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Petróleo y protesta social. Caso testigo: La situación en el norte de la provincia de Santa Cruz

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“En los albores del siglo XXI, la Cuenca del Golfo San Jorge se encuentra en un proceso de reemplazo de un modelo de acumulación de capital basado en la fuerte participación del Estado (a través de políticas proteccionistas), por un nuevo modelo caracterizado por el mantenimiento de la extracción petrolífera como actividad principal, la reducción del costo laboral y la precarización de las relaciones salariales, la crisis en las instituciones gremiales, la flexibilización de los procesos productivos a través del uso intensivo del recurso tecnológico, la fuerte dependencia de los comportamientos de los mercados internacionales de crudo y la marcada ausencia de actores encargados de la Planificación y la definición de políticas sobre el Desarrollo Regional”.
Salvia, A. (comp.); La Patagonia de los Noventa. Sectores que ganan, sociedades que pierden; Buenos Aires; Editorial Colmena; 1999
Contexto: La Cuenca del Golfo San Jorge es una amplia región ubicada en la Patagonia central entre los paralelos 43 y 47 grados de latitud sur. Comprende la zona meridional de la provincia del Chubut, la parte norte de la provincia de Santa Cruz y gran parte de la plataforma continental argentina.
El área total de la cuenca se estima en unos 200.000 Km2 de los cuales 70.000 Km2 (35%) tienen interés petrolero (posibilidades potenciales de contener hidrocarburos) según los conocimientos y datos actuales.
En la provincia de Santa Cruz, la red de oleoductos está integrada por el que se origina en el yacimiento Las Heras con destino al tramo de ducto Pico Truncado. Estas instalaciones alcanzan un recorrido de 72 km de extensión con una capacidad de 9.600 m3/día, siendo el transportista Repsol /Y.P.F.
Desde el tramo de ducto Pico Truncado hasta el yacimiento Caleta Olivia se conectan las estaciones intermedias Cañadón León y Cañadón Seco, en 53 km de extensión y con una capacidad de 35.000 m3/día. A su vez, el ducto Pico Truncado se conecta con el ducto Huemul a través de un recorrido de 27 km y una capacidad de 3.500 m3/día, siendo el transportista Total Austral.
Como podrá notarse, el trazado de estos oleoductos marcan el mapa de los más graves conflictos sociales de la actualidad.
a) Las riquezas en juego
La Cuenca del Golfo San Jorge es como una mancha de otro color en el entramado de los reservorios hidro- carburíferos del país. Mientras los niveles de reservas de petróleo y gas, entre 1988 y 2004, se redujeron en los yacimientos de todo el país, en el sur del Chubut y el norte de Santa Cruz se produjeron incrementos. Esos aumentos son del 14,62% en el petróleo de dicha cuenca y del 8,56% del gas.
En mayo de 2005 la administración Kirchner lanzó un plan de incentivos fiscales para que las compañías destinen mayores inversiones a la exploración y la ampliación de los horizontes de explo- tación.
La iniciativa oficial contempló otorgar los siguientes beneficios para las inversiones petroleras:
– La devolución anticipada del IVA por la compra de bienes de capital e inversiones en infraestructura.
– La amortización acelerada de los bienes y equipos en el pago de Ganancias.
– La exención del Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta.
– La eliminación de derechos de importación para equipos y bienes de capital que se no produzcan en el país.
– Los beneficios se extenderán por 15 años para las nuevas áreas y 10 años para las subdivisiones de las zonas concesionadas.
– Los actuales titulares de permisos de explotación podrán acceder a áreas adyacentes con continuidad geológica.
– Las áreas que no están asig- nadas se concursarán según lo previsto en cada jurisdicción.
– Las concesiones actuales se podrán subdividir y el área generada se volverá a concursar, pero con derecho de preferencia para el concesionario actual en base a la prórroga de diez años que prevé la ley de hidrocarburos.
– Para acceder a estas áreas y a los incentivos fiscales será ineludible una asociación con Enarsa. Si bien no se dieron a conocer las condiciones para esa asociación, los funcionarios de Planificación destacaron que se instrumentará un mecanismo por el cual las empresas interesadas deberán ofrecerle una partici-pación a Enarsa y la que plantee la opción más conveniente se adjudicará el proyecto. Si Enarsa desiste expresamente de alguna asociación, en ese caso la petrolera que impulsa el proyecto podrá realizarlo por su cuenta y recibir los beneficios fiscales.
Los planes de incentivos a la exploración han sido múltiples en los últimos 30 años y ninguno de ellos ha dado resultados satisfactorios, y cada vez que se exploró en forma abultada la inversión fue realizada por el Estado con el objetivo de facilitarle los negocios a las compañías privadas.
Entre 1999 y 2005 la rentabilidad de los pozos argentinos ha sido altísima, pero contradictoriamente a estos niveles de ganancia se puede apreciar como los pozos exploratorios fueron los de menor cuantía en las últimas tres décadas. Nunca antes se había explorado tan poco, ni siquiera tras la privatización de YPF, pero desde la llegada del grupo Repsol los niveles exploratorios fueron cada vez menores.
b) Los dueños del golfo
Las empresas que extraen las riquezas en esta cuenca son:
Repsol-YPF Según informa su página web, al 31 de marzo de 2004, sus principales accionistas son:
1)Repinves 5,6%
2)Repcon Lux 4,8%
3)Caixa 10,2%
4)BBVA (Banco Bilvao Vizcaya) 6,3%
5)Free float 73,1%
El diario El País, de España, el 10 de noviembre de 2002 anunció que el mayor accionista de Repsol es un californiano: “Una gestora norteamericana, Brandes Investment Partners, ha desplazado a la banca española como primer accionista de Repsol-YPF. La californiana Brandes, propiedad exclusiva de un financiero del mismo nombre, se convirtió en uno de los principales accionistas institucionales de Telefónica y de BBVA en España, de Portugal Telecom en Portugal y de Telmex y su filial América Móvil en América Latina”. Cuenta también con participaciones superiores al 2 % en Unilever, Hitachi, BAT, Matsushita o Tyco y Volkswagen.
Sin embargo, no es cierto, como aseguró El País, que Brandes pertenezca a un solo propietario. Tal cual informa el propio fondo, así fue en los comienzos. Pero la estructura de la corporación fue cambiada en 1985, primero; en mayo del 96 después y, por último, en junio de 2002, hasta licuarse en anónimas manos, apenas unos meses antes de la inversión en Repsol.
Tecpetrol: perteneciente a la División Energía del Grupo Techint, con operaciones en Argentina, Venezuela, Bolivia, Ecuador, México y Perú. Opera 12 áreas en las cuencas argentinas, con participación total o mayoritaria en concesiones de largo plazo. A fines de la década del ´80 – tras ganar una licitación del Chase Manhattan Bank – Tecpetrol se adjudicó el yacimiento José Segundo, en la Cuenca chubutense del Golfo de San Jorge. A mediados de 1991 -al ser licitadas cuatro áreas centrales- Tecpetrol se adjudicó El Tordillo (Chubut) junto a La Tapera y Puesto Quiroga y pasó a ser una de las áreas productoras de primera línea.
El Área El Tordillo, en el Golfo de San Jorge, es uno de los yacimientos de petróleo más importantes operados por Tecpetrol. Produce alrededor de 10 millones de barriles de petróleo y 6 billones de pies cúbicos de gas al año. El Tordillo posee actualmente más de 700 pozos en producción.
Vintage Petroleum: compañía estado- unidense que hace negocios en el país desde 1995, a través de su subsidiaria Vintage Oil Argentina. El grupo compró en agosto de 2004 la petrolera Río Alto por 36,4 millones de dólares. Río Alto pertenecía a la petrolera canadiense Río Alto Resources International y había ingresado en el mercado hidro- carburífero de la Argentina en el 2000. Actualmente posee 52 pozos productivos en la cuenca de San Jorge.
Pan American Energy: es una com- pañía de BP (60%) y BRIDAS Corp. (40%). Sus directores son Carlos y Alejandro Bulgheroni
Chevron, la cuarta petrolera de los Estados Unidos, compró a la local San Jorge en 1999 por 1.000 millones de dólares. La empresa vendedora fue Bolland, una firma de servicios para la industria petrolera creada por Jorge Priú y Guillermo Ostry, dos ex funcionarios de YPF, a comienzos de los 60. San Jorge creció con la política de privatizaciones de Raúl Alfonsín.
Sipetrol: Sociedad Internacional Petro- lera (Sipetrol) es la filial internacional de la Empresa Nacional del Petróleo de Chile (ENAP) dedicada a la exploración y producción de petróleo y gas en diferentes partes del mundo.
TERMAP S.A.: Es la canilla que concentra la producción de petroleo de toda la cuenca. Sus dueños son los principales operadores de la zona, que formaron un consorcio para centralizar las tareas de almacenaje y carga. Ellos son Repsol-YPF (37.35%), Pan American Energy (31.72%), Vintange Oil (13.79) y Shell (4,20). Opera desde febrero de 1994 las terminales de Caleta Córdova y Caleta Olivia ubicadas en las provincias de Chubut y Santa Cruz. Ambas terminales reciben el crudo de los distintos yacimientos de la cuenca del Golfo San Jorge que equivale aproxi- madamente al 35% de la producción del país. El petróleo es almacenado y preparado para ser bombeado a los buques tanques, de hasta 160.000 toneladas de Porte Bruto, que amarran en las monoboyas distantes a 3.500 metros de la costa. Mensualmente TERMAP S.A. recibe de los productores de la Cuenca del Golfo San Jorge un volumen promedio aproximado de petróleo crudo de 1.250.000 m3. Este volumen de petróleo constituye aproxi- madamente el 33,4 % del producido en el país.
c) Comprar la “paz social”
Con el cliché de asegurar la paz social el 25 de agosto del 2004 se sentaron en una mesa las operadoras petroleras de YPF, representada por el sr Roberto Alfredo Domínguez, (quien el 9 de febrero de 2006 fue uno de los que se sentó en Comodoro Rivadavia a negociar con los petroleros de Las Heras) y el intendente de la ciudad de Pico Truncado, Osvaldo Maimo.
Allí uno por parte del Estado y otro por la parte privada decidieron firmar lo que denominaron “convenio de cooperación” en cuyos considerandos se establece que del análisis realizado por “las partes” (es decir Municipalidad y petroleras) respecto de la situación social en la zona del Golfo de San Jorge ” desean colaborar mutuamente en la generación de una red de contención transitoria que permita atenuar los impactos que se están dando en los niveles de ocupación territorial, generando situaciones de transición para disponer de plazos que posibiliten la puesta en marcha de nuevas obras de infraestructura básica por parte de la Municipalidad que habiliten paliar de mejor manera la situación “, señala el fundamento de este acuerdo.
En el primero de los 9 puntos del convenio se advierte ” Que la Operadora asume el compromiso de subsidiar con carácter de excepción, el costo de los proyectos productivos de forestación y/o de saneamiento ambiental que lleva adelante la Municipalidad con la entrega de PESOS QUINIENTOS MIL (500.000 pesos) en forma mensual “.
En el segundo punto aclara. “El presente convenio de Cooperación tendrá una duración de 12 meses prorrogables por otro período más en forma automática, en la medida que no se hubieran suscitado nuevos incidentes que afecten la actividad de la Operadora , caso contrario la prórroga solo será viable mediando acuerdo expreso de partes. El primer aporte se efectivizará el quinto día hábil de setiembre y los sucesivos pagos dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes”.
En el punto tercero se establece que la Operadora depositará el dinero a orden de la Municipalidad de Pico Truncado en la sucursal del Banco santa Cruz en la cuenta Nº 71363/9.
En el séptimo artículo que tiene el documento se insiste en que la Operadora con este dinero se “asegura” que nadie va a entorpecer su actividad. Al respecto destaca: “Las partes signatarias comprometen su máximo esfuerzo para garantizar la paz social y el normal desarrollo de las activi- dades que tiene a su cargo la Operadora en la zona, quien en caso contrario, podrá suspender el aporte referido en el artículo primero, sin que ello de lugar a reclamo alguno por parte de la Municipalidad “.
Tal como se presenta el documento se inferiere que se trata de un seguro de producción donde la operadora YPF/Repsol paga para que la Municipalidad ejerza la vigilancia social a través de subsidios para controlar cualquier tipo de desbordes que impida el desenvolvimiento de la actividad extractiva. En ese marco la comuna de Truncado puede distribuir a su total arbitrio sin que, al menos públicamente, exista la menor idea de cómo se gestiona ese dinero, cómo se controla, quién los distribuye, cuál es el criterio de selección y de prioridades, qué se hace con lo que no se afecta al pago de sueldos y otros detalles por el estilo.
A través de este dinero la Municipalidad enfrió la atmósfera caliente de la zona norte y 700 personas usufructuaron inicialmente de un subsidio de 700 pesos cada uno lo que en total sumaba alrededor de 500 mil pesos que ingresaban a la comuna para afectar a ese concepto.
Lo cierto es que a medida que se fue depurando el padrón, el número de las personas que cobraban ese subsidio fue disminuyendo al punto que en diciembre de 2005 y de acuerdo a fuentes de la municipalidad de Pico Truncado que omitieron revelarse, no serían más de 100 los que cobran esa suma.
Averiguaciones practicadas en el medio de Pico Truncado dan cuenta extraoficialmente que a lo que abona Repsol se habrían sumado otros 500 mil pesos que aportan las empresas Panmerican y Vintage Oil, con lo cual la Municipalidad de Pico Truncado estaría recibiendo alrededor de 12 millones de pesos anuales distribuidos estos aportes en un 50% por Repsol YPF, 31% Pan american y 19% Vintage.
A raíz de la inquietud que generó esto en medios sociales y laborales de Pico Truncado, los primeros días del mes de agosto de 2005 en una radio de la ciudad petrolera, el Secretario de Planificación Económica y Producción de la Municipalidad Luis Alberto Martínez, argumentó que el dinero que reciben de las operadoras (lo cual recordemos estaba destinado en principio al pago de subsidios a los desocupados) es utilizado inicialmente para cubrir este objetivo social y “lo que sobra” es destinado a la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos, señaló el funcionario como forma algo difusa de detallar cuánto, cómo y en qué se invierte tanto dinero mensualmente.
d) Los conflictos sociales
Un trabajo de investigación realizado por el Centro de Estudios Nueva Mayoría, consigna que durante 2005 Santa Cruz fue la provincia con más cortes de rutas y vías públicas en relación a su población, ya que con sólo el 0,5% de los habitantes concentró el 4,8% de las protestas, registrando un corte cada 3.455 personas.
El alto nivel de conflictividad no tuvo su correlato en una más activa partici- pación de las autoridades locales y nacionales en la búsqueda de una solución.
Analicemos algunos de los casos más conflictivos que marcaron la agenda de la región durante el 2005:
Abril
A fines de abril de 2005 el Tribunal de Justicia de Santa Cruz hizo lugar a un recurso de casación y nulidad presentado por el abogado Ramón Amaya a favor de seis detenidos durante un reclamo social. Concluía así ocho meses de prisión en los calabozos de Caleta Olivia donde permanecieron encerrados Elsa Orozco (32 años, 2 hijos) Marcela Constancio (32 años, 6 hijos) Selva Sánchez (28 años, 3 hijos), Jorge Mansilla, Mauricio Perenacho y Hugo Iglesias . Los habían acusado de “usurpación con impedimento de funciones públicas”, “privación ilegítima de la libertad y daños”, “usurpación” y “entorpecimiento de la actividad económica”. En su sentencia, los jueces realizaron un llamamiento a no aplicar el Código Penal para resolver los conflictos sociales. Para argumentar en esa dirección citaron a prestigiosos juristas como el ministro de la Corte Suprema de la Nación Raúl Zaffaroni, dictámenes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la obra de Roberto Gargarella, “El Derecho ante los Cortes de Rutas”.
Todo había comenzado el 19 de agosto de 2004, cuando unas 200 personas, en su mayoría mujeres, reclamaron “trabajo genuino” frente a la Municipalidad. Unos días después, los manifestantes se trasladaron para reclamar a la playa de tanques de Terminales Marítimas Patagónicas (Termap), el consorcio de empresas multinacionales que controlan el negocio petrolero de la zona.
La tensión se había resuelto con la firma de un acuerdo con la Subsecretaría de Trabajo de la Provincia de Santa Cruz que prometió trabajo a los manifestantes -unos 500 puestos con sueldos entre 500 y 700 pesos- y aseguró que no iba a haber represalias. Sin embargo, en la noche del tres al cuatro de septiembre, cuando ya habían cerrado los tribunales, se hicieron efectivas las citaciones libradas por Marcelo Bailaque, del Juzgado Provincial de Instrucción Nº1 de Caleta Olivia: 21 órdenes de detención, de las cuales la policía concretó quince. Se llevó a las personas de sus casas a los golpes y sin explicar los motivos. Incluso, a un hombre que terminó en la comisaría con su bebé tras las rejas. La acción duró dos días y el saldo fue la detención de las seis personas que habían oficiado como voceros de los reclamos.
Mayo/Junio
Los estatales de la ciudad de Pico Truncado -unos 600 trabajadores- sostuvieron desde mayo un plan de lucha en reclamo de una mejora de 300 pesos y por el blanqueo del personal contratado. El reclamo se extendió por 44 días, en 37 de los cuales hubo piquetes. Finalmente, el municipio firmó un acta-acuerdo, pero luego el intendente denunció que la mejora había sido conseguida en forma “compulsiva” y aseguró que él y otros funcionarios fueron “tomados de rehenes hasta las 5 de la mañana para llegar a una propuesta”. Maimo sostuvo que los trabajadores rodearon el lugar donde se negociaba y lo amenazaron de muerte.
El ministro de Gobierno de Santa Cruz, Roque Ocampo, acusó a los manifestantes de haber roto bienes de la municipalidad valuados en 100 mil pesos. Así fueron tomados prisioneros e incomunicados Alejandro Garzón, secretario del gremio de empleados estatales de Santa Cruz y los delegados gremiales del municipio de Pico Truncado, David Esteré, Belisario Segel, Julio Pesolano, Pedro Pallagulla y Pilar Peralta. Al secretario gremial, de ATE, Alejandro Barriga, no pudieron llevarlo a la comisaría porque los vecinos de Río Turbio corrieron a los gritos al móvil policial. Los seis fueron imputados de coacción, privación ilegítima de la libertad y daños, y, por la gravedad de los delitos imputados, la jueza Graciela Roarte de Leone les denegó la excarcelación.
El sindicato ATE nacional declaró un paro que fue acompañado con movilizaciones. En Pico Truncado hubo una marcha con antorchas, mientras que en Río Turbio los mineros cortaron la ruta de acceso a Chile. Se hicieron manifestaciones en San Juan, Jujuy, Mendoza, Corrientes, Entre Ríos, Tierra del Fuego, Neuquén y La Pampa. En la Capital Federal hubo una concentración frente al Ministerio del Interior.
La esposa del detenido Alejandro Garzón, Olga Reinoso, denunció que en vísperas de la jornada de protesta su casa fue robada y que los ladrones se llevaron electrodomésticos. “Quiero creer que se trató de un robo común”, indicó. El secretario de ATE Santa Cruz cumplió su detención internado en el Hospital de Caleta Olivia, ya que sufrió una peritonitis. Los cinco detenidos restantes fueron repartidos entre esa ciudad, Perito Moreno y Los Antiguos. Además, el acta-acuerdo del aumento fue declarada nula por la Justicia tras la denuncia que dio origen a las detenciones.
Por su parte, los abogados Mariano Mansilla y Matías Cremonte, de la Asesoría Jurídica del gremio estatal, elaboraron una carta modelo para que las organizaciones gremiales y políticas de todo el país sumen su pedido de libertad a los detenidos enviándola al Juzgado de Instrucción Penal de Pico Truncado, mientras que informaron que “tanto la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) como la Organización Internacional de Trabajo (OIT) han pedido a las autoridades provinciales y nacionales la inmediata libertad de los delegados”.
Pocos días después, la presentación de un video en donde se ve al intendente conversando relajadamente con las mujeres que protagonizaron el reclamo salarial desbarató la acusación que mantuvo siete días en prisión a seis representantes gremiales.
Julio
El 14 de julio de 2005, un grupo de desocupados mantuvo cortadas las rutas provinciales N° 12 y N° 99 en Cañadón Seco, en el norte de Santa Cruz, en reclamo de puestos de trabajo en la industria del petróleo. El martes 19, cerca de 200 desocupados tomaron una planta deshidratadora de Repsol y bloquearon las oficinas operativas de Vintage Oil.
Ese mismo día, Repsol formalizó una denuncia en la cual se acusaba a los trabajadores desocupados por usurpa- ción y daños contra la entidad. A raíz de esta presentación judicial, la jueza subrogante Marta Yánez dispuso el desalojo de la planta el miércoles 20 por la noche. En el operativo participaron más de 300 integrantes de las fuerzas de seguridad, junto al Grupo Especial de Operaciones Policiales (GEO) y gendarmería. El desalojo se produjo en forma violenta y 44 manifestantes fueron detenidos y trasladados a la Comisaría Tercera de Caleta Olivia, localidad a 12 kilómetros de Cañadón Seco. Allí distintas organizaciones sociales recla- maron la libertad de los presos. La policía respondió con balas de goma y detuvo a otras 50 personas, entre ellas 15 menores y 16 mujeres.
Los trabajadores desocupados afirmaron que fueron brutalmente golpeados por la policía. Varios de ellos sufrieron poli traumatismos, fracturas y golpes, por lo que algunos tuvieron que ser internados internados en el hospital zonal. El director del hospital local, Dr. Daniel Esloper, confirmó que tres personas habían sido internadas allí: un hombre con herida de bala de goma, una mujer con varios golpes y una niña menor que sufrió un golpe en una pierna. El médico informó que durante toda la tarde del 25 estuvo entrando gente con lesiones de distinta consideración e irritación en los ojos y garganta, resultado de la represión policial.
Los familiares efectivizaron una serie de denuncias por abuso de autoridad y malos tratos y catalogaron de “aberrante” el accionar de las fuerzas de seguridad.
Por estos episodios permanece aún detenido Cristián Ruiz, quien durante el reclamo actuó como vocero de los manifestantes.
Cañadón Seco no tiene intendente. Su gobierno está a cargo del presidente de la sociedad de Fomento de la localidad, José Claudio Dalle Mura, quien luego de estos hechos asumió como ministro de Gobierno de la provincia.
Setiembre
El 1 setiembre de 2005 los trabajadores del sector petrolero de la provincia de Santa Cruz protagonizan una protesta que tiene lugar en las puertas de dos plantas de Repsol y que bloquea la salida de los camiones. El Ministerio de Trabajo se ha visto obligado a intervenir y ha sentado en la misma mesa a empresarios y sindicalistas. Según denunció la empresa Repsol, cada día de paro le cuesta unos 1,8 millones de pesos. Inicialmente, la protesta surgió por el despido de dos trabajadores que eran delegados del Sindicato de Petroleros Privados, que luego fueron reincorporados. Luego, siguió cuando los representantes del Sindicato de Petroleros Privados se decidieron a pasar a la acción y exigir por la fuerza la firma de un nuevo acuerdo salarial que se discute desde hace tres meses y que supondría un aumento del 30% al 40% en los salarios. En la actualidad, los trabajadores de este sector cobran 650 pesos mensuales y quieren que se incrementen sus sueldos hasta 850 ó 900 pesos.
Octubre/Noviembre
El 21 de octubre los trabajadores el petroleo continuaron con su reclamo de aumento en las calles. A las 10 de la mañana, unos 400 trabajadores se instalaron frente a la Casa de gobierno de Santa Cruz. A media tarde, un grupo de familiares de policías que desde unos días atrás se habían autoacuartelado en reclamo de mejoras salariales, se sumó a la protesta. Por la noche, el gobernador Sergio Acevedo se reunió con los delegados petroleros y acordó de palabra acepar los reclamos del sector. Al no cumplirse este acuerdo, a mediados de noviembre se anunciaron medidas de fuerza.
e) Denuncias de contaminación: cómo afecta la salvaje extracción petrolera a la región
La industria petrolera necesita cada vez de mayores volúmenes de agua para la recuperación secundaria de petróleo y allí parece radicar uno de los mayores y menos debatidos conflictos. “La falta de agua suficiente para poder abastecer a toda la zona sur del Chubut y norte de Santa Cruz se debe fundamentalmente a la ausencia de una obra en alguna parte de la cuenca del río Senguerr que permita administrar de mejor manera el agua necesaria para el consumo humano, el riego de las zonas alta y medias de la cuenca y el abastecimiento a la industria petrolera. La cuenca hídrica del río Senguerr parece haber llegado a su punto de colapso. Los últimos veranos han mostrado con claridad que el agua que circula por el acueducto no es la suficiente y las propias autoridades han admitido que más allá de tener en funcionamiento el nuevo y el viejo acueducto los niveles de suministro son inferiores a la demanda existente”, informa el periodista Marcelo García en una nota publicada en octubre de 2005.
El otro tema silenciado es el de la contaminación. Además de escasa, el agua de la región está en riesgo por la descuidada acción de las empresas que allí operan. Un ejemplo:
Una serie de inspecciones realizadas por la delegación de Medio Ambiente de la Zona Norte de la provincia de Santa Cruz, determinó que las tareas de saneamiento que comenzaron luego de la privatización de YPF no fueron efectivas y sus consecuencias comienzan a desudar un importante pasivo ambiental. Inspecciones rutinarias que se llevan a cabo por parte del personal de esa delegación, en los distintos yacimientos petrolíferos de la Cuenca del Golfo San Jorge, detectaron un total de 310 piletas de petróleo mal saneadas, que constituyen una fuente de contaminación. Según el informe dado a conocer en febrero de 2005, la responsabilidad de estas violaciones a lo estipulado en el decreto N 3.316 de la Ley de Residuos Peligrosos, se distribuye de la siguiente manera:
– 130 piletas en los diferentes yacimientos operados por Repsol
– 58 en los operados por Pan American Energy,
– 77 en Vintage Oil,
– 27 en la UTE Lago del Desierto,
– 10 en Ehrencap S.A., 4 en Misahar Argentina S.A.
– 4 en Pionner.
Una vez detectadas estas piletas, el personal de la delegación, labró las actas correspondientes en las cuales se solicita a la operadora el correcto saneamiento y el traslado de los suelos afectados con el hidrocarburo a los repositorios habilitados, para su posterior tratamento.
Contacto
Dr Ramón Amaya
(0297) 4851450

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“Jamás provocaríamos un incendio”: la respuesta de la comunidad mapuche acusada por el gobernador de Chubut

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La comunidad mapuche lof Paillako realizó una recuperación territorial en 2020, dentro del Parque Nacional Los Alerces, en lo que históricamente fue hábitat mapuche tehuelche. Días después de iniciarse el fuego, Ignacio Torres apuntó como responsables a la comunidad y puntualmente a uno de sus integrantes, Cruz Cardenas, con pruebas inexistentes. El “mapuchómetro” y los incendios que vienen desde 2008. Las no respuestas del gobernador y del presidente interino del Parque. El comunicado de la Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro, lo que dice la Constitución y la respuesta de toda una comunidad que cuenta cómo, desde su cosmovisión, la vida se vive de otra manera.

Por Francisco Pandolfi desde Esquel

Fotos Nicolás Palacios

desde Esquel

El jueves 25 de enero por la noche comenzó el incendio en el Parque Nacional Los Alerces que, dentro de su jurisdicción y fuera de sus límites ya en tierras provinciales, quemó alrededor de 8 mil hectáreas. Cinco días después del primer foco, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, afirmó lo siguiente sobre las responsabilidades del fuego:

“Una vez controlado el incendio vamos a empezar con una investigación muy fuerte para quienes hacen esto desde hace muchos años en Chubut. Lo hacen para tomar tierras. Son delincuentes que tienen un negocio inmobiliario. El problema no son los pueblos originarios sino estos delincuentes que bajo falsas banderas toman tierras en Neuquén, en Río Negro, en Chubut y creo que es momento de ponerle un parate definitivo”.

“Hay que separar los pueblos originarios de los delincuentes que no están legalmente constituidos, como es el caso de la toma en el Parque Nacional Los Alerces, que no tiene nada que ver con los pueblos originarios. El delito es del exbrigadista Cruz Cardenas que se autopercibe de Pueblos Originarios pero no está reconocido. Quiero hacer esta diferenciación: en Chubut convivimos en total armonía con Pueblos Originarios, que es gente trabajadora y de bien y no tiene nada que ver con estos pseudo mapuches que se embanderan para cometer delitos, tomar tierras, amedrentar a los vecinos, incendiar campos y zonas privadas”.

“Jamás provocaríamos un incendio”: la respuesta de la comunidad mapuche acusada por el gobernador de Chubut

Foto Nicolás Palacios para lavaca

Apuntados por el gobernador

Al escuchar estas declaraciones en Radio Rivadavia –luego replicadas por una tropa de medios de comunicación– se podría presumir que absolutamente todas las pruebas existentes en la causa judicial por el incendio, que lo lleva el Tribunal Federal de Esquel, condenan como autor a Cruz Cardenas, integrante de la comunidad mapuche Paillako.

Sin embargo, hasta el momento no hay absolutamente ningún indicio que culpe a Cruz Cardenas ni a nadie de la lof.

Desde lavaca intentamos comunicarnos con Ignacio Torres para preguntarle qué pruebas ostenta para asegurar lo que dijo tres semanas atrás, el domingo 28 de enero. Hasta el cierre de la edición de esta nota, no había respondido al pedido de entrevista.

La comunidad mapuche Paillako (“tranquilo”, en mapuzungun) recibe a este medio para charlar, como una especie de derecho a réplica, sobre el señalamiento del máximo mandatario provincial. El encuentro se da en ronda dentro de la comunidad, que está dentro de los límites del Parque Nacional Los Alerces, que a su vez está dentro de lo que históricamente fue territorio habitado por el pueblo mapuche-tehuelche.

Hace cuatro años que la lof Paillako inició la recuperación de su territorio en ese lugar, donde hace más de cien años vivieron sus ancestros. “Mis abuelos paternos se instalaron un tiempo antes de la creación de Parques Nacionales (1937), que cuando llegó empezó con los desalojos y sometimientos hacia las poblaciones. Antes acá era todo abierto y Parques achicó y cerró espacios, hasta llegar al día de hoy que para hacer cualquier cosa debés pedirle permiso, ya sea para hacer un baño o poner una chapa”, cuenta Cruz Cardenas, el apuntado por Torres y compañía.

Tiene 35 años, le dicen “Lemu” y trabajó varios años como brigadista. Aunque no está acostumbrado a dar notas, consensuaron colectivamente salir a hablar. “Necesitamos que se difunda lo que está pasando acá. Esto es día a día y están avanzando contra nosotros; acaban de arrestar a un peñi de otra comunidad (Matías Santana, testigo en la desaparición y muerte de Santiago Maldonado), están cazando mapuche por todos lados”.

“Jamás provocaríamos un incendio”: la respuesta de la comunidad mapuche acusada por el gobernador de Chubut

Cruz Cárdenas Foto Nicolás Palacios para lavaca

Mapuchómetro

El gobernador se refirió a Cardenas como quien se “autopercibe de Pueblos Originarios pero no está reconocido”.

Reflexiona Cruz: “El ser mapuche siempre lo sentí, aunque mis padres no se reconocían así; me decían que mi apellido era español, no mapuche. Junto a una machi (líder espiritual) fui haciendo mi propio camino de reconocimiento y comprendí la importancia de reivindicar y recuperar el territorio. Acá se dio la resistencia de las poblaciones preexistentes y las masacres winkas; estuvieron los invasores, con sus armas poderosas. Eso generó nuestra recuperación del territorio hace cuatro años”. Va más allá: “Cada familia tiene un proceso de reconstrucción, en lo espiritual, en la lengua”.

Maru, a su lado, también conforma la comunidad. Su compañero es mapuche y ella pertenece al pueblo charrúa. Tiene a su pichi (pequeño) en brazos. “Uno de los motivos para preservar el territorio es el acompañar a las crianzas, que tengan una alimentación real, que no se críen pensando que la comida crece en una góndola, sino que sepan que viene de la tierra, cómo cultivarla; que entiendan cómo criar, cuidar y respetar a un animal, incluso si lo van a comer; que puedan crecer más sanos y que si se enferman, conozcan la medicina que también crece en la tierra”.

A la izquierda está Lliuto, lamien (hermana) de la lof: “El ser mapuche no tiene que ver con lo externo, sino por lo que uno siente, la conexión con el lugar. Es un bajón que el gobernador utilice un mapuchómetro cuando habla. Es difícil conectarse con el entorno rodeados de cemento, de ruido, del estrés que nos provoca la rutina. Cuando uno quiere volver al territorio siempre está latente la pregunta, ¿cuál es el mío? Ahí caemos en la realidad de que somos un pueblo que quisieron exterminar, que sufrió un genocidio, que hubo mucha tristeza. Mis abuelos dejaron de hablar en mapudungun para resguardar a sus hijos y a sus nietos, porque les pegaban en la escuela. Por esa historia, este proceso lo atravesamos con mucho dolor, pero lo encaramos con más fuerza para reivindicar nuestra tierra, que nos siguen negando hoy”.

Enlaza la cosmovisión mapuche con lo que está pasando en Los Alerces. “Si uno tiene un vínculo con el territorio, si puede sentir esa conexión, se es mapuche en todos lados; siempre con respeto, claro. Por eso jamás se nos ocurriría hacer un daño como provocar un incendio; nos duele un montón saber que se están perdiendo años y años de vida… porque la vida más allá de lo humano y nosotros luchamos por defender lo que hay a nuestro alrededor”.

Foto Nicolás Palacios para lavaca

¿Quién negocia con las tierras?

Tras las declaraciones del gobernador, la Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro repudió sus dichos: “Sobre el pueblo mapuche históricamente se ha construido la imagen de la violencia: invasor, asesino y ahora terrorista, negando su preexistencia al Estado. Este discurso ha sido utilizado para avalar la violencia estatal, que hace 145 años ocupó el territorio de la Patagonia, luego de la campaña genocida. En la actualidad la defensa del territorio por parte de las comunidades mapuche tehuelche frente al extractivismo salvaje es catalogada como terrorismo. Este argumento pretende ser utilizado para enviar nuevamente al Ejército al territorio”.

En otro fragmento, denuncian: “En este discurso anti-mapuche, el gobernador se arroga el derecho de reconocer quién es mapuche y quién no, algo claramente contrario a derecho. Años atrás éramos quienes poníamos en amenaza la soberanía argentina, ¿hoy somos quienes incendiamos nuestro propio territorio? El gobernador expresa que la intencionalidad de los incendios y la responsabilidad del pueblo mapuche tehuelche están dadas porque detrás de cada conflicto comunitario hay un negocio inmobiliario de tierras. Es ilógico, no somos nosotros quienes negociamos el territorio con empresarios extranjeros. No somos nosotros los invasores. No somos nosotros quienes provocamos los incendios de nuestro propio territorio”.

La comunidad Paillako además de defenderse de las acusaciones del gobierno provincial, también denuncia atentados: “En los cuatros años que lleva esta recuperación, intentaron prendernos fuego ocho veces, porque no quieren que estemos acá”, afirma Cruz Cardenas. “Es muy doloroso la destrucción; lo que se está perdiendo en el bosque costará muchos años en volver. Se regenerará si se cuida como se debe, si es que estos fuegos no se originan para explotar la montaña, para limpiar y después hacer algún emprendimiento”.

–Con las leyes actuales de Parques Nacionales las tierras no se pueden vender.

–Cruz: Muchos dicen que en Parques Nacionales no pueden hacerse negocios inmobiliarios, ni explotaciones, pero hay muchas hectáreas quemadas que ya no corresponden a Parque, son parte de terrenos fiscales de la provincia.

–Lliuto: En el Parque hay una gran cantidad de negociados, emprendimientos inmobiliarios que no lo tiene la gente mapuche…

Cruz, ¿por qué creés que el ensañamiento fue hacia vos?

–Ellos saben que para cualquier explotación y mega proyecto que dañe la tierra, van a tener una oposición del pueblo mapuche. Entonces, esto les sirve para pedir con más fuerza que nos desalojen y poner a la gente en nuestra contra para sacarnos del camino.

“Jamás provocaríamos un incendio”: la respuesta de la comunidad mapuche acusada por el gobernador de Chubut

Foto Nicolás Palacios para lavaca

Preexistencia sin valor

Cruz Cardenas, junto a su compañera, fueron denunciados por el delito de usurpación cuando llevaron a cabo la recuperación territorial. El abogado defensor, Gustavo Franquet, le explica a lavaca: “La acusación de usurpación no tiene ningún sustento, porque las familias de Cruz y de su compañera son pobladoras del lugar, han estado históricamente ahí; ellos hicieron una recuperación de su identidad e inmediatamente comenzó el hostigamiento de Parques Nacionales y la denuncia por usurpación. La respuesta que reciben del Estado no es de reconocimiento, ni de respeto a ese proceso entendiendo que son pueblos preexistentes como dice la Constitución Nacional y que tienen derecho a recuperar y construir plenamente su identidad. No, al contrario, lo que supuestamente te lo dan en las grandes palabras que figuran en la Constitución, después te lo sacan en las mezquindades de los funcionarios y del Poder Judicial”.

La causa está elevada a juicio en el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia. En las declaraciones que hizo Torres dijo que “la causa es por una toma de hace varios años, de 2016”. El mismísimo expediente lo desmiente, ya que la recuperación data de enero de 2020. Dice Franquet: “La cantidad de cosas sin sentido que dijo el gobernador de Chubut… Esta gente es todo el tiempo así, está acostumbrada a decir cualquier cosa. Evidentemente decir cualquier cosa es la característica de esta época, pero claro que tuvo una intención: lo hizo para apretar a que los desalojen”.

Foto Nicolás Palacios para lavaca

5 grandes incendios en 15 años

Este incendio no es el primero que ocurre en este Parque. En los últimos quince años hubo cuarenta focos intencionales y cinco grandes fuegos que arrasaron en 2008, 2015, 2016, 2023 y 2024 alrededor de 17 mil hectáreas.

La anterior gestión del Parque Nacional Los Alerces había iniciado una mesa de diálogo con la lof Paillako para destrabar el conflicto. “Habíamos llegado a un buen acuerdo; la negociación implicaba varios puntos, entre ellos que nosotros habilitemos un camino que cerramos por seguridad cuando hicimos la recuperación, y desde Parque se iba a reconocer nuestro territorio. Para eso nos exigieron tener una personería jurídica, que en verdad nosotros no creemos necesario tener, pero igual la hicimos. Sin embargo, el intendente de Parque (Hernán Colomb) renunció en agosto pasado y el diálogo se cortó”.

Dice la comunidad: “A raíz de los últimos incendios, levantamos el bloqueo del camino que habíamos hecho; hablamos con los brigadistas y razonamos que lo mejor era habilitar ese lugar y que se volviera a utilizar ese camino”.

Hoy en día, Parques Nacionales no tiene autoridades elegidas. El directorio está acéfalo y en el Parque Nacional Los Alerces se nombró como interino al guardaparques Danilo Hernández Otaño, con quien la comunidad aún no tuvo contacto. El pedido de entrevista previo a la publicación de esta nota, no fue contestado.

Re-existir

En Paillako hay vacas, caballos, gallinas, abejas y anhelan a que pronto haya ovejas también. Hay huertas familiares, comunes entre varias rucas (casas) y hay una siembre comunitaria, entre la totalidad de la lof. “Acá se da muy bien la papa, la haba, el ajo, las arvejas, el trigo; los cereales se dan casi todos”, dice Maru. Agrega Cruz: “También los árboles frutales, como manzanas, ciruelas, guindas, frambuesas y frutillas. Nuestro propósito es ir haciendo mayores escalas para garantizar una buena alimentación y que nos permita hacer intercambios”.

“Jamás provocaríamos un incendio”: la respuesta de la comunidad mapuche acusada por el gobernador de Chubut

Foto Nicolás Palacios para lavaca

¿Qué molesta de que estén acá? Intercalan la voz, en ronda, y confeccionan una respuesta común: “Nada, nada, no les estamos molestando en nada. Si les molesta es porque somos mapuche. Porque ni siquiera es que jodemos al turismo. Pensemos: quienes perjudican el turismo son los que le echan miedo al turista por la existencia del mapuche, esas personas generan los problemas, no nosotros. Y otra cosa: la comunidad tiene menos de 2 mil hectáreas, mientras que el Parque Nacional Los Alerces cuenta con 250 mil. O sea, tampoco es que estamos tomando el parque, ¿no?”.

Agregan: “Creemos que lo que jode es que nunca vamos a estar de su vereda, nunca pensaremos en explotar la tierra para hacer plata y hacerla bosta. Hoy ni siquiera se puede acampar gratis en el Parque (dormir una noche en un camping oscila entre 12 mil y 14 mil pesos), antes era todo libre y ahora la mayoría es privado. Por eso es importante recordar que las leyes de Parque están hechas en tiempo de dictadura (firmadas por Jorge Rafael Videla); en base a eso se manejan hoy”.

Cierra la comunidad, entre mate y mate, mientras los pichis corren, comen frutas, se caen y se vuelven a parar: “Se viene difícil el futuro, complicado, eso lo sabemos; nosotros tenemos que estar fuertes, amparados por las fuerzas que nos protegen en este lugar; acá vamos a resistir, no pueden sacarnos de nuestro territorio, no vamos a permitir más desalojos”.

“Jamás provocaríamos un incendio”: la respuesta de la comunidad mapuche acusada por el gobernador de Chubut

Foto Nicolás Palacios para lavaca

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Incendios en Chubut: Lo que el fuego no se llevó

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El incendio generado en el Parque Nacional Los Alerces, que ya lleva quemadas alrededor de 8 mil hectáreas, se extendió a la población rural de Alto Río Percy, a 13 kilómetros de la ciudad de Esquel, en Chubut. La casa más alejada es la de Gisela y Lorena, dos amigas que debieron autoevacuarse con las llamas a menos de quinientos metros. Creyeron que habían perdido todo, pero su casa se salvó. Alrededor, se quemó todo. La explicación de lo inexplicable. La falta de prevención. La vida en un paraíso, ahora arrasado por el fuego. Y una colecta colectiva, para empezar la reforestación.

Por Francisco Pandolfi desde Esquel

Dos pasos y medio. Ni más ni menos. 

Sesenta centímetros.

Ni más ni menos.

No hay nadie en el poblado rural Alto Río Percy, donde viven alrededor de cien personas en las afueras de la ciudad chubutense de Esquel, que no hable de “milagro”, de “cosa de mandinga”, “de creer o reventar”, “de algo fuera de lo común, nunca visto”.

Acá, todo lo que se ve es impresionante. Impresionantemente triste. Impresionantemente carbonizado.

Y en medio de todo quemado, una casa sin quemar.

La vida, como oasis en un desierto rodeado de muerte.  

Autoevacuadas

El fuego en el Parque Nacional Los Alerces comenzó el 25 de enero y una semana después, el domingo 4 de febrero, arrasó con centenares de hectáreas del Percy. En total, ya se quemaron alrededor de 8000 hectáreas, el fuego continúa activo y, aunque según las autoridades el fuego está controlado, preocupan las condiciones meteorológicas (más de 30 grados) y que sigan prendidos varios focos.

Uno de ellos está ahí nomás de una casita hermosa que levantaron con muchísimo esfuerzo Gisela Finocchiaro y Lorena Domínguez, amigas desde hace más de 15 años. La nombraron Monte Lontano. Lontano, en italiano, significa lejano. 

Esta casita es la última del poblado, la más alejada. Tan distanciada que, cuando empezó el fuego en Los Alerces, y previendo que podría avanzar hacia el Percy, colgaron un cartel a un kilómetro del hogar, para avisarle a las autoridades que más allá había una vivienda. El cartel voló por el calor. Y ellas debieron irse cuando las llamas se les vinieron encima: “El domingo 4 de febrero fue el momento más crítico; el fuego se acercó bastante y decidimos irnos a Esquel, que está a 13 kilómetros, con la convicción de que el incendio no alcanzaría la casa. Pero ni bien llegamos, nuestro vecino Fabián nos llamó para decirnos que ya estaba muy cerca, que lo mejor era volver a sacar lo más importante. Regresamos y el fuego ya estaba detrás nuestro, a 500 metros; nos quedamos paralizadas, nuestra casa que habíamos hecho con tanto cariño y amor, no iba a zafar. En esos minutos le rogamos a Defensa Civil que bajaran nuestras cosas, pero debimos autoevacuarnos solas. Por una aplicación de la NASA, seguimos el devenir del fuego y vimos cómo había pasado por nuestra casa, pero a la mañana siguiente nos llamaron que se había salvado; no lo podíamos creer”.

Incendios en Chubut: Lo que el fuego no se llevó

Gisela y Lorena en el bosque quemado a metros de su casa / Foto: Nicolás Palacios para lavaca

Prevenir para no curar

Gise invita a pensar: “No nos gusta generar discordia por cómo debimos autoevacuarnos, pero sí nos parece importante contar lo que pasó. Al tener un vehículo pudimos sacar algunas cosas en tiempo récord, pero a nivel país debemos prepararnos de otra manera; hay que tener cuadrillas ya preparadas y no esperar a que pase algo para saber qué es lo que se puede hacer; hay que ganarle de mano al fuego, tener los caminos preparados; si queremos bosques nativos hay que cuidarlos, limpiarlos; acá no se puede llegar donde está el fuego porque no está preparado el área o los suficientes recursos para atacar el fuego. Hace más de 15 años que a Alto Río Percy no le dan bola; el intendente acaba de asumir y este fue su bautismo; confío que todo va a cambiar, pero necesita ayuda de provincia y nación”. 

Lore invita a pensar: “No podés tener brigadistas sin estar en planta permanente, contratados, con un mísero sueldo. Están arriesgando su vida… Me da la sensación de que el gobierno improvisa, va viendo en el camino lo que va pasando, pero todo lo que está en juego es vida. Desde el insecto más pequeño, los árboles, los animales hasta la gente que vivimos acá; estamos hablando de vidas. Alto Río Percy es parte del ejido municipal de Esquel, hoy es noticia nacional, pero nunca se le prestó atención; la gente tiene problemas en el invierno para arrear los animales, no se limpian los caminos, no hay agua, no hay gas”.

Cementerio en el paraíso

Los postes de ciprés que sostienen la casa a un metro de altura están tiznados. Los vidrios que dan a la sala de estar y a la cocina están quebrados. El que da a una habitación en el primer piso, a seis metros de altura, también. ¿Cómo no explotaron? “Pusimos doble vidrio y se rompió la placa del exterior, pero soportó la interna. De haber sido un vidrio común, la casa estaría toda quemada, porque una vez que agarraba las cortinas y luego la madera, chau”. 

Dentro del hogar todo está intacto; con cenizas y un leve olor a humo, pero nada haría imaginar lo que se ve a través de esos vidrios resquebrajados: un cementerio de árboles en medio del paraíso. Esqueletos de un bosque que ya nunca será igual. “Era el hábitat natural de muchas especies nativas que han muerto. Se quemaron lengas, ñires, lauras, radales, todo el bosque nativo. Respecto a la fauna, no sabemos cuántos animales se quemaron y cuántos se escaparon, en una zona donde hay ciervos, liebres, huemules, chanchos jabalíes, pumas, vacas y muchas aves. Esto es una catástrofe natural inconmensurable, a nuestro vecino más cercano, que está a mil metros de acá, se le quemó el 85% de su campo y el fuego quedó a menos de cien metros de su casa”. 

El olor a quemado penetra por las fosas nasales, aunque lo peor se lo llevan los ojos. Todo es gris alrededor de Monte Lontano. O casi todo. Las chicas están sentadas en el deck de madera. Contemplan hacia adelante, literal y metafóricamente. “Miramos el filo del pasto seco, lo que dejó el fuego y es inevitable pensar qué hubiera pasado si se quemaba la casa. Posiblemente hubiéramos vendido todo, o regalado, porque quién te va a comprar esto si no tiene bosque. Quizá nos hubiéramos ido, incluso de la ciudad”. 

Reflexiona Lore: “Tomamos este mensaje que nos da la naturaleza, que tuvo una fuerza imparable y esquivó a la casa dándonos un mensaje. La naturaleza nos quiere acá y vamos a reforestar para poner este lugar mucho mejor de lo que estaba. Teníamos un proyecto a futuro que era construir unos dormis para alojar a turistas”. 

La interrumpe Gise: “Lo tenemos, no hablemos en tiempo pasado”. 

“Es verdad, lo tenemos”. Sonríe Lore y agrega: “Retrocedimos un montón de casilleros, pero lo vamos a lograr en algún momento”.

Incendios en Chubut: Lo que el fuego no se llevó

Alto Río Percy, poblado rural arrasado por el fuego / Foto: Nicolás Palacios para lavaca

Un desastre que no termina

El terreno lo compraron en 2018 y a inicios de 2019 empezaron a construirlo, con la ayuda del papá y los hermanos de Lore que son albañiles. A finales de ese año comenzaron a habitarlo. “En esta casa veo a mi papá, que falleció hace un año por una grave enfermedad; veo el esfuerzo de mis hermanos; veo a mi sobrinos chiquitos, que les encanta venir. Como no hay señal, no usan el celular, no están detrás de una pantalla y salen a buscar huesos de dinosaurios, a explorar el bosque; saben que no deben matar insectos ni arrancar ramas de los árboles. Tal vez sean ellos quienes vean esto totalmente verde, como alguna vez existió”.

El fuego sigue activo en todos sus frentes (en la cola, que es en la zona del cerro Centinela donde se originó el incendio; en la cabeza, que es en el Percy; y en los flancos derecho e izquierdo). Contextualiza Lore: “Hay árboles de hasta 200 años quemados y esto no terminó, es un desastre. Se levanta el viento y se reactiva el fuego; hay camionetas, helicópteros y aviones trabajando todo el día, es un caos todavía”.

Completa: “El fuego se originó de forma intencional, no hay dudas; se hicieron dos focos simultáneos dentro del bosque en una zona que no es accesible, que no todo el mundo conoce y que hay que saber llegar y luego salir después de hacer fuego; todavía no hay elementos para culpabilizar a nadie”.

Incendios en Chubut: Lo que el fuego no se llevó

Lengas, ñires, radales, algunas de las especies carbonizadas /Foto: Nicolás Palacios para lavaca

Colecta colectiva

Lo que se pisa es pura cenizas. Y con los pasos, lo que se huele es puro humo. Se ve un caño de plástico de un biodigestor destrozado por el fuego; se ve una mesa de roble en la que los sobrinos de Lore juegan a tomar el té, que sobrevivió. Se ven raíces sobresalidas y muertas, troncos y ramas carbonizadas; se ve una parra de uva rosada que le regaló la abuela de Gise, antes de fallecer unos meses atrás, que también sobrevivió. Debajo del piso flotante, se ven enormes troncos de leña que habían juntado para calefaccionar el hogar. El fuego quedó a centímetros de ahí. Un poco más allá del escenario sombrío y calcinado, la belleza de los cerros Colorados y Nahuelpan; los morros coloridos y un ecosistema que fusiona la estepa patagónica y el bosque andino. “Este lugar es maravilloso. Tenemos montaña. Tenemos ríos. Tenemos lagos; tenemos agua que brota de las montañas. Nosotras sacábamos agua de una vertiente, que el fuego la arrasó, al igual que la manguera que teníamos y el estanque”, siente Lorena, de 34 años. 

La escucha Gise, de 39, que comparte: “El otro día fuimos a preguntar cuánto nos costaba comprar los metros de manguera que necesitamos para sacar el agua de la casa del vecino más próximo y casi nos largamos a llorar. Para nosotras hoy es imposible comprarlos. Hace cinco años salía ocho veces menos de lo que sale ahora. Sin agua, además de no poder vivir, tampoco podremos reforestar”. 

A las chicas se les quemaron 700 metros de manguera de dos pulgadas. Ahora necesitan 1000 metros. Comprar de una pulgada y abaratar los costos, les sale más de un millón de pesos. Los 1500 metros de alambrado también se quemaron. Reponerlos cuesta un millón ochocientos mil pesos. También se incineraron filtros, postes, varillas, caños, la tranquera y el estanque. 

Para colaborar con Gise y Lore, comenzamos desde lavaca una campaña de donación a esta cuenta:

Gisela Roxana Finocchiaro
CVU: 0000003100033965245782
Alias: SICILIANA.NEL.CUORE
CUIT/CUIL: 27308957700
(Por transferencia bancaria o Mercado Pago)

“Mucha gente se comunicó de afuera, de La Plata, Formosa, Mendoza, Córdoba,  Buenos Aires para ayudar; eso nos llena el alma. Las pérdidas materiales duelen, pero la pérdida invaluable es el bosque, aunque estamos convencidas que lo vamos a recuperar”, sienten y comparten ambas. “Teóricamente, desde provincia, nación y empresas privadas pusieron mucha guita, esperemos que llegue donde realmente hace falta. Los damnificados estamos a la vista. Ojalá que no haya que esperar, porque la gente se cansa de esperar”.

Piano, piano

–¿Hay algo que quisieran agregar para terminar la nota? 

–Lore: Que ese domingo la pasamos muy feo. Que cuando tuvimos que cerrar la puerta, le dije a Gise que dejara puesta la llave, que para qué iba a cerrar… Gise agarró una virgencita y empezó a rezarle, y yo le pedí a mi papá que no permitiera que se quemara la casa.

–Gise: Somos las últimas pobladoras del Percy, pero fuimos las primeras para el fuego. Por eso Monte Lontano, estamos en la loma del culo, quién nos mandó acá…

Se ríe Gise. Se ríe Lore. Se ríen juntas. Después de la charla, después de las fotos, se levantan y van a buscar las botellas de agua que pudieron cargar desde la ciudad de Esquel, y empiezan a regar zonas carbonizadas, pero con un hilito verde, con un pastito, con alguna raíz que aparenta estar viva. “Piano Piano va lontano”, dice Gise en italiano, y luego lo traduce al castellano: “Despacio, despacio, se llega lejos”.

Incendios en Chubut: Lo que el fuego no se llevó

“Vamos a reforestar para devolver el bosque que había” / Nicolás Palacios para lavaca

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Entidades de prensa se reunieron con Patricia Bullrich y le plantearon: “Así, nunca más”

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La ministra no aceptó que haya habido “excesos“ pero ofreció disculpas a periodistas reprimidos/as. Fue el mismo día en que la CIDH expresó su preocupación por la falta de garantías de la prensa y los derechos de la protesta social; también, la misma jornada en que los gremios Sipreba y Argra, acompañados del CELS, presentaron ante el Juzgado Federal 6 una denuncia penal para que “se investigue a los responsables de las represiones del 31 de enero y del 1° de febrero en el Congreso”.  

Esos días, de votación de la Ley Ómnibus, el operativo de seguridad fue fuertemente cuestionado en general y en particular por haber dejado un saldo de al menos 35 periodistas heridos/as, en su mayoría fotoreporteros/as de medios comerciales e independientes (entre ellos, lavaca). Haciéndose eco de esta denuncia del sector, el gobierno citó a algunas entidades periodísticas: nuestra compañera Claudia Acuña, miembro fundadora de Periodistas Argentinas, participó de la reunión -junto a personalidades como Joaquín Morales Solá- y lo contamos en esta nota.

La ministra de Seguridad Patricia Bullrich se reunió hoy al mediodía con organizaciones periodísticas que en forma unánime expresaron que la represión sufrida por las y los trabajadores de prensa en las recientes jornadas de protesta social no podían repetirse nunca más. “Lo que pasó no puede volver a pasar” sintetizó Joaquín Morales Solá, en representación de la Academia Nacional de Periodistas. Al finalizar el encuentro la ministra pidió “perdón” a las y los periodistas heridos y expresó que estaba dispuesta a hacerlo pública y personalmente a cada agredido. También solicitó a Fopea el Informe sobre Ataques a la Prensa que realiza en su programa de monitoreo de Libertad de Expresión y se comprometió a respetar el Protocolo de Protección a la Prensa redactado por la CIDH y que está vigente en la Argentina desde 2016.

De la reunión participaron la Academia Nacional de Periodismo, Adepa, Fopea, Fundación Led y Periodistas Argentinas. Además de la ministra estuvieron presentes el secretario de Seguridad, Vicente Mario Ventura Barreiro; el secretario de Medios, Eduardo Serenellini y  el jefe de gabinete del ministerio de Seguridad, Carlos Manfroni.

Resumen de lo conversado

La reunión comenzó con una introducción de la ministra Bullrich que explicó la decisión de imponer el protocolo antipiquetes con estos argumentos: 10 mil por año en todo el país, el antecedente de provincias que ya habían impuesto normas similares (citó el caso de Chaco, Mendoza y Neuquén, puntualmente) y “el reclamo social”. Luego definió el motivo de la reunión: “Pensar juntos algunas ideas” con el objetivo de definir “en qué lugar se coloca el periodismo cuando determinados grupos lo atacan”. El primero en poner otro contexto a la reunión fue Joaquín Morales Solá, presidente de la Academia Nacional de Periodismo: “Que quede claro que lo que planteamos es que lo que pasó no puede volver a pasar. No se pueden repetir los acontecimientos que sufrimos ni las agresiones que han recibido los periodistas”. El secretario de Seguridad respondió: “Yo también aspiro a que no vuelva a suceder”.  

Luego, el secretario de Seguridad expresó su “preocupación” porque en estos contextos “no logramos distinguir quien es periodista y quién no.” 

“Si tiene un micrófono, una cámara enfrente y está transmitiendo en vivo, es periodista. Y en esas circunstancias fueron agredidos por las fuerzas de seguridad”, apuntó Claudia Acuña, de Periodistas Argentinas.

Fopea planteó: “Hay que diferenciar algo importante: el problema no es la norma, el problema son los excesos”. Bullrich interrumpió: “No hubo excesos” y calificó esa mirada como “ideologizada”. Fopea replicó: “Tenemos premios Pulitzers con balas de goma en las piernas” y citó los casos relevados en su Informe de Agresiones a la Prensa del programa de Monitorea de la Libertad de Expresión, del cual la ministra solicitó copia. Fopea remarcó, además, la necesidad de poner fin a los discursos estigmatizantes que se emiten desde el poder hacia periodistas.

A continuación, el planteo de Periodistas Argentinas fue “desde la práctica profesional y desde la calle”. Desde esa experiencia concreta, se describió lo que sufrieron .“Usaría la palabra coreografía para describirlo: en el mismo momento en que las fuerzas de seguridad detenían a una persona gaseaban o golpeaban a un periodista. Esto lo vimos desde el primer momento de tensión el 20 de diciembre en Plaza de Mayo y en cada una de las jornadas en el Congreso. Y eso significa que no solo se atentó contra los cuerpos de las y los periodistas, sino que atentaron contra la información que no dejaron circular, que es un bien social y un derecho garantizado constitucionalmente. Como diría Borges: uno es azar; dos es coincidencia; tres es certeza: y hay mucho más de tres casos, de los cuales tenemos videos que registran esta modalidad”. 

También se informó que PA había hecho una presentación ante la CIDH, organismo que respondió este reclamo con un comunicado donde expresó su preocupación. “Esa es la palabra que mejor define cómo nos sentimos: preocupadas porque salimos a trabajar y no sabemos si volvemos a nuestras casas con los dos ojos”.

En cuanto al propósito de la reunión, PA resaltó que no era necesario un protocolo específico para la prensa, sino respetar el Estado de Derecho. También resaltó la importancia de que la ministra se reúna con los gremios del sector, como única manera de lograr una escucha federal y generalizada de los reclamos y necesidades y con los movileros que están en la calle, quienes habían solicitado ya a la ministra una reunión. Por último, respaldó lo planteado por Fopea respecto a los discursos estigmatizantes que “terminan por señalar un blanco” y citó como ejemplo los 15 tuits que el Presidente disparó contra la periodista María O’donnell.

Por su parte, Adepa propuso considerar como punto de partida el Protocolo de Protección a la Prensa redactado por la CIDH, vigente desde 2016, el cual la ministra se comprometió a tomar como base.

Al finalizar, la ministra dijo: “Pedimos disculpas y estamos dispuestos a hablar con todos ellos (por los agredidos) y pedir disculpas formales”. 

Respondió también puntualmente el planteo de PA: “Sería de brutos o de idiotas pretender que no circule la información en estos días porque es imposible. La puede registrar cualquiera, desde un balcón o desde dónde sea. Tenemos el caso de Kostecki y Santillán, por ejemplo”.

La ministra se refiere al caso que implica dos asesinatos y por el que fueron condenados agentes de las fuerzas de seguridad, entre ellos, el responsable del operativo.

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