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Petróleo y protesta social. Caso testigo: La situación en el norte de la provincia de Santa Cruz

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«En los albores del siglo XXI, la Cuenca del Golfo San Jorge se encuentra en un proceso de reemplazo de un modelo de acumulación de capital basado en la fuerte participación del Estado (a través de políticas proteccionistas), por un nuevo modelo caracterizado por el mantenimiento de la extracción petrolífera como actividad principal, la reducción del costo laboral y la precarización de las relaciones salariales, la crisis en las instituciones gremiales, la flexibilización de los procesos productivos a través del uso intensivo del recurso tecnológico, la fuerte dependencia de los comportamientos de los mercados internacionales de crudo y la marcada ausencia de actores encargados de la Planificación y la definición de políticas sobre el Desarrollo Regional».
Salvia, A. (comp.); La Patagonia de los Noventa. Sectores que ganan, sociedades que pierden; Buenos Aires; Editorial Colmena; 1999
Contexto: La Cuenca del Golfo San Jorge es una amplia región ubicada en la Patagonia central entre los paralelos 43 y 47 grados de latitud sur. Comprende la zona meridional de la provincia del Chubut, la parte norte de la provincia de Santa Cruz y gran parte de la plataforma continental argentina.
El área total de la cuenca se estima en unos 200.000 Km2 de los cuales 70.000 Km2 (35%) tienen interés petrolero (posibilidades potenciales de contener hidrocarburos) según los conocimientos y datos actuales.
En la provincia de Santa Cruz, la red de oleoductos está integrada por el que se origina en el yacimiento Las Heras con destino al tramo de ducto Pico Truncado. Estas instalaciones alcanzan un recorrido de 72 km de extensión con una capacidad de 9.600 m3/día, siendo el transportista Repsol /Y.P.F.
Desde el tramo de ducto Pico Truncado hasta el yacimiento Caleta Olivia se conectan las estaciones intermedias Cañadón León y Cañadón Seco, en 53 km de extensión y con una capacidad de 35.000 m3/día. A su vez, el ducto Pico Truncado se conecta con el ducto Huemul a través de un recorrido de 27 km y una capacidad de 3.500 m3/día, siendo el transportista Total Austral.
Como podrá notarse, el trazado de estos oleoductos marcan el mapa de los más graves conflictos sociales de la actualidad.
a) Las riquezas en juego
La Cuenca del Golfo San Jorge es como una mancha de otro color en el entramado de los reservorios hidro- carburíferos del país. Mientras los niveles de reservas de petróleo y gas, entre 1988 y 2004, se redujeron en los yacimientos de todo el país, en el sur del Chubut y el norte de Santa Cruz se produjeron incrementos. Esos aumentos son del 14,62% en el petróleo de dicha cuenca y del 8,56% del gas.
En mayo de 2005 la administración Kirchner lanzó un plan de incentivos fiscales para que las compañías destinen mayores inversiones a la exploración y la ampliación de los horizontes de explo- tación.
La iniciativa oficial contempló otorgar los siguientes beneficios para las inversiones petroleras:
– La devolución anticipada del IVA por la compra de bienes de capital e inversiones en infraestructura.
– La amortización acelerada de los bienes y equipos en el pago de Ganancias.
– La exención del Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta.
– La eliminación de derechos de importación para equipos y bienes de capital que se no produzcan en el país.
– Los beneficios se extenderán por 15 años para las nuevas áreas y 10 años para las subdivisiones de las zonas concesionadas.
– Los actuales titulares de permisos de explotación podrán acceder a áreas adyacentes con continuidad geológica.
– Las áreas que no están asig- nadas se concursarán según lo previsto en cada jurisdicción.
– Las concesiones actuales se podrán subdividir y el área generada se volverá a concursar, pero con derecho de preferencia para el concesionario actual en base a la prórroga de diez años que prevé la ley de hidrocarburos.
– Para acceder a estas áreas y a los incentivos fiscales será ineludible una asociación con Enarsa. Si bien no se dieron a conocer las condiciones para esa asociación, los funcionarios de Planificación destacaron que se instrumentará un mecanismo por el cual las empresas interesadas deberán ofrecerle una partici-pación a Enarsa y la que plantee la opción más conveniente se adjudicará el proyecto. Si Enarsa desiste expresamente de alguna asociación, en ese caso la petrolera que impulsa el proyecto podrá realizarlo por su cuenta y recibir los beneficios fiscales.
Los planes de incentivos a la exploración han sido múltiples en los últimos 30 años y ninguno de ellos ha dado resultados satisfactorios, y cada vez que se exploró en forma abultada la inversión fue realizada por el Estado con el objetivo de facilitarle los negocios a las compañías privadas.
Entre 1999 y 2005 la rentabilidad de los pozos argentinos ha sido altísima, pero contradictoriamente a estos niveles de ganancia se puede apreciar como los pozos exploratorios fueron los de menor cuantía en las últimas tres décadas. Nunca antes se había explorado tan poco, ni siquiera tras la privatización de YPF, pero desde la llegada del grupo Repsol los niveles exploratorios fueron cada vez menores.
b) Los dueños del golfo
Las empresas que extraen las riquezas en esta cuenca son:
Repsol-YPF Según informa su página web, al 31 de marzo de 2004, sus principales accionistas son:
1)Repinves 5,6%
2)Repcon Lux 4,8%
3)Caixa 10,2%
4)BBVA (Banco Bilvao Vizcaya) 6,3%
5)Free float 73,1%
El diario El País, de España, el 10 de noviembre de 2002 anunció que el mayor accionista de Repsol es un californiano: «Una gestora norteamericana, Brandes Investment Partners, ha desplazado a la banca española como primer accionista de Repsol-YPF. La californiana Brandes, propiedad exclusiva de un financiero del mismo nombre, se convirtió en uno de los principales accionistas institucionales de Telefónica y de BBVA en España, de Portugal Telecom en Portugal y de Telmex y su filial América Móvil en América Latina». Cuenta también con participaciones superiores al 2 % en Unilever, Hitachi, BAT, Matsushita o Tyco y Volkswagen.
Sin embargo, no es cierto, como aseguró El País, que Brandes pertenezca a un solo propietario. Tal cual informa el propio fondo, así fue en los comienzos. Pero la estructura de la corporación fue cambiada en 1985, primero; en mayo del 96 después y, por último, en junio de 2002, hasta licuarse en anónimas manos, apenas unos meses antes de la inversión en Repsol.
Tecpetrol: perteneciente a la División Energía del Grupo Techint, con operaciones en Argentina, Venezuela, Bolivia, Ecuador, México y Perú. Opera 12 áreas en las cuencas argentinas, con participación total o mayoritaria en concesiones de largo plazo. A fines de la década del ´80 – tras ganar una licitación del Chase Manhattan Bank – Tecpetrol se adjudicó el yacimiento José Segundo, en la Cuenca chubutense del Golfo de San Jorge. A mediados de 1991 -al ser licitadas cuatro áreas centrales- Tecpetrol se adjudicó El Tordillo (Chubut) junto a La Tapera y Puesto Quiroga y pasó a ser una de las áreas productoras de primera línea.
El Área El Tordillo, en el Golfo de San Jorge, es uno de los yacimientos de petróleo más importantes operados por Tecpetrol. Produce alrededor de 10 millones de barriles de petróleo y 6 billones de pies cúbicos de gas al año. El Tordillo posee actualmente más de 700 pozos en producción.
Vintage Petroleum: compañía estado- unidense que hace negocios en el país desde 1995, a través de su subsidiaria Vintage Oil Argentina. El grupo compró en agosto de 2004 la petrolera Río Alto por 36,4 millones de dólares. Río Alto pertenecía a la petrolera canadiense Río Alto Resources International y había ingresado en el mercado hidro- carburífero de la Argentina en el 2000. Actualmente posee 52 pozos productivos en la cuenca de San Jorge.
Pan American Energy: es una com- pañía de BP (60%) y BRIDAS Corp. (40%). Sus directores son Carlos y Alejandro Bulgheroni
Chevron, la cuarta petrolera de los Estados Unidos, compró a la local San Jorge en 1999 por 1.000 millones de dólares. La empresa vendedora fue Bolland, una firma de servicios para la industria petrolera creada por Jorge Priú y Guillermo Ostry, dos ex funcionarios de YPF, a comienzos de los 60. San Jorge creció con la política de privatizaciones de Raúl Alfonsín.
Sipetrol: Sociedad Internacional Petro- lera (Sipetrol) es la filial internacional de la Empresa Nacional del Petróleo de Chile (ENAP) dedicada a la exploración y producción de petróleo y gas en diferentes partes del mundo.
TERMAP S.A.: Es la canilla que concentra la producción de petroleo de toda la cuenca. Sus dueños son los principales operadores de la zona, que formaron un consorcio para centralizar las tareas de almacenaje y carga. Ellos son Repsol-YPF (37.35%), Pan American Energy (31.72%), Vintange Oil (13.79) y Shell (4,20). Opera desde febrero de 1994 las terminales de Caleta Córdova y Caleta Olivia ubicadas en las provincias de Chubut y Santa Cruz. Ambas terminales reciben el crudo de los distintos yacimientos de la cuenca del Golfo San Jorge que equivale aproxi- madamente al 35% de la producción del país. El petróleo es almacenado y preparado para ser bombeado a los buques tanques, de hasta 160.000 toneladas de Porte Bruto, que amarran en las monoboyas distantes a 3.500 metros de la costa. Mensualmente TERMAP S.A. recibe de los productores de la Cuenca del Golfo San Jorge un volumen promedio aproximado de petróleo crudo de 1.250.000 m3. Este volumen de petróleo constituye aproxi- madamente el 33,4 % del producido en el país.
c) Comprar la «paz social»
Con el cliché de asegurar la paz social el 25 de agosto del 2004 se sentaron en una mesa las operadoras petroleras de YPF, representada por el sr Roberto Alfredo Domínguez, (quien el 9 de febrero de 2006 fue uno de los que se sentó en Comodoro Rivadavia a negociar con los petroleros de Las Heras) y el intendente de la ciudad de Pico Truncado, Osvaldo Maimo.
Allí uno por parte del Estado y otro por la parte privada decidieron firmar lo que denominaron «convenio de cooperación» en cuyos considerandos se establece que del análisis realizado por «las partes» (es decir Municipalidad y petroleras) respecto de la situación social en la zona del Golfo de San Jorge » desean colaborar mutuamente en la generación de una red de contención transitoria que permita atenuar los impactos que se están dando en los niveles de ocupación territorial, generando situaciones de transición para disponer de plazos que posibiliten la puesta en marcha de nuevas obras de infraestructura básica por parte de la Municipalidad que habiliten paliar de mejor manera la situación «, señala el fundamento de este acuerdo.
En el primero de los 9 puntos del convenio se advierte » Que la Operadora asume el compromiso de subsidiar con carácter de excepción, el costo de los proyectos productivos de forestación y/o de saneamiento ambiental que lleva adelante la Municipalidad con la entrega de PESOS QUINIENTOS MIL (500.000 pesos) en forma mensual «.
En el segundo punto aclara. «El presente convenio de Cooperación tendrá una duración de 12 meses prorrogables por otro período más en forma automática, en la medida que no se hubieran suscitado nuevos incidentes que afecten la actividad de la Operadora , caso contrario la prórroga solo será viable mediando acuerdo expreso de partes. El primer aporte se efectivizará el quinto día hábil de setiembre y los sucesivos pagos dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes».
En el punto tercero se establece que la Operadora depositará el dinero a orden de la Municipalidad de Pico Truncado en la sucursal del Banco santa Cruz en la cuenta Nº 71363/9.
En el séptimo artículo que tiene el documento se insiste en que la Operadora con este dinero se «asegura» que nadie va a entorpecer su actividad. Al respecto destaca: «Las partes signatarias comprometen su máximo esfuerzo para garantizar la paz social y el normal desarrollo de las activi- dades que tiene a su cargo la Operadora en la zona, quien en caso contrario, podrá suspender el aporte referido en el artículo primero, sin que ello de lugar a reclamo alguno por parte de la Municipalidad «.
Tal como se presenta el documento se inferiere que se trata de un seguro de producción donde la operadora YPF/Repsol paga para que la Municipalidad ejerza la vigilancia social a través de subsidios para controlar cualquier tipo de desbordes que impida el desenvolvimiento de la actividad extractiva. En ese marco la comuna de Truncado puede distribuir a su total arbitrio sin que, al menos públicamente, exista la menor idea de cómo se gestiona ese dinero, cómo se controla, quién los distribuye, cuál es el criterio de selección y de prioridades, qué se hace con lo que no se afecta al pago de sueldos y otros detalles por el estilo.
A través de este dinero la Municipalidad enfrió la atmósfera caliente de la zona norte y 700 personas usufructuaron inicialmente de un subsidio de 700 pesos cada uno lo que en total sumaba alrededor de 500 mil pesos que ingresaban a la comuna para afectar a ese concepto.
Lo cierto es que a medida que se fue depurando el padrón, el número de las personas que cobraban ese subsidio fue disminuyendo al punto que en diciembre de 2005 y de acuerdo a fuentes de la municipalidad de Pico Truncado que omitieron revelarse, no serían más de 100 los que cobran esa suma.
Averiguaciones practicadas en el medio de Pico Truncado dan cuenta extraoficialmente que a lo que abona Repsol se habrían sumado otros 500 mil pesos que aportan las empresas Panmerican y Vintage Oil, con lo cual la Municipalidad de Pico Truncado estaría recibiendo alrededor de 12 millones de pesos anuales distribuidos estos aportes en un 50% por Repsol YPF, 31% Pan american y 19% Vintage.
A raíz de la inquietud que generó esto en medios sociales y laborales de Pico Truncado, los primeros días del mes de agosto de 2005 en una radio de la ciudad petrolera, el Secretario de Planificación Económica y Producción de la Municipalidad Luis Alberto Martínez, argumentó que el dinero que reciben de las operadoras (lo cual recordemos estaba destinado en principio al pago de subsidios a los desocupados) es utilizado inicialmente para cubrir este objetivo social y «lo que sobra» es destinado a la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos, señaló el funcionario como forma algo difusa de detallar cuánto, cómo y en qué se invierte tanto dinero mensualmente.
d) Los conflictos sociales
Un trabajo de investigación realizado por el Centro de Estudios Nueva Mayoría, consigna que durante 2005 Santa Cruz fue la provincia con más cortes de rutas y vías públicas en relación a su población, ya que con sólo el 0,5% de los habitantes concentró el 4,8% de las protestas, registrando un corte cada 3.455 personas.
El alto nivel de conflictividad no tuvo su correlato en una más activa partici- pación de las autoridades locales y nacionales en la búsqueda de una solución.
Analicemos algunos de los casos más conflictivos que marcaron la agenda de la región durante el 2005:
Abril
A fines de abril de 2005 el Tribunal de Justicia de Santa Cruz hizo lugar a un recurso de casación y nulidad presentado por el abogado Ramón Amaya a favor de seis detenidos durante un reclamo social. Concluía así ocho meses de prisión en los calabozos de Caleta Olivia donde permanecieron encerrados Elsa Orozco (32 años, 2 hijos) Marcela Constancio (32 años, 6 hijos) Selva Sánchez (28 años, 3 hijos), Jorge Mansilla, Mauricio Perenacho y Hugo Iglesias . Los habían acusado de «usurpación con impedimento de funciones públicas», «privación ilegítima de la libertad y daños», «usurpación» y «entorpecimiento de la actividad económica». En su sentencia, los jueces realizaron un llamamiento a no aplicar el Código Penal para resolver los conflictos sociales. Para argumentar en esa dirección citaron a prestigiosos juristas como el ministro de la Corte Suprema de la Nación Raúl Zaffaroni, dictámenes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la obra de Roberto Gargarella, «El Derecho ante los Cortes de Rutas».
Todo había comenzado el 19 de agosto de 2004, cuando unas 200 personas, en su mayoría mujeres, reclamaron «trabajo genuino» frente a la Municipalidad. Unos días después, los manifestantes se trasladaron para reclamar a la playa de tanques de Terminales Marítimas Patagónicas (Termap), el consorcio de empresas multinacionales que controlan el negocio petrolero de la zona.
La tensión se había resuelto con la firma de un acuerdo con la Subsecretaría de Trabajo de la Provincia de Santa Cruz que prometió trabajo a los manifestantes -unos 500 puestos con sueldos entre 500 y 700 pesos- y aseguró que no iba a haber represalias. Sin embargo, en la noche del tres al cuatro de septiembre, cuando ya habían cerrado los tribunales, se hicieron efectivas las citaciones libradas por Marcelo Bailaque, del Juzgado Provincial de Instrucción Nº1 de Caleta Olivia: 21 órdenes de detención, de las cuales la policía concretó quince. Se llevó a las personas de sus casas a los golpes y sin explicar los motivos. Incluso, a un hombre que terminó en la comisaría con su bebé tras las rejas. La acción duró dos días y el saldo fue la detención de las seis personas que habían oficiado como voceros de los reclamos.
Mayo/Junio
Los estatales de la ciudad de Pico Truncado -unos 600 trabajadores- sostuvieron desde mayo un plan de lucha en reclamo de una mejora de 300 pesos y por el blanqueo del personal contratado. El reclamo se extendió por 44 días, en 37 de los cuales hubo piquetes. Finalmente, el municipio firmó un acta-acuerdo, pero luego el intendente denunció que la mejora había sido conseguida en forma «compulsiva» y aseguró que él y otros funcionarios fueron «tomados de rehenes hasta las 5 de la mañana para llegar a una propuesta». Maimo sostuvo que los trabajadores rodearon el lugar donde se negociaba y lo amenazaron de muerte.
El ministro de Gobierno de Santa Cruz, Roque Ocampo, acusó a los manifestantes de haber roto bienes de la municipalidad valuados en 100 mil pesos. Así fueron tomados prisioneros e incomunicados Alejandro Garzón, secretario del gremio de empleados estatales de Santa Cruz y los delegados gremiales del municipio de Pico Truncado, David Esteré, Belisario Segel, Julio Pesolano, Pedro Pallagulla y Pilar Peralta. Al secretario gremial, de ATE, Alejandro Barriga, no pudieron llevarlo a la comisaría porque los vecinos de Río Turbio corrieron a los gritos al móvil policial. Los seis fueron imputados de coacción, privación ilegítima de la libertad y daños, y, por la gravedad de los delitos imputados, la jueza Graciela Roarte de Leone les denegó la excarcelación.
El sindicato ATE nacional declaró un paro que fue acompañado con movilizaciones. En Pico Truncado hubo una marcha con antorchas, mientras que en Río Turbio los mineros cortaron la ruta de acceso a Chile. Se hicieron manifestaciones en San Juan, Jujuy, Mendoza, Corrientes, Entre Ríos, Tierra del Fuego, Neuquén y La Pampa. En la Capital Federal hubo una concentración frente al Ministerio del Interior.
La esposa del detenido Alejandro Garzón, Olga Reinoso, denunció que en vísperas de la jornada de protesta su casa fue robada y que los ladrones se llevaron electrodomésticos. «Quiero creer que se trató de un robo común», indicó. El secretario de ATE Santa Cruz cumplió su detención internado en el Hospital de Caleta Olivia, ya que sufrió una peritonitis. Los cinco detenidos restantes fueron repartidos entre esa ciudad, Perito Moreno y Los Antiguos. Además, el acta-acuerdo del aumento fue declarada nula por la Justicia tras la denuncia que dio origen a las detenciones.
Por su parte, los abogados Mariano Mansilla y Matías Cremonte, de la Asesoría Jurídica del gremio estatal, elaboraron una carta modelo para que las organizaciones gremiales y políticas de todo el país sumen su pedido de libertad a los detenidos enviándola al Juzgado de Instrucción Penal de Pico Truncado, mientras que informaron que «tanto la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) como la Organización Internacional de Trabajo (OIT) han pedido a las autoridades provinciales y nacionales la inmediata libertad de los delegados».
Pocos días después, la presentación de un video en donde se ve al intendente conversando relajadamente con las mujeres que protagonizaron el reclamo salarial desbarató la acusación que mantuvo siete días en prisión a seis representantes gremiales.
Julio
El 14 de julio de 2005, un grupo de desocupados mantuvo cortadas las rutas provinciales N° 12 y N° 99 en Cañadón Seco, en el norte de Santa Cruz, en reclamo de puestos de trabajo en la industria del petróleo. El martes 19, cerca de 200 desocupados tomaron una planta deshidratadora de Repsol y bloquearon las oficinas operativas de Vintage Oil.
Ese mismo día, Repsol formalizó una denuncia en la cual se acusaba a los trabajadores desocupados por usurpa- ción y daños contra la entidad. A raíz de esta presentación judicial, la jueza subrogante Marta Yánez dispuso el desalojo de la planta el miércoles 20 por la noche. En el operativo participaron más de 300 integrantes de las fuerzas de seguridad, junto al Grupo Especial de Operaciones Policiales (GEO) y gendarmería. El desalojo se produjo en forma violenta y 44 manifestantes fueron detenidos y trasladados a la Comisaría Tercera de Caleta Olivia, localidad a 12 kilómetros de Cañadón Seco. Allí distintas organizaciones sociales recla- maron la libertad de los presos. La policía respondió con balas de goma y detuvo a otras 50 personas, entre ellas 15 menores y 16 mujeres.
Los trabajadores desocupados afirmaron que fueron brutalmente golpeados por la policía. Varios de ellos sufrieron poli traumatismos, fracturas y golpes, por lo que algunos tuvieron que ser internados internados en el hospital zonal. El director del hospital local, Dr. Daniel Esloper, confirmó que tres personas habían sido internadas allí: un hombre con herida de bala de goma, una mujer con varios golpes y una niña menor que sufrió un golpe en una pierna. El médico informó que durante toda la tarde del 25 estuvo entrando gente con lesiones de distinta consideración e irritación en los ojos y garganta, resultado de la represión policial.
Los familiares efectivizaron una serie de denuncias por abuso de autoridad y malos tratos y catalogaron de «aberrante» el accionar de las fuerzas de seguridad.
Por estos episodios permanece aún detenido Cristián Ruiz, quien durante el reclamo actuó como vocero de los manifestantes.
Cañadón Seco no tiene intendente. Su gobierno está a cargo del presidente de la sociedad de Fomento de la localidad, José Claudio Dalle Mura, quien luego de estos hechos asumió como ministro de Gobierno de la provincia.
Setiembre
El 1 setiembre de 2005 los trabajadores del sector petrolero de la provincia de Santa Cruz protagonizan una protesta que tiene lugar en las puertas de dos plantas de Repsol y que bloquea la salida de los camiones. El Ministerio de Trabajo se ha visto obligado a intervenir y ha sentado en la misma mesa a empresarios y sindicalistas. Según denunció la empresa Repsol, cada día de paro le cuesta unos 1,8 millones de pesos. Inicialmente, la protesta surgió por el despido de dos trabajadores que eran delegados del Sindicato de Petroleros Privados, que luego fueron reincorporados. Luego, siguió cuando los representantes del Sindicato de Petroleros Privados se decidieron a pasar a la acción y exigir por la fuerza la firma de un nuevo acuerdo salarial que se discute desde hace tres meses y que supondría un aumento del 30% al 40% en los salarios. En la actualidad, los trabajadores de este sector cobran 650 pesos mensuales y quieren que se incrementen sus sueldos hasta 850 ó 900 pesos.
Octubre/Noviembre
El 21 de octubre los trabajadores el petroleo continuaron con su reclamo de aumento en las calles. A las 10 de la mañana, unos 400 trabajadores se instalaron frente a la Casa de gobierno de Santa Cruz. A media tarde, un grupo de familiares de policías que desde unos días atrás se habían autoacuartelado en reclamo de mejoras salariales, se sumó a la protesta. Por la noche, el gobernador Sergio Acevedo se reunió con los delegados petroleros y acordó de palabra acepar los reclamos del sector. Al no cumplirse este acuerdo, a mediados de noviembre se anunciaron medidas de fuerza.
e) Denuncias de contaminación: cómo afecta la salvaje extracción petrolera a la región
La industria petrolera necesita cada vez de mayores volúmenes de agua para la recuperación secundaria de petróleo y allí parece radicar uno de los mayores y menos debatidos conflictos. «La falta de agua suficiente para poder abastecer a toda la zona sur del Chubut y norte de Santa Cruz se debe fundamentalmente a la ausencia de una obra en alguna parte de la cuenca del río Senguerr que permita administrar de mejor manera el agua necesaria para el consumo humano, el riego de las zonas alta y medias de la cuenca y el abastecimiento a la industria petrolera. La cuenca hídrica del río Senguerr parece haber llegado a su punto de colapso. Los últimos veranos han mostrado con claridad que el agua que circula por el acueducto no es la suficiente y las propias autoridades han admitido que más allá de tener en funcionamiento el nuevo y el viejo acueducto los niveles de suministro son inferiores a la demanda existente», informa el periodista Marcelo García en una nota publicada en octubre de 2005.
El otro tema silenciado es el de la contaminación. Además de escasa, el agua de la región está en riesgo por la descuidada acción de las empresas que allí operan. Un ejemplo:
Una serie de inspecciones realizadas por la delegación de Medio Ambiente de la Zona Norte de la provincia de Santa Cruz, determinó que las tareas de saneamiento que comenzaron luego de la privatización de YPF no fueron efectivas y sus consecuencias comienzan a desudar un importante pasivo ambiental. Inspecciones rutinarias que se llevan a cabo por parte del personal de esa delegación, en los distintos yacimientos petrolíferos de la Cuenca del Golfo San Jorge, detectaron un total de 310 piletas de petróleo mal saneadas, que constituyen una fuente de contaminación. Según el informe dado a conocer en febrero de 2005, la responsabilidad de estas violaciones a lo estipulado en el decreto N 3.316 de la Ley de Residuos Peligrosos, se distribuye de la siguiente manera:
– 130 piletas en los diferentes yacimientos operados por Repsol
– 58 en los operados por Pan American Energy,
– 77 en Vintage Oil,
– 27 en la UTE Lago del Desierto,
– 10 en Ehrencap S.A., 4 en Misahar Argentina S.A.
– 4 en Pionner.
Una vez detectadas estas piletas, el personal de la delegación, labró las actas correspondientes en las cuales se solicita a la operadora el correcto saneamiento y el traslado de los suelos afectados con el hidrocarburo a los repositorios habilitados, para su posterior tratamento.
Contacto
Dr Ramón Amaya
(0297) 4851450

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Aparece una nueva prueba y se suspende el juicio por el femicidio de Cecilia Basaldúa

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A pocos días de la desaparición de Cecilia y a 600 metros de donde se halló finalmente su cuerpo, una familia denunció ante la policía de Capilla del Monte haber encontrado encontrado en una casa deshabitada de su propiedad una habitación manchada de sangre, la cama, un colchón, sábanas y hasta un velador. Realizaron la denuncia, la policía se acercó y tomó muestras, pero la fiscalía no dio curso a la investigación y los análisis sobre las muestras extraídas nunca se realizaron. La aparición de esta prueba obligó a suspender el juicio por el femicidio de la joven, plagado de irregularidades, y para la familia Basaldúa arroja una luz de esperanza para saber qué pasó con su hija, y que paguen los verdaderos culpables. Incluida la propia justicia.

Por Bernardina Rosini

Córdoba.-  Desde que se inició el juicio por el femicidio de Cecilia Basaldúa el pasado 3 de mayo en Cruz del Eje, provincia de Córdoba, venía sucediendo lo que se esperaba de este proceso: la exhibición de la debilidad de las pruebas que sostienen la acusación contra el joven Lucas Bustos y las irregularidades de la investigación que encabezó la fiscal Paula Kelm.

Hasta acá, nada nuevo.

Pero este jueves 19, cuando se esperaba la última jornada de testimonios, la aparición de una nueva y – para las abogadas de la familia Basaldúa- “trascendental” prueba, irrumpió el proceso y obligó la suspensión del juicio hasta el próximo 10 de junio.

En diálogo con lavaca, la abogada Giselle Videla relata que en mayo del 2020, a tan sólo unas semanas después de la aparición del cuerpo de Cecilia, una familia denunció a la policía de Capilla del Monte que habían encontrado en una casa deshabitada de su propiedad un escenario de horror: una de las habitaciones estaba manchada de sangre, la cama, un colchón, sábanas y hasta un velador. Realizaron la denuncia, la policía se acercó y tomó muestras. Un dato más para resaltar además de la proximidad de la fecha es la ubicación de la casa, a tan sólo 600 metros de donde fue encontrado el cuerpo de Cecilia el 25 de abril del 2020.

Entonces: la fiscalía tenía el cuerpo de la joven por un lado, y a unos pocos metros un cuarto de una casa abandonada manchado con sangre, pero sin embargo no dio curso a la investigación y los análisis sobre las muestras extraídas de la casa nunca se realizaron.

A Daniel Basaldúa, papá de Cecilia, esto no le sorprende: “Es el modus operandi de la fiscal Kelm, hace mímicas de que investiga pero está todo sesgado, nunca llega al fondo, toma muestras pero no realiza los análisis para obtener la información necesaria. A la familia les respondieron que la sangre correspondía a un animal para que no preguntaran más”.

Entre los policías que se acercaron a tomar muestras en la casa abandonada estaba el subcomisario Ariel Zárate, quien participó desde el primer momento de la búsqueda de Cecilia tras la denuncia de su desaparición. Zárate era uno de los oficiales que estaba a cargo de la investigación y mantenía comunicación con la familia Basaldúa. Tomaba la información que proveía la familia de Cecilia pero no hacía nada. Incluso en un audio que aportó la familia y tampoco fue debidamente investigado, el subcomisario fue mencionado por una testigo dejándolo implicado junto al principal sospechoso para la familia Basaldúa; Mario Mainardi, quien alojó en su casa a Cecilia justo antes de su desaparición.

Ariel Zárate declaró recientemente en el juicio y lo hizo de modo virtual ya que se encuentra detenido por otra causa, por “robo, lesiones leves calificadas y privación ilegítima de la libertad”, en perjuicio de una joven de 21 años.

En el momento de presentar esta nueva prueba, la familia de Cecilia Basaldúa solicitó que las muestras de sangre tomadas del colchón de la casa abandonada se cotejen con la información de Cecilia, del imputado Lucas Bustos pero también de Zárate y de Mario Mainardi, con la esperanza de poder dar con los verdaderos culpables del femicidio. Sin embargo no se aceptó este pedido: sólo se cotejará con la muestras de la víctima y del imputado, considerando que ésta no es una instancia de investigación para ampliar la base de análisis.

Si bien esta respuesta por parte del Tribunal fue tomada con desánimo por la querella, esperan que, ahora sí, se inicie una etapa de respuestas.

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Justicia por Lucía: el juicio que se empuja entre todas

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El próximo jueves 26 de mayo, a las 14.30 horas, el Tribunal Oral N°2 de Mar del Plata decidirá en audiencia la fecha del nuevo juicio penal por el femicidio de Lucía Pérez. Desde su asesinato pasaron ya 6 años sin justicia. La familia reclama que suceda durante la feria judicial: “En el mes de julio no hay agenda, ellos tienen que estar a servicio del pueblo, no el pueblo a servicio de ellos”, dice su madre, Marta Montero, que el próximo jueves convoca a movilizar a los Tribunales marplatense desde las 13 horas. Distintos gremios acompañarán el reclamo por la nueva fecha y por justicia con distintas acciones. Vos también podés sumarte a la Campaña, en tu barrio, escuela o lugar de trabajo, o por las redes: enterate cómo en esta nota.

Lucía tenía 16 años cuando el 8 de octubre de 2016 Matías Farías, 23 años, y Juan Pablo Offidani, 41 años, la llevaron a la sala de salud de Playa Serena: llegó muerta. La incansable lucha de su familia, la Campaña Somos Lucía, y las organizaciones que abrazan y acompañan lograron la anulación del juicio que pretendía dejar impune su femicidio. Pero el Estado argentino sigue sin avanzar en la fecha del nuevo proceso.

Es por eso que tanto el fiscal del caso, Leonardo Arevalo, como la familia de Lucía solicitaron a los jueces Roberto Falcone, Gustavo Fissore y Alexis Semaz, que el juicio se realice durante la feria judicial de julio.

“Hace seis años que Lucía no tiene justicia”, dice a lavaca Marta Montero, mamá la joven Marplatense, y recuerda que cuando la Cámara de Casación de la Provincia de Buenos Aires anuló el juicio misógino, exigió la realización de un nuevo juicio con premura. “En el mes de julio no hay agenda, ellos tienen que estar a servicio del pueblo, no el pueblo a servicio de ellos”, dice Marta que el próximo jueves convoca a movilizar a los Tribunales marplatense desde las 13 horas.

El pedido de juicio inmediato se da luego de una larga espera repleta de impunidad. “Ya se tomaron 12 vacaciones y Lucia no tiene justicia, una que no se la tomen y que le den la justicia que le corresponde”.

#JusticiaPorLucía

El mismo jueves se va a realizar la acción federal #JusticiaPorLucía para acompañar la audiencia. “Tenemos que estar juntos, es la manera, no tenés otra. Es la importancia que tenemos los de a pie, los que salimos a luchar por nuestros hijos. Salimos porque nos mataron a nuestros hijos, y no nos importa nada: no voy por un canje o un puesto, voy por mi hija. Y juntos vamos por los derechos de las personas, y en contra de los privilegios de la justicia”.

La campaña consiste en tres acciones:

1) Pegar la foto de Lucía en tu barrio, escuela, trabajo, colectivo y todos los lugares posibles. La foto se puede descargar acá.

2) Mandar la foto de tu acción por mail a todessomoslucia@gmail.com; o por twitter: @somos_lucia; o Facebook: somosluciaperez, o Instagram: @somos.lucia

3) Subirla a tus redes el 26 de mayo con el hashtag #JusticiaporLucia #JuicioYA

Es por abajo

El acompañamiento y la campaña de pedido de justicia a 6 años del femicidio de Lucía Pérez se articuló con organizaciones sociales, sindicales y territoriales de todo el país.

“Nuestra organización y todo el movimiento feminista, como ya lo sabemos desde ese primer paro internacional que hicimos, estamos en pie de alerta y exigiendo justicia”, Silvia León, secretaria de género de la CTA-A nacional. “Interpela, primero, porque Lucía es un símbolo nacional. Y porque todos los días siguen asesinando a jóvenes, y en cada lugar del país nuestras compañeras siguen saliendo a pedir justicia por cada una y reclamando la reforma de la justicia por una que sea democrática y feminista, porque todavía los fallos siguen siendo aberrantes”. Desde la CTA-A van a sumarse a la movilización en los tribunales marplatense y van a acompañar desde el resto del país poniendo la foto de Lucía en cada lugar de trabajo. “Es seguir sensibilizando e interpelar a los compañeros y compañeras trabajadoras, porque esta lucha es colectiva. Lo que logramos es por la movilización popular y ahí la clase trabajadora tenemos un rol protagónico; para nosotras no está separada la lucha por trabajo, por salarios, por equidad, contra la violencia y acoso laboral, de lo que es el reclamo de justicia por los femicidios”.

Las y los Metrodelegados van a acompañar desde la Ciudad de Buenos Aires pegando la foto de Lucía en las diferentes líneas y sectores del subte. “Es importante que se mantenga vigente y visible el reclamo de justicia. Cada vez que hacemos la pegatina los usuarios y usuarias nos acompañan. El subte es un medio de transporte, cotidiano, donde viajan los sectores populares, los sectores de trabajo, es fundamental que esté visible la imagen de Lucía y el reclamo por justicia”. Contagiándose de esa iniciativa desde la Asociación del Personal Aeronáutico se va a hacer pegatina en todos los aeropuertos del país.

Otro de los gremios que convoca es la Asociación Judicial Bonaerense, sindicato que nuclea a las trabajadoras y trabajadores judiciales de la provincia de Buenos Aires. Noelia Parcesepe, trabajadora judicial marplatense, cuenta que van a pegar los carteles dentro de tribunales y a acompañar desde la calle. “Como trabajadoras también sufrimos violencia en nuestro ámbito laboral, incluso los jueces que parecen tan progres para afuera. Lo que queremos es que las personas puedan acceder a su derecho a tener justicia y los queremos hacer bien: no queremos ser cómplices del poder judicial patriarcal”.

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Nota

30 años de movimiento: feliz cumple, Kiné

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Revista Kiné cumple treinta años y festeja en Espacio Tucumán con charlas, videos, canto y cierre a puro baile. Sostener durante tres décadas un medio de comunicación independiente es para Julia Pomiés, su creadora y directora, un desafío y también un sueño. La revista del movimiento se prepara para recibir a lectores, colegas y amigxs, porque este sábado la autogestión está de fiesta. 

A comienzos de los ´90, saturada del trabajo en redacciones y con ganas de trabajar disfrutando de hacer periodismo, Julia Pomiés renunció a su trabajo como jefa de redacción en una revista y decidió encarar un proyecto independiente. Lo corporal le gustaba y lo practicaba —es licenciada en Artes del Movimiento de la Universidad Nacional de las Artes (UNA) y profesora de expresión corporal— así que esa fue la temática elegida para arrancar su emprendimiento personal.  De esta manera nació Kiné, en 1992. Treinta años después, la revista se sostiene y es un emblema del periodismo autogestivo. 

“La empezamos con muchísimo entusiasmo —cuenta Julia— con cierta confianza, pero con muchas dudas, incluso pensamos en sostenerla durante un año aunque sea a pérdida y resultó que desde el primer número se sostuvo con sus propias patitas y anduvo muy bien. Lo relacionado a trabajos corporales suaves, conscientes, como la eutonia, la gimnasia consciente, la expresión corporal, estaban necesitando un espacio donde expresarse, donde compartir su punto de vista sobre el cuerpo. Creo que eso hizo que prendiera de entrada y después se sostuvo, un poco por la persistencia de los lectores y anunciantes y otro poco por nuestra propia persistencia”. 

Luchas con las imprentas, con los distribuidores, los kioscos, el precio del papel, son algunos de los sinsabores que les tocó atravesar, pero en la balanza, también hay gran cantidad de satisfacciones: “Ver armarse y crecer este espacio de lo que llamamos lo corporal, de la gente que interpreta al cuerpo no solo como biología sino como un atravesamiento cultural, histórico, psíquico, social, político y ver crecer también nuestro enfoque, que recurrió tantas veces a la biopolítica hasta establecerse directamente como una sección de la revista”.

Junto a su compañero de vida, Carlos Martos, pensaron en hacer la versión digital de Kiné, pero con la pandemia la decisión se precipitó y la revista en este momento es digital. Como trabajadora de la gráfica, Julia extraña el papel.  Al elaborar un video alusivo a los 30 años, repasó las tapas de Kiné y se conmovió porque esas tapas también la llevaron a hacer un recorrido de su propia vida. “El festejo es para juntarse, reflexionar sobre estos años que pasaron y que pasó con los cuerpos, qué caminos importantes se hicieron, cuántos derechos se ganaron, eso ya es para celebrar, y cuántos quedan pendientes, eso es para militarlo y seguir luchando. Vamos a escuchar buena música, ver danza bonita, juntarnos con los amigues en forma presencial, colaboradores, lectores, anunciantes, brindar y comernos unas empanadas, intercambiar opiniones y abrazos”.

La celebración de las tres décadas de vida será este sábado 21 de mayo, a las 19 hs en Espacio Tucumán,  Suipacha 140, CABA. Aquí te contamos el cronograma de la jornada festiva:

Charla: 30 años de lo corporal en la Argentina. Celeste Choclin contará un breve panorama de las leyes que ampliaron derechos, sobre todo en relación al tema género y feminismos. Mariane Pécora reseñará las principales luchas sociales, que se desarrollaron con gran compromiso corporal. Emiliano Blanco hará referencia a los cuerpos disidentes de la comunidad LGTBIQ+. Sandra Reggiani se centrará en los cuerpos en el arte, y su capacidad de acompañar y generar transformaciones y resistencias. Susana Kesselman hablará de los vaivenes del tono vital en estas épocas conflictivas y el rol de las disciplinas de lo corporal. Carlos Trosman pondrá su foco en los recorridos de la revista Kiné. 

Danza con el GEAM (Grupo de Experimentación en Artes del Movimiento, UNA),  Raquel Guido, Sandra Reggiani. 

Desfile de máscaras: coordinadores y alumnos del Instituto de la Máscara obsequiarán ejemplares de la colección de Kiné. 

Canto con Emiliano Blanco, Gabriela González López, Paola Grifman y el exquisito trío “Sinahuela”. 

Danza comuniaria:  el grupo «Bailarines toda la vida», coordinado por Aurelia Chillemi, con música en vivo de Osvaldo Aguilar nos invitará a bailar a todes.

En los intervalos, habrá delicias regionales tucumanas que se podrán adquirir en el bar: empanadas, tamales, dulzuras y vino.

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