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Ley de Medios: otro round, con final abierto

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Cuando el presidente de la Corte Suprema agradeció a todos el esfuerzo realizado y anunció que el tribunal comenzaba a deliberar, la sala de audiencias quedó inmersa en un clima teatral. Los defensores de la posición del Grupo Clarín tendían a mostrar gestos adustos y escapaban a las preguntas, mientras que del lado oficialista se recuperaba un muy cauto optimismo, siendo que 24 hora antes todos daban la batalla por perdida. En este núcleo se sintetizaba el momento con tres palabras. “Ahora o nunca”.

La audiencia del viernes. Foto: Télam

La audiencia del viernes. Foto: Télam


Clarín centró sus argumentos en que no es un monopolio, y que limitar su posición en el mercado implica afectar la libertad de expresión de un medio crítico. Los representantes oficiales sostuvieron lo contrario: toda desconcentración de grupos corporativos es la que garantiza la pluralidad de voces.
Clarín planteó que se perderán puestos de trabajo y aumentarán las tarifas al público. El gobierno respondió que al contrario: las tarifas ya son altas, bajarán en todo caso por la mayor competencia, y tener una empresa concentrada (con cable, tv, radios, etc) brinda menos puestos de trabajo que tener muchas empresas y medios en funcionamiento.
La sesión consistió en 17 preguntas efectuadas al grupo que defendía la argumentación del multimedio, y 36 a los representantes gubernamentales que defendieron la constitucionalidad de la Ley aprobada hace ya 4 años y sometida a eternas cautelares y demoras para evitar la adecuación del Grupo Clarín a esa norma a la que ya se han adecuado el resto de los medios audiovisuales.
Hubo datos demostrativos de la concentración de mercado actual, según informaron a la Corte los representantes oficales: hay 1117 licencias en manos de 709 licenciatarios. Clarín tiene 237. El segundo es el grupo Uno, con 49. El tercero tiene 18, 12 de ellas en sociedad con Clarín. Más de 600 tienen una sola licencia.
Un curioso argumento de los representantes del grupo fue el de considerar a Clarín el único medio crítico actualmente, y el único que además realiza periodismo de investigación, desvarío sobre el que la Corte no efectuó repregunta alguna.
Periodistas por la mitad
Al comenzar la audiencia había la mitad de periodistas de la jornada anterior. Desde el comienzo, se retiró el sillón destinado al juez Raúl Zaffaroni, enigmáticamente ausente por un viaje al exterior. El resto de los jueces habían ingresado al recinto a las 10:03, cuando Ricardo Lorenzetti dio comienzo a la audiencia. Hizo una serie de consideraciones sobre cómo se resolvió el mecanismo de los “amicus” y agregó: “Pareciera que la cuestión es sencilla: cada parte sostiene que la solución es muy simple y es decidir en su favor. Pero lo que la Corte tiene aquí es un caso. Los principios constitucionales están claros, las posiciones también, pero nosotros tenemos la necesidad de indagar cuestiones muy concretas”.
Clarín, pase al frente
Primero fue el turno de Clarín. Pasaron al frente diez personas. Al frente del micrófono se ubicó Damián Cassino, abogado del Grupo.
El secretario de la Corte fue leyendo cada pregunta, con la mirada atenta de Lorenzetti, quien fue el único de los jueces que repreguntó y manejó el micrófono.
La primera pregunta: “La ley 26.522 (Art 1) declara que busca desconcentrar la propiedad de los medios de comunicación y aumentar la pluralidad de voces en beneficio de derecho a la información del público. En el mismo sentido, la Constitución protege la competencia (arts 43 y 42). ¿Por qué la actora sostiene que se afecta la libertad de expresión?”
Cassino comienza a responder con argumentos como“Afecta la sustentabilidad”, o “hay que entender cómo están estructurados los servicios”.
Cuando comenzó a citar un caso concreto de Cablevisión, Lorenzetti lo frenó: “Sobre eso le vamos a preguntar luego. Concretamente sobre la pregunta, sobre la afectación directa”.
Cassino reformula y pasa. Lorenzetti pide la próxima pregunta. No es un buen comienzo para el multimedio.
Nueva pregunta “¿Cuál es su opinión respecto del derecho de los ciudadanos a recibir una información proveniente de una pluralidad de fuentes informativas que compitan entre sí?”
Quien respondió fue María Angélica Gelli, constitucionalista. Dijo que están de acuerdo en ese punto con la Ley “pero los medios arbitrados no favorecen la pluralidad”,  y agregó que “no se usa la totalidad del espectro, que es infinito y abiertos a todos”.
Preguntó la Corte si de mantenerse la conformación actual del Grupo Clarín en lo que respecta a la titularidad de licencias, se va a garantizar la pluralidad y diversidad de voces y opiniones. Respuesta obvia de Cassino: “Entendemos que hay mucha pluralidad”.
Internet & Cable
Los profesionales del Grupo Clarín sostuvieron que limitar a un medio en la escala (el tamaño y la diversidad de medios que posee) es atentar contra la libertad de expresión. Si se reduce la escala de la empresa no podría sostenerse, ni invertir. Y por lo tanto, al limitar su escala, no puede competir en el mercado.
Más tarde los representantes oficiales refutarían ese argumento planteando que ningún grupo es tan grande como Clarín, todos se han adecuado a la Ley, y nadie se ha fundido.
Clarín: al reducir los ingresos (por ejemplo la cantidad de abonados al cable) se pierde competitividad. El economista Carlos Winograd planteó que la adecuación le hará perder al grupo hasta 10.000 millones de pesos.
La Corte planteó si la escala (el tamaño) del grupo no es en sí una barrera para que entren al mercado nuevos participantes. Cassino: “Con la tecnología que existe hoy en día es imposible que haya barreras de entrada al mercado. Por ejemplo, esta audiencia se está transmitiendo a través de Internet para todo el mundo”. Lorenzetti lo frenó: la Ley no regula el servicio de Internet. “Son indivisibles” dijo Cassino.
Toda la audiencia surfeó esas confusiones: “monopolio” no es “posición dominante”. Al decirle “monopolio” a Clarín se facilita que niegue esa condición, porque obviamente hay otros medios, lo cual no quita su posición dominante e incluso monopólica en muchas localidades en las que el control de la transmisión de fútbol fue el puente para fundir canales de cable y comprarlos a bajo precio para monopolizar los canales de muchas ciudades, como lo recordaron los representantes oficiales.
Cassino, apoyado también por el abogado Alejandro Carrió, dijo que en el mercado de las telecomunicaciones Clarín es el competidor más pequeño en comparación con Telecom y Telefónica, donde aparece claramente una posición monopólica o duopólica (y este tema quedará pendiente para los que realmente consideren que las corporaciones atentan contra la democracia).
Ante otras preguntas, los representantes del Grupo dijeron que donde se deje de dar el servicio de cable tampoco se podrá brindar el de Internet porque “son dos servicios con la misma infraestructura”.
Estado, pase al frente
El sector oficial se vio representado por la abogada Graciana Peñafort, una de las autoras de la Ley y Daniel Larrache del AFSCA, como pivotes de un grupo de unas 10 personas. Larrache informó que hay 14 adecuaciones y 15 tramitándose. “Es decir, 29 licenciatarios adecuados o en trámite de hacerlo”. Incluso se presentó el socio propietario del 40% de Cablevisión. Sólo Clarín rechaza la norma.
Los funcionarios desmintieron la hipotética pérdida de fuentes de trabajo. Peñafort recordó que la Ley se hizo en base a audiencias colectivas de las que participaron los sindicatos del sector: otro de sus objetivos es justamente ampliar la cantidad de fuentes de trabajo a partir de la desconcentración mediática. Larrache explicó que se han dado 600 licencias de radio, 200 a organizaciones sin fines de lucro, entre 15 y 18 a pueblos originarios.
Pregunta rara de la Corte: “Si se deseaba reducir la cantidad de licencias del Grupo Clarín, concedidas por el decreto 527/05 ¿por qué no se utilizó la misma vía, es decir un decreto dejándolas sin efecto?” Peñaforte advirtió que la pregunta era inorrecta porque el gobierno “no desea” reducir la cantidad de licencias sino evitar la concentración del mercado. Lorenzetti dijo que la pregunta se refería a los efectos de la norma. La respuesta, en todo caso, no quedó saldada, pero siempre resulta mejor que haya una ley y no un decreto para resolver estos temas.
Los números de la concentración, según Larrache; hay 1117 licencias en manos de 709 licenciatarios. Clarín tiene 237. El segundo es el grupo Uno, con 49. El tercero tiene 18, 12 de ellas en sociedad con Clarín. Más de 600 tienen una sola licencia.
Cuando Lorenzetti anunció la última pregunta la doctora Peñafort replicó en tono risueño: “Menos mal”.
Luego pasó el perito Néstor Alessandría que un tanto anémicamente defendió todas las posiciones del grupo, anunciando que se reducirá la oferta de Internet, se impedirá la inversión empresaria y señalando que poner un límite en el 35% del mercado es arbitrario.
Los representantes de Clarín luego esbozaron que lo que hay es un hostigamiento hacia lo que curiosamente llaman el “único” (?) medio crítico que existe actualmente, que gracias a su nivel económico es también el único (!) que realiza lo que la señora Gelly llama “periodismo de investigación”. Nadie le repreguntó a esta dama a qué llama ella periodismo de investigación, aunque tal vez sea mejor no saberlo.
Fue más eficiente el planteo de Cassini: “Si ya dieron 600 licencias, ¿para qué quieren las del Grupo Clarín? ¿Para silenciar una voz crítica?” Sugirieron además que la sustentabilidad económica de las empresas es indispensable para su independencia, y cuestionaron el manejo arbitrario de la pauta oficial.
La respuesta del gobierno quedó en manos de Martín Sabbatella, titular del AFSCA, que reiteró la necesidad de luchar contra situaciones monopólicas en defensa de la pluralidad de voces. Recordó que Clarín inició y logró un proceso de concentración económica durante la dictadura militar (mediante la turbia entrega de Papel Prensa).
Recordó también que el grupo, gracias a esa concentración, pudo crecer mientras el país se hundía en la segunda mitad de los 90. Dijo que es mentira que la Ley puede fundir a las empresas. “El socio de Clarín en Cablevisión se presentó voluntariamente y dijo que quería adecuarse a la norma, y no es porque tenga vocación suicida o de fudirse”.
“Nunca menos libertad de expresión, y nunca más concentración mediática.  Está en sus manos, ministros de la Corte, que la democracia pueda seguir avanzando, o que retrocedamos”.
 
Todas las preguntas de la Corte Suprema a las partes, aquí: http://www.cij.gov.ar/adj/pdfs/ADJ-0.839659001377796628.pdf
La presentación que preparó el AFSCA y sólo pudo emitir parcialmente, aquí: http://www.afsca.gob.ar/wp-content/uploads/2013/08/29-08-2013_audiencia-publica_WEB.pdf

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Bloqueo a Vaca Muerta de comunidades mapuche y pobladores de Añelo que buscan dos cosas: derechos y agua

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Esta semana hubo cinco cortes a los principales yacimientos de fracking, organizados por el pueblo mapuche de Vaca Muerta en reclamo de relevamientos territoriales ya acordados que permitirían además el reconocimiento de 14 comunidades. El bloqueo se agregó a los cortes de ruta de pobladores de Añelo (localidad central en el área de explotación) que reclamaban por la ausencia de agua. Jorge Nawel, de la Confederación Mapuche de Neuquén dice a lavaca: “Estamos contra la fractura hidráulica porque sabemos lo que genera, como lo saben los países la prohibieron como Francia, Inglaterra, varios estados de los Estados Unidos, que sin embargo mandan sus empresas para que hagan el fracking aquí”. Los efectos reales de la “inversión extranjera” y el negocio de las empresas que solo son rentables si tienen subsidios estatales.

Esta semana las comunidades mapuche de la zona de Vaca Muerta bloquearon los cinco principales yacimientos de fractura hidráulica. A ese conflicto se sumaron los cortes de rutas protagonizados por vecinas y vecinos de la ciudad de Añelo, desesperados por la ausencia de agua, entre otras cosas.

Jorge Nawel, logko (autoridad política) de la Confederación Mapuche de Neuquén planteó a lavaca el panorma y derribó los mitos publicitarios sobre los supuestos beneficios del fracking.

“La situación empieza por tres grandes temas pendientes. Por un lado la obligación de Consulta Libre e Informada a los pueblos originarios, tema refrendado por Argentina en los tratados internacionales. Estamos todavía discutiendo un articulado que es el que le dará forma al proceso de consulta sobre cualquier actividad que se haga en territorio indígena”.  

“Por otra parte la necesidad de las personerías jurídicas de las comunidades, que no tienen ese reconocimiento por parte del Estado. Es una deuda que el Estado no termina de resolver”.

“Y el tercer tema es el relevamiento de las tierras, porque si no tenemos delimitados los territorios, ¿a quién van a reconocer?”.

¿Un pueblo originario es un club?

Sostiene Nawel que el tema de la consulta está cerca de poder resolverse tras cuatro meses de negociaciones para el establecimiento de un protocolo de 15 puntos ante cada proyecto que pretenda realizarse en territorio indígena. “Posiblemente la semana próxima podamos dar buenas noticias”.

Le da especial importancia, también, a la cuestión del registro “porque saca a las comunidades de la órbita de una simple asociación y les da el estatus que corresponde, con una personería que es carácter público, no privado. Eso significa que una comunidad no tiene control del Estado ni es tratada como como si fuese un club o una asociación, sino que se trata de un pueblo. No es parte de la órbita privada sino de la pública”.

¿Y por qué el bloqueo? “Principalmente por el tercer tema, el del relevamiento territorial. Se formó un equipo técnico, jurídico y catastral hace más de un año para concretarlo, pero notamos animosidad oficial contra las comunidades de Vaca Muerta porque somos las que protestamos y nos movilizamos. Ese mismo equipo existe como respuesta a una de las acciones directas que hicimos en 2021. El equipo lo forman Nación y Provincia, pero nunca funcionó como corresponde y en más de un año no hubo relevamiento de una sola de nuestras 14 comunidades en esa zona. Por eso decidimos bloquear Vaca Muerta”.

Llamar la atención vs embarrar la cancha   

El bloqueo se concretó el lunes pasado, 28 de noviembre. “Cerramos el acceso a los cinco yacimientos más importantes en los que trabajan empresas como Techint, YPF, Shell, Tecpetrol y Pluspetrol, entre otras. Eso significa ingresar a las 5 de la mañana antes del turno que empieza a las 6. Se arman colas de 200 camiones y máquinas de la industria, o más, que no dejamos que circulen”.

El fondo del tema, según Nawel: “Es la única manera de llamar la atención de un gobierno al que la protesta social no le va ni le viene, y te lo digo porque hay protestas y reclamos todos los días, y una total indiferencia oficial frene a eso”.

“Lo único que hace que te presten atención es cuando le tocas la matriz económica que es la explotación de Vaca Muerta. Somos conscientes de eso y cada vez que queremos ponernos en una posición firme tenemos que bloquear la producción”.

La acción mapuche logró llamar la atención: “Convocaron a un diálogo y se planteó crear un equipo especial que resuelva la cuestión del relevamiento territorial. Hay que ver si el gobierno cumple su palabra. Lo que estamos reclamando es que se cumplan las leyes”.

Funcionarios y medios, sin embargo, plantean que el trasfondo del reclamo mapuche es la búsqueda de un beneficio económico. Responde Jorge Nawel: “Es el argumento cuando el Estado quiere confundir las cosas. Plantea un trasfondo económico, peero vos ves las demandas que hacemos, ninguna tiene carácter económico sino de derechos. Carácter político y de respeto a los derechos”.

“La Consulta es algo que está normado desde 2001. Que se reconozca a las comunidades es algo que está escrito en las constituciones de Nación y Provincia. El relevamiento de tierras está ordenado por la Ley 21.160. O sea que estamos reiterando viejas demandas que jamás se responden. Una forma de ensuciar y embarrar la cancha es darle a lo que reclamamos un carácter económico, cuando en realidad les estamos diciendo que cumplan las leyes: cumplan con lo que ustedes mismos aprobaron”.

Progresismo y felicidad extractiva

El debate sobre el modelo extractivo del cual el fracking es apenas una muestra, incluye de modo cada vez más entusiasta a sectores que se autoperciben progresistas que pregonan avanzar con un tipo de modelo que lleva más de 500 años no excesivamente exitosos en el continente.

Reconoce Jorge: “Vaca Muerta es sin duda una salvación económica, pero ¿de quién? Para nosotros, para la sociedad, es una fuente de saqueo de recursos naturales, de empobrecimiento social y de contaminación de todo tipo”.

“Sin embargo es cierto que es una salvación económica para las corporaciones, que pueden derivar a sus casas centrales millonadas de dólares de manera permanente. Argentina lo único que hace es darles prebendas, subsidios, beneficios impositivos, para que el señor inversor no se vaya y siga explotando la meseta y la tierra mapuche”.

Nawel advierte: “Todo ese contagio de felicidad y bienaventuranza para nosotros es una absoluta farsa. El fracking solo les da ganancias a las empresas. La propia industria del fracking ha planteado en distintos informes que la actividad no es rentable sin la cantidad de subsidios y prebendas que le da el Estado. Lo más grave para nosotros –y debería serlo para la sociedad– todo se hace a costa del ambiente, la salud y la seguridad de la población”.

La descripción: “El fracking genera un enorme impacto ambiental por las toneladas de basura que genera, por el tema de los sismos (debidos a las excavaciones), por los millones de litros de agua que consume en una zona árida como la nuestra. La industria no se ocupa no responde porque si tuviera que hacerse cargo de los costos ambientales y sociales, ya no sería rentable. Por eso es una farsa”.

Lo prohibido y la deuda

El rechazo mapuche, según Nawel: “Rechazamos el fracking desde el primer día porque sabemos las consecuencias que genera. Es el mismo conocimiento que tienen los países del primer mundo que por eso lo prohíben, como Francia, Gran Bretaña, varios estados de los Estados Unidos, y Colombia también se sumó a una moratoria”. La moratoria es el modo de dejar en suspenso cualquier aprobación a la actividad, un modo elegante de prohibición. De todos modos en Europa se sumaron Alemania, Bulgaria, Italia, Suiza y República Checa.  

“El fracking solo es rentable si los Estados subordinados, empobrecidos, entregados, renunciando a su soberanía permiten que esas multinacionales ingresen”.

¿Y cómo ven a los funcionarios? “Lo que pasa es que esto es un cúmulo de errores de políticos cortoplacistas que al subir solo pensaron en terminar su mandato y ganar reelecciones en lo posible, y para eso capturaron el recurso era el petróleo y lo dilapidaron. Neuquén es una provincia petrodependiente desde hace décadas”.  

“Los políticos piensan siempre en el corto plazo, nunca pensar en la sociedad, en el futuro, en las nuevas generaciones. Pero es increíbe: ya en 1956 la constitución de Neuquén decía que toda la renta petrolera que se obtuviera no debía ser utilizada en gastos comunes, que es lo que hoy se hace para sostener el aparato del Estado y el empleo púbico. La renta debía reinvertirse en la búsqueda de energías alternativas para romper la dependencia del petróleo, que ya en ese momento se veía que era una industria con impacto ambiental y no sustentable. Esa inversión de renta en la búsqueda de energías alternativas nunca se hizo. Nunca”.

Jorge relaciona el tema con el de la deuda externa: “El país, por sus políticos, queda preso de una deuda escandalosa que exige acumular dólares para pagarla. Pero la última beneficiada de todo esto va a ser la población Y los primeros benericiados van a ser los dueños de la deuda externa y las empresas que obtienen ganancias vergonzosas que giran al exterior, a sus casas centrales. Las migajas quedan para la población y sobre todo queda un impacto que va a convertir a a estas tierras en un cementerio si todo sigue así”.

¿Agua o petróleo?

La tremenda propaganda alrededor de Vaca Muerta, sus inversiones, sus ganancias, podría inducir a pensar que la provincia, o al menos las localidades cercanas a la explotación, están pasando épocas de bonanza (sea lo que sea que tal cosa signifique).

Nawel informa: “Cuando hicimos el bloqueo se sumó el propio pueblo de Añelo que hace días no tiene una gota de agua en la canilla. Es más. Nosotros levanamos el bloqueo cuando empezamos a obtener respuesta, pero ellos siguieron hasta el miércoles. Y solo reclamaban agua, ¿te das cuenta? Están planteando obras que permiten llevar agua desde el río Neuquén para las empresas, y el pueblo supuestamente beneficiado no tiene ni agua. Esa es la realidad. Neuquén es una provincia endeudada con la banca internacional y el Estado nacional, y nos venden todos los días titulares hablando de un ritmo acelerado de Vaca Muerta o de aumento de la producción”.

La contracara: “Lo que se ve en la práctica es que lo que aumentó es la pobreza, el endeudamiento de la provincia, y Añelo, que era la Dubai argentina, no tiene ni agua”.

La situación: “Hacen tanta propaganda y hay una crisis tan grande, que todos los los días llegan familias a Neuquén con la expectativa de conseguir un trabajo digno en esta supuesta gran gallina de los huevos de oro. Como no lo logran, porque la industria es muy selectiva, se van incrementando las periferias urbanas con familias empobrecidas. Si esa es la salvación del país, estamos en problemas”.

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16va Marcha de la Gorra: “Ocupar las calles: Libres o nada”

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Ayer, martes 29 de noviembre se llevó a cabo la 16va edición de la Marcha de la Gorra en la ciudad de Córdoba. La reconocida marcha contra el gatillo fácil y la violencia institucional sucede a dos semanas de conocerse públicamente -en el marco del juicio por la muerte del adolescente Blas Correa- los mensajes intercambiados por Whatsapp entre el ex Ministro de Seguridad Alfonso Mosquera y el ex comisario Gonzalo Cumplido en el que manifestaban su preocupación por las repercusiones que provocaría la muerte de “un rubito” “de clase media”. Conversación mantenida a primera mañana de los 6 disparos de la noche de agosto del 2020.

Por Bernardina Rosini

desde Córdoba

Tal vez resuene fuerte fuera de la provincia, pero en la calle no causó ningún escozor.

Soledad Aciar, la madre de Blas, ausente en la marcha, hace unos días refirió sobre los policías locales «disparan sus armas como si estuvieran jugando en la Play”.

No se mencionó el indignante intercambio entre los ex funcionarios en la tarde de ayer, pero sí se mencionaron las 9 horas que estuvo encadenada la mamá de Rodrigo Sánchez en las rejas de Tribunales. Ella, Gabriela Sanso, tomó el micrófono y fue dura contra la justicia y los uniformados azules. “7 años sin que avance la causa, sin respuestas, sin que me digan nada», dijo. «No puede ser que nos tengamos que encadenar para ser escuchados. Mataron a mi hijo por la espalda, 17 años. Ellos sueltos mientras que a mi hijo no le dieron oportunidad. No dan oportunidad de vivir, fusilan”. Sólo tras haberse encadenado, la Fiscalía General la recibió y se comprometió con la resolución de la causa.

Se suceden madres en el micrófono que relatan y enumeran, una vez más, todas las atrocidades del mecanismo de impunidad: disparos por la espalda, fiscalías inertes, investigaciones nunca iniciadas, encubrimientos, argumentos y declaraciones tan burdas, tan contradictorias, tan absurdas. Dolor y nudos de bronca.

Unxs pibes con la cabeza cubierta escalan por el frente de un edificio y hacen la primera intervención de la marcha: pincel en mano y pegamento, dejan el rostro y nombres de algunos los muertos Franco Amaya, Sergio Cuello, Juan Alarcón, Pichón Escobay. Podrían cubrir todo el frente. Sólo en los últimos dos años se contabilizan 10 casos fatales en manos de la Policía de Córdoba. Con esta preocupación la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Córdoba (APDH Córdoba) solicitó al Gobernador Juan Schiaretti una audiencia con “carácter de urgente” en el mes de agosto. Entrando en diciembre, con el expediente dormido, el gobernador no se da por notificado.

Difícil eludir la sucesión de los casos, y la crisis de la institución policial. En los primeros seis meses de 2022 un total de 218 uniformados fueron apartados de sus trabajos debido a que quedaron bajo la lupa del Tribunal de Control Disciplinario de las Fuerzas de Seguridad de Córdoba. El 88,2% corresponden específicamente a efectivos de la Policía de la Provincia, y según el Tribunal en la gran mayoría de los casos, los desplazamientos de personal fueron por sumarios motivados por denuncias de violencia de género, seguidos de mal desempeño y violencia institucional.

Casos que han logrado relevancia y aparecer en las agendas de los medios nacionales: Blas Correa es uno, el femicidio de Cecilia Basaldúa es otro. Este último  tiene policías señalados por la familia, confesiones logradas mediante aprietes, encubrimiento y un juicio forzado contra un joven inocente. Pero aún sin dar con el autor material.

Difícil desentenderse también de la fuerza y el sentido que moviliza la Marcha de la Gorra en Córdoba. No atender a los fuegos, la danza y la ceremonia a metros de la Legislatura, rodeada de vallas y un puñado de policías. Las familias prenden velas dispuestas en la calle formando una figura hecha de bidones de agua, flores de santa rita, naranjas y manzanas. 

 “Libertad para ocupar las calles y habitar y circular por nuestros montes”. Se escucha en los parlantes, ampliando los límites del transitar urbano pero también señalando que las políticas violentas, extractivistas, excluyentes son comunes. Acá y un poco más allá. Que son múltiples los derechos arrebatados. “Que no nos quiten crecer en las calles, ni las noches en la plaza ni las tardes de río”. El final de la marcha es un abrazo, la canción que la cantante Sara Hebe escribió inspirada en la marcha, sintetiza el deseo:

“No encuentro mejor manera de aguantar este embretao

Que imaginarme suelto, vivo y enamorao”.

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#NiUnaMás

Hoy es el día para luchar contra las violencias, y mañana también

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Este informe del Observatorio Lucía Pérez dimensiona la cartografía de la violencia patriarcal, con la esperanza de encontrar una forma de prevenirla y erradicarla. Los pies en la calle contra las violencias. Y lo que hay que cuidar: la vida. 

300 femicidios y travesticidios: uno cada 26 horas
339 marchas para exigir justicia: una por día
211 infancias huérfanas: no hay forma de dimensionar lo que esto significa.
En los padrones públicos y de libre acceso de nuestro Observatorio podés encontrar toda la información que hay detrás de estos números. Está actualizada diariamente e incluye hasta la fuente de donde surgen los datos, que permanentemente chequeamos y renovamos caso por caso. En total, el padrón de femicidios y travesticidios ya suma 4.177.
También llevamos padrones públicos de tentativas de femicidios, desaparecidas, violaciones, denuncias registradas por provincia y funcionarios denunciados por violencia de género.
Día a día y desde hace más de una década bordamos así esta cartografía de la violencia patriarcal con la esperanza de encontrar una forma de prevenirla y erradicarla.
Periódicamente junto a las familias víctimas de estas violencia analizamos lo que esta información representa hasta descubrir algunas claves. Por ejemplo, aprendimos a diferenciar los femicidios y travesticidios generados por las violencias parentales de aquellos generados por la impunidad territorial, donde el dominio narco genera las condiciones necesarias para arrasar con la vida de mujeres y trans. El ejemplo más cruel es Rosario, que este año ya suma 50 mujeres asesinadas por una violencia territorial que cuenta con la necesaria complicidad de policías y servicios penitenciarios, es decir el Estado. Obtener justicia en estas condiciones es algo negado de por sí y precisamente por ello, lo que alienta la continuidad de estos crímenes.
La forma de construir justicia, entonces, sigue siendo la que nos legaron Madres y Abuelas: con los pies en la calle. Los datos son claros: este año hubo una marcha por día gritando “Ni una más”.
Lo que representan estas movilizaciones que sacuden las periferias en todo el país no es fácil percibirlo desde la centralidad porteña, capturada por la parálisis y el vaciamiento que los kioscos de género ejercen sobre el movimiento para contenerlo y disciplinarlo. Advertimos entonces: cuidado con “los cuidados”. Con esa etiqueta se vienen ahora los recursos, los discursos y los programas que pretenden catalizar las energías sociales hacia tareas de reparación de lo que precisamente el sistema enferma y rompe.
Nosotras no vamos a cuidar este sistema.
Nosotras no vamos a sanarlo, ni a alimentarlo ni a criarlo.
Nosotras vamos a sacudirlo hasta que caiga.
Y lo vamos a hacer bailando, gritando y conspirando el 25 de noviembre, día internacional de lucha contra la violencia patriarcal, y también al día siguiente, y al siguiente, y más.
Nosotras nos organizamos y reunimos para cuidar lo que hoy está en riesgo: la vida.

Los padrones públicos y de libre acceso se pueden ver en www.observatorioluciaperez.org

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