad. Y que esa clandestinidad produce las peores consecuencias: mujeres que llegan tarde al sistema de salud porque temen ser penalizadas, temen ser criminalizadas, llegan con complicaciones muy severas en su estado de salud. Este caso de Córdoba vuelve a poner un llamado de atención, un alerta, con dolor profundo, porque se trata de muertes evitables. Quienes creemos que hay que avanzar en una modificación de nuestro marco regulatorio dejando atrás la sanción penal y entendiendo que debemos dar paso a una política pública integral desde la perspectiva de la salud estos casos por supuesto que nos interpela y nos devuelve con la fuerza de la realidad la evidencia de que lo que estamos haciendo está mal”

Gabriela Estévez, Frente de Todos: “Ayer se generó una conmoción en torno a la necesidad de salir a expresar lo importante que es que salga el aborto legal de manera urgente porque se sigue llevando vidas. En Argentina tenemos todos los años 40 mujeres y personas con capacidad de gestar que se mueren, ayer una en Córdoba. Hay una estructura de supuestos derechos que no se hacen efectivos en los territorios, la manera que se distribuye el acceso a los derechos a lo largo de toda la provincia no es equilibrada. Las personas con capacidad de gestar que viven en las grandes ciudades tienen mayor acceso que quienes viven en el interior de la provincia. Lo sé muy bien porque trabajé en un puesto de salud del movimiento campesino en una zona rural y el acceso a los métodos anticonceptivos para esas personas era muy complejo: debíamos acercárselos hasta sus casas, tenían grandes problemas de movilidad, la mayoría sin vehículos, no hay en esa zona transporte público, y la capacidad de acceso a la salud publica en términos generales es muy complejo. Soy psicóloga y trabajé en lo que tiene que ver con el acceso a los derechos sexuales y reproductivos y no reproductivos, durante muchos años. He tenido que acompañar al hospital a pibas de 14 años que se habían perforado el útero con una aguja de tejer y buscar algún médico o medica que no vaya a judicializar el cuerpo de estas adolescentes. No una, muchas veces, porque en los territorios las prácticas son inseguras porque no tienen acceso a pagar prácticas seguras en una clínica privada”.

Despenalizar & Legalizar

En tanto el debate está centrado en el proyecto que envió el Poder Ejecutivo, el bloque Córdoba Federal en la Cámara de Diputados de la Nación, compuesto por dos diputados y dos diputadas, presentó otro: un proyecto de ley en búsqueda de la despenalización.

Brenda Austin, UCR: “El hecho de que presenten un proyecto que incorpora variables de la despenalización es una evolución en la posición que habían tenido hasta acá. Y se trata de una provincia que tuvo paralizado por vía judicial la aplicación del protocolo de abortos no punibles. Públicamente han hablado de que es una iniciativa para despenalizar, pero lo cierto es que es una alternativa para la legalización también. No tengo dudas de que con despenalizar no alcanza. Es evidente que el problema es obviamente la amenaza de la sanción, lo que hace que las mujeres lleguen tarde, pero si no hay una respuesta del sistema de salud que genere condiciones de aborto de prácticas seguras según los estándares de la Organización Mundial de la Salud, vamos a seguir encontrándonos con casos de mortalidad materna. Quizás las mujeres si no están penalizados después de recurrir a un aborto clandestino van a llegar más pronto al hospital, pero igualmente van a llegar con un cuadro infeccioso, con una situación crítica de la salud, porque el Estado les niega la cobertura sanitaria. Si realmente creemos que es un problema de salud pública no puede accederse a despenalizar ,pero no garantizarlo en el sistema sanitario, eso es como ser cómplices de aquellos que lucran en la clandestinidad”

Gabriela Estévez, Frente de Todos: “Con despenalizar no alcanza, pero que ya se metan en esa discusión cuando votaron taxativamente en contra significa un montón”.