Nota
Libertad para Belén: la semana del empuje
Belén lleva dos años y dos meses presa – de una condena de ocho años- por haber tenido un aborto espontáneo. La Corte Suprema Tucumana tiene 90 días para fallar sobre el caso. “No puede estar un día más privada de su libertad”, resume su abogada. Para lograrlo, en esta semana se presentaron a la causa diez organizaciones de derechos humanos, el representante del Ministerio Público Fiscal, una presentación de Amnisty Internacional con más de 120 mil firmas y hasta actrices como Dolores Fonzi mostraron su cartel: «Libertad para Belén».
Belén lleva dos años y dos meses encarcelada –de una condena de ocho– por haber tenido un aborto espontáneo. La mera exposición de la oración revela la injusticia y también el entramado de violencia institucional hacia las mujeres que expone el caso. Por eso es necesario revelar cada eslabón de la lucha contra la penalización del aborto, denunciada hasta por el Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), que dictaminó y recomendó al Estado argentino la inmediata liberación.
En esa trama de acciones para lograr la libertad de Belén, este jueves 28 de julio, diez organizaciones de derechos humanos se presentaron como amicus curiae ante la Corte Suprema de Justicia de Tucumán. Exigieron, así, ser tomadas como parte en la causa y reclamaron la liberación de la joven.
Fueron:
- Abogados y abogadas del NOA en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES).
- Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH).
- Asociación de Abogados de Buenos Aires (AABA).
- Asociación de Derecho Penal (APP).
- Amnistía Internacional (AI).
- Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
- Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM).
- Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA).
- Innocence Project Argentina (IP Argentina).
- La diputada nacional del Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT) Soledad Sosa, en representación de referentes políticos, sindicales y de derechos humanos.
Soledad Deza es la abogada de Belén y quien cuenta a lavaca el detalle de la presentación: “Lo que hace es dar fundamentos para acompañar el pedido de libertad, de la absolución y exponer la arbitrariedad con la que se ha evaluado el cuadro probatorio”.
Del otro lado del teléfono, su voz suena potente como un tren veloz. Empuja las vocales como una locomotora. La tonada tucumana echa humo. Y avanza: “La Corte provincial tiene 90 días hábiles para fallar. Esperamos que resuelva antes, porque Belén lleva 26 meses presa. No puede estar un día más privada de su libertad”.
Una buena: el dictamen fiscal
Una de las razones para considera un pronto fallo del máximo tribunal provincial es el reciente dictamen del Ministro Fiscal de Tucumán, Edmundo Jesús Jiménez, quien consideró que el fallo que condenó a Belén a ocho años por “homicidio agravado por el vínculo” es “arbitrario y por ende, nulo”. Recomienda, así a la Corte Suprema local que otorgue el recurso de casación a la defensa.
Si bien su dictamen no es vinculante, para ignorarlo la Corte deberá encontrar fundamentos válidos, ya que a lo largo de 16 fojas analiza cada una de las –digámosle de alguna manera– pruebas.
El representante del Ministerio Público Fiscal dictaminó que:
- La causa es nula porque desde la primera foja del expediente hay pruebas de que la confidencialidad médico-paciente fue violada: ninguno de los profesionales que la atendieron respetó el juramento hipocrático que debían resguardar.
- La condena no tiene fundamentos.
- No se sabe en qué baño apareció el feto con el que la quieren vincular.
- Esa vinculación con el feto no está probada porque no hubo ningún un examen de ADN.
- No hay pruebas acerca de si hubo uno más fetos: hay edades gestacionales que varían en las declaraciones.
- La autopsia, que podría ser un elemento probatorio, tiene tantas contradicciones que no se sabe cuántos fetos hubo.
- No hay pruebas de cómo apreció el/los feto/s.
- No se resguardó la cadena de custodia de elementos.
- El Tribunal que la condenó consideró que la declaración de Belén era autoincriminatoria cuando no lo es.
- Cortaron y la parcializaron su declaración.
Con semejante contundencia, el margen de la Corte es prácticamente nulo, si, como debe, quiere ajustarse a derecho.
1230 mil Belén
Además de los amicus que se presentaron ante la Corte y el dictamen del fiscal, en los últimos días hubo otros hechos de impacto. Tucumán se mueve al ritmo del caso. El martes 26, Amnistía Internacional presentó 120 mil firmas para reclamar que se “anule el fallo que sentenció a ocho años de prisión a Belén y se disponga su libertad”.
La organización entregó las firmas y el petitorio al gobierno provincial, representado por la ministra de Salud, Rossana Chahla, la secretaria de Gobierno, Carolina Vargas Aignasse, y la secretaria de Derechos Humanos, Erica Brunoto, quienes mantuvieron una reunión con la directora ejecutiva de Amnistía Internacional sección Argentina, Mariela Belsky.
Dice la abogada de Belén: “Amnistía hizo lo que llaman ‘una acción urgente’, que se da cuando un hecho tiene relevancia social, en términos de violación de derechos tan significativa, como es el caso de Belén. Entonces, hacen un llamado mundial a pedir justicia, que en este caso sería la libertad”.
El documento con las firmas exige que “Ni ella (por Belén) ni ninguna otra mujer o niña sea sometida a un proceso criminal por haber sufrido un aborto espontáneo o cualquier otra complicación obstétrica”.
Las 120 mil firmas y el estado de movilización de buena parte de la sociedad tucumana hicieron salir al gobernador, Juan Manzur, del cono del silencio: por primera vez habló del caso.
Ni los reclamos previos, ni el dictamen de la ONU, ni el reclamo de organizaciones: nada había hecho moverlo del cómodo lugar que es ignorar lo que es vox populi: el grio de Libertad para Belén.
Sin embargo, sus declaraciones carecieron de la contundencia que ameritaban: declaró que era preciso “respetar a la Justicia y las decisiones del Poder Judicial”.
El premio de Dolores Fonzi
Otra demostración del apoyo a Belén la orginó la actriz Dolores Fonzi, en el marco de la entrega de los Premios Platino a lo mejor del cine iberoamericano, que tuvo lugar el domingo 24 de julio en Punta del Este.
Al recibir el premio como mejor actriz por su papel en la película La Patota –en donde interpreta a una mujer víctima de la violencia machista– mostró un cartel que decía “Libertad para Belén”. Fonzi dedicó el galardón «a las mujeres en condiciones de recursos bajos, discriminadas, violentadas, a las mujeres que no tienen acceso a poder decirlo ante una cámara». La abogada Deza dice sobre este mensaje: “Dolores es una grosa total. Estamos infinitamente agradecidas por lo que hizo, que es una manera de visibilizar esta injusticia”.
Por último, antes de que su voz deje de resonar en el teléfono, Deza responde lo que, en definitiva, más importa: cómo está Belén. “Estuve ayer con ella, estuve anteayer y vamos a estar mañana. La estamos acompañando mucho. Ella está muy esperanzada. La última palabra la tiene la Corte. Y esperemos que sea una palabra de Justicia y sobre todo, urgente”.
Nota
Cecilia Basaldúa: la sangre de un sospechoso
Mario Mainardi (en la foto tomada hoy), uno de los principales sospechosos por el femicidio de Cecilia Basaldúa cometido en Capilla del Monte, Córdoba, hace poco más de 5 años, finalmente fue citado por la fiscalía de Cruz del Eje para realizarle este martes una extracción de sangre. La abogada de la familia Basaldúa, Daniela Pavón, se enteró apenas un día antes de esta citación a Mainardi. El sospechoso (actualmente vive en Santa Fe) había sido encargado de alojar a Cecilia en Capilla, y fue la última persona que la vio con vida, el 5 de abril de 2020. Sobre su presencia hoy en Cruz del Eje, contó la abogada: “Sacó fotos a todo el edificio, selfis con tribunales de fondo y salió custodiado con personal de la policía de Córdoba. Se subió a un móvil y se fue”.
Las irregularidades y desinformación o manipulación en la causa han sido frecuentes en perjuicio de la familia y sus defensores (además de Pavón, el abogado Gerardo Batistón es querellante en nombre de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación). También ha significado un ocultamiento a la prensa. Audiencias para las que los testigos no eran notificados, falsos argumentos policiales para explicar su propia inoperancia, demoras incomprensibles en la causa, todos temas por los que hay iniciada una denuncia de la Dirección Nacional de Protección de Grupos en Situación de Vulnerabilidad de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, en la Dirección de Investigaciones de las Fuerzas de Seguridad. Además se solicitó a la Fiscalía de Cruz del Eje que la policía de Capilla del Monte, ya no sea la que realiza las notificaciones.
Queda pendiente ahora la información que se brinde a la sociedad sobre este trámite, que permitió ver a un sospechoso clave que nunca dio la cara. La causa ha sido siempre un laberinto sacudido en todo caso por numerosas movilizaciones, desde Buenos hasta Córdoba, para exigir la verdad. Aquí publicamos la crónica de lo ocurrido hace menos de un mes, al cumplirse 5 años del hallazgo del cuerpo de Cecilia Basaldúa.
Fotos y crónica de María Eugenia Marengo para cdmnoticias.com.ar
25 de abril. Cruz del Eje. El GPS calcula unos 2 kilómetros. La entrada a la ciudad está envuelta de un aire viscoso. Una avenida se extiende en silencio y después de atravesarla, la llegada a los Tribunales se convierte en un ritual: una reminiscencia de lo que fue, una promesa de lo que debe ser. El pedido por Verdad y Justicia, es una demanda que crece. Cada letra se ubica en el mismo lugar que ocuparon tres años atrás. Las escaleras de la justicia cruzdelejeña son de un cemento gastado. Raspan, duelen.

¿Qué pasó en Capilla del Monte? El papá y la mamá de Cecilia, Daniel Basaldúa y Susana Reyes, están cargados de bolsas, llenas de carteles con el rostro de su hija, multiplicado. Son como una red que se estira a lo largo de esos 868 kilómetros que conectan a Buenos Aires con el noroeste de Córdoba. El camino recurrente que transitan para llegar a la verdad..
Sin previo aviso, adentro del edificio de Tribunales Daniel y Susana se anuncian. Quieren ver al todavía fiscal Nelson Lingua, quien aún está a cargo de la investigación de la causa, antes de que asuma como nueva fiscal, Sabrina Ardiles. Afuera todavía se respira la niebla. La espera alerta a los policías. Quieren saber si van a venir más personas.
– Lo hacemos para cuidarlos –dice la mujer de uniforme.
Piden datos, intentan tomar nota de lo que es una rutina inventada.
–La policía a nosotros no nos cuida –reacciona Susana y en un intercambio sin sentido, se alejan.
Silvia Rivero es la prosecretaria de la fiscalía, se acerca afuera y los llama. El fiscal se hizo un lugar en la agenda del día viernes. Adentro, el reflejo del piso de tribunales es como un espejo que se extiende, entre mocasines, tacos, alpargatas y zapatillas.
La preocupación de la familia es evidente. El recibimiento del fiscal es cordial. Se explica ante los recientes cambios que pronostican para el mes de mayo a Sabrina Ardiles, como la persona que estará sentada en el mismo sillón inmenso de cuerina, desde donde ahora, les habla Lingua. La dra. Rivero, también explica, y confirma que nunca se dejó de investigar. La necesidad de la confianza es una tregua durante esa hora de reunión, los tecnicismos se suspenden y las palabras se abren en una cronología de datos, guardados en la memoria indeleble de Daniel Basaldúa.

La medida del tiempo de la causa, son las fojas de expedientes que se acumulan. La inspección judicial realizada en el mes de agosto del año 2024, por los posibles lugares donde Cecilia pudo haber estado en Capilla del Monte antes de su muerte, dejó en evidencia la dudosa hipótesis de la anterior fiscal de Instrucción de Cosquín, Paula Kelm, quien había asegurado que Cecilia había llegado por sus propios medios al lugar donde apareció sin vida. Mientras que en el transcurso de estos años, cada vez son más los policías que estuvieron en la búsqueda e investigación, presos por violencia de género:
Adrián Lúquez, ex sub comisario, detenido por amenazas con armas de fuego a su pareja. Hoy en libertad, se fue a vivir a San Luis. Ariel Zárate, ex sub comisario de la Brigada de Investigaciones de la Departamental Punilla Norte –preso por violencia de género. Diego Concha, ex director de Defensa Civil, encargado de la búsqueda –condenado a prisión perpetua por el crimen de Luana Ludueña y por la causa de violencia de género hacia su ex mujer, y Diego Bracamonte, ex comisario departamental, a cargo del operativo de la búsqueda –preso por violencia de género.
El tiempo de la justicia es una curva enredada, en apariencia, inofensiva. El tiempo de la justicia es el de las burocracias que definen su forma de proceder. El tiempo, es de una lentitud que lastima. Las letras se vuelven a guardar.
Son las cuatro de la tarde y el sol avanza en la siesta de Capilla del Monte. En la plaza San Martín, alrededor del Jardín de la Memoria, se arman los gacebos, se pone un aguayo, se llena de flores. Rojas, amarillas, lilas, celestes, el monte aún está florecido. Contrayerba, lavanda, romero, palo amarillo, incayuyo, ruda, los sahúmos se arman. Una compañera comienza a preparar el fuego.
Más lejos, sobre la calle Pueyrredón, en la puerta de la Secretaría de Turismo, la concentración crece. Llegan de todas las direcciones. Con tambores y repiques, con banderas y ofrendas. Una combi estaciona, descienden vecinos y vecinas que subieron en Córdoba y en distintas partes del Valle de Punilla.

La batucada suena, es un comienzo en cuenta regresiva. La marcha avanza a contramano. Hay una indignación que toma el ritmo de los tambores, trepa en el repique y todo se hace canción. La calle techada de Capilla del Monte es un anfiteatro de barricadas. Los sonidos viajan a través de la mejor acústica para el reclamo: ¡Vecino, vecina, no sea indiferente nos matan a Cecilia en la cara de la gente. Cecilia presente!

“Este es un día especial y este lugar es especial porque tiene mucho que ver con lo que le pasó a Cecilia”, comienza Daniel en la puerta de la comisaría de Capilla del Monte, “hay muchos policías involucrados en el caso. Ya lo hemos denunciado muchas veces, pero parece que no alcanza”, dice mirando a los uniformados que permanecen parados como granaderos.

Daniel les recuerda que durante el año pasado, la policía de Capilla debió haber realizado notificaciones a tres personas para declarar en los Tribunales de Cruz del Eje, pero no lo hicieron. Las testimoniales pudieron efectivizarse, porque intervinieron los abogados de la querella, Daniela Pavón y Gerardo Battistón. En ese mismo reclamo, la abogada Pavón se acerca y también hace pública la falta de atención institucional que hay para las víctimas de violencia de género en la localidad.

La familia de Ezequiel Castro, asesinado por la policía de Córdoba, se adelante y los abraza. Alguien grita que ahí mismo, en la comisaría, apareció ahorcado Jorgito Reyna, hace 12 años, atado con la manga de su campera a la reja de una ventana, pocos centímetros más alta que él. Que su causa, también sigue impune y que los golpes que tenía no fueron suficientes para demostrar que lo habían torturado. Que a pesar de no bajar los brazos, las familias sienten que el duelo es un proceso tan profundo, como inacabado.

Susana y Daniel permanecen frente a una multitud, observan hacia adelante y hacia atrás. Saben que la comisaría es señalar lo que siempre llega al mismo lugar: complicidad. “A las chicas les pedimos que no tengan miedo, que denuncien -acentúa Susana- que no se dejen asustar con los policías ni con nadie, nadie tiene derecho a venir a violentarnos”.
El espacio público es un canal clave para recordar que los asesinos de Cecilia están libres, “y que muchos andan dando vueltas por acá”, dice Daniel y remarca que no dejarán de venir a Capilla del Monte, hasta que los responsables del femicidio de su hija, estén presos.
La llegada a la plaza San Martín es un círculo de candombe que la nombra. Hace cinco años que se insiste en las mismas palabras, como un tajo que se abre en el cemento, una cicatriz que se agranda en medio de la incertidumbre: ¿Qué pasó con Cecilia?
Tal es el encubrimiento que las responsabilidades se hacen obvias.
La ronda se acerca al altar. Es un asedio a la justicia que falta. Desde el micrófono se invita a dejar una ofrenda en memoria de Cecilia, a conjurar entre todas y todos ese momento, esa memoria. En el centro de una plaza que se anochece, resuena una voz grabada -desde algún punto del Abya Yala- Lolita Chávez, lideresa maya de los pueblos K’iche de Guatemala, habla entre los yuyos que comienzan a perfumar lo que no se puede detener. Cada rama seca que se enciende se hace una intención, un pájaro que se dispara, restos del día que se van:
“Hoy 25 de abril levantamos nuestra fuerza sagrada, y nuestro poder popular feminista. Reconociendo la memoria, la historia, el vientre en la sangre, de Cecilia Basaldúa. Ese femicidio no debe quedar en la impunidad (…). Con la fuerza de nuestras ancestras, con los fuegos sagrados que encendemos, levantamos nuestra expresión de indignación y lo comunicamos a los cuatro puntos cardinales. Para que nunca más haya este tipo de violencias contra nuestras vidas”.
Las copleras y la poesía toman el escenario. Las y los músicos hacen de Cecilia esa canción y en el centro del caldero caliente, el humo abre el cielo: hay una memoria que se desprende y una vida que cambió de idioma.

En medio del algarrobo que sostiene los carteles de Memoria, Verdad y Justicia, una placa de cerámica con el rostro de Cecilia, también observa. El día queda atrás y en el fondo de la noche, las palabras todavía están en suspenso, son un silencio que pronto dirá.
Nota
Campaña: Encontremos a las/los nietos de Oesterheld
Nota
Cien

Desde que se inició este año desde el Observatorio de Violencia Patriarcal Lucía Pérez registramos 100 femicidios, casi 1 por día.
La víctimas fueron desde mujeres de 83 años, como Ana Angélica Gareri, en Córdoba, a una adolescente como Pamela Romero, de 16, en Chaco; y una bebé de 3 años en González Catán.
En este 2025 ya registramos 85 tentativas de femicidio.
En el 2025 registramos en todo el país 77 marchas y movilizaciones que se organizaron para exigir justicia por crímenes femicidas.

En nuestro padrón de funcionarios denunciados por violencia de género, podés encontrar el registro clasificado por institución estatal y provincia. Hasta la fecha, tenemos contabilizados 161 funcionarios del Poder Ejecutivo, 120 del Poder Judicial, 72 del Poder Legislativo, 71 de las fuerzas de seguridad y 71 de la Iglesia Católica.

En el padrón que compila datos oficiales sobre denuncias de violencia de género, podés encontrar datos sobre cantidad de denuncias por localidad y la frecuencia con que la recibimos. Un ejemplo: este mes la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de la Nación informó que durante el primer trimestre de este año recibió un promedio de 11 denuncias por día de violencia contra las infancias.

Otro: el Ministerio Público Fiscal de Salta informó que no alcanzan al 1% las denuncias por violencia de género que son falsas.
En nuestro padrón de desaparecidas ya registramos 49 denuncias.

Lo que revela toda esta información sistematizada y actualizada es el resultado que hoy se hace notorio con una cifra: 100.
Más información en www.observatorioluciaperez.org
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