Nota
Tercera jornada de #AbortoLegalYa en el Congreso: cómo están las cuentas y qué cuenta
Con veinte expositores, diez a favor y diez en contra, terminaron las sesiones informativas en la Cámara de Diputados sobre interrupción voluntaria del embarazo. Lo que queda ahora es la construcción del dictamen para ser firmado y que el proyecto llegue así al recinto. Durante el viernes, diputados y diputadas debatirán sin oradores invitados. El dictamen se firmará el próximo miércoles 9 de diciembre, aún no se sabe si de manera presencial o de forma mixta, presencial y virtual.

La diputada Cecilia Moreau, presidenta de la comisión cabecera del tratamiento aclaró que se está estableciendo la metodología, “entendiendo que muchos diputados quieren estar” , pero también teniendo en cuenta cuestiones referidas a la salud o a la edad de los y las legisladoras: “El coronavirus todavía sigue dando vueltas”. También sostuvo que quienes presiden las comisiones quieren “que puedan participar en este debate no solo con su palabra sino con su voto”. Moreau explicó que el presidente de la Cámara Baja, Sergio Massa, dispuso que los bloques lleven propuestas para tratar de llegar un acuerdo.
“Está sujeto a una resolución de la mesa de labor parlamentaria, nosotros venimos sosteniendo que el Congreso debe dar paso a más presencialidad”, sostuvo sobre la posición de su bloque en dialogo con lavaca Brenda Austin, diputada de la UCR. Agregó -a modo individual y no del bloque-, que “en cualquier caso, sea presencialmente o si eventualmente se acuerda alguna modalidad con excepciones hay que avanzar el día miércoles con el tratamiento del tema”.
La fecha para votar en búsqueda de la media sanción se mantiene: se espera que sea el jueves 10 de diciembre.
¿Cómo están las cuentas? La respuesta de dos diputadas:
Brenda Austin, UCR: “No es posible pensar en Argentina en agenda de ampliación de derechos que no tenga como bases la transversalidad de los partidos y movimientos que la sostienen. Las presidencias de las comisiones responden al oficialismo, pero hay diputadas de la oposición que tuvieron un rol clave, como Silvia Lospennato y Carla Carrizo. A la vez, el trabajo que venimos haciendo todas en esa red nos permite sortear la grieta y poder encontrar acuerdos a pesar de nuestras diferencias. Y aprendiendo de los errores: trabajando en conjunto con senadores y senadoras para que el texto -que ojalá podamos mandarle con la media sanción- también reúna el acuerdo del propio Senado. Creo que están dados los votos para la media sanción. Tenemos más información que la que teníamos en 2018, muchos de los diputados han votado, expresado su posición, hay menos margen para la especulación. Lo que no tenemos dudas, en cualquiera de los poroteos, el más optimista o el más pesimista, es que hay más votos a favor que en contra. Con ese escenario, con la prórroga de extraordinarias que incluye el tema, y con un debate en comisiones que han comenzado, están dadas las condiciones”.
Gabriela Estévez, Frente de Todos: “Estoy convencida de que están dados los votos. Hay algo que cambió después de la discusión de 2018, se planteaba solamente la aplicación de la ESI, ahora los que están en contra plantean despenalización, y eso es un salto cuantitativo muy importante. Y los que estaban en una situación de dudas han logrado ver la transformación que se generó en la sociedad y que también te lleva puesto. Estamos trabajando en conjunto con el Senado porque creemos que se debe trabajar de esa manera. Lo que queremos es que cuando se logre la media sanción – que estoy convencida que va a ser así-, y vaya al Senado no tenga que volver nuevamente a Diputados porque se le haga algún tipo de modificación”.
Las exposiciones del día
A favor de la legalización se escucharon diez voces.
- Mariana Romero, investigadora de CONICET y presidenta de CEDES, se refirió a los resultados que produjo la legalización en Uruguay y ciudad de México: “Las muertes maternas por abortos inseguros son todas evitables, y sabemos que la legalización contribuye en ese sentido”.
- Vanina Biassi, del Plenario de Trabajadoras, agitó: “Este debate se gana en la calle”.
- Manuel Ochandio, abogado, presidente del Instituto Laico de Estudios Contemporáneos de Argentina : “Todas las leyes que reconocen nuevos derechos estuvieron atravesadas por la oposición del clericalismo católico”. Y apuntó: “El Estado vaticano está desesperado porque está perdiendo uno de los principales territorios de su propio relato identitario: el cuerpo de la mujer”
- José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch compartió los resultados del informe en el que se analizó lo sucedido desde que el Senado rechazó la interrupción voluntaria del embarazo. La conclusión: el Código Penal vigente en Argentina ha creado un modelo inviable en la práctica.
- Lucy Grimalt, responsable del Programa de Salud Sexual y Reproductiva de la provincia de Entre Ríos confirmó que durante este año quienes más solicitaron interrupciones legales son mayores de 20 años y que se realizaron alrededor de 600 interrupciones legales. “Si negamos atención a una mujer que solicita interrupción entonces tenemos que saber que no existe acceso real a la salud”.
- Patricia Rosemberg, médica, ex directora de la maternidad Estela de Carlotto: “No estamos comprometidos con la idea de que las mujeres aborten, estamos comprometidos con la idea de que las mujeres puedan defender la vida y la salud, y con que puedan tomar decisiones con la libertad de todas las opciones que tienen”.
- Marina Femenía, abogada de Mendoza: “Mi postura gira en torno a la reivindicación de la vida, pero una vida libre auténticamente asumida, una trayectoria vital donde el Estado no nos confine a la biología, donde la maternidad sea producto de un deseo autónomo e individual”
- Luis Ernesto Pedernera Reyna, presidente del Comité de los Derechos de los Niños de Naciones Unidas: “Son terribles los testimonios que hemos recibido de niñas violadas y obligadas a parir. Lo que más preocupa es las dilaciones de un sistema de justicia que no llega a tiempo para atender los tiempos de la infancia. La falta de educación en el ámbito de salud sexual reproductiva. La elevada incidencia de embarazo adolescente. El ineficiente, por no decir inexistente, acceso para adolescentes de servicios para anticoncepción y planificación familiar”.
- Soledad Bustos, subsecretaria de Atención Primaria Municipio de Quilmes: “Lo central de esta discusión tiene que ser si queremos un aborto legal o defendemos un aborto clandestino»
- Edith Martearena, comunicadora, locutora y activista guaraní: “Creemos que esta ley viene a darnos libertad”
- Mariela Belski, directora Ejecutiva Amnistía Internacional Argentina: “Despenalizar y legalizar la interrupción del embarazo es un imperativo de justicia social, de justicia reproductiva y de Derechos Humanos».
En contra de la legalización también se escucharon diez voces. Cuando reinició el debate después del receso del mediodía la diputada Mara Brawer pidió la palabra y dijo que una oradora – Guadalupe Batallán- a través de Twitter estaba faltando el respeto a diputadas y militantes a favor de la legalización. Cecilia Moreau se comprometió “a pedirle a la dirección de informática de la Cámara que ningún video no sea colgado en la página oficial de la Cámara si hay una falta de respecto explicita a legisladores”. Así convocó que el debate siga siendo en un plano respetuoso.
En contra expusieron: Guadalupe Batallán, egresada del Colegio Nacional Bs As; Florencia Álvarez Travieso, politóloga y especialista en temas de familia; Alfredo Vitolo, abogado, profesor de Derecho Constitucional; Inés Franck, abogada; Ana Belén Mármora, abogada y periodista; Roberto Votta, médico del servicio de obstetricia Hospital Cosme Argerich; Marcelo Riera, ex ministro de Salud de la provincia de San Luis; Jorge Sennewald, pastor principal de la Iglesia Cristiana El Encuentro; Analía Pastore, abogada en Derecho de Familia; y Laura Vargas, médica.
Radiografía de Córdoba
Luego de conocerse la muerte de Mariela, cordobesa de 40 años, a causa de un aborto inseguro, lavaca entrevistó a dos diputadas de esa provincia: una oficialista y una de la oposición para que se pronuncie sobre el impacto de esa muerte en el debate. Sus respuestas:
Brenda Austin, UCR: “Nos provoca no solo dolor e indignación, sino la convicción profunda de que en todas las provincias y en todos los contextos se hace evidente que estamos ante el agotamiento de un sistema de respuesta del Estado que es claramente ineficaz. Cada una de estas muertes que a lo largo del tiempo resonaron con mucha fuerza en el debate de 2018, y después del rechazo del Senado, pone en evidencia el hecho de que efectivamente esto no salva ninguna vida. En realidad lo que hace es que siga ocurriendo lo que venía pasando en nuestro país: el imperio de la clandestinidad. Y que esa clandestinidad produce las peores consecuencias: mujeres que llegan tarde al sistema de salud porque temen ser penalizadas, temen ser criminalizadas, llegan con complicaciones muy severas en su estado de salud. Este caso de Córdoba vuelve a poner un llamado de atención, un alerta, con dolor profundo, porque se trata de muertes evitables. Quienes creemos que hay que avanzar en una modificación de nuestro marco regulatorio dejando atrás la sanción penal y entendiendo que debemos dar paso a una política pública integral desde la perspectiva de la salud estos casos por supuesto que nos interpela y nos devuelve con la fuerza de la realidad la evidencia de que lo que estamos haciendo está mal”
Gabriela Estévez, Frente de Todos: “Ayer se generó una conmoción en torno a la necesidad de salir a expresar lo importante que es que salga el aborto legal de manera urgente porque se sigue llevando vidas. En Argentina tenemos todos los años 40 mujeres y personas con capacidad de gestar que se mueren, ayer una en Córdoba. Hay una estructura de supuestos derechos que no se hacen efectivos en los territorios, la manera que se distribuye el acceso a los derechos a lo largo de toda la provincia no es equilibrada. Las personas con capacidad de gestar que viven en las grandes ciudades tienen mayor acceso que quienes viven en el interior de la provincia. Lo sé muy bien porque trabajé en un puesto de salud del movimiento campesino en una zona rural y el acceso a los métodos anticonceptivos para esas personas era muy complejo: debíamos acercárselos hasta sus casas, tenían grandes problemas de movilidad, la mayoría sin vehículos, no hay en esa zona transporte público, y la capacidad de acceso a la salud publica en términos generales es muy complejo. Soy psicóloga y trabajé en lo que tiene que ver con el acceso a los derechos sexuales y reproductivos y no reproductivos, durante muchos años. He tenido que acompañar al hospital a pibas de 14 años que se habían perforado el útero con una aguja de tejer y buscar algún médico o medica que no vaya a judicializar el cuerpo de estas adolescentes. No una, muchas veces, porque en los territorios las prácticas son inseguras porque no tienen acceso a pagar prácticas seguras en una clínica privada”.
Despenalizar & Legalizar
En tanto el debate está centrado en el proyecto que envió el Poder Ejecutivo, el bloque Córdoba Federal en la Cámara de Diputados de la Nación, compuesto por dos diputados y dos diputadas, presentó otro: un proyecto de ley en búsqueda de la despenalización.
Brenda Austin, UCR: “El hecho de que presenten un proyecto que incorpora variables de la despenalización es una evolución en la posición que habían tenido hasta acá. Y se trata de una provincia que tuvo paralizado por vía judicial la aplicación del protocolo de abortos no punibles. Públicamente han hablado de que es una iniciativa para despenalizar, pero lo cierto es que es una alternativa para la legalización también. No tengo dudas de que con despenalizar no alcanza. Es evidente que el problema es obviamente la amenaza de la sanción, lo que hace que las mujeres lleguen tarde, pero si no hay una respuesta del sistema de salud que genere condiciones de aborto de prácticas seguras según los estándares de la Organización Mundial de la Salud, vamos a seguir encontrándonos con casos de mortalidad materna. Quizás las mujeres si no están penalizados después de recurrir a un aborto clandestino van a llegar más pronto al hospital, pero igualmente van a llegar con un cuadro infeccioso, con una situación crítica de la salud, porque el Estado les niega la cobertura sanitaria. Si realmente creemos que es un problema de salud pública no puede accederse a despenalizar ,pero no garantizarlo en el sistema sanitario, eso es como ser cómplices de aquellos que lucran en la clandestinidad”
Gabriela Estévez, Frente de Todos: “Con despenalizar no alcanza, pero que ya se metan en esa discusión cuando votaron taxativamente en contra significa un montón”.
Nota
El escenario y la vida: el universo Cárdenas
Dos obras teatrales de un mismo autor nos invitan conectar con su universo personal: Martín Flores Cárdenas, dramaturgo y director, no se define como actor pero actúa, o como prefiere decirlo “está en escena”. El duelo por la muerte de su abuelo, la propuesta para montar una obra en Brasil y lxs amigxs como tesoro y sostén son algunos de los temas que aborda en No hay banda; mientras que en La fuerza de la gravedad el desafío fue escribir una obra y dedicársela a una amiga actriz, que se convierte en la protagonista. Cómo llevar la vida al escenario —o el escenario a la vida— para que la experiencia traspase la propia piel.
Fotos: Nora Lezano
“No creo que sea teatro documental. Tampoco una conferencia performática. En realidad, no es nada”, afirma el dramaturgo y director Martín Flores Cárdenas. Se refiere a su obra No hay banda, primera entrega del ciclo Obras Truncas, que está actualmente en cartelera junto a La fuerza de la gravedad, otra de sus producciones. Ambas transcurren en Casa Teatro Estudio, tres palabras que definen lo que sucede en Guardia Vieja 4257. Martín vive en la parte de arriba, pero aclara que la sala teatral es como si fuera una extensión de su casa: “Como lo son las obras, también, forman parte de uno: extensiones o sucursales de uno”.
Desde 2019 y junto al escenógrafo brasileño Ruslan Alastair Silva coordina esta sala artística del barrio de Almagro. “Es un espacio —cuenta Martín— que da la posibilidad de experimentar, sobre todo, nuevas formas de producción. Y eso, a veces con suerte, genera cosas reveladoras en el lenguaje escénico. Reveladoras para nosotros. Lo que más nos interesa es ir por caminos alternativos a los que ofrece la lógica de ´el mercado´. O al menos, tratar de producir sin que esas lógicas contaminen lo que hacemos. Es una sala re chiquita que permite crear sin presión de fechas ni, no sé… de objetivos económicos”.
No hay banda y La fuerza de la gravedad podrían encuadrarse en las clasificaciones de teatro documental o de “conferencia performática”. También como un biodrama, docuficción o teatro autobiográfico. Vamos a hacerle caso a Martín y dejaremos de lado las etiquetas que definen el género de una obra teatral. Sí vamos a decir que ambas abren una puerta —en sentido literal y simbólico— y nos permite instalarnos allí con agrado. Son invitaciones a navegar por un rato en el universo personal de quien las sintió, las escribió y puso el cuerpo en escena para contarnos parte de su vida. Y esa parte incluye la muerte de un ser querido: su abuelo.

Banda sonora
Imposible no identificarse con este duelo y sus reflexiones, incluso las más bizarras en un contexto de pérdida reciente, porque también hemos tenido esos pensamientos absurdos que dispara el dolor. Martín utiliza recursos eficientes para su narrativa, nos distrae, nos distiende, y nos vuelve a traer a una zona donde la piel se eriza y el corazón cruje. “No hay banda apareció como posibilidad de desobturar la escritura. Por más que quisiera escribir otras cosas, siempre aparecía aquella obra trunca como un tapón. Un duelo mal hecho que esta nueva obra me ayudó a atravesar. Como me parecía imposible ensayar solo, busqué un dispositivo que me contuviera. Me junté con amigos a armar los videos, a grabar los audios. Y, texto en mano, empecé a leer la obra a amigas, amigos. A mostrar lo que había pensado. Algo de esa combinación entre lo ultrapremeditado o realizado y la fragilidad del estar ahí y lo improvisado se volvió lo que es hoy la obra”.
La muerte de su abuelo y una llamada para proponerle montar una obra en Brasil. Ambas circunstacias sucedieron casi al mismo tiempo. El fin de una vida, el comienzo de un proyecto. “Me interesaba problematizar el concepto de existencia. Suena re pretencioso, ya sé. Un clásico. Pero bueno… Traté de ser honesto cuando la escribía y pensaba y trato de ser honesto ahora respondiendo esta entrevista. La existencia de una obra primero ¿Qué hace que una obra exista? ¿Dónde o cómo existe lo que imaginamos? ¿En qué momento una obra empieza a ser y cuando muere o termina? Y desde ahí poder dialogar con la relación entre existencia y materia. La existencia de aquellos que murieron y cuya falta generó una obra. Y la materialidad del cuerpo en general y del autor en particular que, bueno, en este caso soy yo. Que no soy actor pero estoy en escena. Me gusta decirlo así: estar en escena. Porque de alguna manera plantea o propone algo ¿Qué es estar en escena? ¿No es actuar acaso? Pensar el cuerpo en escena. Autor que escribe e interpreta. No hay límites o bueno… Esa es otra pregunta. Son muchas: no hay un sólo tema o eje, como verás”.
En los próximos meses No hay banda se va a presentar en Madrid, en el Festival Iberoamericano de Cádiz y en Alicante, España. “Tanto No hay banda como La Fuerza de la gravedad se hacen cuando se puede. El público tiene que estar atento a las fechas que aparecen en Alternativa Teatral. Porque como tenemos estos viajes pueden estar una semana sí y a la siguiente no y así”. Martín asegura que ambas obras tuvieron procesos muy diferentes y comparten dos elementos en común: el lugar desde donde fueron creadas y que no se puede determinar una fecha de estreno ya que comenzó a mostrarlas y se fue sumando público.


El otro como un territorio a descubrir
La fuerza de la gravedad es una pieza teatral cuya materia prima es la ternura. Un abrazo que nos incluye a quienes estamos sentadxs frente a la actriz Laura López Moyano y su pila de hojas A4 de las que irá descubriendo hilos de vivencias con la amistad como protagonista. Martín: “Apareció primero como una idea. Yo hacía mucho tiempo quería hacer una obra para mis amigos. Y tenía la idea de este dispositivo en la cabeza. Pero recién cuando se me ocurrió que Laura podía ser la amiga que pondría el cuerpo me puse a escribir. Es una obra dedicada a mis amigxs pero sobre todo a ella. Las ideas son ideas… Están ahí. Gracias a ella, a que existe y es mi amiga, existe esta obra”. La amistad como territorio a descubrir, como un vínculo necesario y elegido. “Quería hablar del vínculo con la otredad. No me gusta cómo suena esa palabra pero creo que es la que le hace más justicia. No hablar sólo de la amistad. En todo caso, usar ese vínculo misterioso para mí, para hablar de otros vínculos. La relación con la naturaleza, el planeta o el espacio. Poder pensar al otrx como un territorio desconocido. Y que mi relación con ese cuerpo me constituye”.
Sin espoilear diremos que el final de esta obra es un momento infinitamente disfrutable, de regresión al universo infantil, ese paraíso que puede no estar perdido si se lo sabe buscar. ¿Cómo se elabora en la escena lo personal y lo ficcional? ¿Te sentís cómodo trabajando con esos elementos? “No sé si es cómodo. Justamente por eso es divertido, supongo. O útil para hacer algo. Lo pienso en relación a mí pero también a Laura. Para ella no fue fácil ni cómodo. Pero lo quiso hacer, lo encontró o encontramos necesario. Forma parte del trabajo. Cómodo no era y justamente por eso nos dieron ganas de encararlo. Esa decisión nos permite meternos en lugares nuevos, propios o bueno… singulares, me gusta decir. Claro que hay otras de formas de hacerlo. No sé: nosotros elegimos esta”.
En ambas obras lxs amigxs están presentes, colaboran, aconsejan, observan, actúan. ¿Qué significan en tu vida tus amigxs?
Difícil responder esta pregunta. Todo lo que pienso suena mal. Me gusta la idea del amigo como algo que también es uno. Una parte de mí. Soy mis amigos, también. ¡No! Soy con mis amigos. Sin ellos no soy. Eso. Pero también con los otros. Los desconocidos. Estamos todos comprometidos. Los gravísimos problemas ambientales, sociales, económicos que sufrimos deberían hacernos tomar consciencia. Te lo digo a vos y me lo digo a mí que como ciudadano o terrícola no soy ejemplo de nada, la verdad. Pero bueno. Tenerlo presente, pensarlo me ayuda a hacer algo… Por el otro, otra. Hacer un poco más. Algo que nos vuelva menos mierda. Como amigos, como habitantes de este mundo.
Casa Teatro Estudio
Guardia Vieja 4257, CABA
No hay banda
Lunes, 20.30 hs, hasta el 9/10/23
La fuerza de la gravedad
Sábados, 18 y 20.30 hs, hasta el 7/10/23
@tatofc
@moyanolaura
@casateatroestudio
Nota
Radiografía de un Estado autoritario: Jujuy y los derechos humanos bajo la lupa
Limitación en el acceso a la justicia. Modificación de la estructura jurídica. Represiones y cacerías que violan derechos humanos, y estándares internacionales. Persecución a la protesta. Impunidad de las fuerzas policiales. Violación a los derechos indígenas. Compartimos aquí un resumen del informe final sobre la violación a los derechos humanos en Jujuy, que llevó a cabo la Misión de Solidaridad Internacional y de Derechos Humanos en visita a cinco localidades. Un diagnóstico de un Estado local anti democrático y autoritario: “El Estado se constituye como una organización que controla y organiza todo, legitimando la destrucción de cualquier organismo de control y/o de participación ciudadana, asumiendo el poder casi absoluto”. La descripción de las violencias, y el llamado al juzgamiento de la cúpula del gobierno por la comisión de graves delitos. Mientras, el Malón sigue en Buenos Aires, con sus integrantes encadenados al Congreso de la Nación a la espera de respuestas.
El domingo se cumplirán 100 días de aquel viernes 16 de junio en que el Tercer Malón de la Paz se constituyó como tal y partió desde Abra Pampa hacia la capitalina San Salvador para impedir que se vote la reforma constitucional, que no había sido consultada con las comunidades originarias, ni con el resto de la población jujeña.
Anteayer, integrantes del Malón que se encuentra en Buenos Aires desde el 1 de agosto, se encadenaron al Congreso de la Nación e iniciaron una huelga de hambre para exigir que los reciban y, sobre todo, que desde el Poder Legislativo se dé una respuesta al reclamo de la intervención federal de la provincia, “por haber impuesto una nueva constitución y para que cese la represión”.
En este sentido, en las últimas horas se conoció el informe final sobre la violación a los derechos humanos en Jujuy, que llevó a cabo la Misión de Solidaridad Internacional y de Derechos Humanos, integrada por un conjunto de organismos de Derechos Humanos como el SerPaJ, la CORREPI, la Convención Americana sobre Derechos; además de organizaciones sociales y sindicales. La comisión estuvo presente en las localidades de Abrapampa, Tilcara, Maimará, Purmamarca, San Salvador de Jujuy y Perico, desde el 16 al 26 de junio de 2023, para “hablar directamente con las víctimas; escuchar los reclamos que dieron lugar a la protesta y ser testigos presenciales de situaciones concretas de violación a los derechos humanos por parte del gobierno jujeño y a protocolos nacionales e internacionales en el accionar de las fuerzas policiales”.
CONTEXTO
En el documento recientemente presentado a la sociedad, se busca contextualizar el presente, yendo hacia unos años atrás: “Eduardo Alfredo Fellner, se desempeñó como gobernador de Jujuy, entre 1998-2007 y 2011-2015. Durante su última gestión se desarrollaron importantes protestas sociales. En diciembre del 2014, como respuesta política a las protestas en curso, la legislatura de Jujuy sanciona la ley 5806, conocida popularmente como Código Contravencional. El Código Contravencional comenzó a regir durante el gobierno de Cambia Jujuy, con Gerardo Morales como gobernador, en enero del 2016”. Esa legislación reconoce como contravenciones formas históricas de ejercer el derecho a la protesta social, como la permanencia en el espacio público y la obstaculización del tránsito vehicular. Afirman: “Desde su aprobación, fue utilizada como instrumento para labrar actas contra quienes se organizan y protestan. Desde la llegada de Cambia Jujuy al gobierno de la provincia se fue incrementando la violencia estatal hacia la protesta social, lo que se puede verificar en los siguientes hechos”. Enumeran:
1. Persecución y encarcelamiento a opositores políticos, particularmente a dirigentes sociales.
2. Modificación de la superestructura jurídica provincial con el claro objetivo de limitar el ejercicio a la protesta y favorecer una importante cantidad de negocios.
3. Impunidad de las fuerzas policiales provinciales como forma de garantizar cohesión interna, lo que se evidenció en el crecimiento de violencia política, institucional y de género en la vida cotidiana. Su peor exponente fue el crecimiento de femicidios impunes.
4. Violaciones a derechos propios de las comunidades originarias.
FUERA DE CONTEXTO
En relación al despliegue represivo del Estado provincial, “la misión pudo constatar que impera entre los mandos y la tropa una lógica bélica impropia de las fuerzas de seguridad de un Estado que se pretende democrático, inclusivo y respetuoso de los Derechos Humanos”. Reafirman: “No fue difícil corroborarlo. Si el objetivo inmediato de la guerra es la eliminación del oponente, la manera en que actúan las fuerzas represivas en Jujuy remite inmediatamente a ese concepto. Se impone reiterar el carácter probadamente pacífico de las movilizaciones populares, que a lo sumo cuentan con poderío defensivo como toda ‘arma’. Esto en evidente diferencia a lo que ocurre desde las líneas de las fuerzas de seguridad”. Sintetizan lo que ocurre:
a) El incumplimiento de los estándares internacionales para el uso de armas letales y no letales, durante las movilizaciones y detenciones.
b) Atentados contra la vida y la integridad física.
Profundizan: “En territorio la misión pudo constatar claramente dos formas de atentar contra el bien jurídico más importante que posee cualquier ordenamiento legal: la vida. En primer lugar, la utilización de armas no letales (término relativo, lo correcto sería pensar en armas de menor lesividad) disparadas a distancias mortales. La Misión identificó que durante las protestas se empleó uso de perdigones (de goma) y bombas lacrimógenas a la cabeza y tórax, a corta distancia, incumpliendo con los estándares internacionales en materia de uso de armas. Se acudió al empleo de la fuerza y armas de fuego no letales en contextos de pacificidad, donde las movilizaciones transcurrían normalmente su curso sin ningún tipo de disturbios, como primer recurso a la hora de intentar disuadir disturbios, es decir, no se priorizó la elección de medios no violentos. También se verificó que se utilizaron motos y caballos para imponer verdaderas cacerías humanas, corriendo y acorralando a los manifestantes, para luego golpearlos, pisarlos y finalmente detenerlos”. Sentencian: “Es decir que la implementación de medidas extraordinarias fue utilizada como plafón para violar los derechos humanos y las libertades civiles. Se ha perforado el piso mínimo indispensable de derechos fundamentales al atentar contra la vida y la integridad física de población civil indefensa”-
La inhumanidad recolectada, continúa: “Reiterados testimonios referían a la imposibilidad de asistir a centros de salud o de atención médica por temor a ser detenidos o imputados por participar de las movilizaciones. La misión constató la presencia de 28 agentes policiales en hospitales, luego de las represiones, lo que tuvo como consecuencia que las personas heridas no se acercaran a solicitar un servicio de salud, pasando días sin ser atendidos agravando su salud. Mayor gravedad reviste la decisión del gobierno jujeño de impedir la atención de heridos por parte de las ambulancias presentes donde se desarrollaron las represiones. Tanto en Purmamarca como en San Salvador, los servicios de ambulancias tenían la indicación de no atender heridos”. Agregan: “Constatamos heridos que sufrieron mala praxis, que no han sido registrados y que se ha negado información a los familiares cuando se acercaban a preguntar por ellos”.
Desde la Misión de Solidaridad Internacional y de Derechos Humanos concluyen que “atento a los testimonios y las pruebas recolectadas, esta forma de represión no se encontró dirigida hacia aquellos actos que causaban daño intolerable a terceros, sino al propio acto de la protesta social o la adopción de un plan de vida solidario que implica la participación en acciones de protesta. La declaración de una testigo que narra cómo desde la legislatura salen personas de civil encapuchadas que prenden fuego autos y luego regresan a refugiarse junto a las fuerzas policiales, es un ejemplo de lo manifestado. Esto también puede constatarse en todas las intervenciones represivas de las fuerzas policiales, donde sin mediación previa se iniciaron acciones represivas sobre los manifestantes, con prácticas generalizadas para provocar lesiones sobre los mismos”. Complementan: “Otro hecho que reviste extrema gravedad es la presencia de personal policial de civil infiltrado en las manifestaciones. La sistematicidad en la utilización de este recurso, quedó irrefutablemente confirmada a través de diversos testimonios e incluso fotos y videos, donde se puede identificar a personal del servicio penitenciario. La intervención de estos grupos en las protestas se caracteriza por la ausencia de identificación, es decir, visten de civil, y se infiltran generando disturbios e incitando a contextos violentos durante las manifestaciones. Estas acciones generan motivo suficiente para la utilización arbitraria de la fuerza. Una vez iniciada la represión, los grupos cambian de tareas, pasando a funcionar como refuerzos para las fuerzas policiales en las calles”.
LA (IN)JUSTICIA Y LOS TRES PODERES ALINEADOS
El informe considera que la represión y la criminalización de la protesta son las dos formas violentas en las que las autoridades provinciales se encuentran reaccionando de forma sistemática ante aquellos que participan en las manifestaciones. “Entendemos por criminalización a la utilización del sistema penal contra la protesta social, como parte de una estrategia política que utilizan los tres poderes de Jujuy para presentar ante la sociedad la lucha por los derechos sociales como delitos y a los sectores que las promueven como delincuentes o pertenecientes a facciones políticas que atentan contra el sistema democrático, con el fin de inmovilizar y amedrentar a aquellos que se organizan y se manifiestan”. Vuelven a enumerar:
1–detenciones arbitrarias sin comunicación de las mismas a los familiares o sin paradero durante más de 10 horas;
2–rechazo a recibir denuncias por parte del Ministerio de la acusación;
3–ausencia de defensores oficiales o coerción a los detenidos por parte de los mismos para que firmen acusaciones y hechos en el Penal de Alto Comedero;
4–incriminación a los manifestantes de delitos de sedición, tentativa de homicidio, resistencia a la autoridad, etc, por el solo hecho de estar presentes y con imposición de multas millonarias;
5–allanamientos sin órdenes judiciales;
6–habeas corpus que devienen en abstractos por no ser contestados en tiempo y forma;
7–violación a procedimientos judiciales,
La investigación deja a la vista que la imputación de cargos a manifestantes y dirigentes políticos “constituye una clara expresión de violencia política”. Ponen un ejemplo concreto: “Las y los defensores de los derechos humanos, incluyendo a las y los abogados defensores que prestan asistencia jurídica a otros defensores o a las víctimas de violaciones de derechos humanos, reciben continuamente amenazas, y se ven imposibilitados muchas veces del acceso a las comisarías donde se encuentran detenidos sus defendidos”. Y entonces manifiestan: “El Estado Argentino resulta responsable de la represión y criminalización de la protesta, atento al uso de la fuerza de manera ilegal, en forma innecesaria y desproporcionada, mediante ataques generalizados y sistemáticos hacia la población civil. Estas prácticas violentas del Estado no sólo violan los derechos humanos fundamentales de quienes participan en las protestas, sino que también son contrarias a los principios democráticos que deben guiar la convivencia social en un Estado de derecho. La institucionalización de la represión y la criminalización de la protesta social es la manera que ha desarrollado el Gobierno jujeño, en connivencia con los poderes Legislativo y Judicial, de castigar las manifestaciones sociales y políticas por reclamos gremiales y contra la reforma de la Constitución”.
CONCLUSIONES FINALES
Este documento no es la primera expresión del horror vivido y que se perpetúa en Jujuy. La mismísima Comisión Interamericana de Derechos Humanos allá por el 20 de junio había llamado al Estado “a respetar el derecho a la libertad de expresión, los estándares interamericanos del uso de la fuerza”, y a llevar a cabo un proceso de “diálogo efectivo, inclusivo e intercultural, en que se respete los derechos sindicales y de los pueblos originarios”.
El diálogo, sin embargo, no fue tal. El Informe Final de la Misión denuncia los ataques, las agresiones y las vulneraciones constatadas:
–Uso irregular de armamentos “no letales o de letalidad reducida” en contra de los
cuerpos de las personas manifestantes para dispersar protestas.
–Disparos horizontales de largo alcance en lugares residenciales y en contra el cuerpo de
los de manifestantes
–Lanzamiento de gases lacrimógenos al interior de viviendas.
–Detenciones ilegales, arbitrarias e infundadas de personas por la mera participación en
las protestas
–Tormentos y malos tratos, crueles, inhumanos y degradantes sobre personas detenidas
en el marco de las protestas y movilizaciones.
–Incumplimiento de la obligación de publicidad de los procedimientos policiales
–Uso irregular de facultades procesales para la detención y traslado arbitrario de
personas.
–Montaje de causas penales y posterior persecución judicial contra los/as participantes de
las protestas.
La Misión Internacional de Solidaridad y Derechos Humanos afirma que “el Estado argentino es responsable por la grave violación de derechos humanos de la población civil en el marco de la actuación represiva desplegada desde el 7 de junio del 2023 por las autoridades de la provincia de Jujuy en el territorio Jujeño. Gran parte de las vulneraciones, por su carácter sistemática y/o generalizada y dirigidas contra la población civil, tipifican delitos de lesa humanidad, previstos y sancionados por el derecho internacional de los DDHH en los tratados, convenciones y estatutos reseñados precedentemente, los cuales el Estado argentino ha suscrito y ratificado”.
Y concluye:
–El Estado de Derecho y el orden democrático en Jujuy se han visto gravemente limitados y afectados, suspendiendo garantías judiciales básicas y elementales.
–Al pueblo jujeño le asiste el derecho (constitucional y convencional) de protesta, de petición ante las autoridades y de ocupar el espacio público para ello. Así lo intentó ejercer, de forma pacífica. El ejercicio de la soberanía popular es inalienable y es un elemento constitutivo del Estado de Derecho y condición de la convivencia democrática.
–La existencia de un marco normativo que declare y/o reconozca los derechos ciudadanos implica inexorablemente las obligaciones del Estado de garantizar su pleno y efectivo goce. Las autoridades de la Provincia de Jujuy no sólo no los garantizó, sino que además llevó adelante una sistemática y generalizada acción lesiva contra la población civil.
–Las autoridades utilizaron de manera abusiva, arbitraria e ilegal de sus competencias, dirigiendo, ordenando y ejecutando acciones violatorias de los DDHH. El monopolio del uso de la fuerza que legalmente ostenta, fue desplegado abusivamente sin observar los criterios de proporcionalidad, racionalidad, legalidad y necesidad que les son exigidos a todo Estado de Derecho, democrático y respetuoso de los DDHH.
–El despliegue represivo del Estado ha significado la comisión de graves delitos tanto por acción u omisión de sus órganos ejecutivos y judiciales. No sólo no previno, sino que además propició graves violaciones a los derechos humanos y no inició las investigaciones correspondientes, ni mucho menos sancionó a sus responsables.
–Las autoridades de la Provincia de Jujuy deben ser investigadas por tormentos, abusos, persecuciones, amenazas, intimidaciones y otras conductas delictivas cometidas por sus fuerzas de seguridad regulares.
–Las autoridades deben ser investigadas ya que impidieron, limitaron y condicionaron deliberada y violentamente la participación política, el derecho de reunión y el derecho a la protesta.
–Las autoridades de la Provincia de Jujuy y sus agentes deben ser investigadas atento a que las graves violaciones a los derechos humanos constatadas, configuran delitos de lesa humanidad.
Y así finalizan el Informe Final de 75 páginas, que compartimos debajo en su totalidad: “Nos encontramos con un Estado Provincial que modifica su superestructura jurídica y política en clara coalición con el marco establecido por la Constitución Nacional y los tratados internacionales suscriptos por el Estado Nación. Y no solo eso. El Estado se constituye como una organización que controla y organiza todo, legitimando la destrucción de cualquier organismo de control y/o de participación ciudadana, asumiendo el poder casi absoluto. Limita el acceso a la justicia a la par que acusa casi sin necesidad de tener prueba alguna, o lo que es peor aún, convirtiendo en delito el ejercicio de la democracia plena. El gobierno de Cambia Jujuy, con Gerardo Morales a la cabeza, ha iniciado un proceso de balcanización objetivo. Con sus acciones está fragmentado el Estado Nación, con una supremacía étnica que coloca a las comunidades originarias en un estado de sumisión absoluta o lo que es peor, como objetos decorativos para turistas interesados en ver un indígena en vivo y en directo. Sentado arriba de las importantes reservas de litio, se erige como un intermediario nativo al servicio del capital extranjero interesado en los recursos naturales de la región. Para lograrlo, organiza el Estado de acuerdo a intereses foráneos; prepara las fuerzas represivas para custodiar esos negocios y ubica familiares y amigos para controlar cada milímetro de la sociedad jujeña. Estas afirmaciones podrían ser tomadas como subjetivas por aquellos que no quieran ver lo que está a la vista de todos: la gente de a pie está atemorizada frente a un gobierno que avasalla todos y cada uno de los derechos que nuestro pueblo, con sus históricas luchas, con sus resistencias a dictaduras, y con 30.000 desaparecidos, supo conquistar. Hay fotos, videos, notas periodísticas, decretos, acciones de gobierno, que se suceden unas a otras siguiendo una única lógica: la entrega de recursos naturales con la vida de los que habitan esas tierras”.

Nota
Femicidio de Iara Rueda: confirman las condenas a perpetua
El Tribunal de Revisión de Jujuy confirmó la sentencia que condenó a prisión perpetua a Mauricio Esteban Abad y Raúl Arnaldo Cachizumba por el femicidio de Iara Rueda. Además hay un tercer implicado: Tomás Fernández, que fue declarado como autor y que por ser menor de edad al momento de los hechos su pena debe ser resuelta por una jueza de menores. La familia aún espera otra resolución judicial que busca condenar a los policías que no investigaron el femicidio.
Por Natalia Aramayo
desde San Salvador de Jujuy
El Tribunal de Revisión de Jujuy confirmó la pena de prisión perpetua por el femicidio de Iara Rueda que había sido dictada el 12 de mayo de 2023 por el Tribunal en lo Criminal Nº 3.
Así quedó confirmado lo que en el pasado mayo habían establecido las juezas María Margarita Nallar y Ana Carolina Pérez Rojas, y el juez Mario Ramón Puig del Tribunal Oral en lo Criminal N°3: dos condenas a perpetuas y una declaración de responsabilidad penal con remisión al juzgado de menores para que se le establezca pena.
El Tribunal de Revisión, compuesto por las juezas Gisela Rita Macina, presidenta de trámite, y Claudia Cecilia Sadir y el juez Cristian Torres Magallanes, redactó el fallo con estas palabras: «El Tribunal rechaza los recursos de apelación interpuesto por la defensa y confirma la sentencia a Raúl Cachizumba y Mauricio Abad como autores materiales y responsables del delito de “homicidio doblemente agravado por alevosía y de una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de género”; como así también, la declaración de responsabilidad del menor al momento del hecho Tomas Fernández, del delito de “Homicidio triplemente agravado por el vínculo, por alevosía y de una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de género”, en carácter de autor».
En la calle se repitió la misma postal que se vio durante todo el juicio: la Multisectorial de Mujeres y Disidencias de Jujuy -compuesta por una multiplicidad de organizaciones, y otras familias- acompañó a la familia de Iara durante el proceso. Por eso Mónica, mamá de Iara Rueda, expresó al salir del Tribunal: «Quiero darles las gracias a todas ustedes, que nunca me dejan bajar los brazos, a ustedes y a las otras familias. Estas dos audiencias fue como revivir el asesinato de Iara de nuevo, pasamos el fin de semana teniendo confianza que se iba a hacer justicia, pero al mismo tiempo con angustia».
Sobre la confirmación de la condena Mónica dijo: «Se hizo justicia, quedó firme la condena y ahora a no bajar los brazos, falta la condena para Tomas Fernández, esperamos que la jueza de menores le de la máxima».


La historia de Iara Rueda
Iara Rueda tenía 16 años cuando el miércoles 23 de septiembre de 2020 salió de su casa para llevarle un trabajo práctico a un compañero de la escuela. Fue la última vez que su familia la vio con vida. Después de las 5 de la tarde no hay imágenes de ella: según las versiones oficiales las cámaras de seguridad no funcionaban por apagones de luz.
Cuando esa tarde Mónica llegó a su casa y no vio la bicicleta de su hija supo que algo le había pasado. Fue a la comisaría: no le tomaron la denuncia. La policía evadió todos los protocolos de búsqueda.
Ante la inacción policial, los y las vecinas del barrio se autoconvocaron para ayudar a la familia Rueda a buscar a Iara, y lo hicieron en intensos rastrillajes, de noche, sin luz.
En distintos puntos de la provincia se replicaron los cortes de ruta (algunos fueron reprimidos) que exigían que la busquen.
El cuerpo fue encontrado días después, el 28 de septiembre. Estaba atada de pies y manos. En ese lugar su familia construyó un altar.
El otro juicio
Además del juicio por el femicidio, la familia de Iara impulsó desde el primer momento la denuncia contra los funcionarios policiales que no aplicaron los protocolos de búsqueda tal como la legislación lo establece.
Mauro Cortez, Fabio Cruz, Hernán Vargas, Pablo López, Walter Ramos, Emanuel Valdiviezo, Daniel Ramírez y Laura Tapia, miembros de la policía y brigada de investigaciones de Palpalá, estaban imputados por “incumplimiento de los deberes de funcionario público” tras la denuncia de la familia de Iara. Hasta que a principios de este mes el juez Rodolfo Nino Fernández, del Juzgado Especializado de Control en lo Penal Económico y Delitos contra la Administración Pública, dictó el sobreseimiento. La familia de Iara Rueda presentó recientemente un recurso de apelación del que se espera resolución.
- NotaHace 2 semanas
Arde Córdoba: una campaña y un libro para organizarse contra los incendios forestales y políticos
- Mu186Hace 2 semanas
Brotes verdes: Colectivo El Reciclador
- NotaHace 2 semanas
Monsanto-Bayer va por la propiedad de una semilla de soja
- Mu186Hace 2 semanas
Quién mató a Facundo
- Mu186Hace 2 semanas
Despidiendo al Gordo
- Mu186Hace 2 semanas
El estreno de Preciado: el teatro de la rosca
- Mu184Hace 4 semanas
Hijas del fuego. Fuegas: mujeres brigadistas contra los incendios en Córdoba
- Mu186Hace 2 semanas
La Piba Berreta: religión punk