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¿La pandemia del pensamiento único?: Reflexiones más acá del cientificismo

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 No negar ni minimizar los peligros del virus. Cumplir con las recomendaciones para el cuidado de la salud. Rechazar el negacionismo de Trump y Bolsonaro. Escuchar a médicos y científicos. Pero, ¿quiénes son «los especialistas»? ¿Hay que obedecer ciegamente a la Organización Mundial de la Salud? ¿Se trata de una opción binaria «salud o economía»? ¿Es imprescindible y sano el “aislamiento social obligatorio”? ¿Quién y cómo se van a cuantificar las consecuencias sociales en los sectores populares? ¿Por qué se invisibilizan las causas de las pandemias? ¿Sirve que los medios cuenten los muertos en tiempo real? Como en la guerra: el miedo se impone, la disidencia se castiga y el pensamiento único se contagia. Investigadores, epidemiólogos, médicos, científicos, periodistas, economistas e indígenas se permiten plantear preguntas, aristas silenciadas y otros caminos posibles en tiempos pandémicos.

   Por Darío Aranda

   ¿Economía o vida?

“En Argentina instalaron una falsa opción, como dijo el Presidente: ‘Si el dilema es la economía o la vida, yo elijo la vida’. Pero una cuarentena puede contemplar la salud y la economía al mismo tiempo, en beneficio de ambas. ¿Cómo? Con una cuarentena selectiva de entrada. Limitada a los susceptibles. Porque es un principio básico de la epidemiología exponer a los no-susceptibles y no exponer a los susceptibles”, explicó a inicios de abril con didáctica docente Mario Borini, ex profesor titular de Salud Pública y docente de Epidemiologia en la Facultad de Medicina de la UBA.

   Su escrito apunta a los principios básicos de la epidemiología: al comienzo de la epidemia el aislamiento físico podría haber incluido a unas cinco millones de personas (4,5 millones son mayores de 65 años) y el resto, cerca de 40 millones de habitantes, podría haber mantenido sus actividades habituales, familiares, laborales, siempre con una política social para que la población mantenga los cuidados básicos de limpieza de manos, distancia física de metro y medio, barbijos y uso de protección en el personal de salud.

   Borini se hace la pregunta retórica de por qué el Gobierno no hizo lo epidemiológicamente obvio. Y él mismo responde: “Porque el sistema de salud está desquiciado. Mientras se prioriza declamativamente la salud, no hay capacidad para atenderla ni prevenirla de otra forma que descargando el gasto y la angustia en la población, cuyas condiciones habitacionales y laborales hacen insufrible la cuarentena y el parate económico”.

Borini explica que hay un conocimiento propio de las “ciencias de las poblaciones”, donde figura la epidemiología, pero también la estadística, la demografía y las ciencias sociales, que hoy no son escuchadas por el gobierno nacional ni por los provinciales. Resalta que se impuso una mirada relacionada a pruebas de laboratorio propias de la infectología-virología-inmunidad, sin tener en cuenta el marco de referencia social que debe existir ante cualquier epidemia. “La mirada impuesta está vinculada a lo que propone la industria de medicamentos (…). Además hay conflictos de intereses, como la OMS financiada por laboratorios comerciales y la Fundación Gates. Y ese conflicto de intereses penetra al ‘comité de expertos’ (del gobierno nacional), con Pedro Cahn de la Fundación Huésped, que es financiada por laboratorios comerciales”, cuestiona Borini.

   Menciona como contra-ejemplos a la Argentina a cuatro países asiáticos (Hong Kong, Singapur, Corea del Sur y Taiwán), con cuarentenas selectivas, “pese a que los tres últimos superan a Argentina en el número de casos”. Y también señala a Suecia, con trece veces más muertos que Argentina con Covid-19: “Sus autoridades consideran que ‘es tan peligroso salir como quedarse en casa’ y que es indigno imponer a su población una cuarentena total”. Precisa que Costa Rica no hizo cuarentena y tiene la menor tasa de mortalidad de América Latina. “Alemania, con cuarentena parcial, tienen una tasa de ocho fallecimientos por millón de habitantes, que es ocho veces menor a la de Bélgica, con cuarentena total, nacional y obligatoria”, explica.

   Plantea que Argentina, con esta política ante la pandemia, no prioriza a la población respecto a la salud y la economía, sino que se prioriza el sistema de salud, “que a la espera de la epidemia no atiende ni siquiera en los consultorios habituales”.

   “El sistema de salud no tiene capacidad porque durante siete décadas hubo reducción de camas de internación en relación al crecimiento de la población, retaceo de terapias intensivas y respiradores, obsolescencia tecnológica, caída presupuestaria, desabastecimiento de insumos, no reemplazo de personal (por fallecimiento, jubilación, renuncia), magros salarios (…) Por eso se apeló en Argentina a la cuarentena total, para evitar el bochorno de la desatención masiva”, aseguró Borini.

   Sostiene que instalar camas de emergencia en “lugares impropios” como Tecnópolis es una muestra más de la “miseria que supimos conseguir” para el sistema de salud. Y alerta por las consecuencias de la cuarentena obligatoria: “De persistir con esta dicotomía entre salud y economía se profundizarán el empobrecimiento de la población y la extranjerización de la economía, con su grave y evitable efecto boomerang sobre la salud física, mental, social y ambiental, que habría que medir con el mismo ahínco que se pone en contar los casos afectados por el Covid-19”.

El centro sanitario instalado en Tecnópolis, con camas para 2452 personas.

   ¿Contar muertos?

   Otra voz disidente es la del virólogo y doctor en farmacología molecular Pablo Goldschmidt que cuestionó que decenas de países paren sus actividades por el Covid-19. Recordó que definir una enfermedad como “pandemia” no quiere decir algo grave sino un mal que sucede en muchos países. “El Covid-19 es muy contagioso, sí, como el resfrío, que es como muere la gente en los geriátricos. Antes no los contaban, ahora sí. Hubo más de medio millón de casos de neumonía en el mundo el año pasado. Hay un millón de personas que se pueden agarrar meningitis en África, y se transmite por la saliva, y los aviones van y vienen. Y a nadie le importa nada. A mí, cuando algo hace mucho ruido como con el corona… Se está teatralizando mucho. Desde el primer día dije que las cuentas no daban, como cuando apareció la gripe H1N1”, destacó.

   Goldschmidt es autor del libro La gente y los microbios, donde analiza el rol de las bacterias, virus, hongos, protozoos y priones, “seres invisibles” que afectan gravemente la salud, pero también son vitales para la existencia del pan, quesos, bebidas fermentadas y medicamentos. Cuestiona a la universidad británica Imperial College de Londres, fuente inicial de datos epidemiológicos de donde la Organización Mundial de la Salud (OMS) basó sus proyecciones de posibles muertes: 2,2 millones en Estados Unidos y 500.000 en el Reino Unido.

   El portal de noticias Infobae es el más leído de Argentina. En su encabezado contabiliza en tiempo real los contagiados, fallecidos y recuperados, en el mundo y en Argentina. Para el país contabilizan 241 muertos. Los diarios destacan mapas online para ubicar las provincias y ciudades con más afectados. Los canales de noticias informan con un “urgente” o “último momento” cada nuevo fallecimiento.

   Desde el primer fallecimiento, el 7 de marzo, Argentina contabiliza un promedio de 4 muertes por día. Muy lejos de las 31.916 muertes por neumonía e influenza del 2018, según el informe oficial “Estadísticas vitales”, del Ministerio de Salud de la Nación, un promedio de 88 fallecimientos por día.

   Al momento de escribir este artículo se contabilizan 244.229 fallecidos en el mundo por coronavirus. Mario Borini, médico de la UBA, recordó que en el mundo hay anualmente entre 400.000 y 600.000 muertos por gripe común (y está subdiagnosticada). Según la propia Organización Mundial de la Salud, cada año mueren 6,5 millones de personas por la contaminación del aire. «Sólo una de cada diez personas respira un aire que está en los límites establecidos por la OMS. Los otros nueve respiran aire que es nocivo para su salud», afirmó en conferencia de prensa María Neira, directora del departamento de Medioambiente y Salud del organismo.

   Ningún portal de noticias, ningún canal de televisión, ningún funcionario contabiliza en tiempo real esos fallecimientos.

   Abordar la contaminación del aire implica poner en cuestionamiento el modelo económico contaminante, que es la base del capitalismo.

Postal de los medios en tiempos pandémicos.

   Desocupación y pobreza

   La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) emitió un informe sobre el futuro de la región luego de la pandemia: “Sus efectos generarán la recesión más grande que ha sufrido la región desde 1914 y 1930. El PBI caerá más de 5 por ciento en 2020. Se prevé un fuerte aumento del desempleo”.

   La Organización Internacional del Trabajo (OIT) publicó el 29 de abril su reporte titulado “El Covid-19 y el mundo del trabajo” en el que advirtió que “casi la mitad de la población mundial podría llegar a perder los medios de vida”. Afirmó que el efecto pandemia y la suspensión de actividades tendrán un “efecto devastador”.

   “Casi 1.600 millones de trabajadores de la economía informal, esto es, casi la mitad de la población activa mundial, corre peligro inminente de ver desaparecer sus fuentes de sustento”, advirtió la OIT. Y prevé la pérdida de 305 millones de empleos a tiempo completo.

   Julio Gambina, economista de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas (Fisyp), explicó que Argentina terminará este año con una pobreza de entre 40 y 42 por ciento, con un desempleo de hasta el 12 por ciento y con irregularidades del empleo en torno al 40 por ciento. También alertó sobre la fuerte presión que habrá para mayor flexibilización laboral y reforma previsional.

   Gambina se caracteriza por sus opiniones económicas y sociales que privilegian a los sectores populares; quizá por eso no suele ser consultado en los grandes medios de comunicación y sí en los medios alternativos, comunitarios, cooperativos. Es un referente crítico al neoliberalismo y a los organismos financieros internacionales.

   “El debate entre salud y economía es falso, mezquino y miserable, que escamotea la discusión del qué hacer en la coyuntura y más allá en el tiempo para superar los problemas del presente”, afirmó Gambina. Y llamó a discutir el modelo productivo y de desarrollo, el sistema financiero y la inserción internacional del país. “La situación de emergencia habilita esta discusión, evitada por años de oscurantismo y hegemonía desbordante de ideología y política neoliberal”, destacó.

   Salud y ambiente

   El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma) alertó en 2016 sobre el aumento mundial de las epidemias zoonóticas. Señaló que 75 por ciento de todas las enfermedades infecciosas emergentes en humanos son de origen animal y que dichas afecciones están estrechamente relacionadas con la salud de los ecosistemas (Fuente).

   El Instituto de Salud Socioambiental (Inssa) funciona en el marco de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Rosario. Se trata de un grupo de docentes y graduados que realizan desde hace nueve años una práctica educativa inédita llamada “campamento sanitario”, en el marco de la materia Ciclo Práctica Final, que consiste en instalarse durante una semana en una ciudad y, censo mediante, conocer y sistematizar los problemas de salud de la población. Ya llevan realizados 40 campamentos y detectaron incremento de abortos espontáneos, malformaciones congénitas, enfermedades oncológicas y aumento de los casos de mujeres que no pueden completar sus embarazos a término. Perfiles epidemiológicos vinculados al modelo agropecuario con uso masivo de agrotóxicos.El Instituto de Salud Socioambiental (Inssa) funciona en el marco de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Rosario. Se trata de un grupo de docentes y graduados que realizaron durante nueve años una práctica educativa inédita llamada “campamento sanitario”, en el marco de la materia Ciclo Práctica Final, que consistió en instalarse durante una semana en una ciudad y, censo mediante, conocer y sistematizar los problemas de salud de la población. Realizaron 40 campamentos y detectaron incremento de abortos espontáneos, malformaciones congénitas, enfermedades oncológicas y aumento de los casos de mujeres que no pueden completar sus embarazos a término. Perfiles epidemiológicos vinculados al modelo agropecuario con uso masivo de agrotóxicos.  

   Ante el coronavirus, emitieron un comunicado de análisis: “Las graves consecuencias de esta pandemia, desnudan la fragmentación, desfinanciación y vaciamiento que ha sufrido el sistema público de salud producto de las políticas neoliberales y la consecuente mercantilización de la salud”. Apoyaron la decisión de medidas que ponen el foco en la urgencia, pero remarcaron que solo “son acciones encaminadas a gestionar la enfermedad”, sin abordar políticas de fondo para un sistema de salud que permita enfrentar pandemias.

   El Inssa afirma que la crisis producida por la Covid-19 no representa un hecho aislado o fortuito, sino que emerge de condiciones que el mismo ser humano generó, por sus acciones u omisiones, ante la falta de un pensamiento crítico, previsor y solidario y se suma a varias zoonosis precedentes: SARS-CoV (2002), gripe aviar (2005), gripe A-H1N1 (2009), el MERS-CoV (2012) y el ébola (2014), “pudiendo todas ellas ser consideradas como enfermedades prevalentemente antropogénicas”.

   Afirma que es necesario buscar las causas de las pandemias en el modelo extractivo (agronegocio, minería, explotación petrolera), que provocó un deterioro progresivo en la salud de las comunidades y redujo la capacidad de la respuesta inmunológica humana ante diferentes agresiones. “Los modos de producción explotan nuestros territorios, con la consecuente contaminación del agua, aire y suelo con agrotóxicos, microplásticos, metales pesados y gases tóxicos, imponen la deforestación con corrimiento de la frontera agrícola, la explotación animal en condiciones deplorables, constituyen un medio de cultivo ideal para la génesis de mutaciones virales (…) Si no nos reconocemos como parte de un todo viviente, dinámico y naturalmente cíclico, será complejo salir fortalecides de esta crisis”, advierten los investigadores y docentes del Instituto de Salud Socioambiental.

   Se ha publicado mucho sobre la relación pandemias y ambiente. Matías Mastrangelo y Guillermina Ruiz escribieron un artículo que condensa las acciones humanas que repercuten en la salud de millones de personas. Titulado “Cinco formas en las que transformando el ambiente creamos una pandemia”, aborda el tráfico de fauna, la destrucción de ecosistemas naturales, la extinción de especies silvestres, y el cambio climático global y urbanización-globalización. Explican los cinco ejes de forma detallada y concluyen: “Nuestras formas de producir y consumir son grandes responsables de la pandemia, por sus impactos sobre la salud del ambiente, de la cual depende la salud humana. Es necesario gestionar mejor a la salud ambiental y humana, como una sola salud, la salud planetaria”.

   OMS y empresas

   “Lo recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS)”. “La OMS determinó que…”. “Hay que seguir los lineamientos de la OMS”.

   Funcionarios, políticos de distintos colores, periodistas de pelaje variopinto y, claro, mucho panelista televisivo/radial hace propios los dichos de la Organización Mundial de la Salud para justificar la cuarentena, seguir ciertas “recomendaciones”, hacer o no hacer determinada acción. Incluso gobiernos (desde municipales a nacionales) establecen políticas de “cuidado” según lo diga el organismo internacional.

   “LA OMS gestiona la pandemia financiada por farmacéuticas y multimillonarios”, escribió Miguel Jara, periodista español especializado en temas de salud, alimentación y ecología. Recordó, en base a información de la propia OMS, que el mayor financiamiento del organismo internacional proviene de la Fundación Bill & Melinda Gates (dueños de Microsoft) y de las grandes empresas farmacéuticas.

   La Fundación Gates aportó en un año 185 millones de dólares, precisa Jara. Lo que significa 95 veces más que España. Le siguieron en aportes las multinacionales GlaxoSmithKline -GSK- (7,7 millones de dólares), Novartis (6,9 millones), Sanofi Pasteur (6,1 millones) y Merck (2,4 millones). Jara remarca que se trata de las principales compañías fabricantes de vacunas.Es sabido que en el actual modelo económico quien paga es el que manda”, sentencia.

   Recuerda el antecedente de 2009, ante la gripe A, “nos decían que mataría a más de 100 millones de personas”, los laboratorios recibieron un trato preferencial para obtener la vacuna: desde apoyos económicos de gobiernos hasta evasión de protocolos de control (en la etapa de experimentación). Destaca que la británica GlaxoSmithKline (GSK) obtuvo la vacuna llamada “pandemrix”.

   “La vacuna provocó una multitud de cuadros de narcolepsia, una enfermedad del sistema nervioso”, cuestionó Jara y afirmó que ante el Covid-19 se están haciendo las cosas mal. “Nuestra salud no puede dejarse en manos de organismos mundiales que gestionan pandemias subvencionados por los fabricantes de los principales remedios para esas pandemias”, resumió.

   La Red por una América Latina Libre de Transgénicos (Rallt) difundió el 8 de abril un artículo de Sharon Lernet titulado “las grandes farmacéuticas se preparan para lucrar del coronavirus”. Quien a su vez cita a Gerald Posner, autora del libro Farmacéuticas: avaricia, mentiras y envenenamiento de América.

   “Las compañías farmacéuticas ven a Covid-19 como una oportunidad de negocio única en la vida (…) La crisis global será potencialmente un éxito de taquilla para la industria en términos de ventas y ganancias. Cuanto peor es la pandemia, mayores son sus ganancias”, resumió Posner.

   La investigadora detalla cómo las compañías logran millonarios financiamientos estatales y luego fijan precios exorbitantes para sus medicamentos. Precisa que, solo en 2019, la industria farmacéutica gastó en Estados Unidos 295 millones de dólares en “cabildeo”, eufemismo de lobby, manejo de influencias. La cifra es más del doble de lo que invierten las petroleras. “La industria farmacéutica es también muy generosa en sus contribuciones de campaña a legisladores, tanto demócratas como republicanos”, describe Posner.

   El martes 21 de abril el presidente Alberto Fernández recibió en la residencia de Olivos a las grandes compañías farmacéuticas, nucleadas en la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (Caeme). “Los directivos de los laboratorios se comprometieron a mantener las fuentes laborales y manifestaron su ‘compromiso con las políticas del Estado nacional’ para contener la pandemia del Covid-19”, señala la noticia del diario Página12. También remarca que las empresas realizarán una donación de 14 millones de pesos para la construcción de dos hospitales.

   Entre las empresas que se reunieron con el Presidente estuvieron las multinacionales GSK, Pfizer, BMS, AbbVie y MSD. “Durante el encuentro se destacó la importancia de potenciar todas las actividades referidas a la investigación y desarrollo en la ciencia y en la industria farmacéutica, en particular en tiempos extraordinarios como los actuales, y en general como una manera de mejorar la calidad de vida de la población”, señala el artículo del diario.

El presidente Alberto Fernández junto a representantes de las farmacéuticas, en la tarde del martes 21 de abril.

   Ciencia todopoderosa

   “Los especialistas determinaron que…”. “Los científicos recomendaron…”. “Las políticas que deben seguirse, según el comité de expertos, son…”.

    La casta política, y mediática, repite al unísono que se deben seguir acciones determinadas por un grupo muy reducido de especialistas en determinadas materias, casi siempre con una mirada biologicista por sobre lo social.

   “La pandemia nos ha permitido ver en acción, con plenos poderes, a una nueva forma de autoridad mundial. Una autoridad fundada en razones científico-técnicas, no políticas, que imparte sus órdenes mediante protocolos de actuación y no mediante leyes o normas. Puede ser difícil saber qué voluntades inspiran a los protocolos de la OMS, pero algo es seguro: no es la voluntad democrática de los pueblos, que no han sido consultados, ni siquiera a través de sus parlamentos. No obstante, la mezcla de miedo, respeto a la autoridad científica, y la prédica constante de los medios de comunicación, legitiman y convierten a esos protocolos y recomendaciones médicas en mandamientos sagrados”, alertó el periodista uruguayo Hoenir Sarthou.

   Su crítica apunta también a las consecuencias sociales del parate mundial. Su planteo, a diferencia de Donald Trump o Jair Bolsonaro, es por izquierda y preocupado por los sectores populares: “¿Cuántos niños y adultos, además de los que mueren cada año, morirán de hambre este año y el que viene a consecuencia de este inédito mandato de detención “sanitaria” del mundo? ¿Alguien habrá hecho el cálculo? ¿Habrá comparado esos números con los de potenciales muertes por el virus?”.

   Alicia Massarini es doctora en ciencias biológicas, investigadora del Conicet y crítica del rol de la ciencia hegemónica, representada en Argentina por, entre otros, Lino Barañao y Rodolfo Salvarezza (ex y actual ministro de Ciencia). Cuestiona el rol de la ciencia como una voz de “autoridad” y llama a debatir la representación social, el imaginario, que recae sobre la ciencia como portadora de la verdad. “La ciencia es un pilar del sistema capitalista”, resume.

   Aclara que, ante la pandemia, no hay una sola opinión científica. No hay un consenso. Y lamenta que en Argentina se esté dando un enfoque “reduccionista” del rol del saber científico frente al virus. “La idea de que los gobiernos sean asesorados por llamados ‘especialistas’ le imprime una enorme pobreza al análisis. Porque en general se trata de epidemiólogos, médicos y virólogos. Se dejan fuera otras especialidades muy necesarias y pertinentes, como sociólogos, geógrafos y psicólogos. Una serie de especialidades que aportarán dimensiones indispensables ante este problema”, propone.

   Massarini, que es parte de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina (Uccsnal), afirmó que hay falta de “transparencia” en las decisiones políticas basadas en supuestos argumentos científico-técnicos. Llamó a la necesidad de “abrir un debate político”, donde la ciencia sea una opinión más, interdisciplinaria pero sin ser la verdad que defina lo que necesita o qué debe hacer la población.

   “Estamos en un escenario que se requiere una democratización del conocimiento científico, dando cuenta de las limitaciones, teniendo en cuenta los contextos, que promueva nuevos conocimientos, junto a los actores sociales que forman parte del problema a abordar. No nos podemos quedar solo con el saber científico; hay otros saberes que tener presentes, hay que tener criterios éticos y todo debe ser parte de un debate político amplio”, propuso.

   Sobre las causas de la pandemia, no tiene dudas: “Es el avance del neoliberalismo, la mercantilización de la vida, la destrucción de ecosistemas. Las causas profundas están siendo invisibilizadas cuando se habla de un murciélago de China o un ‘virus invisible’”. Ante todo, llamó  a “no caer en el pensamiento único, no a la malvinización del problema”.

   Mario Quinteros es un dirigente del Pueblo Diaguita de Tucumán. Escribió una carta abierta que difundió por redes sociales: “La crisis que estamos viviendo está lejos de ser solamente una crisis sanitaria (…) Es una crisis sistémica de la globalización”.
   Señala que el futuro implica necesariamente cambiar las normas para no repetir los males producto de “la expansión de la economía que fuerza a una homogeneización, degradando el equilibrio en nuestras sociedades, impactando en ella y en nuestros cuerpos”.
   “Esta crisis mundial debe llevarnos a pensar otros mundos posibles, donde se busque restablecer el equilibrio que enuncia el Sumak Kawsay (el “buen vivir” de los pueblos indígenas, piedra basal de su cosmovisión ancestral, propuesta política, cultural y social)”, propone.

   Los pueblos indígenas plantean desde hace años el agotamiento del actual sistema de producción-consumo, exigen el respeto al territorio, que repercutirá en beneficio de la salud de la población. Quinteros llamó a la “construcción de otra normalidad, plural y diversa, que convoque a las sociedades del mundo a recuperar el equilibrio perdido detrás de la homogeneización, el derroche y la expropiación que provoca el extractivismo”.


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Agrotóxicos: la Corte Suprema avaló las fumigaciones que sufren 1.021 escuelas rurales en Entre Ríos

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La prohibición de fumigar a menos de 1.000 metros de escuelas fue reducida a 100 metros por decreto del gobernador de Entre Ríos, y ahora la Corte avaló esa decisión. La apelación de vecinas y vecinos fue rechazada por sus cuatro integrantes basándose en el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial, que admite el rechazo de la Corte “cuando las cuestiones planteadas resultaren insustanciales o carentes de trascendencia”. La fumigación con productos cancerígenos sobre niños y docentes quedan en ese ámbito según el fallo que será apelado esta vez ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La falta de acceso a la justicia, la burla al derecho, el desamparo de las comunidades en una provincia donde reinan el lobby del agronegocio, la contaminación y el ambiente tóxico, en la voz de las y los afectados.

Por Francisco Pandolfi

El 28 de febrero pasado el máximo tribunal del país falló en contra de las 1.021 escuelas rurales de toda la provincia de Entre Ríos. Hasta el momento, tenían un resguardo de las fumigaciones de agrotóxicos a una distancia de 1.000 metros en aplicaciones terrestres y de 3.000 en aéreas. Ahora la resolución posibilita el uso de venenos a sólo 100 y 500 metros respectivamente, límites establecidos por el decreto del Poder Ejecutivo impulsado por el gobernador Gustavo Bordet, alineado con el agronegocio.

¿Qué es lo “insustancial”?

La Corte, conformada por los jueces Horacio Rosatti –presidente–, Carlos Rosenkrantz –vicepresidente–, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, se tomó desde febrero de 2020 –cuando se elevó la apelación– hasta febrero de 2023 para responder un puñado de palabras: “El recurso extraordinario, cuya denegación origina la presente queja, es inadmisible (art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Por ello, se desestima la presentación directa. Notifíquese y archívese”.

El artículo 280 aclara el porqué de la negativa al amparo presentado por el Foro Ecologista de Paraná y la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER): “La Corte, según su sana discreción, y con la sola invocación de esta norma, podrá rechazar el recurso extraordinario, por falta de agravio federal suficiente o cuando las cuestiones planteadas resultaren insustanciales o carentes de trascendencia”.

A esta última instancia se llegó luego de varios años de denuncias, enfermedades, resistencias y muertes. Aldana Sasia es abogada especialista en lo ambiental, integrante de la Coordinadora Basta es Basta y del Foro Ecologista, y quien presentó el recurso de queja. El panorama: “Es una lucha que viene desde hace muchos años; antes del proceso judicial, desde distintas organizaciones y a través del gremio docente AGMER, se había iniciado la campaña Paren de Fumigar las Escuelas, porque había muchos casos en que se pulverizaba al lado, en horario de clase. Hubo un montón de sintomatologías en los niños y situaciones en las que tuvieron que suspender las clases. Las organizaciones nos unimos y acudimos a la Justicia en 2017, cuando presentamos el primer amparo para que se establezca una distancia de resguardo, ya que no había ninguna legislación que protegiera a las escuelas. Así obtuvimos la primera sentencia que fijó una distancia de 1.000 metros terrestres y de 3.000 aéreos, fundados a partir de estudios científicos que acompañamos en el reclamo. Ese fallo fue confirmado en todas las instancias, hasta que en enero 2018 el gobernador provincial Gustavo Bordet sacó un decreto reduciendo esas distancias a 100 y 500 metros”.

¿En qué se basó el decreto para reducir las distancias? “No se fundó en ningún estudio científico, ni en investigaciones epidemiológicas, así que pedimos su anulación y la Justicia nos dio la razón”.

En aquel momento, abril de 2019, el entonces presidente Mauricio Macri visitó la provincia y –con evidente desconocimiento de lo que decía– planteó que el fallo judicial era “una ley absurda que no se basa en ningún rigor científico”. Mezcló fallo judicial con ley, con una única intención intención obvia: favorecer el agronegocio.

Continúa la abogada: “Sin embargo, a mediados de 2019 Bordet sacó otro decreto en el que volvió a reducir las distancias, presentando investigaciones científicas que se basaban en la volatilidad de la gota, o sea, hasta dónde puede llegar, cuyos ensayos no eran con veneno sino con agua, cuando la volatilidad es otra”. (Las partículas de los agrotóxicos tienen una capacidad de dispersión mucho mayor que las del agua y su grado de permanencia en distintos sistemas es enorme, por lo que se ha llegado a detectar este tipo de venenos hasta en la Antártida, o impregnando productos comerciales como pañales y tampones en el caso del algodón).

“Esas mediciones de volatilidad para nosotros son nulas, no tienen ningún sentido porque ni siquiera las hicieron con los productos que se usan realmente para fumigar, que no es lo mismo que rociar con agua. Además, el 80% de lo que se fumiga no cae en el sembradío, sino que va para otros lados, porque depende de la temperatura ambiente, de los vientos, del producto que se aplica. Es imposible calcular hasta dónde va a llegar cada fumigación”.

Agrega Aldana Sasia: “En medio de ese proceso, el gobierno provincial sancionó una ley que modificó la composición del Superior Tribunal de Justicia, cambió la conformación de la sala que venía tratando el tema y nos fallaron en contra, confirmando el decreto 2239 del Poder Ejecutivo. Ante esa sentencia, elevamos el amparo a la Corte Suprema, que acaba de resolver que las fumigaciones a las escuelas rurales no son una cuestión trascendente. Esto deja claro que el acceso a la justicia ambiental en nuestro país no existe”.

–¿Cómo puede explicarse que la Corte se expida de esta manera, en cinco renglones y después de tres años?

–Veo dos fundamentos en esa decisión. Por un lado, que resolver sobre instancias de fumigaciones de agrotóxicos en Argentina es sumamente complejo y podría llegar a debilitar toda una matriz productiva que tiene el Estado, que es la única salida que hoy avizora para sacar adelante un país o para pagar y arreglar con el Fondo Monetario Internacional. El otro fundamento es el burocrático: la Corte está llena de causas, todo se apela a la Corte Suprema de Justicia, sus miembros no saben lo que firman porque sacan cientos de sentencias. Deben ser muchos más, es lamentable la composición del órgano máximo con sólo cuatro miembros: hoy deben resolver alrededor de una sentencia cada 30 minutos. De esta manera, el acceso a la Justicia es limitado y acotado, y la Corte Suprema se convierte sólo en una caja recaudadora, ya que para acceder a ella hay que pagar un monto considerable. Esto también influye en que la trascendencia que tienen este tipo de causas no sean valoradas del modo que amerita.

¿Docentes centinelas?

El decreto 2239 que rige en toda la provincia de Entre Ríos, además de achicar las distancias de resguardo, creó un órgano de control de las fumigaciones con el nombre de “Unidad de Centinela”, integrado por un ingeniero agrónomo y por cada director de la escuela rural fumigada.

Estela Lemes es desde hace 23 años la directora de la escuela rural N° 66 Bartolito Mitre, de la localidad de Costa Uruguay Sur, departamento de Gualeguaychú. Tiene 58 años y se presenta como maestra rural, no como directora. Por la exposición a los agrotóxicos, se le detectó glifosato en el cuerpo, una atrofia muscular y un deterioro neuronal «que no tiene vuelta atrás», le dice a lavaca desde una de las aulas “rodeada de campo”.

¿Los obligan a cumplir la función de centinela? “Cuando a los directores nos llamaron para adoctrinarnos acerca de eso, yo les dije que no pensaba participar. Es una locura por donde se lo vea. Le hacemos el trabajo a quienes nos fumigan, analizando si están bien tomadas las medidas desde dónde se va a fumigar, como si los docentes no tuviéramos trabajo; nos quieren agregar más y encima ese. Lo rechazo y lo repudio; un trabajo gratis y nefasto, mientras ellos nos siguen envenenando”.

Estela habla con dulzura que más allá de la angustia que le genera el tema del que habla: “Yo pensé que iba a salir favorable la sentencia, porque quién puede querer que fumiguen a los gurises en una escuela. Si vos les preguntás a la gente común, nadie quiere eso, no hay licencia social, pero hay un trasfondo: por culpa de muchos años de malas políticas económicas, hoy se depende de un modelo productivo que tira veneno sobre los gurises. No les importa que sus plantaciones están rodeando las escuelas rurales. Hay mucho dinero en juego para el lobby y hay una estructura judicial a favor de que fumiguen con veneno, sino no hay manera de que hayan fallado en contra”.

Hace una pausa, y suma: “Encima tardaron tres años para escribir cinco renglones y con tanta liviandad nos dicen que nuestro reclamo no tiene trascendencia. Tengo mucha bronca, indignación, vulneran los derechos de mis gurises y del ambiente. Es muy doloroso; no me había pronunciado hasta ahora porque termino llorando y no me hace bien”.

–En lo cotidiano, ¿qué significa que puedan fumigar a 100 metros de las escuelas?

–Nuestra escuela está rodeada de campos; el alambrado está pegado a uno donde, gracias a la lucha que dimos desde hace cuatro años, ahora se dedican a la ganadería porque no querían que los siguiéramos denunciando. Pero hay campos muy cercanos que sí siembran y fumigan. Para que se entienda: que tiren venenos a cien metros es como que vos estás en tu casa y te fumiguen en tu patio o en tu vereda, porque la deriva llega a kilómetros. Este fallo de la Corte les abrió la tranquera a estos señores para que apliquen cuando quieran. De hecho, hace unos pocos días lo hicieron en una escuela de Gualeguay, sin receta y en horario de clase, lo que no está permitido. La decisión del tribunal minimiza el problema y así van a aparecer más casos… muchos más casos.

La Corte y el lobby sojero

En Gualeguay vive Ramón Velázquez, docente de primaria desde hace 15 años, referente del Foro Ambiental, coordinador del proyecto de forestación Gualeguay Te Quiero Verde e integrante del colectivo Humedales en Red. Es maestro de la escuela Nº 3 “Marcos Sastre”, tiene 45 años y mucho por decir: “El fallo de la Corte es la cara del lobby sojero, del agronegocio; después de tanto tiempo esperábamos otra resolución. Tanto la Corte Suprema de Justicia como el gobierno provincial tienen responsabilidades directas con este modelo agroexportador perverso y dañino, que deja fumigar a la gurisada”.

La pulverización sin receta agronómica y en horario de clases se llevó a cabo el pasado 9 de marzo en la Escuela Nº 51 “Sofía Clotilde Fernández”. Explica Ramón: “De la escuela no quieren hablar, porque sucede que los mismos peones mandan a sus hijos a estudiar; es algo muy complejo y nos pasa siempre. Hace tiempo, junto a Estela Lemes fuimos a dar una charla a una escuela y nos esperaba una patota sojera. Había montones de padres de los gurises, gente de la Sociedad Rural, de algunas federaciones, todas dependientes de este modelo. Cuando terminamos de hablar tuvimos algunos altercados. Podrán argumentar lo que quieran, pero me pregunto, ¿se necesitan más pruebas que el veneno encontrado en el cuerpo de Estela? Hace poquito se encontraron agrotóxicos en la cuenca del Río Uruguay, uno de los más importantes de la provincia; tenemos el veneno en el agua, en el suelo, en el aire y en tantos cuerpos por lo que ingerimos permanentemente”.

El Derecho, analizado a los 12 años

Hay muchas coincidencias en lo que denuncian Estela y Ramón. En el fondo del problema, en las formas del problema, y también en donde hacen foco principal: la niñez; las y los gurises.

Constantino tiene 12 años y es nieto de Estela. Vive en la ruralidad, en el municipio de Costa Uruguay Sur. Nació con problemas respiratorios porque su mamá, en el embarazo, estuvo expuesta a los pesticidas. Tiene pelo largo, sonrisa ancha y una timidez que no le impide contarle a lavaca sobre sus convicciones, deseos y sueños de un futuro distinto: “Es importante resguardar la salud del ambiente y de los niños y maestros de escuelas rurales. Es un derecho que tenemos y que no debe ser vulnerado”.

Habla con firmeza : “Es necesario el cuidado del ambiente porque es nuestra casa común y si seguimos permitiendo su destrucción no habrá nada que dejarle a los niños del futuro. Mi abuela me contó lo que decidió la Corte Suprema y no me gustó; no quiero que fumiguen más niños y niñas de las escuelas rurales”.

El año pasado, Constantino junto a dos compañeros fueron los únicos representantes de la provincia en la Consulta Regional del Comité de los Derechos del Niño de la ONU, sobre el cambio climático y sus consecuencias. “Participé con dos amigos, Bauti y Candy. Fue una linda experiencia donde nos expresamos sobre el tema; estuvo genial, porque había niños y niñas de toda América Latina y del Caribe. Además. En esa visita a Buenos Aires también hicimos la ronda con las Madres de Plaza de Mayo”.

Lorenzetti y Bordet no responden

En el Hospital Garrahan, reconocido centro pediátrico de la Ciudad de Buenos Aires donde llegan a atenderse infancias de todo el país, trabaja Mercedes “Mechi” Méndez, enfermera comprometida desde hace más de una década en la denuncia de los efectos de los agrotóxicos. No habla representando a la institución, con la cual lleva adelante una lucha interna por la negación de la problemática concreta, por no tener una historia clínica ambiental, por no contar con un laboratorio para pesquisar los tóxicos que las niñeces llevan en sus cuerpos.

Habla desde su labor, en el sector de Cuidados Paliativos. Lo que la moviliza es no no ver morir a más infancias de los pueblos fumigados: “El día que salió el fallo de la Corte justo estaba en Paraná, acompañando ‘La ronda de los martes’ (actividad que desde el 2017 organiza la Coordinadora Basta es Basta, rodeando la casa de Gobierno de Entre Ríos para exigir el fin de las fumigaciones).

La de la Corte es una decisión inexplicable, totalmente perversa que da una libertad absoluta para continuar envenenando. Tuve la posibilidad de visitar escuelas rurales, alumnos, y de escuchar sus relatos, de ver sus dibujos sobre el tema. Me acuerdo de uno en que una nena sangraba con los ojos hinchados; otro en que los animales vomitaban. A los niños no sólo los fumigan en la escuela, también mientras van o vuelven de las clases. Es un modelo de exterminio”.

Para acompañar la apelación de las organizaciones ambientales, la Defensoría de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Nación también hizo una presentación a la Corte Suprema exigiendo su resguardo.

“Tampoco les importó ese pedido. Ni que en la causa nosotros presentamos estudios sobre la composición del agua, el aire, la tierra, que daba cuenta de la presencia de sustancias peligrosas, así como en la sangre de muchos niños”, afirma la abogada Aldana Sasia. “La Corte dejó mucho que desear. El juez Ricardo Lorenzetti en sus conferencias, en sus libros, habla de la importancia del cuidado del ambiente, pero borra con el codo lo que escribe con la mano. Nada de lo que viene diciendo en tantos papeles escritos se está aplicando”.

Tanto el pedido de entrevista a la vocera de Lorenzetti, como al propio gobernador Bordet, no fueron respondidos a lavaca, actitud recurrente y antidemocrática de los funcionarios implicados en estos temas.

Denuncia en la CIDH

¿Cómo se sigue, tras la sentencia del máximo tribunal nacional?

Aldana: “Por un lado, queda acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para proteger a los más vulnerables, que son los niños y niñas que van a la escuela. Por el otro, interponer un amparo porque el decreto del Poder Ejecutivo no se cumple: los monitoreos de las fumigaciones se iban a hacer a través de GPS en cada una de las máquinas fumigadoras, toda una proyección tecnológica que no se hizo a la fecha. También prometieron la forestación de barreras arbóreas y no lo cumplieron”.

Estela: “Tenemos que ir a diferentes instancias judiciales para seguir explicando que no deben tirar veneno. Que debamos insistir en esto, habla de la insensatez que vivimos como pueblo. Sin embargo, estoy convencida de que no debemos abandonar la lucha por las presentes y las generaciones que vienen. Vivir en el campo es un privilegio, mientras no te fumiguen”.

Ramón: “Este fallo de la Corte Suprema no nos va a hacer bajar los brazos. Vamos a seguir trabajando, generando encuentros, conversaciones, acompañándonos, con escucha, con abrazos, con amor por el otro. Todo eso que no está en el modelo agrotóxico”.

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Mía: Cuando el arte abraza

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Mía es una obra de teatro que podríamos encuadrar dentro del biodrama o autoficción. Y es mucho más: es grito, es abrazo y, también es un espejo. La actriz y médica psquiatra Mercedes Bertuzzi expone en escena su propia historia: una situación de violencia machista que sufrió por parte de una ex pareja. Este sábado 18 de marzo y en el marco del 8M, esta obra testimonial se presenta en MU Trinchera Boutique a las 21 hs, entradas a la gorra.

“Los primeros años, luego de salir, fueron de mucha confusión, angustia y mucha bronca. Escribir me permitía depositar esas emociones en el texto. El primer objetivo fue descargar. Siempre estuvo el deseo de poder denunciar a través de ese texto que iba escribiendo, pero no estaba segura de si iba a encontrarle la forma. En el proceso empecé a entrenar con Marina Otero, ella hace autoficción, y ahí algo se destrabó, la vi, vi la obra”, cuenta Mercedes. Al terminar de escribir el texto, tomó conciencia de que no era exclusivamente autorreferencial sino que involucraba la historia de muchas otras. Así tomó coraje para llevarla a la escena. “En cada función se me acercan decenas de mujeres emocionadas a abrazarme diciéndome ‘somos muchas’. Todas pasaron por una situación de violencia o acompañaron a otra mujer que la pasó. Siempre termino la función con ganas de gritar cada vez más fuerte el texto de esta obra. Siento que estoy entregando mi historia al colectivo y eso hace que ya no me pese, ya no lucho contra ella. Cada mujer que se identifica con la historia se la apropia un poquito y le va dando más cuerpo al personaje de Mía”.

Con sus herramientas artísticas, Mercedes logró una obra poética, sin golpes bajos, con ironía y momentos muy divertidos.

En una escena, dos niñas juegan a ser actrices, prueban vestuario y declaman en nombre del amor. Las palabras son extraídas de las típicas canciones románticas de cantantes famosos, las que hemos aprendido y cantado a lo largo de los años. “Para quienes fueron víctimas, no es fácil hablar. La violencia nos deja mudas, vacías, solas, no hay palabras que alcancen para explicar. El arte nos habilita un lenguaje a través del cual poder decir lo indecible, nos devuelve la voz, en la forma que cada una elija expresarse. Y para quienes son público, adentrarse a la temática desde una propuesta artística creo que les permite hacerlo sin tantas resistencias. Te permite escuchar con otra disponibilidad. El relato atravesado por la dramaturgia, la música, los cuerpos. Mantiene su fuerza y su crudeza, pero es amortiguado de ternura, poesía, risa. Y eso permite que hablemos de violencia con personas que quizás no se acercarían de otras formas”. 

Cada vez que Mía fue presentada en distintos teatros —Mercedes quiere que la obra circule y abra a la reflexión— los comentarios de personas del publico se multiplican: “Presencié ese mismo diálogo”, “sentí exactamente eso”, “estuve en pareja con un tipo igual”. No solo es reparador para ella sino para muchas. “Romper el silencio es imprescindible. Me sigue sorprendiendo la cantidad de mujeres que se acercan después de la función a abrazarme emocionadas por haber ‘contado su historia’, estuvieron ahí mismo o acompañaron a otra. De todas las edades, todas las clases sociales. Es escalofriante, es triste. Pero es también esperanzador encontrarnos. Ya no nos estamos quedando calladas, estamos denunciando y estamos convencidas de cambiar esa realidad. El haber sido víctima de violencia ya no queda solo como una herida que duele y mejor callar y olvidar. Hoy somos víctimas enojadas, creativas y sobre todo, en red. Compartir Mía me abrió los ojos a eso… Es mi historia, es la de muchas otras y, por suerte, es parte de la historia que estamos modificando”.

MU Trinchera Boutique, Riobamba 143

Sábado 18 de marzo a las 21 hs

Actúan: Mercedes Bertuzzi, Juliana Gotta, Gonzalo Pungitore, María Tibi

Entradas “a la olla”.

Podés reservar en este link:

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Punitivismo y feminismo en el caso de Lucía Pérez: una mirada sobre esa falsa dicotomía

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La abogada trans Cristina Montserrat Hendrickse analiza por qué es falsa la dicotomía que pretenden instalar sectores que siempre trabajan para categorizar las divisiones del movimiento feminista. Así crean grietas sociales que les permiten alentar congresos, investigaciones y polémicas de las cuales viven.

Por Cristina Montserrat Hendrickse

Una corriente muy minoritaria de los feminismos entiende que reclamar la sanción penal del femicidio es una actitud punitivista.

Llegan a tal conclusión partiendo del concepto de que el castigo refuerza la violencia.

Evidentemente la idea de la que se parte es correcta, pero el error de la conclusión reside en asociar pena a castigo. En no distinguir la finalidad de la pena que impone nuestro Derecho de la triste realidad de castigo que significa la ejecución efectiva de las penas privativas de libertad.

Los feminismos en nuestro país se encuentran justificados jurídicamente en la Convención Contra Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) incorporada a nuestra Constitución en 1994; la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra La Mujer (Convención de Belem do Pará) que es un tratado internacional de jerarquía superior a las leyes; y las leyes nacionales y provinciales que reglamentan a estos tratados.

Nótese que la convención de Belem do Pará obliga a los Estados a “sancionar” la violencia de género, además de prevenirla y erradicarla. El marco jurídico “sancionatorio” por excelencia es el Derecho Penal.

De allí que en nuestro sistema de derecho pretender eludir o abolir la punición de la violencia de género resulta jurídicamente anticonvencional, y por tanto anticonstitucional.

No por ello se deja de valorar el aporte del antipunitivismo feminista en cuanto sostiene que el castigo refuerza la violencia. Pero el problema del antipunitivismo reside en cuestionar al sistema (de origen convencional interamericano) de sanción de la violencia de género, y no al sistema de castigo que en los hechos (y apartándose del Derecho) sucede con la aplicación de la pena.

En efecto, la finalidad esencial de las penas privativas de la libertad es la reforma y la readaptación social de los condenados (art. 5.6. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también incorporada a nuestra Constitución en 1994), sin olvidar el mandato de que “…Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas…” (artículo 18 de la Constitución Nacional). De ambas reglas de jerarquía superior surge que la finalidad jurídica de las penas no es el castigo, como erradamente lo entiende cierta expresión del feminismo antipunitivista, sino la resocialización.

De allí que se impone una diferenciación entre “antipunitivismo” y “abolicionismo” que permita distinguir: si se pretende que la pena no se constituya en castigo sino como resocialización (antipunitivismo); o si se pretende abolir todo tipo de pena (abolicionismo penal).

La primera debería hacer foco en una reforma penitenciaria feminista, que lejos de reforzar el patriarcado lo deconstruya, no aboliendo las penas, sino modificando su ejecución a la finalidad que el impone el Derecho.

La segunda implicaría la abolición de todas las prisiones; y además, el desafío de construir respuestas ante los crímenes o lo que cada sociedad considera crímenes.

Evidentemente el castigo refuerza la violencia. Por lo que el mismo debe ser eliminado del sistema de ejecución penal, pero no el sistema de sanción; salvo que se sostenga el abolicionismo, teoría también respetable, pero que resulta anticonstitucional en nuestro sistema de Derecho, al menos en materia de violencia de género ya que la República Argentina se obligó ante la comunidad interamericana a sancionarla.

Toda decisión que se aparte de ese compromiso violentaría el sistema jurídico argentino y comprometería a nuestra Nación frente a la Comunidad Interamericana exponiéndonos a ser destinatarios de reclamos, cuando no de sentencias condenatorias, ante el sistema interamericano de Derechos Humanos.

En resumen: debatamos sobre las cárceles, no sobre las penas.

Cristina Montserrat Hendrickse

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LA NUEVA MU. Lo que está en juego

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