La segunda jornada de debate por el aborto legal dejó en claro las desigualdades en el acceso a la salud reproductiva en localidades del interior y, particular, en el norte del país. Los casos de Jujuy y Tucumán como paradigmas del horror. La nueva muerte en Córdoba, mientras los discursos antiderechos ocultan la realidad. La persecución y presión que promueven los gobiernos provinciales y la justicia. Las cifras y números que develan que el argumento a favor de la vida es a favor de las muertes que produce la clandestinidad. Cómo vienen los votos y la dinámica que sigue en la recta final por el #AbortoLegalYa.

Luego de dos jornadas de expositores, notablemente más acotadas a comparación de los más de 700 oradores que hubo en 2018, mañana los diputadas y diputadas del plenario de comisiones empezarán a construir el dictamen que va a llegar al recinto.

El cronograma original se modificó, y los oradores continuarán más allá de los dos días previstos porque la firma de dictamen que estaba planeada para el viernes de esta semana se posterga. Mañana habrá diez oradores a la mañana y diez a la tarde, se intercalarán uno a favor y otro en contra de la legalización. Luego empezarán a debatir diputados y diputadas. El viernes no habrá expositores.

En reunión de labor parlamentaria se está definiendo si se mantiene el protocolo mixto de virtualidad y presencialidad, o se cambia a que la firma del dictamen tenga que ser solamente presencial. Si es así, la firma del dictamen pasaría entonces al miércoles 9 de diciembre para que los legisladores y legisladoras tengan tiempo de viajar desde las provincias.

La posible fecha de votación en el recinto se mantiene: el jueves 10 está previsto que se vote en la Cámara Baja en búsqueda de la media sanción.

Mientras la ley se demora en llegar las mujeres mueren. En el inicio del debate en la Cámara de Diputados se conoció la muerte de Mariela, en Córdoba, a causa de un aborto inseguro. Murió el 7 de noviembre, pero su historia se conoció recién ayer. Tenía 40 años y era madre. Paso tres semanas internada en terapia intensiva con pronóstico reservado en un hospital de la provincia, hasta que murió. “No sabemos qué método utilizó para interrumpir, pero sí sabemos que la comunidad de la que ella era parte está muy dolida, muy angustiada”, expresó a lavaca Betiana de Mumalá y la Campaña provincial que junto a sus compañeras hicieron ayer un perejilazo frente al Ministerio de Salud de la provincia en donde se dejaron ramos de perejil y carteles que decían “aborto legal es vida y salud pública” esperando que el grito llegue hasta el Congreso de la Nación.

La radiografía de la desigualdad

El segundo plenario de comisiones en la Cámara de Diputados que trata el proyecto se inició –y siguió durante gran parte de la jornada- presidido por el diputado Pablo Yedlin, presidente de la Comisión de la Salud, médico pediatra, neonatólogo y ex Ministro de Salud de Tucumán. Fueron varios los expositores invitados que retrataron la desigualdad que genera la clandestinidad en el norte del país donde hay una postura mayoritaria en contra de la legalización, pero también  diputados y diputadas que aún no expresaron cómo votarán.

Fue el ex Ministro de Salud de Jujuy, Victor Urbani, quien mostró los números que permitieron graficar la desigualdad en el acceso a la salud. “En los países donde el aborto es legal se produce una muerte cada 100 mil procedimientos abortivos. En Argentina, en 2012, el promedio nacional era de 112 muertes cada 100 mil procesos abortivos, pero este es un promedio que oculta la realidad porque en la Ciudad de Buenos Aires eran 8 muertes cada 100 mil procesos abortivos y en el norte argentino 350 las mujeres que morían cada 100 mil procedimientos”.

Urbani sostuvo que en los últimos años se ha visto una reducción en los egresos hospitalarios y que se debe a que se ha generalizado el uso del misoprostol, pero que esa situación tampoco es igual en todo el territorio del país.

“Hay un tutorial de Youtube con 623.000 consultas para saber cómo abortar con misoprostol. Hay una guía de una página de oenegé argentina que tiene 88.000 visitas. A mí me gustaría saber cuántas mujeres del norte argentino pueden acceder a estos tutoriales por internet. No acceden a estos tutoriales como lo pueden hacer en otros lugares y en las capitales. Solo pueden recurrir a métodos atroces abortivos, que la hacen abortar en la clandestinidad, en soledad, o asistidas por personas no capacitadas”.

La médica infectóloga tucumana Leda Guzzi, inició su exposición contando que años atrás estaba en contra de la legalización, que lo que cambió su mirada fue ver a las mujeres jóvenes morir. Además argumentó en la misma línea que Urbani: “El aborto inseguro es la primera causa de muerte materna en nuestro país y esta obscenamente relacionada con la pobreza”. También aportó datos más globales: “Entre 2020 y 2014 hubo 55.7 millones de abortos por año en el mundo. El 97% se llevan adelante en países en desarrollo, coincidentes con países que tienen leyes restrictivas. En Latinoamérica el 76% de los abortos se realizan en condiciones de inseguridad”.

Los números de la penalización

Soledad Deza fue la primera expositora de la jornada, abogada de Belén, la joven tucumana que pasó dos años, cuatro meses y veintitrés días encarcelada por un aborto espontáneo, expuso sobre los números de la penalización en su provincia.  “En Tucumán entre 1992 y 2019 hay 814 causas de aborto. La mayoría tiene a las mujeres abortantes como imputadas. En los últimos años encontramos 165 causas iniciadas en el marco de un aborto legal. Y encontramos 25 causas donde se persiguen profesionales de la salud que garantizaron abortos legales. 72 mujeres fueron acusadas por aborto provocado solo en los años 2018 y 2019”.

En diálogo con lavaca Deza explicó que en su exposición buscó “hacer hincapié en que somos un país desigualmente federal. Lo que pasa en el NOA y en el NEA, donde tenemos una fuerte presencia del conservadurismo religioso y político, hace que sea difícil acceder a la Educación Sexual Integral, acceder a un método anticonceptivo, a la información que permita la educación, a la prevención y a la salud es muy difícil. Paradójicamente son los mismos sectores que ponen esas trabas los que se oponen a la legalización del aborto.

¿Hubo algún cambio a partir del debate de 2018 en el norte del país?

Quizás a nivel social sí lo hubo. Pero cuando fuimos a buscar el número de criminalización del aborto encontramos 72 mujeres acusadas de aborto, entre el 2018 y el 2019, cifras oficiales entregadas por la Corte. Ahí se ve de forma patente la interseccionalidad que le falta a este debate democrático, seguimos en el closet judicial y sanitario. Esa es la complicidad.

¿Cómo funciona esa complicidad?

Con el gobernador diciendo “Tucumán es pro vida” sabiendo que no tiene ninguna eficacia jurídica esa expresión, con el sector de la salud operando con el sector judicial para poder armar esas causas penales. Ese andamiaje criminalizador no se pone en funcionamiento así nomás ni contra cualquiera: se pone en funcionamiento contra mujeres pobres. Además, es disciplinador y estigmatizante para la comunidad sanitaria que quiere garantizar derechos.

Poner cuerpo a los números

Fue la médica Cecilia Ousset quien puso en cuerpos esa complicidad que pretende mantener la clandestinidad. Se presentó así: “soy una médica de la provincia de Tucumán, especialista en tocoginecología, madre de cuatro chicos, católica, objetora de conciencia. Ejerzo la fe católica, nunca me hice un aborto y tampoco lo practico en mis pacientes”. Ousset dijo que en el norte siguen obligando a maternar a las niñas y siguen estigmatizando a los médicos y familias de los médicos que garantizamos derechos. Y contó la historia de Lucía, que debería bastar para que sea ley. Relató:

“Cuando el año pasado Lucia, una niña del área rural de Tucumán, de 11 años, abusada y embarazada por su abuelastro de 65, se puso en contacto con el sistema de salud fue derivada a un centro de mayor complejidad para la interrupción legal del embarazo. Ella había dicho en Cámara Gesell ‘quiero que me saquen lo que el viejo me puso adentro’. Estuvo internada durante un mes en el hospital donde se dilató la interrupción, donde se obstaculizó la interrupción, donde todos los efectores de salud, pero todos, absolutamente todos, se declararon objetores de conciencia. No es lo mismo ser objetor que obstaculizador. ¿Pero eran realmente objetores de conciencia? Yo creo que no. Porque la fiscal (Adriana) Giannoni había mandado oficios al hospital para que no se practica la interrupción legal del embarazo con la amenaza al personal de salud de realizar acciones penales sobre ellos. Es decir se estaba torturando a una niña por orden directa de la fiscal. Luego otra jueza de familia manda otro oficio al hospital exigiendo la interrupción en un tiempo de 48 horas. Ahí es cuando el Ministerio de Salud de la provincia convoca a efectores del subsistema privado de salud para el acto médico porque nadie del público lo quería hacer. Eso incluía a la jefa del servicio y a la directora del hospital, ambas medicas obstetras. El final de la historia es que los dos médicos actuantes, entre los que me incluyo, que finalmente le realizamos la interrupción legal del embarazo en un contexto digno de una película de Netflix, de una niña con causal violación y con causal riesgo de la salud, tenemos abiertas hasta el día de la fecha una causa penal en investigación por homicidio agravado”.

La médica terminó su intervención con un pedido: “Quiero terminar con la hipocresía, quiero estadísticas, quiero marcos normativos porque quiero ejercer mi profesión libremente”.

Los votos

Consultada por lavaca la diputada Mónica Macha, presidenta de la Comisión Mujeres y Diversidades, sostuvo que el armado de la lista expresa “qué experiencias podemos recuperar teniendo en cuenta que son pocos los expositores, y coincidió que son del norte del país, lo cual tiene sentido  porque donde tenemos más dificultades es en esas provincias y cuando aparece un médico, una médica, que pueda dar cuenta de esas experiencias de otros modos son convocante”.

Por su parte, el diputado Pablo Yedlin en diálogo con lavaca hizo énfasis en la desigualdad: “La interrupción de embarazo en la clandestinidad, que es a lo que condenamos a las mujeres que deciden tomar esta decisión en Argentina, es un tema con una mirada absolutamente clasista. La gente con capacidad económica no tiene ningún problema de complicaciones de abortos clandestinos. Los abortos clandestinos que generan problemas de salud son solamente de mujeres pobres. Por supuesto que la Argentina es una en el norte y otra en el centro: la del norte es una Argentina empobrecida. Y en ese marco las provincias del norte tienen un aumento en la frecuencia de abortos clandestinos y complicaciones”.

¿Hoy se expusieron argumentos para interpelar a los diputados y diputadas del norte que aún no se expresaron?

Muchos de los diputados del norte argentino responden a la sociedad a donde han sido votados. Venimos de sociedades muy conservadoras, muy religiosas. Lo que intentamos explicar es que si esta ley se aprueba cada uno va a poder decidir no interrumpir un embarazo o decidir continuarlo. La diferencia es que esas personas que lo decidan podrán hacerlo en el marco de seguridad que el sistema de salud les va a brindar y no, sobre todo las más pobres, verse obligadas a la clandestinidad. Ojala estemos interpelando a este grupo.

¿Están dados los votos para llegar al recinto?

Este es un tema muy transversal. Hay un grupo de diputadas que vienen militando el tema hace muchos años, de todas las bancadas, y hay un grupo de varones y mujeres de todos los partidos y provincias que van a acompañar, como también hay un grupo que no, también de todas las bancadas. El escenario es un escenario parecido al del 2018, quizás con algunos números más fáciles. Ese año hasta que La Pampa decidió votar a favor no lo pudimos saber.