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Las minas de la polémica: Breve recorrido por los 17 emprendimientos más controvertidos de Argentina.

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El anillo de oro que posee cualquier hijo de vecino, sobre todo los casados, pesa entre dos y tres gramos. Para obtener es pequeño (o gran) lujo se dinamitó y trituró media tonelada de roca y se utilizaron millones de litros de agua que permanecerán, por siempre, contaminadas. «El oro es un lujo inútil. Y sin agua no hay vida», es la ecuación que realizan las decenas de pueblos afectados por la minería de metales a gran escala. La advertencia no es casual: Argentina es la niña mimada de la industria minera mundial. Empresas de Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña, Australia, Suiza, Sudáfrica y Japón impulsan una veintena de emprendimientos, en diferentes grados de desarrollo, a lo largo de los cinco mil kilómetros de cordillera. Montañas y ríos, desde Jujuy hasta Santa Cruz pasando por la hiperminera San Juan, corren peligro por la ambición de metales preciosos, donde -claro está- la alianza matrimonial es sólo una anécdota. «El oro no es un elemento vital para la vida. Sólo sirve para incrementar las ganancias y la especulación de los países más ricos del mundo», explican las decenas de pueblos que luchan contra los megaemprendimientos mineros.
Solo una mina de oro, Minera la Alumbrera (ubicada en Andalgalá, Catamarca), exporta por año 23 mil toneladas de concentrados de oro. Los nuevos yacimientos son hasta tres veces más grandes, consumen mucha más agua y dinamitan muchas más montañas. Utilizan el sistema de extracción llamado «a cielo abierto»: ya no más la minería de galerías, con picos y mineros. Sí grandes explosiones de rocas, millones de litros de agua y sopas ácidas (muchas veces con una sustancia contaminante como el cianuro) producen un cóctel acusado de contaminar aire, suelo y agua.
Todos los sectores sociales remarcan que la minería a gran escala atenta contra otras formas de desarrollo (agricultura, cría de animales, turismo), ya sea por la contaminación que produce o por el agua que utiliza y deja sin recursos a las otras cadenas productivas.
«La minería es una actividad meramente extractiva con múltiples consecuencias, tanto a escala económica como ecológica, social y cultural. Es un hecho comprobado que las regiones mineras del mundo son publicitadas inicialmente como regiones ricas y llenas de oportunidades, pero terminan siendo las más pobres», afirma un comunicado de Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Río Negro.
Las grandes empresas de minería internacional, que escapan de sus países por rígidos controles ambientales e impositivos, señalaron a Latinoamérica como del destino de la década.
Aquí, un breve recorrido por los emprendimientos metalíferos, proyectados o en ejecución, más polémicos de Argentina:
CATAMARCA
Minera la Alumbrera: Es el caso testigo de la minería metalífera a gran escala. Funciona desde hace doce años en Andalgalá, Catamarca. Se encuentra entre los diez grandes emprendimientos de cobre del mundo y entre los 15 de oro (exporta 190 mil toneladas anuales de concentrados de cobre y 23 mil toneladas de oro). Es la mina más grande de Argentina y está gerenciada por un consorcio de empresas: la suiza Xstrata y las canadienses Goldcorp y Northern Orion. Es una obra faraónica que remueve, por día, 340 toneladas de roca y utiliza, por minuto, 66 mil litros de agua. Factura por año 680 millones de dólares y nada de lo que prometió (y suelen prometer las empresas mineras) se cumplió: no hubo desarrollo local, no hubo más trabajo, y sí hubo casos de contaminación, tanto del suelo, del aire y el agua.
Agua rica: La canadiense Northern Orion comenzará en breve las obras de infraestructura de otro yacimiento, tres veces más grande que Alumbrera, a sólo 17 kilómetros del centro de Andalgalá, en la cima de las montañas ubicadas frente a la ciudad. Planea extraer oro, plata, cobre y molibdeno. «El desarrollo de Agua Rica es técnicamente factible, y podría ser desarrollado como un yacimiento de bajo costo y de larga vida útil», reconoce la carta de presentación de la misma empresa. Planea procesar, por día, 70.000 toneladas de roca, con una vida de 30 años. Los vecinos autoconvocados remarcan que de esa montaña nacen los tres ríos –el Blanco, Candado y el Minas–, que alimentan de agua a toda la región: casi un cuarto de la provincia. Todos reconocen que ese será el último golpe al pueblo. «Ninguna comunidad puede sobrevivir sin agua», dicen una y otra vez. Está en su etapa de construcción y comenzará la extracción en 2008.
Salar del Hombre Muerto: Es uno de los yacimientos más grandes de litio (metal alcalino utilizado para aleaciones, cristal y cerámicas). Se encuentra en plena puna catamarqueña, en el departamento Antofagasta de La Sierra. Pertenece a la empresa norteamericana FMC Lithium Corp y es un emprendimiento estratégico en lo político y económico: a raíz del Tratado de Integración Minero Argentino-Chileno (que contempla la «cooperación mutua para la disminución de costos operativos y el aprovechamiento de infraestructura»), cuenta con la facilidad de una salida directa al Océano Pacífico (ahorrándose de este modo el traslado a puertos del Atlántico). Tiene capacidad para producir 25 millones de libras de carbonato de litio y 12 millones de cloruro de litio. Tiene una vida útil de 70 años. Pobladores campesinos acusan al yacimiento de contaminar los arroyos de donde obtienen agua para consumo humano, animal y riego.
SAN JUAN
Veladero Está ubicado a 320 kilómetros al noroeste de la capital sanjuanina y a unos 4.850 metros de altura. Comenzó a gestarse en 1994 y sólo una año después ya comenzó la etapa de exploración. Pero los procesos fueron lentos: recién luego de la devaluación la empresa canadiense Barrick Gold (una de las más importantes del mundo) presentó un informe de impacto ambiental. Una vez aprobado, comenzó la construcción de las instalaciones. En octubre de 2005, Veladero inició la extracción de oro y plata. Utiliza el sistema de explotación a cielo abierto con utilización de cianuro, tiene una vida útil de 17 años y planea extraer trece millones de onzas de oro. El ex ultra menemista, ex duhaldista y ahora kirchnerista gobernador de San Juan, José Luis Gioja, es uno de sus máximos defensores. Además, una empresa de su familia (productora de cal) es una de las principales proveedoras del yacimiento.
Pascua Lama: Es el primer proyecto binacional entre Chile y Argentina. Será el yacimiento más grande de ambos países y estará entre los primeros cinco del mundo. Pertenece a la canadiense Barrick Gold y extraerá oro y plata. Aseguran que no utilizará cianuro, pero el método igualmente será a cielo abierto, con un sistema de flotación en sopas ácidas. Ya cuenta con la aprobación de ambos países y las obras de infraestructura demandarán poco menos de dos años. A mediados de 2009 planean que ya esté exportando oro y plata. Es, sin duda, el proyecto más polémico. «Será un desastre, peor que cinco plantas de celulosa juntas», graficaron los ambientalistas de San Juan.
Pachón: El yacimiento fue descubierto en 1962 y los gobernadores de turno siempre prometieron su explotación. Pero nunca pasó la etapa de exploración. Devaluación mediante, «el gigante dormido» (como lo llama el sector minero sanjuanino) comenzó a ser molestado para que despierte. Si Pachón comienza a producir, como estiman desde la empresa canadiense Falconbridge, puede convertirse en el principal proveedor de cobre del país y su producción moverá la aguja a nivel mundial: el metal sacado en San Juan puede significar hasta el tres por ciento de la producción de todo el planeta. Falconbridge planea comenzar la construcción en 2007 (y terminarla en 2009) y tendrá una vida útil de veinte años. Será tres veces más grande que Veladero y está ubicada en Calingasta, a sólo tres kilómetros e la frontera con Chile. El sistema de extracción también será a cielo abierto, con una planta de flotación de capacidad de 100.000 toneladas de mineral por día. Además de cobre, posee molibdeno, oro y plata.
CHUBUT
Navidad:
Se trata de uno de los yacimientos de plata y plomo más grandes del mundo, llamado «Navidad» porque los primeros resultados de laboratorio (de las muestras de rocas extraídas a profundidad) estuvieron listos un 25 de diciembre. El estudio determinó que estaban frente a un gran regalo: existen minerales por 3.500 millones de dólares. Esa riqueza se la disputaron dos empresas canadienses: IMA Explorations y Aquiline Resources. Lo paradójico, y nefasto, fue que el conflicto sobre recursos patagónicos no se resolvió en la justicia argentina, sino en los tribunales canadienses, que otorgaron la explotación a Aquiline. Está ubicado en la localidad de Gastre, en Chubut, zona de pequeña ganadería y la cría de guanacos. Cerca de allí funcionó Mina Angela, la mayor experiencia de minería metalífera en la provincia y una de las más importantes del país. Sólo quedó de ella un enorme depósito de residuos tóxicos que envenena con cadmio el agua y los animales de la zona.
Luego de las manifestaciones de Esquel, que rechazaban la instalación de una mina, el gobierno de Chubut suspendió por tres años cualquier actividad minera metalífera (incluyendo exploración) en el noroeste de la provincia. Nadie entiende por qué sólo se prohibió en el noroeste, y no en todo Chubut. La meseta (donde está «Navidad»), la zona más pobre de la provincia, quedó así librada a la decisión de las empresas.
El Desquite: La lucha del pueblo de Esquel marcó un quiebre en la relación de las comunidades y las explotaciones mineras de metales a gran escala. La Asamblea de Vecinos Autoconvocados marchó, informó a la comunidad y hasta organizó una consulta popular (en 2003) para que el pueblo decida sí o no a la mina. El 81 por ciento votó por el rechazo. Se trata de un proyecto de oro y plata a cielo abierto, con uso de cianuro, a sólo diez kilómetros del centro urbano. El hecho tuvo gran repercusión mediática y sirvió como puntapié para la organización de otras comunidades del país. A pesar del tiempo y la sostenida resistencia, la empresa, Meridian Gold (de Estados Unidos) mantiene el proyecto en cartera, tratando de seducir (con campañas de marketing y de asistencialismo) a los pobladores. Esquel fue el primer lugar de América donde la acción de la población logró que un proyecto de explotación minera suspenda sus actividades.
RIO NEGRO
Calcatreu:
La compañía canadiense Aquiline trabaja desde hace tres años en la puesta en funcionamiento de una mina de oro y plata a cielo abierto, con cianuro, en la localidad de Ingeniero Jacobacci. Uno de los grandes opositores es el Parlamento Mapuche de Río Negro, que hasta realizó presentaciones judiciales para que la empresa no continúe con el proyecto. Y también se organizaron Vecinos Autoconvocados, que rechazan cualquier emprendimiento minero a gran escala. El proyecto se encuentra en la etapa de exploración, pero la compañía admitió que está en «exploración avanzada». La referencia directa para los habitantes de Jacobacci es Mina Angela, un yacimiento ubicado en Chubut, pero con desembocadura de aguas hacia Jacobacci, zona donde se confirmó la contaminación con cadmio, un metal pesado. El gobierno provincial rechazó el informe de impacto ambiental (imprescindible para iniciar la etapa de construcción) de la empresa. Y sancionó, motivada por la movilización de las organizaciones sociales, la Ley 3981, que paralizó momentáneamente la explotación del proyecto. Sin embargo, Aquiline Resources advirtió que no se retirará del lugar. El actual senador y aspirante a la gobernación de la provincia, Miguel Pichetto, anunció públicamente que, de ganar las próximas elecciones, una de sus primeras medidas será levantar la prohibición al uso de cianuro.
NEUQUEN
Andacollo:
En Andacollo, en el noroeste neuquino, opera la empresa minera chileno-canadiense Andacollo Gold, que en 2001 obtuvo un crédito del actual gobierno provincial para reiniciar la actividad minera en la zona. Es una zona de cría de cabras y con tradición minera artesanal, tanto compañías inglesas como buscadores independientes, que extrajeron oro a lo largo de todo el siglo pasado. Los lugareños relatan que la explotación de los ingleses produjo la desaparición del bosque de lengas, cuya madera se utilizó para apuntalar los socavones. Extrae oro y cobre por el método de flotación. Los pobladores acusan a la empresa de contaminar el arroyo Huaraco (afluente del río Neuquen), 500 metros debajo de la planta de procesamiento de la minera.
JUJUY
Pirquitas:
En el departamento de Rinconada, a 346 kilómetros al noroeste de San Salvador de Jujuy y 4.200 metros de altura, se encuentra la Mina Pirquitas. Fue, desde 1936 y 1989, una explotación subterránea de donde se extrajeron 20.000 toneladas de estaño y 25 millones de onzas de plata. Desde 1995, diferentes empresas evalúan la posibilidad de explotar el yacimiento con otro método: cielo abierto, con la explosión y trituración de 6.600 toneladas de roca por día. Con el cual podría extraer, además de estaño y plata, zinc. La empresa canadiense Silver Standar Resources es propietaria del proyecto.
Minera Aguilar: Es un yacimiento de plomo, plata y zinc en etapa de exploración. Pertenece a la empresa Suiza Glencore, está ubicada en el departamento de Humahuaca, y se trata de dos minas: Aguilar y La Esperanza. La compañía tiene experiencia en este tipo de yacimiento: es propietaria de empresas mineras en Bolivia. La Red Puna, integrante del Movimiento Nacional Campesino Indígena, es una de las organizaciones que se moviliza contra este tipo de explotación. Asegura que la explotación contaminará las aguas y tierras donde viven y trabajan desde hace décadas campesinos e indígenas.
MENDOZA
San Jorge:
Proyecto de cobre y, en menor proporción, de oro ubicado en el valle de Uspallata, a 90 kilómetros al noroeste de la capital mendocina y 2.500 metros de altura. Pertenece a la empresa japonesa Nippon Mining &Metals. Sus reservas minerales se estiman en 146 millones de toneladas de concentrados, con 0.5 por ciento de cobre y 0,2 gramos por toneladas de oro. Se encuentra en etapa de exploración avanzada y la forma de explotación sería a cielo abierto. Aún no se determinó si se usará cianuro. Las comunidades mendocinas advierten que la industria minera atentará con su forma de subsistencia tradicional: la agricultura.
SANTA CRUZ
Cerro Vanguardia:
Es un yacimiento de oro y plata, cuya concesión minera comprende 514 Kilómetros cuadrados. Es, en cuanto a su proyección, la principal mina de metales preciosos del país: comenzó a construirse en 1997, la extracción se inició un año después y su vida útil llegará hasta el 2027. La explotación consiste en extracción a cielo abierto, que utiliza cianuro. Existe muy poca información sobre su forma de trabajo y su implicancia en el medio ambiente. Ello se debe a dos motivos: está ubicada en pleno desierto patagónico, la localidad más cercana (Puerto San Julián) está ubicada a 150 kilómetros del yacimiento. La otra razón para la desinformación: es un proyecto impulsado por el ex gobernador y actual presidente, Néstor Kirchner. No existen datos sobre su facturación. Sólo que es propiedad de Anglo Gold Ashanti (de un consorcio británico y sudafricano), con participación de la provincia.
Manantial Espejo: En el sector denominado Manantial Espejo, cerca de la frontera con Chile, a unos 160 kilómetros al oeste de San Julián, desde 1980 se estudia la posibilidad de extraer oro y plata. Los estudios determinan que las reservas serían de unas 4.000 toneladas de concentrados. Y se podrá obtener 264 gramos de plata por tonelada y 4,5 gramos de oro. La empresa Minera Triton, a cargo del yacimiento, es propiedad de las canadienses PanAmerican Silver (casi la totalidad de las acciones) y Silver Standard Resources, con yacimientos en Perú, Bolivia y México. El estudio de factibilidad se completó en 2005 y planea ingresar en etapa de instalación en el corto plazo y extracción a fines de 2008. El método a utilizar: cielo abierto con uso de cianuro.
San José-Huevos Verdes: Proyecto de la sociedad anónima Minera Santa Cruz, conformada por la Minera Andes (canadiense) y Mauricio Hochschild (de capitales peruanos y estadounidenses). El proyecto, de oro y plata, se encuentra ubicado en el noroeste de la provincia de Santa Cruz, a 100 kilómetros de la localidad más cercana, la población de Perito Moreno. El secretario de minería nacional, Jorge Mayoral, es uno de los principales impulsores del proyecto, que comenzaría la etapa extractiva en 2008.
LA RIOJA
Famatina:
La multinacional minera canadiense Barrick Gold Corporation pretende explotar a cielo abierto una mina de oro y plata en el cerro Famatina. La movilización social en los pueblos riojano (Famatina, Pituil, Chañarmuyo, Chilecito, Chamical, Punta de los Llanos, Los Sauces y y Chepes, entre otros) resiste al proyecto con campañas de difusión, marchas y cortes de ruta. Lograron que el interino gobernador riojano impulse una ley de prohibición de minería a cielo abierto con uso de cianuro, pero saben que la compañía no dejará el proyecto y que, cualquiera sea el próximo gobernador, podrá habilitar nuevamente la actividad minera.

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Búsqueda de justicia: comienza el nuevo juicio por el femicidio de Lucía Pérez

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(Desde Mar del Plata) La familia de la adolescente asesinada en 2016 logró que se concrete este nuevo y acaso histórico juicio que tratará de responder aquello que no indagó ni respondió el proceso realizado en 2018, que fue anulado por su parcialidad y prejuicios: ¿Quiénes mataron a Lucía Pérez? En la foto, Matías (hermano) junto a Marta y Guillermo, los padres de la niña asesinada cuando tenía 16 años. La primera jornada será acompañada por una movilización en las calles marplatenses, donde se proyectarán las imágenes de la apertura en directo desde la sala de audiencias. Detalles y datos sobre lo que se viene.   

A 2.313 jornadas del crimen, llegó el día.

El nuevo juicio por el femicidio de Lucía Pérez, la adolescente marplatense de 16 años asesinada el 8 de octubre de 2016, comenzará este martes 7 a las 9 de la mañana y continuará al menos durante todo el mes de febrero, de 9 a 14 horas, los días hábiles. Se espera que finalice el 1º de marzo aunque todo, tanto los horarios como las jornadas, pueden demorarse. Lo crucial es otra cosa: la búsqueda de justicia.

La causa está caratulada como abuso sexual agravado seguido de muerte en concurso ideal con femicidio y tiene como imputados a Matías Gabriel Farías (29 años actualmente) y Juan Pablo Offidani (47). La Unidad Fiscal que lleva adelante el proceso es la N° 7 de Mar del Plata.

Aspecto hoy, desde la puerta, de la sala de audiencias. Al fondo se sentarán los jueces, en el sillón del medio cada persona que testifique. De un lado, fiscal y abogados de la familia. Del otro, abogados de los acusados. La carátula de la causa: abuso sexual agravado seguido de muerte en concurso ideal con femicidio (fotos: Lina Etchesuri).
La vista de la sala desde el otro lado: en ese espacio se desarrollarán las audiencias encabezadas por los jueces Fissore, Falcone y Simaz (Fotos: Lina Etchesuri).

Las audiencias transcurrirán en el 6º piso de los Tribunales marplatenses. Allí se sentarán los jueces Gustavo Raúl Fissore (presidente del tribunal), Roberto Falcone, y Alexis Simaz. La querella estará representada por el fiscal Leandro Arévalo y por Florencia Piermarini y Verónica Heredia, abogadas de la familia. El Tribunal autorizó el pedido de los imputados Farías y Offidiani de no estar presentes. Asistirán al proceso vía Zoom desde el penal donde cumplen condena a 8 años de prisión por tenencia de drogas con intención de venta, cargo que se les imputó en el anterior juicio (celebrado hace 4 años y 2 meses) en el que el femicidio de Lucía quedó impune. La anulación de ese fallo fue dispuesta por la Cámara de Casación Penal de la Provincia de Buenos. El juez Carlos Natiello planteó por ejemplo que aquella sentencia se había fundado “en intolerables prejuicios y suposiciones basados en estereotipos de género” y que contenía “concepciones sexistas inocultables”, por lo que califica al fallo como “subjetivo y tendencioso, prejuicioso, parcial y discriminatorio”. (Por ese fallo los anteriores jueces serán sometidos por el parlamento bonaerense a otro proceso, un juicio político o jury, durante el mes de marzo).

Lo que pasará

En el inicio del este nuevo juicio estarán presentes en la sala del tribunal el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla, el Defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, Guido Lorenzino, la ministra de la Mujer bonaerense, Estela Díaz, Flavia Delmas, del mismo organismo, y Carolina Varsky por parte del Ministerio de Mujeres de la Nación.

El Tribunal autorizó que se transmitan por el canal de Youtube de la Corte Suprema bonaerense (https://www.youtube.com/c/SupremaCortedeJusticiaProvinciadeBuenosAires?app=desktop) las jornadas de inicio del debate, los lineamientos de acusación de la defensa, los alegatos de clausura y la lectura del veredicto. Pero no las jornadas de declaración de testigos.

Mientras en el 6º piso de Tribunales se desarrollen las audiencias, en el 2º se dispuso una sala donde se emitirá por videoconferencia el juicio completo para un grupo compuesto por: los amicus curiae de la acusación, dos familiares de cada uno de los acusados y cinco de la familia de Lucía (padres y madres de otras víctimas de femicidios), y tan solo seis periodistas de medios gráficos. Al inicio camarógrafos y fotógrafos podrán tomar imágenes en la sala del 6° piso.

Matías, Marta y Guillermo: hermano, madre y padre de Lucía Pérez, que intervendrán este martes en la primera jornada del nuevo juicio. (Fotos: Lina Etchesuri).

En la calle

Durante la jornada de mañana, desde las 9:30, declarará la familia de Lucía Pérez: Marta Montero, Guillermo y Matías Pérez, madre, padre y hermano respectivamente. Hasta el 14 de febrero se presentarán los testigos de la acusación y luego los de la defensa. Se espera que brinden su testimonio, en total, 49 personas.

En la puerta de los Tribunales habrá una movilización de organizaciones sociales, sindicales y políticas acompañando a la familia. La Campaña Nacional Somos Lucía, a su vez, llevará adelante una serie de actividades frente al Tribunal durante todo el mes, que abrirán mañana con el siguiente programa:

·         8:45: saludo de la familia de Lucía Pérez

·         9:00 apertura del acto.

·         9:15 canto colectivo.

·         9:30 proyección del inicio de la audiencia.

·         12:15 habla nuevamente la familia.

·         Talleres de serigrafía y estampado

·         Radio abierta con organizaciones sociales y personalidades.

Marta Montero, preparando stencils: los ojos de Lucía como símbolo del reclamo de justicia.

Más info:

¿Por qué se celebra un nuevo juicio? ¿A quién se juzga?

El contexto del juicio por Lucía Pérez: ¿Qué son los femicidios territoriales?

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El contexto del juicio por Lucía Pérez: ¿qué son los femicidios territoriales?

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Este martes 7 de febrero comienza un proceso inédito: se realizará en Mar del Plata el nuevo juicio por el femicidio de Lucía Pérez, tras la anulación del fallo original que la Cámara de Casación bonaerense consideró “subjetivo y tendencioso, prejuicioso, parcial y discriminatorio” por su falta de «perspectiva de género».

Estas son las hipótesis publicadas en la revista MU por el Observatorio Lucía Pérez (que ha creado el primer padrón autogestionado y público de violencia patriarcal). El trabajo explica el contexto de crímenes como el de Lucía, ocurrido en octubre de 2016, que provocó el primer Paro de Mujeres en el país. Los femicidios territoriales como tramas barriales que degradan el valor de la vida, mucho más allá de los vínculos de pareja y la intimidad. Fuerzas de seguridad, fiscales y jueces implicados en esos delitos y su impunidad, no solo como cómplices. Un cambio de paradigma a la hora de pensar la violencia machista: el rol de lo narco, la conexión con el extractivismo y la pobreza. Y las familias luchando contra la máquina de muerte.

Por Claudia Acuña, Florencia Paz Landeira y Anabella Arrascaeta.

Desde el Observatorio Lucía Pérez venimos registrando e interrogando las cifras de la violencia patriarcal. Propusimos entonces la categoría de “femicidios territoriales” para intentar comprender la singularidad de crímenes como los de Lucía Pérez, Melina Romero, Iara Rueda, Luna Ortiz o Araceli Fulles. Femicidios que no se ajustan a los modelos epistémicos tradicionales de la teoría de género y que no hablan de vínculos de pareja e intimidad, sino de tramas de narcocriminalidad e impunidad territorializadas, con  participación de agentes estatales tales como policías, penitenciarios y fiscales. 

Cifras que lo dicen todo: 328 femicidios registrados en 2022 y 25 en el primer mes de 2023. El Observatorio Lucía Pérez es el primer padrón público y autogestionado de violencia patriarcal.

Participación activa, en tanto que genera condiciones de posibilidad para estas muertes en esos territorios; y también participación concreta, al garantizar y perpetuar la impunidad de esos femicidios, falseando pruebas y entorpeciendo procesos judiciales. Marta Montero, madre de Lucía Pérez, prefiere llamarlos “narcofemicidios”; nosotres sumamos la referencia al territorio que quizá nos permita enfocar los factores que lo producen: los narco-femicidios se originan en narco-territorios concretos.

En primer lugar, es necesario definir que llamamos “narco” a una actividad criminal que se lleva a cabo “con la participación ilícita de actores del Estado” (Javier Auyero, Katherine Sobering, Entre narcos y policías). Lo narco opera a través de una necromáquina cuya tarea es acallar, atemorizar y doblegar resistencias hasta esclavizar las fuerzas de producción necesarias para extraer capital de todo lo vivo: cuerpos, territorios, medio ambiente, datos (Rossana Reguillo, Necromáquina).

Lo narco produce una forma característica de femicidio porque le otorga a ese crimen un significado político y cultural. En palabras de Reguillo, “mata dos veces: la del asesinato y la de tu muerte convertida en dato mediático”. Tal como define la filósofa italiana Adriana Cavarero cuando traza una relación entre el genocidio del Holocausto y estos crímenes, en ambos casos se trata de “una violencia que no se contenta con matar porque sería demasiado poco: al destruir el cuerpo singular constituye el acto del fin no de la vida, sino de la condición humana”.

Lo narco gobierna territorios azotados por las políticas neoliberales que durante décadas destruyeron tanto puestos de trabajo como instituciones estatales que debían contener las consecuencias. Esas características unen la postal de San Martín, en la provincia de Buenos Aires, con la de Palpalá, en Jujuy, escenas del crimen de los femicidios de Araceli Fulles y Iara Rueda. Dominan también puertos como los de Mar del Plata y Rosario, ciudades hermanadas por los nombres de Lucía Pérez y cada una de las 50 mujeres masacradas este año en balaceras. Pero son sólo aquellos femicidios que con gran esfuerzo de sus familias y su comunidad han logrado trascender con nombre y rostro los que nos han obligado a fijar la mirada en esos territorios.

Qué vimos

En San Martín, por ejemplo, vimos que Araceli Fulles estuvo 22 días desparecida, sin que ninguno de los rastrillajes organizados por la policía la encontraran. Su cuerpo fue hallado, finalmente, por su hermano, enterrado debajo de la cama del sospechoso que justo en ese momento estaba declarando ante la fiscal, quien lo dejó ir. El hombre fue detenido en otro barrio de la periferia, dos días después y gracias a que  una mujer paraguaya, embarazada y en ojotas, lo corrió y entregó a los gendarmes que militarizaban el barrio para “custodiarlo”. Tiempo después, ese único detenido fue asesinado: le hicieron tragar agua hirviendo en la prisión en la que el Servicio Penitenciario estaba a cargo de su seguridad. Finalmente, en un tribunal rodeado por miles de personas que clamaban “Justicia por Araceli”, los autores materiales del femicidio fueron condenados a prisión perpetua. Sin embargo, no fueron sometidos a ningún proceso judicial ni el comisario ni los agentes que encubrieron a la banda de narcomenudeo que operaba en el barrio y mató a Araceli. Hubo, sí, varias condenas  a autoridades policiales en otros procesos judiciales contemporáneos al que investigó el femicidio de Araceli y que probaron las vinculaciones en ese territorio entre bandas narcos y fuerzas de seguridad. La última fue en septiembre de este año, cuando la jueza federal Alicia Vence procesó con prisión preventiva al comisario Osvaldo Javier Calderón y dos oficiales de la Comisaría Primera de San Martín.

Territorios, cuerpos y violencias

Al hablar de territorio nos referimos no solo a la base material y orgánica de los ecosistemas, sino también a la historia y las relaciones que se han entretejido en estos de modo constitutivo. El territorio aparece entonces como una trama de redes de relaciones que, en su dimensión conflictiva y contradictoria, configura experiencias y sujetos singulares marcados por variables procesos de jerarquización y de desigualdad. 

Hay en la palabra “territorio” una serie de sentidos contradictorios anudados. Por un lado, en su propio origen etimológico aparece asociada a una voluntad de control y de dominio, en un lenguaje bélico y de conquista. Pero el territorio, en sus usos sociales y locales, también alude al saber de la experiencia, a una relación de alteridad respecto de espacios institucionales y burocratizados; el territorio, en este sentido, puede ser una analogía de la calle o, para decirlo en términos más amplios, del espacio de la vida cotidiana. El territorio también es, en un sentido más literal, la tierra. El cuerpo –nuestro cuerpo– puede ser también vivido e interpelado como territorio. Pero acá aparece otra vez la alteridad. Porque no todos los cuerpos aparecen como territorios en disputa, sino especialmente aquellos cuerpos feminizados, racializados, empobrecidos y marginados. Se va armando así un mapa imaginario de cuerpos y territorios simultánea e inextricablemente sometidos a procesos de desvalorización, violencia y explotación; de despojos múltiples de la vida en todas sus formas. 

Pensados los territorios como configurados por relaciones de poder, las desigualdades de género sin duda se despliegan y concretan en ellos de un modo fundamental. Desde esta perspectiva, entonces, el territorio aparece como espacio tallado en donde se producen y reproducen desigualdades étnico-raciales, de género, de clase, de edad y deviene, así, un espacio de disputa. Los territorios son campos de fuerza, producto y objeto de disputas, resistencias y dominios. Por lo tanto, están siempre en devenir, nunca acabados, nunca cerrados; contingentes.

¿Es posible trazar una frontera clara y objetiva entre el cuerpo y el territorio? ¿Qué paisaje habita nuestros cuerpos? Al respecto, la filósofa feminista Donna Haraway pregunta provocadoramente por qué nuestros cuerpos deberían terminar en la piel. Los cuerpos están situados e interconectados de forma profunda con la trama de la vida. Pensar en lo viviente desde la interconexión, la interdependencia y la existencia de flujos continuos nos abre la mirada a reconocer patrones comunes que, en nuestro espacio y tiempo, hablan de formas sistemáticas de extracción de valor, despojo y violencia extractivista. Se trata de advertir la concurrencia entre procesos de pobreza y desigualdad, de violencias de género y ambientales, que expresan una lógica depredadora común que exponen cotidiana y persistentemente a las personas, a los territorios y, en última instancia, a la vida.

Patriarcado, extractivismo y terricidio

Hace ya décadas que, desde el feminismo, se han señalado analogías entre la explotación de los territorios desde la lógica de la ganancia capitalista y la explotación de los cuerpos feminizados desde la lógica patriarcal. En este sentido, Vandana Shiva afirma que la apropiación de recursos, esencial para el “crecimiento”, crea una cultura de la violación: violación de la Tierra, de las economías locales y también de las mujeres. El modelo extractivista concibe a los territorios y los cuerpos feminizados como recursos a explotar y como zonas a sacrificar en función de consolidar una forma de dominación. De hecho, en la base del ordenamiento moderno-colonial, no solo se saquearon territorios, sino también cuerpos racializados y esclavizados. En la actualidad, esta cualidad extractiva, apropiadora y cosificadora de los cuerpos aparece como nodal a la violencia femicida. 

Desde esta lente, el extractivismo no es solo un modo de saqueo y explotación de la naturaleza, sino que también implica una racionalidad y una relacionalidad particulares. Es un modo de concebir las relaciones con otros humanos y no humanos y el espacio que co-habitamos. Las prácticas extractivistas se asientan en jerarquías raciales, de género y clase, multiplican las formas de violencia y exacerban las injusticias. El extractivismo configura no solo territorios, sino también relaciones sociales y las subjetividades de quienes los habitan. Se trata de prácticas sistemáticas de extracción de la vida en todas sus formas y dimensiones. Las violencias de todo tipo son consustanciales al extractivismo y se refuerzan como forma de producción de lo social. 

Esta relación inherente entre extractivismo y violencia se expresa en la desestructuración de las tramas sociales y comunitarias, en el despojo de los medios de subsistencia y de sostenimiento de la vida, en la polarización y estratificación social, en el agravamiento de la criminalización y la represión estatal y, también, en la violencia contra las mujeres y el recrudecimiento de formas patriarcales de dominación y opresión. Para nombrar este entrelazamiento entre las formas neocoloniales del despojo de los espacios de vida y la profundización de las jerarquías de género, se ha propuesto el concepto de “repatriarcalización de los territorios”. Sobre todo, han sido los estudios sobre proyectos extractivistas vinculados a la minería y los combustibles fósiles los que alertaron cómo estos conducen a la masculinización de los territorios, con un aumento significativo de la violencia de género y la explotación sexual.

En el Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis, Bisexuales, Intersexuales y No Binaries de este año, en un taller sobre “Pueblos fumigados”, una mujer decía que nuestros territorios nos exponen y nos entrampan entre el femicidio y el cáncer. En este y otros espacios de activismo, queda claro que no son solo las mujeres las afectadas por este entrecruzamiento de violencia ambiental y de género, sino que también son las primeras en advertir las consecuencias del modelo extractivista en sus cuerpos, los de sus hijos y los de sus comunidades. Se constituyen, así, en la primera línea de la defensa de los territorios y rápidamente se vuelven blanco de persecución y amenazas cuya expresión más extrema son los femicidios extractivistas. 

En este contexto, lo narco resulta un eslabón clave de la cadena de extracción de ganancias en cuerpos y territorios que han sido oscurecidos por la desigualdad social producida por las políticas económicas neoliberales. Lo narco convierte en consumidores y productores a aquellas poblaciones que el sistema formal descarta. Rita Segato lo describe como un segundo Estado. Sin embargo, consideramos que en países no europeos esa dualidad es, en realidad, una unidad porque es la clave constitutiva en la que se establecieron los Estados coloniales para garantizar la gobernabilidad. Recordamos también que en Argentina se utiliza el término “en blanco” y “en negro” para distinguir la economía “formal” de la “informal”. Aquello, entonces, que habita el “Estado en Negro”  es la resistencia y lo narco es la respuesta para neutralizarla ante la impotencia del  “Estado en Blanco”.

Desde la perspectiva que venimos sosteniendo, todavía parece necesario remarcar el carácter sistémico y civilizatorio de esta crisis y continuar desanudando las lógicas androcéntricas y patriarcales de las formas de producción basadas en el despojo, la extracción y el aniquilamiento de cuerpos y territorios.

Territorios en disputa

Las víctimas de femicidio y sus familias organizadas en busca de justicia nos enseñaron que para deconstruir las violencias que culminaron en estas muertes no basta con problematizar el amor romántico y los ideales de pareja. Ni tampoco alcanza con desafiar las fronteras de lo doméstico, ni las estrategias de empoderamiento. Se volvió necesario indagar en las fuerzas estructurales y cotidianas que están minando las tramas comunitarias de sostenimiento y reproducción de la vida. Y situar a los femicidios en un aumento generalizado de la violencia, la narcocriminalidad con alto involucramiento policial y penitenciario y de la crueldad y, en términos más amplios, en procesos extractivos y de despojo y precarización de las condiciones de existencia donde todos los bienes aumentan su valor a ritmo constante hasta volverse inaccesibles, excepto la vida, que cada vez vale menos. Mejor dicho, algunas vidas. 

Desde esta óptica, pusimos la lupa en Rosario, ciudad que nos señala cómo el cuerpo de las mujeres emerge como un renovado territorio de disputa en el contexto del entramado narco-policial-penitenciario de la ciudad. Coincidimos con Rossana Reguillo cuando caracteriza a estas violencias como “pasillos”: “vestíbulos entre un orden colapsado y otro que todavía no es, pero está siendo. De ahí su enorme poder fundante y su simultánea ligereza”. La tensión actual es producto de la crisis del Estado en Blanco que deja expuesto al Estado en Negro y provoca la disputa por el control de todo el aparato.

Lo que la violencia hace emerger sin pudor son territorios en disputa, sí, todavía. 

Pero una disputa desigual, invisibilizada por los supuestos creadores de sentido social: medios y academia. 

La sociedad mexicana y en especial, las mujeres de Ciudad de Juárez, batallan desde hace décadas contra la máquina femicida ante el monumental silencio académico de la UNaM, la mayor unidad de producción de teoría social iberoamericana. Silencio que funciona como un enorme operativo de lavado epistémico de lo narco 

Los territorios argentinos que luchan hoy para que el narco-fascismo no termine de capturar el aparato del Estado y con él, la democracia, requieren toda la luz y compañía que muchos sectores políticos, culturales y sociales les siguen negando.

Epílogo

Los femicidios abren surcos y dejan al descubierto hilos de injusticias e impunidad que, como fibra poderosa sedimentada en el tiempo, amenazan a la vida en su totalidad y refuerzan modos desiguales, estructuralmente, de ser y estar en el mundo. 

Un femicidio es un cimbronazo, y ya son 300 las muertas por violencia patriarcal en este 2022. 

Acá estamos, entre ruinas, caminando con la tierra resquebrajada de muerte a nuestros pies. 

Las mujeres, travestis y trans nos vemos empujadas a pensar desde el dolor, para intentar regar nuestros territorios arrasados y dotarlos de horizontes de verdad y de justicia.  

Nuestras muertas nos duelen, pero también nos hablan. 

Sus cuerpos narran una historia personal y colectiva. 

En tiempos de análisis políticos, encuestas y especulaciones electorales, ¿no son las historias de estos 300 femicidios y transfemicidios las que debemos comprender para trazar una radiografía de época? 

Es urgente. Porque enfrente está la muerte.

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Las cosas que hay que hacer para trabajar – Capítulo 3

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La nueva serie documental de lavaca: el mundo de la autogestión en Argentina a través de ocho capítulos sobre experiencias recientes de diferentes cooperativas que lograron recuperar empresas vaciadas o quebradas por las patronales. Con dirección de Patricio Escobar, autor de La crisis causó 2 nuevas muertes. Ya disponibles los capítulos 1, 2 y 3.

Capítulo 3

Desde su eclosión en 2001, que sigue replicándose, las fábricas recuperadas tienen un marco jurídico precario. El proyecto de ley de Recuperación de Unidades Productivas es un mecanismo que los trabajadores presentaron por segunda vez en el Congreso, luego de que perdiera estado parlamentario en 2020. Las palabras de diputados y diputadas que expresan discursivamente la importancia de la ley. Una de ellas es Victoria Tolosa Paz, actual ministra de Desarrollo Social. Sin embargo, al día de la fecha, la ley no fue sancionada. Otro diputado, Leonardo Grosso, y la teoría de la “ceguera epistémica”.

Capítulo 2

Aceitera La Matanza fue la primera fábrica recuperada visitada por un presidente argentino durante su mandato. Alberto Fernández reconoció que siempre vio a las cooperativas como parte de la “economía informal” sin comprender que involucra otros modos de producción: “Ahora soy yo uno de los que tiene que convencer al resto de la Argentina de que la economía popular existe, y que hay que darle las herramientas para que siga creciendo”, dijo ante 2.000 trabajadoras y trabajadores. Sin embargo, durante la pandemia, la asistencia del Estado no fue la misma que para las empresas privadas. ¿Qué dice sobre esto? ¿Y qué le responden quienes trabajan?

Capítulo 1

Dos mil personas que integran empresas recuperadas de toda la Argentina se reúnen en un acto histórico en la Aceitera La Matanza. ¿Qué buscan? Impulsar el proyecto de Ley de Recuperación de Unidades Productivas que facilite que cooperativas de trabajo pongan en marcha empresas quebradas o vaciadas por las patronales. El movimiento lleva 20 años sin ley, pero ha recuperado no sólo trabajo sino también dignidad y vida, con 400 fábricas en el país que dan trabajo en total a más de 14 mil obreras y obreros. Su lema: Ocupar, resistir y producir

Las cosas que hay que hacer para trabajar Dirección: Patricio Escobar.
Producción integral de Cooperativa de Trabajo Lavaca: Claudia Acuña, Sergio Ciancaglini, Anabella Arrascaeta, Lina Etchesuri, Sebastian Smok, María del Carmen Varela, Franco Ciancagini, Lucas Pedulla.
Fotografía: Lina Etchesuri y Sebastian Smok. Cámara: Patricio Escobar, Guillermo Guevara, Sebastian Smok.
Música: Guido Donato y Tomás Lobov.
Edición: Damián Finvarb.

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LA ÚLTIMA MU. Crecer, crear, cooperar

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