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¿La pandemia del pensamiento único?: Reflexiones más acá del cientificismo

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 No negar ni minimizar los peligros del virus. Cumplir con las recomendaciones para el cuidado de la salud. Rechazar el negacionismo de Trump y Bolsonaro. Escuchar a médicos y científicos. Pero, ¿quiénes son «los especialistas»? ¿Hay que obedecer ciegamente a la Organización Mundial de la Salud? ¿Se trata de una opción binaria «salud o economía»? ¿Es imprescindible y sano el “aislamiento social obligatorio”? ¿Quién y cómo se van a cuantificar las consecuencias sociales en los sectores populares? ¿Por qué se invisibilizan las causas de las pandemias? ¿Sirve que los medios cuenten los muertos en tiempo real? Como en la guerra: el miedo se impone, la disidencia se castiga y el pensamiento único se contagia. Investigadores, epidemiólogos, médicos, científicos, periodistas, economistas e indígenas se permiten plantear preguntas, aristas silenciadas y otros caminos posibles en tiempos pandémicos.

   Por Darío Aranda

   ¿Economía o vida?

“En Argentina instalaron una falsa opción, como dijo el Presidente: ‘Si el dilema es la economía o la vida, yo elijo la vida’. Pero una cuarentena puede contemplar la salud y la economía al mismo tiempo, en beneficio de ambas. ¿Cómo? Con una cuarentena selectiva de entrada. Limitada a los susceptibles. Porque es un principio básico de la epidemiología exponer a los no-susceptibles y no exponer a los susceptibles”, explicó a inicios de abril con didáctica docente Mario Borini, ex profesor titular de Salud Pública y docente de Epidemiologia en la Facultad de Medicina de la UBA.

   Su escrito apunta a los principios básicos de la epidemiología: al comienzo de la epidemia el aislamiento físico podría haber incluido a unas cinco millones de personas (4,5 millones son mayores de 65 años) y el resto, cerca de 40 millones de habitantes, podría haber mantenido sus actividades habituales, familiares, laborales, siempre con una política social para que la población mantenga los cuidados básicos de limpieza de manos, distancia física de metro y medio, barbijos y uso de protección en el personal de salud.

   Borini se hace la pregunta retórica de por qué el Gobierno no hizo lo epidemiológicamente obvio. Y él mismo responde: “Porque el sistema de salud está desquiciado. Mientras se prioriza declamativamente la salud, no hay capacidad para atenderla ni prevenirla de otra forma que descargando el gasto y la angustia en la población, cuyas condiciones habitacionales y laborales hacen insufrible la cuarentena y el parate económico”.

Borini explica que hay un conocimiento propio de las “ciencias de las poblaciones”, donde figura la epidemiología, pero también la estadística, la demografía y las ciencias sociales, que hoy no son escuchadas por el gobierno nacional ni por los provinciales. Resalta que se impuso una mirada relacionada a pruebas de laboratorio propias de la infectología-virología-inmunidad, sin tener en cuenta el marco de referencia social que debe existir ante cualquier epidemia. “La mirada impuesta está vinculada a lo que propone la industria de medicamentos (…). Además hay conflictos de intereses, como la OMS financiada por laboratorios comerciales y la Fundación Gates. Y ese conflicto de intereses penetra al ‘comité de expertos’ (del gobierno nacional), con Pedro Cahn de la Fundación Huésped, que es financiada por laboratorios comerciales”, cuestiona Borini.

   Menciona como contra-ejemplos a la Argentina a cuatro países asiáticos (Hong Kong, Singapur, Corea del Sur y Taiwán), con cuarentenas selectivas, “pese a que los tres últimos superan a Argentina en el número de casos”. Y también señala a Suecia, con trece veces más muertos que Argentina con Covid-19: “Sus autoridades consideran que ‘es tan peligroso salir como quedarse en casa’ y que es indigno imponer a su población una cuarentena total”. Precisa que Costa Rica no hizo cuarentena y tiene la menor tasa de mortalidad de América Latina. “Alemania, con cuarentena parcial, tienen una tasa de ocho fallecimientos por millón de habitantes, que es ocho veces menor a la de Bélgica, con cuarentena total, nacional y obligatoria”, explica.

   Plantea que Argentina, con esta política ante la pandemia, no prioriza a la población respecto a la salud y la economía, sino que se prioriza el sistema de salud, “que a la espera de la epidemia no atiende ni siquiera en los consultorios habituales”.

   “El sistema de salud no tiene capacidad porque durante siete décadas hubo reducción de camas de internación en relación al crecimiento de la población, retaceo de terapias intensivas y respiradores, obsolescencia tecnológica, caída presupuestaria, desabastecimiento de insumos, no reemplazo de personal (por fallecimiento, jubilación, renuncia), magros salarios (…) Por eso se apeló en Argentina a la cuarentena total, para evitar el bochorno de la desatención masiva”, aseguró Borini.

   Sostiene que instalar camas de emergencia en “lugares impropios” como Tecnópolis es una muestra más de la “miseria que supimos conseguir” para el sistema de salud. Y alerta por las consecuencias de la cuarentena obligatoria: “De persistir con esta dicotomía entre salud y economía se profundizarán el empobrecimiento de la población y la extranjerización de la economía, con su grave y evitable efecto boomerang sobre la salud física, mental, social y ambiental, que habría que medir con el mismo ahínco que se pone en contar los casos afectados por el Covid-19”.

El centro sanitario instalado en Tecnópolis, con camas para 2452 personas.

   ¿Contar muertos?

   Otra voz disidente es la del virólogo y doctor en farmacología molecular Pablo Goldschmidt que cuestionó que decenas de países paren sus actividades por el Covid-19. Recordó que definir una enfermedad como “pandemia” no quiere decir algo grave sino un mal que sucede en muchos países. “El Covid-19 es muy contagioso, sí, como el resfrío, que es como muere la gente en los geriátricos. Antes no los contaban, ahora sí. Hubo más de medio millón de casos de neumonía en el mundo el año pasado. Hay un millón de personas que se pueden agarrar meningitis en África, y se transmite por la saliva, y los aviones van y vienen. Y a nadie le importa nada. A mí, cuando algo hace mucho ruido como con el corona… Se está teatralizando mucho. Desde el primer día dije que las cuentas no daban, como cuando apareció la gripe H1N1”, destacó.

   Goldschmidt es autor del libro La gente y los microbios, donde analiza el rol de las bacterias, virus, hongos, protozoos y priones, “seres invisibles” que afectan gravemente la salud, pero también son vitales para la existencia del pan, quesos, bebidas fermentadas y medicamentos. Cuestiona a la universidad británica Imperial College de Londres, fuente inicial de datos epidemiológicos de donde la Organización Mundial de la Salud (OMS) basó sus proyecciones de posibles muertes: 2,2 millones en Estados Unidos y 500.000 en el Reino Unido.

   El portal de noticias Infobae es el más leído de Argentina. En su encabezado contabiliza en tiempo real los contagiados, fallecidos y recuperados, en el mundo y en Argentina. Para el país contabilizan 241 muertos. Los diarios destacan mapas online para ubicar las provincias y ciudades con más afectados. Los canales de noticias informan con un “urgente” o “último momento” cada nuevo fallecimiento.

   Desde el primer fallecimiento, el 7 de marzo, Argentina contabiliza un promedio de 4 muertes por día. Muy lejos de las 31.916 muertes por neumonía e influenza del 2018, según el informe oficial “Estadísticas vitales”, del Ministerio de Salud de la Nación, un promedio de 88 fallecimientos por día.

   Al momento de escribir este artículo se contabilizan 244.229 fallecidos en el mundo por coronavirus. Mario Borini, médico de la UBA, recordó que en el mundo hay anualmente entre 400.000 y 600.000 muertos por gripe común (y está subdiagnosticada). Según la propia Organización Mundial de la Salud, cada año mueren 6,5 millones de personas por la contaminación del aire. «Sólo una de cada diez personas respira un aire que está en los límites establecidos por la OMS. Los otros nueve respiran aire que es nocivo para su salud», afirmó en conferencia de prensa María Neira, directora del departamento de Medioambiente y Salud del organismo.

   Ningún portal de noticias, ningún canal de televisión, ningún funcionario contabiliza en tiempo real esos fallecimientos.

   Abordar la contaminación del aire implica poner en cuestionamiento el modelo económico contaminante, que es la base del capitalismo.

Postal de los medios en tiempos pandémicos.

   Desocupación y pobreza

   La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) emitió un informe sobre el futuro de la región luego de la pandemia: “Sus efectos generarán la recesión más grande que ha sufrido la región desde 1914 y 1930. El PBI caerá más de 5 por ciento en 2020. Se prevé un fuerte aumento del desempleo”.

   La Organización Internacional del Trabajo (OIT) publicó el 29 de abril su reporte titulado “El Covid-19 y el mundo del trabajo” en el que advirtió que “casi la mitad de la población mundial podría llegar a perder los medios de vida”. Afirmó que el efecto pandemia y la suspensión de actividades tendrán un “efecto devastador”.

   “Casi 1.600 millones de trabajadores de la economía informal, esto es, casi la mitad de la población activa mundial, corre peligro inminente de ver desaparecer sus fuentes de sustento”, advirtió la OIT. Y prevé la pérdida de 305 millones de empleos a tiempo completo.

   Julio Gambina, economista de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas (Fisyp), explicó que Argentina terminará este año con una pobreza de entre 40 y 42 por ciento, con un desempleo de hasta el 12 por ciento y con irregularidades del empleo en torno al 40 por ciento. También alertó sobre la fuerte presión que habrá para mayor flexibilización laboral y reforma previsional.

   Gambina se caracteriza por sus opiniones económicas y sociales que privilegian a los sectores populares; quizá por eso no suele ser consultado en los grandes medios de comunicación y sí en los medios alternativos, comunitarios, cooperativos. Es un referente crítico al neoliberalismo y a los organismos financieros internacionales.

   “El debate entre salud y economía es falso, mezquino y miserable, que escamotea la discusión del qué hacer en la coyuntura y más allá en el tiempo para superar los problemas del presente”, afirmó Gambina. Y llamó a discutir el modelo productivo y de desarrollo, el sistema financiero y la inserción internacional del país. “La situación de emergencia habilita esta discusión, evitada por años de oscurantismo y hegemonía desbordante de ideología y política neoliberal”, destacó.

   Salud y ambiente

   El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma) alertó en 2016 sobre el aumento mundial de las epidemias zoonóticas. Señaló que 75 por ciento de todas las enfermedades infecciosas emergentes en humanos son de origen animal y que dichas afecciones están estrechamente relacionadas con la salud de los ecosistemas (Fuente).

   El Instituto de Salud Socioambiental (Inssa) funciona en el marco de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Rosario. Se trata de un grupo de docentes y graduados que realizan desde hace nueve años una práctica educativa inédita llamada “campamento sanitario”, en el marco de la materia Ciclo Práctica Final, que consiste en instalarse durante una semana en una ciudad y, censo mediante, conocer y sistematizar los problemas de salud de la población. Ya llevan realizados 40 campamentos y detectaron incremento de abortos espontáneos, malformaciones congénitas, enfermedades oncológicas y aumento de los casos de mujeres que no pueden completar sus embarazos a término. Perfiles epidemiológicos vinculados al modelo agropecuario con uso masivo de agrotóxicos.El Instituto de Salud Socioambiental (Inssa) funciona en el marco de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Rosario. Se trata de un grupo de docentes y graduados que realizaron durante nueve años una práctica educativa inédita llamada “campamento sanitario”, en el marco de la materia Ciclo Práctica Final, que consistió en instalarse durante una semana en una ciudad y, censo mediante, conocer y sistematizar los problemas de salud de la población. Realizaron 40 campamentos y detectaron incremento de abortos espontáneos, malformaciones congénitas, enfermedades oncológicas y aumento de los casos de mujeres que no pueden completar sus embarazos a término. Perfiles epidemiológicos vinculados al modelo agropecuario con uso masivo de agrotóxicos.  

   Ante el coronavirus, emitieron un comunicado de análisis: “Las graves consecuencias de esta pandemia, desnudan la fragmentación, desfinanciación y vaciamiento que ha sufrido el sistema público de salud producto de las políticas neoliberales y la consecuente mercantilización de la salud”. Apoyaron la decisión de medidas que ponen el foco en la urgencia, pero remarcaron que solo “son acciones encaminadas a gestionar la enfermedad”, sin abordar políticas de fondo para un sistema de salud que permita enfrentar pandemias.

   El Inssa afirma que la crisis producida por la Covid-19 no representa un hecho aislado o fortuito, sino que emerge de condiciones que el mismo ser humano generó, por sus acciones u omisiones, ante la falta de un pensamiento crítico, previsor y solidario y se suma a varias zoonosis precedentes: SARS-CoV (2002), gripe aviar (2005), gripe A-H1N1 (2009), el MERS-CoV (2012) y el ébola (2014), “pudiendo todas ellas ser consideradas como enfermedades prevalentemente antropogénicas”.

   Afirma que es necesario buscar las causas de las pandemias en el modelo extractivo (agronegocio, minería, explotación petrolera), que provocó un deterioro progresivo en la salud de las comunidades y redujo la capacidad de la respuesta inmunológica humana ante diferentes agresiones. “Los modos de producción explotan nuestros territorios, con la consecuente contaminación del agua, aire y suelo con agrotóxicos, microplásticos, metales pesados y gases tóxicos, imponen la deforestación con corrimiento de la frontera agrícola, la explotación animal en condiciones deplorables, constituyen un medio de cultivo ideal para la génesis de mutaciones virales (…) Si no nos reconocemos como parte de un todo viviente, dinámico y naturalmente cíclico, será complejo salir fortalecides de esta crisis”, advierten los investigadores y docentes del Instituto de Salud Socioambiental.

   Se ha publicado mucho sobre la relación pandemias y ambiente. Matías Mastrangelo y Guillermina Ruiz escribieron un artículo que condensa las acciones humanas que repercuten en la salud de millones de personas. Titulado “Cinco formas en las que transformando el ambiente creamos una pandemia”, aborda el tráfico de fauna, la destrucción de ecosistemas naturales, la extinción de especies silvestres, y el cambio climático global y urbanización-globalización. Explican los cinco ejes de forma detallada y concluyen: “Nuestras formas de producir y consumir son grandes responsables de la pandemia, por sus impactos sobre la salud del ambiente, de la cual depende la salud humana. Es necesario gestionar mejor a la salud ambiental y humana, como una sola salud, la salud planetaria”.

   OMS y empresas

   “Lo recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS)”. “La OMS determinó que…”. “Hay que seguir los lineamientos de la OMS”.

   Funcionarios, políticos de distintos colores, periodistas de pelaje variopinto y, claro, mucho panelista televisivo/radial hace propios los dichos de la Organización Mundial de la Salud para justificar la cuarentena, seguir ciertas “recomendaciones”, hacer o no hacer determinada acción. Incluso gobiernos (desde municipales a nacionales) establecen políticas de “cuidado” según lo diga el organismo internacional.

   “LA OMS gestiona la pandemia financiada por farmacéuticas y multimillonarios”, escribió Miguel Jara, periodista español especializado en temas de salud, alimentación y ecología. Recordó, en base a información de la propia OMS, que el mayor financiamiento del organismo internacional proviene de la Fundación Bill & Melinda Gates (dueños de Microsoft) y de las grandes empresas farmacéuticas.

   La Fundación Gates aportó en un año 185 millones de dólares, precisa Jara. Lo que significa 95 veces más que España. Le siguieron en aportes las multinacionales GlaxoSmithKline -GSK- (7,7 millones de dólares), Novartis (6,9 millones), Sanofi Pasteur (6,1 millones) y Merck (2,4 millones). Jara remarca que se trata de las principales compañías fabricantes de vacunas.Es sabido que en el actual modelo económico quien paga es el que manda”, sentencia.

   Recuerda el antecedente de 2009, ante la gripe A, “nos decían que mataría a más de 100 millones de personas”, los laboratorios recibieron un trato preferencial para obtener la vacuna: desde apoyos económicos de gobiernos hasta evasión de protocolos de control (en la etapa de experimentación). Destaca que la británica GlaxoSmithKline (GSK) obtuvo la vacuna llamada “pandemrix”.

   “La vacuna provocó una multitud de cuadros de narcolepsia, una enfermedad del sistema nervioso”, cuestionó Jara y afirmó que ante el Covid-19 se están haciendo las cosas mal. “Nuestra salud no puede dejarse en manos de organismos mundiales que gestionan pandemias subvencionados por los fabricantes de los principales remedios para esas pandemias”, resumió.

   La Red por una América Latina Libre de Transgénicos (Rallt) difundió el 8 de abril un artículo de Sharon Lernet titulado “las grandes farmacéuticas se preparan para lucrar del coronavirus”. Quien a su vez cita a Gerald Posner, autora del libro Farmacéuticas: avaricia, mentiras y envenenamiento de América.

   “Las compañías farmacéuticas ven a Covid-19 como una oportunidad de negocio única en la vida (…) La crisis global será potencialmente un éxito de taquilla para la industria en términos de ventas y ganancias. Cuanto peor es la pandemia, mayores son sus ganancias”, resumió Posner.

   La investigadora detalla cómo las compañías logran millonarios financiamientos estatales y luego fijan precios exorbitantes para sus medicamentos. Precisa que, solo en 2019, la industria farmacéutica gastó en Estados Unidos 295 millones de dólares en “cabildeo”, eufemismo de lobby, manejo de influencias. La cifra es más del doble de lo que invierten las petroleras. “La industria farmacéutica es también muy generosa en sus contribuciones de campaña a legisladores, tanto demócratas como republicanos”, describe Posner.

   El martes 21 de abril el presidente Alberto Fernández recibió en la residencia de Olivos a las grandes compañías farmacéuticas, nucleadas en la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (Caeme). “Los directivos de los laboratorios se comprometieron a mantener las fuentes laborales y manifestaron su ‘compromiso con las políticas del Estado nacional’ para contener la pandemia del Covid-19”, señala la noticia del diario Página12. También remarca que las empresas realizarán una donación de 14 millones de pesos para la construcción de dos hospitales.

   Entre las empresas que se reunieron con el Presidente estuvieron las multinacionales GSK, Pfizer, BMS, AbbVie y MSD. “Durante el encuentro se destacó la importancia de potenciar todas las actividades referidas a la investigación y desarrollo en la ciencia y en la industria farmacéutica, en particular en tiempos extraordinarios como los actuales, y en general como una manera de mejorar la calidad de vida de la población”, señala el artículo del diario.

El presidente Alberto Fernández junto a representantes de las farmacéuticas, en la tarde del martes 21 de abril.

   Ciencia todopoderosa

   “Los especialistas determinaron que…”. “Los científicos recomendaron…”. “Las políticas que deben seguirse, según el comité de expertos, son…”.

    La casta política, y mediática, repite al unísono que se deben seguir acciones determinadas por un grupo muy reducido de especialistas en determinadas materias, casi siempre con una mirada biologicista por sobre lo social.

   “La pandemia nos ha permitido ver en acción, con plenos poderes, a una nueva forma de autoridad mundial. Una autoridad fundada en razones científico-técnicas, no políticas, que imparte sus órdenes mediante protocolos de actuación y no mediante leyes o normas. Puede ser difícil saber qué voluntades inspiran a los protocolos de la OMS, pero algo es seguro: no es la voluntad democrática de los pueblos, que no han sido consultados, ni siquiera a través de sus parlamentos. No obstante, la mezcla de miedo, respeto a la autoridad científica, y la prédica constante de los medios de comunicación, legitiman y convierten a esos protocolos y recomendaciones médicas en mandamientos sagrados”, alertó el periodista uruguayo Hoenir Sarthou.

   Su crítica apunta también a las consecuencias sociales del parate mundial. Su planteo, a diferencia de Donald Trump o Jair Bolsonaro, es por izquierda y preocupado por los sectores populares: “¿Cuántos niños y adultos, además de los que mueren cada año, morirán de hambre este año y el que viene a consecuencia de este inédito mandato de detención “sanitaria” del mundo? ¿Alguien habrá hecho el cálculo? ¿Habrá comparado esos números con los de potenciales muertes por el virus?”.

   Alicia Massarini es doctora en ciencias biológicas, investigadora del Conicet y crítica del rol de la ciencia hegemónica, representada en Argentina por, entre otros, Lino Barañao y Rodolfo Salvarezza (ex y actual ministro de Ciencia). Cuestiona el rol de la ciencia como una voz de “autoridad” y llama a debatir la representación social, el imaginario, que recae sobre la ciencia como portadora de la verdad. “La ciencia es un pilar del sistema capitalista”, resume.

   Aclara que, ante la pandemia, no hay una sola opinión científica. No hay un consenso. Y lamenta que en Argentina se esté dando un enfoque “reduccionista” del rol del saber científico frente al virus. “La idea de que los gobiernos sean asesorados por llamados ‘especialistas’ le imprime una enorme pobreza al análisis. Porque en general se trata de epidemiólogos, médicos y virólogos. Se dejan fuera otras especialidades muy necesarias y pertinentes, como sociólogos, geógrafos y psicólogos. Una serie de especialidades que aportarán dimensiones indispensables ante este problema”, propone.

   Massarini, que es parte de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina (Uccsnal), afirmó que hay falta de “transparencia” en las decisiones políticas basadas en supuestos argumentos científico-técnicos. Llamó a la necesidad de “abrir un debate político”, donde la ciencia sea una opinión más, interdisciplinaria pero sin ser la verdad que defina lo que necesita o qué debe hacer la población.

   “Estamos en un escenario que se requiere una democratización del conocimiento científico, dando cuenta de las limitaciones, teniendo en cuenta los contextos, que promueva nuevos conocimientos, junto a los actores sociales que forman parte del problema a abordar. No nos podemos quedar solo con el saber científico; hay otros saberes que tener presentes, hay que tener criterios éticos y todo debe ser parte de un debate político amplio”, propuso.

   Sobre las causas de la pandemia, no tiene dudas: “Es el avance del neoliberalismo, la mercantilización de la vida, la destrucción de ecosistemas. Las causas profundas están siendo invisibilizadas cuando se habla de un murciélago de China o un ‘virus invisible’”. Ante todo, llamó  a “no caer en el pensamiento único, no a la malvinización del problema”.

   Mario Quinteros es un dirigente del Pueblo Diaguita de Tucumán. Escribió una carta abierta que difundió por redes sociales: “La crisis que estamos viviendo está lejos de ser solamente una crisis sanitaria (…) Es una crisis sistémica de la globalización”.
   Señala que el futuro implica necesariamente cambiar las normas para no repetir los males producto de “la expansión de la economía que fuerza a una homogeneización, degradando el equilibrio en nuestras sociedades, impactando en ella y en nuestros cuerpos”.
   “Esta crisis mundial debe llevarnos a pensar otros mundos posibles, donde se busque restablecer el equilibrio que enuncia el Sumak Kawsay (el “buen vivir” de los pueblos indígenas, piedra basal de su cosmovisión ancestral, propuesta política, cultural y social)”, propone.

   Los pueblos indígenas plantean desde hace años el agotamiento del actual sistema de producción-consumo, exigen el respeto al territorio, que repercutirá en beneficio de la salud de la población. Quinteros llamó a la “construcción de otra normalidad, plural y diversa, que convoque a las sociedades del mundo a recuperar el equilibrio perdido detrás de la homogeneización, el derroche y la expropiación que provoca el extractivismo”.


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Memoria, verdad y un nuevo reclamo de justicia a 3 años sin Carla Soggiu

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A 3 años del femicidio de Carla Soggiu su familia realizó un ritual junto a un mural con la cara de la mujer asesinada por su ex pareja, que no fue juzgada por el crimen por decisión del fiscal César Troncoso. Recordaron así y ahí, en Nueva Pompeya, los alertas que Carla le hizo a un Estado que no la protegió de la violencia machista ni la encontró cuando se encontraba desaparecida. La causa por el femicidio fue investigada recientemente por MU: lo que el expediente oculta y tergiversa, y lo que devela sobre la falta de funcionamiento del sistema de botón antipánico. Una historia que demuestra paso a paso cómo lo judicial puede encubrir la responsabilidad estatal y archivar procesos, convalidando la impunidad.

En uno de los límites de esta ciudad infinita está el mural que recuerda a Carla Soggiu sonriendo. “Madre, hija y vecina del barrio Nueva Pompeya” proclama con delicadas letras esta pared pintada que hoy da lugar a una ceremonia de dolor y memoria. “A esta hora empezó el infierno” dirá Roxana, la mamá, en este sábado de calor asfixiante. Señala entonces la esquina para marcar el lugar donde Carla activó por primera vez el botón antipánico que el Poder Judicial le entregó para protegerla. No funcionaba.

Aquel 15 de enero de hace ya tres años Carla pidió ayuda cinco veces y cada vez el patrullero policial llegó a la casa de la familia Soggiu preguntando dónde estaba. Comprendieron así, cruelmente, que Carla estaba en peligro y que nadie podía ayudarla. Cuatro días después un trabajador de limpieza encontró su cuerpo en el Riachuelo, que en ese límite es apenas unas cuadras.

Días antes Carla había sido torturada y violada por su pareja, con su hija de 2 años como testigo. Cuando logró escapar presentó una denuncia: fue la que originó la entrega del botón, una medida de protección que en esta ciudad portan tres mil mujeres al año.

La pareja de Carla fue condenada por esos delitos, pero la causa por su femicidio fue archivada: el fiscal César Troncoso consideró que no había delito alguno que investigar. Haber sido golpeada y violada días antes, soportar golpes en la válvula que calmaba su hidrocefalia, pedir ayuda a través de un dispositivo inútil, entre otras tantas de violencias, no son considerados por el fiscal como indicios de una trama que une ambas causas. La familia de Carla se enteró del archivo hace apenas unos días y de casualidad y ahí está ahora, parada frente al mural, clamando ayuda porque contra tanta injustica “solos no podemos”.

A su lado están Susana y Daniel, padres de Cecilia Basaldúa, víctima también de un femicidio y de un Poder Judicial cómplice de la impunidad. Está su tía y su primo y una vecina con su hijita y en ese abrazo la familia de Carla encuentra la fuerza para recordar sin lágrimas lo que necesitan: justicia. La exigen por sus nietos que todavía no accedieron a la pensión a la que tienen derecho según la Ley Brisa. Tras reclamos y trámites solo tuvieron una Asignación Universal por Hijo. Un abogado les cobró 40 mil pesos para renovarla, pero el trámite no lo completó y quedó nulo. De eso también se enteraron hace apenas unos días y de casualidad, cuando acudieron a la Defensoría General a pedir ayuda y se encontraron allí con la abogada que asistió a Carla en su primera denuncia. Ella los ayudó a solicitar la renovación del subsidio, pero en esta tarde de infierno Roxana cuenta que ya pasaron los 10 días previstos y la asistente social que debía visitarlos para darles la aprobación nunca llegó, así que tendrán que seguir esperando a ese Godot que es la justicia en Argentina. Mientras, el sustento sigue dependiendo de la espalda de Alfredo, que hace años trabaja en la misma empresa cumpliendo tareas de carga y descarga. Lo ayudan dándole horas extras: más peso.

En esta tarde de dolor y memoria hay flores y globos violetas, el color preferido de Carla, que su madre suelta para que rueden por las calles silenciosas del barrio de Nueva Pompeya. Docenas de globos mecidos por la brisa ardiente que anticipa una tormenta. Ahí quedan, en ese límite y a la espera.

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Lo que falta: 16va Carta al Presidente de Familiares Sobrevivientes de femicidios

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A plena luz del sol y en un centro desolado, las familias que componen el grupo Familiares Sobrevivientes de Femicidios se reunieron en Plaza de Mayo para dejar por vez número 16 una carta al Presidente Alberto Fernández, pidiendo que los reciba, exigiendo justicia por sus hijas y acercando medidas concretas para que eso suceda.

En la jornada de hoy estuvieron presentes Daniel y Susana, papá y mamá de Cecilia Basaldúa, asesinada en Capilla del Monte, Córdoba; Marta y Guillermo, padre y madre de Lucía Pérez, asesinada en Mar del Plata; y Analía Romero, mamá de Camila Flores, asesinada en Santa Fe.

En todos los casos estas familias debieron trasladarse hasta Plaza de Mayo; recorrido que significa a la vez que las causas que se tramitan por las muertes de sus hijas distan muchos kilómetros de la Casa Rosada; distancia que garantiza la impunidad, ya que facilita las trabas judiciales y las tramas territoriales; y complica el acceso a la justicia como un derecho para familias que no cuentan con recursos para viajar ni para sostener abogados ni peritos.

Así lo denuncia la mamá de Camila Reyes:

Así reclama Guillermo Pérez, papá de Lucía, que Alberto Fernández los reciba:

Estas son las fotos de algunas de las jóvenes asesinadas por la violencia machista, cuyas causas siguen impunes:

Estas son las cartas que entregan las familias al Presidente cada segundo miércoles del mes:

Esta es el informe que junto a las cartas las familias entregaron en la Rosada, un diagnóstico y una muestra de lo que falta para lograr un Nunca Más de la violencia patriarcal, de la que el Estado es parte:

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Infeliz año nuevo: trabajadores de alfajores La Nirva con orden de desalojo

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“Resuelvo: disponer el lanzamiento de los ocupantes de la planta fabril deudora ubicada en laa calle Dorrego Nº854, Lomas del Mirador, La Matanza, Provincia de Buenos Aires y restituir la posesión de la misma a la concursada”.

El fallo lleva la firma del juez nacional en lo Comercial Fernando D’Alessandro, está fechado el 30 de diciembre, y precisa dos aclaraciones: cuando se lee “lanzamiento” debe entenderse “desalojo” y “ocupantes” a 57 familias de la tradicional fábrica de alfajores La Nirva que recuperaron sus fuentes de trabajo en plena pandemia después de la estafa de los exdueños Matías Paradiso y Marcelo Iribarren. Las familias pusieron las máquinas a producir nuevamente luego de conformarse en una cooperativa de trabajo, y así trabajaron este año y medio pandémico hasta recibir el fallo previo al año nuevo.

“Estamos laburando muy bien”, dice a lavaca Marcelo Cáceres, presidente de la cooperativa. “En este último tiempo estábamos con pan dulces y muchos proyectos de ampliar la máquina de galletitas y alfajores, de inaugurar una línea más: estamos en crecimiento. El síndico ya había venido a revisar la fábrica y quedó sorprendido de lo bien que estaba. La decisión nos lleva a pensar que hubo un arreglo político con plata de por el medio, porque el juez no se fijó en esto, y directamente decretó el desalojo”.

La decisión, por ahora, no tiene fecha, pero las familias sí están en alerta y la noche de año nuevo reforzarán la presencia de guardia en la fábrica.

Dice Cáceres: “Vamos a aguantar la que se venga”.

Compartimos la nota de MU sobre la recuperación de la empresa.

Triple sabor: La Nirva, recuperada por sus trabajadorxs

Luego de estafas patronales, amenazas de la Bonaerense y dos meses en la calle durante la pandemia, la popular fábrica de alfajores de La Matanza se hace cooperativa. La autogestión como salida ante la crisis. Por Lucas Pedulla.

(publicada en julio 2020)

Después de trabajar 20 de sus 42 años en el control de la máquina de chocolate de La Nirva, Lorena Pereyra se encontró en pleno aislamiento social, preventivo y obligatorio enviándole al dueño una foto de su tupper en la olla popular que cocinaban al frente de la empresa, con un mensaje: “Mirá a lo que llegué”. La foto era la misma para cada una de las 65 familias que desde el comienzo de la cuarentena tuvieron que desoír el consejo de quedarse en casa, con los riesgos que eso implicaba, e instalar una carpa frente a la fábrica de alfajores en el partido bonaerense de La Matanza para reclamar por sus fuentes de trabajo.

Allí permanecieron durante casi dos meses con venta de torta fritas y budines para el fondo de lucha, y con carteles que explicaban la necesidad preventiva, social y obligatoria de otro virus:

  • “Nuestro virus tiene nombre: Matías Paradiso y Marcelo Iribarren (los dueños)”.
  • “Nos dieron cheques sin fondo en diciembre. Nos estafaron”.
  • “Si nos quedamos en casa nadie escucha que pasamos hambre. Queremos recuperar nuestro trabajo y vivir dignamente”.
  • “Queremos cobrar”.

Con cuatro hijos y su marido que había sido despedido de la misma empresa años atrás, Lorena nunca imaginó que atravesaría la lucha en medio de una crisis sanitaria sin precedentes. “La patronal cambió hace tres años y vimos cómo empezaron a irse compañeros. De 120 pasamos a 65. Hace dos años que no tenemos aportes, mientras vemos cómo en la ANSES figura que cobramos sueldos de 70 mil y 80 mil pesos, cuando hace nueve meses que no cobramos nada. Pero ante la necesidad te hacés fuerte, quieras o no”.

Lorena ya no habla desde la olla popular en la calle, sino desde adentro de la fábrica, donde permanece de forma pacífica junto a sus compañeros y compañeras en resguardo de las maquinarias y su fuente de trabajo que hoy toma una forma que augura un futuro pospandemia sanitaria y laboral: la forma cooperativa.

Foto: Ramiro Dominguéz

Conflicto grandote

La popular fábrica La Nirva es la encargada de hacer los famosos alfajores Grandote y La Recoleta, entre otros productos como cubanitos y copitos de chocolate y dulce de leche. El 80 por ciento de su personal son mujeres. “Mi pareja trabajó 31 años acá: lo echaron el año pasado pagándole una sola cuota de 51 mil pesos como indemnización”, contaba María de los Ángeles Santillán, 46 años, 23 en la empresa, cuando MU se acercó a la fábrica una semana después de iniciado el acampe. “No tiene nada fijo. Y la plata no alcanza, las boletas aumentan, tenemos mamás enfermas que tenemos que dejar para venir acá. Se complica todo: no tenemos ni para cargar la SUBE, por eso estamos vendiendo tortas fritas”. 

Marcelo Cáceres (34 años, 12 en la fábrica) pasó de ser delegado sindical a presidente de la futura cooperativa. Desde esa transformación recuerda que la caída  comenzó en 2018, cuando la firma cambió de dueños. “Se vendió al grupo Blend. Durante dos meses seguimos con el ritmo de trabajo que teníamos. Al tercer mes, el salario empezó a retrasarse. De a poco, se fueron cerrando líneas. Al tiempo, nos cortaron todos los servicios: agua, gas y luz. Nos quedamos literalmente a oscuras”.

Empezaron los despidos de personal administrativo: de más de 120 trabajadorxs quedó la actual planta de 65 personas. Y como en la pandemia, se contagió el miedo. Santillán: “Había miedo a hablar porque si alguien criticaba, al día siguiente era despedido”.

Cáceres aclara que el problema no era la producción. “Por quincena, y laburando una sola línea, hacíamos un millón 200 mil alfajores. En 2001, año de la peor crisis, ni se sintió: hasta horas extras se hacían. Fue un mal manejo. No sabemos lo que es cobrar un sueldo completo. Eran puchitos: de 2.000, 3.000 pesos. De octubre a hoy, solo en salarios la deuda con nosotros es de 18 millones de pesos”.

Hay más: “En diciembre nos dieron cheques a 60 y 90 días. El dueño nos dijo que vayamos a cobrarlo a una financiera, que nos iban a sacar un porcentaje, pero que lo íbamos a poder cobrar. Nadie vio un peso”.

Cáceres tuvo que vender su auto para poder pagar deudas. El 24 de diciembre llamaron al dueño para que les diera algo de efectivo para pasar las fiestas: “Nos dieron 3.000 pesos”. Y el 2020 arrancó con más promesas. “El primer día de febrero nos prometieron 40 mil pesos para arrancar y que, mientras producíamos, iban a abonar la totalidad de la deuda. Trabajamos una semana: nos dieron 20 mil. Hay buena predisposición, pensamos. Trabajamos otra semana más, pero ahí ya dijeron que no había efectivo. Como veníamos de dos años de mentiras, decidimos dejar de trabajar hasta que nos pagaran”.

Así llegó marzo, la pandemia agudizó todas las crisis y la situación  de los trabajadores era desesperante. Al combo se sumó que un vecino les avisó que un camión había ingresado de madrugada a la fábrica a llevarse cosas. No dudaron: estaba en juego la fábrica y sus fuentes de trabajo. 

Y votaron la instalación de la carpa.

Foto: Ramiro Dominguéz

Unión & galleta

Cuando el acampe cumplió una semana, recibieron una visita inesperada. Cáceres: “Apareció la policía, con la excusa de que no podíamos estar en la calle por la pandemia, cuando hacía siete días que estábamos ahí. Y nos corrieron por todo el barrio: un grupo terminó en la plaza, otro cerca de la ruta”. El efecto se vio al otro día: entre vecinos, vecinas y movimientos sociales hubo 200 personas apoyando a las familias en la puerta con olla popular. Y la policía no volvió más.

Ante la evidencia del apoyo, los dueños firmaron un acta en la que se comprometieron a cumplir el 100 por ciento de los salarios adeudados. Pero esta promesa tampoco se cumplió. “Agotamos todas las instancias legales que había. Primero, el dueño nos tomó el pelo a nosotros. Segundo, al sindicato. Y tercero, al Ministerio de Trabajo: hicimos cinco audiencias y no cumplieron ninguna, hasta que con los abogados del sindicato decidimos cerrar el acto y quedarnos en asamblea permanente, pero ya adentro de la fábrica”.

Lorena Pereyra hace una lectura de todo el proceso: “20 años son toda una vida. Tuvimos un mes en la puerta sin la ayuda de nuestro sindicato, con la ayuda de los vecinos. Ahí te das cuenta de que tu lucha vale, y que tiene un poder. Antes, con un pago mínimo entrábamos y desistíamos, pero ahora la pandemia terminó de desatar todo. Fui aprendiendo mis derechos. Uno viene acá, exponiéndose a todo, cuando lo que más queremos es estar en casa, pero lo valió”.

Mientras los trabajadores y trabajadoras buscan volver a la producción, Cáceres fue denunciado por “usurpación” por los exdueños, causa que tramita en los tribunales matanceros. “Por ahora el fiscal actuó bien. Y entre nosotros tenemos mucha unión. Sin eso, no hubiéramos llegado a nada. Esa es la base: la unión y la convicción que tenemos”.

Paula Rojas, 30 años, fue una de las últimas trabajadoras que entraron, hace cuatro años, en el área donde se colocan las galletas y empieza el proceso del alfajor. Sus compañeros la eligieron para que sea la tesorera de la futura cooperativa. “Me gusta y es una responsabilidad, porque si nos hubiéramos quedado en casa no habríamos conseguido nada. Mucha gente va a quedar desocupada después de todo esto, y si no recuperábamos también nos íbamos a quedar sin nada. Por eso tampoco podíamos quedarnos en casa. En casa estábamos todos separados, cada uno en su vida, aislados. Acá es distinto, estamos apostando a un mismo objetivo: recuperar nuestras fuentes laborales”.

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