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Moreno Ocampo y el juicio por Lucía Pérez: una mirada sobre el periodismo, los jueces y los límites

Publicada

hace 8 meses

10/02/2023

“Acá hay un conflicto entre la debida protección de un proceso judicial, y la libertad de expresión” dijo a lavaca Luis Moreno Ocampo –abogado y ex fiscal adjunto del juicio a las Juntas Militares en 1985– ante el conflicto planteado por el Tribunal por las notas publicadas en nuestra agencia, de las que cuestionaron, paradójicamente, su excesivo apego a la precisión en los testimonios y eventos de las audiencias. Los jueces, la prensa, lo que se ve en las películas y qué cosas realmente podrían entorpecer los juicios orales y públicos. Por Sergio Ciancaglini.

Star Wars, Salvando al soldado Ryan, Apocalypse Now, Rambo III (“Cuando los talibanes eran buenos para los norteamericanos y Rambo peleaba junto con ellos contra los soviéticos”), o series como Homeland.

En una comunicación de lavaca con Luis Moreno Ocampo, instalado en Malibú (California, Estados Unidos) el ex fiscal del juicio a las juntas militares alcanza a nombrar esos títulos que son parte de su arsenal pedagógico en la materia “Crimen, guerra, y justicia” que dicta en la Escuela de Arte Cinematográfica de la Universidad del Sur de California, que financian dos personas aparentemente relacionadas con el tema: Steven Spielberg y George Lucas.

Pero el contacto es por otras batallas y otros crímenes, para conocer la opinión del ex fiscal sobre otro juicio oral y público y sobre algunos debates que ha generado acerca de los tribunales, el periodismo, la libertad de expresión, los juicios justos y el rol de la verdad.

Lo que pasó

En Mar del Plata se está desarrollando el juicio oral y público por el crimen de Lucía Pérez (16 años) ocurrido en 2016.

Tras la primera audiencia (el martes 7) lavaca publicó esta nota https://lavaca.org/notas/lucia-perez-nuevo-juicio-nueva-tortura-para-la-familia-y-otra-vez-el-foco-en-la-victima/

El artículo provocó el miércoles que la policía de Tribunales fuera a constatar en la sala en la que trabajan los seis periodistas acreditados que no se estuviesen grabando las audiencias.

Comprobado que los enviados por lavaca (Anabella Arrascaeta, única periodista mujer acreditada), Qué digital, Infobae, Telam, Clarín y La Capital no grababan sino que tomaban veloces notas sobre lo que escuchaban, los jueces llamaron a cuarto intermedio ante las quejas de la defensora oficial María Laura Solari y del defensor privado César Sivo por la excesiva “textualidad” de dicho trabajo. El policía había aclarado que el foco del cuestionamiento estaba en lavaca, y de hecho el presidente del Tribunal recibió al grupo de periodistas exhibiendo una copia de la nota de nuestra agencia. Planteando que se los convocaba a pedido de “las partes”. Tanto los y las abogadas de los acusados como de la querella observaban en silencio.

Una curiosidad: no se cuestionaba (como suele ocurrir) alguna distorsión, mala información o error, sino lo contrario: la veracidad y precisión del artículo que, según dijeron los abogados de los imputados, “podría entorpecer el desarrollo del juicio”.

Los periodistas acreditados explicaron que tratan de reflejar con la mayor precisión lo ocurrido, y que los textuales y encomillados se deben justamente a diferenciar las declaraciones de los testigos dentro del texto, para que se comprenda claramente quién habló y qué dijo. ¿Cómo sería posible que haya menos textualidad? Varios de los acreditados reconocieron que nunca habían vivido una situación semejante. La exhibición de la nota de lavaca podría ser tomada como un gesto de amedrentamiento, porque tampoco contestaron los jueces a los periodistas cuáles serían los límites que esperaban lograr.

Esta fue la segunda nota que publicamos sobre ese llamativo y acaso confuso encuentro https://lavaca.org/notas/contar-la-verdad-sobre-la-cuestion-de-informar-en-el-segundo-juicio-por-el-femicidio-de-lucia-perez/

El jueves la periodista Luciana Peker recomendó en Radio con Vos leer las crónicas de lavaca, y el conductor del programa Pasaron Cosas, Alejandro Bercovich, sugirió que si los jueces no quieren que se sepa lo que ocurre en las audiencias, en el programa van a leer esas crónicas al aire.

El gesto tiene un antecedente: en 1985 tampoco podía grabarse el juicio, ni transmitirse por radio ni por televisión. La prensa escrita sí estaba autorizada a hacer su trabajo, registrando los testimonios, muchos de ellos de personas secuestradas por la dictadura o de familiares de muertos y desaparecidos en lo que el fiscal Julio Strassera llamaría “el mayor genocidio de la joven historia de nuestro país”.

Esas crónicas escritas, publicadas en los diarios, luego eran leídas en las radios. Caso emblemático, entre tantos: Magdalena Ruiz Guiñazú. Aquellas descripciones periodísticas permitieron a la opinión pública informarse y comprender lo que estaba ocurriendo en la sala de la Cámara Federal. Y con el tiempo nutrieron investigaciones como la que llevó al director Santiago Mitre a hacer su película. Sin aquella memoria escrita de lo ocurrido (que Mitre se preocupa por exhibir en el film) Argentina, 1985 posiblemente no hubiese sido lo que es.

Preguntas y respuestas

“Acá hay un tema que es el conflicto entre la debida protección del proceso judicial, y la libertad de expresión. O sea: hasta qué punto una declaración textual puede afectar la postura de futuros testigos en el juicio. Y la otra cuestión es hasta qué punto son admisibles determinadas preguntas en un proceso judicial. Si las preguntas son improcedentes, lo que los jueces tienen que hacer es evitar esas preguntas que no tienen que ver con el proceso, cosa que ya estaba planteada al anularse el primer juicio” explica Moreno Ocampo. “Y también tendrían que plantearlo el fiscal y los abogados de la querella”.

Se refiere el abogado al juicio de 2018 anulado por la Cámara de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires con argumentos como estos: El fallo “inexplicablemente se enfoca a indagar en la personalidad, actitudes y comportamientos anteriores de la víctima, su forma de relacionarse con los hombres, su vida social, su carácter, y en distinguir la conducta de los imputados, y a partir de allí, considerar si Lucía había consentido el acceso carnal”.

Esa sentencia se basó, dice Casación, “en intolerables prejuicios y suposiciones basados en estereotipos de género”, con “concepciones sexistas inocultables”, y por eso califica al fallo como “subjetivo y tendencioso, prejuicioso, parcial y discriminatorio”.

Moreno Ocampo: “No se puede transformar la vida previa de la víctima en el tema del juicio”.

Otra reflexión: “Me parece que un punto de proceso penal es la veraciad de los testimonios. Si los jueces creen que una declaración muy textual tomada por los periodistas puede afectar futuros testimonios, es algo que podrían discutir y ver cómo manejar. Lo que se busca es que los testigos no sepan lo que dijeron testigos anteriores, para evitar distorsiones en su declaración”.

“Pero al mismo tiempo el juicio es público. Aunque el periodista no escriba lo que ocurre, alguien puede mandar gente a escuchar a otros testigos a la audiencia para saber qué dicen y manipular futuros testimonios. Lo que es importante es que no se afecte la libertad de expresión. Pero es lógica la preocupación de preservar los testimonios”.

Sin embargo eso no ocurrió. En la audiencia del miércoles uno de los testigos dijo en la propia audiencia que había estado comentando el caso con otros dos testigos en la antesala. “Ah, no” responde Moreno Ocampo. “Eso sí que no puede ser. Es lo que cualquiera ve en las películas. El testigo espera en una sala fuera de la audiencia solo, sin escuchar al testigo anterior. No pueden estar juntos, hablando del tema, y que el Tribunal lo permita”.

¿Cómo debería ser tomado el llamado a los periodistas por parte de los jueces?

“Me parece importante que los jueces expliquen muy bien su decisión, que digan claramente que no quieren afectar la libertad de expresión, que hay que cuidar el proceso, pero que entiendan que es público. Si alguien quiere manipular una prueba no hace falta que lea en los medios lo que pasó en la audiencia, basta que mande alguien a que escuche lo que dicen otros testigos y ya puede hacerlo. Los jueces tienen que ser muy claros en eso con respecto a la relación con los medios de comunicación. Y en la otra cuestión, los jueces tienen que ser muy claros para evitar que la víctima sea el tema de investigación del juicio. El tema es qué le pasó a ella, no lo que ella hacía”.

Carta a los jueces

-Bien, pero eso es lo que las notas de lavaca intentaron mostrar.

-Me parece muy importante que todos tomen sus decisiones. Así como los periodistas toman decisiones sobre qué publicar y deben ser respetados, los jueces que toman decisiones de plantearles a los periodistas que no publiquen ciertas cosas también deben ser respetados. Habría que preguntarle respetuosamente a los jueces cuáles son los límites y as razones por las que hicieron lo que hicieron.

-La nota cuestionada no se refería tanto a las respuestas de los testigos, sino a las preguntas de los abogados, que tenían el tono y contenido que hicieron anular el juicio anterior. Y eso sí fue entorpecer el proceso.

-Bueno, pero lavaca que fue expuesta en el argumento de los jueces, tiene derecho a saber cuáles son las razones o límites que esos jueces pretenden establecer. Yo enviaría una carta a los jueces. Explicaría que la prensa no tiene ningún interés en afectar el debido proceso, y habría que pensar que ellos tampoco quieren afectar la libertad de prensa. ¿Cuál es el límite que quieren poner? Señores jueces: consideramos que publicar las preguntas de los defensores no puede ser un problema para respetar el juicio justo. Y tampoco creemos que sea un problema publicar las respuestas. No afectarían un juicio justo, porque las respuestas son públicas: aunque el periodismo no las publicase, si alguien quiere afectar el juicio justo puede enterarse y manipular esos testimonios para incidir en otros testigos. No hay por qué pensar que la difusión periodística vaya a afectar más que la difusión privada de cualquier persona que presencie el juicio.

El final de una misiva que todavía no existe, en la imaginación de Moreno Ocampo sería más o menos así: “Señores jueces, con todo respeto queremos pedir que clarifiquen cuál es la situación interpretando que todos queremos colaborar para que este caso emblemático pueda avanzar sin ninguna traba, tanto en el proceso como desde el punto de vista del valor de la libertad de expresión”.

“En Argentina hay una tendencia a denunciar, pero también hay que discutir a veces con quienes tienen que resolver” dice el profesor antes de sumergirse nuevamente en la pedagogía de imágenes sobre crímenes y justicia que muestran las series, las películas, los talibanes y las guerras de sus galaxias.

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Las cosas que hay que hacer para trabajar – Capítulo 5

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Tucumán: condenan a un funcionario judicial y en el fallo recomiendan colgar placas en Tribunales que digan «un ambiente violento de trabajo afecta el servicio de justicia»

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hace 3 días

25/09/2023

Un funcionario judicial de Tucumán fue condenado por abuso sexual: 4 años, obligación de reparación económica, capacitación y placas en Tribunales. El hecho no es aislado: el Observatorio Lucía Pérez lleva adelante un registro que incluye 420 funcionarios (integrantes del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, de las cúpulas de las Fuerzas de Seguridad y de la Iglesia Católica) denunciados por violencia de género. Los argumentos e implicancias de un fallo ejemplar.

Jorge Edmundo Mistretta, exjefe de despacho de la Secretaría Electoral del Juzgado Federal N° 1 de Tucumán, jubilado desde 2019, fue condenado a cuatro años por abuso sexual contra dos de sus empleadas. Los abusos ocurrieron en 2013 y 2015: incluye tocarle los pechos a una de ellas y querer besarla, comentarios sexuales groseros, e intento de tocar a otra de las denunciantes.

En el fallo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán, compuesto por la jueza María Noel Costa, y los jueces Carlos Enrique Jiménez Montilla y Enrique Lilljedhal, se ordenó:

La inmediata detención, aunque cumplirá prisión domiciliaria por su estado de salud.
Una indemnización de $4.4 millones de pesos y 3.6 millones de pesos para cada una de las víctimas.
La realización de un programa de capacitación sobre perspectiva de género y en política de prevención, sanción y eliminación de la violencia contra la mujer.
Se solicitó a Recursos Humanos de la Corte Suprema de Justicia Nacional que “se arbitren los mecanismos administrativos necesarios por una medida restaurativa que contemple la incorporación a una de las oficinas judiciales de esa jurisdicción -de la Cámara o del Tribunal Oral -, debiendo garantizar la ‘no revictimización’ de una de las víctimas”.
Además se recomendó que se coloquen placas en tribunales donde sucedieron los hechos que digan: “Un ambiente violento de trabajo afecta el servicio de justicia. No a la violencia ni al acoso”.

Los fundamentos se conocerán el próximo 29 de septiembre.

El “caso” no es aislado. El Observatorio Lucía Pérez lleva adelante un registro de denuncias por violencia de género contra integrantes del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, de las Fuerzas de Seguridad y de la Iglesia Católicas.

El registro incluye ya 420 funcionarios denunciados, entre intendentes, diputados, fiscales, sargento, jueces, asesores, concejales, cabos, decano, sacerdotes y un largo etcétera. De todos los denunciados 99 son del Poder Judicial, al igual que Jorge Edmundo Mistretta; 139 del Poder Ejecutivo; 62 del Poder Legislativo; 67 de la Iglesia Católica; y 53 de las cúpulas de las fuerzas de seguridad.

El padrón de funcionarios denunciados se puede ver acá

Tucumán: condenan a un funcionario judicial y en el fallo recomiendan colgar placas en Tribunales que digan «un ambiente violento de trabajo afecta el servicio de justicia» — El Poder Judicial es el segundo del Estado con más denuncias. Datos de Observatorio Lucía Pérez.

El Estado argentino se comprometió en 2020 a llevar un registro público de funcionarios judiciales denunciados por violencia de género como parte de un acuerdo amistoso alcanzado en el marco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Hasta el momento lo hizo de forma incompleta y escasa, por ello comenzó a realizarlo, de manera autogestiva, el Observatorio Lucía Pérez que sumó además otros poderes para completarlo y con esa información reflexionar acerca de qué relación hay entre la ausencia de políticas públicas de contención y prevención y estas prácticas impunes.

Lo que se ve: la consigna “El Estado es responsable” se hace carne en la sistematización de esta información. No lo es solamente por omisión, o ineficaz: es un Estado violento.

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Femicidio de Iara Rueda: sobreseimiento de policías en Jujuy, pero la familia y la comunidad vuelven a la calle reclamando justicia

Publicada

hace 3 semanas

06/09/2023

La familia de Iara Rueda, la joven de 16 años desaparecida y luego asesinada en Jujuy en septiembre de 2020, presentó un recurso de apelación contra sobreseimiento de los 8 policías imputados por no buscar a Iara en el momento de su desaparición según lo indican los protocolos vigentes en la provincia. Este año se logró la condena a prisión perpetua de dos de los responsables del crimen, pero la familia además reclama el juzgamiento de los policías ya que su inacción resultó clave para que Iara resultara asesinada. Mónica, la madre de la joven: «Si esos funcionarios policiales hubieran cumplido la ley y los protocolos de búsqueda, quizás Iara estaría aquí con nosotros. A Iara la mataron otros pero ellos también son responsables, estamos de pie como la familia y vamos a seguir cueste lo que cueste”.

Por Natalia Aramayo desde San Salvador de Jujuy

La familia de Iara Rueda, la joven de 16 años desaparecida y luego asesinada en Jujuy en septiembre de 2020, presentó un recurso de apelación al sobreseimiento de los 8 policías imputados por no buscar a Iara en el momento de su desaparición según lo indican los protocolos vigentes en la provincia.

Mauro Cortez, Fabio Cruz, Hernán Vargas, Pablo López, Walter Ramos, Emanuel Valdiviezo, Daniel Ramírez y Laura Tapia, miembros de la policía y brigada de investigaciones de Palpalá, estaban imputados por “incumplimiento de los deberes de funcionario público” tras la denuncia de la familia de Iara. El 22 de julio del año pasado el Ministerio Público de la Acusación informó que la investigación se había dado por finalizada y el fiscal de la causa solicitó la citación de los acusados a juicio.

Desde entonces la familia espera la fecha de juicio, pero con lo que se acaban de encontrar es con el sobreseimiento dictado por el juez Rodolfo Nino Fernández, del Juzgado Especializado de Control en lo Penal Económico y Delitos contra la Administración Pública.

Mónica Cunchila, mamá de Iara, expresó en conferencia de prensa en San Salvador: “Esta decisión nos dañó, nos lastimó demasiado, no podemos entender cómo trabaja la justicia”. Mónica llevaba en sus manos los fundamentos que dio el juez: el texto ocupa solamente media carilla. “Imprimí los fundamentos para leer y empaparme» expresó, “pero el fundamento del juez es media carilla, y no me dice por qué tomó esa decisión”.

Femicidio de Iara Rueda: sobreseimiento de policías en Jujuy, pero la familia y la comunidad vuelven a la calle reclamando justicia — Mónica Cunchila junto a su marido Juan José Rueda (los padres de Iara) mostrando a la prensa la decisión del juez: «Si los policías hubieran cumplido la ley y los protocolos de búsqueda, quizás Iara estaría aquí con nosotros. A Iara la mataron otros pero ellos también son responsables, estamos de pie como la familia y vamos a seguir cueste lo que cueste”.

El abogado de la familia, Julián Martín Palmieri, manifestó que tras entregar el recurso de apelación, el fiscal a cargo de la causa, Diego Funes, también se sumó a la presentación, y que además el propio fiscal general de la provincia, Lello Sánchez, se comunicó con la familia.

«El día que nos enteramos de la decisión del juez Fernández fue sentir que nos mataron a Iara nuevamente», dijo Mónica tras conocer la decisión. El abogado de la familia, Julián Martín Palmieri, sostuvo: “Creemos que estos ocho policías tienen que estar sentados en el banquillo de acusados, porque claramente omitieron, no buscaron, no rastrillaron, dejaron a la deriva a Iara y la familia. No tenemos dudas que son responsables, junto a otras personas de lo que fue la pésima y paupérrima búsqueda y rastrillaje de Iara”.

La comunidad en la calle fue la garantía para que se descubriese a los culpables. Ahora el juez Rodolfo Nino Fernández sobreseyó a policías que con su inacción (¿o complicidad?) se dedicaron a no buscar a Iara, que tenía 16 años al desaparecer. El cuerpo fue encontrado por vecinas y vecinos que asumieron la búsqueda mientras la policía no hacía nada.

Iara Rueda: La negligencia policial mata

Iara Rueda tenía 16 años cuando el miércoles 23 de septiembre de 2020 salió de su casa para llevarle un trabajo práctico a un compañero de la escuela. Fue la última vez que su familia la vio con vida. Después de las 5 de la tarde no hay imágenes de ella: según las versiones oficiales las cámaras de seguridad no funcionaban por apagones de luz.

Cuando esa tarde Mónica llegó a su casa y no vio la bicicleta de su hija supo que algo le había pasado. Fue a la comisaría: no le tomaron la denuncia. La policía evadió todos los protocolos de búsqueda.

Ante la inacción policial, los y las vecinas del barrio se autoconvocaron para ayudar a la familia Rueda a buscar a Iara, y lo hicieron en intensos rastrillajes, de noche, sin luz.

En distintos puntos de la provincia se replicaron los cortes de ruta (algunos fueron reprimidos) que exigían que la busquen.

El cuerpo fue encontrado días después, el 28 de septiembre. Estaba atada de pies y manos. En ese lugar su familia construyó un altar.

“La dejaron abandonada”

El juicio oral y público por el femicidio comenzó el 13 de abril y finalizó este 3 de mayo cuando el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 condenó a prisión perpetua a Raúl Arnaldo Cachizumba y Mauricio Esteban Abad como autores penalmente responsables de los delitos de “homicidio doblemente agravado por alevosía y de una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de género”.

El tercer acusado, Fernando Tomás Fernández, fue condenado por el mismo delito pero se consideró al crimen “triplemente agravado por el vínculo”. Dado que al momento del hecho era menor de edad se pidió remitir la copia de la sentencia al Juzgado de Menores que hasta el día de hoy, cuatro meses después, no fijó pena alguna.

Además del juicio por el femicidio, la familia de Iara impulsó desde el primer momento la denuncia contra los funcionarios policiales que no aplicaron los protocolos de búsqueda tal como la legislación lo establece. Sostiene el abogado de la familia: «Además, en el juicio llevado a cabo, donde se condenó a los tres imputados, se demostró que hubo negligencia por parte de la policía al no seguir los rastros que marcó uno de los canes de la policía en la casa de Tomás Fernández”, por lo cual cree incongruente la decisión del juez.

Volver a las marchas

“El caso de Iara marcó un antes y un después no solo en la justicia jujeña sino que también en la sociedad y no puede tener este triste final, con una resolución de un juez que desliga de responsabilidades a estos sujetos. Nadie la buscó, nadie respondió por ella, la dejaron abandonada a ella y a la familia, ¿y ahora nadie responde por eso?».

Mónica es clara sobre cómo continúa la situación: “Volvemos a las marchas, a las calles, de manera pacífica, para exigir no solamente que el juez Fernández de marcha atrás con esta medida, sino que estas leyes se cumplan, para que no vuelva a suceder. Si esos funcionarios hubieran cumplido la ley y los protocolos de búsqueda, quizás Iara estaría aquí con nosotros. A Iara la mataron otros pero ellos también son responsables, estamos de pie como la familia y vamos a seguir cueste lo que cueste”.

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216 femicidios y travesticidios en 8 meses de 2023

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hace 4 semanas

31/08/2023

216 femicidios y travesticidios en 8 meses de 2023

Durante este agosto sangriento registramos en el Observatorio Lucía Pérez 32 femicidios.

Preocupa porque en agostos de años anteriores, el registro era en muchas ocasiones, menos de la mitad. Preocupa también porque es el mes de 2023 donde más crímenes machistas registramos.

Este agosto Emma, la más pequeña, tenía 2 meses. No fue la única infancia asesinada: Thiago, asesinado junto a su madre María, tenía 13; Morena, 14; Nelsa, 15; y Magalí, también 15. En lo que va del año, son 15 las infancias asesinadas.

En el otro extremo etario de una línea que transversaliza la violencia de este mes está Susana, tenía 83 años.

Las nombramos en el deseo de nombrar a todas. A cada una de las víctimas de los 216 femicidios y travesticidios de lo que va del año. Compañeras de colegio, hijas, amigas, vecinas, 71 de ellas eran madres, por lo que registramos a hoy 155 huerfanxs por la violencia femicida.

Este año registramos también 217 tentativas de femicidios y travesticidios, 27 ocurrieron en el mes de agosto.

Marchamos exigiendo que paren de matarnos 263 veces en el año, este agosto salimos a la calle 33 veces a marchar.

Nos preguntamos: ¿qué más hacer para ponerle freno a la violencia femicida?

Sobre el Observatorio Lucía Pérez:

El Observatorio Lucía Pérez es una herramienta de análisis, debate y acción creada por lavaca.org para erradicar la violencia patriarcal de nuestras vidas y nuestras sociedades.

Realizamos una serie de padrones que compartimos en nuestra web de manera libre, los cuales los confeccionamos en talleres que realizamos con víctimas de violencias, familias sobrevivientes de femicidios, organizaciones sociales y activistas del movimiento trans.

Los datos así recogidos, sumados al seguimiento de lo publicado en medios de todo el país, son luego chequeados y precisados con fuentes judiciales y periodísticas. Cada mes realizamos un resumen que es analizado con víctimas y familias sobrevivientes de femicidios. Anualmente realizamos un informe que compartimos con organizaciones sociales y referentes de la política y la cultura.

Todo la información que producimos es de público y libre acceso.

Agradecemos que si es de tu interés, cites la fuente.

Acá podes encontrar toda la información: www.observatorioluciaperez.org

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